VILLAHERMOSA, Tab: Defensores de migrantes y derechos humanos denunciaron que policías del municipio de Cárdenas participan en secuestros masivos de indocumentados en su tránsito por Tabasco.
Al mismo tiempo, otro grupo se manifestó en los límites de Tabasco y Campeche para exigir la aparición con vida del chiapaneco Maximiliano Gordillo Martínez, detenido en mayo pasado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el punto de revisión de Villa Chablé, Emiliano Zapata, cuando se dirigía a trabajar a Playa del Carmen, Quintana Roo. En el primer caso, el fundador de “La 72”, refugio hogar para personas migrantes de Tenosique, Fray Tomás González Castillo, denunció que policías de Cárdenas han participado en cinco secuestros masivos de migrantes y que, además, en el INM y en la policía estatal opera “la criminalidad”, pues se han dedicado a perseguir y plagiar indocumentados.
Destacó que durante el tiempo en que operó el Plan Frontera Sur –entre mediados de 2014 y de 2015–, el INM tuvo participación en 12 muertes de migrantes, ya que al intensificarse su persecución los obligaron a tomar rutas más peligrosas y ser víctimas de la delincuencia. En rueda de prensa en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), fray Tomás tildó de mentiroso al titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, por señalar que a los migrantes en tránsito se les ofrece quedarse en el país. En relación con la desaparición de Maximiliano Gordillo, se informó que el 8 de mayo salió de la comunidad Tzinil de Socoltenango, Chiapas, para irse a trabajar a Playa del Carmen, pero fue detenido por agentes del INM al ser confundido con un indocumentado guatemalteco, pese a haber mostrado su acta de nacimiento y su Clave Única de Registro de Población (CURP). “El Estado secuestró a Maximiliano”, acusó fray Tomás. Defensores de derechos humanos que se manifestaron en los límites de Tabasco y Campeche señalaron que el INM les niega los nombres de las personas detenidas los días 7 y 8 de mayo en el punto de revisión de Villa Chablé del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, donde aseguraron a Maximiliano. Acusaron al INM de estar protegiendo a los agentes responsables de su desaparición, aunque lograron saber que los encargados del punto de revisión eran Rubén Silva y Oscar Benjamín Castillo Pavón. Arturo Gordillo, padre de Maximiliano, cuestionó: “¿Qué paso con Max?, tenemos derecho a saber en dónde lo tienen”.
El diario británico The Guardian publica este día un reportaje en donde señala que la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado utiliza una propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos, comprada por una empresa que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México. “La esposa del Presidente Enrique Peña Nieto hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant”, dice el medio.
Ciudad de México, 9 de agosto: La Primera Dama Angélica Rivera Hurtado utiliza una propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos, comprada por una empresa que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México, de acuerdo con una investigación publicada hoy en The Guardian. El diario británico dice que Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, “hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant, que compite para administrar los puertos mexicanos”. El periódico explica que la otrora actriz ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual Presidente de México, con quien se casó en noviembre de 2010. También dice que Grupo Pierdant busca contratos para desarrollar puertos marítimos, aunque no dice cuáles. La historia de The Guardian se concentra en un supuesto conflicto de interés, y cita la investigación de la “casa blanca”, realizada por el equipo de Carmen Aristegui. El reportaje de The Guardian tampoco aclara si ella tiene vínculos con la constructora desde antes de tener una relación con el que sería Presidente de México, y si Grupo Pierdant tuvo o no contratos con el gobierno del Estado de México en los tiempos en los que Peña fue Gobernador.
Lo que hizo grande la historia de la “casa blanca” es que Grupo Higa tuvo contratos en el Estado de México; su dueño, Armando Hinojosa, era amigo personal de Peña desde muchos años antes de que llegara a Los Pinos. Grupo Higa también tenía contratos con el Gobierno federal cuando entregó la mansión en la Ciudad de México a la esposa del ya Presidente. El medio inglés refiere que “la compañía ha pagado el predial de un departamento adicional en Key Biscayne, comprado por medio de una subsidiaria establecida por Rivera”. Tales acuerdos, dice el reportaje, “rememoran aspectos de la compra de la ‘casa blanca’, una mansión ubicada en la ciudad de México y valuada en 7 millones de dólares, en cuya negociación se vieron involucrados Rivera y un contratista del gobierno, por lo que los señalamientos por conflicto de interés fueron inevitables”. Dicho conflicto, menciona, “manifestó en la relación entre la pareja presidencial y la empresa contratista del gobierno, cayó como una bomba en 2014, dañando la popularidad de Peña Nieto y su imagen reformista, así reviviendo preocupaciones constantes acerca de la corrupción que ha afligido a México durante la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. De acuerdo con la investigación de The Guardian sobre las propiedades de Florida, “existe una relación poco ortodoxa entre la Primera Dama y el Grupo Pierdant, pues la propiedad en cuestión se halla en la Ocean Tower One, en una comunidad apartada con una piscina, canchas de tennis y un concierge o mayordomo de guante blanco ubicada en Key Biscayne, un opulento enclave en Miami-Dade County”.
“Rivera, quien fuera estrella de telenovelas, compró la unidad 304 de tres habitaciones en 2005. Ella reveló su existencia al público en noviembre de 2014 durante la publicación del controvertido caso de la ‘casa blanca”, misma que puso sus finanzas bajo el escrutinio público”, detalla The Guardian.
“La Primera Dama dijo que vivió un año en el departamento de Florida con sus hijas. Su valor actual asciende a cerca de 3.5 millones de dólares”, según dijo el grupo inmobiliario Zillow al diario. Sin embargo, aclara el medio británico, “ella [Angélica Rivera] no mencionó al Grupo Piendant ni al fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, quien tiene amplios intereses comerciales en México y Estados Unidos”. The Guardian también menciona que “en 2009 Pierdant compró la unidad 404 en Ocean Tower One a través de una empresa, Biscayne Océano Holdings, aparentemente establecida para tal fin”.
Desde entonces, dice el reportaje, “parece haber dejado que la Primera Dama utilice la propiedad como una adición a su otro apartamento, en efecto, lo que les permite ser manejados como una sola unidad”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077819
Javier Duarte dijo que no teme a las acusaciones en su contra puesto que son falsas; que ni él ni su esposa cuentan con bienes en el extranjero; que por lo mismo, por ser inocente, al terminar su mandato no saldrá del país; además de haber expresado encontrarse con buena salud y que se siente respaldado tanto por el presidente de la República como por el partido Tricolor.
Ciudad de México, 9 de agosto: Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, dijo que al concluir su gobierno no se irá del país y que no se siente abandonado ni por el Presidente ni por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula, el mandatario aseguró que no solicitará licencia a su cargo y que lo concluirá tal y como lo determina la Ley, es decir, hasta el próximo 31 de noviembre. Asimismo, refirió que las acusaciones en su contra son falsas y que su nombre no figura en ninguna demanda, salvo en aquellas presentadas en su contra por el Gobernador electo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, de quien aseguró ha sido denunciado por los maestros en Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “El nombre de Javier Duarte no está en ninguna denuncia, salvo las del presunto Gobernador electo, y son ridículas”. En ese sentido profirió que “el que nada debe nada teme”. Por ello, manifestó que ni él ni su esposa cuentan con bienes en el extranjero, y que aún no sepa si acudirá a la toma de protesta de Yunes, no se irá de México. En ese sentido, detalló que no compró una propiedad en Woodlands Country Club en la ciudad de Houston, por lo que no modificará su declaración 3de3, ya que según asegura, ya declaró todo lo que tiene. Inclusive Duarte dijo avalar la investigación que realiza el Servicio de Admninistración Tributaria (SAT) sobre las supuestas empresas fantasma relacionadas con él. Además, aseguró sentirse “respaldado” por el Presidente Enrique Peña Nieto y por el PRI, a pesar de que el Ejecutivo hubiera presentado acciones de inconstitucionalidad en su contra por violentar las leyes anticorrupción que fueron promulgadas en su entidad. Al respecto, el Gobernador explicó que lo que él estaba buscando era armonizar el Sistema Estatal Anticorrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que en términos generales concuerda con los planteamientos del Ejecutivo. En cuanto al Tricolor, Duarte criticó su última estrategia electoral, misma a la que culpó por la pérdida de la gubernatura de la entidad, debido a que estuvo centrada en atacarlo mientras el se mostró “respetuoso”. Entre otros temas, el funcionario aclaró que goza de buena salud y que no padece de cáncer; sin embargo dijo que si por algo ha perdido peso es porque está siguiendo una dieta rigurosa acompañada de ejercicio, situación que lo ha llevado a perder cerca de 34 kilogramos. La administración de Javier Duarte ha sido constantemente señalada por casos de corrupción e impunidad. Una de las acusaciones más recientes fue presentada por medio de una demanda presentada por Yunes Linares en abril de este año, en la que acusa al priista por haber acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos, mediante prestanombres. Yunes pidió que la indagatoria de la PGR al Gobernador de Veracruz también sea extendida a Estados Unidos y España. De acuerdo con Yunes, hay un Hotel en Bilbao a nombre del hermano de Duarte, un departamento en Madrid, así como casas en Houston y un rancho en Valle de Bravo, “que es una ofensa pues cuenta con 50 caballerizas, cuatro casas, además de un hospital para los caballos”, detalló en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula. En respuesta, Duarte de Ochoa presentó una denuncia penal ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del estado (FGE), y luego ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de su sucesor electo por el delito de enriquecimiento ilícito. El priista aseguró que el panista cuenta con 16 propiedades a título personal y de sus familiares, además de empresas registradas en diversos puntos del territorio nacional. Duarte acusó a Yunes por las propiedades mencionadas, que en su conjunto comprenden un valor estimado de 50 millones de pesos y con una extensión territorial aproximada de 50 mil metros cuadrados, “tan sólo en el estado de Veracruz”, aunque de acuerdo con Duarte, el panista tiene “propiedades en otros puntos de la geografía nacional y en el extranjero”.
El Gobernador priista recordó que la denuncia que Yunes presentó en su contra no lo acusa a él directamente, sino que refiere al uso de prestanombres, mismos que ratificó no tener. En ese sentido, Duarte externó que “en la denuncia que estoy presentando no estoy mencionando a ningún prestanombres, ni acusando a ninguna persona que no sea Miguel Ángel Yunes o sus propios familiares, que son los dueños de un patrimonio desmedido y que no corresponde a los ingresos de un funcionario público”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077876
PUEBLA, Pue: La Fiscalía General del estado emitió la alerta Ámber para localizar a un bebé de nueve meses, quien fue raptado por dos sujetos que ingresaron a una empresa arrendadora de maquinaria para cometer un asalto. De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, alrededor de las 12:30 de este lunes, dos individuos vestidos con overol azul y gafas arribaron a la empresa SEGO, ubicada en el kilómetro 134 de autopista Puebla-Orizaba de La Resurrección. Los asaltantes preguntaron primero por maquinaria que la empresa tiene en arrendamiento y luego amagaron con un arma a Grisel Moreno Campos, empleada del lugar, cuyo hijo se encontraba en una carriola, y le exigieron que les entregara el dinero que se encontraba en la caja del negocio. A punta de pistola, obligaron a la mujer y a otro empleado que se metieran en un cubículo y ahí los dejaron encerrados.
Cuando lograron salir, los asaltantes ya se habían ido. La mujer buscó a su bebé que había quedado en la carriola, pero no lo encontró. De acuerdo con las autoridades, los asaltantes se llevaron al niño, además de 2 mil pesos y un celular.
De acuerdo con la alerta Ámber que emitió la Fiscalía, el pequeño de nueve meses se llama Mario Sepúlveda Moreno, y proporcionó el número 2117800 ext. 3030 para que la ciudadanía proporcione informes sobre su paradero. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ. FECHA: 8 AGOSTO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/450252/asaltantes-roban-a-bebe-nueve-meses-en-puebla
CIUDAD DE MÉXICO: Al igual que Finlandia, Suiza también vendió a México equipos para vigilar teléfonos celulares en 2012, 2013 y 2015, según datos de la Secretaría de Estado de Economía del país helvético (SECO, por sus siglas en alemán).
El reporte de permisos de exportación de tecnología de uso civil y militar de 2012, consultado por apro, revela que esa dependencia autorizó la exportación de simuladores de torres de telefonía móvil, conocidos popularmente como “IMSI-catchers”, el 2 de marzo de 2012. Bajo el número de negocio 12032, el documento indica que el equipo catalogado con la clave 5A001f costó 4 mil francos suizos –4 mil 120 dólares–, sin especificar el nombre de la empresa vendedora ni la agencia receptora de los dispositivos.
Además, el 30 de abril de ese año facilitó el envío de equipo similar por 1 mil francos suizos –1 mil 030 dólares–, según la operación 12358. El 22 de febrero de 2013 el gobierno helvético permitió la exportación de ese aparato, valuado en 3 mil 400 francos suizos –3 mil 502 dólares–, según el registro 13807. En el registro 8005684, del 7 de diciembre último, SECO avaló el envío de equipo bajo el número de control de exportación 5A001.f1 y 5A001.f3, valuado en 2 mil 500 francos suizos (2 mil 575 dólares). Se trata de una tecnología polémica, pues sus críticos la consideran invasiva y una amenaza para la privacidad de los usuarios de telefonía. Conocida popularmente como “Stingray”, por un modelo fabricado por la estadunidense Harris Corporation, esos dispositivos pueden extraer información, como los números de identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI, por sus siglas en inglés), que es el número único de serie que el teléfono celular transmite, de modo que el sistema detecta dónde está ubicado. Por eso también se les conoce como “IMSI catchers” (detectores de números IMSI). Además, pueden acceder al número de serie electrónico del teléfono, metadatos para su almacenamiento interno, interceptar el contenido de comunicaciones, rastrear y localizar un usuario de telefonía celular, propiciar un ataque de denegación de servicio móvil y obtener una clave de encriptación de comunicaciones. Los rastreadores pueden ser instalados en aviones, helicópteros y vehículos manuales no tripulados o drones. La torre falsa hace que los aparatos celulares cercanos a ella se conecten. Hecho esto, esos programas pueden recolectar información de identificación y localización de los teléfonos, y en algunos casos intervenir las conversaciones, los mensajes de texto y la navegación por internet. Otras versiones de esta tecnología son conocidas como “TriggerFish”, “KingFish”, “Hailstorm”, analizadores digitales y simuladores de torres celulares. Apro reveló que Finlandia también exportó a México “Imsi-catchers” en 2014, fabricado por la transnacional Exfo. Suiza pertenece al Arreglo de Wassenaar sobre Controles a la Exportación para Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Uso Dual, al que están adscritos 41 países y que obliga a los fabricantes de esa tecnología a obtener una autorización de exportación de sus gobiernos con el propósito de garantizar que su utilización tendrá fines legítimos y no devendrá en actos de represión contra la población o en violaciones a derechos humanos. Los “IMSI-catchers” están incluidos en la parte 1 sobre telecomunicaciones de la categoría 5 de la Lista de Bienes y Tecnologías de Uso Dual o Lista Básica del arreglo, vigente desde 1996 y que consta de nueve categorías para la Lista Básica y 22 para la Lista de Municiones. Esos requerimientos adquieren relevancia en casos como el de México, que vive una crisis de derechos humanos por las elevadas cifras de ejecuciones, desapariciones y casos de tortura, y por la cual la utilización de esos equipos entraña la agudización de esos flagelos. En México se desconoce la forma en que las autoridades han utilizado esa tecnología y quiénes han recurrido a ella. México es el mayor comprador de equipo espía en América Latina, al adquirir software de intervención de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y navegación por web a empresas como la italiana Hacking Team, la inglesa FinFisher, la estadunidense Verint y la rusa Speech Pro, entre otras. En su Índice de la Industria de la Vigilancia, lanzado el pasado martes 2, la organización británica Privacy International identificó al menos 11 empresas con sede en Suiza que producen programas de intromisión. Dreamlab Technologies provee de centros de monitoreo de telecomunicaciones y de internet. ERA IT fabrica tecnología de monitoreo de internet, mientras que Neosoft produce equipo para seguimiento telefónico, de geolocalización y de contraespionaje. Además, Laser Microphone ofrece dispositivos para interceptación de audio, de videovigilancia y de monitoreo de geolocalización y telefónico, en tanto que Ytrail fabrica herramientas de análisis y monitoreo de internet. Otra compañía es AGT International, que abastece de tecnología de análisis y monitoreo de internet. Spectradome fabrica equipos de interceptación de audio, contraespionaje, informática forense y videovigilancia. Finalmente, 3i-MIND fabrica herramientas de análisis y Comlab, de contraespionaje, en tanto que Gamma Group y FinFisher ofrecen programas de interceptación de telecomunicaciones.
En julio último, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil suiza no pudo validar las 50 mil firmas recolectadas necesarias para convocar a un referéndum sobre la ley federal de vigilancia de comunicaciones postales y telecomunicaciones, aprobada por el parlamento helvético en septiembre de 2015. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EMILIO GODOY. LINK: http://www.proceso.com.mx/450175/suiza-exporto-a-mexico-equipo-espionaje-celulares
CIUDAD DE MÉXICO: La próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría definir los nombres de los integrantes del grupo de “asesores técnicos” que analizarán las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como parte del Mecanismo Especial de Seguimiento establecido el 29 de julio en Washington, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de las víctimas. En el contexto del anuncio de la XXIII Acción Global por Ayotzinapa, en la que sobresale la realización de un concierto en la explanada del Estadio Azteca, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apuntó que la próxima semana los padres sostendrán reunión con la procuradora Arely Gómez para conocer de avances en la investigación así como de la indagatoria que se abrió sobre la actuación irregular del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio. Rosales Sierra agregó que el encuentro será aprovechado por los padres de los desaparecidos para conocer la disponibilidad de la dependencia para implementar el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Medidas Cautelares MC/409/16, emitidas por la CIDH. Al señalar que es probable que la próxima semana la CIDH notifique a las partes sobre los nombres de quienes integrarán el grupo operativo técnico que estará de forma permanente en México, el abogado destacó que los padres mantienen la “expectativa de que este nuevo equipo oxigene la investigación, que se había empantanado después de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Rosales Sierra consideró fundamental el trabajo del equipo de asesores “cuya principal función será vigilar que la PGR siga las líneas de investigación que dejó marcadas el GIEI, y que no se han querido seguir con puntualidad, sino que se mantiene abierta la del basurero de Cocula”. Unidos a la movilización de campesinos por la Ciudad de México, padres de los estudiantes tomaron una pausa en el llamado Antimonumento a los 43 para dar a conocer las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en la próxima Jornada Global por Ayotzinapa. Melitón Ortega, vocero de los padres de familia informó del concierto en el que participarán grupos musicales “que han sido solidarios con el movimiento, y denominaron Voces por los 43”. Ortega comentó que este lunes algunos padres se reunirán con expertos en telefonía en las instalaciones de la PGR, ya que siete celulares de los estudiantes siguieron activos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en tanto que otros se sumarán a las distintas movilizaciones convocadas por maestros y campesinos. El vocero señaló que las acciones acordadas para el próximo 26 de agosto, tienen como objetivo mantener viva la demanda de presentación de los jóvenes estudiantes. Ortega explicó que los padres de familia solicitaron el espacio al gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó las gestiones necesarias para facilitar el lugar. De inicio, los padres y madres de los desaparecidos habían solicitado el Zócalo de la Ciudad de México pero se les señaló que estaría ocupado para el 26, por lo que Mancera a través de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ofreció el Deportivo los Galeana y el Estadio Azteca, pero más tarde se les informó que el Estadio estaría ocupado el 27, por lo que la única opción era la explanada del mismo.
Con Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros, supera a Tamaulipas; también lo desplazó por homicidios dolosos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 casos registrados en esa entidad entre 2014 y junio de 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas durante su gestión. Sin rendir cuentas, Bermúdez se fue de la Secretaria de Seguridad Pública dejándola con deuda de mil 450 millones de pesos, aunque en su periodo su presupuesto incrementó en 150 por ciento.
Del sexenio de Miguel Alemán, al del Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita pasó de ser un simple secretario particular al súper ministro con capacidades metaconstitucionales. Como un “césar romano”, sus pretorianos decidieron sobre la vida y la muerte, incluso, el paradero de muchos que hoy son buscados en fosas clandestinas y en servicios forenses. Sin embargo, lejos de recomponer el torcido camino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la sumió en la inmundicia; y el estado en general, transita el escenario más crítico en prevención del delito con el incremento exponencial del secuestro, el homicidio doloso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por personal de esta dependencia, y en donde a Bermúdez Zurita se le trata ubicar como un elemento ajeno al desempeñado de sus elementos y altos mandos, varios ya en la cárcel. Hoy Veracruz, según reportes de organizaciones internacionales por la defensa de las garantías individuales, y dependencias del gobierno federal, es el estado con más alto índice de desapariciones forzadas, es decir, las privaciones ilegales de la libertad cometidas directamente por funcionarios del gobierno. En este caso, gendarmes. Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecen que durante el paso de Bermúdez en la SSP (julio de 2011 a agosto de 2016) Veracruz siempre figuró entre los primeros diez lugares de homicidio doloso y secuestro a nivel nacional. Para el final de sus cinco años como titular de la SSP, Veracruz es ya segundo lugar nacional en secuestros y supera al vecino estado de Tamaulipas en homicidios dolosos. Es decir, lo que hace años se miraba como el mayor horror que puede vivir una región en México, la violencia sin cuartel en Tamaulipas, hoy está replicada y multiplicada en Veracruz. Y mientras Bermúdez Zurita sostuvo la mística de crear una policía de proximidad, capacitada y mejor evaluada, la violencia hoy es motivo de desplazamiento de familias en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas, en las que todas las estrategias de seguridad han fracasado.
LA SEMAR-SSP Pero Bermúdez no actuó sólo, en la estrategia para mantener la seguridad en el estado, se dio parte a la Secretaría de Marina Armada de México mediante la estrategia del Veracruz Seguro, y de allí, la firma de un convenio de colaboración entre la Semar y el Ejecutivo estatal para dar paso al Mando Único, y que elementos de la Semar dieran vida a la Policía Naval, coordinada por mandos de la Marina; también se les dio participación en Tránsito y algunas corporaciones municipales. La estrategia del Mando Único tan sólo en Córdoba y Coatzacoalcos, por ejemplo, está cuestionada ante el avance de la delincuencia común. Hoy Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento al total de secuestros reportados en Veracruz por el SNSP; y Córdoba, según el mismo organismo, es la ciudad en donde se cometen más homicidios dolosos. Una es la ciudad tomada como residencia por Javier Duarte de Ochoa, y la otra, terruño de su esposa, la Primera Dama, Karime Macías, ni por eso cuidaron sus esquemas de seguridad. En Coatzacoalcos, en cada foro sobre seguridad, sectores sociales y empresariales, se pronuncian por la salida de la Marina de las tareas de seguridad y dar paso a un mando municipal o intermunicipal. Este fue uno de los clamores durante la última reunión entre empresarios y el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en Coatzacoalcos, “en la zona industrial, al mes, nos reportan al menos 17 robos”, al recién inaugurado complejo de Braskem-Idesa le están robando al mes siete camiones con producto, expuso el representante en el sur de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Claudio Martell Velasco. En la zona de Complejos de Coatzacoalcos, el clúster petroquímico más importante del país, la seguridad ya corre por cuenta de los empresarios, que mensualmente cooperan para pagar una compañía de vigilancia privada cuyo personal recorre en unidades móviles esos puntos tratando de inhibir el robo de cableado, el asalto a obreros y el atraco a camiones cargados con diversos productos para abastecer de materia prima al sector industrial de México. El polígono industrial es responsabilidad de la Policía Naval; sin embargo, sus elementos ni si quiera mueven las patrullas ante la falta de recursos para la gasolina, a ellos ni si quiera les están pagando sus compensaciones, esto quedó asentado en el anexo de deudas presentado por el gobierno de Veracruz al Congreso local para liquidar deudas con el impuesto del 3 por ciento a la nómina, y en donde la SSP reconoce un pasivo por 28 millones de pesos a la Semar por el convenio de la operación del Mando Único. Sobre los alcances, los objetivos y el financiamiento concreto y particular para la SEMAR, sobre todo la distribución salarial entre mandos y tropas, no hay transparencia. En la solicitud 0001300021212, a la Semar, se requirió versión pública sobre el contenido del convenio signado entre el gobierno del estado y la Marina en noviembre de 2011, pero la dependencia se negó a entregarlo argumentando que era información confidencial, y darla a conocer “compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la integridad de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de evitar la comisión de delitos, toda vez que existía un daño presente, probable y especifico al difundir información relativa al personal involucrado en dicha tarea”. Una nota del periodista Armando Ramos, de la agencia AVC Noticias, advierte que el convenio entre la SEMAR y Veracruz concluye el 31 de noviembre próximo, con la posibilidad de una prórroga de dos años, en la nota cita la solicitud de información 0001300045916 a la SEMAR, en la cual se informa la erogación de 771 millones de pesos en los últimos años para las tareas coordinadas del personal de la Policía Naval y estatales, recursos aportados por el Ejecutivo estatal. Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, profesor de Universidad Veracruzana y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad y Democracia en América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), es “impostergable” modificar la forma en que se ha llevado el modelo del Mando Único, ya que como está, se trata de “una estrategia limitada a integración militar de mandos, no implica reorganización policial, capacitación específica para la reforma de la Justicia Penal, mejora de controles internos y externos, menos la aceptación del control civil de los operativos mediante mecanismos de transparencia o rendición de cuentas”. “En estas circunstancias, la integración de policías municipales al mando único -como mando centralizado- se ha realizado en condiciones en las cuales es impostergable la centralización, dado el grado de control de algunos grupos y redes policiales por grupos delictivos”, matiza. Referente a lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años, resulta “particularmente, preocupa, que algunos policías estén vinculados con redes ilegales y abusen de la fuerza policial en casos como Coatzacoalcos, Poza Rica, Tierra Blanca y Papantla”.
MÁS SECUESTROS Y HOMICIDIOS A mediados del 2011, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, era el General Sergio López Esquer, recomendado del gobierno de Felipe Calderón para encabezar la lucha contra la delincuencia; no obstante, deja el cargo por un atentado a finales de junio de 2011, cuando un comando armado intentó emboscar en el crucero de Villarín a su escolta. Sus ayudantes regresaban a Xalapa después de embarcar al alto mando en un avión que lo llevaría al DF; sin embargo, las versiones apuntaron a que los sicarios fallaron pues el blanco originalmente sería el militar. Hubo muertos en ese ataque del bando oficial; el mismo día, la casa del general, en Antón Lizardo, resultó atacada por pistoleros fuertemente armados. Sergio López se va y es así como arriba Bermúdez al mando de la SSP. En 2010, el SNSP reportaba 583 muertes dolosas para Veracruz, 17 secuestros, 351 denuncias por extorsión y 4 mil 495 robos de vehículo. Para los siguientes dos años, ya con Bermúdez al mando, el mismo organismo reportó 968 homicidios dolosos en 2012 y 863 en el 2013. Se trató de los años más violentos en la entidad por el enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Los Zetas, los primeros arribaron a arrebatar el territorio, y al grupo local le tocó poner la mayor parte de los muertos. Uno de los hechos más violentos se suscitó frente a Plaza Américas de Boca del Río, cuando sicarios de Jalisco abandonaron dos camionetas llenas de cadáveres de presuntos enemigos, 35 víctimas en total. Un mes después, aproximadamente, en dos casas de Boca del Río, aparecieron otras 28 víctimas. De manera paralela, en noviembre del 2011, en la localidad de Portezuelos, en Manlio Fabio Altamirano, las autoridades encontraron otra fosa con 26 víctimas, supuestamente una venganza de Los Zetas. Ahora que Bermúdez renuncia a la SSP, después del escándalo de su fortuna, deja a Veracruz en segundo lugar nacional en denuncias por secuestros, indica el SNSP, que están integrados por estadísticas aportadas por la Fiscalía general. El dato más relevante del último reporte, actualizado de Enero del 2016 a junio pasado, es que Veracruz, con 62 casos, le quitó el segundo sitio nacional en secuestros a Tamaulipas, que reportó 57; en tercer lugar, figura Guerrero, con 43 secuestros; el primer sitio sigue siendo para el estado de México con 134 denuncias. A nivel nacional, el SNSP indica que de enero a junio de 2016, en México se han denunciado 621 secuestros, esto quiere decir que en Veracruz se comete el 10% de los secuestros que se denuncian a nivel nacional. En términos generales, en Veracruz el secuestro se incrementó entre 2010 (17 casos) y 2016 (62 casos) en 37 por ciento. El secretariado indica que en enero, para Veracruz, se denunciaron 10 casos de privación ilegal de la libertad, en febrero, 9; en marzo, 12; en abril, 10; en mayo, 9; y en junio, 12, y es en este periodo, los últimos meses de Javier Duarte en el poder, cuando este delito se ha disparado en un 22.5 por ciento en contraste con el mismo periodo del 2015. Los informes actualizados del SNSP también expresan un incremento en los homicidios dolosos, y si de enero a junio de 2015 se informó sobre 221 denuncias de este tipo, para el mismo periodo, de 2016, son 405 personas asesinadas con todas las agravantes de la ley en Veracruz. Esto es igual a 184 homicidios más en el mismo periodo en contraste con el 2015 y 2016, lo que habla de un incremento del 45 por ciento en las denuncias por homicidios dolosos, que en su mayoría son ajustes de cuentas. Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos. A nivel nacional, son 10 mil 301 denuncias por homicidios dolosos, los estados más violentos son Estado de México, con mil 133 denuncias; Guerrero mil 52; Jalisco, 611; Chihuahua, 595; Michoacán, 584; Baja California, 543; Sinaloa, 524; Guanajuato, 506; Distrito Federal, 477; Veracruz, 475; Tamaulipas, 402 y Oaxaca, 371. En lo municipal, la ciudad de Córdoba es la más violenta, con 30 homicidios entre enero y junio de 2016; la segunda, Veracruz, con 24 homicidios dolosos; la tercera, Coatzacoalcos, 21; Xalapa, 21; Poza Rica, 21; Papantla, 19; Tihuatlán, 17; Minatitán, 15; Tierra Blanca, 11; y Boca del Río, 10, en esa última seis elementos de tránsito municipal resultaron privados de su libertad entre el jueves y sábado, aunque regresaron con bien a sus casas. Y aunque voces como la del senador Fernando Yunes Márquez hablan de “maquillaje” de las cifras de violencia reportadas a la Federación, los datos existentes evidencian el fracaso de Bermúdez como gestor de la seguridad pública en la entidad veracruzana, pero el “Capitán Tormenta” insiste en haber triunfado, así lo dejó patente en una carta difundida horas después de dejar el despacho en manos de José Nabor Nava Holguín: “Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.
LA SSP, QUEBRADA Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Comercial Bancaria, Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y proveedores, consta en el anexo de empresas aprobadas por el Congreso Local para recibir recursos públicos que liquiden sus pasivos con el Ejecutivo. No le pagó a concesionarios que vendieron unidades para patrullas, a empresas que ofrecieron servicios para preparación de alimentos en penales, menos a quienes rentaron instalaciones para montar comandancias y cuarteles temporales. En contraste, si a una dependencia le incrementó Duarte los recursos, fue a la SSP, a la que también se le anexó el control de las cárceles y de Tránsito del Estado, volviéndola en una súper secretaría. Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más. No obstante, la queja más reiterada de los alcaldes veracruzanos en materia de seguridad es la inoperancia de los cuerpos de prevención del delito. Tan sólo en Coatzacoalcos, operan unas 60 cámaras de videovigilancia, pero ninguna ha sido útil para revolver homicidios pues no están conectadas; las patrullas pasan largas horas estacionadas en el mismo sitio y a los oficiales se les ve recorriendo las calles a pie, o tirados a la sombra tomando refresco o mandando mensajes por redes sociales. Sin embargo, la Cuenta Pública 2015, indica que más del 60 por ciento del presupuesto, se destina a servicios personales, lo que incluye nómina. En 2015, se emplearon 2 mil 805 millones de pesos para pago de servicios personales, eso es un incremento del 14 por ciento en contraste con el 2014, es decir, en 12 meses, la nómina de la SSP se elevó en 409 millones de pesos, lo que no se tradujo en disminución de la violencia en territorio veracruzano o de acciones para la prevención del delito. Pero el extitular de la SSP se marcha del cargo con una estela de señalamientos de ser dueño de un conglomerado de empresas en la ciudad de México, desde hoteles, restaurantes, bares, empresas de seguridad privada, preparación de alimentos y toda clase de servicios, hasta autolavados, lavanderías y una cadena de estéticas, según el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. El último escándalo, y el cual derivó en su precipitada renuncia, las mansiones detectadas por el equipo de investigación de Aristegui Noticias en Texas, las cuales Bermúdez reconoció como de su propiedad. En sus denuncias ante la PGR y la Fiscalía, Yunes Linares pone a Bermúdez como cabeza de una estructura de lavado de recursos provenientes del erario público y de la delincuencia organizada. En un video difundido en blogs de noticias sobre narco, retomado por diarios locales, el supuesto grupo Jarochos Unidos graba la confesión de José Armando Juárez Ramírez, quien era comandante de la base de la Policía Estatal en La Antigua-Cardel, y que antes de ser asesinado, señala al mando de la SSP de participar de diversos negocios ilícitos con grupos delincuenciales. El cadáver de este policía, apareció en la carretera Estatal Soledad de Doblado-Huatusco, cerca de Paso Lagartos. El gobierno de Duarte no inició ninguna investigación contra Bermúdez a su salida, meses antes, por el reclamo de empresarios para que lo echara del gabinete por la desbordante inseguridad, el gobernador aseguró que si Arturo se iba, él también, pero ni eso cumplió. En la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación manda dos pliegos de observaciones a la SSP de Veracruz, el 14-A-30000-14-0794-06-001 y 14-A-30000-14-0928-06-001 por 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, dinero que no llegó a su destino, sacado de las cuentas creadas para su dispersión y recursos para proveedores a quienes no se pagó.
POLICÍA CUESTIONADA En 2011 se conforma el colectivo por la Paz en Xalapa, el primer referente de agrupación de víctimas del delito organizadas para emprender acciones legales y colectivas para garantizar el acceso a la justicia. Se agremiaron académicos, defensores de los derechos humanos, madres de personas denunciadas como desaparecidas y víctimas de la violencia. Sus hechos comenzaron a hacer visible el dolor y la angustia de quienes pierden a un hijo víctima de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad toleradas por la indolencia gubernamental, y comenzaron a marcar una parte de la agenda del gobierno de Veracruz. Al paso del sexenio de Duarte, el fenómeno de la desaparición, no paró, incluso, se incrementó y eso dio pie a la conformación de más colectivos que siguieron el ejemplo de lucha del Colectivo por la Paz, así, hoy hay madres organizadas en Veracruz puerto, en Orizaba, en Huatusco, en Córdoba, en Xalapa y en Coatzacoalcos. En muchos de los casos tutelados, se menciona a policías estatales como los autores del delito. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 personas desaparecidas en Veracruz entre 2014 y junio del 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas en este gobierno, aunque sus familiares “no denuncian por miedo” y Blogexpediente lleva un recuento periodístico de al menos 160 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Todo este panorama apunta a la participación de la policía en alianza con delincuentes, y así lo plantearon integrantes del colectivo El Solecito en un documento entregado al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras el pasado 25 de enero de 2015, días después del escándalo por la sustracción de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra blanca, y por lo que ocho elementos de la SSP están bajo proceso como presuntos responsables de desaparición forzada. Las madres de El Solecito “vemos intervención directa de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita en las desapariciones de nuestros familiares”, ellos dos “permiten una policía integrada por delincuentes”. Por eso “exigimos la inmediata renuncia de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez, quienes han permito que Veracruz se convierta en un estado donde la policía está al acecho secuestrando a nuestros hijos y entregándolos a las células de los delincuentes en donde está claro que ellos son las cabezas”. Estas organizaciones, en los últimos meses, han reiterado el señalamiento de que la policía veracruzana hoy es una institución desacreditada y bajo sospecha de que sus mandos están en alianza con los grupos delincuenciales. En marzo pasado, Causa Común, de María Elena Morena, reveló que el 35 por ciento de los uniformados estatales que efectúan labores operativas no aprobaron estos controles de confianza, mientras que el 37 por ciento de sus mandos tampoco acreditaron las pruebas, y eso convertía a Veracruz en la entidad con más elementos reprobados y en activo. Un mes antes, el diario Reforma, indicó que eran 186 los oficiales veracruzanos que en cinco años habían sido consignados por presuntos nexos con la delincuencia. “Veracruz lo que sí hizo bien, fue su Escuela de Policía la cual tiene un buen nivel académico, los policías salen bien preparados, pero tú imagínate estos muchachitos que salen bien preparados para que después tengan un mando que sea un criminal. Porque lo que estamos viendo en Veracruz, es que gran parte de la policía son criminales con placa, entonces imagínate la gravedad, tú preparas chavos para que después les toque un mando criminal y los haga una banda de criminales”, matizó María Elena Morera. De la serie de abusos documentados por uniformados, el caso que ha llegado más lejos ante una instancia, es el del joven cantante Gibrán Martiz y dos de sus amigos, quienes habrían sido sustraídos por elementos de la SSP en Xalapa, quienes después simularon su muerte en un enfrentamiento con delincuentes en el camino a Huatusco, en enero del 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos endilgó así a Veracruz su primer recomendación por desaparición forzada, en el expediente 014/2015, donde constan numerosos atropellos cometidos por jenízaros y personal de la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo Contreras, quienes manipularon procedimientos forenses para ocultar evidencia. Y pese al escándalo de Tierra Blanca y Papantla –sendos jóvenes entregados por policías a la delincuencia- las acciones bajo sospecha de los cuerpos de la SSP, no pararon. El 20 de mayo pasado, un operativo de la Fuerza Civil realizado para neutralizar una célula de delincuentes en Coatzacoalcos, quedó evidenciado por el testimonio de Lorena Javier Arias, madre del abogado Jorge Álvarez Javier, de 29 años de edad, quien fue presentado como miembro de la delincuencia con otros sujetos que fueron abatidos por la Fuerza Civil en la carretera estatal a Barrillas. En el mismo sitio donde Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, daba rueda de prensa sobre los resultados de sus elementos, la mamá del licenciado Álvarez acusaba que todo había sido un montaje, pues al joven lo habían sustraído horas antes de su casa, en Sector Popular, y a punta de golpes lo subieron a vehículos oficiales y se lo llevaron sin rumbo. La mujer le recriminó al mando “quiero a mi hijo, se lo llevaron los de la Fuerza Civil, fueron varios, yo los vi, desde un día antes ya lo estaban esperando afuera de mi casa”. Meses antes, la policía veracruzana participó de otro operativo en Coatzacoalcos, varios delincuentes perdieron la vida en el supuesto enfrentamiento en el basurero de Las Matas, entre ellos Jonathan Guillén Gómez, de 23 años, reportado como víctima de sustracción violenta de su casa en el puerto horas antes; sin embargo, en ese supuesto enfrentamiento, en la noche, él apareció con otras personas como parte de un grupo de agresores.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, “en un régimen político moderno” no debe tolerar a una policía que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policía funcione de esa forma”, y en su punto de vista, en este contexto, es urgente “analizar los índices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan las policías preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como acontece en otros estados del país en el nuestro puede hablarse de un patrón sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526
La tarifa del Metro en la Ciudad de México aumentó de 3 a 5 pesos desde hace dos años, y aunque por estos días se especula sobre las posibilidad de una nueva alza, hasta el momento no se ha confirmado nada. Sin embargo, los usuarios, los ciudadanos de la capital del país y de la zona conurbada del Valle de México, afirman que una tarifa más cara no ha significado una mejora del servicio.
El aumento en la tarifa del Metro, hace dos años ya, fue de 2 a 5 pesos, en diciembre de 2013. Pese a este incremento no significó una mejora en el servicio, como prometió el Gobierno de la Ciudad de México. Al contrario, los usuarios señalan el deterioro de varias estaciones y el desabasto de trenes, así como largos minutos de espera para abordar, sobre todo en las estaciones donde es necesario transbordar. Recientemente, Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), dijo que se analiza subir otra vez el precio del boleto, debido a la saturación que presenta el servicio.
El funcionario local explicó que el Metro tiene actualmente capacidad para trasladar a 3 millones de personas diarias, pero recibe a unas 5.5 millones, por lo cual, reconoció, muchas personas se quejan de un mal servicio. VÍDEO SONDEO:
La moneda local cotizaba en 18.75 por dólar, con una ganancia del 0.81 por ciento o 15 centavos, frente a los 18.560 pesos del precio de referencia del lunes.
El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera sesión consecutiva y tocaba su mejor nivel desde el 19 de julio, en medio de un avance de los precios globales del petróleo y tras un dato de inflación local que resultó menor a lo esperado por el mercado. La moneda local cotizaba en 18.41 por dólar, con una ganancia del 0.81 por ciento o 15 centavos, frente a los 18.560 pesos del precio de referencia del lunes. Esta mañana, el dólar estadounidense registra un precio promedio de 18.11 pesos a la venta y 17.43 pesos a la compra, en las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM). La moneda estadounidense se ofrece este martes a un máximo de 18.50 pesos y se adquiere a un mínimo de 17.40 pesos. El euro se vende hasta en 21.60 pesos y se compra en 20.30 pesos como mínimo, en los centros cambiarios que se ubican en la terminal aérea de la capital del país.¨ Por su parte, la Bolsa Mexicana subía el martes por quinta sesión consecutiva en medio de un fortalecimiento de los precios internacionales del petróleo que oscilaban sobre la marca de los 45 dólares por barril.
Como “un verdadero robo a la nación” define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, un “regalo” que el gobierno de Enrique Peña Nieto planea dar a la organización Antorcha Campesina: dos millones de metros cuadrados de terrenos federales para la construcción de un parque industrial, aledaños a lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La historia suena ya conocida, como en el caso de San Salvador Atenco en 2006: Un intento de despojo a los propietarios de tierras y una plusvalía que se irá a los cielos cuando se construya la terminal aérea.
CIUDAD DE MÉXICO: Una nueva historia de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto está en curso: El “regalo” de dos millones de metros cuadrados de terrenos federales a la organización priista Antorcha Campesina para construir un parque industrial vecino al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la mayor obra del sexenio, un plan instrumentado por el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava. “¡Esto es un verdadero robo a la nación!”, define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la construcción del parque industrial en Chimalhuacán, Estado de México, un proyecto que, en 2011, a él le presentó el propio Miranda Nava, secretario de Gobierno del entones gobernador Peña Nieto. Era el último año del sexenio de Peña como gobernador y Miranda Nava le pidió a Luege una cita para, junto con el entonces alcalde antorchista de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, y varios arquitectos, obtener su aval para construir un parque industrial en terrenos conocidos como Los Tlateles. “El proyecto, para hacerlo sencillo, era la continuación de la urbanización de Chimalhuacán: Prolongar las mismas avenidas hacia la zona federal y urbanizar para el parque industrial parte de Los Tlateles, aparentemente las 200 hectáreas”, recuerda Luege, quien afirma que él rechazó el proyecto. “Me insistieron mucho y yo les decía que ese proyecto no era viable”, recuerda Luege, quien les dijo a los miembros del grupo que era un área natural protegida destinada al parque estatal “Gerardo Cruickshank García”, según lo publicado por el gobernador Arturo Montiel en la Gaceta oficial del Estado de México, el 4 de julio de 2001. –¿Y qué argumentaban para defender el proyecto? –Generar empleos. Siempre ha sido su argumento: que la gente de esa zona está pobre y que la economía está muy deprimida, y que este plan era una forma de generar empleos. Yo les dije: Se pueden generar empleos de otra forma. Por eso la contrapropuesta de Luege fue que, en lugar de un parque industrial, se creara conjuntamente un parque ecológico en el vaso del exlago de Texcoco, que generaría empleos en la zona de Chimalhuacán.
La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad, habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector que incidirían en disminución de precios de esos productos para los mexicanos, está resultando en todo lo contrario: iniciando agosto el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento -el primero fue en julio- a las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el doméstico de alto consumo. Así, el precio de la gasolina Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la Premium de 14.81 pesos por libro y el del diesel de 13.98 pesos por litro, es decir, aumentos de 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente; en julio las gasolinas Magna y Premium subieron 24 y 34 centavos respectivamente y en junio ocho centavos. Por lo que toca a la electricidad, el sector industrial pagará a lo largo de agosto incrementos de entre 5.2 y 7.5 por ciento respecto al precio de agosto de 2015; el comercio de 7.8 a 9 por ciento y los usuarios domésticos de alto consumo 8.9 por ciento. La CFE dijo que en agosto se mantendrán los precios a los usuarios de bajo consumo que incluso, dijo, han bajado 2 por ciento respecto a las de agosto de 2015. Lo que no dijo el gobierno es que los precios que se aplicarán a la industria y al comercio repercutirán en los precios de todos los productos, sin que se haya referido en ningún momento a un aumento a los ya de por si alicaídos salarios. Según el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, México está pagando una gasolina 23 por ciento más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65 por ciento de la gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos exportando crudo barato para importar subproductos del petróleo caros, luego de que una sistemática política de desmantelamiento de PEMEX logró desembocar en la reforma energética privatizadora. Y el PAN, que votó a favor de esa reforma, ahora califica el gasolinazo como “el robo del siglo”, según lo calificaron sus senadores Mariana Gómez del Campo y Francisco Búrquez, así como el diputado Federico Doring. Este último dijo que es un escándalo que con el gasolinazo el gobierno mexicano recaudará 300 mil millones de pesos adicionales, “que deberían estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y la del país”. Ahora los panistas tratan de deslindarse del atraco que, conjuntamente con el PRI y sus partidos títeres asestaron al pueblo de México con esas reformas, a la vista del voto que en las pasadas elecciones obtuvo para algunos de sus candidatos a gobernadores, buscando así capitalizar el descontento popular que está ocasionando el gobierno federal priista con su política económica, ampliamente compartida por el PAN.
Con todo esto es claro que urge abrogar esa y otras reformas, como la educativa, que están llevando a México a severas crisis sociales y económicas, y que para lograr que se de marcha atrás a esas reformas peñanietistas, será necesario que además de votar contra los candidatos del PRI, se vote contra los del PAN, PVEM y sus otros aliados, pero sobre todo, se organice el pueblo para movilizarse y obligar al gobierno a dar marcha atrás a estas políticas que benefician sobre todo al gran capital transnacional que, ahora, como antes de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, están imponiendo medidas que únicamente incrementan sus ganancias, a costa de la miseria de la mayoría de los y las mexicanas. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ROSA ROJAS. LINK: https://desinformemonos.org/urge-abrogar-la-reforma-energetica-que-solo-favorece-a-las-petroleras-transnacionales/
Ciudad de México. El presidente del Senado, el panista Roberto Gil, recibió ayer por la tarde a empresarios de la Coparmex, “una delegación de miembros de los consejos de los estados afectados por las movilizaciones de la CNTE”, quienes le expresaron, dijo, ”su preocupación por la evolución del conflicto, sobre la ausencia de soluciones en el corto plazo así como la intensificación de los bloqueos”. Entrevistado al término de la reunión privada que sostuvo en el Senado, el panista refirió que los empresarios le expresaron los motivos por los que convocaron “a estos paros, a estas estrategias de resistencia o mensajes para la solución del conflicto”, porque dijeron, la economía de sus entidades ya está en punto crítico. Gil Zuarth dijo que acordaron que el Senado hará un llamado, este martes, que comparecerá el titular de la SEP, Aurelio Nuño, para que se fijen “tiempos, circunstancias y movimientos para solucionar este conflicto. Que nos explique la salida de corto plazo y que no sólo se quede en la intención de resolverlo en un momento, queremos una definición, un plan, una estrategia”, subrayó.
Durante la entrevista, el panista señaló “los datos económicos que me presentan son de negocios cerrados, pérdida de empleo, cancelación de exportaciones, y se está afectando la convivencia social y cuando la situación económica empeora se generan otro tipo de problemas sociales, como la inseguridad. Es el momento ya de actuar, y eso es lo que nos han venido a decir los empresarios”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VÍCTOR BALLINAS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/08/empresarios-y-senadores-analizan-afectaciones-por-conflicto-magisterial
Ciudad de México. Al cierre de 2015 en México había 7 millones 382 mil 785 personas que hablaban alguna lengua indígena, de los cuales 13 de cada cien sólo pueden expresarse en su lengua materna; esta población se concentra en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero y se encuentran entre la población mexicana con niveles de vida de “mayor desventaja”, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al retomar datos del Consejo Nacional de la Evaluación (Coneval) el Inegi señaló que “a pesar de los esfuerzos del estado, se ha documentado que entre los grupos de población con niveles de vida en mayor desventaja se encuentran los pueblos indígenas, ya que siete de cada diez hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza”. En una compilación estadística con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, el Instituto señaló que en 2015, 15 de cada cien personas hablantes de lenguas indígenas no estaban afiliados a servicios de salud; 98 por ciento de quienes sí tienen, está en el Seguro Popular; 57. 7 por ciento de los hombres indígenas y 45.3 de mujeres no tiene ningún servicio médico. Entre las mujeres de este segmento de la población el riesgo de embarazo a temprana edad es mayor por no usar métodos anticonceptivos; las estimaciones del Inegi para el 2014 señalan que 50 por ciento de estas mujeres no usó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento, como reveló la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica A pesar de ello, cuando este grupo de mujeres tuvo la opción de usar un método anticonceptivo, seis de cada diez optó por el irreversible conocido como salpingoclasia que es la ligadura de trompas, con lo que decidieron cancelar de forma permanente un nuevo embarazo. En el tema migratorio el Inegi refirió, con base en la Encuesta Intercensal 2015, que 11.7 por ciento de esa población -900 mil personas- migró a otra entidad federativa, y 1.4 por ciento se fue a otro país. Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades con mayor movimiento de emigrantes e inmigrantes. De las personas que han abandonado el país para buscar oportunidades de trabajo y vida en otro, 1.4 por ciento equivale a que por lo menos un integrante del hogar salió de su comunidad. Por lo menos en 1.9 por ciento de los hogares mexicanos tienen familiares que se fueron a vivir a otro país. Con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Inegi señaló que persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo entre la población indígena y la que no lo es, sobre todo entre las mujeres donde se presenta el nivel más alto de analfabetismo y baja escolaridad. El porcentaje de niños indígenas de entre 3 y 5 años que no asiste a la escuela es de 64.4 por ciento. Mientras que 92.7 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años asisten a la primaria y secundaria, contra 96.7 por ciento de niños que no hablan lengua indígena. De los hablantes de lengua indígena, 23 por ciento son analfabetas; los miembros de pueblos indígenas estudian en promedio 5.7 años, lo que significa 3.7 años menos que la población que no pertenece a ese segmento. En el campo laboral 37.7 por ciento de los indígenas se desempeñan como empleados u obreros; 28.7 trabajan por su cuenta y 11.5 por ciento trabaja en el campo como peones o jornaleros El Inegi refirió que en México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua “dan sentido de pertenencia e identidad al país”, y aseguró que es importante disponer cifras sobre ella como su ubicación y características sociodemográficas, “con la finalidad de que este grupo de población no quede al margen de las políticas públicas que implementa el estado”.
El criterio para considerar a esta población como parte de los pueblos originarios es que sean hablantes de alguna lengua indígena que puede ser Náhuatl, Maya, Tseltal, Mixteco, Tsotsil, Zapoteco, Otomí, Totonaco, Chol, Mazateco, Husteco y Mazahua. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: MIRIAM POSADA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/08/inegi-70-de-indigenas-en-la-pobreza
BOGOTÁ: El diario colombiano El Tiempo exigió este lunes a la justicia mexicana una investigación pronta y profunda de la muerte de Stephanie Magón Ramírez, ocurrida en extrañas circunstancias el pasado 30 de julio en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.
En un editorial, el rotativo destaca que las investigaciones sobre la muerte de la modelo colombiana han estado hasta ahora llenas de “contradicciones” por parte de las autoridades de la capital mexicana. “Se habló de suicidio, de feminicidio, de tortura, de fracturas y golpes contundentes, según un informe del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de ese país. Pero luego esa versión fue rectificada, para pasar a las conjeturas”, señaló El Tiempo. Y agregó: Es hora de “exigir prontitud y severidad en las investigaciones”.
Magón Ramírez apareció muerta la madrugada del 30 de julio en la banqueta, frente a un edificio de cuatro pisos de la calle Miami 20 de la colonia Nápoles, donde residía. El pasado martes 2, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, de quien depende el Incifo, dijo que a la modelo “la mataron a golpes”, mientras la Procuraduría General de Justicia capitalina estableció como causa de la muerte una caída desde una altura de aproximadamente 15 metros. El Tiempo, el diario más influyente de Colombia, planteó: “¿Cuál es la verdad? Es la tarea pendiente y urgente. Porque este caso a Colombia le recuerda el de la también modelo Mile Virginia Martín, quien fue hallada el año pasado, igualmente en México, sin vida y con signos de violencia sexual, en otro estremecedor caso aún con el expediente sin resolver”. De acuerdo con el editorial, “inquietan y duelen estos sucesos, con todos los ingredientes trágicos que suelen irse descubriendo, porque no sólo se pierde una vida joven, sino que trae un dolor muy difícil de sobrellevar” para las familias de las víctimas. “Causa desazón que sea la impunidad la que logra triunfar, y el tiempo va llevando los casos a los fríos anaqueles del olvido, ya porque otros de mayor resonancia los cubren o porque las distancias son aliadas de la injusticia.
