CIUDAD DE MÉXICO: La próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría definir los nombres de los integrantes del grupo de “asesores técnicos” que analizarán las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como parte del Mecanismo Especial de Seguimiento establecido el 29 de julio en Washington, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de las víctimas. En el contexto del anuncio de la XXIII Acción Global por Ayotzinapa, en la que sobresale la realización de un concierto en la explanada del Estadio Azteca, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apuntó que la próxima semana los padres sostendrán reunión con la procuradora Arely Gómez para conocer de avances en la investigación así como de la indagatoria que se abrió sobre la actuación irregular del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio. Rosales Sierra agregó que el encuentro será aprovechado por los padres de los desaparecidos para conocer la disponibilidad de la dependencia para implementar el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Medidas Cautelares MC/409/16, emitidas por la CIDH. Al señalar que es probable que la próxima semana la CIDH notifique a las partes sobre los nombres de quienes integrarán el grupo operativo técnico que estará de forma permanente en México, el abogado destacó que los padres mantienen la “expectativa de que este nuevo equipo oxigene la investigación, que se había empantanado después de la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Rosales Sierra consideró fundamental el trabajo del equipo de asesores “cuya principal función será vigilar que la PGR siga las líneas de investigación que dejó marcadas el GIEI, y que no se han querido seguir con puntualidad, sino que se mantiene abierta la del basurero de Cocula”. Unidos a la movilización de campesinos por la Ciudad de México, padres de los estudiantes tomaron una pausa en el llamado Antimonumento a los 43 para dar a conocer las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo en la próxima Jornada Global por Ayotzinapa. Melitón Ortega, vocero de los padres de familia informó del concierto en el que participarán grupos musicales “que han sido solidarios con el movimiento, y denominaron Voces por los 43”. Ortega comentó que este lunes algunos padres se reunirán con expertos en telefonía en las instalaciones de la PGR, ya que siete celulares de los estudiantes siguieron activos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en tanto que otros se sumarán a las distintas movilizaciones convocadas por maestros y campesinos. El vocero señaló que las acciones acordadas para el próximo 26 de agosto, tienen como objetivo mantener viva la demanda de presentación de los jóvenes estudiantes. Ortega explicó que los padres de familia solicitaron el espacio al gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó las gestiones necesarias para facilitar el lugar. De inicio, los padres y madres de los desaparecidos habían solicitado el Zócalo de la Ciudad de México pero se les señaló que estaría ocupado para el 26, por lo que Mancera a través de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, ofreció el Deportivo los Galeana y el Estadio Azteca, pero más tarde se les informó que el Estadio estaría ocupado el 27, por lo que la única opción era la explanada del mismo.
Con Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros, supera a Tamaulipas; también lo desplazó por homicidios dolosos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 casos registrados en esa entidad entre 2014 y junio de 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas durante su gestión. Sin rendir cuentas, Bermúdez se fue de la Secretaria de Seguridad Pública dejándola con deuda de mil 450 millones de pesos, aunque en su periodo su presupuesto incrementó en 150 por ciento.
Del sexenio de Miguel Alemán, al del Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita pasó de ser un simple secretario particular al súper ministro con capacidades metaconstitucionales. Como un “césar romano”, sus pretorianos decidieron sobre la vida y la muerte, incluso, el paradero de muchos que hoy son buscados en fosas clandestinas y en servicios forenses. Sin embargo, lejos de recomponer el torcido camino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la sumió en la inmundicia; y el estado en general, transita el escenario más crítico en prevención del delito con el incremento exponencial del secuestro, el homicidio doloso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por personal de esta dependencia, y en donde a Bermúdez Zurita se le trata ubicar como un elemento ajeno al desempeñado de sus elementos y altos mandos, varios ya en la cárcel. Hoy Veracruz, según reportes de organizaciones internacionales por la defensa de las garantías individuales, y dependencias del gobierno federal, es el estado con más alto índice de desapariciones forzadas, es decir, las privaciones ilegales de la libertad cometidas directamente por funcionarios del gobierno. En este caso, gendarmes. Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecen que durante el paso de Bermúdez en la SSP (julio de 2011 a agosto de 2016) Veracruz siempre figuró entre los primeros diez lugares de homicidio doloso y secuestro a nivel nacional. Para el final de sus cinco años como titular de la SSP, Veracruz es ya segundo lugar nacional en secuestros y supera al vecino estado de Tamaulipas en homicidios dolosos. Es decir, lo que hace años se miraba como el mayor horror que puede vivir una región en México, la violencia sin cuartel en Tamaulipas, hoy está replicada y multiplicada en Veracruz. Y mientras Bermúdez Zurita sostuvo la mística de crear una policía de proximidad, capacitada y mejor evaluada, la violencia hoy es motivo de desplazamiento de familias en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas, en las que todas las estrategias de seguridad han fracasado.
LA SEMAR-SSP Pero Bermúdez no actuó sólo, en la estrategia para mantener la seguridad en el estado, se dio parte a la Secretaría de Marina Armada de México mediante la estrategia del Veracruz Seguro, y de allí, la firma de un convenio de colaboración entre la Semar y el Ejecutivo estatal para dar paso al Mando Único, y que elementos de la Semar dieran vida a la Policía Naval, coordinada por mandos de la Marina; también se les dio participación en Tránsito y algunas corporaciones municipales. La estrategia del Mando Único tan sólo en Córdoba y Coatzacoalcos, por ejemplo, está cuestionada ante el avance de la delincuencia común. Hoy Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento al total de secuestros reportados en Veracruz por el SNSP; y Córdoba, según el mismo organismo, es la ciudad en donde se cometen más homicidios dolosos. Una es la ciudad tomada como residencia por Javier Duarte de Ochoa, y la otra, terruño de su esposa, la Primera Dama, Karime Macías, ni por eso cuidaron sus esquemas de seguridad. En Coatzacoalcos, en cada foro sobre seguridad, sectores sociales y empresariales, se pronuncian por la salida de la Marina de las tareas de seguridad y dar paso a un mando municipal o intermunicipal. Este fue uno de los clamores durante la última reunión entre empresarios y el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en Coatzacoalcos, “en la zona industrial, al mes, nos reportan al menos 17 robos”, al recién inaugurado complejo de Braskem-Idesa le están robando al mes siete camiones con producto, expuso el representante en el sur de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Claudio Martell Velasco. En la zona de Complejos de Coatzacoalcos, el clúster petroquímico más importante del país, la seguridad ya corre por cuenta de los empresarios, que mensualmente cooperan para pagar una compañía de vigilancia privada cuyo personal recorre en unidades móviles esos puntos tratando de inhibir el robo de cableado, el asalto a obreros y el atraco a camiones cargados con diversos productos para abastecer de materia prima al sector industrial de México. El polígono industrial es responsabilidad de la Policía Naval; sin embargo, sus elementos ni si quiera mueven las patrullas ante la falta de recursos para la gasolina, a ellos ni si quiera les están pagando sus compensaciones, esto quedó asentado en el anexo de deudas presentado por el gobierno de Veracruz al Congreso local para liquidar deudas con el impuesto del 3 por ciento a la nómina, y en donde la SSP reconoce un pasivo por 28 millones de pesos a la Semar por el convenio de la operación del Mando Único. Sobre los alcances, los objetivos y el financiamiento concreto y particular para la SEMAR, sobre todo la distribución salarial entre mandos y tropas, no hay transparencia. En la solicitud 0001300021212, a la Semar, se requirió versión pública sobre el contenido del convenio signado entre el gobierno del estado y la Marina en noviembre de 2011, pero la dependencia se negó a entregarlo argumentando que era información confidencial, y darla a conocer “compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la integridad de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de evitar la comisión de delitos, toda vez que existía un daño presente, probable y especifico al difundir información relativa al personal involucrado en dicha tarea”. Una nota del periodista Armando Ramos, de la agencia AVC Noticias, advierte que el convenio entre la SEMAR y Veracruz concluye el 31 de noviembre próximo, con la posibilidad de una prórroga de dos años, en la nota cita la solicitud de información 0001300045916 a la SEMAR, en la cual se informa la erogación de 771 millones de pesos en los últimos años para las tareas coordinadas del personal de la Policía Naval y estatales, recursos aportados por el Ejecutivo estatal. Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, profesor de Universidad Veracruzana y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad y Democracia en América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), es “impostergable” modificar la forma en que se ha llevado el modelo del Mando Único, ya que como está, se trata de “una estrategia limitada a integración militar de mandos, no implica reorganización policial, capacitación específica para la reforma de la Justicia Penal, mejora de controles internos y externos, menos la aceptación del control civil de los operativos mediante mecanismos de transparencia o rendición de cuentas”. “En estas circunstancias, la integración de policías municipales al mando único -como mando centralizado- se ha realizado en condiciones en las cuales es impostergable la centralización, dado el grado de control de algunos grupos y redes policiales por grupos delictivos”, matiza. Referente a lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años, resulta “particularmente, preocupa, que algunos policías estén vinculados con redes ilegales y abusen de la fuerza policial en casos como Coatzacoalcos, Poza Rica, Tierra Blanca y Papantla”.
MÁS SECUESTROS Y HOMICIDIOS A mediados del 2011, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, era el General Sergio López Esquer, recomendado del gobierno de Felipe Calderón para encabezar la lucha contra la delincuencia; no obstante, deja el cargo por un atentado a finales de junio de 2011, cuando un comando armado intentó emboscar en el crucero de Villarín a su escolta. Sus ayudantes regresaban a Xalapa después de embarcar al alto mando en un avión que lo llevaría al DF; sin embargo, las versiones apuntaron a que los sicarios fallaron pues el blanco originalmente sería el militar. Hubo muertos en ese ataque del bando oficial; el mismo día, la casa del general, en Antón Lizardo, resultó atacada por pistoleros fuertemente armados. Sergio López se va y es así como arriba Bermúdez al mando de la SSP. En 2010, el SNSP reportaba 583 muertes dolosas para Veracruz, 17 secuestros, 351 denuncias por extorsión y 4 mil 495 robos de vehículo. Para los siguientes dos años, ya con Bermúdez al mando, el mismo organismo reportó 968 homicidios dolosos en 2012 y 863 en el 2013. Se trató de los años más violentos en la entidad por el enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Los Zetas, los primeros arribaron a arrebatar el territorio, y al grupo local le tocó poner la mayor parte de los muertos. Uno de los hechos más violentos se suscitó frente a Plaza Américas de Boca del Río, cuando sicarios de Jalisco abandonaron dos camionetas llenas de cadáveres de presuntos enemigos, 35 víctimas en total. Un mes después, aproximadamente, en dos casas de Boca del Río, aparecieron otras 28 víctimas. De manera paralela, en noviembre del 2011, en la localidad de Portezuelos, en Manlio Fabio Altamirano, las autoridades encontraron otra fosa con 26 víctimas, supuestamente una venganza de Los Zetas. Ahora que Bermúdez renuncia a la SSP, después del escándalo de su fortuna, deja a Veracruz en segundo lugar nacional en denuncias por secuestros, indica el SNSP, que están integrados por estadísticas aportadas por la Fiscalía general. El dato más relevante del último reporte, actualizado de Enero del 2016 a junio pasado, es que Veracruz, con 62 casos, le quitó el segundo sitio nacional en secuestros a Tamaulipas, que reportó 57; en tercer lugar, figura Guerrero, con 43 secuestros; el primer sitio sigue siendo para el estado de México con 134 denuncias. A nivel nacional, el SNSP indica que de enero a junio de 2016, en México se han denunciado 621 secuestros, esto quiere decir que en Veracruz se comete el 10% de los secuestros que se denuncian a nivel nacional. En términos generales, en Veracruz el secuestro se incrementó entre 2010 (17 casos) y 2016 (62 casos) en 37 por ciento. El secretariado indica que en enero, para Veracruz, se denunciaron 10 casos de privación ilegal de la libertad, en febrero, 9; en marzo, 12; en abril, 10; en mayo, 9; y en junio, 12, y es en este periodo, los últimos meses de Javier Duarte en el poder, cuando este delito se ha disparado en un 22.5 por ciento en contraste con el mismo periodo del 2015. Los informes actualizados del SNSP también expresan un incremento en los homicidios dolosos, y si de enero a junio de 2015 se informó sobre 221 denuncias de este tipo, para el mismo periodo, de 2016, son 405 personas asesinadas con todas las agravantes de la ley en Veracruz. Esto es igual a 184 homicidios más en el mismo periodo en contraste con el 2015 y 2016, lo que habla de un incremento del 45 por ciento en las denuncias por homicidios dolosos, que en su mayoría son ajustes de cuentas. Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos. A nivel nacional, son 10 mil 301 denuncias por homicidios dolosos, los estados más violentos son Estado de México, con mil 133 denuncias; Guerrero mil 52; Jalisco, 611; Chihuahua, 595; Michoacán, 584; Baja California, 543; Sinaloa, 524; Guanajuato, 506; Distrito Federal, 477; Veracruz, 475; Tamaulipas, 402 y Oaxaca, 371. En lo municipal, la ciudad de Córdoba es la más violenta, con 30 homicidios entre enero y junio de 2016; la segunda, Veracruz, con 24 homicidios dolosos; la tercera, Coatzacoalcos, 21; Xalapa, 21; Poza Rica, 21; Papantla, 19; Tihuatlán, 17; Minatitán, 15; Tierra Blanca, 11; y Boca del Río, 10, en esa última seis elementos de tránsito municipal resultaron privados de su libertad entre el jueves y sábado, aunque regresaron con bien a sus casas. Y aunque voces como la del senador Fernando Yunes Márquez hablan de “maquillaje” de las cifras de violencia reportadas a la Federación, los datos existentes evidencian el fracaso de Bermúdez como gestor de la seguridad pública en la entidad veracruzana, pero el “Capitán Tormenta” insiste en haber triunfado, así lo dejó patente en una carta difundida horas después de dejar el despacho en manos de José Nabor Nava Holguín: “Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.
LA SSP, QUEBRADA Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Comercial Bancaria, Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y proveedores, consta en el anexo de empresas aprobadas por el Congreso Local para recibir recursos públicos que liquiden sus pasivos con el Ejecutivo. No le pagó a concesionarios que vendieron unidades para patrullas, a empresas que ofrecieron servicios para preparación de alimentos en penales, menos a quienes rentaron instalaciones para montar comandancias y cuarteles temporales. En contraste, si a una dependencia le incrementó Duarte los recursos, fue a la SSP, a la que también se le anexó el control de las cárceles y de Tránsito del Estado, volviéndola en una súper secretaría. Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más. No obstante, la queja más reiterada de los alcaldes veracruzanos en materia de seguridad es la inoperancia de los cuerpos de prevención del delito. Tan sólo en Coatzacoalcos, operan unas 60 cámaras de videovigilancia, pero ninguna ha sido útil para revolver homicidios pues no están conectadas; las patrullas pasan largas horas estacionadas en el mismo sitio y a los oficiales se les ve recorriendo las calles a pie, o tirados a la sombra tomando refresco o mandando mensajes por redes sociales. Sin embargo, la Cuenta Pública 2015, indica que más del 60 por ciento del presupuesto, se destina a servicios personales, lo que incluye nómina. En 2015, se emplearon 2 mil 805 millones de pesos para pago de servicios personales, eso es un incremento del 14 por ciento en contraste con el 2014, es decir, en 12 meses, la nómina de la SSP se elevó en 409 millones de pesos, lo que no se tradujo en disminución de la violencia en territorio veracruzano o de acciones para la prevención del delito. Pero el extitular de la SSP se marcha del cargo con una estela de señalamientos de ser dueño de un conglomerado de empresas en la ciudad de México, desde hoteles, restaurantes, bares, empresas de seguridad privada, preparación de alimentos y toda clase de servicios, hasta autolavados, lavanderías y una cadena de estéticas, según el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. El último escándalo, y el cual derivó en su precipitada renuncia, las mansiones detectadas por el equipo de investigación de Aristegui Noticias en Texas, las cuales Bermúdez reconoció como de su propiedad. En sus denuncias ante la PGR y la Fiscalía, Yunes Linares pone a Bermúdez como cabeza de una estructura de lavado de recursos provenientes del erario público y de la delincuencia organizada. En un video difundido en blogs de noticias sobre narco, retomado por diarios locales, el supuesto grupo Jarochos Unidos graba la confesión de José Armando Juárez Ramírez, quien era comandante de la base de la Policía Estatal en La Antigua-Cardel, y que antes de ser asesinado, señala al mando de la SSP de participar de diversos negocios ilícitos con grupos delincuenciales. El cadáver de este policía, apareció en la carretera Estatal Soledad de Doblado-Huatusco, cerca de Paso Lagartos. El gobierno de Duarte no inició ninguna investigación contra Bermúdez a su salida, meses antes, por el reclamo de empresarios para que lo echara del gabinete por la desbordante inseguridad, el gobernador aseguró que si Arturo se iba, él también, pero ni eso cumplió. En la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación manda dos pliegos de observaciones a la SSP de Veracruz, el 14-A-30000-14-0794-06-001 y 14-A-30000-14-0928-06-001 por 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, dinero que no llegó a su destino, sacado de las cuentas creadas para su dispersión y recursos para proveedores a quienes no se pagó.
POLICÍA CUESTIONADA En 2011 se conforma el colectivo por la Paz en Xalapa, el primer referente de agrupación de víctimas del delito organizadas para emprender acciones legales y colectivas para garantizar el acceso a la justicia. Se agremiaron académicos, defensores de los derechos humanos, madres de personas denunciadas como desaparecidas y víctimas de la violencia. Sus hechos comenzaron a hacer visible el dolor y la angustia de quienes pierden a un hijo víctima de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad toleradas por la indolencia gubernamental, y comenzaron a marcar una parte de la agenda del gobierno de Veracruz. Al paso del sexenio de Duarte, el fenómeno de la desaparición, no paró, incluso, se incrementó y eso dio pie a la conformación de más colectivos que siguieron el ejemplo de lucha del Colectivo por la Paz, así, hoy hay madres organizadas en Veracruz puerto, en Orizaba, en Huatusco, en Córdoba, en Xalapa y en Coatzacoalcos. En muchos de los casos tutelados, se menciona a policías estatales como los autores del delito. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 personas desaparecidas en Veracruz entre 2014 y junio del 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas en este gobierno, aunque sus familiares “no denuncian por miedo” y Blogexpediente lleva un recuento periodístico de al menos 160 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Todo este panorama apunta a la participación de la policía en alianza con delincuentes, y así lo plantearon integrantes del colectivo El Solecito en un documento entregado al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras el pasado 25 de enero de 2015, días después del escándalo por la sustracción de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra blanca, y por lo que ocho elementos de la SSP están bajo proceso como presuntos responsables de desaparición forzada. Las madres de El Solecito “vemos intervención directa de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita en las desapariciones de nuestros familiares”, ellos dos “permiten una policía integrada por delincuentes”. Por eso “exigimos la inmediata renuncia de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez, quienes han permito que Veracruz se convierta en un estado donde la policía está al acecho secuestrando a nuestros hijos y entregándolos a las células de los delincuentes en donde está claro que ellos son las cabezas”. Estas organizaciones, en los últimos meses, han reiterado el señalamiento de que la policía veracruzana hoy es una institución desacreditada y bajo sospecha de que sus mandos están en alianza con los grupos delincuenciales. En marzo pasado, Causa Común, de María Elena Morena, reveló que el 35 por ciento de los uniformados estatales que efectúan labores operativas no aprobaron estos controles de confianza, mientras que el 37 por ciento de sus mandos tampoco acreditaron las pruebas, y eso convertía a Veracruz en la entidad con más elementos reprobados y en activo. Un mes antes, el diario Reforma, indicó que eran 186 los oficiales veracruzanos que en cinco años habían sido consignados por presuntos nexos con la delincuencia. “Veracruz lo que sí hizo bien, fue su Escuela de Policía la cual tiene un buen nivel académico, los policías salen bien preparados, pero tú imagínate estos muchachitos que salen bien preparados para que después tengan un mando que sea un criminal. Porque lo que estamos viendo en Veracruz, es que gran parte de la policía son criminales con placa, entonces imagínate la gravedad, tú preparas chavos para que después les toque un mando criminal y los haga una banda de criminales”, matizó María Elena Morera. De la serie de abusos documentados por uniformados, el caso que ha llegado más lejos ante una instancia, es el del joven cantante Gibrán Martiz y dos de sus amigos, quienes habrían sido sustraídos por elementos de la SSP en Xalapa, quienes después simularon su muerte en un enfrentamiento con delincuentes en el camino a Huatusco, en enero del 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos endilgó así a Veracruz su primer recomendación por desaparición forzada, en el expediente 014/2015, donde constan numerosos atropellos cometidos por jenízaros y personal de la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo Contreras, quienes manipularon procedimientos forenses para ocultar evidencia. Y pese al escándalo de Tierra Blanca y Papantla –sendos jóvenes entregados por policías a la delincuencia- las acciones bajo sospecha de los cuerpos de la SSP, no pararon. El 20 de mayo pasado, un operativo de la Fuerza Civil realizado para neutralizar una célula de delincuentes en Coatzacoalcos, quedó evidenciado por el testimonio de Lorena Javier Arias, madre del abogado Jorge Álvarez Javier, de 29 años de edad, quien fue presentado como miembro de la delincuencia con otros sujetos que fueron abatidos por la Fuerza Civil en la carretera estatal a Barrillas. En el mismo sitio donde Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, daba rueda de prensa sobre los resultados de sus elementos, la mamá del licenciado Álvarez acusaba que todo había sido un montaje, pues al joven lo habían sustraído horas antes de su casa, en Sector Popular, y a punta de golpes lo subieron a vehículos oficiales y se lo llevaron sin rumbo. La mujer le recriminó al mando “quiero a mi hijo, se lo llevaron los de la Fuerza Civil, fueron varios, yo los vi, desde un día antes ya lo estaban esperando afuera de mi casa”. Meses antes, la policía veracruzana participó de otro operativo en Coatzacoalcos, varios delincuentes perdieron la vida en el supuesto enfrentamiento en el basurero de Las Matas, entre ellos Jonathan Guillén Gómez, de 23 años, reportado como víctima de sustracción violenta de su casa en el puerto horas antes; sin embargo, en ese supuesto enfrentamiento, en la noche, él apareció con otras personas como parte de un grupo de agresores.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, “en un régimen político moderno” no debe tolerar a una policía que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policía funcione de esa forma”, y en su punto de vista, en este contexto, es urgente “analizar los índices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan las policías preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como acontece en otros estados del país en el nuestro puede hablarse de un patrón sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526
La tarifa del Metro en la Ciudad de México aumentó de 3 a 5 pesos desde hace dos años, y aunque por estos días se especula sobre las posibilidad de una nueva alza, hasta el momento no se ha confirmado nada. Sin embargo, los usuarios, los ciudadanos de la capital del país y de la zona conurbada del Valle de México, afirman que una tarifa más cara no ha significado una mejora del servicio.
El aumento en la tarifa del Metro, hace dos años ya, fue de 2 a 5 pesos, en diciembre de 2013. Pese a este incremento no significó una mejora en el servicio, como prometió el Gobierno de la Ciudad de México. Al contrario, los usuarios señalan el deterioro de varias estaciones y el desabasto de trenes, así como largos minutos de espera para abordar, sobre todo en las estaciones donde es necesario transbordar. Recientemente, Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), dijo que se analiza subir otra vez el precio del boleto, debido a la saturación que presenta el servicio.
El funcionario local explicó que el Metro tiene actualmente capacidad para trasladar a 3 millones de personas diarias, pero recibe a unas 5.5 millones, por lo cual, reconoció, muchas personas se quejan de un mal servicio. VÍDEO SONDEO:
La moneda local cotizaba en 18.75 por dólar, con una ganancia del 0.81 por ciento o 15 centavos, frente a los 18.560 pesos del precio de referencia del lunes.
El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera sesión consecutiva y tocaba su mejor nivel desde el 19 de julio, en medio de un avance de los precios globales del petróleo y tras un dato de inflación local que resultó menor a lo esperado por el mercado. La moneda local cotizaba en 18.41 por dólar, con una ganancia del 0.81 por ciento o 15 centavos, frente a los 18.560 pesos del precio de referencia del lunes. Esta mañana, el dólar estadounidense registra un precio promedio de 18.11 pesos a la venta y 17.43 pesos a la compra, en las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM). La moneda estadounidense se ofrece este martes a un máximo de 18.50 pesos y se adquiere a un mínimo de 17.40 pesos. El euro se vende hasta en 21.60 pesos y se compra en 20.30 pesos como mínimo, en los centros cambiarios que se ubican en la terminal aérea de la capital del país.¨ Por su parte, la Bolsa Mexicana subía el martes por quinta sesión consecutiva en medio de un fortalecimiento de los precios internacionales del petróleo que oscilaban sobre la marca de los 45 dólares por barril.
Como “un verdadero robo a la nación” define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, un “regalo” que el gobierno de Enrique Peña Nieto planea dar a la organización Antorcha Campesina: dos millones de metros cuadrados de terrenos federales para la construcción de un parque industrial, aledaños a lo que será el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La historia suena ya conocida, como en el caso de San Salvador Atenco en 2006: Un intento de despojo a los propietarios de tierras y una plusvalía que se irá a los cielos cuando se construya la terminal aérea.
CIUDAD DE MÉXICO: Una nueva historia de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto está en curso: El “regalo” de dos millones de metros cuadrados de terrenos federales a la organización priista Antorcha Campesina para construir un parque industrial vecino al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), la mayor obra del sexenio, un plan instrumentado por el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava. “¡Esto es un verdadero robo a la nación!”, define José Luis Luege, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la construcción del parque industrial en Chimalhuacán, Estado de México, un proyecto que, en 2011, a él le presentó el propio Miranda Nava, secretario de Gobierno del entones gobernador Peña Nieto. Era el último año del sexenio de Peña como gobernador y Miranda Nava le pidió a Luege una cita para, junto con el entonces alcalde antorchista de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, y varios arquitectos, obtener su aval para construir un parque industrial en terrenos conocidos como Los Tlateles. “El proyecto, para hacerlo sencillo, era la continuación de la urbanización de Chimalhuacán: Prolongar las mismas avenidas hacia la zona federal y urbanizar para el parque industrial parte de Los Tlateles, aparentemente las 200 hectáreas”, recuerda Luege, quien afirma que él rechazó el proyecto. “Me insistieron mucho y yo les decía que ese proyecto no era viable”, recuerda Luege, quien les dijo a los miembros del grupo que era un área natural protegida destinada al parque estatal “Gerardo Cruickshank García”, según lo publicado por el gobernador Arturo Montiel en la Gaceta oficial del Estado de México, el 4 de julio de 2001. –¿Y qué argumentaban para defender el proyecto? –Generar empleos. Siempre ha sido su argumento: que la gente de esa zona está pobre y que la economía está muy deprimida, y que este plan era una forma de generar empleos. Yo les dije: Se pueden generar empleos de otra forma. Por eso la contrapropuesta de Luege fue que, en lugar de un parque industrial, se creara conjuntamente un parque ecológico en el vaso del exlago de Texcoco, que generaría empleos en la zona de Chimalhuacán.
La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad, habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector que incidirían en disminución de precios de esos productos para los mexicanos, está resultando en todo lo contrario: iniciando agosto el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento -el primero fue en julio- a las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y el doméstico de alto consumo. Así, el precio de la gasolina Magna será de 13.96 pesos por litro, el de la Premium de 14.81 pesos por libro y el del diesel de 13.98 pesos por litro, es decir, aumentos de 56, 44 y 21 centavos por litro, respectivamente; en julio las gasolinas Magna y Premium subieron 24 y 34 centavos respectivamente y en junio ocho centavos. Por lo que toca a la electricidad, el sector industrial pagará a lo largo de agosto incrementos de entre 5.2 y 7.5 por ciento respecto al precio de agosto de 2015; el comercio de 7.8 a 9 por ciento y los usuarios domésticos de alto consumo 8.9 por ciento. La CFE dijo que en agosto se mantendrán los precios a los usuarios de bajo consumo que incluso, dijo, han bajado 2 por ciento respecto a las de agosto de 2015. Lo que no dijo el gobierno es que los precios que se aplicarán a la industria y al comercio repercutirán en los precios de todos los productos, sin que se haya referido en ningún momento a un aumento a los ya de por si alicaídos salarios. Según el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, México está pagando una gasolina 23 por ciento más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65 por ciento de la gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos exportando crudo barato para importar subproductos del petróleo caros, luego de que una sistemática política de desmantelamiento de PEMEX logró desembocar en la reforma energética privatizadora. Y el PAN, que votó a favor de esa reforma, ahora califica el gasolinazo como “el robo del siglo”, según lo calificaron sus senadores Mariana Gómez del Campo y Francisco Búrquez, así como el diputado Federico Doring. Este último dijo que es un escándalo que con el gasolinazo el gobierno mexicano recaudará 300 mil millones de pesos adicionales, “que deberían estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y la del país”. Ahora los panistas tratan de deslindarse del atraco que, conjuntamente con el PRI y sus partidos títeres asestaron al pueblo de México con esas reformas, a la vista del voto que en las pasadas elecciones obtuvo para algunos de sus candidatos a gobernadores, buscando así capitalizar el descontento popular que está ocasionando el gobierno federal priista con su política económica, ampliamente compartida por el PAN.
Con todo esto es claro que urge abrogar esa y otras reformas, como la educativa, que están llevando a México a severas crisis sociales y económicas, y que para lograr que se de marcha atrás a esas reformas peñanietistas, será necesario que además de votar contra los candidatos del PRI, se vote contra los del PAN, PVEM y sus otros aliados, pero sobre todo, se organice el pueblo para movilizarse y obligar al gobierno a dar marcha atrás a estas políticas que benefician sobre todo al gran capital transnacional que, ahora, como antes de que Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo, están imponiendo medidas que únicamente incrementan sus ganancias, a costa de la miseria de la mayoría de los y las mexicanas. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ROSA ROJAS. LINK: https://desinformemonos.org/urge-abrogar-la-reforma-energetica-que-solo-favorece-a-las-petroleras-transnacionales/
Ciudad de México. El presidente del Senado, el panista Roberto Gil, recibió ayer por la tarde a empresarios de la Coparmex, “una delegación de miembros de los consejos de los estados afectados por las movilizaciones de la CNTE”, quienes le expresaron, dijo, ”su preocupación por la evolución del conflicto, sobre la ausencia de soluciones en el corto plazo así como la intensificación de los bloqueos”. Entrevistado al término de la reunión privada que sostuvo en el Senado, el panista refirió que los empresarios le expresaron los motivos por los que convocaron “a estos paros, a estas estrategias de resistencia o mensajes para la solución del conflicto”, porque dijeron, la economía de sus entidades ya está en punto crítico. Gil Zuarth dijo que acordaron que el Senado hará un llamado, este martes, que comparecerá el titular de la SEP, Aurelio Nuño, para que se fijen “tiempos, circunstancias y movimientos para solucionar este conflicto. Que nos explique la salida de corto plazo y que no sólo se quede en la intención de resolverlo en un momento, queremos una definición, un plan, una estrategia”, subrayó.
Durante la entrevista, el panista señaló “los datos económicos que me presentan son de negocios cerrados, pérdida de empleo, cancelación de exportaciones, y se está afectando la convivencia social y cuando la situación económica empeora se generan otro tipo de problemas sociales, como la inseguridad. Es el momento ya de actuar, y eso es lo que nos han venido a decir los empresarios”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VÍCTOR BALLINAS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/08/empresarios-y-senadores-analizan-afectaciones-por-conflicto-magisterial
Ciudad de México. Al cierre de 2015 en México había 7 millones 382 mil 785 personas que hablaban alguna lengua indígena, de los cuales 13 de cada cien sólo pueden expresarse en su lengua materna; esta población se concentra en Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero y se encuentran entre la población mexicana con niveles de vida de “mayor desventaja”, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al retomar datos del Consejo Nacional de la Evaluación (Coneval) el Inegi señaló que “a pesar de los esfuerzos del estado, se ha documentado que entre los grupos de población con niveles de vida en mayor desventaja se encuentran los pueblos indígenas, ya que siete de cada diez hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza”. En una compilación estadística con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto, el Instituto señaló que en 2015, 15 de cada cien personas hablantes de lenguas indígenas no estaban afiliados a servicios de salud; 98 por ciento de quienes sí tienen, está en el Seguro Popular; 57. 7 por ciento de los hombres indígenas y 45.3 de mujeres no tiene ningún servicio médico. Entre las mujeres de este segmento de la población el riesgo de embarazo a temprana edad es mayor por no usar métodos anticonceptivos; las estimaciones del Inegi para el 2014 señalan que 50 por ciento de estas mujeres no usó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento, como reveló la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica A pesar de ello, cuando este grupo de mujeres tuvo la opción de usar un método anticonceptivo, seis de cada diez optó por el irreversible conocido como salpingoclasia que es la ligadura de trompas, con lo que decidieron cancelar de forma permanente un nuevo embarazo. En el tema migratorio el Inegi refirió, con base en la Encuesta Intercensal 2015, que 11.7 por ciento de esa población -900 mil personas- migró a otra entidad federativa, y 1.4 por ciento se fue a otro país. Oaxaca, la Ciudad de México y Veracruz son las entidades con mayor movimiento de emigrantes e inmigrantes. De las personas que han abandonado el país para buscar oportunidades de trabajo y vida en otro, 1.4 por ciento equivale a que por lo menos un integrante del hogar salió de su comunidad. Por lo menos en 1.9 por ciento de los hogares mexicanos tienen familiares que se fueron a vivir a otro país. Con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Inegi señaló que persiste una brecha significativa sobre el nivel educativo entre la población indígena y la que no lo es, sobre todo entre las mujeres donde se presenta el nivel más alto de analfabetismo y baja escolaridad. El porcentaje de niños indígenas de entre 3 y 5 años que no asiste a la escuela es de 64.4 por ciento. Mientras que 92.7 por ciento de los niños indígenas de entre 6 y 14 años asisten a la primaria y secundaria, contra 96.7 por ciento de niños que no hablan lengua indígena. De los hablantes de lengua indígena, 23 por ciento son analfabetas; los miembros de pueblos indígenas estudian en promedio 5.7 años, lo que significa 3.7 años menos que la población que no pertenece a ese segmento. En el campo laboral 37.7 por ciento de los indígenas se desempeñan como empleados u obreros; 28.7 trabajan por su cuenta y 11.5 por ciento trabaja en el campo como peones o jornaleros El Inegi refirió que en México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua “dan sentido de pertenencia e identidad al país”, y aseguró que es importante disponer cifras sobre ella como su ubicación y características sociodemográficas, “con la finalidad de que este grupo de población no quede al margen de las políticas públicas que implementa el estado”.
El criterio para considerar a esta población como parte de los pueblos originarios es que sean hablantes de alguna lengua indígena que puede ser Náhuatl, Maya, Tseltal, Mixteco, Tsotsil, Zapoteco, Otomí, Totonaco, Chol, Mazateco, Husteco y Mazahua. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: MIRIAM POSADA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/08/inegi-70-de-indigenas-en-la-pobreza
BOGOTÁ: El diario colombiano El Tiempo exigió este lunes a la justicia mexicana una investigación pronta y profunda de la muerte de Stephanie Magón Ramírez, ocurrida en extrañas circunstancias el pasado 30 de julio en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.
En un editorial, el rotativo destaca que las investigaciones sobre la muerte de la modelo colombiana han estado hasta ahora llenas de “contradicciones” por parte de las autoridades de la capital mexicana. “Se habló de suicidio, de feminicidio, de tortura, de fracturas y golpes contundentes, según un informe del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de ese país. Pero luego esa versión fue rectificada, para pasar a las conjeturas”, señaló El Tiempo. Y agregó: Es hora de “exigir prontitud y severidad en las investigaciones”.
Magón Ramírez apareció muerta la madrugada del 30 de julio en la banqueta, frente a un edificio de cuatro pisos de la calle Miami 20 de la colonia Nápoles, donde residía. El pasado martes 2, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Édgar Elías Azar, de quien depende el Incifo, dijo que a la modelo “la mataron a golpes”, mientras la Procuraduría General de Justicia capitalina estableció como causa de la muerte una caída desde una altura de aproximadamente 15 metros. El Tiempo, el diario más influyente de Colombia, planteó: “¿Cuál es la verdad? Es la tarea pendiente y urgente. Porque este caso a Colombia le recuerda el de la también modelo Mile Virginia Martín, quien fue hallada el año pasado, igualmente en México, sin vida y con signos de violencia sexual, en otro estremecedor caso aún con el expediente sin resolver”. De acuerdo con el editorial, “inquietan y duelen estos sucesos, con todos los ingredientes trágicos que suelen irse descubriendo, porque no sólo se pierde una vida joven, sino que trae un dolor muy difícil de sobrellevar” para las familias de las víctimas. “Causa desazón que sea la impunidad la que logra triunfar, y el tiempo va llevando los casos a los fríos anaqueles del olvido, ya porque otros de mayor resonancia los cubren o porque las distancias son aliadas de la injusticia.
VILLAHERMOSA, Tab: Con golpiza a un presunto ladrón y advertencia de dar “el tiro de gracia” a secuestradores, difundido en video, apareció en el municipio de Paraíso un supuesto “escuadrón de la muerte” para “cazar” delincuentes en esa localidad.
El pasado 15 de julio por la noche el grupo de desconocidos, al que la población también llama “Justicieros anónimos”, capturó a Orlando Gallegos Méndez, de 53 años, originario de la ranchería Independencia del municipio de Comalcalco, acusado de asaltar en su domicilio a una familia de Paraíso. Al detenido le quitaron la ropa, lo dejaron en trusa, le ataron pies y manos, le pusieron cinta canela en los ojos y le propinaron una golpiza durante el interrogatorio para que confesara cuántos asaltos había cometido. La escena fue filmada y difundida en las redes sociales. En el video se observa que alguien pone una pistola en la cabeza del presunto ladrón y una voz advierte que a los secuestradores se les dará el tiro de gracia. “Esto le va a pasar a todos los que anden robando en Paraíso”, se advierte en la grabación. Posteriormente, el sujeto fue dejado tirado sobre una zona llamado “El dragado”, con una cartulina que decía textualmente: “A todos los rateros que se les sorprenda en Paraíso se los va a cargar la chingada”. Además, dejaron sobre su pecho su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), una credencial del PRI, dos teléfonos celulares robados y un cuchillo cebollero con el que presuntamente atracaba a sus víctimas. A Gallegos Méndez se le vincula con un grupo de delincuentes que asalta a bordo de motocicletas y que mantiene asolados a los lugareños. Al respecto, el fiscal general Fernando Valenzuela Pernas dijo que se investiga todo lo relacionado con el video y la supuesta aparición del “escuadrón de la muerte” en Paraíso. Sin embargo, adelantó que hasta este momento no hay indicios fehacientes que prueben la existencia de ese grupo de autodefensa y que, posterior a la fecha del video, no se cuenta con otro evento similar. El titular de la FGE subrayó que en la entidad no se va a tolerar el uso de la justicia por propias manos, “toda vez que un acto ilegal no se puede combatir con otro acto ilegal”. El municipio de Paraíso se ubica en la costa tabasqueña, donde se encuentra el puerto petrolero de Dos Bocas por el que se han exportado, de enero a mayo pasado, unas siete millones de toneladas de crudo, 58% más respecto del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con reportes de la Administración Portuaria Integral (API) del puerto. No obstante, se han perdido alrededor de 14 mil empleos en la localidad de personas que laboraban para Pemex y compañías contratistas, así como en hoteles, restaurantes y comercios por la crisis petrolera, según el alcalde perredista Bernardo Barradas Ruiz. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que al cierre del pasado mes de junio Tabasco se ubicó en tercer lugar nacional con mayor número de robos con violencia, con 4 mil 907 denuncias presentadas ante la FGE. La entidad sólo fue superada por el Estado de México y Ciudad de México con 16 mil 922 y 10 mil 477 casos, respectivamente. En contraste, en junio disminuyeron en Tabasco los secuestros y homicidios dolosos en comparación con mayo. En junio se reportaron cuatro plagios, cifra menor a los seis de mayo. Y 17 homicidios dolosos, menor a los 25 de mayo. Para el titular de la Unidad Especializada de Comunicación Social sobre Seguridad Pública de la gubernatura, Fernando Vázquez Rosas, en junio comenzó a “revertirse” el crecimiento delictivo en la entidad. En tanto, el gobernador Arturo Núñez dijo que se está a la espera de la respuesta de apoyo de la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad en la entidad. “Sabemos que no tienen tantos elementos para poder atender simultáneamente a todas las entidades federativas, sino que la van programando según las situaciones. Estamos a la espera de que nos avisen que ya están listos para apoyarnos”, manifestó.
El mandatario estatal supervisó este lunes dos nuevas Bases de Operaciones Mixtas(BOM) sobre las carreteras federales Villahermosa-Cárdenas y Villahermosa-Macuspana, en las que participan policías estatales y federales, Ejército, Procuraduría General de la República (PGR) y Fiscalía General del Estado (FGE). FUENTE: PROCESO. AUTOR: ARMANDO GUZMÁN. LINK: http://www.proceso.com.mx/450227/surge-en-tabasco-escuadron-la-muerte-lanza-advertencia-a-criminales-video
SAN LUCAS, Mich: Uno de los presuntos narcotraficantes más buscados por Estados Unidos y la Interpol, Gabino Peralta, El Pony, o El Amigo, buscado en 180 países por el trasiego de heroína y cocaína, fue detenido por efectivos de la Policía Ministerial en este municipio, en el Cuajilote, tras investigaciones de inteligencia. Hoy fue trasladado por la Interpol a la Ciudad de México para su extradición. De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, El Pony, presunto narcotraficante, encabeza una organización criminal internacional que trafica drogas. Cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Florida, Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en el delito de narcotráfico. La PGJ michoacana precisó que la orden de arresto de autoridades de justicia de Estados Unidos contra El Pony es por el trasiego de cocaína y heroína. En los momentos de la captura de presunto delincuente, tenía en su poder una bolsa con mariguana. La detención de Gabino Peralta, de 41 años de edad, se realizó en la localidad de Cuajilote de este municipio colindante con Guerrero. Tras su detención y al investigar los antecedentes del detenido, se constató que era buscado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), así como por la Interpol, por lo que se dio parte a efectivos de dicha corporación. Posteriormente, El Pony fue presentado ante el Ministerio Público de Huetamo donde, en coordinación con la Policía Federal y la Interpol, fue trasladado la madrugada de este lunes bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Ciudad de México para iniciar el proceso de extradición. Peralta Saucedo, cuenta con una orden de detención emitida desde 2012 ya que cuenta con al menos 10 propiedades en el estado de Michoacán entre los municipios de Huetamo y San Lucas, además de otras más en el estado de Guerrero, su zona operativa. También operaba en los Estados Unidos, donde cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Florida.
La dependencia precisó que el esquema de precios máximos para las gasolinas y el diésel en 2016, no se trata de un nuevo impuesto ni de un aumento de los precios existentes.
Los precios de los combustibles en México se mantienen en este momento por debajo de varios países, como Canadá, Brasil, Argentina, de Europa y Asia, incluso de los del estado de California, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia precisó que el esquema de precios máximos establecidos para las gasolinas y el diésel en el presente año, no se trata de un nuevo impuesto ni de un aumento de los precios existentes. Refirió que para evitar una alta volatilidad en los precios y proteger a los consumidores, se estableció una banda que oscila de más/menos 3.0 por ciento del precio máximo observado en 2015, por lo que el precio podría subir al techo de la banda o disminuir al piso de la misma. Expuso que la reforma energética busca mejorar el abasto de combustibles a precios competitivos, garantizando estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad, impulsando el desarrollo del sector con responsabilidad social y ambiental. En el Informe Semanal de su Vocería, apuntó que la reforma tiene diversas velocidades de maduración, de ahí que su implementación es gradual; tiene un proceso ordenado que plantea un calendario para la apertura del mercado de los combustibles. Para el caso de las gasolinas y el diésel en el 2016, agregó, se estableció un esquema de precios máximos y se han dado los primeros pasos para permitir la entrada a nuevas marcas de estaciones de servicio, de igual forma, en abril de este año se aprobó la libre importación de combustibles y para el 2018 se establecerá el esquema de libre precio. Señaló que para fortalecer el proceso de implementación de la reforma, en el paquete económico 2016 se aprobó un esquema para proteger a los consumidores de variaciones extremas y se propuso que en la transición los precios máximos se movieran dentro de una banda con un techo y un piso, como parte del cambio hacia un mercado completamente liberalizado. Así, apuntó, con la reforma a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), entró en vigor a partir del 1 de enero del 2016 un nuevo esquema de precios máximos utilizando como referencias los precios internacionales de cada combustible. Esto permite fluctuaciones (como en los mercados liberalizados) y que responden a los cambios en condiciones de mercado, incluyendo sus variaciones estacionales, abundó la Secretaría de Hacienda. Indicó que el precio se calcula según el acuerdo por el que se dan a conocer la banda de precios máximos de los combustibles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. Esto conforme a la siguiente fórmula: Precio máximo > Precio de referencia internacional + Margen + IEPS + Otros impuestos aplicables; quiere decir que el costo de los combustibles se actualiza de acuerdo a los resultados de la fórmula, donde lo único que no está predeterminado son los precios internacionales, mencionó. Precisó que para evitar volatilidad alta de los precios durante 2016, se establece una banda que oscila de más o menos 3.0 por ciento del precio máximo observado en 2015, por lo que el precio podría subir al techo de la banda o disminuir al piso de la misma. En este sentido, el comportamiento en el costo de los combustibles ha sido el siguiente: la gasolina Magna pasó de un precio de 13.57 pesos por litro en 2015 a 13.96 pesos en agosto de 2016, con un incremento de 2.9 por ciento, y un piso y un techo de banda de 13.16 y 13.98 pesos, respectivamente. La gasolina Premium se ha incrementado de 14.38 pesos en 2015 a 14.81 pesos por litro en agosto pasado, lo que significa un alza de 3.0 por ciento, y ya alcanzó su techo de banda (14.81 pesos), mientras que su piso de banda es de 13.95 pesos. En el caso del diésel, ha incrementado de 14.20 pesos observado en 2015 a 13.98 pesos por litro en agosto de este año, con un decremento de 1.5 por ciento, y un piso y un techo de banda de 13.77 y 14.63 pesos, respectivamente. Lo anterior demuestra que en los primeros meses del 2016 los costos de los combustibles tocaron la parte baja de la banda, añadió la dependencia. Además, en agosto de 2016 los precios están tocando o están muy cerca de tocar la parte alta, sin incrementar por arriba del límite máximo definido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Comentó que con la reforma estamos pasando en el modelo de precio único a un modelo de precio máximo y en 2016 de precio máximo comenzó al fluctuar en un rango acotado. Al ser un precio máximo, algunas estaciones de servicio, en grandes zonas metropolitanas, han comenzado ofrecer precios por debajo del máximo pudiéndose observar algunas características de un mercado liberalizado de combustible, y que los precios del combustible no tuvieron variación en 2015. “No se trata de un nuevo impuesto ni de un aumento de los precios existentes, la estructura del esquema de cálculo en el precio de los combustibles se modificó y se adoptó un esquema que permite proteger a los consumidores de variaciones extremas”, subrayó.
Habrá apoyos para otros estados afectados destinados principalmente a los pequeños negocios, toda vez que las grandes cadenas nacionales tienen la capacidad de solventar sus costos.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, anunció que la dependencia a su cargo realizará intervenciones económicas por 100 millones de pesos y hasta mil millones de pesos en créditos para apoyar a los negocios afectados por los paros magisteriales en Oaxaca. Asimismo, también habrá apoyos para otros estados afectados destinados principalmente a los pequeños negocios, toda vez que las grandes cadenas nacionales tienen la capacidad de solventar transitoriamente el aumento en sus costos de logística y transportación para lograr el abasto. En entrevista televisiva, el funcionario destacó que en Michoacán se logró terminar con la afectación ferroviaria, por lo que la transportación de mercancías continúa en proceso y aunque hay algunos rezagos en materia de embarques, éstos están en proceso de normalización. Resaltó que la infraestructura nacional vital, como ferrocarriles aeropuertos, fronteras y puertos no pueden estar al vaivén de controles, porque son elementos básicos de la seguridad nacional.
Siete bebés han fallecido en las últimas dos semanas en el Hospital General de Torreón, y a pesar de que los directivos de la institución aseguran que se trata de casos en circunstancias especiales, las autoridades sanitarias aseveran son casos de defunción a causa de un hongo (infeccioso). Hasta el momento al menos cinco de las madres de bebés occisos han presentado queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la responsabilidad que pueda tener el personal del nosocomio.
En los últimos 15 días han fallecido en el Hospital General de Torreón siete bebés recién nacidos. Mientras directivos del nosocomio argumentan que eran neonatos prematuros, de madres desnutridas y con infección; autoridades sanitarias señalaron al hongo Candida Albicans como probable causa de los fallecimientos. Por otro lado, dirigentes sindicales relacionan las muertes con la falta de personal. Fue el sábado por la noche cuando en el nosocomio dejó de existir una niña que nació el sábado 30 de julio pesando dos kilos 440 gramos, hija de quien fue identificada como “Dulce María”. Familiares de la madre de la bebé manifestaron que la niña tuvo los mismos síntomas de los otros recién nacidos fallecidos en ese nosocomio. Manifestaron que empezó a sangrar por el cerebro, tuvo convulsiones y un paro respiratorio, y que el sábado se le presentó otro paro, del que ya no lograron resucitarla. Añadieron que los médicos argumentan que no murió por una infección, pero aseguran que tuvo los mismos síntomas de los otros recién nacidos. Estos decesos se han venido sucediendo a partir del miércoles 20 de julio y para ese fin de semana sumaban tres; luego se registraron tres casos más, y con el de este sábado la cifra ya alcanza los siete infantes fallecidos, todos al parecer por el hongo Candida Albicans.
Hasta el momento se tiene conocimiento de que cinco de las madres han presentado queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la responsabilidad que pueda tener el personal del nosocomio. FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA. AUTOR: REDACCIÓN/SANDRA G GÓMEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077378.
