“Su ley no tiene el enfoque de regular la violencia del estado para proteger a las personas, lo que buscan es coartar la protesta y resistencia de los pueblos y organizaciones para por fin concretar sus imposiciones, claro está que no lo vamos a permitir” advierten pueblos y organizaciones defensoras de la tierra y el territorio agrupadas en el “Fuego de la Digna Resistencia” a Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México con respecto a la Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, que debe ser abrogada, exigieron. Expusieron al funcionario que la democracia y respeto a los ciudadanos y ciudadanas no se construye simplemente con seguir redes sociales, y tomar consejos, recomendaciones y propuestas de las propias redes sociales sino que lo urgieron a entablar un diálogo “frente a frente”, respetuoso y serio con las organizaciones y pueblos que discrepan de sus políticas públicas y proyectos en “nuestros territorios” afirman, “diálogo al que usted nunca ha accedido y ha optado por ingresar ejércitos de granaderos a nuestros pueblos, perseguirnos, fabricarnos delitos y con ello mantenernos en prisión y/o girarnos ordenes de aprensión, hostigarnos, destruir nuestras viviendas, amenazarnos, y un largo etcétera” acusan. Señalaron que se trata de una ley que atenta al menos contra 4 derechos fundamentales reconocidos tanto en la Carta Magna así como en diferentes instrumentos del derecho internacional: El Derecho Humano a la Vida; El Derecho Humano a la Integridad Personal; El Derecho Humano a la Libre Expresión, y El Derecho Humano a la Libertad de Reunión, detallaron al señalar que su oposición a dicha ley es porque su existencia equivale a que represiones como las ocurridas en Atenco, Estado de México y en Nochixtlán, Oaxaca, no solamente se cubrirían de impunidad sino también de “legalidad”. Acusaron a Ávila de postergar la entrada en vigor de la Ley con el objetivo de que los pueblos y organizaciones no puedan interponer recursos de amparo en contra de la misma ya que al no entrar en vigor se encuentran impedidos para solicitar dichos juicios, por lo que advirtieron, “No crea Sr. Gobernador que su iniciativa de postergar la entrada en vigor de la Ley Eruviel, nos brinda “tranquilidad”… Deja la impresión que pretende vestir de democrático lo que más bien es un temor a ser derrotado por nuestros mecanismos legales de defensa” expresaron. “Nosotros y nosotras integrantes de pueblos indígenas, campesinos, colonias populares, organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles, de derechos humanos, ambientales seguiremos luchando contra ese abominable ordenamiento que pone en peligro la vida de todas las personas que hoy luchamos contra la imposición de megaproyectos que despojan el agua, tierras, territorio y la biodiversidad de los pueblos en el Estado de México así como contra las reformas estructurales que nos despojan de derechos conquistados por nuestros padres y abuelos” puntualizaron. La Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Atenco, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Acuexcomac, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Nexquipayac, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Tocuila, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra San Lorenzo Huitzizilapan, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra Santa Cruz Ayotuxco, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales A. C., Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa – CNTE, Sistema de Agua Potable de Tecámac A. C., Temascalapa, Vecinos Unidos del Poniente integrados en el Fuego de la Digna Resistencia, dijeron que se mantendrán alertas.
Finalmente informaron que en los siguientes días darán a conocer su plan de acción e hicieron un llamado a “las personas de noble corazón a quienes a sus ojos lleguen nuestras palabras” a respaldar, coordinar, apoyar las acciones políticas, sociales y jurídicas que serán propuestas a “todos nuestros hermanas y hermanos mexiquenses y en el país en general porque la #LeyEruviel no entrará en vigor ni el 8 de agosto ni nunca” sentenciaron. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/la-ley-eruviel-no-entrara-en-vigor-ni-el-8-de-agosto-ni-nunca-fuego-de-la-digna-resistencia/
El 93 por ciento de las trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe son mujeres. En México es una de las labores más estigmatizadas y es realizada mayormente por mujeres indígena, mujeres de origen rural y mujeres urbanas en condiciones de pobreza y 9 de cada 10 trabajadoras no cuentan con un contrato laboral, no cuentan con seguridad social, estabilidad en el empleo, acceso a la salud ni derecho de antigüedad. así lo señala la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (ProDESC). Explicaron que en México hay 2 punto 2 millones de trabajadoras del hogar que reciben un salario, de las cuales, casi 90 por ciento se dedica a la limpieza de hogares particulares, 8 punto 2 por ciento al cuidado de otras personas y el 5 por ciento como lavanderas y/o planchadoras de ropa. Otras violaciones a los derechos humanos que enfrentan estas mujeres, acusan, son sus jornadas de trabajo exceden lo establecido en la ley y no reciben pago por horas extras, la mayoría de ellas no tienen vacaciones ni reciben aguinaldo, “muchas de ellas padecen violencia psicológica, económica y sexual así como tratos discriminatorios como no permitirles hablar en su lengua indígena. Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y el Caribe el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más afectadas por la informalidad. Se estima que en la región alrededor de 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico, de las que un 77 punto 5 por ciento están en la informalidad y las bajas tasas de afiliación a la seguridad social, los reducidos ingresos, las dificultades para la inspección o la falta de mecanismos para la negociación colectiva desprotegen a este sector frente a la informalidad y lo ubican como una de las ocupaciones con mayores déficits de trabajo decente. El 93 por ciento de las trabajadoras domésticas son mujeres, lo que convierte a esta ocupación en una de las más importantes para las mujeres de la región. De hecho, el trabajo doméstico y de cuidados –el trabajo reproductivo– ha sido históricamente un trabajo asignado a las mujeres y realizado en el hogar sin ninguna remuneración, siendo esta una de las razones de su poca valoración social y de las difíciles condiciones de trabajo en que se desarrolla. A lo anterior se suma la indiferencia de gobiernos y sindicatos para proteger los derechos laborales de estas mujeres, “el trabajo del hogar, de la maquila, el agrícola y el empleo temporal –en los que participan principalmente mujeres– conforman los sectores laborales más marginados en México, y a la vez son los más invisibilizados por el gobierno federal y los sindicatos, lo que orilla a que las trabajadoras se conviertan en defensoras de los Derechos Humanos (DH) laborales”, así lo explicó a Cimacnoticias, Norma Cacho integrante de ProDesc y responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales. Las empleadas del hogar, abundan, no tienen una regulación de trabajo que se equipare al de los otros sectores, y México se niega a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad social para ellas; mientras que las trabajadoras de la maquila tienen una historia amplia de explotación en sus centros de trabajo en todo el país, lo que repercute en su salud y la vida de la comunidad. Según el Informe Políticas de formalización del trabajo doméstico la OIT, México ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en proporcionar acceso a seguridad social a las trabajadoras del hogar que aunque legalmente tienen derecho al salario mínimo, aún se permite el pago en especie, el cual representa entre 20 y 60 por ciento de sus ingresos.
Por lo anterior la OIT urge a que los países revisen la normativa laboral para eliminar todos los elementos que discriminan a las trabajadoras domésticas y actualizarla de acuerdo a los estándares del Convenio 189, sobre las trabajadoras y los trabajadores doméstico y acompañarlas de políticas públicas que abonen a reducir las brechas de desigualdad entre los derechos laborales de quienes trabajan en estos ámbitos y el resto de las y los trabajadores. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/trabajo-domestico-labor-estigmatizada-y-realizada-por-mujeres-indigenas-rurales-y-urbanas/
El aviso para marchar es un "permiso disfrazado": ministro Zaldívar. Corte declarara inconstitucional restricción a discapacitados para poder tener una licencia de manejo.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendieron para el próximo jueves el debate y resolución de la acción de inconstitucional promovida en contra de tres artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, los cuales piden exigen que las personas que quieran hacer una marcha lo avisen con 48 horas de anticipación a la autoridad, y prohíben que se bloqueen vías primarias. Como Animal Político publicó hoy, el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena plantea que las disposiciones sobre las manifestaciones públicas que están en la Ley de Movilidad no limitan derechos y son válidas, y solamente se tienen que hacer algunas aclaraciones como la definición exacta de vías primarias. Sin embargo algunos ministros mostraron su desacuerdo. Por ejemplo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló que el votaría en contra del proyecto y a favor de que se anule el artículo 212 relacionado con el aviso de 48 horas, pues esto es en realidad un “permiso disfrazado” que se pide a la autoridad para ejercer un derecho legítimo. “Con todo respeto me parece que esta norma es inconstitucional. No encuentro una manera de hacer compatible con la constitución este texto y no creo que el proyecto sea posible como está planteado (…) es clara la intención del legislador de tener una autorización disfrazada de aviso” dijo. El ministro José Ramón Cossio Díaz mostró también su desacuerdo con el artículo 212 de la Ley por incluir un párrafo en donde se advierte que las marchas deben ser “perfectamente lícitas”, y dijo que si eso no es eliminado el artículo no puede ser validado como plantea el proyecto. En contrasentido el ministro Javier Laynez Potisek concordó con el proyecto de Gutiérrez Ortíz Mena pues consideró lógico que se tenga que prevenir a la autoridad de las perturbaciones en el orden público. El ministro Presidente Luis María Aguilar Morales también expresó su punto de vista a favor aunque consideró que debe cambiarse el término de protesta “perfectamente lícita” por “pacífica”. El mismo ministro Gutiérrez Ortíz defendió su proyecto al señalar que la propuesta de considerar válido el artículo incluye que se coloque en la redacción del mismo, que las manifestaciones que sean espontaneas y por obvia razón no hayan sido avisadas, no se consideren ilícitas. En ese contexto y al agotarse el tiempo del debate, se determinó que será en la sesión ordinaria del pleno de la Corte el próximo jueves cuando se concluya el estudio de este tema y su resolución. Anulan restricción para discapacitados Previo al debate respecto a las marchas, los ministros resolvieron la acción de inconstitucionalidad 96/2014 promovida también por las comisiones Nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos respecto a diversos artículos de la ley que abordan el tema de personas discapacitadas. En ese sentido los ministros resolvieron con 9 votos a favor y 3 en contra declarar inconstitucional el artículo 69 fracción II que impedía a las personas con alguna limitad física o mental poder reexpedir una licencia de manejo pues consideraron que era discriminatorio. En lo que no se alcanzaron los votos suficientes fue en anular toda la Ley de Movilidad completa bajo el argumento que esgrimía el proyecto de que no se hizo una consulta pública a organizaciones de personas discapacitadas como marcan las convenciones internacionales y por lo cual todo el proceso legislativo estaba viciado de origen.
El gobernador de Veracruz dijo que las llamadas empresas fantasma sí entregaron los bienes por los que se les contrató; negó ser corrupto.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo este martes 9 de agosto que él no tuvo alguna operación en el caso de las empresas fantasma que establecieron contratos con el gobierno estatal, y que no tenía conocimiento de las irregularidades que tenían, por lo que ahora espera que las autoridades correspondientes aclaren el caso. “Sería ilógico que el gobernador estuviera enterado de las miles de operaciones que hace el gobierno con particulares”, mencionó Duarte en entrevista con la cadena Radio Fórmula. “Yo reviso, y si el secretario de Finanzas y el contralor general del estado me dicen que no hay ninguna irregularidad en el proceso, se presentó la fianza, se presentaron todos los elementos, se cumplió con lo que la ley de adquisiciones y obra pública establecen, y se entregaron los entregables, el gobernador no tiene ningún tema qué generar”, agregó.
Animal Político publicó en mayo pasado el caso de las empresas fantasma de Veracruz. Esas empresas, con domicilios fiscales falsos, obtuvieron contratos para ser proveedoras de bienes, mercancías y servicios para el gobierno de Veracruz, a pesar de que estaban recién constituidas. Esto fue posible gracias a adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, sin que se tuviera constancia de que las empresas hayan entregado los productos que eran para habitantes de zonas populares. De las 26 empresas identificadas en un inicio por este caso, 22 fueron creadas en el sexenio del gobernador Duarte. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que han sido presentadas 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por esta situación. Solo dos de las empresas que están siendo indagadas reportaron tener trabajadores. Duarte mencionó en la entrevista que, según los reportes que tiene, esas empresas sí entregaron los bienes para las que se les contrató, aunque falta establecer si fueron mal constituidas, o cometieron alguna situación fiscal incorrecta. “En ningún momento estoy encubriendo a nadie. Si existe responsabilidad alguna de un funcionario público, pues tendrá que asumir las consecuencias”, expresó. Respecto a los señalamientos sobre presunta corrupción o enriquecimiento ilícito, Duarte dijo que “el que nada debe, nada teme”, que las acusaciones en su contra carecen de sustento, y que al terminar su gobierno no dejará México. “No tengo prestanombres, y no tengo propiedad alguna en el extranjero”, dijo. Duarte descartó pedir licencia, y aseguró que terminará su periodo de gobierno, hasta el próximo 30 de noviembre. Dijo que aún no sabe si estará en el Congreso de Veracruz para hacer la transición, y pasar el mando a Yunes Linares. Además, mencionó que el proceso electoral sigue en litigio, por lo que se refirió a Yunes Linares como “presunto gobernador electo”. El político priista descartó sentirse abandonado tanto por su partido como por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque dijo que falló la estrategia de campaña aplicada para la elección de gobernador en la entidad, en la que el candidato del PRI también atacó a su gobierno. En cuanto a la situación financiera de Veracruz, expresó que deja de una deuda “manejable”, y que el déficit financiero no es su responsabilidad, ya que es una situación que viene de tiempo atrás. Cuestionado respecto a su estado de salud, Duarte mencionó que ha bajado 34 kilos, “a base de dieta y ejercicio”, y que tiene como meta bajar otros 11, para seguir sin problemas médicos.
En febrero pasado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que era necesario recortar 132.3 mil millones de pesos para evitar un mayor endeudamiento público; mientras hay recortes en programas sociales como Prospera o Seguro Popular, el gasto para las actividades del presidente aumentó.
A pesar de que en febrero pasado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció recortes en el gasto público, en la Presidencia de la República lo aumentaron en un 45.7% en comparación con el presupuesto que le asignó la Cámara de Diputados. Según el informe que la Presidencia entregó a la Secretaría de Hacienda para justificar el gasto, el incremento se destinó a “actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal”. La Presidencia no detalló en qué consistió el gasto extra que hizo para modificar el presupuesto inicial asignado; en total, en el primer semestre del año gastó 583.1 millones de pesos de más para logística en las actividades del presidente. El presupuesto de Presidencia asciende a 1,274 millones de pesos, pero al finalizar el primer semestre del año éste ya se había modificado a 1,934.9 millones. El aumento del gasto en Presidencia se da mientras otras dependencias de gobierno ajustan su presupuesto para cumplir con el recorte de 132.3 mil millones de pesos que anunció en febrero la Secretaría de Hacienda; y otro más de 31 mil 715 que se dio a conocer en junio pasado. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por ejemplo, recortó en el primer semestre del año una cantidad similar a la que gastó Presidencia de más, recursos destinados a la operación del instituto encargado de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública. Otro ejemplo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recortó 24.7% el gasto destinado a la atención del público. Hay otras dependencias que recortaron el gasto destinado a programas de desarrollo social: -La Secretaría de Salud recortó 2 mil 700 millones del Seguro Popular, el programa Fortalecimiento a la Atención Médica o el Seguro Médico Siglo XXI. -La Secretaría de Desarrollo Social reportó un recorte de 4 mil 800 millones para el programa Prospera, Pensión para Adultos Mayores y Comedores Comunitarios. -La Secretaría de Educación Pública tuvo un recorte de 6 mil 700 millones para el programa de Escuelas de Tiempo Completo, el Nacional de Becas y el de Expansión de la Educación Media Superior. Mientras las secretarías hacen recortes a los programas de desarrollo social se aumentan recursos para instancias como la Secretaría de Turismo destinados a la promoción del país como destino turístico. En el anuncio de recorte presupuestario de junio pasado se dijo que Turismo recortaría su gasto en, al menos, 700 millones de pesos. Pero ya modificó su presupuesto para gastar 660 millones de pesos más de lo originalmente presupuestado. También se aumentan 1,300 millones en Cancillería para “el diseño, conducción y ejecución de la política exterior, para la atención, protección, servicios y asistencia consulares y para actividades de apoyo administrativo”. Pero aun con los recortes e incrementos en algunas instancias y dependencias, los informes de la Secretaría de Hacienda muestran que el gasto del gobierno federal en el primer semestre de 2016, en comparación con el año pasado, disminuyó un 2.8%. Las cifras muestran que en el periodo enero-junio del presente año se gastaron 4 mil 895 millones de pesos menos que en 2015.
En contraste, durante 2015 se prometió un ajuste de 52 mil millones de pesos, pero los datos de la Cuenta Pública de ese año mostraron que el recorte no existió y se gastaron 185.8 mil millones de pesos de más. VIDEO:
A casi diez años de la guerra contra el narcotráfico, el saldo de la violencia ha repercutido de manera directa en los jóvenes y niños del país. El 11 de diciembre del 2006, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendía una batalla contra los poderes fácticos que amenazaban la capacidad del estado de brindar seguridad a sus ciudadanos. Diez años después el choque frontal continúa y los más vulnerables pagan las decisiones estratégicas del Gobierno. Miles de menores de edad viven en ambientes de violencia y, algunos, para sobrevivir la originan.
Durante los últimos diez años en México han sido asesinados 19 mil 156 jóvenes y niños. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revisados por SinEmbargo reflejan que el 81 por ciento de los homicidios se perpetraron a varones y el 19, a mujeres, en edades comprendidas entre cero y 19 años. “Las cifras no son lo único importante sino que se trata de vidas de niños y adolescentes. El Estado no ha logrado garantizar su seguridad y eso afecta su modo de vida, siete de cada 10 adultos ya no dejan salir a sus hijos por la falta de seguridad”, expuso Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). La llamada guerra contra el narcotráfico no redujo la vulnerabilidad de quienes apenas comienzan a crecer. El 2012 ha sido el año en donde a más infantes se les arrebató la vida, 2 mil 930 casos. Un aumento del 192 por ciento en relación al 2007, a pesar de que Calderón sacó al Ejército a las calles. A partir de ahí los homicidios a menores de edad descendieron en el primer año de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto. Pero, los niveles no regresaron a los del 2007. El año pasado hubo 1 mil 922 homicidios, que de acuerdo con el INEGI, aún pueden ser sujetos de aumento. Éstos representaron un ascenso del 91 por ciento con relación al 2007.
Puede que la cresta de homicidios en el primer semestre de este año se haya gestado 16 meses atrás, han dicho especialistas. Con Peña Nieto subieron del 2014 al 2015 los asesinatos a jóvenes y niños en un 2 por ciento. El padre Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Migrantes en el Camino en Ixtepec, Oaxaca, expuso que las cifras son conservadoras. “Sobre todo, porque no cuentan a la población migrante”. El incremento de los menores de edad viene desde hace tres años. Del 2011 al 2015, las detenciones de migrantes en México aumentaron en un 65 por ciento al pasar de 66 mil 583 a 190 mil 366, de acuerdo con un informe de la organización Crisis Group del mes pasado.
“Muchos de ellos fueron capturados por la delincuencia organizada. Y nos consta porque conocimos varios. Porque simplemente en territorio mexicano no tuvieron oportunidad de defenderse. Muchos de ellos aprendieron cosas que no debieron haber aprendido. Por la experiencia sabemos que en estas acciones con el crimen organizado, jóvenes y adultos no duran más de dos años y medio, luego los mataban, o iban a la cárcel. Estos pequeños no tienen ninguna protección, nadie se preocupa por ellos”, expuso Solalinde.
“De 20 ó 25 muchachos que decidieron seguir su camino hace unos días sólo tenemos noticias de unos tres o cuatro. Los demás no sabemos nada. Y sabe qué edad tenían, 13 ó 14 años. Arriesgaron sus vidas de su lugar de origen y luego tomaron la decisión de seguir su camino por el rumbo más peligroso, por eso se entiende que muy pocos logran llegar, por el tráfico de órganos, cooptación del crimen organizado, porque algunos viajan por el desierto por el Sásabe con calores de más de 40 grados, y luego sin dinero”, dijo el padre.
MENORES DESAPARECIDOS La REDIM también maneja cifras sobre menores desaparecidos. “En un registro que hicimos con la base datos oficial, encontramos que el 30 por ciento de los casi 23 mil casos ocurridos entre el 2006 y 2014 son de menores de edad”, dijo Pérez García.
“Los segmentos de edad más afectados fueron entre 0 y 4 años, y las adolescentes entre 15 y 17 años de edad. De ellas contabilizamos más de 2 mil 500 casos entre 2006 y 2014. Es una forma en la que el crimen ha diversificado sus fuentes de ingreso, estamos hablando de mujeres que pueden ser víctimas de explotación sexual”, agregó.
Nicolás Villa, coordinador de proyectos especiales de la organización internacional Save the Children, expuso que la violencia que se vive en la actualidad fue creciendo de manera gradual. “La violencia la tenemos desde hace tiempo, no es sólo responsabilidad del Gobierno actual. Los asesinatos son la parte más visible de la violencia, pero la tenemos todos los días en la forma en que nos relacionamos. Y hace falta apreciar la vida humana”, dijo. EL CRIMEN EN LA NIÑEZ El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Violencia, niñez y crimen organizado” publicado el año pasado estimó que al menos 30 mil niños y adolescentes menores de 18 años podrían cooperar con la delincuencia organizada en actividades como la extorsión, tráfico de personas, piratería y el narcotráfico. La psicóloga Blanca Esther Verdugo Aripes, egresada del Instituto de Salud Mental de Nuevo León, expuso que los niños que han sido testigos de la violencia o expuestos a un medio social de violencia son más propensos a caer en las redes de la delincuencia.
“En ciertos casos, cuando se vive en ambientes violentos se puede normalizar el uso de la fuerza y la violencia como parte de las relaciones humanas. En ese caso la sociedad se vuelve el caldo de cultivo para continuar rompiendo normas sociales o agredir a la familia”, expuso la psicóloga.
Este fin de semana dos tragedias se registraron en Puebla y Chihuahua. En la primera entidad, un menor de 15 años asesinó a balazos a su madre de 37 años, hermana de 18 y tía de 25, porque presuntamente estaba molesto con ellas. Las tres mujeres fueron asesinadas el sábado pasado, después el joven intentó enterrar los cuerpos de dos de ellas, identificadas como Jazmín Pérez N. de 25 años y Perla del Carmen Rivera de 18, en el patio de su casa.
El cadáver de Lorena Reyes de 37 años, madre del menor, fue hallado en un pozo seco de la zona. El homicida fue detenido en las inmediaciones del domicilio y puesto a disposición de un juez de control.
Una consulta infantil realizada por el Instituto Federal Electoral –hoy INE- en el 2012 a 500 mil niños, niñas y adolescentes, entre 10 y 15 años, reveló que el 10 por ciento de los adolescentes de 13 a 15 años han sido invitados por grupos a ser parte de la delincuencia. La entidad con mayores índices de invitaciones fue Chihuahua con el 17.8 por ciento.
“La causa está en la sociedad misma. Si se investiga un poco, nosotros encontraríamos que quizás ya eran familias muy vulnerables. Tanto en lo emocional, económico, u ambas. Un hecho como este no puede salir de la nada”, dijo Verdugo.
El 7 de agosto el hijo de dos jornaleros de manzanas, un niño de 12 años, ahorcó a su hermana de diez años en el municipio Namiquipa, Chihuahua. Medios locales refirieron que en supuesta complicidad con otro adolescente de 14 años, el niño habría cometido el homicidio en venganza por la destrucción de una casita de juegos. El menor fue capturado en medio de un intento de escape para ser llevado a la Oficina de Atención a Menores de edad. Mientras que el adolescente fue enviado a un Centro de Readaptación de Menores Infractores, donde de determinarlo un Juez, podría pasar tres años en prisión.
“Es posible que los patrones de violencia se vengan repitiendo desde patrones atrás. Los niños que crecen en ambientes de violencia no desarrollan una personalidad sana que les permita contener una agresión. Es necesario que hayan políticas públicas. Casi siempre se señala sólo a la familia, pero normalmente hay mucha vulnerabilidad y no se brindan otros apoyos sociales”, destacó la psicóloga.
El lunes de la semana pasada un menor de 17 años fue señalado por la muerte de su primo, otro joven de 19 años, en la Ciudad de México. En la colonia Anáhuac el presunto homicida fue detenido. La novia de la víctima, identificado como Ricardo López Hernández, habría descubierto el cadáver. También en la Ciudad de México otro joven de 17 años mató y mutiló a tres hombres a quienes dejó en un lote baldío. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el hallazgo de los cuerpos fue hecho en el cruce de las calles Tlascala y Prolongación Sinaloa, en la Delegación Milpa Alta, al sur de la ciudad. Al joven se le imputó el delito de homicidio. Una testigo refirió a las autoridades que la agresión se originó debido a que el supuesto perpetrador de la masacre creía que los tres espiaban a su novia. El crimen fue hecho con un machete y la ayuda de un cómplice que anda prófugo.
Nicolás Villa, de Save the Children, apuntó que la violencia se ha normalizado en el país. Y en esto han jugado un papel importante los medios de comunicación: ”Te voy a dar un ejemplo, no en todos los países del mundo hay periódicos en los kioskos donde los niños pueden ver un decapitado en portada. Es decir, somos un país donde se normaliza la violencia. Se busca que la foto sea lo más fuerte posible y cuando a eso le sumas una frase chistosa, entonces la vida no vale nada”.
“El día de hoy quien se respeta, o eso han visto los jóvenes, es alguien que tiene mucho dinero. Pero si tú vienes de una extracción humilde, y ves que tú no vives en el lujo que venden los medios de comunicación, pues ahí el niño dice para qué voy a estudiar, si lo que importan son los que cometen delitos y logran esos niveles de poder y sobre todo de enriquecimiento”, agregó. La organización internacional Save The Children expuso que desde hace dos años realizan un programa que busca fomentar la cultura de paz llamado “Escuelas construyendo Paz”, que se realiza en cinco ciudades, donde se trata que las soluciones surjan de los jóvenes. Y en donde pueden aprender a relacionarse con respeto. Un método que ha servido para evitar que jóvenes sean cooptados por la violencia en barrios conflictivos. ESTRATEGIAS DE GOBIERNO
Juan Martín Pérez detalló que no existe un cambio en la estrategia de seguridad del actual Gobierno con relación a la del sexenio pasado: “Tristemente, los resultados están. Las indicadores nos dicen que se está haciendo lo mismo. En esta administración se agudizó la desaparición como un delito de lesa humanidad. Creo que ya diversos organismos internaciones insistieron y no se ha atendido este llamado”.
El director resaltó la idea del Sistema Nacional de Protección Integral, del que fue anunciada su creación en marzo del presente año. ¿Cómo mejora este sistema la vida de la niñez?, se le preguntó al director de la REDIM. “Creo que hay grandes oportunidades. El Presidente de la República tiene la máxima responsabilidad. Eso implica que la agenda de la infancia no es un tema de asistencia, ni exclusivo del DIF, sino que involucra a todo el Gobierno federal para articular acciones”, comentó. Consideró que hay que recuperar el espacio público con los niños y adolescentes en vez de esconderlos. “México necesita acompañamiento de la comunidad internacional, porque el crimen organizado es internacional. México no lo puede resolver solo”, dijo el director. POLÍTICAS INTEGRALES Nicolás Villa resaltó la importancia de implementar medidas de equidad que acompañen a las estrategias de seguridad del Gobierno.
“Obviamente tiene que haber un tema de seguridad. Lo que hay que hacer es poner a la par un tema de educación, y facilitar opciones de empleabilidad. Es muy difícil estudiar a un alto nivel si vienes de una familia muy humilde. Pero si eres indígena, mujer y vives lejos de la escuela, pues la tienes muy difícil para ser Juez o Procurador. Entonces si no das chance de reducir la inequidad que se vive, estás generando frustración y generando que la forma más rápida y fácil, pues por lo menos así se siente, sea delinquir”, dijo.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha hecho estudios sobre la equidad. En abril, presentó que sólo el 31 por ciento de personas que provienen de los estratos sociales más bajos de la sociedad tuvo como primer trabajo uno formal. El CEEY reportó que los hijos de padres en los estratos sociales más bajos no tienen tantos problemas para asistir a la primaria, pero sí para llegar a la universidad. Ésta falta de oportunidad impacta especialmente entre las edades de 19 a 24 años.
“Es un circulo vicioso. Necesitas la parte de la prevención, y demostrar que estás reduciendo la brecha social en este país. De momento las últimas informaciones que tenemos no van en este sentido”, dijo Villa. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077729
El ex Gobernador de Nuevo León acudió ante un Juez de Control de modo que puedan desahogar diligencias y resolver su situación legal, pues el político es actualmente investigado por el ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial. Además, el periódico Reforma publicó hoy que el padre del ex mandatario también es investigado por el SAT debido a unas anomalías detectadas en sus declaraciones patrimoniales y de impuestos.
Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León, acudió el día de hoy a la audiencia con un Juez de Control para la presentación de cargos en su contra por haber otorgado incentivos fuera de la Ley a la empresa KIA, generando un daño patrimonial al estado por 3 mil 683.5 millones de pesos. El ex mandatario, quien será imputado por el ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial, arribó cerca de las 8:00 horas de este martes al Palacio de Justicia acompañado del abogado Javier Flores y otros litigantes que integran su defensa legal. “Tenemos la conciencia tranquila, esto apenas va empezando y la verdad va a salir a relucir”, expresó mientras alegaba su inocencia. Asimismo, el día de hoy el diario Reforma publicó que actualmente las cuentas de Humberto Medina Ainslie, padre del ex Gobernador, se encuentran cercadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues para comprobar lo que testificó por medio de su declaración de impuestos, la autoridad fiscal envió un requerimiento a diversas empresas. Según el medio de circulación nacional, el SAT solicita los libros y registros que sean parte de la contabilidad de la empresa con relación a las operaciones celebradas con Medina Ainslie del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año. El documento destaca el inicio de procesos establecidos en contra de Medina Ainslie y en contra de su hijo Alejandro David Medina de la Cruz. El requerimiento de la dependencia responde a ciertas anomalías detectadas en las declaraciones patrimoniales en diversos ejercicios fiscales, por lo que a Medina Ainslie se le solicita dé información referente a su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del IVA por su actividad empresarial en 2013. El pasado dos de agosto un Juez de Distrito le negó a Medina un amparo, por lo que su abogado admitió entonces que el ex mandatario sería citado de nueva cuenta a comparecer ante el Juez de Control dentro del proceso en el que se le pretende imputar por el caso Kia. El pasado 26 de julio, el ex Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, delitos patrimoniales y peculado, delitos relacionados con el caso de la automotriz KIA. Ante los tres señalamientos alcanzaría una condena por 36 años sin derecho a fianza. De acuerdo con Comunicación Social de Nuevo León, también fueron vinculados a proceso Víctor Martínez Trujillo, ex Director Sistema de Caminos; Juan Manuel Vallejo Ramos, ex Coordinador General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Esteban Cepeda Ochoa, ex Coordinador Sistema de Caminos.
Gómez Acosta ha sido acusado de permitir que se entregaran incentivos fuera de la ley y no solicitados por la empresa KIA en el Municipio de Pesquería por lo que dañó al erario público por una cantidad de 3 mil 680 millones de pesos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077826
Las últimas semanas han sido de vértigo para el gobernador Javier Duarte. El jueves 4 removió al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien según el propio mandatario era “inamovible”. Pero, lejos de atender los reclamos de sus proveedores o justificar los pasivos de su gobierno, Duarte está obsesionado en su guerra contra Miguel Ángel Yunes Linares.
XALAPA, Ver: El gobierno de Javier Duarte sigue en caída libre. El jueves 4, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, Capitán Tormenta, renunció luego de que fueron exhibidas sus cinco residencias de The Woodlands, valuadas en 2.4 millones de dólares. Tres semanas antes, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, reveló que Bermúdez, “el inmovible”, era un próspero empresario hotelero y poseía un corporativo de seguridad privada. Varios excolaboradores de Duarte –quien dejará el poder a Yunes el 30 de noviembre inmerso en el escándalo– decidieron ampararse para evitar ser detenidos por las autoridades federales.
El exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz, actual delegado federal del Banco Nacional de Obras; el exsubsecretario de Sefiplan Gabriel Deantes Ramos, hasta hace unos días secretario del Trabajo y Previsión Social, y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron los amparos ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF). Tomas Ruiz González, extitular de Sefiplan, también lo hizo pero recurrió a la Ley de Protección de Datos Personales para evitar ser exhibido en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal o en los estrados del inmueble judicial, según comprobó el reportero. El mismo jueves 4, el excontralor general Iván López acudió a declarar a la delegación de la PGR en Veracruz. Abordado por los reporteros, respondió atropelladamente que en el gobierno de Duarte hubo una “simulación de responsabilidades administrativas”. Días antes, el lunes 1, cuando interpuso una denuncia contra Yunes Linares por presunto enriquecimiento ilícito, López declaró: “Apenas en abril pasado la ASF (Auditoría Superior de la Federación) hizo público, a propósito de la Cuenta Pública Consolidada 2014, que el gobierno de Duarte acumuló desvíos presupuestales por más de 35 mil millones de pesos de 2011 a 2014. “Tan sólo en el último informe los funcionarios priistas de Veracruz fueron incapaces de solventar más de 14 mil millones de pesos. En ese lapso, el jurídico del ente fiscalizador federal ha presentado 28 denuncias por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.” Y agregó que los exfuncionarios “están en todo su derecho de ampararse. Yo meto las manos al fuego sólo por Javier Duarte y mi familia”.
CIUDAD DE MÉXICO: La sección 32 del SNTE en Veracruz presentó ante la PGR una denuncia contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El representante legal de la sección 32, Javier Martínez, acusó que durante los cuatro años en que Yunes Linares fue director del ISSSTE llevó a cabo un sistema de préstamos a los maestros a través de tres empresas. También dijo que los montos otorgados a los maestros eran descontados a través de la nómina de los profesores, quienes pagaron intereses altos por el dinero que solicitaron a través de préstamos a la empresa Consupago.
El abogado refirió que “la familia Yunes Márquez integró estas empresas para beneficiarse con las mordidas que recibían con su pago. Consideramos que no sólo afectó a maestros de Veracruz, sino maestros de todo el territorio nacional”. De acuerdo con la denuncia, las empresas a través de las cuales se llevaron a cabo las transacciones son Cobranza y Recuperación, cuyos accionistas son Leticia Isabel, esposa de Yunes Linares, y sus hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez. No sólo eso, pues el SNTE también identificó a las empresas Corporate Linkage y Intermediación Corporativa, en las que los accionistas también son familiares del gobernador electo.
Al acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, Javier Martínez denunció que “estas empresas se dedicaban a facilitarles el convenio con su pago, y a cambio de ello recibían las comisiones. Facilitaba la firma de convenios entre las dependencias y las constructoras a través de tráfico de influencias. Siendo director del ISSSTE (Yunes Linares) tenía influencia sobre otras entidades”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. FECHA: 8 AGOSTO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/450239/snte-acusa-ante-la-pgr-a-yunes-linares-enriquecimiento-ilicito-lavado
VILLAHERMOSA, Tab: Defensores de migrantes y derechos humanos denunciaron que policías del municipio de Cárdenas participan en secuestros masivos de indocumentados en su tránsito por Tabasco.
Al mismo tiempo, otro grupo se manifestó en los límites de Tabasco y Campeche para exigir la aparición con vida del chiapaneco Maximiliano Gordillo Martínez, detenido en mayo pasado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el punto de revisión de Villa Chablé, Emiliano Zapata, cuando se dirigía a trabajar a Playa del Carmen, Quintana Roo. En el primer caso, el fundador de “La 72”, refugio hogar para personas migrantes de Tenosique, Fray Tomás González Castillo, denunció que policías de Cárdenas han participado en cinco secuestros masivos de migrantes y que, además, en el INM y en la policía estatal opera “la criminalidad”, pues se han dedicado a perseguir y plagiar indocumentados.
Destacó que durante el tiempo en que operó el Plan Frontera Sur –entre mediados de 2014 y de 2015–, el INM tuvo participación en 12 muertes de migrantes, ya que al intensificarse su persecución los obligaron a tomar rutas más peligrosas y ser víctimas de la delincuencia. En rueda de prensa en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), fray Tomás tildó de mentiroso al titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, por señalar que a los migrantes en tránsito se les ofrece quedarse en el país. En relación con la desaparición de Maximiliano Gordillo, se informó que el 8 de mayo salió de la comunidad Tzinil de Socoltenango, Chiapas, para irse a trabajar a Playa del Carmen, pero fue detenido por agentes del INM al ser confundido con un indocumentado guatemalteco, pese a haber mostrado su acta de nacimiento y su Clave Única de Registro de Población (CURP). “El Estado secuestró a Maximiliano”, acusó fray Tomás. Defensores de derechos humanos que se manifestaron en los límites de Tabasco y Campeche señalaron que el INM les niega los nombres de las personas detenidas los días 7 y 8 de mayo en el punto de revisión de Villa Chablé del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, donde aseguraron a Maximiliano. Acusaron al INM de estar protegiendo a los agentes responsables de su desaparición, aunque lograron saber que los encargados del punto de revisión eran Rubén Silva y Oscar Benjamín Castillo Pavón. Arturo Gordillo, padre de Maximiliano, cuestionó: “¿Qué paso con Max?, tenemos derecho a saber en dónde lo tienen”.
El diario británico The Guardian publica este día un reportaje en donde señala que la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado utiliza una propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos, comprada por una empresa que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México. “La esposa del Presidente Enrique Peña Nieto hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant”, dice el medio.
Ciudad de México, 9 de agosto: La Primera Dama Angélica Rivera Hurtado utiliza una propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos, comprada por una empresa que se espera compita por contratos lucrativos del Gobierno de México, de acuerdo con una investigación publicada hoy en The Guardian. El diario británico dice que Rivera, la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, “hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant, que compite para administrar los puertos mexicanos”. El periódico explica que la otrora actriz ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual Presidente de México, con quien se casó en noviembre de 2010. También dice que Grupo Pierdant busca contratos para desarrollar puertos marítimos, aunque no dice cuáles. La historia de The Guardian se concentra en un supuesto conflicto de interés, y cita la investigación de la “casa blanca”, realizada por el equipo de Carmen Aristegui. El reportaje de The Guardian tampoco aclara si ella tiene vínculos con la constructora desde antes de tener una relación con el que sería Presidente de México, y si Grupo Pierdant tuvo o no contratos con el gobierno del Estado de México en los tiempos en los que Peña fue Gobernador.
Lo que hizo grande la historia de la “casa blanca” es que Grupo Higa tuvo contratos en el Estado de México; su dueño, Armando Hinojosa, era amigo personal de Peña desde muchos años antes de que llegara a Los Pinos. Grupo Higa también tenía contratos con el Gobierno federal cuando entregó la mansión en la Ciudad de México a la esposa del ya Presidente. El medio inglés refiere que “la compañía ha pagado el predial de un departamento adicional en Key Biscayne, comprado por medio de una subsidiaria establecida por Rivera”. Tales acuerdos, dice el reportaje, “rememoran aspectos de la compra de la ‘casa blanca’, una mansión ubicada en la ciudad de México y valuada en 7 millones de dólares, en cuya negociación se vieron involucrados Rivera y un contratista del gobierno, por lo que los señalamientos por conflicto de interés fueron inevitables”. Dicho conflicto, menciona, “manifestó en la relación entre la pareja presidencial y la empresa contratista del gobierno, cayó como una bomba en 2014, dañando la popularidad de Peña Nieto y su imagen reformista, así reviviendo preocupaciones constantes acerca de la corrupción que ha afligido a México durante la administración del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. De acuerdo con la investigación de The Guardian sobre las propiedades de Florida, “existe una relación poco ortodoxa entre la Primera Dama y el Grupo Pierdant, pues la propiedad en cuestión se halla en la Ocean Tower One, en una comunidad apartada con una piscina, canchas de tennis y un concierge o mayordomo de guante blanco ubicada en Key Biscayne, un opulento enclave en Miami-Dade County”.
“Rivera, quien fuera estrella de telenovelas, compró la unidad 304 de tres habitaciones en 2005. Ella reveló su existencia al público en noviembre de 2014 durante la publicación del controvertido caso de la ‘casa blanca”, misma que puso sus finanzas bajo el escrutinio público”, detalla The Guardian.
“La Primera Dama dijo que vivió un año en el departamento de Florida con sus hijas. Su valor actual asciende a cerca de 3.5 millones de dólares”, según dijo el grupo inmobiliario Zillow al diario. Sin embargo, aclara el medio británico, “ella [Angélica Rivera] no mencionó al Grupo Piendant ni al fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, quien tiene amplios intereses comerciales en México y Estados Unidos”. The Guardian también menciona que “en 2009 Pierdant compró la unidad 404 en Ocean Tower One a través de una empresa, Biscayne Océano Holdings, aparentemente establecida para tal fin”.
Desde entonces, dice el reportaje, “parece haber dejado que la Primera Dama utilice la propiedad como una adición a su otro apartamento, en efecto, lo que les permite ser manejados como una sola unidad”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077819
Javier Duarte dijo que no teme a las acusaciones en su contra puesto que son falsas; que ni él ni su esposa cuentan con bienes en el extranjero; que por lo mismo, por ser inocente, al terminar su mandato no saldrá del país; además de haber expresado encontrarse con buena salud y que se siente respaldado tanto por el presidente de la República como por el partido Tricolor.
Ciudad de México, 9 de agosto: Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, dijo que al concluir su gobierno no se irá del país y que no se siente abandonado ni por el Presidente ni por su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula, el mandatario aseguró que no solicitará licencia a su cargo y que lo concluirá tal y como lo determina la Ley, es decir, hasta el próximo 31 de noviembre. Asimismo, refirió que las acusaciones en su contra son falsas y que su nombre no figura en ninguna demanda, salvo en aquellas presentadas en su contra por el Gobernador electo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, de quien aseguró ha sido denunciado por los maestros en Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “El nombre de Javier Duarte no está en ninguna denuncia, salvo las del presunto Gobernador electo, y son ridículas”. En ese sentido profirió que “el que nada debe nada teme”. Por ello, manifestó que ni él ni su esposa cuentan con bienes en el extranjero, y que aún no sepa si acudirá a la toma de protesta de Yunes, no se irá de México. En ese sentido, detalló que no compró una propiedad en Woodlands Country Club en la ciudad de Houston, por lo que no modificará su declaración 3de3, ya que según asegura, ya declaró todo lo que tiene. Inclusive Duarte dijo avalar la investigación que realiza el Servicio de Admninistración Tributaria (SAT) sobre las supuestas empresas fantasma relacionadas con él. Además, aseguró sentirse “respaldado” por el Presidente Enrique Peña Nieto y por el PRI, a pesar de que el Ejecutivo hubiera presentado acciones de inconstitucionalidad en su contra por violentar las leyes anticorrupción que fueron promulgadas en su entidad. Al respecto, el Gobernador explicó que lo que él estaba buscando era armonizar el Sistema Estatal Anticorrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que en términos generales concuerda con los planteamientos del Ejecutivo. En cuanto al Tricolor, Duarte criticó su última estrategia electoral, misma a la que culpó por la pérdida de la gubernatura de la entidad, debido a que estuvo centrada en atacarlo mientras el se mostró “respetuoso”. Entre otros temas, el funcionario aclaró que goza de buena salud y que no padece de cáncer; sin embargo dijo que si por algo ha perdido peso es porque está siguiendo una dieta rigurosa acompañada de ejercicio, situación que lo ha llevado a perder cerca de 34 kilogramos. La administración de Javier Duarte ha sido constantemente señalada por casos de corrupción e impunidad. Una de las acusaciones más recientes fue presentada por medio de una demanda presentada por Yunes Linares en abril de este año, en la que acusa al priista por haber acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos, mediante prestanombres. Yunes pidió que la indagatoria de la PGR al Gobernador de Veracruz también sea extendida a Estados Unidos y España. De acuerdo con Yunes, hay un Hotel en Bilbao a nombre del hermano de Duarte, un departamento en Madrid, así como casas en Houston y un rancho en Valle de Bravo, “que es una ofensa pues cuenta con 50 caballerizas, cuatro casas, además de un hospital para los caballos”, detalló en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula. En respuesta, Duarte de Ochoa presentó una denuncia penal ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del estado (FGE), y luego ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de su sucesor electo por el delito de enriquecimiento ilícito. El priista aseguró que el panista cuenta con 16 propiedades a título personal y de sus familiares, además de empresas registradas en diversos puntos del territorio nacional. Duarte acusó a Yunes por las propiedades mencionadas, que en su conjunto comprenden un valor estimado de 50 millones de pesos y con una extensión territorial aproximada de 50 mil metros cuadrados, “tan sólo en el estado de Veracruz”, aunque de acuerdo con Duarte, el panista tiene “propiedades en otros puntos de la geografía nacional y en el extranjero”.
El Gobernador priista recordó que la denuncia que Yunes presentó en su contra no lo acusa a él directamente, sino que refiere al uso de prestanombres, mismos que ratificó no tener. En ese sentido, Duarte externó que “en la denuncia que estoy presentando no estoy mencionando a ningún prestanombres, ni acusando a ninguna persona que no sea Miguel Ángel Yunes o sus propios familiares, que son los dueños de un patrimonio desmedido y que no corresponde a los ingresos de un funcionario público”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077876
PUEBLA, Pue: La Fiscalía General del estado emitió la alerta Ámber para localizar a un bebé de nueve meses, quien fue raptado por dos sujetos que ingresaron a una empresa arrendadora de maquinaria para cometer un asalto. De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia, alrededor de las 12:30 de este lunes, dos individuos vestidos con overol azul y gafas arribaron a la empresa SEGO, ubicada en el kilómetro 134 de autopista Puebla-Orizaba de La Resurrección. Los asaltantes preguntaron primero por maquinaria que la empresa tiene en arrendamiento y luego amagaron con un arma a Grisel Moreno Campos, empleada del lugar, cuyo hijo se encontraba en una carriola, y le exigieron que les entregara el dinero que se encontraba en la caja del negocio. A punta de pistola, obligaron a la mujer y a otro empleado que se metieran en un cubículo y ahí los dejaron encerrados.
Cuando lograron salir, los asaltantes ya se habían ido. La mujer buscó a su bebé que había quedado en la carriola, pero no lo encontró. De acuerdo con las autoridades, los asaltantes se llevaron al niño, además de 2 mil pesos y un celular.
De acuerdo con la alerta Ámber que emitió la Fiscalía, el pequeño de nueve meses se llama Mario Sepúlveda Moreno, y proporcionó el número 2117800 ext. 3030 para que la ciudadanía proporcione informes sobre su paradero. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ. FECHA: 8 AGOSTO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/450252/asaltantes-roban-a-bebe-nueve-meses-en-puebla
CIUDAD DE MÉXICO: Al igual que Finlandia, Suiza también vendió a México equipos para vigilar teléfonos celulares en 2012, 2013 y 2015, según datos de la Secretaría de Estado de Economía del país helvético (SECO, por sus siglas en alemán).
El reporte de permisos de exportación de tecnología de uso civil y militar de 2012, consultado por apro, revela que esa dependencia autorizó la exportación de simuladores de torres de telefonía móvil, conocidos popularmente como “IMSI-catchers”, el 2 de marzo de 2012. Bajo el número de negocio 12032, el documento indica que el equipo catalogado con la clave 5A001f costó 4 mil francos suizos –4 mil 120 dólares–, sin especificar el nombre de la empresa vendedora ni la agencia receptora de los dispositivos.
Además, el 30 de abril de ese año facilitó el envío de equipo similar por 1 mil francos suizos –1 mil 030 dólares–, según la operación 12358. El 22 de febrero de 2013 el gobierno helvético permitió la exportación de ese aparato, valuado en 3 mil 400 francos suizos –3 mil 502 dólares–, según el registro 13807. En el registro 8005684, del 7 de diciembre último, SECO avaló el envío de equipo bajo el número de control de exportación 5A001.f1 y 5A001.f3, valuado en 2 mil 500 francos suizos (2 mil 575 dólares). Se trata de una tecnología polémica, pues sus críticos la consideran invasiva y una amenaza para la privacidad de los usuarios de telefonía. Conocida popularmente como “Stingray”, por un modelo fabricado por la estadunidense Harris Corporation, esos dispositivos pueden extraer información, como los números de identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI, por sus siglas en inglés), que es el número único de serie que el teléfono celular transmite, de modo que el sistema detecta dónde está ubicado. Por eso también se les conoce como “IMSI catchers” (detectores de números IMSI). Además, pueden acceder al número de serie electrónico del teléfono, metadatos para su almacenamiento interno, interceptar el contenido de comunicaciones, rastrear y localizar un usuario de telefonía celular, propiciar un ataque de denegación de servicio móvil y obtener una clave de encriptación de comunicaciones. Los rastreadores pueden ser instalados en aviones, helicópteros y vehículos manuales no tripulados o drones. La torre falsa hace que los aparatos celulares cercanos a ella se conecten. Hecho esto, esos programas pueden recolectar información de identificación y localización de los teléfonos, y en algunos casos intervenir las conversaciones, los mensajes de texto y la navegación por internet. Otras versiones de esta tecnología son conocidas como “TriggerFish”, “KingFish”, “Hailstorm”, analizadores digitales y simuladores de torres celulares. Apro reveló que Finlandia también exportó a México “Imsi-catchers” en 2014, fabricado por la transnacional Exfo. Suiza pertenece al Arreglo de Wassenaar sobre Controles a la Exportación para Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Uso Dual, al que están adscritos 41 países y que obliga a los fabricantes de esa tecnología a obtener una autorización de exportación de sus gobiernos con el propósito de garantizar que su utilización tendrá fines legítimos y no devendrá en actos de represión contra la población o en violaciones a derechos humanos. Los “IMSI-catchers” están incluidos en la parte 1 sobre telecomunicaciones de la categoría 5 de la Lista de Bienes y Tecnologías de Uso Dual o Lista Básica del arreglo, vigente desde 1996 y que consta de nueve categorías para la Lista Básica y 22 para la Lista de Municiones. Esos requerimientos adquieren relevancia en casos como el de México, que vive una crisis de derechos humanos por las elevadas cifras de ejecuciones, desapariciones y casos de tortura, y por la cual la utilización de esos equipos entraña la agudización de esos flagelos. En México se desconoce la forma en que las autoridades han utilizado esa tecnología y quiénes han recurrido a ella. México es el mayor comprador de equipo espía en América Latina, al adquirir software de intervención de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y navegación por web a empresas como la italiana Hacking Team, la inglesa FinFisher, la estadunidense Verint y la rusa Speech Pro, entre otras. En su Índice de la Industria de la Vigilancia, lanzado el pasado martes 2, la organización británica Privacy International identificó al menos 11 empresas con sede en Suiza que producen programas de intromisión. Dreamlab Technologies provee de centros de monitoreo de telecomunicaciones y de internet. ERA IT fabrica tecnología de monitoreo de internet, mientras que Neosoft produce equipo para seguimiento telefónico, de geolocalización y de contraespionaje. Además, Laser Microphone ofrece dispositivos para interceptación de audio, de videovigilancia y de monitoreo de geolocalización y telefónico, en tanto que Ytrail fabrica herramientas de análisis y monitoreo de internet. Otra compañía es AGT International, que abastece de tecnología de análisis y monitoreo de internet. Spectradome fabrica equipos de interceptación de audio, contraespionaje, informática forense y videovigilancia. Finalmente, 3i-MIND fabrica herramientas de análisis y Comlab, de contraespionaje, en tanto que Gamma Group y FinFisher ofrecen programas de interceptación de telecomunicaciones.
En julio último, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil suiza no pudo validar las 50 mil firmas recolectadas necesarias para convocar a un referéndum sobre la ley federal de vigilancia de comunicaciones postales y telecomunicaciones, aprobada por el parlamento helvético en septiembre de 2015. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EMILIO GODOY. LINK: http://www.proceso.com.mx/450175/suiza-exporto-a-mexico-equipo-espionaje-celulares
