Guanajuato ha recibido millonarias inversiones en los últimos años. Desarrolló un corredor industrial gigantesco, atrajo a grandes armadoras, fomentó la creación de empleo e incluso adquirió un sistema de seguridad de 2 mil 700 millones de pesos. Pero la delincuencia se ha desatado, tanto la relacionada con el crimen organizado como la del fuero común.
GUANAJUATO, Gto: Un corredor industrial pujante, la instalación de empresas gigantescas, la creación de empleos y el crecimiento económico no salvaron a Guanajuato de entrar al top ten nacional delictivo. Los homicidios dolosos y el robo de hidrocarburos se multiplicaron, junto con la percepción de inseguridad. Inversiones extranjeras –particularmente en el sector automotriz, con Mazda y Honda– y los puestos de trabajo que conllevan han sido las banderas propagandísticas del actual gobierno, encabezado por Miguel Márquez Márquez (PAN), aun cuando estos logros hayan emanado de controversiales procesos de adquisición y contratación. Como sea, en los últimos meses esta imagen se ha visto severamente dañada frente a los informes que fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han divulgado sobre la galopante incidencia criminal.
Un ejemplo: el análisis preliminar de homicidios en el país durante 2015, presentado el 25 de julio pasado por el Inegi, exhibió el drama: mientras que en 2008 se reportaron 295 homicidios en Guanajuato, el año pasado se cometieron 962. En ocho años casi se triplicaron. En tanto, el Semáforo Delictivo México, en su interpretación de las cifras del SESNSP, reportó “en rojo” la tasa de homicidios, robo de automóviles, robo a negocios, secuestros y lesiones. Colocó a la entidad en el sitio 12 de la escala nacional en homicidios. De hecho, en los primeros seis meses de 2016, 441 personas fueron asesinadas. Los municipios de Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro y Apaseo el Grande tienen las tasas más altas. En el mismo lapso, 2 mil 781 vehículos fueron hurtados; la incidencia es mayor en Salamanca, Celaya e Irapuato. En cuanto a robos a casas, de enero a junio fueron denunciados 2 mil 281, sobre todo en Guanajuato capital, Irapuato y León. Y en lo que a homicidios se refiere, 2015 ha sido, de estos últimos ocho años, el más violento. No hubo tanta sangre ni en los años del calderonismo y su guerra contra el narco. “Hemos tenido incrementos en homicidios dolosos, pero también, de manera exponencial, en robo de hidrocarburos, y un fuerte reclamo en robos en carreteras de jurisdicción federal”, reconoce en entrevista el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Entre 2007 y 2016, el organismo recaudatorio perdonó 882 mil 500 millones de pesos en impuestos, equivalentes a 4.5 por ciento PIB, por lo cual debe informar los montos y motivos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pearsonales (INAI) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los montos, razones, criterios y personas a quienes se les condonó el pago de adeudos fiscales desde 2007 hasta 2016. En la sesión de este martes, el pleno resolvió por unanimidad el recurso RRA0178/2016, presentado por el comisionado Óscar Guerra Ford, en el cual un particular solicitó información detallada sobre la condonación de adeudos fiscales, entre el 1 de enero de 2007 y el 14 de mayo de 2016, incluidos nombres de las personas y las razones. En respuesta, el SAT se limitó a informar genéricamente, que se debía a insolvencia de los deudores y reservó toda la información al argumentar que contiene datos personales. Al analizar el caso, el comisionado encontró que al contraponer ambos derechos, pesa más el legítimo interés de la ciudadanía por saber cómo y por qué se decidió no cobrar ese dinero, ya que se trata de 882 mil 500 millones de pesos. Esa cifra equivale, precisó, a 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) o bien a la sexta parte del gasto público de 2015, apenas un poco menos que el dinero generado por el sector agropecuario nacional. En ese sentido, insistió en que la ciudadanía tiene derecho a conocer a quién y por qué se le condonan impuestos, ya que se trata de dinero que no ingresó al erario y habría sido muy útil para atender diversas necesidades. Resaltó que las nuevas atribuciones del INAI incluyen medidas de apremio, que van desde la amonestación, hasta una multa que oscila entre 150 y mil 500 veces el salario mínimo a funcionarios públicos en particular, por lo que exhortó al SAT acatar la resolución del Instituto. En coincidencia con lo anterior, las comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora consideraron que debe prevalecer el interés general por los recursos públicos, por encima del particular de los datos personales de las personas a quienes el SAT les condona adeudos.
El abogado de las familias de los desaparecidos señaló que el libro "La guerra que nos ocultan" obligará a encaminar la investigación hacia el Ejército.
La investigación periodística que sitúa el teléfono del normalista ejecutado, Julio César Mondragón Fontes, en el Campo Militar Número Uno, obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a profundizar la indagatoria hacia el Ejército, dijo el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra. De acuerdo con la información publicada en el libro “La guerra que nos ocultan”, el teléfono celular de Mondragón Fontes estuvo funcionando del 27 de septiembre de 2014 al 14 de abril de 2015 y en ese periodo recibió llamadas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaria de Gobernación (Cisen) y del Campo Militar Número Uno, ubicados en la Ciudad de México. Los autores de la obra citan documentos que la empresa Telcel entregó a la PGR que sostienen esta versión. En la investigación también aseguran que el celular del joven que fue desollado se utilizó para espiar a los contactos de la víctima, porque Julio César es una de las claves para explicar la represión estudiantil en Ayotzinapa. Este martes en consulta telefónica con el diario El Sur, el representante legal de las familias de los estudiantes informó que de los siete celulares, pertenecientes a los estudiantes desaparecidos, que se mantuvieron activos después de los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, ninguno se ubicó en alguna instalación militar. Rosales también aseguró que los padres de los desaparecidos desconocían la línea de trabajo que reveló el libro de los periodistas Francisco Cruz, Felix Santana y Miguel Ángel Alvarado, porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sólo se enfocó en los teléfonos de los desaparecidos, en busca de información de su paradero. El representante de los padres señaló que el último informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se documentó que siete de los teléfonos de los desparecidos se activaron en varias zonas de Huitzuco, Cocula e Iguala, con mensajes de entrada y salida, sin que ninguno de éstos los ubicara en instalaciones militares. “Obviamente si hay datos de estudiantes ejecutados que pueden dar una explicación, es fundamental, no puede ser aislado, no son temas distintos, forman parte de un mismo problema de investigación y tiene que haber una investigación de conjunto”, demandó Rosales. El abogado demandó que esta investigación se incorpore a la averiguación previa, y junto a lo que ya existe sobre la intervención de militares en los ataques del 26 y 27 de septiembre, porque “se refuerza la necesidad de constituir una línea de investigación sobre el Ejército”. “Más allá de la veracidad que constituya se deben de tomar en cuenta para los fines de la información, no se puede tirar por la borda la investigación, hay un trabajo periodístico desde los hechos del 26 y 27 de septiembre que no podemos soslayar”, dijo respecto al documento que, dijo, tienen que revisar. A su vez, el vocero de los padres de los normalistas, Felipe De la Cruz, manifestó que no les sorprende la revelación, sino la posición del gobierno de negar cualquier intervención de soldados para evitar una investigación exhaustiva. “No cabe duda que siempre ha sido así, encubrir a criminales, principalmente a militares”, aseguró De la Cruz. El portavoz también aseguró, acerca de la versión de que Julio César fue desollado por soldados, que los padres tienen claro que se usó un arma punzocortante para quitarle el rostro, “porque hay líneas rectas de cortes”. Ratificó que no confían en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que determinó que su rostro fue carcomido por ratas y perros, pero sí están” seguros de que fueron militares quienes ejecutaron a Julio César por la forma en que lo asesinan, lo someten, de resquebrajarle el cuerpo, la cabeza, son militares entrenados para imponer con sus acciones el terror y es el mensaje que siempre percibimos desde el inicio”. Rosales Sierra también informó que los padres de los estudiantes desaparecidos participaron este lunes en un mitin en el antimonumento de los 43, entre las calles Reforma y Bucareli, para invitar a la próxima acción global por Ayotzinapa, la número 23, el 26 de agosto en el Estadio Azteca, donde varios grupos musicales que acompañan al movimiento componiendo canciones, darán un concierto.
En el primer semestre de 2016 se han cometido 205 ejecuciones en Puebla, una estadística que no era vista antes en la entidad. Pese a ello, el gobernador Rafael Moreno Valle sigue soñándose presidente de México. Ya el propio Senado condenó, por ejemplo, la inacción del mandatario ante la escandalosa ordeña clandestina de ductos de Pemex en ese estado, que en su administración se disparó a mil 600%.
PUEBLA, Pue: Mientras que el gobernador Rafael Moreno Valle recorre las entidades del país “para compartir los logros de su gobierno” con miras a posicionarse como presidenciable, en Puebla el crimen organizado se hace presente con balaceras, ejecuciones, extorsiones, desaparecidos y secuestros. Cuando falta medio año para que concluya el sexenio, de la Puebla segura que presumía el mandatario sólo queda el discurso. La creencia de que esta ciudad es utilizada por líderes del crimen organizado sólo como residencia quedó rebasada. De acuerdo con el observatorio Semáforo Delictivo, en el primer semestre de 2016 se cometieron 205 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, una estadística que hasta hace unos años no era común en la entidad. El pasado martes 2 fue localizado el cadáver del alcalde de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, quien fue emboscado por un grupo armado; ese mismo día se dio a conocer que el edil auxiliar de Acatepec, Carlos Rivera Tapia, sufrió un intento de secuestro del que supuestamente pudo escapar. En una zona muy cercana al centro histórico, ese mismo día un sujeto disparó contra el notario público Juan Crisóstomo Orea, y el viernes 5 apareció ultimado de varios balazos el empresario Juan Francisco González Pacheco, quien había sido plagiado en Tehuacán. Otros cinco alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales han sido asesinados en lo que va del sexenio de Moreno Valle. El 19 de abril fue ejecutado Tarcisio Lorenzo Marcos, expresidente municipal de San Felipe Xochiltepec, en tanto que Neftalí Hernández Mejía, quien lo fue de Domingo Arenas, murió el 15 de julio en un asalto. En mayo de 2015 fue ejecutado el regidor de Chignahuapan, Salvador Méndez Morales, y en abril de 2013 fue asesinado ante su esposa e hijo José René Galindo Rocha, presidente municipal de San Salvador El Verde. Públicamente se ha conocido que al menos 15 familiares directos de alcaldes y diputados han sido víctimas de secuestros en la entidad. En abril último, siete meses después de haber sido secuestrado en el municipio de Xicotepec, apareció el cuerpo sin vida del excandidato a alcalde del PRI Esteban Fosado Fuentes.
CIUDAD DE MÉXICO: No ha transcurrido ni un mes desde que el 18 de julio pasado Enrique Peña Nieto pidió “perdón” por los “errores” de mala percepción frente al escándalo de la Casa Blanca, cuando Angélica Rivera, la primera dama, está envuelta en otra trama que presume un conflicto de interés entre el gobierno federal y el empresario Ricardo Pierdant, posible licitante en el área de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). No en balde, la primera llamada de “regaño” proveniente de Los Pinos esta mañana fue para Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia encargada de los contratos y licitaciones en puertos, aeropuertos, carreteras y todos los jugosos negocios de infraestructura del sexenio. Ruiz Esparza invitó a Ricardo Pierdant, junto con Juan Armando Hinojosa, de Grupo HIGA; Olegario Vázquez, de Prodemex, y el director de Puertos de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, a giras para presumirles proyectos de licitaciones de puertos en Altamira y Tuxpan, según consignaron columnas de negocios en su momento. El nuevo escándalo fue detallado por el reportero José Luis Montenegro en el periódico británico The Guardian. La información señaló lo siguiente: 1. Desde 2005, Angélica Rivera compró un departamento de tres recámaras en Florida en el Ocean Club Tower, con el número 304, en la exclusiva zona de Cabo Vizcaya, al sur de Miami Beach. 2.Todos supimos de este departamento de Miami porque ella lo hizo público en el legendario video de YouTube, de noviembre de 2014, cuando nos explicó a “la prole mexicana” que ella adquirió con el sudor de su frente y su liquidación de Grupo Televisa (88.6 millones de pesos más IVA) el predio ubicado en Paseo de las Palmas 1325 y comenzó a vivir ahí en junio de 2010, cuando aún era novia de Enrique Peña Nieto. Sobre el departamento de Miami, Rivera dijo en aquella ocasión que “lo adquirí en 2005, en una ciudad en la que viví durante un año con mis hijas”. 3.En 2009, Grupo Pierdant, del empresario Ricardo Pierdant, adquirió en la misma torre del Ocean Club Tower un departamento junto al de Angélica Rivera (el número 404). 4.Bajo el mismo modelo de la fusión inmobiliaria de tres predios que dieron lugar a la Casa Blanca, Rivera utilizó desde 2009 ambas propiedades: su departamento y el de Pierdant. Los departamentos 304 y 404 tienen el mismo número telefónico, afirmóThe Guardian. Según la nota informativa del rotativo británico, en marzo de 2014 Grupo Pierdant, “un potencial contratista” del gobierno mexicano, pagó los impuestos de ambos departamentos, incluyendo los 29 mil dólares que le corresponderían al departamento de Rivera. El periódico publicó la copia de un documento para acreditar esta aseveración. Esta operación se produjo un mes antes de que se diera a conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto, que anunció el concurso para ampliar el Puerto Altamira y la construcción de un muelle de carga en Tuxpan, Veracruz. Antes de que The Guardian publicara esta información, la cadena Univisión realizó otro reportaje destacando que Angélica Rivera tardó sólo seis años (2005-2011) en pagar un préstamo hipotecario de 1.3 millones de dólares para adquirir ese departamento de Miami, a pesar de que tenía de plazo original hasta julio de 2035. En 2011 ya era esposa de Peña Nieto. “Clases de periodismo” de Eduardo Sánchez Como en el episodio de noviembre de 2014, el vocero presidencial Eduardo Sánchez minimizó el escándalo. Afirmó que es falso que el departamento referido sea “el hogar” de Angélica Rivera en Florida. Consideró que era “una especulación a todas luces dolosa” que Grupo Pierdant sea potencial contratista del gobierno federal, a pesar de que existen notas y columnas de negocios que señalan lo contrario. Queriendo dar clases de periodismo, el vocero presidencial lamentó que The Guardian “oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de su información”, y sentenció que “el señor Ricardo Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso”. De manera frívola, Sánchez recordó que The Guardian ha publicado “en el pasado reciente” información sobre México que ha sido desmentida. “En algún caso, tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo publicado”, afirmó. El vocero de Peña Nieto hacía referencia a la disculpa –que no desmentido– de The Guardian sobre los contratos firmados entre Televisa y Peña Nieto en su época como gobernador y durante la campaña presidencial de 2012, información muy similar a la que Proceso publicó desde octubre de 2005. La respuesta de Sánchez fue el mismo argumento que utilizaron los bots financiados desde Los Pinos para desacreditar en redes sociales la nota de The Guardian. El punto no es sólo la frivolidad, sino el método reiterado de Peña Nieto y de Angélica Rivera para confundir los términos de las relaciones privadas con los contratos públicos. Desde que ella dio a conocer que Televisa le “donó” una casa en la zona más cara de la Ciudad de México, estaba claro que había un conflicto de interés. Televisa y Angélica Rivera firmaron un contrato desde octubre de 2008 para que la actriz trabajara como “imagen” del gobierno del Estado de México, encabezado por su futuro novio y esposo Enrique Peña Nieto. La boda entre Peña Nieto y Angélica Rivera se concretó el 27 de noviembre de 2010, junto antes de que se iniciara la precampaña electoral en el Estado de México. Peña Nieto aún era el gobernador en funciones. Angélica Rivera, en la versión de su famoso video sobre la Casa Blanca, afirmó que en junio de 2010 ella y Televisa terminaron su contrato de 2004 y se le pagó “con un aumento derivado de los resultados de mi trabajo”. ¿Acaso incluía su contrato y su trabajo convertirse en la pareja sentimental de Peña Nieto? ¿Incluyó este contrato el “regalo” de uno de los tres predios que forman parte del conjunto inmobiliario conocido como La Casa Blanca? Estas preguntas nunca han sido respondidas. Las mismas dudas vuelven a surgir con su extraño manejo inmobiliario de Miami. ¿A cambio de qué Grupo Pierdant se hace cargo del pago de impuesto predial del departamento de la primera dama? ¿La bonanza económica de Rivera le permitió liquidar su departamento de Miami en sólo cinco años o fue el producto de otro tipo de “arreglos”?
Podrán inventar un nuevo episodio de investigación y exculpación de la primera dama. Lo que quedará claro es que Angélica Rivera dejará de ser La Gaviota de las telenovelas para pasar a la historia como #LadyInmuebles de los escándalos peñistas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/450391/angelica-rivera-ladyinmuebles
CIUDAD DE MÉXICO: El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva en las demandas de amparo promovidas para frenar la contratación de más deuda pública al gobierno de Chihuahua y con ello dejó abierta la posibilidad al gobierno de César Duarte de bursatilizar remanentes de ingresos carreteros por seis mil millones de pesos. El fallo obedeció a “temas de forma, no de fondo” pues el juez consideró que no está demostrado el interés legítimo de los demandantes, dijo a El Diario de Chihuahua Jesús Manuel Soledad, abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC (DILE), brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, agrupación que dirige Claudio X. González. Dijo que el juez argumentó “en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”. Sin embargo, la resolución del juez no desecha las demandas de amparo interpuestas. Lo que sí es que permitirá al gobierno de César Duarte seguir el trámite de contratación de créditos, procedimiento que se detuvo tras el otorgamiento de la suspensión provisional de amparo el 1 de agosto. Dicho recurso fue promovido por el DILE con el propósito de paralizar la autorización que dio el Poder Legislativo el 6 de julio pasado al gobierno estatal para contratar una nueva deuda. El decreto del Congreso local estipula: “se autoriza al Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo la monetización de los recursos, presentes y futuros, que le correspondan y que tenga derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV”. DILE promovió dos juicios bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del gobierno del estado y argumentó que la contratación de más créditos es anticonstitucional, de acuerdo con el artículo 117 que prohíbe a las entidades contratar financiamientos los últimos tres meses de gobierno. El juicio de amparo continuará con la siguiente etapa del proceso: la realización de la audiencia constitucional, programada para el 5 de septiembre. A partir de esa audiencia el juez analizará el fondo de la demanda y desahogará las pruebas presentadas, según explicó el abogado Jesús Manuel Soledad. “Según el Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para que se resuelva un juicio de amparo es de seis meses aunque puede tardar más”, comentó. No obstante reconoció que la resolución del juez, de negar la suspensión definitiva, favorece al gobierno estatal porque debido a los tiempos del juicio ya no se podrá frenar la contratación del crédito en la gestión de Duarte Jáquez como era el propósito.
La instalación de plantas potabilizadoras, el seguimiento a la salud de las víctimas y los recursos para mejorar el sector agrícola y ganadero afectado, son algunas de las promesas que el gobierno y la empresa Grupo México no han cumplido a más de dos años de que la mina, Buenavista del Cobre (BDC), derramara 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, denunciaron los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder). Afirmaron que el flujo de tóxicos llegó a las corrientes de agua por la “falta de cumplimiento, por parte de BDC, de la normatividad ambiental para el manejo de lixiviados, y por utilizar instalaciones que estaban en construcción, sin permisos para operar y que además no contaban con sistemas de detección ni de control de derrames”. “La empresa no se ha hecho cargo de la remediación ambiental del desastre causado, ha ocultado información y dos años después afirma que el caso está cerrado, el río está limpio y que ya no entregará más recursos al fideicomiso que creó junto con el gobierno para dar atención a los afectados”, acusan. Ante esto, la población de los siete municipios que sufrieron los efectos del derrame tóxico se integraron en los CCRS, con el fin de defender sus derechos básicos y conseguir una remediación integral de la zona. Desde que el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, prometió en feberero 28 plantas potabilizadoras para agosto, sólo se ha instalado una, la cual no está en funcionamiento por falta de pago de la energía para su operación. Sin las plantas potabilizadoras, los afectados continúan comprando agua embotellada y con la incertidumbre de no saber si el líquido que consumen está contaminado con metales pesados. Además “los productores de ajo, especie endémica de la cuenca de los ríos Bacanuchi-Sonora, perdieron la semilla y se vieron obligados a comprarla. Por otra parte, “la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incumplió el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores de los siete municipios afectados”.
Cuando nos cuestionamos si existe un pensamiento indígena contemporáneo no podemos ignorar que nuestro país atraviesa por una crisis a la cual bastantes científicos han calificado como una crisis civilizatoria, misma que se manifiesta de múltiples formas: predominio del capital sobre la soberanía de los Estados, calentamiento de la tierra como nunca antes, devastación de la naturaleza para sacrificarla en el altar del mercado, grandes migraciones humanas que ya constituyen una de las más profundas tragedias de la historia, la desigualdad social, entre ellas.
A ellas hay que agregar las intenciones del capital de controlar la vida de los pueblos para explotar sus recursos naturales, los únicos que le quedan al país, porque los otros ya se los expropiaron hace años. Las evidencias son alarmantes, las empresas mineras controlan cerca de una tercera parte del territorio mexicano, y de este un 20% corresponde a los territorios indígenas; a ellas se suman los parques generadores de energía eólica; los proyectos para la extracción de hidrocarburos; los de comercialización del agua –el alimento indispensable para la vida-, y las industrias interesadas en apropiarse de la biodiversidad.
Al ocuparnos de las maneras en que las y los intelectuales indígenas racionalizamos o imaginamos la realidad en que transcurre la vida de los pueblos a que pertenecemos no podemos ignorar esta situación, porque las ideas no nacen de la nada, al contrario, nacen y se desarrollan de las situaciones concretas en que nos desenvolvemos y en la que se desenvuelven los pueblos a los cuales pertenecemos; se nutren de su relación con ideas externas, las que nos llevan a reflexionar y a fortalecer o debilitar nuestro pensamiento, retomando elementos de aquellas para incorporarlos a las nuestras, o perdiendo elementos que fueron importantes pero si no se usan socialmente pierden su importancia.
Otro aspecto que no podemos ignorar a la hora de reflexionar sobre nuestro quehacer es que somos producto de la historia. Una historia la mayoría de las veces violenta. Desde la invasión europea a las tierras del Anáhuac hasta la actualidad, con sus particulares en cada etapa histórica, los pueblos de los cuales provenimos se asoman hacia el resto de la sociedad por heridas que no dejan de sangrar y por lo mismo no cicatrizan. Todavía en el siglo XXI nuestros pueblos siguen subordinados a poderes externos que deciden su presente y su futuro. Siguen siendo colonias. Esta es una situación que desde el poder no se reconoce porque cuestiona la ideología de igualdad, pero tampoco lo hacen muchos movimientos emancipatorios porque choca con su idea de futuro.
Lo cierto es que los pueblos indígenas en su mayoría habitan territorios con gobiernos sin reconocimiento por parte del poder central, se encuentran en una situación de desventaja frente a los grupos dominantes, a quienes se reconoce su derecho de administración económica, política y jurídicamente, impidiendo que los representantes de los pueblos se incorporen a ellos, a menos que sea en calidad de “asimilados”, y sus derechos así como su situación económica, política social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. Por más que a algunos sectores sociales les incomode reconocerlo, esto se llama colonialismo interno.
En estas condiciones históricas y presentes de subordinación es que nos proponemos reflexionar sobre el pensamiento indígena contemporaneo. Con base a ellas propongo que comencemos preguntándonos ¿qué significa para los integrantes de los pueblos indígenas pensar la realidad de nuestros pueblos y de la humanidad en general desde la óptica de los pueblos?, ¿cómo se está elaborando ese pensamiento?, ¿cuál puede ser la mejor forma de fortalecerlo y difundirlo? Y sobre todo ¿para qué? ¿estamos pensando en clave indígena la construcción de un futuro distinto?
II
Para buscar respuestas a las anteriores interrogantes podemos comenzar asumiendo que los pueblos a los que pertenecemos representan sociedades contemporáneas, que no están atrasadas frente a ninguna otra. En consecuencia el pensamiento de los intelectuales indígenas, en cada una de las etapas de nuestra historia, ha sido contemporáneo. Si no, ¿cómo se explicarían los grandes avances científicos, tecnológicos, culturales y espirituales en la invasión europea asombraron a los conquistadores y que en mucho eran superiores a los que ellos, que se consideraban sociedades avanzadas, y desconocían? ¿cómo se explicaría la obra poética de Netzahualcóyotl, el Chilám Balam de los mayas o los códices mixtecos? El mundo indígena además de contemporáneo concibe la historia de manera cíclica, no lineal, por eso el pasado y el futuro siempre están en juego en cada coyuntura y el futuro depende más de nuestros actos que de nuestras palabras.
Hemos hablado del pasado prehispánico pero lo mismo sucedió en el periodo de la conquista y los años que siguieron a la independencia. Aunque del primero se desconocen los aportes intelectuales de los miembros de los pueblos indígenas, debieron ser muchos y muy novedosos como para justificar las rebeliones contra la dominación. En el segundo ya se nota el discurso indígena aunque enmascarado en el discurso nacional. La prueba palpable de que la realidad en que vivimos permea nuestras ideas es que, viviendo como vivieron, tiempos turbulentos de amenaza extranjera, su pensamiento no estuvo en relación con los derechos de los pueblos a los que pertenecían, sino en la forja de un estado fuerte, capaz de atender las necesidades de su población y también de hacerse respetar por otros Estados del mundo.
En el siglo XX las cosas fueron un tanto distintas. Con la creación del indigenismo como política de estado, muchos indígenas vieron en él una oportunidad para desarrollar su pensamiento y se colocaron del lado del poder, alejándose de las posibilidades de reflexionar sobre las necesidades de los pueblos de los que formaban parte. Como resultado de este comportamiento se formó una élite intelectual que en lugar de posicionar el pensamiento de los pueblos de los que provenían, contribuyeron a legitimar las políticas del Estado, porque su pensamiento solo era parcial y subordinado. Al final de cuentas, pocos fueron los pensadores indígenas que desde esa posición desarrollaron ideas acordes con las culturas de sus pueblos, dando origen a un tipo específico de indígenas que después se acuñó como “el indio permitido”.
Pero no era la única forma de generar pensamiento propio sobre los pueblos indígenas. Hubo quien lo hizo desde el lado de los pueblos pero sus reflexiones quedaron marginadas. Un caso excepcional fue el movimiento intelectual surgido en la Sierra Norte y la región mixe del Estado de Oaxaca. Alimentado por la lucha de los pueblos en defensa de sus recursos naturales y la construcción de gobiernos propios, es decir, la construcción de formas emancipatorias de vida, se generó un movimiento intelectual que llegó a conocerse como comunalidad, mismo que todavía sigue dando mucho de qué hablar, a veces hasta de manera romántica o idílica, por su pretensión de que aporte más explicaciones de las que puede dar.
Con el advenimiento de la apertura comercial el estado mexicano modificó sus formas de legitimación y prescindió de este tipo de intelectuales, porque ya no hablaría de indigenismo sino de multiculturalismo. Los intelectuales indígenas colocados de su lado tuvieron que transformar su quehacer y los que no lo hicieron quedaron fuera de ese espacio, muchos de ellos regresaron al lado de sus pueblos. Ahora el discurso folklorizante ya no era suficiente, había que suplantar a los pueblos indígenas en el reclamo de sus derechos, reduciéndolos al ámbito cultural, en el sentido más estrecho del término, neutralizando sus luchas y arrebatándoles el carácter de sujetos políticos.
De lo anterior puede sacarse una conclusión, que ya otros han presentado con anterioridad pero que es necesario tener siempre presente: las relaciones entre culturas son, en última instancia, relaciones sociales, es decir relaciones de poder. El incremento de la cultura impuesta y de la cultura enajenada, visible hoy en muchas comunidades indígenas, no es el resultado de la confrontación entre elementos culturales, como frecuentemente se pretende hacer aparecer, sino del sometimiento de una cultura a otra.
III
Hoy nos encontramos ante el reto de pensar, de pensarnos como pueblos indígenas y como sociedades diferentes en un contexto donde muchas de las condiciones son adversas para hacerlo. Ese es el desafío que tenemos enfrente y al que habrá que darle respuesta. Un reto similar al que enfrentan los pueblos de los cuales provenimos, para hacerse visibles y reclamar su derecho a seguir siendo pueblos pero remontando la situación de colonialismo en que viven. Pueblos con derechos, entre ellos la libredeterminación.
Ahí hay un primer horizonte para guiar nuestro pensamiento. Si queremos que sirva para construir un futuro distinto para nuestros pueblos y para el país, tenemos que construir a partir de los proyectos de futuro que imaginan nuestros pueblos. Ese es la primera condición. Las otras son las bases para esa construcción: entre estas podemos encontrar todos los valores culturales que los pueblos han construido a través de la historia, mismos que se reflejan en la vida cotidiana: el servicio para el bien colectivo, la ofrenda para el bienestar de los hermanos y hermanas, la ayuda mutua para la satisfacción de necesidades, el servicio comunal para que el pueblo funcione, entre otros.
Todas estas prácticas encuentran sustento en los mitos de origen de cada pueblo, en sus ideas sobre el orden social, la justicia, la reciprocidad para lo construcción de igualdad. Todo esto tiene que ver con la forma en que se conciba el conocimiento. En los últimos años ya se demostrado que tanto el mito como el logos tienen su propia racionalidad y uno no es la negación o superación del otro sino una forma racional distinta de explicar los fenómenos de la vida, que obedecen a situaciones históricas concretas, cada una con su propia sabiduría, entendida como la capacidad de exponer de manera ordenada los componentes de las respuestas fundamentales de la vida.
Si aceptamos lo anterior también podemos aceptar que para la construcción del pensamiento indígena contemporáneo contamos con los elementos míticos, científicos, tecnológicos humanistas y filosóficos construidos por los pueblos a través de la historia; igual que con los avances de la ciencia, la tecnología el pensamiento humanista y filosófico generado por la sociedad en general. Porque no se trata de negar lo ajeno sino de revalorar lo propio para, en conjunto con otros conocimientos y en igual de valorizaciones, proyectar un futuro mejor.
Requerimos de la construcción de un conocimiento que genere conciencia social de que los pueblos son pueblos, que tienen derecho a seguir siéndolo, y nadie tiene el derecho de negárselos; que su fortaleza está en su diferencia del resto de la sociedad dominante, que esa sociedad ha convertido la diferencia en pivote para la subordinación y que ahora los pueblos deben convertirla en instrumento de emancipación.
Para ello tenemos que reflexionar también cómo se reproduce ese pensamiento. Aquí, la mayoría venimos a exponer textos escritos en español, pero entre los pueblos predomina la oralidad en sus propias lenguas, no porque no puedan escribir, sino porque es otra forma de estructurar las ideas, que a su vez refleja otra manera de concebir la realidad. Ojalá y en próximos eventos de este tipo podamos reflexionar en nuestra propia lengua, con las formas en que esta se expresa.
Necesitamos construir un pensamiento que vaya a contracorriente de las tendencias dominantes, porque ese es el camino que transitan los pueblos y también las naciones que se reclaman soberanas. En los escenarios de lucha donde unos piensan que la historia solo tiene un sentido y el futuro de la humanidad es el de la dominación del capital sobre la vida, debemos construir escenarios donde el centro de todo sea la vida y en eso los pueblos tienen mucho que enseñarle al resto de la humanidad. Es nuestra responsabilidad poner nuestros esfuerzos a esa causa.
Nuestro pensamiento, el pensamiento indígena, para que se reclame contemporáneo debe alimentarse de la realidad de los pueblos y contribuir a su transformación. Debe aportar elementos teóricos que sirvan de guía a los pueblos en su lucha por la descolonización y nutrirse de ella, pues resulta un contrasentido un discurso de la descolonización que carezca de una práctica descolonizadora. Pero no puede encerrarse en sí mismo, bebe dialogar con otros pensamientos de otras culturas que persigan los mismos fines, lo cual solo será posible si los pueblos logran emanciparse.
Eso es lo que concibo como pensamiento indígena contemporáneo.
LÁZARO CÁRDENAS, Mich: A través de narcomantas en las que advierte que irá por todas las “lacras” como El Güero Cejas, secuestradores y ladrones de autos, esta mañana se dio a conocer un nuevo grupo delictivo autodenominado “La Vieja Escuela”. “Ya estamos aquí en la costa y vamos a barrer con todos, principalmente con los de la colonia Lucio Cabañas, corran, vamos en serio”, destaca el mensaje. Las mantas, que aparecieron en diversos puntos del puerto, fueron retiradas por elementos de la Marina y puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación.
OAXACA, Oax: La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos denunció que a nivel nacional, Oaxaca ocupa el primer lugar en ataques a activistas, con 648 casos en lo que va del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Pero lo más grave es que las agresiones siguen en constante aumento y el gobierno estatal ha incumplido con las medidas de protección. Lo anterior fue expuesto en el marco de la visita que hicieron a la entidad representantes de la embajada de Finlandia en México. En la reunión con los diplomáticos, las defensoras de derechos humanos detallaron algunos de los ataques y agresiones que han sufrido como consecuencia de su labor.
De acuerdo con el Registro de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, en Oaxaca se registraron 48 ataques en 2012, 117 un año después, 172 en 2014 y 211 el año pasado. La tendencia a la alza se confirma en 2016, con más de 100 agresiones en el primer semestre del año. Las representantes de Iniciativa Mesoamericana alertaron que la ausencia de condiciones de seguridad y protección para realizar su labor, además del incumplimiento de las medidas de protección de las que son beneficiarias la mayoría de ellas, las dejan en una situación de vulnerabilidad. Acompañados por integrantes de las organizaciones Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), Consorcio Oaxaca y Brigadas Internacionales de Paz, los diplomáticos de Finlandia realizaron una visita al domicilio de la indígena Yolanda Pérez Cruz, originaria de San Isidro Aloapam, quien fue víctima de malos tratos por su labor en defensa de su esposo Pablo López Alavez, calificado como preso político. Los diplomáticos también se reunieron con otras defensoras en situación de riesgo, entre ellas Adriana Marcelina Linares Arroyo, coordinadora general de la Coordinadora Estatal de Madres, Padres de Familia y Tutores en Defensa de la Educación Laica y Gratuita; Rubí Jazmín Cortés Salazar, integrante de la Alianza Multicultural de Mujeres Originarias y Radicadas en Tlaxiaco, y presidenta del Comité de Defensa de la Educación Pública del Sector 01 Tlaxiaco, y Soledad del Rocío Ramos Mendoza, de la Coordinadora de Padres y Madres de Familia en la ciudad de Oaxaca. Las defensoras expusieron el seguimiento, vigilancia, hostigamiento y amenazas en contra suya y de sus familiares, a raíz de su labor de defensa del derecho a la educación. Consorcio Oaxaca, organización feminista, hizo énfasis en las diversas difamaciones, allanamientos, hostigamiento y persecución que han sufrido sus integrantes por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y de las defensoras, y expusieron que cada vez es más fuerte la violencia feminicida en el estado. Dolores Villalobos Cuamazti, integrante del CIPO-RFM, denunció el incumplimiento de medidas cautelares de las que es beneficiaria por el alto riesgo que enfrenta como consecuencia de su labor como defensora y como maestra. A su vez, Eva Lucero Rivero Ortiz destacó los diversos intentos de asesinato, amenazas y hostigamiento que ha padecido por su labor en defensa del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Pinotepa Nacional. También denunció las violaciones a derechos humanos en el caso de su esposo y defensor Librado Baños Rodríguez, detenido de manera arbitraria. Él, dijo, ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos, elevándose a grado de tortura, durante y después de su detención. Por su parte, familiares de la maestra María del Carmen López Vásquez y Norma Cleyver Cruz Vásquez, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expusieron la situación de criminalización que ambas enfrentan. Y Victoria León, esposa del activista y comunicador César León Mendoza, detenido arbitrariamente desde el 20 de noviembre de 2015, denunció el hostigamiento que ha sufrido al realizar visitas a su pareja en el penal y exigir su liberación.
CIUDAD DE MÉXICO: La directora del Centro de Investigación e Información Periodística de Chile, Mónica González, reveló que fue secuestrada por el cártel de Los Zetas durante una estancia en nuestro país.
La comunicadora narró en el programa Ciudadanos, de CNN Chile, el lunes el motivo de su ausencia en ese espacio durante un mes. Compartió que “mis primeras dos semanas fueron de vacaciones, largamente planificadas con una de mis nietas que vive en Francia. Pero las últimas dos fueron obligadas. Ello, porque estando en México, específicamente en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), el martes 19 de julio fui secuestrada con mi nieta en un hotel cinco estrellas de la manera más violenta y lo que viví a partir de ese momento fue una pesadilla”. “No me puedo quedar conforme con sólo lamentarme y haber vivido el horror”, dijo González. “No puede ser que tantos ciudadanos chilenos sigan yendo inadvertidamente a México. Yo fui a San Cristóbal porque figura como uno de los estados más seguros de México”, contó. La periodista chilena dijo que había “reservado en un hotel maravilloso, cinco estrellas, precioso y estaba muy cansada con mi nieta porque habíamos viajado bastante durante dos días”. Así, “recorrimos la ciudad, comimos muy rico y nos acostamos temprano a dormir. Y estando dormida profundamente suena el teléfono de la habitación, y el hombre de la recepción me dice ‘señora Mónica, hay un operativo en marcha, la comunico’. No me comunica con un teléfono, hay un hombre que toma la comunicación y me dice ‘señora, quiero informarle que hemos descubierto un vehículo cargado con armas con patente de Monterrey y que hemos iniciado un operativo habitación por habitación ¿Lo escuchó? Si escucha disparos, escucha gritos, escucha carreras, más disparos, usted no abra la habitación hasta que yo se lo ordene’”, detalló. Enseguida el sujeto le empezó a hacer preguntas para ver si ella era “quien dice ser”, y González le pidió explicaciones sobre por qué debe responder preguntas personales y que quién le garantizaba que quien estaba al otro lado del teléfono era policía. “Ahí cambia el tono de voz y escucho, ‘mira hija de la gran puta, el único que da las órdenes soy yo, el único que grita soy yo. Tú no vales nada, tú no eres nadie. ¿Policías? Jajaja. Estás en manos de Los Zetas”. “Que te digan Los Zetas se te hiela la sangre y yo tenía a mi lado una nieta que dependía de mí, chica, a la cual lo primero que me dicen es que la van a sacar y le van a hacer todas las violencias que ellos saben hacer”, contó. “Lo que siguió fue una pesadilla”, confesó. A la mañana siguiente salió del hotel junto a su nieta con la orden de dejar todas sus pertenencias y sólo llevar cosas “para dos o tres días”. Más tarde los secuestradores llevaron a la periodista a un segundo hotel donde tenía una reservación a su nombre. Allí estuvo durante días. En ese sitio la mantuvieron incomunicada bajo la amenaza de que había hombres en las afueras del recinto vigilando sus pasos. Los presuntos Zetas llamaron a la familia de Mónica González en Francia y le pidieron “un rescate millonario”. A la par, su familia se contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo departamento de crisis se instaló en la casa en Francia. La familia también contactó al periodista mexicano Luis Miguel González, director de El Economista, a quien también Los Zetas pidieron un rescate, el cual habría pagado. González relató que mientras se hacían las negociaciones ella recibió amenazas “que van subiendo de tono el tercer día”. La comunicadora explicó que “la desesperación empieza a aumentar porque la violencia verbal es mucha”, para enseguida agregar que el periodista mexicano pagó el rescate, sin embargo, el grupo narcotraficante no la liberó y empezaron a solicitarle a ella 25 mil dólares. Finalmente, González decidió salir del hotel “a lo que sea, tomo a mi nieta y le digo nos dejaron salir”. Entonces la periodista chilena regresó al hotel desde el que había sido secuestrada y una hora después llegó la policía y fue trasladada hasta el aeropuerto, donde la esperaban los embajadores de Chile en México, Ricardo Núñez, y de Francia, Maryse Bossière.
Sólo “ahí me doy cuenta que estoy a salvo”, concluyó. VIDEO:
Se calcula que en el mundo hay 370 millones de indígenas que viven en 90 países, los pueblos indígenas constituyen el 15 por ciento de los más pobres, hablan la mayoría de los 7 mil idiomas que, según las estimaciones, se utilizan en el mundo, y representan 5 mil culturas diferentes. Como pueblos con identidad propia, los pueblos indígenas han desarrollado sus propios sistemas de conocimiento, valores, instituciones, prácticas y economías, a me nudo sobre la base de la gestión sostenible de los recursos naturales, tienen sus propios métodos culturales de transmisión de conocimientos y deben ser respetados. Así lo explicó la Organización de Naciones Unidas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora desde 1994 y detalló que su derecho a la educación está protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 14 dispone que «… tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje» a pesar de lo anterior, la mayoría no pueden ejercer plenamente el derecho a la educación, y existen graves disparidades en materia de educación entre estos pueblos y la población en general. El sector de la educación, dicen, es un ámbito especial que no solo refleja y condensa los abusos, la discriminación y la marginación que tradicionalmente han sufrido los pueblos indígenas, sino también su constante lucha por la igualdad y el respeto de sus derechos como pueblos y como personas por lo que dicho derecho está protegido por numerosos instrumentos internacionales pero hoy en día aun existen brechas a superar como es el acceso a la educación. El nivel educativo de las mujeres y las niñas indígenas suele ser inferior al de otros segmentos de la población. Muchas regiones del mundo, explican, carecen de datos desglosados que podrían revelar la situación exacta de discriminación y marginación de los pueblos indígenas aunque se sabe de la existencia de graves y persistentes disparidades entre las poblaciones indígena y no indígena en términos de acceso a la educación, permanencia y logros académicos, en todas las regiones del mundo. En la región de América Latina y el Caribe, aproximadamente el 85 por ciento de las y los niños indígenas asisten a laescuela secundaria, pero solo el 40 por ciento completa ese nivel educativo. Entre los obstáculos que las y los estudiantes indígenas pueden enfrentar están la estigmatización de la identidad indígena y la baja autoestima de las y los alumnos indígenas; las actitudes discriminatorias y racistas en el entorno escolar, así como en los libros de texto y el material docente y entre los alumnos y maestros no indígenas; las barreras lingüísticas entre los alumnos indígenas y los maestros; la insuficiencia de recursos y la baja prioridad que se da a la educación de los pueblos indígenas, que se manifiesta en la escasa formación de los docentes, así como en la falta de libros de texto y recursos, señala la instancia internacional. Por lo anterior, el Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se pretende aplicar en los países que forman parte de la ONU para su desarrollo, insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente la ONU recomienda dar especial prioridad a velar por que las mujeres y las niñas indígenas tengan acceso a la educación y se beneficien de ella, realizar esfuerzos para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a una educación cultural y lingüísticamente adecuada, que no tenga por objeto o resultado una asimilación no deseada, que las y los niños, jóvenes y adultos indígenas reciban formación en su lengua materna y resaltaron que los programas educativos de segunda oportunidad, formación profesional y alfabetización de adultos son un elemento importante de la educación inclusiva, y benefician de forma diversa y duradera a los pueblos indígenas. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/graves-y-persistentes-disparidades-entre-las-poblaciones-indigena-y-no-indigena-en-acceso-a-la-educacion-onu/
La Comunidad Indígena de Zacualpan (CIZ), municipio de Comala, Colima, ganó el amparo 434/15 mediante el cual el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No.38 anuló una asamblea irregular en la que se destituyó a las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales (CBC) y el Consejo de Vigilancia (CV) que defienden el territorio comunal contra la explotación minera, por lo que dichas autoridades continuarán en sus cargos, informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). La REMA detalló que la sentencia del TUA 38 ordenó la continuación en sus cargos de Taurino Rincón Lorenzo, Lusio Santos Holivares y Gregorio Fuentes Guzmán, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del CBC de Zacualpan, así como de Conrado Carpio Hernández y Lucio Teodoro Peña, Presidente y Secretario del CV. La citada organización recordó que la sentencia del TUA resuelve anular la asamblea del 11 de Octubre de 2015, fecha en que la CIZ bloqueó el acceso a la misma para evitar que María Elena Díaz Rivera, entonces Delegada de la Procuraduría Agraria (PA), entrara a legitimar una asamblea para destituir al Comisariado de Bienes Comunales. Sin embargo Díaz Rivera “de manera prepotente utilizó un helicóptero que el gobierno del Estado puso a su disposición, entró a la comunidad y en nueve minutos realizó una asamblea en la que se destituyó al Comisariado representado por Taurino Rincón, y al mismo tiempo nombró a un nuevo Comisariado compuesto por el grupo de priístas que ha estado apoyando al empresario minero que intenta explotar oro, plata y cobre en territorio indígena. La Asamblea no contaba con el quorum legal y el procedimiento fue totalmente irregular”, señaló la REMA. Agregó que dicha funcionaria fue destituida de su cargo como Delegada de la PA el 15 de marzo del presente por el Órgano Interno de Control de la propia dependencia, ante diversas denuncias del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la REMA y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), por “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”. La REMA aseveró que el amparo ganado hoy por la Comunidad indígena de Zacualpan es un logro más que se viene a sumar a las victorias que esta comunidad ha tenido en la defensa de su territorio contra el proyecto minero de la Empresa Gabfer S.A de C.V de Rigoberto Verduzco Rodríguez.
Asimismo exigió al Gobierno de Colima, a la Procuraduría Agraria y al gobierno municipal de Comala, se respete esta resolución del Tribunal y se devuelva a Taurino Rincón la administración del Balneario Ojo de Agua que desde el mes de marzo está tomado por el grupo priísta de Carlos Guzmán, Enrique Carpio y Daniel Aranda. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ROSA ROJAS. LINK: https://desinformemonos.org/zacualpan-gana-otro-amparo-contra-la-mineria/
Ciudad de México. El juzgado tercero de distrito en materia civil, con sede en la Ciudad de México, declaró la quiebra de la empresa Ocenografía, la cual prestaba servicios de transporte de combustible, de ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos. La empresa fundada por el empresario Amado Yáñez Correa bajo el nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV, cambió su razón social en 1990 a Oceanografía, SA de CV y ubicó su centro de operación en Ciudad del Carmen, Campeche, y desde febrero de 2014 fue asegurada por el gobierno federal tras descubrirse un fraude cometido en contra de Banamex. Sin embargo, la compañía que encabezaba Amado Yáñez adeuda alrededor de 14 mil millones de pesos a diversos prestadores de servicios, además de salarios, compensaciones y liquidaciones a más de mil 500 trabajadores, los cuales han recibido sus salarios por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE). Ayer, el juez Felipe Consuelo Soto, dictó sentencia dentro del juicio de concurso mercantil 265/2014, y determinó que “se declara de plano en estado de quiebra a la concursada Oceanografía, sociedad anónima”. El juzgador declaró iniciada la etapa de quiebra y designó como síndico al SAE, para que en el término de cinco días, ratifique o designe un nuevo administrador de los bienes que se deberán liquidar. En los resolutivos de quiebra el juzgado declaró que “la masa de bienes, los cuales serán administrados por el síndico” y ordenó “a las personas que tengan en su posesión bienes de la quebrada, que los entreguen al síndico. Lo anterior incluye a depositarios de bienes embargados y a los designados en su caso en providencias precautorias”.
Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creó el primer Comité de Derechos Humanos e Igualdad, a través del cual se buscará resolver de manera oportuna las quejas de los derechohabientes. Se trata, sobre todo, de emprender acciones preventivas; es decir que no haya inconformidades, afirmó Mikel Arriola, director general del organismo. Señaló que con las medidas adoptadas hasta ahora como la receta resurtible, la realización de cirugías en fin de semana y la aplicación del Código Infarto que agiliza la atención médica de este problema de - salud, entre otras, ya se redujo en 18 por ciento la cantidad de quejas en este año, respecto de las registradas en 2013. Al acto asistieron Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
“No permitiremos que nos limiten nuestro derecho al agua… fuimos nosotros quienes hemos sembrado agua en nuestra Madre Tierra, hemos resuelto el problema de escasez con trabajos colectivos e involucrando a nuestras autoridades locales” denunció La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), integrada por 16 comunidades de Oaxaca y el Frente de Autoridades Municipales y Agrarias por el Cuidado y la Defensa del Territorio (FAMA), frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua al exponer que los actos “irregulares” que esta institución ha emprendido con el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las comunidades que se encuentran sujetas a un proceso de consulta indígena. “En nuestras comunidades se están distribuyendo los recibos de luz acompañados de un documento tamaño media carta que en su encabezado dice: “AMIGO USUARIO DE AGUAS NACIONALES” y en su contenido promueve la renovación de los títulos de concesión y asignación vencidas” explicaron las comunidades quienes explciaron que estos hechos violentan los principios de la consulta: Buena fe; deber de acomodo; y libre, previa e informada, por lo que pondrán las denuncias pertinentes ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO); ante el Tribunal que conoce el caso y a organismos internacionales competentes, advirtieron. La actuación de la CONAGUA y demás autoridades, explican las comunidades, al hacerles llegar un documento para la renovación de títulos de concesión o asignación, “están induciendo, presionando y manipulando la consulta y violentando el derecho al consentimiento previo, libre e informado; hechos que reflejan la falta de voluntad y responsabilidad de la CONAGUA, así como del Comité Técnico para llevar a buen término el proceso de la Consulta” señalaron. Acusan además a la instancia de no respetar el proceso de Consulta ni los acuerdos establecidos en el Protocolo; por ejemplo mencionan, la falta de traductores en algunas comunidades que lo requerían; falta de materiales impresos con los temas de nuestros derechos como pueblos indígenas y equiparables y de la situación hídrica del acuífero de la micro cuenca de Ocotlán y Zimatlán; además de la constante insistencia de la renovación de los títulos de concesión durante sus exposiciones y no dar respuesta a temas sobre la situación del agua en relación a la actividad minera de la zona; la información recibida no fue proporcionada con veracidad, transparencia y objetividad durante la etapa informativa. Advirtieron que estos actos ponen en riesgo el proceso de la consulta en los Distritos de Ocotlán y Zimatlán, la cual puede suspenderse por las constantes violaciones a los estándares internacionales del derecho a la Consulta establecidos en el Protocolo. Se trata de una consulta indígena en comunidades de los Distritos de Ocotlán y Zimatlán, en Oaxaca, que se lleva a cabo en cumplimiento de la resolución judicial de la Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Expediente 9216/11-17-01-5 para revisar y modificar el Decreto de Veda de 1967, toda vez que en la resolución quedaron acreditadas las violaciones a los Derechos Humanos de comunidades zapotecas incluidas en la Coordinadora. Para la implementación de la consulta indígena, el Tribunal Federal ordenó a la CONAGUA apegarse estrictamente a los Derechos Humanos y en observancia a las resoluciones de la Corte Interamericana al resolver un Caso denominado: Surinam contra Saramaka, que fue retomado dentro del protocolo de la consulta. Actualmente el proceso de la consulta se encuentra en la tercera etapa que es la “deliberativa”; en ella, las comunidades están revisando y analizando la información recibida durante la segunda etapa, para construir una propuesta sobre el uso, goce, disfrute y administración del agua, en la que se respeten sus derechos ancestrales, explican.
