miércoles, 10 de agosto de 2016

Por falta de equipo y un traslado rápido, una mujer y su bebé mueren en Chiapas

El personal de la clínica rural del IMSS donde fue atendida extravió el útero que le fue extirpado a la mujer, vital para conocer si las decisiones tomadas por los médicos de la institución fueron las correctas.

Marisol Martiríz, de 30 años, llegó al Hospital rural IMSS Oportunidades en Bochil, Chiapas, cinco días antes de la fecha programada para cesárea. No tuvo dolores de parto, pero las náuseas y vómitos la alarmaron. Los doctores detectaron que la bebé estaba muerta en su vientre; al intervenirla, tuvo desprendimiento de placenta y una hemorragia que pareció incontrolable. Le extirparon el útero, la suturaron y recibió transfusiones de sangre que le salvaron la vida… en ese momento.

Eran las 9 de la noche del 20 de julio de 2015. La clínica IMSS Oportunidades de Chiapas, donde era atendida, no tenía equipo ni personal para atender su emergencia, así que debían trasladarla urgentemente al hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, pero se tardaron ocho horas para hacerlo. ¿La razón? El único especialista que la podía atenderla iniciaba su turno a las 8 de la mañana del 20 de julio. Marisol falleció durante el traslado.
El caso de Marisol, además de ser una cadena de errores y una emergencia que se convirtió en una situación irreversible, ejemplifica lo inoperante del “Convenio para la Atención de la Emergencia Obstétrica” que el ex presidente Felipe Calderón anunció en 2009 como la estrategia que evitaría muertes maternas en el país.

Este consistía en convertir en una sola red los hospitales y unidades médicas del IMSS, ISSTE y la Secretaría de Salud para atender a las mujeres embarazadas sin que estuvieran afiliadas a esas instituciones. Así, cuando un hospital careciera del equipo y médicos para atenderla, podría trasladar a la paciente a un lugar donde sí hubiera infraestructura o personal.

No ocurrió con Marisol.

El “extravío” del útero extirpado

Marisol era de nacionalidad salvadoreña y desde hacía 12 años vivía en unión libre con Miceli Gómez, originario de Bochil, Chiapas. Este era el cuarto embarazo de la joven. Acudía con regularidad al Hospital rural IMSS Oportunidades, creado para atender a la población de áreas rurales o urbanas marginadas en condiciones de pobreza extrema, sin que le advirtieran de algún tipo de riesgo durante el proceso de gestación.

Su expediente revela una cadena de errores que le costaron la vida a ella y al bebé. El 16 de julio de 2015, cuando le dieron la fecha para practicarle una cesárea, el médico ordenó que se le practicara una prueba PSS, que sirve para registrar la frecuencia cardiaca del feto.

El personal médico del hospital no se lo hizo porque no tenían papel para el registro cardiotocográfico en el servicio de urgencias y sólo hicieron una auscultación para obtener el dato. El médico también había ordenado un ultrasonido, pero tampoco lo hicieron porque el aparato sólo se usaba para emergencias.

Lo que hizo el personal de la clínica fue recomendarle que acudiera a un médico particular para obtener el ultrasonido, pero Miceli, que trabaja como chofer, asegura que no tenían dinero para pagarlo.

Marisol había tenido cierto dolor de cabeza, sus brazos y manos se pusieron morados desde el 14 o 15 de julio.

“No tengo la certeza de que esto se encuentre relacionado con los hechos, pero cabe la posibilidad de que de haberse realizado el estudio se hubiera podido detectar alguna urgencia obstétrica, dando oportunidad a que ahora nuestra bebé y Marisol estuvieran vivas”, narra Miceli.

Se trata de “irregularidades” en el expediente durante la atención, advierte, Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C, quien representa a Miceli, en la denuncia administrativa que interpuso contra el hospital rural por la muerte de Marisol.

Las irregularidades continuaron el día del fallecimiento. Cuando los doctores se dieron cuenta que la bebé estaba muerta y la intervinieron, debido al desprendimiento de placenta y a la hemorragia en la cavidad uterina, decidieron extirpar el útero, controlar la hemorragia y transfundirle sangre

Cuando los doctores avisaron a Miceli sobre el estado crítico de su esposa, eran las 12:30 de la madrugada. Ya no había más sangre para transfusión y debía ser tratada en un hospital que sí tuviera equipo de cuidados intensivos. Los médicos le decían que ningún hospital quería recibirla.

El personal solicitó el traslado al Hospital General de Tuxtla Gutiérrez a las 4 de la madrugada. De acuerdo con la declaración ministerial del médico general del hospital rural, habló con sus colegas vía un chat de celular explicando la situación, pero la respuesta llegó a las 4:22 horas de la mañana.

“Sin médico, (se encuentra) en terapia intensiva en estos momentos”. Y la conversación siguió:

  • no es posible recibirla en urgencias? Requiere hemoderivados (tejidos de la sangre).
  • Estamos solicitando espacio a las 8 am del siguiente turno (4:25 horas). Está autorizada recepción a las 8 am. Deberán salir a las 6:30 con anestesiólogo a cargo del traslado (4:27 horas)
  • Enterado, notificaré al personal.


Poco antes de ser trasladada, por la mañana, una enfermera le entregó a Miceli un ánfora que contenía la matriz de Marisol para que la llevara al hospital de Tuxtla. Así lo hizo, la entregó al médico encargado de la unidad de cuidados intensivos.

En el expediente clínico (obtenido vía el Juicio de Amparo y el entregado posteriormente por el IMSS) no existe ninguna constancia de esa entrega, así que no se sabe el destino del útero extraído.

“El útero extraído a Marisol se perdió; nunca fue entregada a patología del Hospital General Zona 2 del IMSS en Tuxtla, el personal involucrado no sabe qué ocurrió”, narra Miceli. La importancia del útero radica en que un análisis patológico del mismo permitiría saber si el diagnóstico de Marisol, y por tanto conocer si las decisiones tomadas fueron las correctas”, dice.

Estas irregularidades, expone Daniela Díaz, “constituye indudablemente una grave violación a sus derechos humanos, pues ello contribuyó a su muerte”.

El equipo de Fundar integró un expediente del caso y, además de la investigación que realiza la delegación de la PGR en Tuxtla (debido a que se trata de una unidad médica federal), interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fue admitida esta semana.

El convenio de papel

El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica (CAEO) fue firmado en mayo de 2009 por el ex presidente Felipe Calderón como parte de la estrategia para disminuir la mortalidad materna en México. Establecía que todas las mujeres con complicaciones obstétricas deberían ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, ISSSTE o SSA, sin importar su afiliación.

Sin embargo, este caso pone en evidencia que no ocurre, insiste Daniela Díaz. Tardaron ocho horas en trasladar a una paciente en estado crítico por la falta de personal, pese a que, según el convenio, debería haber recursos humanos las 24 horas, los 365 días.

Además, aunque los hospitales sean certificados para formar parte de la red de atención, no van acompañados de mayores recursos para que puedan brindar una mejor atención a las poblaciones, afirma.

Aunque en la adhesión al convenio, Chiapas se comprometió a que todos los hospitales tuvieran plantillas completas, en sus tres turnos, con insumos necesarios para la atención de las emergencias obstétricas y equipamiento para atenderlas, no estuvo acompañado de presupuesto necesario.

De acuerdo con el monitoreo al convenio realizado por el Observatorio de mortalidad materna en México, en 2011, Chiapas recibió 19 millones 412 mil pesos de presupuesto para este rubro, de ello, sólo 4 millones se destinó a insumos y el resto a gastos financieros (nómina y gastos de operación).

Además, el monitoreo incluyó entrevistas en el estado y concluyó que “no hay nexos de colaboración entre las diversas instituciones resolutivas en caso de que su capacidad sea rebasada”. Además, el personal encuestado coincidió que “faltan recursos materiales (insumos y equipo médico)” en tres instituciones visitadas “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, de la Secretaría de Salud, Hospital General “Belisario Domínguez”, del ISSSTE y el Hospital General No. 2 del IMSS.

Después de lo ocurrido a Marisol, Miceli pide que la entidad se comprometa a generar las condiciones para que estos casos no se repitan y que los hospitales de Chiapas cuenten con recursos humanos, insumos, equipo e infraestructura suficiente para la atención de emergencias.


Además, en la queja interpuesta ante la CNDH, pidió que el ombudsman emita una recomendación donde señale las violaciones a derechos humanos cometidas y se establezcan las medidas correspondientes para la reparación integral del daño, incluyendo una justa compensación, becas que garanticen la educación a los tres hijos pequeños de Marisol, atención psicológica, emocional para la familia y garantías de no repetición.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/falta-equipo-traslado-rapido-una-mujer-bebe-mueren-chiapas/

Los años le pegan al Metrobús: se duplican fallas en camiones y algunos ya terminaron su vida útil

Hay modelos que ya tienen más de una década en operación y excedieron vida útil, pero fueron reacondicionados. Todas las unidades de la flota han salido de circulación en algún momento por desperfectos.

En un lapso de 10 años, los 557 camiones del servicio de transporte Metrobús acumulan 114 mil 391 desperfectos, desde anomalías mecánicas como fallas en las puertas hasta descomposturas a consecuencia de choques; en promedio, cada una de las unidades en operación acumula un promedio de 205 fallas.

Datos oficiales de Metrobús obtenidos vía transparencia por Animal Político, revelan que la tasa de desperfectos por cada unidad de este transporte ha subido más del doble. En 2007, cada uno de los 98 camiones que en ese momento había en operación acumuló un promedio de 20 fallas En 2015, el promedio de fallas de cada uno de las 455 fue de 47 desperfectos.

Animal Político preguntó a Metrobús sobre esta situación. La respuesta otorgada a través del área de comunicación social es que hay unidades que por su tiempo de vida tienen un crecimiento en el número de fallas, por lo que su mantenimiento es mayor. En el documento entregado vía transparencia, se asegura además que desgaste ha provocado incremento en tipo de desperfectos.

Los datos arrojan que en la flota de camiones hay unidades con más de una década de antigüedad que excedieron su vida útil ideal pero fueron reacondicionados.  En 2016, la línea 1 que es la más grande de la red con 220 autobuses, solo recibió un camión nuevo, mientras que la línea 4 y línea 5 se quedaron sin unidades nuevas.

Son más de 30 distintos tipos distintos de anomalías las que han presentado los camiones, incluyendo golpes y daños causados por más de tres mil 600 choques que han tenido contra objetos u otros vehículos.

Metrobús también informó que las máquinas encargadas de despachar y recargar las tarjetas para pagar el pasaje acumulan cerca de 138 mil fallas o descomposturas; un promedio de 238 descomposturas por cada máquina.

La flota: nuevos y viejos

De acuerdo con la información oficial proporcionada, el Metrobús tiene en operación 557 autobuses de distintos modelos propiedad de catorce empresas concesionadas que son los que recorren las seis líneas. Los camiones son de distintos modelos, principalmente de las armadoras Volvo, Mercedes Benz y SCANIA.

En la flota hay 94 autobuses modelo 2016, adquiridos por las empresas concesionadas. La mayoría fueron destinados para la Línea 6 que se puso en funcionamiento este año.

El resto de la flota se reparte entre distintos modelos articulados y biarticulados (con doble o más capacidad) de los años 2014, 2012 y 2009.

Pero en la flota también hay 17 autobuses con doce y catorce años de antigüedad. Entre ellos están cuatro autobuses Volbo B10 modelo 2002; dos Volbo B12 modelo 2005; once SCANIA Doppio y mega modelo 2005, y un Volbo BRT 7300 modelo 2006.

El tiempo de vida útil ideal de cada autobús en funcionamiento es de diez años según lo informado por Metrobús, por lo que todos estos autobuses ya excedieron ese plazo. No obstante, la dependencia indicó que estos pueden seguir en funcionamiento si son sometidos a un mantenimiento mayor que se denomina “reacondicionamiento”, al que ya fueron sometidos los modelos 2005.

La Línea 1 inaugurada en 2005 y que atraviesa toda la avenida de los Insurgentes desde Indios Verdes hasta la salida a Cuernavaca es la que tiene más camiones asignados. Inició con 80 camiones en el 2005 y actualmente tiene 220  aunque este año solamente recibió un camión extra.

La Línea 2 cuenta con 103 camiones, de los cuales seis  se le adicionaron este año; la Línea 3 cuenta con 66 unidades, seis más que en 2014; la línea 4 tiene 55 camiones y la 5 cuenta con 2. Ninguna de estas últimas dos recibió nuevos modelos.


Finalmente la línea 6, inaugurada este año, tiene en funcionamiento 89 autobuses.

Crecen las fallas

Los datos entregados vía transparencia gubernamental arrojan un crecimiento  en el número de veces que se descompone cada Metrobús en promedio. Esto pese a que la distancia que recorre cada unidad no se ha modificado, e incluso ha disminuido algunos metros.

En 2007  había una flota de 98 camiones que recorrió en total siete millones 266 mil 218 kilómetros. Ese año las unidades registraron mil 988 fallas. En promedio, cada camión recorrió 74 mil 145 kilómetros y acumuló 20 desperfectos.

En 2015, la flota de 455 camiones viajó 33 millones 306 mil 396 kilómetros, y el registro de fallas fue de 21 mil 736 casos. Entonces, cada uno de los autobuses recorrió en promedio 73 mil 200 kilómetros, y su promedio de falas fue de 47 incidentes.

Lo anterior significa que aun cuando el recorrido de cada camión decreció 900 kilómetros al año, su promedio de fallas se incrementó 135 por ciento. Si se toman en cuenta los totales, en una década la flota de unidades se incrementó 364 por ciento, pero las fallas se dispararon  arriba de 900 por ciento.

De acuerdo con las autoridades del Metrobús, el incremento en el número de fallas de las unidades se debe al  desgaste que sufren las unidades que llevan más tiempo en circulación, y que provoca que se incremente la cantidad y frecuencia de los desperfectos, por lo que también entran más seguido en mantenimiento.

Todos descompuestos

Animal Político preguntó a Metrobús cuantos de sus autobuses han tenido que salir de circulación por fallas en su funcionamiento. La respuesta oficial es que todos ellos, sin excepción,  se han visto afectados por distintos desperfectos por lo que han tenido que ser retirados temporalmente, algunos por varios meses incluso.

“Todas las unidades de Metrobús en algún momento dentro de la operación de servicio, han tenido que salir de circulación ya sea por una falla menor o por aquella que represente un tiempo de reparación mayor, en ese sentido Metrobús retira del servicio los autobuses y solicita a las empresas propietarias del mismo solucionen la falla. Por tal motivo los 557 autobuses de la flota vehicular han salido de circulación”, indica la respuesta oficial.

El número de desperfectos se ha ido incrementando año con año, lo cual corresponde con el incremento de unidades de la flota que da este servicio.  Aun así, la curva de crecimiento de lso desperfectos es más pronunciada en proporción, que la de la llegada de nuevas unidades a la flota.

Así 2015 es el año en donde se reportaron más fallas con 21 mil 736 en los 455 camiones que en ese momento estaban en funcionamiento.

Metrobús también proporcionó un desglose del tipo de fallas que se han presentado en las unidades. Son más de 30 desperfectos de distinta tipo.

La falla más común es en el sistema de puertas para ascenso y descenso de pasajeros. En total se registran 29 mil 885 descomposturas de este tipo. Luego le siguen los desperfectos por calentamiento con diez mil 592; los problemas de fluidos por diez mil 424; anomalías en llantas con 8 mil 99 casos y en bolsas de aire con 5 mil 958.

En los datos proporcionados por el gobierno también destacan las fallas por colisiones que han tenido los autobuses con tres mil 658 desperfectos, y fallas en los frenos con tres mil 275 casos.


Otras desperfectos que presentan  en los camiones que proporcionan este servicio, según la relación proporcionada por Metrobús son fallas en el arranque, transmisión, baterías, sistemas eléctricos, torretas, cinturones de seguridad, gomas de articulación, turbos, limpiadores, limpiadores, y altas emisiones de humo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/metrobus-se-duplican-fallas-camiones-viejos/

En Veracruz, sin ayuda oficial, la Brigada halla a flor de tierra más fosas y huesos carbonizados

Bastaron 20 centímetros de excavación del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba para dar con el sembradío de huesos calcinados en un predio de la comunidad de Moyoapan, en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. Cuatro ciudades veracruzanas evidenciadas como zonas de aniquilación; un logro más de las agrupaciones sociales sobre el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. “Ya venimos e hicimos el trabajo que les corresponde, ahora que agilicen el proceso y nos hagan saber si entre los finados está alguno de nuestros familiares”, afirmó Aracely Salcedo, líder de esa brigada. Además, en la zona centro el colectivo Solecito halló 50 fragmentos carbonizados. Con los dos descubrimientos de ayer suman 15 fosas clandestinas, a partir de que la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se puso en marcha en Veracruz.

Un campamento de exterminio en Ixtaczoquitlán, dos fosas clandestinas en el puerto de Veracruz; dos hallazgos en el mismo día y en el mismo estado a cargo de asociaciones civiles con la inquietante necesidad de recuperar a sus familiares desaparecidos.

Se tratan del cuarto y quinto descubrimiento en un periodo de cinco semanas de búsqueda. Catorce cavidades removidas, miles de fragmentos óseos desenterrados y cuatro ciudades veracruzanas evidenciadas como zonas de aniquilación; un logro más de las agrupaciones sociales sobre el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Por una parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha terminado siquiera de embalar los 10 mil restos hallados en la congregación de San Rafael Calería, Córdoba, desde el 15 de abril del año corriente, de acuerdo con el oficio FGE/FRJZCCOR/3562/2016.

En tanto a los temas de seguridad, Ana Lilia Jiménez, integrante del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, asegura que salieron tras la pista de panteones clandestinos, aún con la respuesta de la FGE, asegurando que el resguardo resulta imposible ya que la mayoría de su personal adscrito está de vacaciones.

Así quedará registrado en la historia jarocha el 9 de agosto de 2016: el día en que madres, padres, esposas, hijos, desafiaron terrenos escabrosos; supliendo con labor empírica cargos y jerarquías de presupuestos millonarios asignados.


“LA AUTORIDAD, TAMBIÉN TEMEROSA DE BUSCAR”

El punto fue señalado como un campamento de exterminio. Doce mujeres bragadas acudieron al lugar ubicado al final de una vereda con muros de cañaverales. La fogata, las esposas de seguridad, el arenal removido… bastaron 20 centímetros de excavación para dar con el sembradío de huesos calcinados.

Fue el hallazgo del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba en un predio de la comunidad de Moyoapan, en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz; propiedad vinculada, según anónimos, a un exalcalde priista, (información reservada por seguridad).

Tras acordonar los terrenos, las buscadoras acudieron a la Fiscalía Regional en la Ciudad de Córdoba para entrevistarse con el titular, Alejandro Dávila Vera, y poner a disposición de las autoridades los terrenos marcados como “positivos”.

Todo marchaba en orden. Dávila Vera giró instrucciones a la Fiscal de Unidad Especializada Contra el Secuestro (UESC), Laura Vázquez Alducín, para que elementos ministeriales acudieran al punto. Sin embargo, todo se vendría abajo cuando Aracely Salcedo, líder de la asociación civil, enunció el nombre del presunto dueño del predio.
“El señor se echó para atrás, dijo que no podría ir porque no era su investigación. Nos mandó a la Unidad de Procuración de Justicia de Orizaba, a cargo de la licenciada Clarisa Tapia o en su defecto a la filial de Ixtaczoquitlán para denunciar los hechos y se abra una averiguación previa”.

En días anteriores, el colectivo de desaparecidos de la zona centro aseguró en entrevista para Blog Expediente que comenzaría a realizar búsquedas independientes, luego de haber participado en la Primera Brigada Nacional de búsqueda de Desaparecidos. Sus conocimientos adquiridos les rindieron frutos en menos de 30 minutos.

Las mujeres se abrieron paso entre la maleza hasta llegar al sitio. “Nos dio mucho miedo porque todavía estaba encendida una fogata. Se supone que nadie debería acampar, pero ya estábamos ahí y reventamos el punto. Gracias a Dios nos dio positivo”, comenta Ana Lilia Jiménez, integrante de la asociación civil.

De acuerdo con Aracely Salcedo, los fragmentes calcinados se encontraron a escasos centímetros de profundidad. Por consenso, decidieron detener la excavación y solicitar a la Fiscalía General del Estado termine la diligencia.

“Ya venimos e hicimos el trabajo que les corresponde, ahora que agilicen el proceso y nos hagan saber si entre los finados está alguno de nuestros familiares”, afirmó Salcedo Jiménez al final de la jornada.
Al hallazgo en la zona centro se sumó el descubrimiento en el puerto de Veracruz por el colectivo Solecito. De acuerdo con la doctora Rosalía Castro, integrante de la ONG, se estiman 50 fragmentos carbonizados, distribuidos en dos fosas, mismos que fueron entregados al personal de la División Científica de la Policía Federal.
Ambos colectivos del estado seguirán con las caminatas pues, aseguran, las denuncias anónimas siguen llegando hasta sus manos.

“Parece que el tema de encontrar a nuestros familiares está conmoviendo a la sociedad, pues nos sentimos respaldados, más mucho más que por nuestras autoridades”, comentó Ana Lilia Jiménez.


EL GOLPE DE LA BRIGADA NACIONAL AL DUARTISMO

Con los dos descubrimientos de ayer suman 15 fosas clandestinas, a partir de que la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se pusiera en marcha en Veracruz; víctimas indirectas de otros estados de la república, que de manera solidaria compartieron su experiencia, para ponerla en práctica en suelos jarochos.

A continuación se presenta un resumen de los logros obtenidos por las agrupaciones civiles:

El primer hallazgo se registró el viernes 15 de abril en la congregación de San Rafael Calería, Córdoba, Veracruz, en un terreno empleado para la producción de caña. Allí fueron removidas 11 cavidades clandestinas, en un radio de 30 metros.

El resultado, de acuerdo con el inventario mortal de la FGE, asentado en el oficio, FGE/FRJZCCOR/3562/2016, fueron 10 mil fragmentos; que serán embalados y enviados a la División Científica de la Policía Federal para confrontar perfiles genéticos.

La segunda ubicación se dio el 20 de abril de 2016, cuando el hartazgo de un anónimo llevó a los brigadistas hasta un lugar marcado con la letra Zeta y con la muerte multiplicada. “Escarben este pozo, aquí los malandros masacraron harta gente y después les echaron piedras encima”, señaló el hombre y luego se echó a correr como animal silvestre.

El punto se encuentra en la Hacienda Los Paredones, en la comunidad de El Porvenir, perteneciente también a Córdoba, un radio de 40 metros, a cinco minutos de las 11 fosas de San Rafael Calería, como ahora los lugareños ubican a la congregación.

Los familiares escarbaron solamente dos metros y desenterraron 300 fracciones de vértebras y costillas cercenadas, paredes de cráneos sucios de lodo, un pedazo de fémur y otro de cadera, ambos rebasan los 18 centímetros de longitud. Todos los fragmentos, violentados por llamaradas que ardieron en terrenos de cafetales.

De acuerdo también con Luis Ángel Bravo Contreras, el predio de El Porvenir, pese a que fue el primero en haberle sido entregado por los brigadistas, a cuatro meses la FGE no ha terminado ni siquiera de embalar los fragmentos pues, asegura, es el predio de mayor extensión y número de indicios.

El 9 de agosto de 2016, en la jurisdicción de Colonias de Santa Fe, familiares del colectivo Solecito Veracruz entregaron a las autoridades federales dos cavidades con al menos 50 fragmentos óseos incinerados. El predio seguirá siendo explorado en presencia de la agrupación civil.

El mismo 9 de agosto de 2016, en el centro del estado, en la comunidad de Moyoapan, el colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, dio con un punto señalado como campamento de exterminio, en el sitio encontraron también restos óseos carbonizados.

Son los logros que padres, madres, hijos, esposas han conseguido alentados por recuperar a sus familiares, aún sea sin vida, aseguran.


“Habrá que esperar cuánto tardarán en darnos resultados, pues es un hecho que no se dan abastos con tantos restos humanos”, sentenció Juan Carlos Trujillo desde el mes de abril del presente año.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078333

Otra vez un amigo, una propiedad, la Primera Dama; ha salido caro a EPN no rendir cuentas, resumen

Los escándalos inmobiliarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto continúan como en cascada. De haber puesto acento especial en el ámbito de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, la figura presidencial no habría resultado con tanto daño, indican observadores de la política nacional. No ha pasado un mes de su petición de perdón por la “casa blanca” y es de nueva cuenta una propiedad inmobiliaria la que pone al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, en el centro de la suspicacia. El diario inglés The Guardian asegura que la llamada Primera Dama usa un departamento de lujo en Miami, que es propiedad de un posible contratista del Gobierno. Mientras, la Secretaría de la Función Pública -dependencia eje del combate a la corrupción- permanece acéfala.

En jaque. Bajo los espejos de la suspicacia. Frente a posibles y potenciales escándalos. Así es como se mantienen los políticos mexicanos debido a la inconsistencia de sus declaraciones patrimoniales y la resistencia a la Transparencia y Rendición de Cuentas, desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los Secretarios de Estado, los Gobernadores estatales hasta los alcaldes … Y también, aunque sin ser funcionaria pública, la esposa del Primer Mandatario, Angélica Rivera Hurtado.

Es ella, otra vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida en su peculio, se encuentra en el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés si es que recibe contratos de la presente Administración.

Es un paisaje de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y en consecuencia, al Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación, también del ejercicio.

Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”.

Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere.

Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial. “Tal como quedó, la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expone.

Al cierre de este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración patrimonial actualizada al  31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. El documento tiene el mismo contenido que tanto fue cuestionado en medio del escándalo de la “casa blanca”.  No muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades que posee le fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años de edad.

Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia, con esos 15 años– pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque ella falleció seis años después. El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, está expresado en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los autores del Índice de Impunidad México. Frente al nuevo affair que ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de interés. No se aleja de lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.


LA PRIMERA DAMA, OTRA VEZ

Nada obliga a la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia y a estas alturas, ya no se trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es ella la protagonista del escándalo.

Villanueva Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser regulada”.

El nombre de Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente administración ante el INAI. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia, apegada a la Ley, responde siempre que ella no es funcionaria pública. El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y partidas de los funcionarios públicos y en efecto, Rivera Hurtado no aparece ahí ni por asomo.

Pero nada detiene las preguntas que su ser ha generado ante el INAI. Los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la Presidencia, está declarado como “inexistente”.

En cuanto a los gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los conceptos requeridos…”.


EL PRESIDENTE PEÑA NIETO Y LA TRANSPARENCIA

Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).

Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.

El impulso por la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.

En 2012 ganó de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se marchitó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento impronta de los Presidentes mexicanos, le dedicó sólo tres párrafos y no expuso ninguna ruta de lo que pensaba hacer en ese ámbito pese a que se proponía impulsar un andamiaje de reformas estructurales en los sectores educativo, económico y petrolero.

Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses. Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción; de modo que sobrevivió con un encargado de despacho mientras el Gobierno transcurría.

En campaña, ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto, las cosas cambiaron. No fue el combate a la corrupción un tema en su Primer Informe de Gobierno. Tampoco en el Segundo. Menos en el tercero. La noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.

La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.

Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.

En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.


Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/LINALOE R FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078238

Que sí, que no, que ya mero, que tarda: mil versiones y ninguna de Osorio Chong y Nuño sobre CNTE

Las versiones de una solución al conflicto magisterial no coinciden entre los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ante la presión de los empresarios, Miguel Ángel Osorio Chong dijo, sin especificar cuándo, tener una pronta respuesta a los paros, marchas y cierre de carreteras que han realizado los maestros en distintos puntos del país durante tres meses. Aurelio Nuño Mayer, por su parte, dice que no hay acuerdos en torno al nuevo modelo educativo. En el otro frente, los maestros disidentes están considerando no presentarse a clases y, en Michoacán y Guerrero, se acordó que quienes justificaron faltas podrán cobrar su quincena completa.

Este día, la prensa mexicana amaneció con diferentes versiones sobre los diálogos y supuestos acuerdos que tanto el Secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, los empresarios y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tenido alrededor del conflicto magisterial desatado por el rechazo a la Reforma Educativa.

Sin embargo, ninguna versión parece concordar.

Las dudas sobre el rumbo que tomará en los próximos días el conflicto magisterial en el país es incierto. Mientras que en Guerrero ya se acordó la restitución de profesores cesados y en Michoacán y Oaxaca se dice que fue liberado el pago para los maestros que justificaron faltas, el Secretario de Gobernación y el de Educación Pública no coinciden entre si existe o no un acuerdo con los maestros.


OSORIO DICE QUE YA MERITO

Por un lado, la noche de este martes el Secretario de Gobernación se reunió con los principales representes de la cúpula empresarial en México donde, de acuerdo con declaraciones de Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Osorio Chong prometió una solución pronta a los bloqueos, pero no especificó la fecha.

El titular de la Segob aseguró que las negociaciones con la CNTE podrían tener resultados positivos en los próximos días, dijo el Presidente del CCE. “Está consciente de su obligación de que esto tiene que resolverse pronto [..] y la respuesta que nos dio es que pronto encontrará la solución a los bloqueos”.

Los empresarios manifestaron otra vez que es responsabilidad del Secretario de Gobernación hacer uso de la fuerza cuando el diálogo no resuelve el problema. Y agregó que el sector empresarial no puso un plazo para la resolución del conflicto, sin embargo, le dieron fue “un grado de emergencia”.

Además de Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, en la reunión estuvieron presentes los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes; de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón. Y los presidentes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Díez Morodo, y el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, entre otros.


NUÑO DICE QUE SIEMPRE NO

Por el otro lado, Aurelio Nuño Mayen, Secretario de Educación Pública, aseguró que no existe ningún tipo de acuerdo entre la SEP y la CNTE en torno al nuevo modelo educativo.

En comparecencia con la Comisión de Educación del Senado, Nuño aseguró que el diálogo con la CNTE continúa y por lo tanto no se ha llegado a ningún acuerdo y, agregó, se están buscando “salidas ordenadas, pacificas y de entendimiento” al conflicto, pero la Reforma Educativa tiene que continuar.

“La convicción del gobierno es total y absoluta. La Reforma Educativa sigue, tiene que continuar, debe de profundizarse y no tiene cabida desde la óptica del gobierno que esto no sea así”, dijo.

Señaló que el nuevo modelo educativo entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019.

LA CNTE INSISTE EN LA ABROGACIÓN  

Francisco Bravo, el dirigente de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, sostuvo en entrevista para Radio Fórmula que el magisterio podría determinar el fin de semana no regresar a clases a nivel nacional.

Aseguró que en todos los estados se está consultando el tema de regresar a clases y, dijo, existe un fuerte ataque por parte de los empresarios ante lo que el Gobierno federal parece no tener una solución.

El dirigente de la sección 9 dijo que están en espera de que se establezca la fecha de una próxima reunión con la Segob, ya que el día de ayer se dijo que se llevaría a cabo una reunión a las seis de la tarde, “y también ayer mismo nos dijeron que siempre no, siempre no había esa negociación”, dijo.

QUE EN GUERRERO HAY ACUERDO

De acuerdo con información del periódico El Sur, el secretario de Educación de Guerero, José Luis González de la Vega Otero, confirmó que en las mesas de diálogo entre la CNTE y la Segob se acordó la restitución de los maestros cesados, así como el pago de quincenas retenidas y días de salario descontados.

Precisó que “hay pláticas en ese sentido [para restituir a los cesados y pagar los salarios], pero tiene que haber cumplimiento de ambas partes de distender, por eso vamos a ir el jueves [a la reunión en la Ciudad de México]”.

Vega Otero reiteró que estos acuerdos se lleven a cabo y para ello tanto los maestros como las autoridades deben cumplir con su parte del acuerdo.

Sin embargo, no abundó si en Guerrero ya se restituyó a los 951 docentes que fueron cesados, por no evaluarse y por faltar a sus centros de trabajo en más de tres ocasiones.

Por su parte, ayer Víctor Hugo Espitia, delegado administrativo de la SEP en Michoacán, informó que el Gobierno federal liberó los cheques para que los profesores que justificaron faltas puedan cobrar sus salarios correspondientes a la quincena 11.

Espitia declaró en entrevista con Radio Fórmula que profesores de la CNTE acciones para obstaculizar los pagos. Agregó que el monto reintegrado asciende a aproximadamente 8 millones de pesos y cubre entre un 60 y 70 por ciento de maestros.


Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la CNTE, informó en el marco de la inauguración del foro de la Coordinadora sobre el nuevo sistema de enseñanza que gracias al diálogo con la Segob se logró la regularización de 12 mil plazas que la SEP había decidido dejar sin pago.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARIANA BLANCAS GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-08-2016/3078428

Pese a alzas, el precio de las gasolinas está por debajo del promedio global: SHCP

El subsecretario Miguel Messmacher comparó por ejemplo que el precio de la gasolina Magna en agosto de este año de 13.96 pesos por litro, equivale a 75 centavos de dólar.

Los precios de las gasolinas en México están por debajo del promedio global, incluso con los incrementos registrados en los últimos dos meses, resaltó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher.

Ante legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acompañado por funcionarios del sector energético, el funcionario comparó por ejemplo que el precio de la gasolina Magna en agosto de este año de 13.96 pesos por litro, equivale a 75 centavos de dólar.

Refirió que el precio promedio de todos los países del mundo para los cuales hay información disponible es de 95 centavos de dólar, por arriba de los 75 centavos que tiene México en la Magna, que es gasolina comparable.

“En ese sentido, incluso los precios en México se ubican por debajo del promedio global observado en este periodo”, argumentó en la reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

En ese sentido, destacó que el alza en los precios de las gasolinas y el diésel a principios de agosto no se debe a un incremento en los impuestos, sino a un ajuste en el precio de referencia internacional de los combustibles.

Acompañado por el secretario de Energía y los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó a los legisladores los aumentos que han reportado los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas en los últimos meses.

Respecto a los precios de los combustibles, recordó que como parte de la reforma energética, se pasó de un esquema de precios administrados a un mercado de mayor competencia, en el cual los precios sean determinados por la oferta y la demanda.

Para ello, indicó, también se aprobó un proceso de transición mediante el cual los precios pasaron de un modelo de precio único a uno de precios máximos y mínimos, para lo cual durante 2016 y 2017 los precios se moverán en una banda de más/menos 3.0 por ciento respecto al precio de 2015, de acuerdo a una fórmula.

Así, precisó el funcionario de la Secretaría de Hacienda, los precios de las gasolinas y el diésel se determinaron desde el inicio de año y sus variaciones mensuales no obedecen a un aumento de impuestos, sino al movimiento de los precios de referencia internacional.

Así, expuso, los precios máximos y mínimos para la gasolina Magna este año son de 13.98 y 13.16 pesos por litro; para la Premium de 14.81 y 13.95 pesos, y en el caso del diésel de 14.63 y 13.77 pesos por litro, respectivamente.

Messmacher Linartas explicó que si bien estos combustibles iniciaron el año con una disminución en enero, en los últimos meses incrementaron sus costos, debido a variaciones en los precios de referencia tras una recuperación de los precios internacionales del petróleo.


“Los impuestos no se han movido, no ha habido una modificación y el impuesto no es lo que nos ha llevado al aumento de los precios de las gasolinas, por ejemplo de lo que observamos de junio a agosto, es básicamente la referencia internacional”, aclaró.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/pese-a-alzas-el-precio-de-las-gasolinas-esta-por-debajo-del-promedio-global-shcp/

SEP pedirá opinión a maestros sobre nuevo modelo educativo: Nuño

El secretario de Educación presentó ante la Comisión de Educación del Senado los tres documentos que conforman los proyectos del nuevo Modelo Educativo.

Por primera vez en la historia del país, la SEP pedirá su opinión a todos los maestros y a todas las escuelas, sobre el Nuevo Modelo educativo y la Propuesta Curricular, considerados los segundos pasos para la implementación de la reforma educativa, aseguró su titular Aurelio Nuño.

Al presentar ante la Comisión de Educación del Senado los tres documentos que conforman los proyectos del nuevo Modelo Educativo y Propuesta Curricular, Nuño Meyer explicó que una vez que los profesores regresen a clases, la SEP hará llegar al seno de los Consejos Técnicos Escolares, los documentos con las propuestas, así como un conjunto de cuestionarios para conocer su opinión.


“Se nos había insistido mucho sobre cómo poder llegar a las escuelas y que esta consulta incluyera a todos los maestros y a todas las escuelas y lo vamos a hacer de esta manera”, expresó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/sep-pedira-opinion-a-maestros-sobre-nuevo-modelo-educativo-nuno/

Levantan y ejecutan a exalcalde de El Rosario, Sinaloa

CIUDAD DE MEXICO: Este martes hombres armados asesinaron a Roberto Rodríguez, exalcalde del municipio sinaloense de El Rosario y productor de mango.

Los informes extraoficiales indican que la víctima primero fue privada de la libertad por un comando alrededor de las 14 horas en el Infonavit Lola Beltrán, y encontrado muerto minutos después por la carretera Chilillos-Matatán.

Rodríguez –alcalde de 1993 a 1995, de extracción priista y además promotor de la construcción de la presa Santa María– también sufrió el levantón de su hermano Juan, en 2011, por parte de hombres armados que vestían uniformes tipo militares.

De acuerdo con el portal informativo de Riodoce, el hecho se registró a cinco kilómetros de la cabecera municipal de El Rosario. Las primeras versiones señalan que subieron a Roberto Rodríguez a su propia camioneta y condujeron hasta el poblado donde le dispararon.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a abogada de funcionario del gobierno de Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: La abogada Mayra Cristina Regalado Hernández fue asesinada este martes en el cruce de las calles Camino Ortiz Rubio y Ejército Nacional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pesar de recibir al menos cuatro impactos de bala, la asistente del actual director general del Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del gobierno estatal, Carlos Silveyra Sayo, fue trasladada con vida a un hospital privado ubicado en Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, pero poco antes de recibir atención médica falleció.

La mujer, que trabajaba en la Notaría Pública 23, se dirigía a su oficina en una camioneta Toyota Tundra blanca de modelo reciente, cuando fue acribillada.

Una persona que viajaba con ella la llevó al hospital todavía con vida, pero en el trayecto falleció. Tras el incidente, elementos policiacos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al nosocomio para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento y como ocurre en la mayoría de los casos de este tipo, la policía investigadora no tiene nada que decir ni ha detenido a nadie.


La víctima tenía 41 años aproximadamente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450386/asesinan-a-abogada-funcionario-del-gobierno-chihuahua

Mexicanos varados en Madrid han empezado a regresar a México

CIUDAD DE MÉXICO: Después de “acampar” más de dos semanas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, los pasajeros de Aeroméxico que adquirieron boletos “sujetos a espacio” (alrededor de 200) comenzaron a regresar a México.

El pasado viernes 5, el cónsul de México en Madrid, Bernardo Córdova, informó que la aerolínea notificó que a partir de este martes se abrirían las posibilidades para que los pasajeros varados pudieran viajar.

Pero ayer, concluida la temporada alta, 14 pasajeros con boletos “sujetos a espacio” pudieron abordar y regresar al país. Desde que les confirmaron que por fin tomarían un vuelo a México, los afortunados empezaron a despedirse del resto de viajeros con quienes compartieron pasillo en la terminal uno del aeropuerto madrileño “Adolfo Suárez”, según información publicada por Notimex.

Mientras tanto, en la terminal área decenas de pasajeros esperan su oportunidad, de acuerdo con una lista elaborada por la compañía.

Muchos de los connacionales varados colocaron cartones en el piso para dormir y otros lo hacen sobre los bancos, en medio de restos de alimentos enlatados.

La mayoría de ellos adquirieron boletos a bajo costo llamados “sublo”, que la aerolínea otorga como prestación para los trabajadores y sus familiares, aunque también hay casos en los que fueron revendidos por personal de Aeroméxico.


Con ese tipo de boletos, los pasajeros son colocados en una lista de espera para que, en caso de que existan asientos disponibles (alguna cancelación o vuelos con asientos sin vender), se les asignen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450318/mexicanos-varados-en-madrid-han-empezado-a-regresar-a-mexico

Decomisarán 2.8 millones de dólares a ex alcalde de Matamoros

Érick Silva, ex edil priista, fue acusado en Estados Unidos en 2014 de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.

Un juez federal en McAllen, Texas, ordenó el decomiso de 2.8 millones de dólares depositados en una cuenta en las Islas Bermudas perteneciente al ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Érick Agustín Silva Santos, y a su pareja María Castañeda Torres.

El juez estadunidense Randy Crane autorizó el pasado viernes el decomiso de los fondos que fueron obtenidos por Silva Santos a través de sobornos, mediante la adjudicación indebida y con el uso de facturas falsas de contratos municipales cuando era alcalde de Matamoros.

La jurisdicción de Estados Unidos fue el argumento del juez para efectuar el decomiso, debido que los fondos fueron transferidos desde una institución financiera en este país a la cuenta bancaria de las Islas Bermudas, en violación a las leyes federales estadounidenses.

Silva Santos, quien fungió como alcalde de Matamoros entre enero de 2008 y diciembre de 2010, fue acusado en Estados Unidos en 2014 de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.

De acuerdo con la Oficina del procurador para el Suroeste de Texas, Silva Santos se confabuló para apropiarse de fondos de campaña, recibir sobornos y robar fondos públicos, incluso antes de asumir su cargo como alcalde.

La acusación sostiene que el exfuncionario transfirió los fondos a diversas cuentas bancarias estadounidenses, para lo cual hizo declaraciones falsas y falsificó documentos.

Según las autoridades federales, Silva Santos utilizó luego parte de los fondos para invertir en certificados de depósito en Estados Unidos y en las Bermudas.


El ex alcalde priista es considerado un fugitivo por las autoridades de Estados Unidos, que solicitan la colaboración del público para dar con su paradero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/decomisaran-2-8-millones-de-dolares-a-ex-alcalde-de-matamoros/

Se agotaron los recursos de Jean Succar Kuri: un juez le niega amparo

La sentencia de 112 años de prisión fue ratificada por un juez, pero el empresario se declaró insolvente y no pagará indemnización a víctimas.

Un juez federal de Quintana Roo negó un amparo interpuesto por Jean Succar Kuri y ratificó los 112 años de prisión a los que fue condenado, así como el pago multas por 527 mil 874 pesos por corrupción de menores y pornografía infantil, de acuerdo con un documento enviado a sus víctimas.

“No obstante lo anterior, tratándose de la sanción corporal, deberá tomarse en cuenta lo que estatuye el artículo 25 del Código Penal Federal, en esta inteligencia, la pena efectivamente a compurgar por Jean Touma Hanna Succar Kuri no podrá rebasar de los setenta años de prisión“, dice el documento firmado por la magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.

Con la negación del amparo solicitado en 2014 al empresario de origen libanés, sus recursos jurídicos quedaron agotados y deberá pasar sus días en prisión, dijo Edith Encalada, una de sus víctimas, a Aristegui Noticias.

También conocido como ‘El Johnny’, Succar es plenamente responsable de los delitos de pornografía infantil, agravado por cometerse contra una persona de dieciséis años y otra de doce años, y corrupción de menores en perjuicio de 7 jóvenes, según la sentencia.

El documento con el que fue notificada Encalada afirma que Succar deberá pagar los tratamientos de rehabilitación física y psicológica de las víctimas, no obstante, el empresario se declaró insolvente y no pagará ningún tipo de indemnización por lo que podría pagar con 14 mil jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad.


“Desgraciadamente la PGR no nos protegió como víctimas, nunca le incautó bienes, eso debió haber hecho como autoridad y él vendió todas sus propiedades”, aseguró Encalada, a quien Succar debió pagarle 65 mil pesos de indemnización.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MAURIZIO MONTES DE OCA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0908/mexico/se-agotaron-los-recursos-de-jean-succar-kuri-un-juez-le-niega-amparo/

Pide CNDH legislar sobre consultas de proyectos a pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO: En los últimos dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 30 quejas relacionadas con la imposición de las “reformas estructurales”, debido a que se ha violado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, señaló el presidente del organismo, Raúl González Pérez.

En conferencia de prensa para presentar la recomendación general 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, el ombudsman detalló que entre 2009 y 2010 la CNDH sólo recibió cuatro quejas por violaciones al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), que obliga a los Estados a someter a consideración de los pueblos indígenas los proyectos de infraestructura que modificarán su entorno físico y cultural.

Sin embargo, de 2014 a 2015 el número de denuncias recibidas aumentó a 12, y en lo que va de 2016 suman 18.

“Hay quejas en función de las reformas estructurales”, destacó González Pérez, luego de señalar que el crecimiento en el número de denuncias se debe a la proliferación de “proyectos que afectan y pueden afectar a los pueblos indígenas, pero no han sido consultados”.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,  recordó que los gobiernos federal y estatales están obligados por los tratados internacionales a realizar consultas durante las distintas etapas de la consolidación de proyectos, “con información precisa de sus alcances y efectos, incluida la que tienen que proporcionar las autoridades de medio ambiente, pero no se está entendiendo adecuadamente cuáles son los parámetros internacionales para una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

De acuerdo con el presidente de la CNDH, para la elaboración de la recomendación general se tomaron en cuenta las quejas recibidas, así como las recomendaciones  56/2012, 23/2015 y 43/2015, relacionadas con las violaciones al derecho a la consulta del pueblo indígena Wixárika, el de la soya genéticamente modificada y el proyecto Acueducto Independencia.

De esa revisión, dijo, se llegó a la conclusión de que el carácter previo de la consulta “es constantemente vulnerado”, toda vez que las obras de infraestructura, así como las concesiones y permisos para la explotación de recursos se otorgan sin el conocimiento de los pueblos indígenas.

Y cuando se hacen las consultas, añadió, en ocasiones se dan en “un contexto de violencia, amenazas, hostigamientos, represión, criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades”.

Abundó que de acuerdo con las quejas recibidas, “los defensores de derechos humanos en materia de consulta previa o representantes de comunidades indígenas se ven presionados a partir de que les inician averiguaciones previas, los acusan de tal o cual cosa por la defensa de su derecho, y muchas veces se ve presionados o criminalizados”.

González Pérez destacó que en los procesos de consulta, las autoridades han incurrido en omitir información “sobre posibles riesgos ambientales y el impacto que conllevaría el desarrollo de los proyectos”, e incluso han impulsado “campañas de desinformación entre las comunidades, o las consultas se han formulado como un medio para legitimar una propuesta”.

Además, algunas de esas consultas se hicieron sin tomar en cuenta los usos y costumbres de los pueblos que serían afectados. “En ocasiones se llevaron a cabo en una biblioteca de alguna ciudad, y no en las comunidades”, o bien sólo se tomó en cuenta al sector comunitario que estaba de acuerdo con el proyecto en cuestión.

Advirtió, asimismo, que el Estado mexicano está en deuda con los pueblos indígenas que “han sido objeto de la denegación de sus derechos”.

A pesar del marco regulatorio nacional e internacional, agregó, siguen sufriendo violación a sus derechos. “No debemos olvidar que de los millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, un porcentaje más alto se da en comunidades indígenas, y parte de los derechos que tienen es el derecho a la identidad cultural y a su territorio”.

González Pérez urgió a las autoridades correspondientes a legislar en materia de consulta previa a los pueblos indígenas, por ser “no sólo una herramienta fundamental para preservar los derechos de las comunidades y mitigar los efectos de los proyectos de infraestructura o de extracción de recursos naturales, sino para que sean coparticipes de esos beneficios”.

La cuarta visitadora Norma Inés Aguilar León destacó que a pesar de las reformas en materia de derecho indígena impulsadas en México desde 1992, sólo Durango y San Luis Potosí “tienen una ley específica que regula y desarrolla el derecho a la consulta previa”, aunque 25 entidades reconocen ese derecho.

Tras un análisis comparado de las legislaciones locales, la visitadora enlistó ocho recomendaciones dirigidas a las autoridades federales y estatales, así como a las legislaturas federal y locales.

En su recomendación general, la CNDH exhorta al Presidente de la República a “presentar una iniciativa al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas del país”, que recoja como mínimo los estándares del Convenio 169 de la OIT y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Al Congreso de la Unión le pide estudiar la iniciativa que en su caso envíe el Ejecutivo federal, es decir, que vigile que cumpla con los estándares internacionales para su regulación y que “se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país, realizando consultas a las mismas, y se integre a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas durante el proceso legislativo”.


La CNDH también exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a los Ejecutivos de las entidades federativas a proponer una iniciativa “sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, en las mismas condiciones que a nivel federal, y que se someta a discusión en los congresos locales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450353/pide-cndh-legislar-consultas-proyectos-a-pueblos-indigenas

El gobierno puede usar la fuerza contra la CNTE, si es necesario: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO: Ante la inconformidad del sector empresarial por el estancamiento del diálogo entre el magisterio disidente y el gobierno federal, el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walter, informó que este martes se reunirá con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.

Exigiremos un freno a la toma de carreteras y oficinas públicas, así como la interrupción de vías ferroviarias, aéreas y portuarias, porque “el gobierno es quien tiene el monopolio para hacer uso de la fuerza de ser necesario”, apuntó.

En rueda de prensa, De Hoyos Walter negó que sus afiliados estén evadiendo el pago de impuestos para protestar por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y recordó que el 15 de julio presentó una queja contra el Estado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que –aseguró– “va avanzando, y en un futuro próximo empezaremos a ver resultados”.

No sólo eso, el pasado martes 2 promovió una demanda de amparo por actos y omisiones, y “las autoridades responsables han sido requeridas por el juez para dar cuenta de sus actividades en el caso magisterial” señaló.

La Coparmex calificó al gobierno de Enrique Peña Nieto como “permisivo ante los bloqueos, asaltos, tomas y actos antisociales desde la CNTE, tanto como vemos un movimiento magisterial enquistado en la disputa utilizando como rehén de su negociación a la educación de los niños de México. Tales acciones no deben permitirse. Afectan la educación, promueven la polarización, siembran la incertidumbre y causan la ingobernabilidad”, subrayó.

De igual manera, informó que en las últimas semanas los empresarios emprendieron una cruzada por la vigencia del estado de derecho en el país, particularmente en cinco entidades: Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Sobre las demandas de amparo, resaltó: “No somos enemigos del gobierno, ni de quienes encabezan las instituciones que integran el Estado mexicano, pero tampoco seremos cómplices de la impunidad que suscitan sus omisiones, al permitir actos violentos que dañan a terceros, afectan la economía y menoscaban la educación”.

También dejó en claro que no promoverán la represión de los movimientos sociales si éstos se conducen con irrestricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, la educación, la libertad, el libre tránsito, la libre empresa, la paz y la seguridad social.


“Como organismo activo de la sociedad civil mexicana, encabezaremos acciones legales y actitudes civiles responsables, comprometidas en la observancia y la manifestación ante la impunidad y la violencia, conduciendo una cruzada por el respeto y el ejercicio del estado de derecho, así como la vigilancia y promoción por una educación de calidad”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450373/gobierno-puede-usar-la-fuerza-contra-la-cnte-necesario-coparmex