La Corte avaló la Ley de Movilidad y aclaró sus alcances, por ejemplo, cuáles son las avenidas donde no se puede marchar y qué pasa si no cumples con el aviso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer que la Ley de Movilidad del Distrito Federal que pone algunas condiciones a los ciudadanos para poder marchar en la ciudad es constitucional, pues lo que busca es tratar de afectar lo menos posible el derecho de otras personas a desplazarse, sin que se prohíba el derecho a manifestarse.
Pero los magistrados no solo aprobaron los artículos, sino además establecieron cuáles son sus alcances, lo que la ley no describía. Por ejemplo, en qué lugares puede realizarse una marcha y cuál es la única situación donde la policía si puede prohibírtelo.
A partir de la determinación de la Corte Animal Político presenta estos criterios a los que llegaron los ministros, tras interpretar los artículos de la Ley de Movilidad capitalina que declararon como válidos.
¿Qué necesitas para marchar en la CDMX?
El único requisito es avisar por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México con al menos 48 horas de anticipación cuando realizaras la manifestación y cuál va a ser la ruta. Esto le permitirá a la policía preparar los servicios de seguridad básicos, y el operativo de tránsito por las posibles afectaciones viales.
No es necesario esperar una respuesta de la Secretaría para realizar la marcha pues, como los ministros dijeron, no se trata de un permiso que requiera una autorización.
¿Qué pasa sino das aviso?
Sino avisas que vas a hacer una marcha en la ciudad ya sea porque no quisiste hacerlo o porque se trata de una protesta hecha de forma espontánea, la Secretaria de Seguridad Pública no puede impedir la manifestación ni impone sanción alguna, según lo definido por la Corte.
El único problema que recalcaron los ministros respecto a que no se cumpla con el aviso que marca la ley, es que esto dificultará que la policía pueda prepararse adecuadamente tanto para proteger la marcha, así como para avisar al resto de los ciudadanos con anticipación de las previsiones viales que deban tomar.
¿En dónde puedes marchar?
En cualquier calle o avenida de la ciudad puedes realizar una marcha, manifestación, bloqueo, protesta o cualquier acción similar, con excepción de las “vías primarias de circulación continua”. Los ministros de la Corte establecieron cuales son estas avenidas en su fallo, pues la ley no las identificaba claramente.
De acuerdo con el proyecto aprobado, se trata de todas las vías rápidas que no tienen semáforos. Se puso como ejemplo el Anillo Periférico, los distintos tramos del Viaducto, y el Circuito Interior.
En ninguna de estas arterias puede realizarse una manifestación ni caminar sobre ella en una marcha, a menos que solo sea para cruzarla viajando de un punto a otro.
¿Cuándo puede la policía replegar una marcha?
La policía puede impedir o replegar la marcha solo si esta intenta hacerse en una vía primaria de circulación continua como lo prohíbe el artículo 214 de la Ley de Movilidad avalado por la Corte. Es decir, vías rápidas sin semáforos como Periférico, Viaducto o similares.
Esto significa que si hay una marcha en Reforma, Avenida Juárez o el Zócalo no hay sustento, por lo menos legal y constitucional, para que se le impida el paso.
Los ministros de la Corte también insistieron nuevamente en que la policía no puede intervenir para quitar una manifestación por el hecho de que no haya un aviso
¿Qué puedes hacer si te ves afectado por una marcha para llegar a tu destino?
Si la marcha está bloqueando alguna de las vías señaladas como primarias de circulación continua puedes pedir apoyo de la policía, pero en cualquier otro caso no pues la ley, según la apreciación de la Corte, garantiza el derecho a la manifestación.
Los ministros recordaron que el aviso de una marcha, como señala el artículo 212, obliga a las autoridades a prevenir al resto de los ciudadanos de afectaciones viales y dar alternativa, por lo que lo recomendable es estar atento a los avisos.
Reglas de la Corte deben respetarse: Artículo 19
La organización defensora del derecho a la libertad de expresión Artículo 19, quien promovió junto con otras organizaciones y comisiones de Derechos Humanos la acción de inconstitucionalidad que la Corte no consideró fundada, lamentó esta determinación pero rescató que los ministros defendieran los alcances de los artículos por lo menos.
“Si bien no fue la mejor decisión nos hubiera gustado que dijeran que era inconstitucional, optaron por la vía de la interpretación conforme. Lo que tendrá que hacer la autoridad cuando aplique la ley es acudir a la interpretación que hizo la corte” dijo en entrevista Leopoldo Maldonado, coordinador del Programa de Protección y Defensa de esta organización.
Martínez dijo que uno de los problemas de la Ley de Movilidad es el abanico para la actuación discrecional de la policía, pero con la interpretación que hizo la Corte quedó acotada al tema del bloqueo de ciertas vialidades y no al tema de un aviso o permiso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/reglas-basicas-para-marchas-cdmx/
viernes, 12 de agosto de 2016
Duarte se impone: con ayuda de PRI e incluso de PRD, MC y un juez, endeudará Chihuahua. Aún más
El Partido Acción Nacional (PAN) alertó de la crisis en las arcas del Estado de Chihuahua que va dejar la contratación de una nueva deuda de 6 mil millones de pesos por el Gobernador César Duarte Jáquez. De por sí, el estado ya posee la deuda por habitante más alta del país. Y los opositores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpretan que el uso de estos recursos será una complicación más para que el próximo Gobierno estatal mantenga unas finanzas sanas, cuando tome posesión el 15 de septiembre. En este contexto, y pese a que una organización no gubernamental interpuso un amparo en contra del endeudamiento, un Juzgado de Distrito decidió dar luz verde a esta acción. Un proceso en el que diputados priístas presentaron declaraciones y mintieron sobre el propósito para el que se usarán estos fondos.
El equipo de transición del Gobernador electo Javier Corral Jurado hizo hincapié en las complicaciones en que pondrá a su administración el nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos del estado. Y la posible influencia que tuvieron las declaraciones de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el juicio de amparo en contra de la contratación de la deuda podría derivar en acciones legales, advirtió.
Gustavo Madero Muñoz, Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro del equipo de transición, refirió que en estos días estarán analizando la viabilidad de medidas de juicio político en contra de los diputados del PRI: Laura Enriqueta Domínguez y Jorge Neaves Chacón, quienes aseguraron que el pago de pensiones era una de las razones para la bursatilización de 6 mil millones de pesos.
La bursatilización se refiere a la venta o renuncia de activos (inmuebles, derechos de cobro, carteras de crédito, etc,) con el fin de utilizarlos en una inversión específica. Un proceso en el que un fideicomiso que pagará estos activos. Y que ha derivado en una controversia entre Javier Corral Jurado y el resto de partidos. Mientras los primeros aseguran que se trata de una adquisición de obligaciones de pago, que al final de cuentas es una deuda, los segundos, más estrictos, opinan que la Ley de Deuda Pública no lo define de la misma manera.
En ambos casos, de acuerdo con el Diputado federal, los legisladores locales estarían incurriendo en una mentira, por lo que pueden ser sujetos a responsabilidad.
Ayer el Gobernador electo Javier Corral salió a exigirle al Juez que aclare si su fallo fue basado en información errónea. Por lo que se avecina un escrutinio de cerca sobre el uso de estos recursos.
FINANZAS IMPACTAN SERVICIOS
La situación del estado ya es crítica, y habrá rubros en los que será difícil para el Gobierno entrante cumplir con sus obligaciones financieras.
Antes los números tampoco favorecieron al Gobernador Duarte. Hubo 658 homicidios en los primeros seis meses del año, apenas tres menos que los registrados en el primer semestre del año pasado.
En cambio municipios como Ciudad Juárez tuvieron un importante retroceso. En comparación con el primer semestre del 2015, el 2016 presentó un amento del 20 por ciento de los homicidios, con 182 en total.
CONTROVERSIA EN CONGRESO
Los partidos Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) no encontraron que la monetización -convertir un activo en dinero- de los 6 mil millones de pesos sea una deuda en sentido estricto.
El 6 de julio el Congreso de Chihuahua aprobaron con 23 votos a favor y ocho en contra la bursatilización de los 6 mil millones de pesos, que comprometen los bonos carreteros de la entidad.
“Cuando vi la propuesta, la analizamos con asesores. Este es uno de los estados favorecidos por un fideicomiso carretero. Qué quiere decir esto, que todo el dinero que entre por las carreteras federales se queda aquí en Chihuahua, cosa que no pasa en todos los estados. Y cuando uno analiza el tema se da cuenta que no es un endeudamiento, dado que contábamos con estos recursos”, dijo la Diputada estatal Mónica Guerrero Rivera, del PRD.
Los diputados locales aprobaron una reforma al 1039/2015, que permitirá el pago mediante un fideicomiso de 3 mil millones de pesos a proveedores, un compromiso arrastrado desde el 2015, mientras que la otra mitad servirá para inversión pública.
UN GOBIERNO DE PALO
César Duarte Jáquez tomó posesión de su cargo en septiembre del 2010. A finales de ese año la deuda de Chihuahua ascendía a 12 mil 547 millones de pesos, la cifra ascendió en cinco años a los 42 mil 175 millones de pesos registrados en marzo de este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Si bien hay entidades con deudas más altas, el caso de Chihuahua sí tiene la deuda más alta por habitante del país. Se estima con datos del Censo de Población y vivienda del 2010 que cada chihuahuense arrastra una deuda de 12 mil 382 pesos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-08-2016/3079099
El equipo de transición del Gobernador electo Javier Corral Jurado hizo hincapié en las complicaciones en que pondrá a su administración el nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos del estado. Y la posible influencia que tuvieron las declaraciones de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el juicio de amparo en contra de la contratación de la deuda podría derivar en acciones legales, advirtió.
Gustavo Madero Muñoz, Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro del equipo de transición, refirió que en estos días estarán analizando la viabilidad de medidas de juicio político en contra de los diputados del PRI: Laura Enriqueta Domínguez y Jorge Neaves Chacón, quienes aseguraron que el pago de pensiones era una de las razones para la bursatilización de 6 mil millones de pesos.
La bursatilización se refiere a la venta o renuncia de activos (inmuebles, derechos de cobro, carteras de crédito, etc,) con el fin de utilizarlos en una inversión específica. Un proceso en el que un fideicomiso que pagará estos activos. Y que ha derivado en una controversia entre Javier Corral Jurado y el resto de partidos. Mientras los primeros aseguran que se trata de una adquisición de obligaciones de pago, que al final de cuentas es una deuda, los segundos, más estrictos, opinan que la Ley de Deuda Pública no lo define de la misma manera.
“Hay dos escenarios. Si lo que dicen [los diputados del PRI] es cierto, sobre que el dinero se usará para pagar pensiones, entonces, el destino declarado autorizado no se cumple, porque está prohibido por la legislación usar estos recursos [deuda] para gasto corriente. Cuando se aprobó, lo hizo con un catálogo de conceptos, y ahí no venía el pago de pensiones. Y si no es cierto, quiere decir que el Juez tomó una decisión con información incorrecta. Porque supuestamente había un impacto a pensionados”, dijo Madero a SinEmbargo.
En ambos casos, de acuerdo con el Diputado federal, los legisladores locales estarían incurriendo en una mentira, por lo que pueden ser sujetos a responsabilidad.
Ayer el Gobernador electo Javier Corral salió a exigirle al Juez que aclare si su fallo fue basado en información errónea. Por lo que se avecina un escrutinio de cerca sobre el uso de estos recursos.
“Habremos de revisar puntualmente el ejercicio de los recursos por parte de la administración actual, tanto en lo que se refiere a la aplicación de los créditos bancarios como en los recursos federales que tienen un destino específico, para comprobar su correcta aplicación”, dijo.Pero el PRI parece no ir solo en esto. Le acompaña su satélite natural, el Verde Ecologista, pero además Movimiento Ciudadano (MC) y el de la Revolución Democrática (PRD). fuerzas políticas que a nivel local, desde hace tiempo, han sido denunciadas por operar a favor del Gobernador de Chihuahua.
FINANZAS IMPACTAN SERVICIOS
La situación del estado ya es crítica, y habrá rubros en los que será difícil para el Gobierno entrante cumplir con sus obligaciones financieras.
“Hoy está saliendo que el Gobierno de Duarte no tiene para pagar la gasolina de las patrullas y por eso están paradas, tampoco tiene para el diésel del sistema del transporte público, ViveBús, y por eso estuvo cuatro días parado, y además, que le deben mil 500 millones de pesos a los consultores. Cada día que te amaneces hay una nueva sorpresa en el terreno de las finanzas públicas. Y nos preocupa, porque no vamos a ver el fondo hasta que se entre plenamente a la administración”, dijo Madero.El equipo de transición de Corral espera que más sorpresas surjan una vez lleguen al poder, alertó el legislador panista, quien destacó el degenere del sistema de seguridad pública.
“Después del 5 de junio han sido puras noticias de cómo se está deteriorando el índice de homicidios dolosos, secuestros, robos, con violencia y esto es preocupante. Hay un relajamiento en los controles, los penales, en la instrucción de armas, y que siguen operando de manera masiva, y haciendo daños irreparables”, dijo el Diputado Madero.
Antes los números tampoco favorecieron al Gobernador Duarte. Hubo 658 homicidios en los primeros seis meses del año, apenas tres menos que los registrados en el primer semestre del año pasado.
En cambio municipios como Ciudad Juárez tuvieron un importante retroceso. En comparación con el primer semestre del 2015, el 2016 presentó un amento del 20 por ciento de los homicidios, con 182 en total.
CONTROVERSIA EN CONGRESO
Los partidos Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) no encontraron que la monetización -convertir un activo en dinero- de los 6 mil millones de pesos sea una deuda en sentido estricto.
“La deuda pública es cuando existe un acreedor, y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal la registra como tal. La Secretaría hace una diferenciación muy clara. Y a partir de la Ley de Deuda Pública, precisamente, tiene ya topes para estados y municipios. El tope de Chihuahua es de 24 mil millones y está a raya, es decir, ya no se puede adquirir más deuda”, dijo el Diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez, de MC.
El 6 de julio el Congreso de Chihuahua aprobaron con 23 votos a favor y ocho en contra la bursatilización de los 6 mil millones de pesos, que comprometen los bonos carreteros de la entidad.
“Cuando vi la propuesta, la analizamos con asesores. Este es uno de los estados favorecidos por un fideicomiso carretero. Qué quiere decir esto, que todo el dinero que entre por las carreteras federales se queda aquí en Chihuahua, cosa que no pasa en todos los estados. Y cuando uno analiza el tema se da cuenta que no es un endeudamiento, dado que contábamos con estos recursos”, dijo la Diputada estatal Mónica Guerrero Rivera, del PRD.
Los diputados locales aprobaron una reforma al 1039/2015, que permitirá el pago mediante un fideicomiso de 3 mil millones de pesos a proveedores, un compromiso arrastrado desde el 2015, mientras que la otra mitad servirá para inversión pública.
“La bursatilización, o el fideicomiso carretero, se otorgó por 50 años, están sólo comprometiendo 25. Estaremos discutiendo quién los va utilizar, ellos [el PAN] todavía tienen cancha par hacer maniobras”, dijo Guerrero.Sin embargo, el PAN niega que le estén haciendo un favor. Desde el mes pasado seis de los siete diputados locales del PAN votaron en contra.
“En términos jurídicos no es deuda porque simple y sencillamente la ley contempla como deuda a los pasivos bancarios, no la bursatilización, pero es deuda en cuanto a que es una obligación financiera. Te voy a dar un ejemplo, es como sí en una Ley se estableciera que lo que tú debes en una tarjeta de crédito no es deuda, pero sin duda tienes una obligación financiera de pagarle al banco”, expuso el coordinador de la bancada panista en Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno.
UN GOBIERNO DE PALO
Gustavo Madero sostuvo que el Gobierno federal tiene una corresponsabilidad en la alta deuda de Chihuahua: “Le estamos pidiendo al Gobierno federal que asuma su responsabilidad. La Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, junto con Banobras [Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos], firmaron con el Gobierno del estado un plan de reestructura de las finanzas públicas que no se ha cumplido, desde disminuir el déficit a un ritmo y hay compromisos que no se están cumpliendo”, explicó.
César Duarte Jáquez tomó posesión de su cargo en septiembre del 2010. A finales de ese año la deuda de Chihuahua ascendía a 12 mil 547 millones de pesos, la cifra ascendió en cinco años a los 42 mil 175 millones de pesos registrados en marzo de este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Si bien hay entidades con deudas más altas, el caso de Chihuahua sí tiene la deuda más alta por habitante del país. Se estima con datos del Censo de Población y vivienda del 2010 que cada chihuahuense arrastra una deuda de 12 mil 382 pesos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-08-2016/3079099
Normalistas de Michoacán bloquean autopista de Occidente
Morelia, Mich. Alumnos de las escuelas normales de Michoacán han tomado por la fuerza varios tráilers y vehículos que utilizan para bloquear la autopista de Occidente, que une las ciudades de México, Morelia y Guadalajara.
Los normalistas incendiaron una camioneta de Telmex sobre la carretera Purépero-Carapan, a la altura de la desviación del municipio Zacapu, tras un enfrentamiento con policías estatales.
Los futuros docentes de educación básica también mantienen tres bloqueos carreteros más sobre la autopista de Occidente, para exigir mil 200 plazas automáticas en el sistema educativo público estatal.
Alejandro Toledo, líder de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), informó que la quema del vehículo es en represalia por la falta de acuerdos con los gobiernos estatal y federal.
Resaltó que la ONOEM mantiene bloqueos en la autopista de Occidente, que une las ciudades de Morelia, México y Guadalajara, a la altura de las desviaciones a los municipios de Churitzio, Zamora y La Piedad.
La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), informó que el bloqueo se realiza a la altura de la desviación al municipio de Churintzio en protesta por la falta de acuerdos con el gobierno de Silvano Aureoles y la Federación, a quienes piden mil 200 plazas automáticas en el sistema educativo público.
Ayer, los normalistas bloquearon con un tráiler que remolcaba dos cisternas en la autopista Siglo XXI, que une Morelia con el Puerto de Lázaro Cárdenas, además de "secuestrar" una camioneta y un vehículo particular que volcaron e incendiaron sobre las vías férreas de la comunidad de Ajuno, en el municipio de Salvador Escalante, cerca de la vialidad federal.
La ONOEM mantiene en su poder desde julio un total de 170 tráilers, camiones de carga y vehículos de empresas trasnacionales, en las comunidades indígenas de Arantepakua y Turícuaro, en el municipio de Nahuatzen.
Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/12/normalistas-toman-trailers-y-bloquean-autopista-de-occidente
Se rompe negociación entre estudiantes rechazados y universidades
Ciudad de México. La mesa de negociación que sostenían integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) con representantes de diversas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se interrumpió la madrugada de este viernes por lo que los jóvenes mantendrán el plantón que instalaron anoche afuera de la dependencia federal.
El punto de ruptura en la negociación se dio al no concretarse acuerdos con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para abrir más espacios en su matrícula. Además en la negociación los representantes del MAES pidió que se entablará también un diálogo con la UACM y la ENAH.
En la reunión privada que inició desde la tarde del jueves, los jóvenes presentaron un pliego de demandas entre las que exigen mayor presupuesto para la educación superior, la apertura de más universidades públicas en el país y el incremento de la matrícula para ese nivel de estudios.
El MAES dijo ayer que habían conseguido acuerdos con el IPN, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Autónoma del Estado de México; sin embargo alrededor de las cinco de la mañana de hoy se levantó la mesa al no avanzar en la negociación con la UAM y requerir diálogo con la UACM y la ENAH.
Los jóvenes decidieron que no retirarán su campamento hasta que se reanude la mesa.
Fuente: La Jornada
Autora: Jessica Xantomila
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/12/se-rompe-negociacion-entre-estudiantes-rechazados-y-universidades-1
Puebla en emergencia y Moreno Valle en Colima
Mientras Puebla atraviesa por uno de los mayores desastres naturales de años recientes tras el paso de la tormenta tropical Earl, que ha cobrado 37 vidas y un número aún no determinado de desaparecidos, así como pérdidas millonarias por destrucción de viviendas y vías de comunicación, el gobernador Rafael Moreno Valle estuvo ayer en Colima –invitado por el ex regidor panista Pedro Peralta– para ofrecer una conferencia a empresarios y miembros del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual milita.
Durante más de una hora, en un salón ubicado en el norte de la ciudad de Colima, Moreno Valle habló de sus principales logros como mandatario en la conferencia Gobiernos humanistas: cambio con responsabilidad.
Señaló que durante su gestión todas las cosechas agrícolas fueron aseguradas, por lo que Earl no tendrá gran impacto en el sector. Esa es la ventaja de trabajar con cosechas bajo contrato, dijo.
Entre los asistentes figuraron los diputados locales panistas Riult Rivera y Julia Jiménez, así como la diputada federal Eloísa Chavarría, además de dirigentes de las cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción y Nacional del Comercio.
El acto fue organizado por Pedro Peralta, a quien el ex candidato panista a la gubernatura Jorge Luis Preciado llama traidor, pues se unió a la campaña del hoy gobernador priísta Ignacio Peralta.
La presencia de Moreno Valle en Colima se difundió en Facebook por asistentes a la conferencia, de la cual el poblano salió por una puerta trasera para eludir a los reporteros.
En tanto, brigadas de 18 elementos cada una (médicos, enfermeras y auxiliares técnicos del Instituto Mexicano del Seguro Social) recorrieron ayer comunidades de la Sierra Norte de Puebla devastadas por deslaves e inundaciones.
Enrique Doger Guerrero, delegado del IMSS en Puebla, indicó que, en coordinación con autoridades de la Secretaría de Salud del estado y del Ejército Mexicano acuden a los poblados más afectados, entre ellos Tlaola, para detectar enfermedades, promover saneamiento de espacios y atender a embarazadas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió al gobierno de Puebla con al menos 48 horas de anticipación los riesgos de la tormentaEarl. El organismo dio a conocer ayer oficios que envió a la administración de Moreno Valle, en los que recomendó tomar precauciones. Al menos 29 municipios poblanos sufrieron estragos por la tormenta, que tuvo sus efectos más devastadores la noche del 6 de agosto.
El miércoles 3 de agosto, en el oficio B00.00805.08.04.-227/16, la dirección técnica del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua, con sede en Xalapa, Veracruz, instó al director general de Protección Civil de Puebla, Jesús Roberto Morales, atomar precauciones y realizar acciones de prevención, especialmente en las comunidades que se ubican próximas a las márgenes de los ríos y arroyos, por avenidas repentinas que pueden poner en riesgo la vida de los habitantes y sus bienes, así como posibles deslaves y derrumbes en zonas de montaña.
Dos días después, el 5 de agosto, Germán Sierra, director del Centro Estatal de Prevención Meteorológica de la Conagua en Puebla, envió a Moreno Valle el oficio B00.920.00.3.-626/2016, en el cual le informó que por la intensidad de Earlse hace necesario tomar precauciones y realizar acciones de prevención en el estado, especialmente en municipios de la Sierra Nororiental y la Sierra Negra cercanos a ríos y arroyos.
El presidente del partido Morena en Puebla, Gabriel Biestro, consideró que las muertes que dejó Earl se debieron a la indolencia del gobierno del estado, ya que no alertó a la población y activó de manera tardía los protocolos de contingencia.
Fuente: La Jornada
Autores: Juan Carlos Flores y Martín Hernández Alcántara con información de Notimex
http://www.jornada.unam.mx/2016/08/12/estados/028n1est
Núñez y Villalobos, líderes de la CNTE y opositores a la Reforma, están libres tras pago de fianza
El abogado Hugo Paz confirmó que Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez pagaron una fianza de más de 100 mil pesos y detalló que el Juez pidió como requisito para la libertad que los líderes del magisterio oaxaqueño no den declaraciones a la prensa, “a fin de que no haya pretexto del Gobierno [para reaprehenderlos]”. Apenas el pasado miércoles, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró a empresarios que en breve se resolverían los bloqueos magisteriales.
Los líderes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, fueron liberados la mañana de este viernes tras permanecer dos meses de prisión.
Nuñez, Secretario General de la Sección 22, pagó una fianza de 170 mil pesos mientras que Villalobos, Secretario de la organización, pagó 120 mil pesos, para poder abandonar el penal Ixcotel en Santa Lucia del Camino, Oaxaca.
Fue alrededor de las 8 horas que se les otorgó la libertad bajo las reservas de ley y una horas después abandonaron el centro penitenciario en un auto Honda sin dar declaraciones a la prensa.
De acuerdo con su defensa, el Juez pidió como requisito para la libertad que los líderes del magisterio oaxaqueño no hicieran pronunciamientos, “a fin de que no haya pretexto del Gobierno [para reaprehenderlos]”.
La noche de este jueves ambos fueron trasladados del penal de Mengolí, Miahuatlán, al de Ixcotel en Santa Lucia del Camino, ubicados en el estado de Oaxaca, por orden de un juez federal.
Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez fueron detenidos el pasado 12 de junio y trasladados al penal federal de Hermosillo, Sonora y posteriormente al penal de Miahuatlán.
Rubén Núñez fue detenido la madrugada del domingo 12 de junio en la Ciudad de México al salir de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), mientras que Francisco Villalobos Ricárdez, fue aprehendido en Tehuantepec, Oaxaca.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a los docentes del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras actividades ilegales que les produjeron beneficios económicos por al menos 132 millones 798 pesos.
En los últimos meses la CNTE y las organizaciones sindicales opositoras a la Reforma Educativa intensificaron sus protestas tras el fallido operativo de desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de al menos 8 muertos. Los maestros concentraron sus protestas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Ante los bloqueos a carreteras y plantones, las organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), entre otras, presionaron al Gobierno federal para que les pusiera un alto.
Los hombres de negocios amagaron con dejar de pagar impuestos, bajaron las cortinas de comercios como protesta, llamaron a hacer uso de la “fuerza pública”.
Los maestros han disminuido paulatinamente la intensidad de las protestas. En Michoacán y Guerrero, los disidentes aseguran que sus agremiados que fueron cesados por no presentar la evaluación serán reinstalados. Mientras que en Oaxaca amenazaron con impedir el regreso a clases, programado para el 22 de agosto.
En ese contexto se dio la noche de este miércoles otra reunión entre empresarios y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, de acuerdo con el líder del CCE Juan Pablo Castañón Castañón, les aseguró que en breve se resolvería las manifestaciones que han dejado pérdidas millonarias en las entidades mencionadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-08-2016/3079240
Los líderes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, fueron liberados la mañana de este viernes tras permanecer dos meses de prisión.
Nuñez, Secretario General de la Sección 22, pagó una fianza de 170 mil pesos mientras que Villalobos, Secretario de la organización, pagó 120 mil pesos, para poder abandonar el penal Ixcotel en Santa Lucia del Camino, Oaxaca.
Fue alrededor de las 8 horas que se les otorgó la libertad bajo las reservas de ley y una horas después abandonaron el centro penitenciario en un auto Honda sin dar declaraciones a la prensa.
De acuerdo con su defensa, el Juez pidió como requisito para la libertad que los líderes del magisterio oaxaqueño no hicieran pronunciamientos, “a fin de que no haya pretexto del Gobierno [para reaprehenderlos]”.
La noche de este jueves ambos fueron trasladados del penal de Mengolí, Miahuatlán, al de Ixcotel en Santa Lucia del Camino, ubicados en el estado de Oaxaca, por orden de un juez federal.
Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez fueron detenidos el pasado 12 de junio y trasladados al penal federal de Hermosillo, Sonora y posteriormente al penal de Miahuatlán.
Rubén Núñez fue detenido la madrugada del domingo 12 de junio en la Ciudad de México al salir de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), mientras que Francisco Villalobos Ricárdez, fue aprehendido en Tehuantepec, Oaxaca.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a los docentes del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otras actividades ilegales que les produjeron beneficios económicos por al menos 132 millones 798 pesos.
En los últimos meses la CNTE y las organizaciones sindicales opositoras a la Reforma Educativa intensificaron sus protestas tras el fallido operativo de desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de al menos 8 muertos. Los maestros concentraron sus protestas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Ante los bloqueos a carreteras y plantones, las organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), entre otras, presionaron al Gobierno federal para que les pusiera un alto.
Los hombres de negocios amagaron con dejar de pagar impuestos, bajaron las cortinas de comercios como protesta, llamaron a hacer uso de la “fuerza pública”.
Los maestros han disminuido paulatinamente la intensidad de las protestas. En Michoacán y Guerrero, los disidentes aseguran que sus agremiados que fueron cesados por no presentar la evaluación serán reinstalados. Mientras que en Oaxaca amenazaron con impedir el regreso a clases, programado para el 22 de agosto.
En ese contexto se dio la noche de este miércoles otra reunión entre empresarios y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, de acuerdo con el líder del CCE Juan Pablo Castañón Castañón, les aseguró que en breve se resolvería las manifestaciones que han dejado pérdidas millonarias en las entidades mencionadas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-08-2016/3079240
Este es el amparo de la CNTE que ‘bateó’ la Corte
Los maestros sostienen que la Ley General del Servicio Profesional Docente contraviene "la estabilidad e inamovilidad en el empleo" establecida en la Constitución.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo interpuesto por la CNTE, con el que impugnaron la ley que permite cesar a los docentes que no obtengan resultados favorables en las pruebas de permanencia.
Los maestros argumentaron “que la Ley General del Servicio Profesional Docente contraviene la garantía de irretroactividad establecida en el artículo 14 constitucional, así como la estabilidad e inamovilidad en el empleo consagrada en la fracción IX, apartado B del artículo 123 constitucional, al afectar derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor; pues “no se le puede quitar” la base que ostenta como trabajador de la educación”.
Pero la Corte resolvió esta semana que “cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público ya no reúne las condiciones que exige el servicio para el cual fue designado, cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento, siempre que ello se haga mediante un procedimiento regido por el pleno respeto de los derechos fundamentales que asisten al gobernado”.
El amparo en revisión:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1108/mexico/este-es-el-amparo-de-la-cnte-que-bateo-la-corte-documento/
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el amparo interpuesto por la CNTE, con el que impugnaron la ley que permite cesar a los docentes que no obtengan resultados favorables en las pruebas de permanencia.
Los maestros argumentaron “que la Ley General del Servicio Profesional Docente contraviene la garantía de irretroactividad establecida en el artículo 14 constitucional, así como la estabilidad e inamovilidad en el empleo consagrada en la fracción IX, apartado B del artículo 123 constitucional, al afectar derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor; pues “no se le puede quitar” la base que ostenta como trabajador de la educación”.
Pero la Corte resolvió esta semana que “cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público ya no reúne las condiciones que exige el servicio para el cual fue designado, cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento, siempre que ello se haga mediante un procedimiento regido por el pleno respeto de los derechos fundamentales que asisten al gobernado”.
El amparo en revisión:
AR-54-2016-160707 by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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jueves, 11 de agosto de 2016
Desechan impugnación del PRI por elección en Aguascalientes; PAN celebra
El 1 de diciembre de este año, el panista Martín Orozco Sandoval asumirá el cargo de gobernador estatal.
Este jueves, la sala administrativa y electoral de Aguascalientes, por unanimidad de sus tres magistrados, declaró improcedente la solicitud de anulación de la elección a gobernador del pasado 5 de junio por parte de la coalición Aguascalientes Grande y para Todos (PRI, Nueva Alianza, Partido Verde y PT), en contra del triunfo que logró el panista Martín Orozco Sandoval en la urnas.
La coalición presentó como argumento para la anulación la supuesta inegibilidad del entonces candidato panista, ya que desde 2010 Orozco enfrenta un proceso judicial por tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público, el cual enfrenta amparado.
Otro de los argumentos presentados contra el gobernador electo fue la presunta injerencia de la Iglesia Católica en la votación. La coalición señaló que supuestamente miembros del clero invitaron desde el púlpito a votar por el panista.
En la impugnación también se argumentó presuntamente se entregaron despensas por parte del municipio de la capital, encabezado por el panista Juan Antonio Martín del Campo, en favor de las campañas del PAN en la entidad. La coalición también acusó a Orozco de rebasar el tope de gastos de campaña.
El presidente magistrado de la sala, Enrique Franco Muñoz, dijo que se hizo un trabajo a conciencia, apegado a derecho. El titular de los magistrados también señaló que espera que la colación impugne ante el Tribunal Electoral de la Federación.
Tras la decisión de la sala, Orozco celebró la decisión: “La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Lo dijimos desde un principio, esta impugnación era sólo un cortina de humo para ocultar las luchas de poder a lo interno del PRI”, refirió el gobernador electo, que recibió la noticia de la resolución mientras se encontraba en Utah, Estados Unidos por una gira de trabajo.
En tanto, el presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, comentó que “el triunfo de Martín Orozco es incuestionable. Los ciudadanos confiaron en él por representar la mejor opción de futuro, esperanza y cambio para Aguascalientes. Hoy, nuevamente, la ley nos da la razón: ni se rebasaron los topes de campaña ni hubo intervención ilegal de terceros”, afirmó.
Anaya agregó que el PAN respaldará al gobernador electo en caso de que la coalición impugne nuevamente la elección. “En Acción Nacional reconocemos cuando los resultados no nos favorecen, pero también defendemos con fuerza nuestros triunfos. La democracia es un ejercicio en el que no caben los chantajes ni las mentiras. Cuando se practica y se respeta, quienes ganan son los ciudadanos”, enfatizó.
Tras el fallo, está proyectado que Orozco asuma el cargo de gobernador del estado el 1 de diciembre de este año.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1108/mexico/desechan-impugnacion-del-pri-por-eleccion-en-aguascalientes-pan-celebra/
Este jueves, la sala administrativa y electoral de Aguascalientes, por unanimidad de sus tres magistrados, declaró improcedente la solicitud de anulación de la elección a gobernador del pasado 5 de junio por parte de la coalición Aguascalientes Grande y para Todos (PRI, Nueva Alianza, Partido Verde y PT), en contra del triunfo que logró el panista Martín Orozco Sandoval en la urnas.
La coalición presentó como argumento para la anulación la supuesta inegibilidad del entonces candidato panista, ya que desde 2010 Orozco enfrenta un proceso judicial por tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público, el cual enfrenta amparado.
Otro de los argumentos presentados contra el gobernador electo fue la presunta injerencia de la Iglesia Católica en la votación. La coalición señaló que supuestamente miembros del clero invitaron desde el púlpito a votar por el panista.
En la impugnación también se argumentó presuntamente se entregaron despensas por parte del municipio de la capital, encabezado por el panista Juan Antonio Martín del Campo, en favor de las campañas del PAN en la entidad. La coalición también acusó a Orozco de rebasar el tope de gastos de campaña.
El presidente magistrado de la sala, Enrique Franco Muñoz, dijo que se hizo un trabajo a conciencia, apegado a derecho. El titular de los magistrados también señaló que espera que la colación impugne ante el Tribunal Electoral de la Federación.
Tras la decisión de la sala, Orozco celebró la decisión: “La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Lo dijimos desde un principio, esta impugnación era sólo un cortina de humo para ocultar las luchas de poder a lo interno del PRI”, refirió el gobernador electo, que recibió la noticia de la resolución mientras se encontraba en Utah, Estados Unidos por una gira de trabajo.
En tanto, el presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, comentó que “el triunfo de Martín Orozco es incuestionable. Los ciudadanos confiaron en él por representar la mejor opción de futuro, esperanza y cambio para Aguascalientes. Hoy, nuevamente, la ley nos da la razón: ni se rebasaron los topes de campaña ni hubo intervención ilegal de terceros”, afirmó.
Anaya agregó que el PAN respaldará al gobernador electo en caso de que la coalición impugne nuevamente la elección. “En Acción Nacional reconocemos cuando los resultados no nos favorecen, pero también defendemos con fuerza nuestros triunfos. La democracia es un ejercicio en el que no caben los chantajes ni las mentiras. Cuando se practica y se respeta, quienes ganan son los ciudadanos”, enfatizó.
Tras el fallo, está proyectado que Orozco asuma el cargo de gobernador del estado el 1 de diciembre de este año.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Lo que el gobierno oculta sobre el desastre en el río Sonora
Este 5 de agosto se cumplieron dos años del derrame de sustancias tóxicas de la minera Buenavista del Cobre, del Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi. A la empresa ya se le están levantando las sanciones, mientras que un informe confidencial –al que este semanario tuvo acceso– demuestra que el gobierno federal oculta información clave sobre el desastre: el agua contaminada se filtró a los depósitos de agua potable y el número de enfermos por este motivo se duplicó en siete municipios.
BACANUCHI, Son: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sólo a algunas dependencias federales y sus delegaciones que el fluido tóxico derramado por la mina Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014 se filtró a los pozos y tuberías que llevan agua potable a la población de los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Además, les comunicó que los enfermos por contaminación de metales pesados en la sangre y la orina se elevaron, de los 360 reconocidos por la Cofepris, a casi el doble. El informe confidencial de 26 hojas, al que este semanario tuvo acceso, revela en su capítulo “Estudios de laboratorio y de diagnóstico” que en 2015 se confirmaron 624 casos de personas intoxicadas con metales pesados.
El Laboratorio Médico Polanco, encargado de realizar los estudios a potenciales enfermos, reportó que este año 295 personas son objeto de análisis para saber si fueron afectados por los lixiviados de cobre y otros metales que recorrieron 271.6 kilómetros desde el arroyo Tinajas, en Cananea, a la presa El Molinito, en Hermosillo.
El documento fue enviado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) y a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Salud (SS), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Gobernación (Segob); así como a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas).
En el apartado “Pozos de agua para consumo humano”, encargado al Laboratorio ABC, se señala que de 566 muestras tomadas, 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 por su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso, sulfatos y fluoruros, igual que por su grado de “dureza total” (concentración de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) y “turbiedad” (residuos biológicos).
El municipio con mayores concentraciones de metales pesados es Baviácora, localizado 134 kilómetros al nororiente de Hermosillo. De las 150 muestras que ahí se tomaron, 105 resultaron “fuera de norma”.
Ures, el ayuntamiento con mayor densidad poblacional en la zona ribereña, arrojó 56 muestras que superan todas las medidas máximas de contaminantes permisibles para el consumo humano.
En Aconchi, cuyas aguas termales son famosas, 19 exámenes hidrológicos fueron desfavorables. En Huépac, el municipio más pequeño de la ribera del río Sonora, se obtuvieron 15 muestras adversas.
Arizpe, la primera ciudad en recibir los desechos mineros, registró siete muestras fuera de norma; Topahue, cuatro, y Banámichi, 2. En tanto, San Felipe de Jesús y Molino de Camou, población del municipio de Hermosillo, no obtuvo ninguna muestra en que los contaminantes rebasaran la concentración permitida.
La doctora Reina Castro Longoria, catedrática del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, lamenta que la autoridad federal intente ocultar la información sobre el número de personas enfermas y la calidad del agua que beben los habitantes de la zona.
Considera que en estos dos años las instituciones han sido incapaces de manejar la grave contingencia ambiental y se pregunta por qué no convocaron a expertos de todo el mundo para frenar la catástrofe. “Es una omisión criminal, un delito de lesa humanidad. ¿Quién castigará a estos funcionarios públicos responsables de dejar correr una desgracia como esta?”, cuestiona.
Tragedia minimizada
El delegado de la Conagua en Sonora, César Alfonso Lagarda Lagarda, celebró que la prohibición de extraer agua durante cuatro meses de los pozos en un radio de 500 metros en ambas márgenes del río Sonora “fue muy positiva debido a que evitó que las fuentes de agua pudieran contaminarse”.
Entrevistado el pasado lunes 1, el funcionario sostiene que en los pozos abastecedores aledaños al río Sonora “no se ha detectado algún metal producto de ese derrame”, pese a que los reportes oficiales indican lo contrario.
Incluso afirma: “Como ciudadano y funcionario federal les digo que me da tranquilidad porque en cuanto Cofepris o algún municipio encargado de operar los pozos detecten que el agua no cumple con la norma pues ellos deberán suspender el rebombeo, pero hasta ahorita nadie nos ha informado que el agua esté contaminada”.
Las declaraciones de Lagarda contradicen el citado informe de la Cofepris, además de minimizar el ecocidio que afectó a 22 mil 878 sonorenses.
Zoila Hildegardis López, residente de Baviácora, sufre desde hace dos años de ardor en la piel y un dolor en el cuerpo que la postró en cama por meses, mermó su capacidad motriz y la imposibilita desempeñar su trabajo de estilista.
Consultó a varios médicos, que le diagnosticaron resfriado, infección en las vías urinarias, dengue y problemas en el sistema circulatorio; incluso le extirparon la vesícula, que sólo le funcionaba al 7%, y por último se le atribuyó una depresión cercana a la demencia que le “exigía llamar la atención por ser la última de 14 hermanos”.
Visitó clínicas, hospitales generales, la unidad itinerante de la Cofepris, consultó al médico de la familia, a médicos alternativos, especialistas y hasta una doctora particular, quien le dijo: “Tú lo que tienes es depresión”.
Después, un gastroenterólogo amigo de su esposo señaló que el problema era la vesícula y se procedió a extraerla. La paciente mejoró, pero meses después los síntomas regresaron.
Al cabo de dos años, a Zoila, sus tres hijos y su esposo se les hicieron estudios especializados de la Cofepris, los cuales demostraron que todos tenían metales pesados en la sangre. Los menores tenían padecimientos en la piel, su esposo un quiste en el riñón y ella una alta concentración de aluminio y cobre.
En una de las visitas al especialista, la afectada videograbó disimuladamente a una médica cuando admitía que sus síntomas fueron causados por arsénico pero que nunca se lo encontraría en exámenes de sangre porque este metal pesado abandona el cuerpo después de dañarlo a su paso.
Con base en su experiencia y en las declaraciones del gobierno que minimiza el problema, Zoila señala: “Todavía desconfío en los doctores porque pienso que esto tiene que ver con Grupo México y a lo mejor ellos están comprados o amenazados, tal vez por eso cubren los síntomas que uno tiene”.
Al recorrer la zona es inevitable encontrar a los damnificados del derrame tóxico y sus secuelas, que continuarán hasta 2029, según la Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de los daños generados por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, creada por instrucción de Enrique Peña Nieto el 12 de septiembre de 2014.
Dicha comisión documentó que los lixiviados ricos en arsénico, cobre, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo se escurrieron a los largo de los 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, los 64 del río Bacanuchi y los 190 del río Sonora, hasta la presa El Molinito, que surte “parcialmente” a Hermosillo.
En el informe Actuación de Profepa, fechado el 15 de marzo de 2015, el sulfato de cobre acidulado (CuSO4) se derramó “por una falla en el amarre en un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados; por falta de una válvula en el Sistema de Tinajas 1 y la no existencia de una pileta de demasías”.
Y detalla: “La empresa notificó del incidente a la autoridad federal por teléfono el 8 de agosto (dos días después del percance por negligencia) y formalmente el 12 de agosto”.
Aun así, el 5 de marzo de 2015 la Profepa levantó las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista del Cobre tras el derrame y por incurrir en 55 irregularidades que culminaron en multas económicas por un total de 22 millones 959 mil 386 pesos.
En aquella ocasión el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, resaltó: “Son las sanciones más altas y significativas en cumplimiento a las leyes ambientales; están emitidas en los plazos y términos legales en coordinación con la federación; y a la empresa aún le restan por cumplir las disposiciones emitidas por la Cofepris, la Conagua y la STPS”.
Según él, desde entonces ya “no existe riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico”.
Reacción lenta e insuficiente
Los tóxicos de Buenavista del Cobre se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses, contaminaron tierras del cultivo, debilitaron la producción ganadera, afectaron en su salud al menos a 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares por la tubería de agua potable.
El análisis de uso exclusivamente institucional de la Cofepris indica que 41 de 355 muestras tomadas a las redes públicas de agua en ocho municipios, incluyendo Hermosillo, superaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
El ayuntamiento de Aconchi es el más afectado. De 50 muestras tomadas entre enero y febrero pasados, 13 (26%) fueron reportadas “fuera de norma”. En Ures, de 49 pruebas realizadas a las redes de conducción de agua potable, nueve (18.3%) rebasaron los límites máximos recomendados para consumo humano. En Molino de Camou, siete de las 10 muestras tomadas arrojaron una concentración de sustancias tóxicas mayor que la admitida en la norma.
Sin embargo, el director del organismo operador del Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, defendió la pureza del líquido en la presa El Molinito, en la batería de pozos adyacentes a esta infraestructura hidráulica y en las redes de agua potable del casco urbano de la capital sonorense.
“Nuestro principal trabajo, la labor número uno es agua de calidad a la gente, porque si no hay salud todo se cae; es lo que hacemos primero que nada”, enfatiza.
Entrevistado el martes 2, Ulloa no pudo explicar por qué si el agua de la presa El Molinito es tan pura, existen 14 casos confirmados por intoxicación de aluminio y arsénico:
“Ese no es un tema… yo no dije que el agua de El Molinito está buena, no me lo han preguntado. Es un tema de la Conagua. Ellos son los responsables de la calidad del agua y, sin embargo, nosotros también hacemos análisis. No hemos detectado problemas en El Molinito.”
Los informes institucionales que contradice el director Ulloa indican que en Baviácora los resultados de cinco de las 51 pruebas ponen en riesgo la vida de quienes consuman esa agua.
En Huépac, cuatro muestras se encontraron por encima de toda norma; dos en Arizpe y una en Banámichi. Sólo en San Felipe de Jesús el agua es apta para consumo, ya que en ninguno de los 45 estudios realizados se encontraron niveles nocivos de metales pesados.
Consultado al respecto, el delegado estatal de la Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoce que a dos años del derrame –que el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó como el “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la industria minera”– aún están pendientes la edificación de la clínica para atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras –no 37 como se anunció primero– con capacidad para separar metales pesados.
Detalla que las plantas más pequeñas serán entregadas en agosto y septiembre, mientras que las de mayor capacidad se proporcionarán en octubre y noviembre.
Cota Montoya precisa que hasta finales de julio pasado el Fideicomiso Río Sonora, que se creó con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos, había destinado mil 250 millones al resarcimiento del daño y tenía un remanente de 750 millones que se destinaría a un edificio para atender a los damnificados y evaluar la situación ambiental, así como a construir infraestructura hidráulica, ya que actualmente sólo en Bacanuchi, municipio de Arizpe, existe una.
En cuanto a la unidad epidemiológica, el delegado de Gobernación admite que sólo lleva un avance de 40%, por lo que no será entregada este año como anunció la comisión presidencial.
El 4 de febrero pasado, 18 meses después del derrame, la Semarnat entregó la primera y hasta ahora única potabilizadora en esta población de Arizpe. Actualmente se encuentra detenida por falta de pago de la energía eléctrica y hace tres semanas los habitantes cerraron con cadenas y candados la obra porque, dicen, unos funcionarios federales amagaron con llevarse la maquinaria sin justificación.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Censo de Población y Vivienda 2010 arrojó que 20 mil 395 personas residían en los siete municipios afectados. Tras darse a conocer la Encuesta Intercensal de 2015, se observó que mil 220 de esos pobladores abandonaron la sierra baja sonorense en el último lustro, a razón de 244 por año en promedio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450595/lo-gobierno-oculta-desastre-en-rio-sonora
BACANUCHI, Son: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sólo a algunas dependencias federales y sus delegaciones que el fluido tóxico derramado por la mina Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014 se filtró a los pozos y tuberías que llevan agua potable a la población de los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Además, les comunicó que los enfermos por contaminación de metales pesados en la sangre y la orina se elevaron, de los 360 reconocidos por la Cofepris, a casi el doble. El informe confidencial de 26 hojas, al que este semanario tuvo acceso, revela en su capítulo “Estudios de laboratorio y de diagnóstico” que en 2015 se confirmaron 624 casos de personas intoxicadas con metales pesados.
El Laboratorio Médico Polanco, encargado de realizar los estudios a potenciales enfermos, reportó que este año 295 personas son objeto de análisis para saber si fueron afectados por los lixiviados de cobre y otros metales que recorrieron 271.6 kilómetros desde el arroyo Tinajas, en Cananea, a la presa El Molinito, en Hermosillo.
El documento fue enviado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) y a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Salud (SS), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Gobernación (Segob); así como a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas).
En el apartado “Pozos de agua para consumo humano”, encargado al Laboratorio ABC, se señala que de 566 muestras tomadas, 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 por su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso, sulfatos y fluoruros, igual que por su grado de “dureza total” (concentración de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) y “turbiedad” (residuos biológicos).
El municipio con mayores concentraciones de metales pesados es Baviácora, localizado 134 kilómetros al nororiente de Hermosillo. De las 150 muestras que ahí se tomaron, 105 resultaron “fuera de norma”.
Ures, el ayuntamiento con mayor densidad poblacional en la zona ribereña, arrojó 56 muestras que superan todas las medidas máximas de contaminantes permisibles para el consumo humano.
En Aconchi, cuyas aguas termales son famosas, 19 exámenes hidrológicos fueron desfavorables. En Huépac, el municipio más pequeño de la ribera del río Sonora, se obtuvieron 15 muestras adversas.
Arizpe, la primera ciudad en recibir los desechos mineros, registró siete muestras fuera de norma; Topahue, cuatro, y Banámichi, 2. En tanto, San Felipe de Jesús y Molino de Camou, población del municipio de Hermosillo, no obtuvo ninguna muestra en que los contaminantes rebasaran la concentración permitida.
La doctora Reina Castro Longoria, catedrática del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, lamenta que la autoridad federal intente ocultar la información sobre el número de personas enfermas y la calidad del agua que beben los habitantes de la zona.
Considera que en estos dos años las instituciones han sido incapaces de manejar la grave contingencia ambiental y se pregunta por qué no convocaron a expertos de todo el mundo para frenar la catástrofe. “Es una omisión criminal, un delito de lesa humanidad. ¿Quién castigará a estos funcionarios públicos responsables de dejar correr una desgracia como esta?”, cuestiona.
Tragedia minimizada
El delegado de la Conagua en Sonora, César Alfonso Lagarda Lagarda, celebró que la prohibición de extraer agua durante cuatro meses de los pozos en un radio de 500 metros en ambas márgenes del río Sonora “fue muy positiva debido a que evitó que las fuentes de agua pudieran contaminarse”.
Entrevistado el pasado lunes 1, el funcionario sostiene que en los pozos abastecedores aledaños al río Sonora “no se ha detectado algún metal producto de ese derrame”, pese a que los reportes oficiales indican lo contrario.
Incluso afirma: “Como ciudadano y funcionario federal les digo que me da tranquilidad porque en cuanto Cofepris o algún municipio encargado de operar los pozos detecten que el agua no cumple con la norma pues ellos deberán suspender el rebombeo, pero hasta ahorita nadie nos ha informado que el agua esté contaminada”.
Las declaraciones de Lagarda contradicen el citado informe de la Cofepris, además de minimizar el ecocidio que afectó a 22 mil 878 sonorenses.
Zoila Hildegardis López, residente de Baviácora, sufre desde hace dos años de ardor en la piel y un dolor en el cuerpo que la postró en cama por meses, mermó su capacidad motriz y la imposibilita desempeñar su trabajo de estilista.
Consultó a varios médicos, que le diagnosticaron resfriado, infección en las vías urinarias, dengue y problemas en el sistema circulatorio; incluso le extirparon la vesícula, que sólo le funcionaba al 7%, y por último se le atribuyó una depresión cercana a la demencia que le “exigía llamar la atención por ser la última de 14 hermanos”.
Visitó clínicas, hospitales generales, la unidad itinerante de la Cofepris, consultó al médico de la familia, a médicos alternativos, especialistas y hasta una doctora particular, quien le dijo: “Tú lo que tienes es depresión”.
Después, un gastroenterólogo amigo de su esposo señaló que el problema era la vesícula y se procedió a extraerla. La paciente mejoró, pero meses después los síntomas regresaron.
Al cabo de dos años, a Zoila, sus tres hijos y su esposo se les hicieron estudios especializados de la Cofepris, los cuales demostraron que todos tenían metales pesados en la sangre. Los menores tenían padecimientos en la piel, su esposo un quiste en el riñón y ella una alta concentración de aluminio y cobre.
En una de las visitas al especialista, la afectada videograbó disimuladamente a una médica cuando admitía que sus síntomas fueron causados por arsénico pero que nunca se lo encontraría en exámenes de sangre porque este metal pesado abandona el cuerpo después de dañarlo a su paso.
Con base en su experiencia y en las declaraciones del gobierno que minimiza el problema, Zoila señala: “Todavía desconfío en los doctores porque pienso que esto tiene que ver con Grupo México y a lo mejor ellos están comprados o amenazados, tal vez por eso cubren los síntomas que uno tiene”.
Al recorrer la zona es inevitable encontrar a los damnificados del derrame tóxico y sus secuelas, que continuarán hasta 2029, según la Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de los daños generados por el derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, creada por instrucción de Enrique Peña Nieto el 12 de septiembre de 2014.
Dicha comisión documentó que los lixiviados ricos en arsénico, cobre, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo se escurrieron a los largo de los 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, los 64 del río Bacanuchi y los 190 del río Sonora, hasta la presa El Molinito, que surte “parcialmente” a Hermosillo.
En el informe Actuación de Profepa, fechado el 15 de marzo de 2015, el sulfato de cobre acidulado (CuSO4) se derramó “por una falla en el amarre en un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados; por falta de una válvula en el Sistema de Tinajas 1 y la no existencia de una pileta de demasías”.
Y detalla: “La empresa notificó del incidente a la autoridad federal por teléfono el 8 de agosto (dos días después del percance por negligencia) y formalmente el 12 de agosto”.
Aun así, el 5 de marzo de 2015 la Profepa levantó las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista del Cobre tras el derrame y por incurrir en 55 irregularidades que culminaron en multas económicas por un total de 22 millones 959 mil 386 pesos.
En aquella ocasión el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, resaltó: “Son las sanciones más altas y significativas en cumplimiento a las leyes ambientales; están emitidas en los plazos y términos legales en coordinación con la federación; y a la empresa aún le restan por cumplir las disposiciones emitidas por la Cofepris, la Conagua y la STPS”.
Según él, desde entonces ya “no existe riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico”.
Reacción lenta e insuficiente
Los tóxicos de Buenavista del Cobre se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses, contaminaron tierras del cultivo, debilitaron la producción ganadera, afectaron en su salud al menos a 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares por la tubería de agua potable.
El análisis de uso exclusivamente institucional de la Cofepris indica que 41 de 355 muestras tomadas a las redes públicas de agua en ocho municipios, incluyendo Hermosillo, superaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
El ayuntamiento de Aconchi es el más afectado. De 50 muestras tomadas entre enero y febrero pasados, 13 (26%) fueron reportadas “fuera de norma”. En Ures, de 49 pruebas realizadas a las redes de conducción de agua potable, nueve (18.3%) rebasaron los límites máximos recomendados para consumo humano. En Molino de Camou, siete de las 10 muestras tomadas arrojaron una concentración de sustancias tóxicas mayor que la admitida en la norma.
Sin embargo, el director del organismo operador del Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, defendió la pureza del líquido en la presa El Molinito, en la batería de pozos adyacentes a esta infraestructura hidráulica y en las redes de agua potable del casco urbano de la capital sonorense.
“Nuestro principal trabajo, la labor número uno es agua de calidad a la gente, porque si no hay salud todo se cae; es lo que hacemos primero que nada”, enfatiza.
Entrevistado el martes 2, Ulloa no pudo explicar por qué si el agua de la presa El Molinito es tan pura, existen 14 casos confirmados por intoxicación de aluminio y arsénico:
“Ese no es un tema… yo no dije que el agua de El Molinito está buena, no me lo han preguntado. Es un tema de la Conagua. Ellos son los responsables de la calidad del agua y, sin embargo, nosotros también hacemos análisis. No hemos detectado problemas en El Molinito.”
Los informes institucionales que contradice el director Ulloa indican que en Baviácora los resultados de cinco de las 51 pruebas ponen en riesgo la vida de quienes consuman esa agua.
En Huépac, cuatro muestras se encontraron por encima de toda norma; dos en Arizpe y una en Banámichi. Sólo en San Felipe de Jesús el agua es apta para consumo, ya que en ninguno de los 45 estudios realizados se encontraron niveles nocivos de metales pesados.
Consultado al respecto, el delegado estatal de la Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoce que a dos años del derrame –que el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó como el “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la industria minera”– aún están pendientes la edificación de la clínica para atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras –no 37 como se anunció primero– con capacidad para separar metales pesados.
Detalla que las plantas más pequeñas serán entregadas en agosto y septiembre, mientras que las de mayor capacidad se proporcionarán en octubre y noviembre.
Cota Montoya precisa que hasta finales de julio pasado el Fideicomiso Río Sonora, que se creó con un fondo inicial de 2 mil millones de pesos, había destinado mil 250 millones al resarcimiento del daño y tenía un remanente de 750 millones que se destinaría a un edificio para atender a los damnificados y evaluar la situación ambiental, así como a construir infraestructura hidráulica, ya que actualmente sólo en Bacanuchi, municipio de Arizpe, existe una.
En cuanto a la unidad epidemiológica, el delegado de Gobernación admite que sólo lleva un avance de 40%, por lo que no será entregada este año como anunció la comisión presidencial.
El 4 de febrero pasado, 18 meses después del derrame, la Semarnat entregó la primera y hasta ahora única potabilizadora en esta población de Arizpe. Actualmente se encuentra detenida por falta de pago de la energía eléctrica y hace tres semanas los habitantes cerraron con cadenas y candados la obra porque, dicen, unos funcionarios federales amagaron con llevarse la maquinaria sin justificación.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Censo de Población y Vivienda 2010 arrojó que 20 mil 395 personas residían en los siete municipios afectados. Tras darse a conocer la Encuesta Intercensal de 2015, se observó que mil 220 de esos pobladores abandonaron la sierra baja sonorense en el último lustro, a razón de 244 por año en promedio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450595/lo-gobierno-oculta-desastre-en-rio-sonora
El infierno se mudó a Colima
Hace ocho años, el estado más violento del país era un dechado de tranquilidad. Hoy, Colima encabeza la lista de homicidios dolosos, es el escenario de una batalla entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, y la violencia ya se desbordó a toda la sociedad. Las estrategias de seguridad –si existen– no han servido de nada, y políticos de primer nivel y sus familiares están señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
COLIMA, Col: La tarde del pasado 20 de abril, Alma Hernández y su novio, Pedro Navarro –ambos de 21 años de edad–, fueron a comer a un establecimiento del centro comercial Walmart Tecnológico de esta ciudad. Tras finalizar, y cuando ya iban a subirse a la motocicleta del joven, fueron asesinados a balazos en el estacionamiento del lugar.
Alma era estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico Regional de Colima (ITRC) y Pedro era cobrador de una tienda departamental. Para ganar un dinero extra se habían asociado para instalar un puesto de hotdogs, que colocaron afuera del domicilio de la muchacha, en el municipio conurbado de Villa de Álvarez.
Las hermanas de Alma se enteraron del doble asesinato a través de las redes sociales, cuando vieron fotografías de los cadáveres tirados boca arriba, todavía con el casco puesto. Su madre, una mujer que hace dos años perdió a su esposo y que actualmente se dedica a limpiar casas, supo de la tragedia cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron por ella para que identificara el cuerpo de su hija.
Pedro y Alma son dos de las 287 víctimas mortales en lo que va de 2016. En menos de una década, esta entidad pasó de ser una de las más seguras del país a ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así lo demuestran: en 2008 Colima ocupó el lugar 25 en ese delito, con una tasa de 5.23 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En los primeros sitios estaban Chihuahua (56.19), Sinaloa (41.48), Guerrero (28.13), Baja California (27.47) y Durango (26.41).
La realidad se transformó notablemente en el primer semestre de 2016, cuando Colima rebasó a las entidades antedichas y alcanzó una tasa de 39.01 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguida de lejos por Guerrero (29.32), Sinaloa (17.41), Morelos (14.41), Baja California (14.23) y Chihuahua (13.67).
La cantidad de homicidios dolosos en 2016 ya igualó a la de todo 2012, el año más sangriento de las últimas dos décadas en Colima, según los registros del SNSP.
Durante su campaña, el actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, prometió que los colimenses vivirían felices y seguros. Pero desde los primeros meses de su administración –iniciada en febrero pasado– aumentó la inseguridad.
Se ve y se siente… el terror
En el segundo trimestre del año, además, Colima fue la ciudad con el mayor incremento en la percepción de inseguridad pública en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa medición, aplicada durante junio en 43 urbes mexicanas, mostró que 72.7% de la población colimense se siente insegura, cifra que superó en casi 13 puntos porcentuales a la de marzo pasado. En el mismo lapso, el promedio nacional se mantuvo estable, al pasar de 69.9 a 70%.
Aunque el gobierno de Peralta continúa con la estrategia de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de censurar la información sobre actos violentos –casi nunca se emiten comunicados oficiales en torno a homicidios– no ha podido impedir que trasciendan los hechos delictivos.
Así, los medios locales están llenos de reportes sobre ejecuciones, feminicidios y desaparición de personas, hallazgos de fosas clandestinas y de cuerpos descuartizados. Las notas se multiplican en Tecomán, Manzanillo, Colima, Armería y Cuauhtémoc.
Esta etapa violenta tiene sus antecedentes en octubre de 2015, en las últimas semanas del sexenio de Mario Anguiano. Ese mes se perpetró un atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña, quien recibió cuatro balazos mientras desayunaba en un restaurante, y sobrevivió.
Ya en enero de este año fue ejecutado un sobrino de Moreno Peña, el abogado Samuel Rodríguez Moreno, quien años atrás había sido representante legal de una empresa de Gerardo Mendoza Chávez, identificado por las autoridades como operador de La Familia Michoacana en Colima y estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, en 2010.
La noche del 6 de julio pasado fue ultimado el empresario Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando circulaba en su vehículo.
Hermano del exgobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes –quien en 2005 murió al caer el avión del gobierno estatal en que viajaba–, Jaime Ernesto recibió siete de los 29 balazos de rifle R-15 disparados contra su camioneta desde otro vehículo, que al día siguiente apareció quemado entre Colima y Jalisco.
La razón de la sinrazón
De acuerdo con Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad de Lantia Consultores, el repunte de la violencia en Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes se relaciona con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Citado por el portal de noticias Sinembargo.mx, el especialista señala que en Colima la crisis se debe principalmente a que el CJNG y el Cártel de Sinaloa rivalizan por el control del puerto de Manzanillo.
Después de comparecer ante el Congreso del estado el 8 de junio anterior, el almirante Eduardo Villa Valenzuela, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, explicó las razones por las que –a su juicio– se multiplicaron los asesinatos:
“Esto es una guerra irregular en la que no vemos a los homicidas; están confundidos entre nosotros. Entonces vienen las ejecuciones cuando no hay policía, en que no hay procuraduría. Hay grupos delictivos muy fuertes, que vienen de otros estados, y las ejecuciones son entre ellos.”
Para el general José Francisco Gallardo Rodríguez, en Colima quedó evidenciada la incapacidad de las autoridades para enfrentar la violencia y la inseguridad.
En entrevista con Proceso, el militar retirado expone: “Aquí hay un vacío de poder; desde el punto de vista castrense es un territorio utilizado por esos grupos como un teatro de operaciones que les va a permitir disputar sus espacios, sus rutas comerciales, sus mecanismos de distribución”.
–¿Es casualidad que Colima sea un territorio de disputa? –se le pregunta.
–No. Estamos en occidente, un área muy importante geopolíticamente: tenemos el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas. Ese territorio sirve para extraer minerales, transportar drogas, trata de blancas.
Gallardo resume el problema: “Son reacomodos de estructuras de poder que operan en un estado, de carácter político, económico, social, criminal”.
Hace notar que pese al tiempo transcurrido no se han aclarado los delitos de alto impacto ni se ha informado a la sociedad sobre los móviles: “Podría ser que algunos de esos casos no tengan relación con el crimen organizado, sino con otras cosas; pero cómo podemos saberlo si la autoridad no ha informado con claridad al respecto”.
Desde las primeras semanas de su gubernatura, Peralta ubicó la seguridad como prioridad de su administración, aunque responsabilizó del problema a su antecesor, Mario Anguiano.
El corresponsal pidió una entrevista con el procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para obtener su versión sobre la violencia que sufre Colima, pero no hubo respuesta a la solicitud.
En declaraciones realizadas al noticiero radiofónico Ángel Guardián el 8 de julio pasado, el fiscal deslindó de posibles vínculos con el crimen organizado a Jaime Ernesto Vázquez, quien había sido asesinado horas antes.
Frente a la ola de violencia que a más de cinco meses del inicio de la actual administración estatal no ha sido controlada, el Congreso del estado emitió el 13 de julio anterior un exhorto al mandatario para que sustituya al titular de la SSP, Eduardo Villa Valenzuela, “debido a los pésimos resultados en materia de seguridad”.
Presentado por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, el punto de acuerdo también instó al jefe del Ejecutivo a definir nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana.
Aprobado por mayoría, con el voto en contra de la fracción priista, el documento también planteó la comparecencia del procurador y el secretario de Seguridad Pública ante el Congreso.
Para la representante en Colima de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°), Adriana Ruiz Visfocri, el asesinato de la estudiante Alma Hernández, que no ha sido aclarado, es un caso emblemático porque “desmiente la postura que ha tenido el gobierno de que la violencia es resultado de ajustes de cuentas entre narcos, que es gente de fuera que anda en malos pasos y por eso le ocurre eso.
“Alma era una chica sana, era hija de familia, estudiante aplicada en sus estudios, era un apoyo para su familia y la asesinaron cobardemente.”
El presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, urge al gobierno estatal a replantear la estrategia de seguridad, pues desde su punto de vista no se han hecho bien las cosas:
“Estamos ante un panorama muy complicado para todos. Los ciudadanos ya no salimos como lo hacíamos antes. Vemos que a cualquiera le puede suceder lo que le ha pasado a mucha gente: hay cientos de asesinados, desaparecidos y mujeres muertas. Hay miles de delitos y no hay una solución a la vista.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450594/infierno-se-mudo-a-colima
COLIMA, Col: La tarde del pasado 20 de abril, Alma Hernández y su novio, Pedro Navarro –ambos de 21 años de edad–, fueron a comer a un establecimiento del centro comercial Walmart Tecnológico de esta ciudad. Tras finalizar, y cuando ya iban a subirse a la motocicleta del joven, fueron asesinados a balazos en el estacionamiento del lugar.
Alma era estudiante de octavo semestre de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico Regional de Colima (ITRC) y Pedro era cobrador de una tienda departamental. Para ganar un dinero extra se habían asociado para instalar un puesto de hotdogs, que colocaron afuera del domicilio de la muchacha, en el municipio conurbado de Villa de Álvarez.
Las hermanas de Alma se enteraron del doble asesinato a través de las redes sociales, cuando vieron fotografías de los cadáveres tirados boca arriba, todavía con el casco puesto. Su madre, una mujer que hace dos años perdió a su esposo y que actualmente se dedica a limpiar casas, supo de la tragedia cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron por ella para que identificara el cuerpo de su hija.
Pedro y Alma son dos de las 287 víctimas mortales en lo que va de 2016. En menos de una década, esta entidad pasó de ser una de las más seguras del país a ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) así lo demuestran: en 2008 Colima ocupó el lugar 25 en ese delito, con una tasa de 5.23 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En los primeros sitios estaban Chihuahua (56.19), Sinaloa (41.48), Guerrero (28.13), Baja California (27.47) y Durango (26.41).
La realidad se transformó notablemente en el primer semestre de 2016, cuando Colima rebasó a las entidades antedichas y alcanzó una tasa de 39.01 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguida de lejos por Guerrero (29.32), Sinaloa (17.41), Morelos (14.41), Baja California (14.23) y Chihuahua (13.67).
La cantidad de homicidios dolosos en 2016 ya igualó a la de todo 2012, el año más sangriento de las últimas dos décadas en Colima, según los registros del SNSP.
Durante su campaña, el actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, prometió que los colimenses vivirían felices y seguros. Pero desde los primeros meses de su administración –iniciada en febrero pasado– aumentó la inseguridad.
Se ve y se siente… el terror
En el segundo trimestre del año, además, Colima fue la ciudad con el mayor incremento en la percepción de inseguridad pública en todo el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esa medición, aplicada durante junio en 43 urbes mexicanas, mostró que 72.7% de la población colimense se siente insegura, cifra que superó en casi 13 puntos porcentuales a la de marzo pasado. En el mismo lapso, el promedio nacional se mantuvo estable, al pasar de 69.9 a 70%.
Aunque el gobierno de Peralta continúa con la estrategia de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, de censurar la información sobre actos violentos –casi nunca se emiten comunicados oficiales en torno a homicidios– no ha podido impedir que trasciendan los hechos delictivos.
Así, los medios locales están llenos de reportes sobre ejecuciones, feminicidios y desaparición de personas, hallazgos de fosas clandestinas y de cuerpos descuartizados. Las notas se multiplican en Tecomán, Manzanillo, Colima, Armería y Cuauhtémoc.
Esta etapa violenta tiene sus antecedentes en octubre de 2015, en las últimas semanas del sexenio de Mario Anguiano. Ese mes se perpetró un atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña, quien recibió cuatro balazos mientras desayunaba en un restaurante, y sobrevivió.
Ya en enero de este año fue ejecutado un sobrino de Moreno Peña, el abogado Samuel Rodríguez Moreno, quien años atrás había sido representante legal de una empresa de Gerardo Mendoza Chávez, identificado por las autoridades como operador de La Familia Michoacana en Colima y estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, en 2010.
La noche del 6 de julio pasado fue ultimado el empresario Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando circulaba en su vehículo.
Hermano del exgobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes –quien en 2005 murió al caer el avión del gobierno estatal en que viajaba–, Jaime Ernesto recibió siete de los 29 balazos de rifle R-15 disparados contra su camioneta desde otro vehículo, que al día siguiente apareció quemado entre Colima y Jalisco.
La razón de la sinrazón
De acuerdo con Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad de Lantia Consultores, el repunte de la violencia en Jalisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes se relaciona con la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Citado por el portal de noticias Sinembargo.mx, el especialista señala que en Colima la crisis se debe principalmente a que el CJNG y el Cártel de Sinaloa rivalizan por el control del puerto de Manzanillo.
Después de comparecer ante el Congreso del estado el 8 de junio anterior, el almirante Eduardo Villa Valenzuela, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, explicó las razones por las que –a su juicio– se multiplicaron los asesinatos:
“Esto es una guerra irregular en la que no vemos a los homicidas; están confundidos entre nosotros. Entonces vienen las ejecuciones cuando no hay policía, en que no hay procuraduría. Hay grupos delictivos muy fuertes, que vienen de otros estados, y las ejecuciones son entre ellos.”
Para el general José Francisco Gallardo Rodríguez, en Colima quedó evidenciada la incapacidad de las autoridades para enfrentar la violencia y la inseguridad.
En entrevista con Proceso, el militar retirado expone: “Aquí hay un vacío de poder; desde el punto de vista castrense es un territorio utilizado por esos grupos como un teatro de operaciones que les va a permitir disputar sus espacios, sus rutas comerciales, sus mecanismos de distribución”.
–¿Es casualidad que Colima sea un territorio de disputa? –se le pregunta.
–No. Estamos en occidente, un área muy importante geopolíticamente: tenemos el puerto de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas. Ese territorio sirve para extraer minerales, transportar drogas, trata de blancas.
Gallardo resume el problema: “Son reacomodos de estructuras de poder que operan en un estado, de carácter político, económico, social, criminal”.
Hace notar que pese al tiempo transcurrido no se han aclarado los delitos de alto impacto ni se ha informado a la sociedad sobre los móviles: “Podría ser que algunos de esos casos no tengan relación con el crimen organizado, sino con otras cosas; pero cómo podemos saberlo si la autoridad no ha informado con claridad al respecto”.
Desde las primeras semanas de su gubernatura, Peralta ubicó la seguridad como prioridad de su administración, aunque responsabilizó del problema a su antecesor, Mario Anguiano.
El corresponsal pidió una entrevista con el procurador de Justicia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para obtener su versión sobre la violencia que sufre Colima, pero no hubo respuesta a la solicitud.
En declaraciones realizadas al noticiero radiofónico Ángel Guardián el 8 de julio pasado, el fiscal deslindó de posibles vínculos con el crimen organizado a Jaime Ernesto Vázquez, quien había sido asesinado horas antes.
Frente a la ola de violencia que a más de cinco meses del inicio de la actual administración estatal no ha sido controlada, el Congreso del estado emitió el 13 de julio anterior un exhorto al mandatario para que sustituya al titular de la SSP, Eduardo Villa Valenzuela, “debido a los pésimos resultados en materia de seguridad”.
Presentado por la diputada panista Martha Leticia Sosa Govea, el punto de acuerdo también instó al jefe del Ejecutivo a definir nuevas políticas y estrategias de seguridad ciudadana.
Aprobado por mayoría, con el voto en contra de la fracción priista, el documento también planteó la comparecencia del procurador y el secretario de Seguridad Pública ante el Congreso.
Para la representante en Colima de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4°), Adriana Ruiz Visfocri, el asesinato de la estudiante Alma Hernández, que no ha sido aclarado, es un caso emblemático porque “desmiente la postura que ha tenido el gobierno de que la violencia es resultado de ajustes de cuentas entre narcos, que es gente de fuera que anda en malos pasos y por eso le ocurre eso.
“Alma era una chica sana, era hija de familia, estudiante aplicada en sus estudios, era un apoyo para su familia y la asesinaron cobardemente.”
El presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, urge al gobierno estatal a replantear la estrategia de seguridad, pues desde su punto de vista no se han hecho bien las cosas:
“Estamos ante un panorama muy complicado para todos. Los ciudadanos ya no salimos como lo hacíamos antes. Vemos que a cualquiera le puede suceder lo que le ha pasado a mucha gente: hay cientos de asesinados, desaparecidos y mujeres muertas. Hay miles de delitos y no hay una solución a la vista.”
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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Dueño de propiedad que usa “La Gaviota” en Miami tiene empresa similar a Ecobici
CIUDAD DE MÉXICO: Según registros públicos de Estados Unidos, el empresario Ricardo Pierdant, quien presta un lujoso departamento en Miami a Angélica Rivera, tiene diez compañías activas en Florida, de las cuales seis están dedicadas a brindar el servicio de préstamo de bicicletas de manera similar al sistema Ecobici de la Ciudad de México.
De acuerdo con información difundida en el portal de Aristegui Noticias, Pierdant es el dueño de las empresas que ofrecen el servicio Deco Bike en las principales ciudades de Florida, además de San Diego, California.
El pasado martes 9, el diario inglés The Guardian reveló que el “hogar” de Angélica Rivera en Miami, propiedad de Ricardo Pierdant, se ubica en un edificio denominado Ocean Club Tower One, en el exclusivo sector Key Bizcaine, en Florida.
Según la nota, Pierdant, además de prestar su departamento a la primera dama, también pagó los impuestos de la vivienda de ésta, que se encuentra justo arriba del suyo, correspondientes al año 2013. Este pago de impuestos, de acuerdo con archivos públicos, se realizó en 2014.
Deco Bike, de Ricardo Pierdant, opera de manera similar a Ecobici, es decir, se trata de un esquema de membresías o de renta por hora que funciona todo el año y opera en Miami Beach, la ciudad de Miami, Surfside Florida, Bay Harbor Island Florida y la ciudad de San Diego, en el estado de California.
Seis compañías de Pierdant están relacionadas con la renta de bicicletas: Deco Bike, Deco B Holdings, Deco Long Beach, Deco Bike Miami, Deco Bike San Diego y RPG Fortune Holdings, según la División de Compañías del estado de Florida.
Para ofrecer su servicio en Miami Beach, Pierdant se asoció en 2009 con la canadiense SandVault Global Solutions, para poner en servicio mil bicicletas en 60 estaciones, de acuerdo con un documento oficial de esa ciudad.
Ricardo Pierdant aparece como director de otras tres compañías registradas en Florida: Mintoto US Holdings, Bar Solutions y Kronos SB. La primera fue creada en 2010 y las otras dos en 2015 y 2016 respectivamente.
La firma y las direcciones de esas nueve empresas coinciden. Por ejemplo, la dirección de su compañía RPG Fortune Holdings es la misma que la de la décima empresa: Biscayne Ocean Holdings.
Esta última es con la que Ricardo Pierdant pagó los impuestos del departamento de Rivera en 2014 y con la que registró el departamento que le presta a la llamada “Gaviota”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/450600/dueno-propiedad-usa-la-gaviota-en-miami-empresa-similar-a-ecobici
De acuerdo con información difundida en el portal de Aristegui Noticias, Pierdant es el dueño de las empresas que ofrecen el servicio Deco Bike en las principales ciudades de Florida, además de San Diego, California.
El pasado martes 9, el diario inglés The Guardian reveló que el “hogar” de Angélica Rivera en Miami, propiedad de Ricardo Pierdant, se ubica en un edificio denominado Ocean Club Tower One, en el exclusivo sector Key Bizcaine, en Florida.
Según la nota, Pierdant, además de prestar su departamento a la primera dama, también pagó los impuestos de la vivienda de ésta, que se encuentra justo arriba del suyo, correspondientes al año 2013. Este pago de impuestos, de acuerdo con archivos públicos, se realizó en 2014.
Deco Bike, de Ricardo Pierdant, opera de manera similar a Ecobici, es decir, se trata de un esquema de membresías o de renta por hora que funciona todo el año y opera en Miami Beach, la ciudad de Miami, Surfside Florida, Bay Harbor Island Florida y la ciudad de San Diego, en el estado de California.
Seis compañías de Pierdant están relacionadas con la renta de bicicletas: Deco Bike, Deco B Holdings, Deco Long Beach, Deco Bike Miami, Deco Bike San Diego y RPG Fortune Holdings, según la División de Compañías del estado de Florida.
Para ofrecer su servicio en Miami Beach, Pierdant se asoció en 2009 con la canadiense SandVault Global Solutions, para poner en servicio mil bicicletas en 60 estaciones, de acuerdo con un documento oficial de esa ciudad.
Ricardo Pierdant aparece como director de otras tres compañías registradas en Florida: Mintoto US Holdings, Bar Solutions y Kronos SB. La primera fue creada en 2010 y las otras dos en 2015 y 2016 respectivamente.
La firma y las direcciones de esas nueve empresas coinciden. Por ejemplo, la dirección de su compañía RPG Fortune Holdings es la misma que la de la décima empresa: Biscayne Ocean Holdings.
Esta última es con la que Ricardo Pierdant pagó los impuestos del departamento de Rivera en 2014 y con la que registró el departamento que le presta a la llamada “Gaviota”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Ante “mundo turbulento”, EPN nos conduce a “buen puerto”: Videgaray
"Hoy México enfrenta distintas turbulencias", reconoció el secretario de Hacienda.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que el prediente Enrique Peña Nieto conduce al país a un “buen puerto”, ante un “mundo turbulento” en el que el escenario financiero y económico representan un reto.
“Señor Presidente de la República: Hoy, México enfrenta distintas turbulencias. Y así como a veces la mar presenta cielos y mares que son un reto para quienes conducen a la Armada, hoy usted enfrenta, como capitán de navío, un mundo turbulento. Sin duda alguna, el escenario financiero y económico internacional presenta un reto.
“Y así como estos jóvenes que hoy se gradúan habrán de conducir navíos a buen puerto, ante las tormentas, usted así lo está haciendo, señor Presidente, como capitán de este gran barco, este gran barco que se llama México, y cuente usted con estos jóvenes que hoy se gradúan y con todos sus colaboradores, para seguir sirviendo con usted a esta gran nación”, finalizó.
Videgaray participó este jueves en la ceremonia de graduación de la generación 2011-2016 de la Heroica Escuela Naval Militar –encabezada por el mandatario Enrique Peña Nieto-, donde el secretario dio un breve discurso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1108/mexico/ante-mundo-turbulento-epn-nos-conduce-a-buen-puerto-videgaray/
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que el prediente Enrique Peña Nieto conduce al país a un “buen puerto”, ante un “mundo turbulento” en el que el escenario financiero y económico representan un reto.
“Señor Presidente de la República: Hoy, México enfrenta distintas turbulencias. Y así como a veces la mar presenta cielos y mares que son un reto para quienes conducen a la Armada, hoy usted enfrenta, como capitán de navío, un mundo turbulento. Sin duda alguna, el escenario financiero y económico internacional presenta un reto.
“Y así como estos jóvenes que hoy se gradúan habrán de conducir navíos a buen puerto, ante las tormentas, usted así lo está haciendo, señor Presidente, como capitán de este gran barco, este gran barco que se llama México, y cuente usted con estos jóvenes que hoy se gradúan y con todos sus colaboradores, para seguir sirviendo con usted a esta gran nación”, finalizó.
Videgaray participó este jueves en la ceremonia de graduación de la generación 2011-2016 de la Heroica Escuela Naval Militar –encabezada por el mandatario Enrique Peña Nieto-, donde el secretario dio un breve discurso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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La PGR no ha entrado a Nochixtlán, pero analiza 89 armas usadas en el enfrentamiento
La Comisión Especial del Congreso que da seguimiento al caso se reunió con la procuradora General de la República, Arely Gómez, quien reveló que fueron decomisadas 89 armas de los policías para determinar si de ellas salieron los disparos que mataron a seis personas.
Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido entrar a Nochixtlán, Oaxaca, para realizar las investigaciones del enfrentamiento que dejó un saldo de ocho muertos, el pasado 19 de junio.
Luego de una reunión privada con la Comisión Especial del Congreso que da seguimiento a las investigaciones, el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Gilberto Higuera, reconoció en conferencia de prensa que las indagatorias se han tenido que realizar a distancia y a través de otros procedimientos no presenciales.
“Ciertamente, aunque no hemos estado en el lugar donde ocurre el suceso, la legislación procesal nos permite, y las técnicas de investigación, poder obtener datos y medios de prueba sin necesidad de ello”, aseguró.
El subprocurador informó también que ninguna de las víctimas de los hechos violentos ha presentado denuncias.
A su vez, la presidenta de ese grupo de trabajo, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, detalló que la procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que su dependencia analiza 89 armas, largas y cortas, que portaban 62 elementos policiales de la Gendarmería y estatales.
La requisa de estas armas permitirá establecer si de ellas salieron los disparos con los que fueron asesinadas las seis personas durante la refriega. La panista detalló que seis elementos de la Policía Estatal portaban 11 armas (cinco largas y seis cortas); 32 elementos de la Gendarmería portaban 54 armas (22 largas y 32 cortas) y 24 elementos de la policía estatal división vial traían 24 armas (15 cortas y nueve largas).
A su vez, Higuera Bernal dijo que hubo disparos de civiles pues un helicóptero de la Policía Federal presentó dos impactos de bala.
La PGR reveló que cuenta con 32 carpetas de investigación por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, lesiones, daño en propiedad ajena, robo de uniformes y equipo y ataques a vías de comunicación, entre otros.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1108/mexico/la-pgr-no-ha-entrado-a-nochixtlan-pero-analiza-89-armas-usadas-en-el-enfrentamiento/
Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido entrar a Nochixtlán, Oaxaca, para realizar las investigaciones del enfrentamiento que dejó un saldo de ocho muertos, el pasado 19 de junio.
Luego de una reunión privada con la Comisión Especial del Congreso que da seguimiento a las investigaciones, el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Gilberto Higuera, reconoció en conferencia de prensa que las indagatorias se han tenido que realizar a distancia y a través de otros procedimientos no presenciales.
“Ciertamente, aunque no hemos estado en el lugar donde ocurre el suceso, la legislación procesal nos permite, y las técnicas de investigación, poder obtener datos y medios de prueba sin necesidad de ello”, aseguró.
El subprocurador informó también que ninguna de las víctimas de los hechos violentos ha presentado denuncias.
A su vez, la presidenta de ese grupo de trabajo, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, detalló que la procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que su dependencia analiza 89 armas, largas y cortas, que portaban 62 elementos policiales de la Gendarmería y estatales.
La requisa de estas armas permitirá establecer si de ellas salieron los disparos con los que fueron asesinadas las seis personas durante la refriega. La panista detalló que seis elementos de la Policía Estatal portaban 11 armas (cinco largas y seis cortas); 32 elementos de la Gendarmería portaban 54 armas (22 largas y 32 cortas) y 24 elementos de la policía estatal división vial traían 24 armas (15 cortas y nueve largas).
A su vez, Higuera Bernal dijo que hubo disparos de civiles pues un helicóptero de la Policía Federal presentó dos impactos de bala.
La PGR reveló que cuenta con 32 carpetas de investigación por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, lesiones, daño en propiedad ajena, robo de uniformes y equipo y ataques a vías de comunicación, entre otros.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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