Querétaro, Querétaro. Los juegos, los sueños, la escuela, los amigos, la familia, los cumpleaños, los viajes; La seguridad, la libertad, la dignidad y la vida han dejado de ser derechos para convertirse, vergonzosa, intolerable y lamentablemente en beneficios que se adquieren cuando “moderas” tu manera de hablar, cuando “cuidas” la manera en que vistes, los horarios en que sales, lugares que frecuentas, cuando dejas de confiar en las personas y cuando tu vida deja de ser tu vida.
Suman ya 31 Feminicidios en Querétaro, de enero de 2015 a agosto de 2016, de los cuales 2 corresponden a niñas, el ultimo ocurrido el 09 de agosto de 2016.
Los Feminicidios son a todas luces Violencia de Estado, En Querétaro, existen antecedentes que no debemos olvidar; En 2015, la SEGOB a través la CONAVIM, tuvo conocimiento de 19 casos de feminicidios en Querétaro reportados por algunas org. en el estado quienes solicitaron la Activación de la AVG, sin embargo el 11 de noviembre de 2015, el grupo de trabajo de la CONAVIM determino que “…en vista de que los hechos de los que tuvo conocimiento en ese momento, no reunían las condiciones de gravedad y urgencia para solicitar la adopción de medidas provisionales de seguridad y de justicia, a fin de evitar daños irreparables provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el territorio determinado en la solicitud.”
En abril de 2016 fueron entregadas las recomendaciones al Gobierno de Queretaro dejando fuera al municipio de Amealco, conocido por contar con población indígena, con altos indices de pobreza y exclusión social; es en dicho municipio donde en 2014 fueron reportadas como desaparecidas una madre y su hija de 6 años de edad, quienes15 días después fueron localizadas sin vida y con signos de violencia extrema en una localidad del estado de Michoacan, recientemente una menor de 12 años de edad fue atacada sexualmente y asesinada en Amealco el 09 de agosto de 2016.
Los feminicidios se caracterizan por la impunidad que les arropa y propicia la repetición del daño. La discriminación múltiple que viven las mujeres indígenas y el no reconocimiento de la gravedad de las problemáticas que enfrentan, se enmarca en un contexto de violencia feminicida. Pese a los múltiples, misoginos y cansados discursos oficiales del “No pasa nada”.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ALEIDA QUINTANA.
LINK: https://desinformemonos.org/suman-31-feminicidios-en-queretaro-en-18-meses/
lunes, 15 de agosto de 2016
Docentes 'toman' cinco edificios públicos en Tuxtla Gutiérrez
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron esta mañana Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Federalizada y la Torre Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para exigir la abrogación de la reforma educativa, informaron dirigentes magisteriales.
Agregaron que como parte de las protestas para respaldar a la Comisión Única de Negociación (CNUN), que representa al magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en los diálogos en la Secretaría de Gobernación, los docentes, apoyados por estudiantes normalistas, se posesionaron también de las oficinas de Planeación Educativa y del Instituto Nacional de Evaluación.
En la Torre Chiapas funcionan las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Turismo estatales, así como del Sistema de Agua Potable, entre otras
Los dirigentes consultados dijeron que simultáneamente otros grupos de profesores iniciaron acciones de boteo en la entrada poniente de la capital y en la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para recolectar recursos económicos, con el propósito de sufragar los gastos del movimiento.
Los maestros de las secciones 7 y 40 del CNTE, están en paro de labores desde el 15 de mayo, día en que también instalaron un plantón masivo en varias cuadras del centro de la capital del estado, para exigir la abrogación de la reforma educativa.
Fuente: La Jornada
Autor: Elío Henríquez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/docentes-toman-instalaciones-de-la-se-en-tuxtla-gutierrez
Nuevas protestas en Oaxaca contra la reforma educativa
Oaxaca, Oax. Profesores de la sección 23 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), y organizaciones sociales realizan en la entidad distintos actos de protesta como son: la toma de centros comerciales, juzgados de distrito y de instituciones bancarias.
Lo anterior como parte de las actividades de presión para exigir una solución a la demanda de la derogación de la reforma educativa, pero además para exigir la liberación de los 25 presos del Frente Popular Revolucionario quienes son acusados de portación de bombas molotov y del robo de urnas en la elección federal del 2015.
Los manifestantes tomaron los juzgados tercero de circuito federal así como los juzgados del fuero común del penal de Santa María Ixcotel, también cerraron los accesos a la Macro Plaza y Plaza del Valle y Oaxaca.
Fuente: La Jornada
Autor: Jorge A. Pérez Alfonso
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/protestan-en-oaxaca-contra-la-reforma-educativa
#Alerta Reportan ataque a normalistas en Michoacán
Morelia, Mich. Alumnos normalistas reportaron ser víctimas de una presunta agresión a balazos por parte de la Policía Federal en la caseta de peaje de Ecuandureo, en la autopista de Occidente México-Morelia-Guadalajara, la cual bloquearon desde las 9:30 horas de este lunes, en demanda de que se autoricen mil 200 plazas “automáticas” en el sistema educativo público.
Alejandro Toledo, vocero de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), informó a través de un mensaje de texto que la agresión se registró a las 11:25 horas, al parecer, por parte de agentes de la Policía Federal, quienes podrían haber detonado balas de goma.
“Hay balazos... Nos están disparando. Camionetas de federales”, indicó el también líder de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”, de la tenencia moreliana de Tiripetío.
El vocero normalista aún no informa si hay estudiantes heridos o detenidos por participar en el bloqueo vial que iniciaron por la falta de una mesa de negociación con autoridades estatales y federales.
Los futuros docentes de educación básica mantienen retenidos, desde julio pasado, 170 tráileres, autobuses, camiones de carga y vehículos particulares, en las comunidades indígenas de Arantepakua y Turícuaro, en el municipio de Nahuatzen.
Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/normalistas-bloquean-autopista-de-occidente
“Se les acabó el recreo”, dice Ochoa Reza a la oposición que critica al Gobierno de EPN
El presidente nacional del PRI dijo que él y sus compañeros de partido responderán con datos certeros a todas las acusaciones y críticas infundadas que la oposición expresa en contra del actual gobierno. En ese sentido, el priísta expresó que la sociedad “tiene que dimensionar” las mentiras de la oposición. Asimismo, aseveró que su partido documentará y señalará los actos de corrupción o de impunidad relacionados con los partidos, de modo que puedan llevarlos ante las instituciones correspondientes y ante la ciudadanía “para promover su castigo puntual”.
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que a los partidos de oposición “se les acabó el recreo” porque responderá a todas las críticas y ataques que profieran en contra del Presidente Enrique Peña Nieto.
Por medio de un comunicado, el presidente del Tricolor dio a conocer que “el partido y los priistas responderán con datos ciertos a cada una de las mentiras que lanzan contra el gobierno” y convocó a su militancia “a comunicar mejor los logros del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para informar a los ciudadanos”.
En ese sentido, el priísta expresó que la sociedad “tiene que dimensionar” las mentiras de la oposición.
Asimismo, Ocho Reza aclaró que su dirigencia documentará y señalará aquellos actos de corrupción o de impunidad relacionados con los partidos de oposición, de modo que puedan armar casos y llevarlos ante las instituciones correspondientes y ante la ciudadanía, “para promover su castigo puntual”, según se lee en la misiva.
Además, en el documento, se detallan los pormenores de un encuentro privado sostenido entre el otrora director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y dirigentes estatales y de movimientos nacionales que encabeza la Senadora Cristina Díaz Salazar.
Durante el evento en el que se presentó la “Agenda Programática Cenopista”, Ochoa Reza aseveró que México tiene la oportunidad de contar con un horizonte de políticas públicas para atender los distintos problemas sociales y económicos del país, al haber construido 13 reformas estructurales.
Al respecto explicó que “en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, México creció 2.1 por ciento; con Calderón en el mismo lapso, 0.2 por ciento; con Vicente Fox, 0.6 por ciento.
Con Enrique Peña Nieto se han logrado 2 millones de nuevos empleos, mientras que con Calderón solo fue de medio millón y en el de Vicente Fox, fueron menos de 260 mil”, se lee en el comunicado.
De igual modo, el priista defendió la actual situación de las tasas de interés y el grado de inversión extranjera, que según él, son mejores que en los dos sexenios anteriores.
Asimismo, el líder Tricolor expresó que “todos los partidos tienen que buscar las nuevas causas sociales”, siendo que su partido está comprometido con ellas y por las cuales “tiene una gran asignatura pendiente”.
Por su parte, la Senadora Cristina Díaz, manifestó que los cenopistas no están dispuestos a permitir las descalificaciones sin bases, al tiempo que se comprometieron a sumar esfuerzos para fortalecer al PRI y afrontar con éxito los comicios de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y los ayuntamientos de Veracruz -antes de llegar a 2018 a la elección presidencial-.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-08-2016/3080216
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que a los partidos de oposición “se les acabó el recreo” porque responderá a todas las críticas y ataques que profieran en contra del Presidente Enrique Peña Nieto.
Por medio de un comunicado, el presidente del Tricolor dio a conocer que “el partido y los priistas responderán con datos ciertos a cada una de las mentiras que lanzan contra el gobierno” y convocó a su militancia “a comunicar mejor los logros del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para informar a los ciudadanos”.
En ese sentido, el priísta expresó que la sociedad “tiene que dimensionar” las mentiras de la oposición.
Asimismo, Ocho Reza aclaró que su dirigencia documentará y señalará aquellos actos de corrupción o de impunidad relacionados con los partidos de oposición, de modo que puedan armar casos y llevarlos ante las instituciones correspondientes y ante la ciudadanía, “para promover su castigo puntual”, según se lee en la misiva.
Además, en el documento, se detallan los pormenores de un encuentro privado sostenido entre el otrora director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y dirigentes estatales y de movimientos nacionales que encabeza la Senadora Cristina Díaz Salazar.
Durante el evento en el que se presentó la “Agenda Programática Cenopista”, Ochoa Reza aseveró que México tiene la oportunidad de contar con un horizonte de políticas públicas para atender los distintos problemas sociales y económicos del país, al haber construido 13 reformas estructurales.
Al respecto explicó que “en los tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, México creció 2.1 por ciento; con Calderón en el mismo lapso, 0.2 por ciento; con Vicente Fox, 0.6 por ciento.
Con Enrique Peña Nieto se han logrado 2 millones de nuevos empleos, mientras que con Calderón solo fue de medio millón y en el de Vicente Fox, fueron menos de 260 mil”, se lee en el comunicado.
De igual modo, el priista defendió la actual situación de las tasas de interés y el grado de inversión extranjera, que según él, son mejores que en los dos sexenios anteriores.
Asimismo, el líder Tricolor expresó que “todos los partidos tienen que buscar las nuevas causas sociales”, siendo que su partido está comprometido con ellas y por las cuales “tiene una gran asignatura pendiente”.
Por su parte, la Senadora Cristina Díaz, manifestó que los cenopistas no están dispuestos a permitir las descalificaciones sin bases, al tiempo que se comprometieron a sumar esfuerzos para fortalecer al PRI y afrontar con éxito los comicios de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y los ayuntamientos de Veracruz -antes de llegar a 2018 a la elección presidencial-.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-08-2016/3080216
SAT deberá informar a quiénes se les condonó crédito fiscal, resuelve el Instituto de Transparencia
De acuerdo con el INAI el interés de conocer esta información es mayor que el de resguardarla, pese al secreto fiscal con la que la reserva el SAT.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que el Sistema de Admnistración Tributaria (SAT) deberá informar el nombre y la razón social de las personas a quienes se condonó o canceló algún crédito fiscal entre enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, así como los montos y el motivo del perdón.
En su ponencia, el comisionado Oscar Guerra Ford explicó que el monto total de las condonaciones fue de 822 mil 500 millones de pesos entre 2007 y 2016.
De acuerdo con el comisionado el interés de conocer esta información es mayor que el de resguardarla, pese al secreto fiscal que la reserva.
Según un comunicado del INAI, en una respuesta inicial, el SAT informó que la información de quienes se les canceló o condonó créditos fiscales entre enero de 2014 y el 15 de mayo de 2016, podía ser consultada en su portal de Internet, sin embargo los datos de los beneficiados entre 2007 y 2013 fue reservada por 12 años por ser secreto fiscal.
“Se trata de información que da cuenta de quienes obtuvieron un beneficio fiscal, relacionado directamente con una política pública de carácter fiscal que implica una disminución en la recaudación, que puede ser entendido como un gasto en sentido negativo a cargo del erario“, explica la resolución del pleno.
El organismo emplazó al SAT para cumplir la resolución, pues se han emitido otras 32 del mismo tema que no se han acatado y que han motivado denuncias del INAI ante la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con un comunicado del instituto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/sat-debera-informar-quienes-se-les-condono-credito-fiscal-resuelve-instituto-transparencia/
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que el Sistema de Admnistración Tributaria (SAT) deberá informar el nombre y la razón social de las personas a quienes se condonó o canceló algún crédito fiscal entre enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, así como los montos y el motivo del perdón.
En su ponencia, el comisionado Oscar Guerra Ford explicó que el monto total de las condonaciones fue de 822 mil 500 millones de pesos entre 2007 y 2016.
De acuerdo con el comisionado el interés de conocer esta información es mayor que el de resguardarla, pese al secreto fiscal que la reserva.
Según un comunicado del INAI, en una respuesta inicial, el SAT informó que la información de quienes se les canceló o condonó créditos fiscales entre enero de 2014 y el 15 de mayo de 2016, podía ser consultada en su portal de Internet, sin embargo los datos de los beneficiados entre 2007 y 2013 fue reservada por 12 años por ser secreto fiscal.
“Se trata de información que da cuenta de quienes obtuvieron un beneficio fiscal, relacionado directamente con una política pública de carácter fiscal que implica una disminución en la recaudación, que puede ser entendido como un gasto en sentido negativo a cargo del erario“, explica la resolución del pleno.
El organismo emplazó al SAT para cumplir la resolución, pues se han emitido otras 32 del mismo tema que no se han acatado y que han motivado denuncias del INAI ante la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con un comunicado del instituto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Con cárceles viejas, corrupción y sin personal, la CDMX busca reinsertar a jóvenes infractores
Los dos motines ocurridos en mayo pasado en el centro tutelar para menores de San Fernando de la CDMX dejó al descubierto las estructuras de poder allí operantes; por esos hechos se investiga a 26 funcionarios, la mayoría custodios, que privilegiaban la entrada de sexoservidoras y objetos prohibidos.
Las paredes y techos de San Fernando, una de las seis comunidades para jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad de México, se caen literalmente a pedazos por la corrosiva humedad. Los baños de los dormitorios son cuartos nauseabundos, donde varios garrafones de agua hacen la función de cisternas rotas. El drenaje de las duchas está tapado desde hace meses. Y por los pasillos oscuros brotan charcos de agua que se filtran por los recovecos de esta vieja cárcel que tiene más de 100 años de antigüedad.
En estas instalaciones el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene la obligación de rehabilitar a 108 jóvenes que, al corte del 15 de julio, están presos por cometer homicidio, secuestro, o extorsión, o robo con violencia.
Dos riñas ocurridas en mayo pasado en la comunidad de San Fernando, donde hubo varios internos lesionados y uno de los menores perdió un ojo, han dejado en evidencia tres cosas: décadas de abandono institucional cuando se trata de políticas para reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; que las estructuras de poder existentes en centros penitenciarios para adultos se reproducen acá y carencia de herramientas y personal para lograr una adecuada reinserción de estos jóvenes problema.
De acuerdo con datos oficiales, de los 125 millones de pesos (mdp) que recibió en 2016 la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) del Gobierno del CDMX, 32 mdp (alrededor del 25% del presupuesto) se prevé que sea para la manutención de los jóvenes y el mantenimiento de las instalaciones que albergan los seis centros de internamiento operantes en la CDMX; los 90 mdp restantes (75% del presupuesto) serán ‘absorbidos’ en el pago de sueldos y prestaciones para los funcionarios de la institución.
Partidas clave como la compra de útiles educativos, medicinas, artículos deportivos y materiales como madera, utilizada en los talleres de carpintería donde se les enseña un oficio a los jóvenes infractores, están en cero. No se les otorgó ni un solo peso.
Por otro lado, no hay presupuesto para contratar a personal cualificado para trabajar en la reinserción de los jóvenes. Según datos oficiales al corte del 15 de julio, sólo había cuatro psicólogos para los 214 internos de las seis comunidades. Esto es, en promedio, un psicólogo por cada 53 jóvenes.
En un informe elaborado por la DGTPA, entregado el pasado lunes 25 de julio a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la dependencia solicitaba que por lo menos se contratara a 30 psicólogos más para las comunidades, y otros 14 para atender a los 324 jóvenes que enfrentan su proceso en libertad bajo medidas como acudir a terapias y realizar trabajos comunitarios.
En San Fernando, la comunidad más poblada con 108 jóvenes, no hay un solo psicólogo para dar un seguimiento individualizado a los internos, por lo que la DGTPA pide que se contraten por lo menos 11.
En cuanto a los terapeutas, psicólogos especializados en terapias grupales y que cuentan con estudios superiores de maestría, en San Fernando hay tres para 108 internos (uno para 36). La DGTPA solicita la contratación de por lo menos nueve más.
Además, los custodios que se encargan de la seguridad de los centros, 185 para las seis comunidades, son Policías Bancarios de la CDMX. Lo cual, a pesar de contar con capacitación en derechos humanos y tener un protocolo para el trato con los adolescentes, ha generado relaciones nocivas con los internos, reconocen funcionarios de la DGTPA.
Tras las dos riñas de mayo, la DGTPA despidió a 40 funcionarios e interpuso 26 denuncias contra servidores públicos, la mayoría custodios, por permitir introducir a las comunidades sexoservidoras; “objetos prohibidos” como celulares, tabletas electrónicas, desarmadores y drogas como hachís o mariguana.
El despido de estos funcionarios generó reacciones negativas entre los integrantes de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, que públicamente criticaron la medida, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación de la CDMX, cabeza de la DGTPA, el cese de lo que llaman “hostigamiento laboral”.
Desde entonces, las críticas para los funcionarios de la DGTPA arrecian:
Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), reconoce que aunque el deterioro de los centros de internamiento no es nuevo –tienen recomendaciones acumuladas desde 1995-, la situación que se ha agravado en el presente año, pues la instancia a su cargo ha recibido 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de internamiento para adolescentes.
Lo cierto es que la situación que actualmente impera en los centros va más allá de dos riñas y de autoridades que sin personal y recursos se enfrentan a una problemática añeja. Fruto de una política fallida son las paupérrimas condiciones en las que opera la comunidad de San Fernando y las estructuras de poder existentes entre jóvenes y guardias.
Animal Político constató en un recorrido en San Fernando que hay internos denominados “padrinos” que mantienen el control y el orden en algunos dormitorios a cambio de “privilegios”, como tener más pantallas de televisión, calzado deportivo y comida.
“Cicatrices de batalla”
Abel se pone en guardia ante la inesperada visita de extraños. Se levanta de la litera de este dormitorio del patio 1 de San Fernando, le baja el volumen al estéreo de donde salen letras de Gangsta Rap, y farfulla alguna maldición entre dientes.
-¿A qué vienen aquí? –pregunta hosco el joven de unos 18 años cuyo verdadero nombre está protegido por el anonimato, mientras se envuelve en una cobija ocultando la ‘charrasca’ que lleva en el hombro; unas abultadas cicatrices que algunos internos se hacen con la cuchilla de un sacapuntos a modo de ‘tatuaje’, para granjearse el estatus del ‘corregendo’ que ya estuvo en la correccional.
Jaime, uno de los ‘operadores de vida cotidiana’ cuya función es servir de orientador para los jóvenes, encoge los hombros y sonríe, como si ya esperara la pregunta.
-Pues aquí trabajo, mijo. Perdón si te molesta –le contesta algo sarcástico.
Abel tensa la mandíbula. Se acomoda de nuevo la cobija para taparse desde el cuello hasta los pies, y se sienta en una de las literas vacías para clavar los ojos en los extraños que lo incomodan.
Frente a él, la imagen de una Santa Muerte trazada al carboncillo en la pared observa con una sonrisa descarnada a Jaime y a los otros cuatro funcionarios que caminan hasta el centro del dormitorio.
Abel tiene privilegios. Por ejemplo, a diferencia del resto de las literas, la suya está cubierta con lonas para impedir que los policías bancarios que custodian la comunidad metan las narices en sus asuntos. Además, tiene más tenis de los permitidos. Incluso, el altar repleto de ofrendas a la Santa Muerte no está autorizado.
Abel es un ‘padrino’. Una especie de jefe que controla los dormitorios de su zona.
Dos compañeros de Abel entran en la habitación. Saludan de mano a todos los funcionarios y uno de ellos les pregunta con una sonrisa cándida que cuándo van a tener de nuevo “un celular” para hacer sus llamadas.
Desconcertada, una de las funcionarias que acompaña a Jaime niega con la cabeza.
-Eso ya no está permitido –le contesta-. Sólo se puede hablar por el teléfono de la comunidad.
La funcionaria niega que sea habitual que los internos tengan celulares, aunque admite que hace unos meses era un privilegio común.
-Antes había cuatro celulares comunitarios que las familias recargaban desde afuera –explica-. Se supone que los tutores que trabajan con los chavos hacían los enlaces, pero no había control.
La mujer encoge los hombros.
-Imagínate, con esos celulares llamaban a quien fuera. Podía ser a sus familias o parejas. Pero también podían usar el celular para hacer extorsiones o secuestros virtuales.
Los orientadores salen del dormitorio. Abel prende de nuevo la música a todo volumen y los observa altivo marcharse.
“Las señales en mi cara son cicatrices de batalla –fluye el Rap a través del estéreo -. Este perro callejero muerde y ladra”.
Otra realidad
En otro cuarto del patio 2, el cuadro es muy distinto. El barracón tiene las mismas paredes desconchadas y baños en malas condiciones; situación endémica en San Fernando y en otras comunidades. Aquí no hay literas cubiertas con lonas que delimiten cotos de poder, no hay altares a la Santa Muerte, y por las ventanas se filtran los rayos del mediodía sin que lonas de felpa lo impidan. Incluso, el aire que se respira es más liviano.
En este dormitorio no hay privilegios, presume Jaime apuntando con la barbilla a los cuatro jóvenes que entraron al cuarto, para explicar que la estrategia es “aislar lentamente a los ‘padrinos’”.
-Estamos eliminando las estructuras de poder, pero con estos chavos hay que ir poco a poco –recalca-. En un mes no puedes cambiar prácticas de hace 60 años, porque puedes tener problemas serios.
Jaime no lo dice explícitamente. Pero algunos de esos problemas sucedieron en mayo, cuando en apenas seis días estallaron dos intentos de motín en San Fernando.
Décadas de abandono
Martín, otro ‘operador de vida cotidiana’ quien pide anonimato, opina en cambio que tanto los motines de mayo, como todo lo que se muestra en este recorrido por San Fernando –instalaciones ruinosas, privilegios, estructuras de poder- son el resultado de “décadas de abandono” de las autoridades y no de una crisis súbita.
Por ejemplo, dice, además de la falta de psicólogos, terapeutas, y de talleristas que enseñen a los internos oficios como la carpintería, no hay suficientes ‘operadores de vida cotidiana’, quienes resultan clave para mantener el control de los dormitorios y que éste no recaiga en el ‘padrino’.
En este sentido, aunque el promedio de operadores por interno en las comunidades no es tan bajo, 47 para 214 (1 por cada 5), la DGTPA señala en su informe que esta plantilla solo alcanza para cubrir los turnos de mañana. Por lo que en las tardes las labores de reinserción de los jóvenes recaen en organizaciones civiles como Reinserta, y sobre todo en los policías bancarios.
-En una comunidad hay autoridad que se debe respetar, hay responsabilidades y obligaciones –expone Martín-. En cambio, los de seguridad sólo hacían alianzas con los chavos para tenerlos tranquilos y que no molestaran, y para que fueran a sus talleres y a la escuela.
Y como consecuencia, dice el funcionario, la labor de los talleristas, pedagogos, y de los operadores de vida cotidiana, se vio emborronada por esos “acuerdos” entre policías y ‘padrinos’.
-Había chavos que comían en el mismo espacio que los policías –tercia ahora Jaime-. Y en una comunidad donde tener más tenis que el resto te da un estatus superior, esto generaba que el joven se empoderara frente a la autoridad y frente a quienes trabajamos con ellos.
-U otro privilegio era el ‘pase extra’ –añade-, que consistía en conceder que pasara una sexoservidora a la comunidad para que el joven tuviera relaciones sexuales en el comedor con el permiso de algunos policías.
Posterior al recorrido, y ante los señalamientos expuestos por los funcionarios entrevistados, Animal Político buscó a la Dirección General de la Policía Bancaria de la CDMX para conocer su postura, pero ésta no ofreció respuesta alguna.
“Háganle como puedan”
La última parada del recorrido por los dormitorios de San Fernando antes de visitar los pocos talleres que siguen en funcionamiento, como los de carpintería y serigrafía, es el cuarto de Miguel; un joven de baja estatura, mandíbula prominente y músculos fibrosos.
Miguel está próximo a quedar libre tras varios años de condena, comenta Jaime. Y aunque eso debería ser una buena noticia, el funcionario dice que están preocupados porque afuera ningún familiar lo espera, ni tampoco recibirá seguimiento de ninguna autoridad porque no hay políticas públicas para ello.
Básicamente, su único chance serán las pocas organizaciones civiles que trabajan específicamente con este tipo de jóvenes, aunque otro problema es que muchos de ellos no quieren recibir ayuda, por lo que sin una “guía” afuera que los oriente, el riesgo de reincidir es alto.
-En realidad, existe un abandono múltiple de estos chavos –reflexiona Jaime, quien comienza a enumerar sus argumentos.
En primer lugar, muchos de los internos vienen de familias en las que la madre es la cabeza “porque el padre los abandonó”, plantea. En segundo, las familias se desentienden del proceso de reinserción del joven.
“Simplemente llegan, nos depositan al joven, y sólo vienen los fines de semana a comer con él”. En tercero, existe un abandono del Estado, “porque no inyectan recursos para mejorar las instalaciones, ni para contratar personal, ni para generar políticas públicas de reinserción y de seguimiento”.
Y cuarto, también hay un abandono de la sociedad civil. Porque hay organizaciones que tienen “criterios de inclusión y exclusión”. Y cuando se trata de jóvenes que estuvieron presos por homicidio, secuestro o extorsión, “los excluyen” de sus programas.
Tras la reflexión, Jaime admite que sí hay una crisis en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, pero no solo por los motines de mayo, sino por toda una falla sistémica que lleva años sin ser atendida y sin que nadie le preste atención.
-Cuando las autoridades encargadas o los familiares de estos chavos llegan aquí, nos los dejan, y nos dicen: háganle como puedan – concluye el funcionario apuntando con la barbilla al patio donde ocurrieron las riñas de mayo, mientras que algunos pedazos de pared se desmoronan en el piso producto de la corrosiva humedad del inmueble.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/falla-reinsercion-menores-infractores-cdmx/
Las paredes y techos de San Fernando, una de las seis comunidades para jóvenes en conflicto con la ley de la Ciudad de México, se caen literalmente a pedazos por la corrosiva humedad. Los baños de los dormitorios son cuartos nauseabundos, donde varios garrafones de agua hacen la función de cisternas rotas. El drenaje de las duchas está tapado desde hace meses. Y por los pasillos oscuros brotan charcos de agua que se filtran por los recovecos de esta vieja cárcel que tiene más de 100 años de antigüedad.
En estas instalaciones el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene la obligación de rehabilitar a 108 jóvenes que, al corte del 15 de julio, están presos por cometer homicidio, secuestro, o extorsión, o robo con violencia.
Dos riñas ocurridas en mayo pasado en la comunidad de San Fernando, donde hubo varios internos lesionados y uno de los menores perdió un ojo, han dejado en evidencia tres cosas: décadas de abandono institucional cuando se trata de políticas para reinsertar a estos jóvenes a la sociedad; que las estructuras de poder existentes en centros penitenciarios para adultos se reproducen acá y carencia de herramientas y personal para lograr una adecuada reinserción de estos jóvenes problema.
De acuerdo con datos oficiales, de los 125 millones de pesos (mdp) que recibió en 2016 la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) del Gobierno del CDMX, 32 mdp (alrededor del 25% del presupuesto) se prevé que sea para la manutención de los jóvenes y el mantenimiento de las instalaciones que albergan los seis centros de internamiento operantes en la CDMX; los 90 mdp restantes (75% del presupuesto) serán ‘absorbidos’ en el pago de sueldos y prestaciones para los funcionarios de la institución.
Partidas clave como la compra de útiles educativos, medicinas, artículos deportivos y materiales como madera, utilizada en los talleres de carpintería donde se les enseña un oficio a los jóvenes infractores, están en cero. No se les otorgó ni un solo peso.
Por otro lado, no hay presupuesto para contratar a personal cualificado para trabajar en la reinserción de los jóvenes. Según datos oficiales al corte del 15 de julio, sólo había cuatro psicólogos para los 214 internos de las seis comunidades. Esto es, en promedio, un psicólogo por cada 53 jóvenes.
En un informe elaborado por la DGTPA, entregado el pasado lunes 25 de julio a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), la dependencia solicitaba que por lo menos se contratara a 30 psicólogos más para las comunidades, y otros 14 para atender a los 324 jóvenes que enfrentan su proceso en libertad bajo medidas como acudir a terapias y realizar trabajos comunitarios.
En San Fernando, la comunidad más poblada con 108 jóvenes, no hay un solo psicólogo para dar un seguimiento individualizado a los internos, por lo que la DGTPA pide que se contraten por lo menos 11.
En cuanto a los terapeutas, psicólogos especializados en terapias grupales y que cuentan con estudios superiores de maestría, en San Fernando hay tres para 108 internos (uno para 36). La DGTPA solicita la contratación de por lo menos nueve más.
Además, los custodios que se encargan de la seguridad de los centros, 185 para las seis comunidades, son Policías Bancarios de la CDMX. Lo cual, a pesar de contar con capacitación en derechos humanos y tener un protocolo para el trato con los adolescentes, ha generado relaciones nocivas con los internos, reconocen funcionarios de la DGTPA.
Tras las dos riñas de mayo, la DGTPA despidió a 40 funcionarios e interpuso 26 denuncias contra servidores públicos, la mayoría custodios, por permitir introducir a las comunidades sexoservidoras; “objetos prohibidos” como celulares, tabletas electrónicas, desarmadores y drogas como hachís o mariguana.
El despido de estos funcionarios generó reacciones negativas entre los integrantes de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, que públicamente criticaron la medida, por lo que pidieron a la Secretaría de Gobernación de la CDMX, cabeza de la DGTPA, el cese de lo que llaman “hostigamiento laboral”.
Desde entonces, las críticas para los funcionarios de la DGTPA arrecian:
Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), reconoce que aunque el deterioro de los centros de internamiento no es nuevo –tienen recomendaciones acumuladas desde 1995-, la situación que se ha agravado en el presente año, pues la instancia a su cargo ha recibido 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de internamiento para adolescentes.
Lo cierto es que la situación que actualmente impera en los centros va más allá de dos riñas y de autoridades que sin personal y recursos se enfrentan a una problemática añeja. Fruto de una política fallida son las paupérrimas condiciones en las que opera la comunidad de San Fernando y las estructuras de poder existentes entre jóvenes y guardias.
Animal Político constató en un recorrido en San Fernando que hay internos denominados “padrinos” que mantienen el control y el orden en algunos dormitorios a cambio de “privilegios”, como tener más pantallas de televisión, calzado deportivo y comida.
“Cicatrices de batalla”
Abel se pone en guardia ante la inesperada visita de extraños. Se levanta de la litera de este dormitorio del patio 1 de San Fernando, le baja el volumen al estéreo de donde salen letras de Gangsta Rap, y farfulla alguna maldición entre dientes.
-¿A qué vienen aquí? –pregunta hosco el joven de unos 18 años cuyo verdadero nombre está protegido por el anonimato, mientras se envuelve en una cobija ocultando la ‘charrasca’ que lleva en el hombro; unas abultadas cicatrices que algunos internos se hacen con la cuchilla de un sacapuntos a modo de ‘tatuaje’, para granjearse el estatus del ‘corregendo’ que ya estuvo en la correccional.
Jaime, uno de los ‘operadores de vida cotidiana’ cuya función es servir de orientador para los jóvenes, encoge los hombros y sonríe, como si ya esperara la pregunta.
-Pues aquí trabajo, mijo. Perdón si te molesta –le contesta algo sarcástico.
Abel tensa la mandíbula. Se acomoda de nuevo la cobija para taparse desde el cuello hasta los pies, y se sienta en una de las literas vacías para clavar los ojos en los extraños que lo incomodan.
Frente a él, la imagen de una Santa Muerte trazada al carboncillo en la pared observa con una sonrisa descarnada a Jaime y a los otros cuatro funcionarios que caminan hasta el centro del dormitorio.
Abel tiene privilegios. Por ejemplo, a diferencia del resto de las literas, la suya está cubierta con lonas para impedir que los policías bancarios que custodian la comunidad metan las narices en sus asuntos. Además, tiene más tenis de los permitidos. Incluso, el altar repleto de ofrendas a la Santa Muerte no está autorizado.
Abel es un ‘padrino’. Una especie de jefe que controla los dormitorios de su zona.
Dos compañeros de Abel entran en la habitación. Saludan de mano a todos los funcionarios y uno de ellos les pregunta con una sonrisa cándida que cuándo van a tener de nuevo “un celular” para hacer sus llamadas.
Desconcertada, una de las funcionarias que acompaña a Jaime niega con la cabeza.
-Eso ya no está permitido –le contesta-. Sólo se puede hablar por el teléfono de la comunidad.
La funcionaria niega que sea habitual que los internos tengan celulares, aunque admite que hace unos meses era un privilegio común.
-Antes había cuatro celulares comunitarios que las familias recargaban desde afuera –explica-. Se supone que los tutores que trabajan con los chavos hacían los enlaces, pero no había control.
La mujer encoge los hombros.
-Imagínate, con esos celulares llamaban a quien fuera. Podía ser a sus familias o parejas. Pero también podían usar el celular para hacer extorsiones o secuestros virtuales.
Los orientadores salen del dormitorio. Abel prende de nuevo la música a todo volumen y los observa altivo marcharse.
“Las señales en mi cara son cicatrices de batalla –fluye el Rap a través del estéreo -. Este perro callejero muerde y ladra”.
Otra realidad
En otro cuarto del patio 2, el cuadro es muy distinto. El barracón tiene las mismas paredes desconchadas y baños en malas condiciones; situación endémica en San Fernando y en otras comunidades. Aquí no hay literas cubiertas con lonas que delimiten cotos de poder, no hay altares a la Santa Muerte, y por las ventanas se filtran los rayos del mediodía sin que lonas de felpa lo impidan. Incluso, el aire que se respira es más liviano.
En este dormitorio no hay privilegios, presume Jaime apuntando con la barbilla a los cuatro jóvenes que entraron al cuarto, para explicar que la estrategia es “aislar lentamente a los ‘padrinos’”.
-Estamos eliminando las estructuras de poder, pero con estos chavos hay que ir poco a poco –recalca-. En un mes no puedes cambiar prácticas de hace 60 años, porque puedes tener problemas serios.
Jaime no lo dice explícitamente. Pero algunos de esos problemas sucedieron en mayo, cuando en apenas seis días estallaron dos intentos de motín en San Fernando.
Décadas de abandono
Martín, otro ‘operador de vida cotidiana’ quien pide anonimato, opina en cambio que tanto los motines de mayo, como todo lo que se muestra en este recorrido por San Fernando –instalaciones ruinosas, privilegios, estructuras de poder- son el resultado de “décadas de abandono” de las autoridades y no de una crisis súbita.
Por ejemplo, dice, además de la falta de psicólogos, terapeutas, y de talleristas que enseñen a los internos oficios como la carpintería, no hay suficientes ‘operadores de vida cotidiana’, quienes resultan clave para mantener el control de los dormitorios y que éste no recaiga en el ‘padrino’.
En este sentido, aunque el promedio de operadores por interno en las comunidades no es tan bajo, 47 para 214 (1 por cada 5), la DGTPA señala en su informe que esta plantilla solo alcanza para cubrir los turnos de mañana. Por lo que en las tardes las labores de reinserción de los jóvenes recaen en organizaciones civiles como Reinserta, y sobre todo en los policías bancarios.
-En una comunidad hay autoridad que se debe respetar, hay responsabilidades y obligaciones –expone Martín-. En cambio, los de seguridad sólo hacían alianzas con los chavos para tenerlos tranquilos y que no molestaran, y para que fueran a sus talleres y a la escuela.
Y como consecuencia, dice el funcionario, la labor de los talleristas, pedagogos, y de los operadores de vida cotidiana, se vio emborronada por esos “acuerdos” entre policías y ‘padrinos’.
-Había chavos que comían en el mismo espacio que los policías –tercia ahora Jaime-. Y en una comunidad donde tener más tenis que el resto te da un estatus superior, esto generaba que el joven se empoderara frente a la autoridad y frente a quienes trabajamos con ellos.
-U otro privilegio era el ‘pase extra’ –añade-, que consistía en conceder que pasara una sexoservidora a la comunidad para que el joven tuviera relaciones sexuales en el comedor con el permiso de algunos policías.
Posterior al recorrido, y ante los señalamientos expuestos por los funcionarios entrevistados, Animal Político buscó a la Dirección General de la Policía Bancaria de la CDMX para conocer su postura, pero ésta no ofreció respuesta alguna.
“Háganle como puedan”
La última parada del recorrido por los dormitorios de San Fernando antes de visitar los pocos talleres que siguen en funcionamiento, como los de carpintería y serigrafía, es el cuarto de Miguel; un joven de baja estatura, mandíbula prominente y músculos fibrosos.
Miguel está próximo a quedar libre tras varios años de condena, comenta Jaime. Y aunque eso debería ser una buena noticia, el funcionario dice que están preocupados porque afuera ningún familiar lo espera, ni tampoco recibirá seguimiento de ninguna autoridad porque no hay políticas públicas para ello.
Básicamente, su único chance serán las pocas organizaciones civiles que trabajan específicamente con este tipo de jóvenes, aunque otro problema es que muchos de ellos no quieren recibir ayuda, por lo que sin una “guía” afuera que los oriente, el riesgo de reincidir es alto.
-En realidad, existe un abandono múltiple de estos chavos –reflexiona Jaime, quien comienza a enumerar sus argumentos.
En primer lugar, muchos de los internos vienen de familias en las que la madre es la cabeza “porque el padre los abandonó”, plantea. En segundo, las familias se desentienden del proceso de reinserción del joven.
“Simplemente llegan, nos depositan al joven, y sólo vienen los fines de semana a comer con él”. En tercero, existe un abandono del Estado, “porque no inyectan recursos para mejorar las instalaciones, ni para contratar personal, ni para generar políticas públicas de reinserción y de seguimiento”.
Y cuarto, también hay un abandono de la sociedad civil. Porque hay organizaciones que tienen “criterios de inclusión y exclusión”. Y cuando se trata de jóvenes que estuvieron presos por homicidio, secuestro o extorsión, “los excluyen” de sus programas.
Tras la reflexión, Jaime admite que sí hay una crisis en las comunidades para adolescentes en conflicto con la ley, pero no solo por los motines de mayo, sino por toda una falla sistémica que lleva años sin ser atendida y sin que nadie le preste atención.
-Cuando las autoridades encargadas o los familiares de estos chavos llegan aquí, nos los dejan, y nos dicen: háganle como puedan – concluye el funcionario apuntando con la barbilla al patio donde ocurrieron las riñas de mayo, mientras que algunos pedazos de pared se desmoronan en el piso producto de la corrosiva humedad del inmueble.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/falla-reinsercion-menores-infractores-cdmx/
Pueblos indígenas deben tener la última palabra sobre proyectos que afecten su territorio: CNDH
Según la CNDH la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas ha generado conflictos sociales en las comunidades indígenas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades federales y estatales mexicanas la emisión de leyes específicas que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, de forma previa e informada, en torno a los proyectos y políticas públicas que afectan sus territorios.
En México, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está consagrado en la Constitución, aunque se trata de una garantía reiteradamente violada por autoridades de todos los órdenes de gobierno, lo que ha derivado en al menos 270 “situaciones conflictivas” en todo el país, tal como concluyó la CNDH en su más reciente “Recomendación General”, con número 27/2016.
En la actualidad, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está reconocido en 25 entidades de la república, mientras que otras siete no lo contemplan en sus marcos jurídicos (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas).
Pero aun cuando este derecho está reconocido en la Constitución y algunos ordenamientos estatales, en los hechos “son diversas las ocasiones en que la implementación del derecho a la consulta previa ha sido incumplida –señaló la CNDH– o su proceso ha sido objeto de situaciones adversas que transgreden la libertad de decidir de los pueblos”.
Para la CNDH, entre los proyectos y políticas públicas que han sido impulsados por autoridades (federales y estatales) y que han suscitado conflictos sociales por la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, se encuentran la extracción de agua del Río Yaqui a través del Acueducto Independencia, en Sonora; el otorgamiento de concesiones mineras sobre el “territorio sagrado” de Wirikuta, en San Luis Potosí; la autorización para “liberar al ambiente soya genéticamente modificada”, en agravio de comunidades indígenas de siete estados del país.
Otros ejemplos de omisión en la consulta pública fueron la aprobación de proyectos eólicos en Juchitán, Oaxaca, sobre territorios de comunidades zapotecas, así como el proyecto La Parota, con el que se busca inundar 14 mil hectáreas de tierras pertenecientes a pueblos indígenas, en Guerrero.
La falta de una ley específica que establezca la obligatoriedad y el procedimiento a seguir para las consultas a pueblos indígenas, subrayó Derechos Humanos, “impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Además, en los casos en los que sí se ha aplicado un proceso de consulta, la falta de la una ley específica en la materia ha permitido que la falta de consentimiento por parte de las comunidades indígenas a determinados proyectos o políticas públicas sea, finalmente, ignorada.
Por esta razón, concluyó la CNDH, las autoridades estatales y federales, así como el Congreso de la Unión, no sólo deben analizar y votar una ley específica en la materia, sino que “es deseable que la consulta previa, libre e informada tenga progresivamente un carácter vinculante”.
Esto quiere decir, abundó, que la consulta previa quede establecida en una ley, bajo la premisa de que este procedimiento permita “llegar a un acuerdo que vincule a las partes para su cumplimiento”.
Así, esta ley debe establecer que las autoridades no puedan “sustraerse unilateralmente de los acuerdos pactados como resultado del proceso de consulta”.
La recomendación de la CNDH es enfática, la nueva ley debe asegurar “que la realización de los proyectos estatales sólo pueden ser viables como resultado del consentimiento (de los pueblos indígenas) en el proceso de consulta”, y nunca sin dicho aval.
Por último, destacó Derechos Humanos, esta ley debe ser redactada, asegurando “la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país”, así como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/pueblos-indigenas-deciden-proyectos-territorio/
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades federales y estatales mexicanas la emisión de leyes específicas que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, de forma previa e informada, en torno a los proyectos y políticas públicas que afectan sus territorios.
En México, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está consagrado en la Constitución, aunque se trata de una garantía reiteradamente violada por autoridades de todos los órdenes de gobierno, lo que ha derivado en al menos 270 “situaciones conflictivas” en todo el país, tal como concluyó la CNDH en su más reciente “Recomendación General”, con número 27/2016.
En la actualidad, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados está reconocido en 25 entidades de la república, mientras que otras siete no lo contemplan en sus marcos jurídicos (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas).
Pero aun cuando este derecho está reconocido en la Constitución y algunos ordenamientos estatales, en los hechos “son diversas las ocasiones en que la implementación del derecho a la consulta previa ha sido incumplida –señaló la CNDH– o su proceso ha sido objeto de situaciones adversas que transgreden la libertad de decidir de los pueblos”.
Para la CNDH, entre los proyectos y políticas públicas que han sido impulsados por autoridades (federales y estatales) y que han suscitado conflictos sociales por la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, se encuentran la extracción de agua del Río Yaqui a través del Acueducto Independencia, en Sonora; el otorgamiento de concesiones mineras sobre el “territorio sagrado” de Wirikuta, en San Luis Potosí; la autorización para “liberar al ambiente soya genéticamente modificada”, en agravio de comunidades indígenas de siete estados del país.
Otros ejemplos de omisión en la consulta pública fueron la aprobación de proyectos eólicos en Juchitán, Oaxaca, sobre territorios de comunidades zapotecas, así como el proyecto La Parota, con el que se busca inundar 14 mil hectáreas de tierras pertenecientes a pueblos indígenas, en Guerrero.
La falta de una ley específica que establezca la obligatoriedad y el procedimiento a seguir para las consultas a pueblos indígenas, subrayó Derechos Humanos, “impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales”.
Además, en los casos en los que sí se ha aplicado un proceso de consulta, la falta de la una ley específica en la materia ha permitido que la falta de consentimiento por parte de las comunidades indígenas a determinados proyectos o políticas públicas sea, finalmente, ignorada.
Por esta razón, concluyó la CNDH, las autoridades estatales y federales, así como el Congreso de la Unión, no sólo deben analizar y votar una ley específica en la materia, sino que “es deseable que la consulta previa, libre e informada tenga progresivamente un carácter vinculante”.
Esto quiere decir, abundó, que la consulta previa quede establecida en una ley, bajo la premisa de que este procedimiento permita “llegar a un acuerdo que vincule a las partes para su cumplimiento”.
Así, esta ley debe establecer que las autoridades no puedan “sustraerse unilateralmente de los acuerdos pactados como resultado del proceso de consulta”.
La recomendación de la CNDH es enfática, la nueva ley debe asegurar “que la realización de los proyectos estatales sólo pueden ser viables como resultado del consentimiento (de los pueblos indígenas) en el proceso de consulta”, y nunca sin dicho aval.
Por último, destacó Derechos Humanos, esta ley debe ser redactada, asegurando “la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país”, así como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/pueblos-indigenas-deciden-proyectos-territorio/
La corrupción y malos manejos en México causan debacle en Río: PAN; Fox pide renuncia de Castillo
El mismo día en que las mexicanas Madaí Pérez y Margarita Hernández quedaron en el lugar 32 y 48 respectivamente en la final de atletismo, el líder panista Ricardo Anaya Cortés dijo que “la frustración y desesperanza” que los competidores nacionales han sentido son comparables a lo percibido por “millones de mexicanos cuando son blanco de injusticias, inseguridad, empleos mal pagados, servicios de pésima calidad y autoridades cínicas que no aportan ninguna solución”. Por su parte, el ex Presidente Vicente Fox Quesada pidió la renuncia de Alfredo Castillo, titular de la Conade.
El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la falta de medallas de los deportistas mexicanos durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro refleja la corrupción, incapacidad, insensibilidad y malos manejos que existen en México.
“El contingente que asistió a Río de Janeiro está integrado por 126 mexicanos de excelencia”, afirmó. “Desgraciadamente, muchos de ellos han sido víctimas de los malos manejos que existen en México”.
El panista agregó que “la frustración y desesperanza” que los competidores han sentido son comparables a lo percibido por “millones de mexicanos cuando después de dar lo mejor de sí mismos son blanco de injusticias, inseguridad, empleos mal pagados, servicios de pésima calidad y autoridades cínicas que no aportan ninguna solución”.
Por su parte, el ex Presidente Vicente Fox Quesada pidió la renuncia de Castillo.
“Es lo menos, ahora sí que por honor y dignidad”, declaró en Chiapas.
Además, pidió que las autoridades deportivas ofrezcan disculpas por “no haber competido a la altura”.
“Es una tarea que tiene que reunir mucha organización, contar con presupuesto y lo digo por quienes organizan, pero también lo digo por quienes participan”, afirmó el panista.
México ha visto ya esfumarse algunas medallas potenciales en clavados, box y tiro con arco, y el panorama es cada vez menos alentador.
Las peores participaciones del país en la justa veraniega, hasta ahora, han sido en Barcelona 1992, donde obtuvo sólo una medalla de plata de Carlos Mercenario en atletismo; y en Atlanta 1996, cuando la delegación Tricolor volvió a casa sólo con una presea de bronce de Bernardo Segura, en atletismo.
A la falta de medallas se sumó una serie de fotografías de Alfredo Castillo, el titular de la Conade, en la inauguración y los recintos deportivos acompañado por una mujer. Al respecto, el directivo dijo que el viaje de ella salió de su bolsa.
Además, el funcionario ha negado el fracaso.
Para el director de la Comisión Nacional del Deporte, sólo se trata de un lento arranque de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, pues confía en que se logrará alcanzar las siete medallas conseguidas en Londres 2012, e incluso pidió no ser catastróficos ante los resultados hasta ahora obtenidos. Pero reconoció que sabía “que las circunstancias no iban a ser fáciles” para México.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-08-2016/3080113
El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la falta de medallas de los deportistas mexicanos durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro refleja la corrupción, incapacidad, insensibilidad y malos manejos que existen en México.
“El contingente que asistió a Río de Janeiro está integrado por 126 mexicanos de excelencia”, afirmó. “Desgraciadamente, muchos de ellos han sido víctimas de los malos manejos que existen en México”.
El panista agregó que “la frustración y desesperanza” que los competidores han sentido son comparables a lo percibido por “millones de mexicanos cuando después de dar lo mejor de sí mismos son blanco de injusticias, inseguridad, empleos mal pagados, servicios de pésima calidad y autoridades cínicas que no aportan ninguna solución”.
Para el líder blanquiazul, la ausencia del país en el medallero olímpico, “junto con las declaraciones de indiferencia” del titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Alfredo Castillo, confirman que en México hay un gobierno “irresponsable, insensible e incapaz”.
Por su parte, el ex Presidente Vicente Fox Quesada pidió la renuncia de Castillo.
“Es lo menos, ahora sí que por honor y dignidad”, declaró en Chiapas.
Además, pidió que las autoridades deportivas ofrezcan disculpas por “no haber competido a la altura”.
“Es una tarea que tiene que reunir mucha organización, contar con presupuesto y lo digo por quienes organizan, pero también lo digo por quienes participan”, afirmó el panista.
México ha visto ya esfumarse algunas medallas potenciales en clavados, box y tiro con arco, y el panorama es cada vez menos alentador.
Las peores participaciones del país en la justa veraniega, hasta ahora, han sido en Barcelona 1992, donde obtuvo sólo una medalla de plata de Carlos Mercenario en atletismo; y en Atlanta 1996, cuando la delegación Tricolor volvió a casa sólo con una presea de bronce de Bernardo Segura, en atletismo.
A la falta de medallas se sumó una serie de fotografías de Alfredo Castillo, el titular de la Conade, en la inauguración y los recintos deportivos acompañado por una mujer. Al respecto, el directivo dijo que el viaje de ella salió de su bolsa.
Además, el funcionario ha negado el fracaso.
Para el director de la Comisión Nacional del Deporte, sólo se trata de un lento arranque de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, pues confía en que se logrará alcanzar las siete medallas conseguidas en Londres 2012, e incluso pidió no ser catastróficos ante los resultados hasta ahora obtenidos. Pero reconoció que sabía “que las circunstancias no iban a ser fáciles” para México.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-08-2016/3080113
domingo, 14 de agosto de 2016
Hacienda escuda a los bancos de los Hank
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público violó un mandato del INAI que le ordenaba entregar información sobre los contratos de deuda pública de estados y municipios con el Grupo Interacciones y Banorte, dos de las instituciones de crédito que más asesoran y reestructuran ese tipo de deuda. La primera la preside Carlos Hank Rhon y la segunda su hijo Carlos Hank González.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La élite mexiquense posicionada en el sector hacendario y los servicios financieros asestó un nuevo golpe a la transparencia luego de que, con acciones ilegales y un posible conflicto de interés, facilitó que estados y municipios ocultaran la deuda contraída con el Grupo Financiero Banorte.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ilegalmente pidió autorización a Banorte para entregar copia de 84 contratos de créditos contraídos por dichos gobiernos locales en respuesta a una solicitud de acceso a la información. En términos prácticos, puede decirse que la dependencia encabezada por Luis Videgaray le dio el “pitazo” al banco.
Banorte es la segunda institución crediticia con más gobiernos en su cartera de clientes. La preside el magnate Carlos Hank González, nieto de dos empresarios que se enriquecieron al amparo del sistema priista: su homónimo abuelo paterno, a quien se identificó siempre como cabeza del Grupo Atlacomulco, y el materno, Roberto González Barrera, conocido como El Maseco en alusión al monopolio harinero que catapultó su riqueza.
El presidente de Banorte es hijo de Carlos Hank Rhon, quien preside el Grupo Financiero Interacciones. De acuerdo con los indicadores financieros de la Bolsa Mexicana de Valores, Interacciones es el tercer prestamista del sector gobierno al concentrar 12% del mercado, sólo superado por Banorte (que acapara 24%) y BBVA Bancomer (con 26%). Sin embargo, como familia, los Hank concentran 36% de la deuda de estados y municipios también conocida como subnacional.
Desde finales de 2014 Proceso ha intentado documentar, mediante solicitudes de información a dependencias y entidades gubernamentales, los alcances de la deuda contraída por los gobiernos con los dos bancos. Pero éstos consiguieron amparos para evitar que la información se haga pública.
Interacciones y Banorte alegan que los datos solicitados son confidenciales y con la complacencia de jueces y magistrados han demorado el acceso a la información sin que el Poder Judicial federal establezca un criterio definitivo sobre el carácter público o confidencial de los contratos de deuda gubernamental.
Fuente: Proceso
Autor: Arturo Rodríguez
http://www.proceso.com.mx/450904/hacienda-escuda-a-los-bancos-los-hank
Los negocios tóxicos de Jesús Vizcarra, amigo de Peña Nieto
El sinaloense Jesús Vizcarra Calderón vuelve a las andadas. Favorito del panista Vicente Fox y ahora del priista Enrique Peña Nieto, el controvertido empresario lleva meses promoviendo su complejo industrial que incluye un basurero tóxico en las faldas de la Sierra Cucapah, a sólo ocho kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Pese a la oposición generalizada de los indígenas de la región y activistas sociales, y la sombra del narco que lo persigue desde hace lustros, el amigo del presidente no ceja en su empeño.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Suele acompañar con frecuencia al presidente Enrique Peña Nieto en sus giras internacionales y se le conoce como altruista de la salud, pues oferta casi regalados diversos servicios y ha incursionado con éxito en el mercado de productos cárnicos.
Se trata del empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón, quien se posicionó durante los gobiernos panistas. No obstante su fama y fortuna, desde hace años lo persigue la sombra del crimen organizado y ahora es objeto de polémica por su intención de instalar un “basurero tóxico” en la frontera norte del país.
Considerado el empresario más próspero del sexenio peñanietista, Vizcarra pretende construir una zona industrial de recicladoras para extraer materiales pétreos y otros minerales en las faldas de la emblemática Sierra Cucapah, a las afueras de Mexicali, a tan sólo ocho kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
En esa zona donde sobreviven los últimos indígenas cucapá y el borrego cimarrón, Vizcarra pretende levantar en 14 mil 782 hectáreas una planta fotovoltaica. También busca construir unidades habitacionales, una zona comercial y un centro internacional de innovación y entrenamiento en reciclaje y energías renovables.
Lo que más le interesa es la construcción de una “estación de manejo, revalorización y disposición final de residuos peligros”; es decir, un centro de confinamiento que pueda recibir basura tóxica procedente de Estados Unidos y del territorio nacional.
Investigadores, colectivos, maestros, representantes de la sociedad civil e indígenas cucapá se oponen a ese proyecto en el que, según estimaciones, Vizcarra invertirá 14 mil 810 millones 800 mil pesos. Y aunque detuvieron por un tiempo la autorización del gobierno federal, toda vez que se trata de terrenos ejidales para la siembra, el pasado 14 de julio el empresario logró que le dieran el cambio de uso de suelo.
Por su parte, la agencia estadunidense Jennings & Johnson busca convencer a los indígenas para que le permitan desarrollar su proyecto de desarrollo económico para la cuenca de la Laguna Salada, que consiste en llevar agua del Mar de Cortés a la citada laguna para luego exportarla a Estados Unidos, muy cerca de donde Vizcarra pretende instalar su basurero tóxico.
La agencia ambientalista pretende invertir 8 mil millones de pesos en ese ambicioso proyecto, que incluye la instalación de granjas camaroneras, agricultura en agua salada, así como proyectos ganaderos y recargas de aguas pluviales.
Fuente: Proceso
Autora: Jesusa Cervantes
http://www.proceso.com.mx/450905/los-negocios-toxicos-jesus-vizcarra-amigo-pena-nieto
Tomás Zerón, señalado como torturador por un chileno
A salvo en Chile, Laurence Maxwell Ilabarca se enteró de que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, es el mando policiaco que presuntamente dirigió el interrogatorio irregular al que fue sometido en noviembre de 2014 en instalaciones de la SIEDO. Mediante un escrito y en entrevista con Proceso, revela cómo fue torturado física y psicológicamente, y lo que afirmaron los mandos policiacos sobre los estudiantes desaparecidos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Investigado por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) por haber realizado diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sin notificarlas, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), es identificado por Laurence Maxwell Ilabarca como el conductor del interrogatorio irregular al que fue sometido el 20 de noviembre de 2014, después de participar en una marcha para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
En vísperas de que la procuradora Arely Gómez dé a conocer a los padres de los 43 desaparecidos y a sus representantes las conclusiones de la investigación realizada por la Visitaduría General, el ciudadano chileno Maxwell Ilabarca detalla en un escrito y en entrevista con Proceso aquel interrogatorio y el hostigamiento de Zerón para que se autoinculpara como “terrorista” y “anarquista”.
Semanas después de que Maxwell Ilabarca regresó a Chile tras permanecer 10 días en una prisión mexicana de máxima seguridad, investigó quiénes eran los funcionarios que en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo separaron del grupo de 11 detenidos.
Relata que éstos no se conocían entre sí porque fueron capturados en distintos lugares cercanos al Zócalo de la Ciudad de México a fin de acusarlos de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Los 11 fueron exonerados por el Poder Judicial ante la deficiente indagatoria de la PGR.
Laurence buscó en internet imágenes de funcionarios de la PGR hasta que identificó a uno de los cinco que lo interrogaron en una oficina de la SEIDO sin que estuvieran presentes ni su abogado ni personal del consulado chileno. Era el director de la AIC.
Afirma que Zerón de Lucio era el “sujeto que esa noche (del 20 de noviembre de 2014) había dirigido el interrogatorio que duró aproximadamente una hora o poco más, eso fue tres o cuatro horas después de la detención”.
En la entrevista telefónica desde Chile, el músico y escritor doctorado en literatura por la UNAM describe la actitud de Zerón. Considera que él estaba “atrás de ese interrogatorio, no solamente por la manera que se comportaba, sino que me quedaba claro que él era un funcionario importante, porque los demás se dirigían a él con formas de respeto u obediencia”.
Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/450903/tomas-zeron-senalado-torturador-chileno
Se declara la CNTE en “alerta máxima” en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emplazaron este domingo al gobierno federal a dar una respuesta clara y satisfactoria antes del 22 de agosto y que de hacer uso de la fuerza pública para reprimir el movimiento magisterial, ellos están fortalecidos para responder.
En conferencia de prensa, Pedro Gómez Bámaca y Manuel Mendoza, voceros y líderes de la CNTE en Chiapas, se dijeron en alerta máxima, por lo que han pedido a todos los maestros concentrarse en la capital del estado.
“Queremos dejar claro y decimos acá que tenemos toda la voluntad para que encontremos una salida pacífica al conflicto. Y que esas amenazas veladas que la Secretaría de Gobernación está haciendo, de lo que ellos llaman hacer uso de la fuerza pública y aplicar el estado de derecho. Nosotros les decimos desde acá que tenemos, a más de 90 días del movimiento magisterial, la capacidad de respuesta y que no vamos a echarnos para atrás”.
En este contexto, Gómez Bámaca dijo que ya se hizo un llamado a todos los maestros y maestras de las secciones 7 y 40, para que se concentren en la capital del estado, así como a los comités de padres de familia y organizaciones sociales solidarias para cerrar filas en torno al movimiento magisterial y sobre todo estar alertas ante cualquier embestida policiaca.
“Emplazamos al gobierno federal a que a más tardar el 22 de agosto tenga una respuesta positiva a nuestra demanda central que dio origen al movimiento de protesta. En caso contrario, hemos decidido seguir con el paro de labores y no regresar a las aulas”, dijo Gómez Bámaca.
Los maestros delinearon su plan de acción para este lunes y martes en la capital del estado, donde están previstas las tomas de edificios del sector educativo como la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Planeación Educativa, la del Instituto de Innovación y Evaluación Estatal (INNEVAL), así como la Torre Chiapas, sede de varias oficinas gubernamentales, estatales y federales.
También tienen previsto una megamarcha para el lunes 22 de agosto, día en que oficialmente deberían iniciar las clases del próximo ciclo escolar.
Gómez Bámaca explicó que las acciones ya planeadas y otras previstas a futuro, dependerán de la reunión entre la CNTE y la Segob este martes en la Ciudad de México.
Manuel Mendoza ratificó lo dicho por Gómez Bámaca en el emplazamiento a la Segob para que dé respuestas claras al reclamo fundamental de la CNTE, como lo es la abrogación de la reforma educativa. “Si no hay respuesta satisfactoria, el movimiento seguirá hacia delante”, advirtió.
Mendoza dijo que el gobierno federal se equivocó en apostarle al desgaste del movimiento magisterial, que al contrario, hoy está más fortalecido que nunca y más comprometido a defender la educación pública y enfrentar la mal llamada reforma educativa.
Por su parte, el secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, dijo tener esperanzas de que las mesas de diálogo entre el gobierno federal y la CNTE avancen y pueda iniciar el ciclo escolar con normalidad después del 22 de agosto.
Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
http://www.proceso.com.mx/450951/se-declara-la-cnte-en-alerta-maxima-en-chiapas
Federación Mexicana de Boxeo no registró uniformes ni revisó tallas: Joselito Velázquez
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El pugilista Joselito Velázquez acusó al presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, de no haber registrado a tiempo los uniformes y de no revisar las tallas.
Su compañero Elías Emigdio, quien compite en la categoría de los 52 kilogramos, participó en Río 2016 con un uniforme parchado porque el que recibió no le quedó.
“La Federación de Boxeo es la que nos da los uniformes. En los Juegos Panamericanos me dieron un uniforme que no me quedaba, tuve que pelear y me dieron uno que no tenía ningún logotipo, si no hubiera salido también parchado.
“No está bien porque es una justa deportiva bastante importante y desde antes deben planearse las tallas y hablarle a los deportistas para ver si se sienten cómodos. Esperemos que no suceda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, declaró a su llegada al aeropuerto capitalino.
Velázquez fue eliminado en primera ronda por el uzbeko Hasanboy Dusmatov, quien este domingo ganó medalla de oro ante el colombiano Yurberjen Martínez en la categoría de menos de 49 kilos.
El mexicano también cuestionó a los jueces y aclaró que todos los integrantes de la delegación están dando su mejor esfuerzo.
“Había hecho una pelea buena, salido a proponer. El contrincante hizo lo que quiso en todos los rounds y no le bajaron ni un punto, pero ni hablar, hubo un momento en el que me dio la espalda y el réferi no hizo nada. Nosotros estamos dando lo mejor de cada uno, no es porque no quisiéramos o como mucha gente está criticando a la delegación que no está poniendo ganas. Obviamente cualquier atleta que representa a su país da lo mejor de él”, concluyó.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/450944/federacion-mexicana-boxeo-registro-uniformes-ni-reviso-tallas-joselito-velazquez
Palabrería hueca, la respuesta automática ante las “Casas Blancas”
Ya se hizo costumbre: cada dos por tres se documenta alguna nueva “Casa Blanca” en el entorno íntimo del presidente Enrique Peña Nieto. La última la dio a conocer The Guardian hace una semana. Se trata de un departamento de Angélica Rivera en Miami. Los casos han sido tantos que el gobierno federal ya perfeccionó una técnica para “responder” a las pruebas, documentos y testimonios que evidencian los recurrentes conflictos de interés. Esa técnica se llama verborrea: palabrería insustancial que descalifica, insulta, confunde y distrae, pero que rehúye informar, aclarar o dilucidar las cuestiones de fondo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Según el gobierno federal, los medios internacionales que investigan las propiedades inmobiliarias del primer círculo presidencial “faltan a la verdad”, especulan “de manera dolosa” y hasta “orientan a sus reporteros a predecir el futuro”, como en el caso reciente de The Guardian, o “carecen de rigor” al hacer la conversión de “viejos” a “nuevos pesos”, como sucedió con la agencia Reuters, o ignoran que al primer mandatario mexicano “no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, en respuesta a The Wall Street Journal.
Esas son las expresiones utilizadas por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, quien desacredita de forma automática, pero no aclara las dudas y menos aporta información. El regaño, los reproches, el silencio o la descalificación han sido el “recurso del método” de Sánchez para enfrentar los crecientes escándalos en torno a las propiedades inmobiliarias de la primera dama, Angélica Rivera; del presidente, Enrique Peña Nieto, y hasta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, exhibido porThe Wall Street Journal y la agencia Bloomberg.
El caso más reciente ocurrió con el periódico británico The Guardian, a raíz de la publicación de un reportaje firmado por los reporteros José Luis Montenegro y Julio C. Roa. El texto revela que el empresario mexicano Ricardo Pierdant, amigo de Peña Nieto desde sus tiempos de estudiantes en la Universidad Panamericana, pagó 29 mil dólares de impuestos correspondientes al departamento que aparece como propiedad de Angélica Rivera.
Según el reportaje, Rivera ocupa no sólo el departamento 304 (que adquirió desde 2005 por 1.8 millones de dólares), sino también el 404, adquirido en 2009 por Pierdant y registrado a nombre de la empresa Biscayne Ocean Holdings. Ambos están en la misma torre de condominios en Key Biscayne, una de las zonas más exclusivas de Miami.
Pierdant es señalado en el texto como un “potencial contratista” del gobierno federal porque “hay reportes de que una de las compañías del empresario, Grupo Pierdant, está en la contienda para ganar contratos gubernamentales que le permitan desarrollar puertos marítimos en México”.
En Estados Unidos, Pierdant es cofundador de la empresa DecoBikes, un programa para compartir bicicletas en Miami y San Diego. “El aparente conflicto de interés entre su otra compañía, Grupo Pierdant, y la primera dama, hace eco del ocurrido con la Casa Blanca”, anotó The Guardian.
Antes de la publicación de este reportaje, el área de investigación de la cadena televisiva Univisión reveló que Angélica Rivera liquidó los 1.3 millones de dólares que le restaban a su adeudo inmobiliario por 35 años en 2011, “dos meses después de haber contraído matrimonio con Peña Nieto”.
Pierdant no respondió ni a The Guardian ni a Univisión cuando le solicitaron aclarar por qué la compañía Biscayne Ocean Holdings, de su propiedad, pagó los impuestos del departamento 304 en el condominio Ocean Tower One.
“Después de ese pago de marzo de 2014, en que la compañía de Pierdant liquidó los impuestos de ambos departamentos, los años siguientes la empresa de la primera dama ha cubierto los suyos. Pierdant, por su parte, adeuda actualmente al condado de Miami 86 mil dólares de los impuestos del apartamento a nombre de una compañía de él, por los años fiscales 2014 y 2015, según registros públicos de Miami-Dade”, abundó la nota de Univisión, firmada por Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y David Adams.
Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/450902/palabreria-hueca-la-respuesta-automatica-ante-las-casas-blancas
Aída Román culpa a Castillo de fracaso en Río
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La arquera Aída Román acusó a Alfredo Castillo de ser responsable de los malos resultados de la delegación mexicana en Río 2016 por su falta de preparación en el ámbito deportivo y por el conflicto que mantiene con el Comité Olímpico Mexicano (COM) y las federaciones.
A su regreso a México, la atleta declaró que el deporte necesita de un proyecto regular y con seguimiento constante durante los cuatro años del ciclo olímpico, lo cual no ocurrió.
“No es alguien que esté inmerso en el deporte (Castillo), es muy difícil que alguien que no ha estado en el deporte pueda hacer una buena administración. Sí tuvimos algunos apoyos, pero a cuentagotas y desafortunadamente las federaciones peleadas con unos y otros”, dijo.
Y añadió: “Es un reflejo de lo que estamos viviendo, hay una gran desorganización. Anteriormente había buena comunicación entre el Comité Olímpico y Conade, ahora cada quien está jalando para un lado, nosotros estamos en medio. En el siguiente proceso sería bueno que se hagan las paces. Al final cada quien quiere hacer su mejor actuación y tiene mil cosas alrededor”.
Román, subcampeona olímpica en Londres 2012, fue eliminada en la primera ronda del tiro con arco individual. Tampoco por equipos pudo pelear por medalla.
La atleta de 28 años anunció que se tomará un año de descanso.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/450938/aida-roman-culpa-a-castillo-fracaso-en-rio
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