De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia capitalina, en lo que va del año, unas 541 personas han sido asesinadas en la capital del país, entre ellas, 69 perdieron la vida durante robos. Tan sólo en lo que va del mes, reportes de prensa han informado que en la Ciudad de México y el Estado de México los asaltos han cobrado la vida de al menos 15 personas, entre ellos, siete presuntos criminales. Los primeros 18 días que van del mes de agosto al menos 15 personas, entre ellos siete presuntos criminales, han perdido la vida durante asaltos registrados en unidades del transporte público, en las calles, en establecimientos y a camiones de carga. Ayer, tres presuntos asaltantes fueron abatidos en la Ciudad de México y dos más en el Estado de México. Mientras, un civil fue asesinado a golpes presuntamente por resistirse a un robo. Apenas ayer, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, informó que en lo que va del año, unas 541 personas han sido asesinadas en la capital del país, de ellas, 69 perdieron la vida durante robos. De acuerdo con reportes de prensa, en lo que va del mes de agosto se han contabilizado al menos siete muertes durante asaltos, entre ellos, cuatro presuntos criminales. El titular de la Procuraduría capitalina detalló que durante los primeros seis meses se cometieron unos 2.4 eventos violentos por promedio diarios. Dijo que la capital del país se posiciona actualmente como la número 19 a nivel nacional por su tasa por cada 100 mil habitantes de homicidios. El funcionario local detalló que en este periodo se han cumplimentado 115 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, y que se han obtenido 102 sentencias condenatorias con penas de hasta 70 años de prisión. Mientras, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detallan que en la Ciudad de México se han contabilizado 13 mil 947 denuncias por diversos tipos de robo (a vehículos, a transportistas y a transeúntes) durante la primera mitad del año. De los cuales 8 mil 130 fueron con violencia y otras 5 mil 817, sin violencia. En la capital del país, al menos 6 mil 361 personas fueron asaltadas con violencia, mientras unas 2 mil 028 sufrieron atracos sin violencia, de acuerdo con cifras. En tanto, en el en el Estado de México, durante la primera mitad del año, se registraron unos 26 mil 949 robos de vehículos, a transportistas y transeúntes. Del total, 14 mil 858 fueron con violencia, y 12 mil 091 sin violencia. Además, al menos 2 mil 976 mexiquenses denunciaron, en este lapso de tiempo, que fueron asaltados con violencia y 352 sin violencia.
Sin embargo, ambas entidades han sido víctimas de una ola de asaltos violentos, que durante los últimos días de julio dejaron otros nueve civiles muertos. 17 DE AGOSTO: 7 MUERTOS Y 1 HERIDO La noche de este miércoles tres asaltantes fueron privados de la vida durante un enfrentamiento con elementos de Seguridad en la Delegación Tláhuac. El hecho ocurrió después de que cuatro delincuentes ingresaran a un local de videojuegos, amenazaran a las personas que se encontraban en el negocio, y les arrebataran sus pertenencias. Los asaltantes fueron interceptados por integrantes de la Unidad de Protección Ciudadana Mixquic, situación que originó la balacera en la que tres de los agresores fueron abatidos. Sólo un oficial de policía resultó herido y fue trasladado en helicóptero al hospital Moscell. En otro atraco, dos presuntos delincuentes murieron ayer mismo tras intentar asaltar una unidad de transporte público en la avenida Primero de Mayo, en Naucalpan, Estado de México. Presuntamente, los dos sujetos abordaron el camión y con pistola en mano, empezaron a despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Uno de los usuarios, quien resultó ser militar y se encontraba armado, se enfrentó a los malhechores, quienes fallecieron en el lugar. De acuerdo con A Fondo Edomex, otro hombre fue asesinado en Ecatepec durante un asalto. Según informan, uno de los delincuentes le disparó a la víctima después de obligarlo a entregar las llaves de su vehículo. Ambos agresores huyeron a bordo del auto y hasta el momento no han sido identificados. Un cuarto hecho violento se registró en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado muerto. De acuerdo a la Policía municipal, el individuo presentaba golpes en todo el rostro y cuerpo, además, no portaba zapatos ni alguna otra pertenencia, por lo que se considera la posibilidad de que haya sido asesinado durante un atraco. 16 DE AGOSTO: 1 MUERTO La noche del martes un hombre fue asesinado en las inmediaciones del barrio San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán. La víctima, de aproximadamente 50 años de edad, presuntamente se enfrentó a dos hombres que intentaron asaltarlo. En el atraco la víctima recibió un disparo de bala en el pómulo derecho, provocándole la muerte.
Tras la agresión, el fallecido quedó tirado en la banqueta, y fueron los vecinos de la localidad quienes informaron a las autoridades sobre el incidente. Al lugar arribaron servicios de emergencia y de seguridad municipal, quienes trasladaron el cadáver a la Fiscalía de Homicidios del municipio.
11 DE AGOSTO: 1 MUERTO Y 2 HERIDOS Un guardia de seguridad resultó herido de bala en un intento de robo a un camión repartidor de la empresa Corona, en la colonia La Presa Tejocote, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. El custodio resultó herido luego de enfrentarse a los tres sujetos armados que participaron en el atraco. Los asaltantes huyeron del lugar sin haber logrado su cometido, por su parte, el agente de seguridad fue trasladado por Protección Civil al hospital. La segunda víctima de este día fue una mujer, quien resultó lesionada en el tobillo después de que una bala le penetrara la pantorrilla durante un asalto al microbús en el que viaja. El episodio resultó luego de que uno de los dos asaltantes que abordaron el microbús, disparara al piso y la bala rebotara en el piso, impactando contra la fémina. Tras cometer el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga y el chofer de la unidad se traslado a las instalaciones de los paramédicos más cercanos, donde la mujer fue atendida. En un hecho aislado, otro asalto a un camión de transporte público cobró la vida de un hombre que se enfrentó al ladrón que se subió a robar la combi en la que viajaba. De acuerdo a la autoridades, el hombre perdió la vida durante el forcejeo con el delincuente, cayó del vehículo y se golpeó la cabeza. El suceso se dio cerca de la colonia Altavilla, en el límite de los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla. El delincuente fue detenido por el resto de los usuarios que viajaban a bordo de la unidad y posteriormente la Policía Estatal lo puso bajo custodia. 8 DE AGOSTO: 1 MUERTO Y 1 HERIDO Un delincuente murió y un elemento de seguridad privada fue herido, luego de que ambos bandos se enfrentaran durante un intento de asalto en una tienda Bodega Aurrera, en la colonia Providencia, en el Valle de Chalco, Estado de México. De acuerdo con los reportes oficiales, la confrontación se registró cuando los trabajadores de la camioneta de valores ingresaron a la sucursal a dar el servicio de rutina y se encontraron con los criminales, quienes dispararon en su contra, iniciando una balacera. Al repeler la agresión uno de los presuntos ladrones fue abatido. Por su parte, Dos de los asaltantes fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial, mientras que otros cinco, incluyendo una mujer, huyeron a bordo de una camioneta. 6 DE AGOSTO: 1 MUERTO Un presunto asaltante, de aproximadamente 30 años de edad, fue abatido por un custodio cuando intentaba robar a otro hombre en la colonia Jardines del Pedregal, de la delegación Álvaro Obregón. El hombre, que portaba 90 mil pesos, se encontraba esperando ingresar a un edificio, cuando el delincuente se acercó a él, lo amagó y se apoderó del dinero. El incidente fue presenciado por un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quien intentó detener al delincuente. Luego de ser atacado por el malhechor, el agente disparó contra su agresor y lo abatió. 5 DE AGOSTO: 2 MUERTOS Dos empleados de la empresa gasera Flamamex S.A. de C.V., fueron asesinados por dos sujetos luego de oponerse a que les despojaran de sus pertenencias. El hecho ocurrió en las calles de la colonia Benito Juárez, de la delegación Gustavo A. Madero. Al parecer, las víctimas forcejearon con los ladrones, quienes abrieron fuego en varias ocasiones en contra de las víctimas. La balacera ocasionó que el chofer perdiera el control del vehículo y se impactara contra un poste de luz, lo que provocó su muerte y la de su ayudante, quien cayó abatido sobre la banqueta. Los ladrones se dieron a la fuga y hasta el momento siguen sin ser identificados. 4 DE AGOSTO: 2 MUERTOS Y 1 HERIDO Un hombre de aproximadamente 34 años de edad, fue asesinado a bordo de una unidad de transporte público de la ruta 11, luego de resistirse a un asalto. El camión circulaba cerca del Eje 6 Sur, en la colonia Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa, cuando tres hombres con pistola en mano abordaron la unidad que se dirigía a la Central de Abasto y amenazaron a los pasajeros. El hombre se resistió al atraco y uno de los delincuentes le disparó. Tras el ataque, los tres asaltantes huyeron del lugar. Además, de acuerdo con un reporte de la agencia Cuartoscuro, otra persona perdió la vida ese mismo día luego de oponerse a un atraco cuando caminaba por la calle Isla Guadalupe, esquina con Vallejo, en la colonia Unidad Habitacional Prado Vallejo, en Tlalnepantla, Estado de México. El hombre recibió cuatro disparos de arma de fuego. En otro incidente, una mujer recibió un balazo en la pierna luego de que durante un asalto a una farmacia en Chimahuacán, Estado de México, sufriera una crisis nerviosa, provocando que un asaltante le disparara.
Los hechos ocurrieron en un local ubicado sobre avenida Organización Popular y calle Tonametl, en el Barrio Herreros. Según testigos oculares, la joven se encontraba esperando consulta médica, cuando dos sujetos armados llegaron a las instalaciones y despojaron a los usuarios de sus pertenencias. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2016/3081652
Una de las centrales de abastos de cocaína del Cártel de Sinaloa en Tijuana estaba ubicada en una de las principales zonas de desarrollo económico de la región: el Centro Industrial Pacífico. Ahí, entre maquiladoras, empresas de servicios, ensambladoras, mercados, escuelas, industrias, funcionaba una bodega que el día que los Policías Estatales Preventivos la encontraron resguardaba 631 kilos de cocaína. (En realidad se trata de 711 kilos. Los Policías “encontrarían”, una semana después, 80 kilos adicionales de cocaína que presuntamente estaba en la misma bodega que cuando realizaron el decomiso, pero que oportunamente no avistaron en aquel momento. Hasta que un día “alguien” les reporta gente armada dentro de la bodega. Llegan, revisan, y ¡Zas! Más droga. (Esta parte de la historia es real. No es producto de la imaginación de nadie. Los Policías fueron descubiertos con el adicional de droga, por otros policías, ya que los Militares que resguardaban la bodega se quedaron callados). Tal cantidad de enervante, los 631 kilos originales, tiene un valor en el mercado fronterizo, como dicen los criminales “ya puesta en Estados Unidos”, o lo que es lo mismo, trasegada hacia la Unión Americana, de 16 millones de dólares. Considerando 25 mil dólares el kilo, si sumamos los 80 que los Policías “encontraron” después, resulta que lo confiscado en la distribuidora de cocaína de Tijuana, asciende a 17 millones 775 mil dólares. La bodega, no sobra decirlo, estuvo activa en calidad de central de abastos de cocaína, durante tres años hasta el 8 de agosto cuando la propiedad, algunos vehículos, y la droga (aun en partes), fue descubierta por elementos de la Policía Estatal Preventiva en colaboración con personal del Ejército Mexicano, y asegurada por funcionarios de la Procuraduría General de la República. De ello dimos cuenta en el Semanario ZETA, en la edición del viernes 12 de agosto. Las autoridades no han sabido determinar cada cuánto la bodega era surtida de droga. Lo que sí es que en el interior del almacén había también productos varios de abarrotes, por lo que asumen que son las fachadas para el traslado de la droga. Que llegaban en tráileres con dichos productos al frente y la droga resumida en algún lugar que ni uno solo de los retenes militares entre Sinaloa y Baja California, pudo alertar, al menos pública y oficialmente. Una vez en Tijuana, la droga era etiquetada para ser entregada a quienes sirven de traficantes para el cártel de Sinaloa. El cargamento de los 631 kilos (antes del conveniente olvido de los policías), estaba destinado para un total de 19 células criminales ¡19! Cuya droga estaba identificada con algún distintivo del grupo criminal. Así como lo puede observar en películas policiacas, los paquetes de droga estaban perfectamente embalados. Cuadrados, se ven pesados por lo compacta que se percibe la droga. Sellados con cinta adhesiva gris o color café de las utilizadas precisamente para el embalaje de cosas. El centro del largo tabique de droga el distintivo de cada grupo. Una batiseñal, un Bob Esponja, un Señor Increíble, un Messi, un colorido con imagen o sin ella, pero distintivo y específico para hacer alusión a un grupo criminal determinado. En algunos casos, directo, el apodo del distribuidor. Quienes analizan el caso creen que en su enorme mayoría, la droga de la central de abastos del cártel de Sinaloa en Tijuana, era para ser trasegada a los Estados Unidos, y de ahí distribuida en sus calles. Los pocos detenidos que hubo en el lugar (cuatro que custodiaban la carga), la ineficiencia de la Procuraduría General de la República, y la incapacidad (o complicidad) de quienes decomisaron la droga (Preventivos y Militares) para establecer el debido proceso, hoy día acarician la libertad en el México impune luego que un Juez los liberó cuando las “autoridades” participantes en el aseguramiento, se contradijeron. Y lo de la libertad es relativo, dado que a los cuatro les decomisaron droga, eso en la ley del narco, tiene consecuencias. Una semana después que esto sucedió, en Puerto Vallarta, Jalisco, un comando armado criminal (hay comandos armados oficiales) entró a un restaurante/bar de moda en la ciudad, nombrado La Leche, para sacar con violencia a doce personas (ahora la autoridad ha “descubierto” que son seis y que trabajaban para un grupo criminal), y que se trata de los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, uno de los cuales, Jesús , atendía “negocios” fuera de Sinaloa y Jalisco, ajá, acá, donde tienen sus centrales de abasto de cocaína. El comando, obvio superior en número al equipo de seguridad criminal que debieron traer los Guzmán, tuvo el tiempo, la libertad, la intimidación de transeúntes y comensales, para entrar al restaurante/bar, encañonar a las personas, hacerlas andar, obligarlas a subir a camionetas en las que podrían asumir está el final de sus días, y llevárselos sin que haya autoridad, policía, patrulla, retén militar u operativo tradicional, que los divise en el camino, escuche el reporte del incidente, y los detenga. No pasó nada. Ni en el caso de Tijuana los traficantes de droga han sido detenidos producto de una investigación ministerial, ni los secuestradores/asesinos de los comensales de Vallarta o los hijos de El Chapo, han sido identificados. ¿Y se ha dado Usted cuenta que de la Procuraduría General de la República nada se sabe? Arely Gómez solo habla de narcotráfico cuando ha de dar una conferencia para re-anunciar una aprehensión, y porque es lo que en derecho y facultad administrativa corresponde. No sabemos de ella en investigaciones, en información sobre cuántas y cómo son las células criminales que vulneran la vida de los mexicanos, sean o no criminales. No sabemos de ella en temas de combate a la violencia e inseguridad criminal, mientras no se trate de operativos especiales cuando los delincuentes organizados ya se han salido de control. Este es uno de esos casos. Los narcotraficantes, particularmente el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, están demostrando al Gobierno Federal y a los mexicanos todos, que su gobierno criminal es más rápido y muy temido. Que si les confiscan una central de abastos harán lo que sea para liberar a los suyos, que con 17 millones de dólares de una sola entrega en una semana durante tres años, pueden corromper a quienes se les pongan enfrente, y que no son vulnerables, pero no ante el combate del gobierno, sino ante la venganza de los cárteles enemigos, que igual que ellos, ejercen su poder a base de sangre y plomo en un gobierno criminal que impera en las calles de esta ciudad. En México no hay Estado de Derecho, no hay justicia, todos somos testigos atónitos de la criminalidad y su ley del más temerario. La última vez que se supo de Arely Gómez, la Procuradora General de la República, fue el 12 de agosto de 2016 cuando atendió a legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, mexicanos para dar cuentas de lo sucedido en aquel poblado la noche del 19 de junio, donde elementos de la Policía Federal intentaron sofocar una toma violenta y manifestación por parte de profesores de la CNTE, que terminó a balazos, con heridos y seis muertos. La Procuradora habló y justificó. La realidad dijo, es que el Ministerio Público Federal a su cargo, no ha podido entrar a Nochixtlán “para conocer y analizar la escena de los hechos”. Su trabajo ha sido a partir de peritajes a los objetos externos o extraidos de la escena del crimen, a declaraciones a kilómetros de distancia, procesal. De hecho, en un dejo de sometimiento del Estado Mexicano, la fiscal hizo un llamado a las víctimas de aquella noche a que se acerquen al Ministerio Público Federal y denuncien los hechos, pues, por increíble que parezca, la PGR no tiene una sola denuncia penal de aquel día.
La Procuradora, está visto en sus palabras y en sus acciones, no puede con la CNTE, no puede con el cártel de Sinaloa, ni con el Jalisco Nueva Generación, ni con Los Zetas, ni con ningún otro. No le abona al combate, no da certeza ni seguridad a los mexicanos, ni cuentas a su Presidente de la República. La Procuradora General de la República no quiere hacer lo que le toca y por eso debe irse. Pero ya. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO. LINK: http://www.sinembargo.mx/17-08-2016/3081139
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) al levantarse y abandonar la reunión, tras la respuesta nula de la dependencia respecto a la investigación interna sobre Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, a quien exigen se le destituya de su cargo. Al no informar “absolutamente nada” del caso de Tomás Zerón, a quien consideran como el “artífice” del engaño y la “verdad histórica”, y argumentar que sólo se conocerá el resultado a través de otra reunión con los abogados, los padres decidieron romper el diálogo y abandonar el lugar, explicó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. “Como madres y padres de familia, tenemos que estar exigiendo al gobierno mexicano la presentación con vida de nuestros hijos. No podemos ir a nuestras casas, sin saber los resultados, sin respuestas”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa. La posición de familiares es que hasta que no se tenga la información de la investigación interna con respecto a Tomás Zerón, no reanudarán el diálogo con la Procuraduría, y desconfiarán de cualquier resultado de la misma mientras se encuentre el funcionario en su cargo. “Mientras ese señor (Tomás Zerón) siga en ese lugar, nosotros no tenemos nada qué hacer. Tenemos un año y once meses sentándonos con ellos y la respuesta es la misma. No sabemos quién fue ni la causa del porqué cometieron ese crimen. Estamos hartos de tantas mentiras y tanto discurso”, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas.
“Empezamos una nueva etapa de nuestra lucha”, concluyó.
Buenos Aires. En un fallo unánime la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló este jueves el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, que llegaron hasta mil por ciento, y estableció que la audiencia pública previa para determinar estos incrementos “es de cumplimiento obligatorio”, en un gesto muy claro ante las evidentes y “escandalosas” presiones del gobierno del presidente, el derechista Mauricio Macri, hacia el Poder Judicial. Es el mayor golpe recibido por el gobierno, pero varias organizaciones sociales estiman que el fallo es insuficiente y no protege a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y comercios, lo que puede provocar más cierres, más despidos y más inflación. Efectivos policiales llegaron en la tarde de este jueves con una orden de allanamientro del juez federal Luis Rodríguez al Ministerio de Energía, en esta capital, en el marco de la causa iniciada contra su titular, Juan José Aranguren por la compra de gas a Chile a precio mucho más alto que el que pagaba Argentina a Bolivia. Aranguren, quien es accionista de la transnacional petrolera Shell, lo que es incompatible con su cargo actual, fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes lo acusaron de beneficiarse y beneficiar también a esa empresa con las compras a Chile que no produce gas. El ministro permitió acceder a los documentos que se buscaban. En su fallo la Corte Suprema determinó que en relación a la “división de poderes y funciones” corresponde al Ejecutivo la fijación de tarifas y la implementación de la política energética; al Legislativo determinar el marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias, y al Poder Judicial “controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad”. La resolución de la Corte no alcanzó a las Pymes, comercios, industrias y otros que deberían pagar 500 por ciento de aumento, pero deja abierta la posibilidad de que puedan presentarse judicialmente, como ya lo anunciaron pidiendo amparos y cautelares contra la medida. Dirigentes de las Asambleas de las Pymes advirtieron que si no se modifican las tarifas se pueden perder miles de fábricas y puestos de trabajo. Destacaron que “el fallo constituye en sí mismo un avance sobre la situación precedente” para los usuarios residenciales y al sostener la tarifa social, pero alertaron a que ante el actual contexto de recesión, caída de la actividad, disparada de la inflación e ingreso de importaciones, “la vigencia de un aumento como los que dispuso el Ejecutivo en las tarifas, resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios”. “El límite de 500 por ciento con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio”, señalaron y advirtieron que dada las condiciones son “los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”. Avalaron el dictamen de este miércoles de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó quien señaló que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas, en especial, las pequeñas y medianas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”. Estas empresas representan más de 90 por ciento del total y generan 80 por ciento del empleo en Argentina. “Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente”, alertaron las Pymes. En este caso buscarán la forma de “impulsar un proceso colectivo que ampare al sector”. Por otra parte, en la sentencia de la Corte Suprema se advierte que el reajuste que pueda haber en el futuro debe mantener el “criterio de gradualidad” y evitar una tarifa “confiscatoria”. Más aún, establece que el Estado “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”. Otro punto importante es un reclamo al Congreso sobre la necesidad de “dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”. En su primera reacción, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que se deberán regresar las tarifas que se cobraban antes del 31 de marzo pasado, y que en cumplimiento del fallo estaría llamando de inmediato para celebrar la audiencia pública en unas tres semanas. Por su parte, Aranguren dijo que “ahora ya sabemos lo que debemos hacer” y adelantó que tomarán la misma medida para el caso del tarifazo en la electricidad, lo que fue otro anuncio importante. Peña aclaró que los usuarios residenciales que hayan pagado facturas con el incremento anulado por la Corte “tendrán una nota de crédito por la diferencia y una nueva factura acorde al fallo judicial”, pero planteó que ante este fallo el gobierno podría recurrir a fondos como los destinados a la “obra pública”, lo que fue utilizado en los últimos días como una amenaza, especialmente para los gobiernos de las provincias. En tanto, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, que falló contra la aplicación del tarifazo el 8 de julio pasado, calificó de “importante” la decisión de la Corte Suprema de anular el incremento en el gas, aunque advirtió sobre las consecuencias por no haber incluido a las Pymes que “se ven obligadas a pagar los aumentos, lo que va a producir despidos”. A su vez, el senador y ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, del FpV, sostuvo que “el gobierno se ha topado con la realidad. Algo que se hace contra el sentido común, contra la jurisprudencia, contra las más mínimas cuestiones que hacen al buen funcionamiento estatal solo podía tener un resultado como éste, que es malo para todos”.
Consideró que la gestión de Macri debiera “aprovechar” el fallo de la Corte para “dejar de lado la soberbia” y recomendó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que escuche “a los que saben del tema” porque hay que contemplar “el impacto que esto tiene sobre la vida de la gente”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: STELLA CALLONI. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/corte-argentina-anula-tarifazo-de-gas
Ciudad de México. El segundo tribunal colegiado de Nuevo León otorgó este jueves una suspensión provisional al ex gobernador de esa entidad Rodrigo Medina, la cual impide que sea detenido en el proceso acusatorio al que fue vinculado por el caso de los supuestos incentivos ilegales que se otorgaron a la armadora de vehículos KIA. Al resolver un recurso de queja, el mismo tribunal le impuso al político priísta la restricción de no abandonar el país. La suspensión provisional otorgada a Medina no evitará que deje de comparecer en el juicio, por lo que deberán continuar las diligencias que se instruyan en el mismo.
La Policía Federal ejecutó extrajudicialmente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, torturó a detenidos, manipuló la escena de los acontecimientos, sembró y cambió armas al igual que elementos balísticos a las víctimas, y mintió en los informes, determinó la CNDH al presentar el informe sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015.
La Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán, en 2015, además, torturó a detenidos, manipuló la escena, sembró armas y cartuchos, informó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El organismo autónomo presentó hoy su informe sobre los hechos ocurridos en el Rancho de El Sol, en el que perdieron la vida 22 personas, en el que el descartó el presunto enfrentamiento entre los efectivos de seguridad federales y supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En tanto que el Gobierno negó dichas ejecuciones extrajudiciales, al asegurar que hubo un “uso racional” de la fuerza por parte de la Policía Federal. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, aceptó las 14 recomendaciones emitidas, pero aseguró que en este caso no se configura “la hipótesis de ejecuciones arbitrarias” de 22 civiles, como sostiene esta institución.
“El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa”, afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y “la respuesta fue con disparos de arma de fuego”.
La periodista Sanjuana Martínez denunció, en agosto de 2015, esta matanza. En SinEmbargo dio a conocer que el 22 de mayo de ese año, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 22 hombres muertos, tres más detenidos y un Policía Federal caído. Hasta ahora, parece, se asoma la justicia. En una rueda de prensa, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que hubo violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a funcionarios de la Policía Federal. Entre ellas, “violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria (extrajudicial) de 22 civiles”, así como torturas, trato inhumano y degradante a detenidos.
A su vez, Ismael Eslava, Primer Visitador General de la CNDH y quien leyó el informe, señaló que “las evidencias permiten establecer el uso excesivo de la fuerza derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles” ya que, las pruebas clínicas, balísticas, necropsias detallan que las víctimas estaban en posición de desventaja”.
La Policía Federal había dicho que encontró un camión desde el cual le dispararon, y que después llegó a la hacienda. En su informe, la comisión dijo que el gobierno no proporcionó evidencia que respaldara dicha versión y aseguró que los efectivos federales entraron de manera sigilosa y en las primeras de la noche al rancho. De acuerdo con los testimonios recabados, aseguró el organismo, se estableció que el operativo federal empezó entre las 06:00 horas y 07:00 horas del 22 de mayor donde 41 servidores ingresaron al rancho y aseguraron a las personas, la mayoría de ellas estaban dormidas. “Posteriormente llevaron el operativo lo que contradice la versión oficial de los hechos” señaló el funcionario de la CNDH.
“Se observó que seis cadáveres estaban descalzos y con el torso descubierto, 11 cuerpos estaban descalzos, uno más presentó el torso descubierto y otro únicamente vestía trusa lo que establece que dichas personas estaban dormidas cuando inició el operativo” explicó.
MANIPULACIÓN DE LA ESCENA Y SIEMBRA DE ARMAS Respecto a la siembra de armas y cartuchos, Eslava reportó que las armas de fuego que la Policía Federal movió cuerpos, sembró 16 armas y cartuchos a las víctimas, a otros 7 les cambiaron las armas y los cartuchos por otros de diferente calibre y mintieron en los informes,según informó Eslava. “Hubo uso excesivo de la fuerza lo que derivó en la ejecución arbitraria, estableció la CNDH, ya que las 22 víctimas estaban en una posición de desventaja y vulnerabilidad: 13 estaban de espalda, a 5 les dispararon desde el helicóptero, otra una víctima estuvo expuesta a fuego directo y tres víctimas, a pesar de que ya estaban sometidas, las privaron de la vida, [..], la gran cantidad de disparos constitución una demostraron innecesario de la capacidad del uso excesiva de la fuerza” agregó. A 16 de los cuerpos les colocaron deliberadamente armas de fuego, y las armas halladas a siete cuerpos fueron manipuladas y movidas de su posición original. Otra arma asociada a un cuerpo fue sustituida por otra de distinto calibre. “las armas de fuego que se vincularon con dos cadáveres fueron despojadas de sus cargadores y fueron sustituidos por otros de calibre distinto” El informe destacó las hora del operativo y en la que llegaron las autoridades de la Procuraduría General de Michoacán, ya que, hubo un lapso de cuatro horas en las que la PF tuvo presuntamente tiempo de manipular la escena. “El operativo se realizó entre las 6:20 y las 07: 30 de la mañana, y la hora en la que llegó personal de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán empezó la diligencia formal a las 14:00 horas”, resaltó. TORTURA Además del uso excesivo de la fuerza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acreditó que existió tortura. Por evidencias fotográficas se presume que dos de las víctimas fueron quemadas, y a los detenidos los torturaron: “De la cuenta Valor por Michoacán hay imágenes relativas en donde se observa que los cadáveres no presentaban quemaduras pero en las fotos que dio la PGJE de Michoacán de dos cuerpos, las víctimas presentaban quemaduras por fuego directo después de ser privadas de la vida, lo que también deberá de ser investigado por la autoridad ministerial”. Se acreditaron también, aseguró, actos de tortura contra dos detenidos a quienes obligaron a ver tres ejecuciones, los amenazaron de muerte a ellos y a sus familias.
“De las evidencias se advirtió que fueron sometidos a sufrimiento severo, los obligaron a presencial algunas circunstancias de al ejecuciones de tres personas, luego fueron sometidos a interrogatorio del por qué estaban en el citado inmueble, sobre droga, mediante de amenazas de privarlos de la vida a ellos y a su familias” abundó. El tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que, según la versión oficial, los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del CJNG. Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), explicó entonces que el enfrentamiento se prolongó por tres horas, pues los presuntos delincuentes comenzaron a atacar “con intensidad” e incluso se pidió apoyo tanto terrestre como aéreo. Sin embargo, cuando las familias de los muertos, la mayoría originarios de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a recoger los cuerpos en el Semefo de Morelia, dieron cuenta de que los cadáveres presentaban huellas de tortura: estaban mutilados, destrozados, calcinados e incluso algunos tenían el tiro de gracia, dicen… Algunos de ellos ni siquiera sabían portar armas, eran hijos y esposos de familias pobres que fueron a ese rancho a trabajar. Las madres y padres, hermanas y hermanos, que vieron las primeras fotografías de los muertos en redes sociales, corroboraron en los cuerpos de sus familiares muertos una violencia extrema que, aseguran, responde no a un enfrentamiento, como dijeron las autoridades, sino a una masacre.
Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera la CNDH, había hecho caso a sus reclamos por esclarecer el hecho y “limpiar” el nombre de los muchachos. Ellos calificaron ese hecho como una “matanza” y señalaron al Gobierno federal como responsable de un exceso que derivó en la muerte de personas inocentes.
De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, Stephanie Magón Ramírez sí habría consumido éxtasis previo a ser hallada sin vida en la Colonia Nápoles. Asimismo, Sin embargo, el pasado 5 de agosto testimonios de amigas de Stephanie Magón, obtenidos por Radio Formula, refieren que la joven modelo estaba drogada momentos antes de ser hallada sin vida afuera del edificio de la colonia Nápoles. Por su parte, el 4 de agosto el Subprocurador indicó que la necropsia de ley realizada al cuerpo de la modelo colombiana arroja que tenía severos golpes en la cabeza y mandíbula del lado derecho y que cayó del techo pero derivado de un impulso previo, por lo que indicó que no se trataría de un suicidio o de un homicidio, aunque las autoridades no descartaban la posibilidad.
La modelo colombiana Stephanie Magón Ramírez, quien fuera hallada sin vida en la Colonia Nápoles el 30 de julio pasado, consumió éxtasis el día de su muerte, informó el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del Tribunal Superior de Justicia capitalino. Durante una conferencia de prensa el director del Incifo, Edmundo Takajashi, explicó que cuando la dependencia realiza estudios de necropsia, siguen a su vez procedimientos de búsqueda de drogas de uso común. Asimismo, indicó que salvo que la autoridad investigadora así lo requiera, se lleva al cabo un segundo estudio para descartar drogas poco comunes. En ese sentido, Takajashi refirió que el pasado 8 de agosto recibieron una solicitud por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) para la búsqueda de otras sustancias, por lo que se efectuó un segundo análisis en el que dio positivo por restos de una droga conocida como Metil dioxi metanfetamina (MDMA) conocida como éxtasis. Asimismo, el funcionario añadió que generalmente este tipo de drogas son eliminadas por la vía urinaria, aunque en el caso de Magón Ramírez informó que tras la primera necropsia no se encontró orina en el cuerpo de la occisa. Finalmente, el médico precisó que no es posible determinar la cantidad de droga que consumió y que sería aventurado establecer una hora aproximada en la que el estupefaciente fue consumido. Por su parte, la PGJ-CDMX aseguró que indaga si el éxtasis que consumió la modelo sudamericana fue suministrado sin que ella lo supiera o si fue un acto voluntario. Sin embargo, el pasado 5 de agosto testimonios de amigas de Stephanie Magón, obtenidos por Radio Formula, refieren que la joven modelo estaba drogada momentos antes de ser hallada sin vida afuera del edificio de la colonia Nápoles. Una de sus amigas, a las que no se identificó, aseguró que la joven fue sacada de un bar bajo los influjos de algún tipo de droga: “Nadie sabe la madrugada pero estaba muy drogada, muy drogada, si no reaccionaba, la sacaron del lugar del Pachanga Boys, del foto, siento muy feo porque la vi y no reaccionaba, intenté ayudar pero no reaccionó”. Otras de las amigas de Stephanie señaló que la joven consumía mariguana, sin embargo dijo sospechar que estaba bajo los efectos de otros tipo de sustancia: “Y obviamente si la drogaron por que se estaba quitando la ropa, entonces este, ella no era una niña que se drogara con otra cosa que no fuera mariguana, y eso yo te lo puedo asegurar, no tengo ni la menor duda, me entiendes, entonces claramente la drogaron muy cabrón con algo muy fuerte”.
La modelo colombiana Magón Ramírez fue encontrada sin vida las primeras horas del sábado 30 de julio sobre la cinta asfáltica de la calle de Miami con severos golpes y desnuda en un barrio de clase media de la capital. En entrevista en Radio Formula, el 4 de agosto el Subprocurador indicó que la necropsia de ley realizada al cuerpo de la modelo colombiana arroja que tenía severos golpes en la cabeza y mandíbula del lado derecho y que cayó del techo pero derivado de un impulso previo. Aseguró que en la investigación los testimonios hasta el momento son clave, principalmente el de la vecina que escuchó el golpe y, al asomarse, vio el cuerpo tirado en la cinta asfáltica: “Es importante porque refiere que de inmediato se asuma, cuando escucha el golpe y no ve ningún vehículo circulando sobre la cinta asfáltica ni ninguna persona alrededor de, cuerpo. No escucha nada más que el golpe” expresó el funcionario. Los resultados de la necropsia de ley arrojan que murió por los severos golpes que tenía en la cabeza. Además que dichas contusiones, fractura en la mandíbula y todos los que presentaba del lado derecho, son derivados de la caída desde la azotea, afirmó. Los peritos en mecánica, los expertos que dan explicación sobre cómo pudieron acontecer los hechos de acuerdo a la forma de las lesiones, señalaron que la caída fue una precipitación con un impulso. “La explicación que nos dan ellos es que el cuerpo tuvo un impulso. Refieren que hay un impulso y de acuerdo al peso a la gravedad y a la caída libre es como viene el manejo de la distancia”, expresó el funcionario. Sin embargo, en entrevista el subprocurador, no aludió un suicidio, y aunque no descartó que alguien más haya impulsado a la joven, afirma que los testimonios no ubican a otra persona. Enfatizó que además del peritaje, cuentan con los testimonios de amigos de la joven que estuvieron con ella esa noche y la acompañaron a su casa, además de la narración de los vecinos quienes indicaron que no vieron a ninguna persona ajena salir del lugar, ni cerca del cuerpo.
Agregó también que la necropsia y el informe pericial no muestra ninguna indicio de lucha, forcejeo o sometimiento. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2016/3081725
CIUDAD DE MÉXICO: Los niveles de aprobación de la gestión presidencial de Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto eran muy similares al inicio de su mandato, pero siguieron caminos opuestos: mientras el primero logró recuperarse en apenas un año, el segundo nunca pudo revertir el descenso, que se aceleró desde finales de 2014, para llegar al bajísimo nivel actual. Las encuestas de evaluación de la gestión gubernamental de los últimos cuatro presidentes que periódicamente levanta el periódico Reforma muestran las tendencias contrastantes entre estos dos presidentes. A su vez, Vicente Fox y Felipe Calderón vivieron evoluciones y cifras muy similares, aunque ligeramente favorables al segundo. En enero de 1995, prácticamente al inicio de su gestión pero ya después del llamado error de diciembre, el 53% de los ciudadanos encuestados aprobaban la gestión de Zedillo. Sin embargo, para marzo del mismo año ya había caído a sólo 30% de aprobación (que es la única cifra comparable con los niveles actuales), pero 14 meses después (en septiembre de 1996) logró recuperar 18 puntos porcentuales para llegar al 48% e igualar los índices de aprobación y desaprobación. A partir de ese momento las líneas se empiezan a separar, para concluir la gestión con 69% de aprobación y apenas 21% de desaprobación. En contrapartida, al actual presidente lo aprobaba al inicio de su gestión el 49% de los ciudadanos (4 puntos porcentuales menos que a Zedillo) y tuvo un promisorio inicio, ya que en julio de 2013 obtuvo el porcentaje más alto de aprobación de toda su gestión: 52% (prácticamente el mismo que Zedillo al inicio de su sexenio); pero ese fue el parteaguas y desde ese momento todo ha sido descenso, para caer al 46% (en promedio en 2014) y acelerar el descenso a partir de 2015, en el que en promedio obtuvo el 37% para llegar hasta el 23% que obtuvo en la encuesta de Reforma, publicada el pasado jueves 11. Mientras tanto, los presidentes panistas mantuvieron niveles muy similares a lo largo de toda su desempeño: Fox inició con el 65% de aprobación y concluyó con el 61, aunque tuvo su nivel más bajo en el promedio del 2004, con el 55%; Calderón, por su parte, empezó con el 63%, apenas 2 puntos por debajo de Fox, y concluyó con el 64%; tuvo su punto más bajo en diciembre de 2009, con el 52% (2009 fue un año muy contrastante pues en junio obtuvo el 69% –su punto más alto– y en diciembre el más bajo). Así, a pesar de que sí hubo altibajos, empezaron y concluyeron casi con los mismos índices de aprobación y desaprobación. Al comparar el nivel de aprobación y desaprobación de los cuatro últimos presidentes exactamente a la mitad de su mandato, es decir, en diciembre del año respectivo, resulta que Zedillo tenía 60% de ciudadanos que lo aprobaban y únicamente el 32% que lo desaprobaban; para Fox, las cifras eran 58 y 34; para Calderón, 52 y 39, y para Peña, 39 y 58. Si nos remitimos al mismo momento actual de cada uno de los sexenios (a unos meses de concluir su cuarto año de gobierno) las cifras son las siguientes: Zedillo, 61% de aprobación y 26% de desaprobación; Fox, 55 y 34; Calderón, 57 y 35, y Peña Nieto, 27 y 70. Como puede verse los niveles de aprobación de Zedillo son muy cercanos a los de desaprobación de Peña Nieto y, al contrario, en el caso del porcentaje de desaprobación de Zedillo (26%) y el de aprobación de Peña Nieto (27%). En tanto que el gobierno de Zedillo iba en franca recuperación tras su fatal inicio, Fox y Calderón muestran un descenso en sus niveles de aprobación, pero moderado en ambos casos, y particularmente en el sexenio de Calderón explicable (al menos en parte) por la grave recesión económica que se había vivido en los dos años previos, mientras que Peña Nieto se encuentra en caída libre. En el caso de los porcentajes de desaprobación, la línea de Zedillo estaba en franco descenso; en el caso de Fox se había estabilizado alrededor del 34%. Para Calderón ya había pasado su peor momento, pero en el caso de Peña Nieto el incremento se aceleró. Sin embargo, estos niveles de aprobación y desaprobación tienen su explicación en las precepciones de la ciudadanía acerca del buen o mal camino por el que va el país y la forma en la que el gobierno enfrenta algunos de los principales problemas nacionales. Respecto al buen camino, fue posible localizar datos para los tres últimos presidentes; en este mismo momento para Fox, el 36% consideraba que el país iba bien; con Calderón, el 33%, y con Peña Nieto el 12%. Por mal camino los porcentajes respectivamente son 36, 45 y 76 (los porcentajes no suman 100% porque todos los que responden no saben o no contestaron), lo que claramente indica que la ciudadanía cada día ve el futuro del país más oscuro. Y esto se encuentra respaldado por la percepción que existe sobre el manejo que hace el gobierno federal de cuatro asuntos centrales para la vida nacional: manejo de la economía, combate a la pobreza, combate a la corrupción y seguridad pública. En este caso hay datos disponibles para los tres últimos sexenios. En el caso del manejo de la economía, el porcentaje de opiniones favorables, es decir, los que creen que el gobierno hace una buena gestión, pasan de 48% al inicio de la gestión de Fox al 30% al final de Calderón y tenían una buena expectativa al inicio de este sexenio, pues regresaron al 43%, pero en estos casi cuatro años se han derrumbado al 12%, es decir, una pérdida de 31 puntos porcentuales que muestra las enormes expectativas positivas que se generaron al inicio del sexenio ante la posibilidad de que se concretaran las reformas estructurales e incluso el tan cacareado “Momento Mexicano”, pero lamentablemente la ausencia de resultados las pulverizaron. En el combate a la pobreza se vive algo similar, aunque en este caso fueron los buenos resultados que logró Fox durante su gestión los que alentaron la esperanza, los cuales rápidamente empezaron a desvanecerse. Así pasaron de 44% al inicio de Fox a 49 al final; con el gobierno de Calderón cayeron al 35%, pero nuevamente le otorgaron a Peña el beneficio de la duda, pues subieron a 45% (prácticamente lo mismo que al inicio de Fox), aunque en este caso han caído 33 puntos para situarse en 12%. El combate a la corrupción muestra un comportamiento diferente, pues la alternancia en la Presidencia de la República en el 2000 alentó las esperanzas de que entonces sí habría un gran cambio, y el 66% (las dos terceras partes de la población) estaban de acuerdo con la política foxista, pero los nulos resultados durante su sexenio lo derrumbaron al 31%, y todavía al 28% al final del gobierno de Calderón; repuntaron un poco, al 37%, al iniciar la segunda alternancia, pero hoy están en escasamente el 10%. En seguridad pública, Fox se mantuvo en el 29% de opinión favorable a lo largo del sexenio; Calderón lo subió un poco al 36% y repuntó con la llegada de Peña (la expectativa de que el regreso del PRI también traería más seguridad) al 41%, aunque hoy está en el 16%.
Las cifras no dejan lugar a dudas: el desplome es total; los niveles de aprobación están por debajo del voto duro tricolor (hasta hoy, alrededor del 28-29%), lo cual indica que hay muchos priistas que desaprueban la gestión del actual presidente. Lo peor es la percepción de que el país va por mal camino, como sostiene el 76% de los ciudadanos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/451314/desplome-presidencial
CIUDAD DE MÉXICO: En menos de 20 segundos, Enrique Peña Nieto se lanzó hasta el fondo de la fosa de clavados cuando el conductor del noticiero de Televisa, Joaquín López Dóriga, le preguntó sobre el reciente escándalo del departamento rosa de su esposa Angélica Rivera, en Miami, y el pago de casi 30 mil dólares de impuesto predial realizado por el empresario Ricardo Pierdant. Peña Nieto ya había dicho, indignado, que la nota de The Guardian era “una calumnia” y que “es completamente falso que mi esposa tenga otra propiedad en Miami”. Sin embargo, no resistió la tentación de hacer la siguiente explicación en sus declaraciones televisadas el lunes 15: “Te repito, es un amigo que está allá y que, efectivamente, le hizo un favor (a Angélica Rivera). En una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad, en una única ocasión, porque mi esposa estaba aquí, le dijo: ‘oye, puedes cubrir el impuesto predial, yo te lo cubro aquí’, como de hecho ocurrió… “Esto acontece, es una relación común, ordinaria, que puede pasar entre quienes son amigos y vecinos”, se jactó el primer mandatario mexicano, que quizá ignora que el 99.9% de los mexicanos no tienen amigos que les paguen los impuestos prediales, menos poseen propiedades en Miami que valen más de 2 millones de dólares y tampoco son amigos del presidente de la República en un sistema político tan “amistoso” como México.
Si la entrevista con López Dóriga, en el ocaso de su noticiero en Televisa, pretendía ser un “control de daños” al escándalo producido la semana anterior, o si Peña Nieto buscaba demostrar claridad y contundencia en vísperas de su cuarto informe de gobierno, el efecto logrado fue exactamente el inverso. De entrada, Peña Nieto cometió cuatro errores de comunicación política y una grave irregularidad jurídica: 1. En primer lugar, dejó muy mal parado a su propio vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien calificó la nota como “una especulación a todas luces dolosa” y criticó aThe Guardianpor “orientar a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la verdad”. Sánchez negó que Rivera tuviera su “hogar” en los dos departamentos señalados por The Guardian, pero Peña Nieto confirmó que su esposa y Ricardo Pierdant son vecinos y que él es su amigo. Sánchez negó que Pierdant fuera contratista, algo que el primer mandatario confirmó, pero el vocero evadió señalar algo en relación con el documento que acreditaba el pago de impuesto predial. Al confirmar Peña Nieto su amistad con Pierdant y que éste, “amigo” de sus tiempos en la Universidad Panamericana, le pagó a Rivera el impuesto predial de su departamento, simplemente transformó la “especulación” y la “calumnia” en una nota veraz, al menos en este punto muy delicado. 2. En segundo lugar, el mandatario no resiste mostrarse molesto ante las cámaras de Televisa. Halaga el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero comunica hartazgo y furia con los medios y periodistas que investigan sus propiedades y las de Angélica Rivera. Incluso se enoja porque los mortales mexicanos no entiendan que todo es un error de “percepción”. Insiste Peña Nieto en creer que sólo es un problema de percepción cuando son hechos que él mismo ha validado. 3. Peña Nieto sigue peleándose con un fantasma cuando el gigante lo tiene al lado: sus “amigos” y sus favores, que constituyen un presunto conflicto de interés, porque estamos hablando del primer mandatario de la República y no sólo de un ciudadano común, hijo predilecto de Atlacomulco. Primero fue el escándalo de Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, intermediario financiero e inmobiliario de Angélica Rivera en la Casa Blanca (según la versión oficial para “corregir” el reportaje del equipo de Carmen Aristegui), y de Luis Videgaray y su mansión en Malinalco, que cubrió a una tasa de interés inaccesible para la mayoría de los mexicanos; luego, Roberto San Román Widerkher, quien le vendió a precio de ganga una casa en Ixtapan de la Sal que no correspondía con su entonces nivel de ingresos como gobernador del Estado de México, y ahora Ricardo Pierdant, quien amablemente paga 30 mil dólares de impuesto predial a la esposa de Peña. ¿A cambio de qué? Simple amabilidad, nos dice el presidente. 4. Para atajar rumores, percepciones y contradicciones en sus dichos y los de su propio vocero, el gobierno de Peña Nieto debe entregar la prueba de que se le reembolsaron los casi 30 mil dólares a Pierdant y que las empresas de éste no tienen ninguna relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue consultado sobre este caso, el exfuncionario mexiquense afirmó que no era necesario “rascar”, ya que los arreglos entre particulares “no son motivo de conflicto de interés” para el primer mandatario, según una versión manejada al interior del gobierno federal. Error garrafal. Irregularidad jurídica Por otro lado, Peña Nieto abrió las compuertas para que se investigue una posible violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que en 2014, cuando se realizó el pago del “favor entre vecinos”, señalaba claramente en su fracción XII que los servidores públicos debían: “Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o interpósita persona, dinero, bienes muebles e inmuebles, mediante enajenación a precio inferior al que tenga el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí o para las personas a las que se refiere la fracción XI (esta fracción incluye a cónyuges y familiares consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado), que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”. La misma fracción XII del artículo 8 que estaba vigente definió como “intereses en conflicto” cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. En su respuesta a The Wall Street Journal, que en enero de 2015 publicó la mansión de Ixtapan de la Sal de Peña Nieto, el vocero Eduardo Sánchez afirmó que “al presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”. Una argumentación muy similar a la de Ruiz Esparza desde la SCT. De esta manera, el insólito vocero pretendía negar que hubiera conflicto de intereses entre Peña Nieto y sus amigos. Si mantienen esa idea, resultaría que todos los amigos y amigas del presidente de la República, de su esposa, de sus hijas e hijo, de sus hermanos y hasta de sus cuñados y concuños pueden seguir haciendo lo que quieran con la administración pública.
Este es el problema real que con tanta claridad se los señaló la revista británica The Economist: “No han entendido que no entienden” la furia de la sociedad mexicana contra los desplantes de corrupción. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/451216/pena-nieto-sus-amigos-generosos
CHIHUAHUA, Chih: Un grupo de abogados penalistas presentó otro amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, contra el decreto 1418/2016 aprobado por el Congreso del Estado para autorizar que el gobierno de César Duarte Jáquez, bursatilice 6 mil millones de pesos.
El amparo 707/2016-V fue promovido por la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, presidida por Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, uno de los jueces que llevaron el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de la activista Marisela Escobedo Ortiz (asesinada frente al palacio de gobierno el 16 de diciembre de 2010) y que fueron expulsados del Poder Judicial porque Duarte Jáquez hizo que los removieran, pero luego de que interpusieron una denuncia llegaron a un acuerdo con el Poder Ejecutivo y fueron “acomodados” en diferentes puestos de diversas dependencias. Este nuevo amparo viene después de que el juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, negó la suspensión definitiva a la organización civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el grupo de 26 abogados que promovió el recurso que revisa el juez federal, Gabriel Pacheco Reveles y quien este lunes notificó al Congreso del Estado.
El vicepresidente de la asociación, Antonio Rivera Velarde y el secretario, Antonio Navarro Espinoza, justificaron que recurrieron a este juicio porque la aprobación de la bursatilización a menos de tres meses de que concluya la gestión de Duarte, viola el estado de derecho por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. Con ello buscan que el decreto quede insubsistente. Y es que los funcionarios del gobierno estatal han dado a conocer que con el dinero pagarán la nómina de maestros y trabajadores de gobierno, así como a proveedores. Los demandantes explican que los legisladores tienen la facultad para emitir las leyes, pero deben hacerlo sin que esas leyes violenten o sean contrarias a las disposiciones exprés de la Constitución, como en este caso es el artículo 117, fracción VIII. Dicho artículo establece que el Poder Ejecutivo estatal no puede contraer obligaciones para cubrir las necesidades tres meses antes de concluir la administración. Otra prohibición legislativa que demandan en el juicio de amparo es que las obligaciones contratadas no sean para cubrir gasto corriente, como lo ha anunciado el gobernador. El juicio de amparo promovido por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, continúa su curso y el juez Trejo Espinoza estableció el 5 de septiembre como fecha de audiencia.
Legisladores y efectivos de la Policía Federal que participaron en el fallido operativo en Nochixtlán, Oaxaca, sostuvieron una reunión este día para dar seguimiento al caso: -¿La accioné [el arma]? Sí, la tuve que accionar, aseguró uno de ellos.
Un elemento de la Policía Federal aceptó que usó su arma en el fallido operativo en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó al menos 8 muertos. En una reunión entre los legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento al caso Nochixtlán y efectivos de la Policía Federal. Ahí el Senador por Morelos, Fidel Demédicis, cuestionó al agente identificado como “José”, de quien se ocultó su identidad por seguridad. -¿Usted llevaba arma? -preguntó el legislador. -Después de que se empezaron a recibir y a haber heridos por armas de fuego, sí hubo una instrucción de que una pequeña parte del personal que acudiría llevara su equipo táctico -respondió. El perredista reiteró su pregunta y el efectivo de seguridad aseguró que portaba un arma 9 milímetros. -¿La accionó?, pregunto¡ó Demédicis -¿La accioné? Sí, la tuve que accionar, aseguró “José”. Aparte de “José”, los efectivos federales “Luisa” y “Juan” también rindieron su testimonio acerca de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio, quienes acusaron que una parte de los pobladores los recibió con balas al aire y golpes, para después retenerlos.
Otra de las contradicciones en que incurrieron los tres policías fue respecto a la hora en que comenzaron los disparos. Uno de ellos señaló que a las ocho de la mañana y otros que después de las diez. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2016/3081810
El delegado del INAH dice que la UNESCO hizo un enérgico llamado de atención por el desarrollo habitacional que pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio de la humanidad de la que goza la ciudad de San Miguel de Allende. Lo anterior debido a que el proyecto denominado Capilla de Piedra, un desarrollo residencial que supone la construcción de 336 viviendas, tiene un impacto en la vista panorámica de esa ciudad.
La situación de San Miguel de Allende es más grave que la de Guanajuato capital en el tema de ciudades Patrimonio de la Humanidad, ya que la construcción del desarrollo habitacional conocido como Capilla de Piedra, pone en riesgo el título de San Miguel de Allende ante la Unesco, afirmó en entrevista el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sergio Tovar Alvarado. El funcionario federal señaló que el caso de Capilla de Piedra es similar al del hotel Casa Colorada, en la capital del estado, pero más grave en el caso de la construcción de SMA, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) hizo un planteamiento muy enérgico por la serie de edificios que se están construyendo y que tiene un impacto en la vista panorámica de esa ciudad.
Capilla de Piedra es un desarrollo residencial que es promovido como ubicado en el corazón de San Miguel; en 2009 se habría autorizado el cambio de uso del suelo en el predio que se construye para 220 casas, y en 2012, siendo Alcalde Mauricio Trejo, se autorizó que fueran finalmente 336 viviendas.
Tovar Alvarado comentó que las similitudes entre Capilla de Piedra y Casa Colorada, también van en que en ambos casos esas construcciones se dieron en administraciones pasadas y no se pidió el aval del INAH.
El funcionario federal apuntó que “las construcciones del desarrollo habitacional Capilla de Piedra, no están dentro de la zona de monumentos, por lo que no puede actuar el INAH, pero el impacto en la visual de la ciudad es muy importante, por lo que la UNESCO hizo un exhorto muy enérgico”.
Están construyendo una serie de edificios que aun cuando están fuera de la zona de monumentos, el impacto en la zona histórica es evidente. Lo que está ocurriendo en San Miguel de Allende sí pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, por eso se ha hecho el exhorto a la autoridad pidiéndole que sean muy cuidadosos; los permisos para las construcciones de Capilla de Piedra se dieron en la pasada administración indebidamente, a nosotros nunca se nos consultó, enfatizó el delegado del INAH. Sergio Tovar agregó que tenía entendido que los empresarios del desarrollo habitacional han optado por reducir el número de edificios que pretenden construir.
En cuanto al caso del Hotel Casa Colorada, dijo que no hay modificaciones a lo determinado, esto es que se deberá demoler una parte de la construcción que se autorizó por la pasada administración municipal, encabezada por Luis Fernando Gutiérrez Márquez.
DECISIÓN EN MANOS DE LA AUTORIDAD Con relación al tema de la invasión del espacio público por mesas y sillas de bares y restaurantes en la capital del estado, Sergio Tovar señaló que de ese tema se ha hablado mucho y que el INAH cumplió al entregar los dictámenes de 21 negocios; ahora le corresponde a la autoridad determinar lo que corresponda, pues cuentan con todos los elementos para ello.
Finalmente en cuanto a la posibilidad de renunciar al cargo de delegado del instituto, una vez que renunció la directora general del INAH, Teresa Franco, dijo que “soy un servidor público, hasta que determine la institución que le soy útil seguiré”. FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA. AUTOR: REDACCIÓN/ALFONSO OCHOA. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2016/3081630
Los primeros 18 días que van del mes de agosto al menos 15 personas, entre ellos siete presuntos criminales, han perdido la vida durante asaltos registrados en unidades del transporte público, en las calles, en establecimientos y a camiones de carga.
