CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República ejercerá la facultad de atracción en la investigación del secuestro de Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y de cinco personas más en Puerto Vallarta.
A través de un comunicado, la dependencia federal informó que a partir de este jueves se hará cargo de la indagatoria sobre los hechos ocurridos la madrugada del pasado lunes, cuando un comando arribó al Restaurante Bar “La Leche” y se llevó a varios de los asistentes a una despedida de soltera. “La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció la facultad de atracción de la investigación relacionada con la privación ilegal de la libertad de seis personas en Puerto Vallarta, cuya indagatoria estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco”, señaló.
“Hoy jueves, la Fiscalía General del Estado, estará entregando a la autoridad federal a través de la SEIDO, los expedientes de la investigación, como evidencias y vehículos asegurados, teléfonos celulares y demás objetos que forman parte de la investigación”. Alfredo, de 29 años, es acusado por la Corte Federal de Distrito Norte de Chicago, en el expediente e1:09-CR-0038, de conspirar para el tráfico de drogas junto con su padre, Vicente Zambada Niebla, Vicente Zambada García, Felipe Cabrera Sarabia, Germán Olivares, Tomás Arévalo Rentería y otros. Incluso, la Fiscalía en Chicago cuenta con grabaciones donde presuntamente Alfredo Guzmán Salazar hace negociaciones con los hermanos gemelos Pedro y Margarito Flores. Según la Fiscalía, Alfredo Guzmán Loera es encargado logístico de cargamentos de droga enviados por el Cártel de Sinaloa a clientes mayoristas, como los hermanos Flores. Fuentes de información vinculadas al gobierno federal señalaron que en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) se tenía la información de que los hijos del “Chapo” Iván y Alfredo solían visitar lugares públicos en zonas muy habitadas con un grupo de “francotiradores” y guardias de entre ocho y diez personas, por lo que están sorprendidos del eficaz operativo donde no sólo los perpetradores sabían el lugar y la hora, sino también habrían sido capaces de deshabilitar al grupo de escoltas que habitualmente acompaña a los dos hijos del capo sinaloense, o sabían que dicho grupo ese día no estaba en funciones. De acuerdo con información de inteligencia del gobierno de México, desde hace años Puerto Vallarta es considerado una plaza controlada por el Cártel de Sinaloa. Una fuente cercana a la familia de Guzmán Loera afirmó que que este evento podría estar relacionado con el ataque perpetrado el 11 de junio pasado a la casa de Consuelo Loera, la madre de El Chapo, en la ranchería de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. En esa ocasión, familiares de Guzmán Loera afirmaron a Proceso que detrás del ataque a La Tuna estuvo directamente implicado Alfredo Beltrán Guzmán, sobrino de El Chapo, hijo de Alfredo Beltrán Leyva (Proceso 2069). Luego fuentes gubernamentales vincularon al exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, en ese ataque y en el supuesto inicio de una guerra contra el Cártel de Sinaloa.
En julio pasado en entrevista exclusiva con Proceso, Caro Quintero afirmó que él ya no estaba en el negocio de las drogas y que no tenía ninguna guerra con nadie (Proceso 2073). Añadió que él y El Chapo son amigos desde hace muchos años y que cuando él fue liberado en agosto de 2013 por órdenes de un tribunal, el líder del Cártel de Sinaloa le hizo una visita amistosa y quedaron en buenos términos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/451505/atrae-la-pgr-secuestro-alfredo-guzman
CIUDAD DE MÉXCO (apro).- Presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrentaron a policías ministeriales y elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, donde se ubicada una supuesta casa de seguridad. El saldo fue de un muerto y ocho detenidos. El enfrentamiento se registró la tarde del jueves pasado derivado de una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sobre una supuesta casa de seguridad ubicada en las calles Teopacantitlán y Gabriel Ramos Millán, en el Barrio San Isidro de ese municipio. Los delincuentes dijeron pertenecer al CJNG y buscaron atrincherarse en la vivienda, lo que desató la balacera que se prolongó durante más de media hora. Un centenar de policías municipales de Jaltenco, Tultepec y Cuautitlán, policías estatales y ministeriales, e integrantes de la Marina instalaron tres retenes en calles aledañas al sitio del enfrentamiento. Testigos señalaron que durante más de media hora escucharon detonaciones, ráfagas de metralla y persecuciones de vehículos. Se informó que en el interior de la vivienda fue hallado el cuerpo de un hombre maniatado, al parecer “levantado” por los delincuentes. Además fueron aseguradas cinco armas de fuego cortas y una larga, dos chalecos antibalas, tres teléfonos celulares, cinco lámparas de mano y un par de botas tácticas, así como una bolsa con mariguana y plantas en la azotea del edificio. FUENTE: PROCESO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.proceso.com.mx/451592/tiroteo-con-presuntos-miembros-del-cjng-en-el-edomex-deja-un-muerto-y-8-detenidos
Durante una reunión con senadores y diputados de la comisión de seguimiento al caso Nochixtlán, uno de los policías federales que participó en el enfrentamiento con los maestros y los pobladores de ese municipio oaxaqueño, el pasado 19 de junio, reconoció que iba armado y disparó contra quienes los ‘‘agredían’’. Fue a pregunta expresa del senador del PRD Fidel Demédicis, pero legisladores del PRI y directivos de la Policía Federal presentes en la reunión impidieron que los otros ocho policías que resultaron también lesionados y ayer estuvieron presentes en el encuentro con los legisladores respondieran a la misma interrogante y también qué autoridades estuvieron al mando. La diputada priísta Mariana Benitez exigió que no se revictimizara a los policías lesionados en los hechos de Nochixtlán, reclamo al que se sumaron otros legisladores del tricolor y del Partido Verde. Ante las protestas de los priístas, la presidenta de la comisión, Mariana Gómez de Campo (PAN), pidió a Demédicis tratar ‘‘con respeto’’ a los policías, quienes se presentaron con seudónimos y aparecieron de espaldas a las cámaras para preservar su identidad. El perredista amenazó con retirarse y advirtió que se trató de una reunión ‘‘concertada’’ para hacer prevalecer la versión oficial de que fue la población y los maestros los que agredieron a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, dijo después en entrevista, es importante que un miembro de la Gendarmería ‘‘haya reconocido que iba armado y disparó’’. Lo que falta ahora, agregó, ‘‘es saber si está siendo investigado para determinar si de su arma salió la bala que causó la muerte de ocho civiles’’. El diputado de Morena Virgilio Caballero deploró que no se aprovechara la presencia de los elementos de seguridad para tratar de conocer la verdad de lo ocurrido hace dos meses en Nochixtlán, Oaxaca. Pese al control que siempre mantuvo el director de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, Javier Baeza, enviando tarjetas a los comparecientes, otro de los policías contestó a Demédicis que debieron defenderse. ‘‘También soy humano’’, dijo, e insistió: ‘‘Si a aquella persona no la puedo yo golpear, sí me puede dañar a mí. ¿Entonces yo puedo morirme?’’ De los nueve policías, tres rindieron ayer testimonio y cayeron en contradicciones. Se presentaron como Luisa, Juan y José, integrantes de la Policía Federal que fueron retenidos en Nochixtlán, luego de que se dio la balacera que provocó ocho muertos y cerca de 200 personas lesionadas. Narraron que el 19 de junio pasado les ordenaron ir en auxilio de la policía estatal para desalojar a los maestros que tenían bloqueada la carretera Oaxaca-Coacnopalan, pero fueron agredidos por una multitud armada con palos y machetes, que incluso les lanzó cohetones y amenazó con quemarlos y lincharlos. El relato de los tres fue coincidente, pero no en la hora en que comenzaron los disparos, ya que dieron horas distintas y se contradijeron abiertamente en torno al papel que jugó en su rescate el defensor del pueblo en Oaxaca, Arturo Piembert. José, quién explicó que es ingeniero en control y automatización en la PF, y llevaba un año comisionado en el estado de Oaxaca, explicó que se quedó rezagado durante el operativo y los manifestantes lo golpearon a tal grado que le rompieron el tabique nasal, una mano y le lesionaron las piernas. Reconoció que Peimbert negoció su liberación –luego de tres días retenido en la iglesia de Nochixtlán–, e igualmente la policía presentada como Luisa dijo que fue el ombudsman oaxaqueño quien llevó un médico para que los atendiera antes de que los canjearan por 22 civiles detenidos. Sin embargo, cuando el diputado del PRI Francisco Escobedo les pidió precisar si Peimbert intervino en algún momento a su favor, otro de los policías presentes respondió que ‘‘en ningún momento se preocupó por eso’’, y Luisa cambió lo dicho ahí mismo y señaló: ‘‘Siempre estuvo pendiente de los otros detenidos del pueblo, jamás de nosotros’’. Luisa resaltó que desde la iglesia de Asunción Nochixtlán pudo escuchar a ‘‘una maestra’’ azuzar al pueblo en su contra y a pregunta de la senadora panista Gómez de Campo sobre el momento en que escucharon las detonaciones, sostuvo que fueron los pobladores los primeros en disparar al aire y que vio que los policías estatales iban armados. FUENTE: LA JORNADA AUTOR: ANDREA BECERRIL LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/19/politica/006n1pol
CIUDAD DE MÉXICO: El padre Alejandro Solalinde colocó una nueva pieza en el rompecabezas del caso Ayotzinapa, desconocida hasta ahora por los investigadores extranjeros del GIEI y los de casa: que algunos de los 43 normalistas desaparecidos fueron llevados con vida y presuntamente ejecutados en una zona montañosa, semiabandonada que se encuentra en los límites del estado de Guerrero, y donde suele traficarse regularmente con drogas y hay fosas clandestinas por doquier. El defensor de migrantes afirmó lo anterior después de participar en el II Coloquio sobre Violencia, Narcotráfico y Salud Mental, coordinado por el catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinador del Centro de Documentación del semanario Proceso, Rogelio Flores. Solalinde reveló que una fuente cercana a él –un líder indígena que trabajó con el sacerdote por espacio de casi dos meses–, le confió que algunos jóvenes con características similares a los normalistas desaparecidos habrían sido llevados hasta el sitio el mismo día de la desaparición.
“Hay personas que saben de unas fosas, pero no en el estado de Guerrero, ellos aseguran que llevaron a algunos jóvenes que podrían ser, no aseguran que sean ellos, pero coincide con las fechas y con todo, con gente que venía de allá de Guerrero. Ellos tienen una pista de donde fueron llevados algunos, pero no sabemos si están muertos”, dijo. Cuestionado sobre el sitio donde presuntamente fueron vistos los jóvenes desaparecidos, el prelado comentó que guardaría en secreto el sitio para evitar poner en riesgo a su informante. “No les puedo decir porque la vida de ellos también depende, yo espero que ellos hagan el anuncio, si ellos me autorizan, hoy mismo hablo con uno de los líderes y si ellos quieren hacer del conocimiento de la prensa, lo hacen pero hay un riesgo y es que si dan esta nueva pista se corre el riesgo de que puedan levantar los cuerpos”, acotó. No es la primera vez que el padre Alejandro Solalinde coloca nuevas piezas en el rompecabezas del caso Ayotzinapa. Días después de la tragedia, reveló que algunos de ellos habían sido asesinados, según le había confiado otra de sus fuentes. La declaración no cayó bien a los padres en aquel entonces. Por eso, está plenamente consciente de que esta nueva revelación podría reavivar la sensibilidad de los padres, de ahí las reservas, explicó. “Creo que ellos están para agradecer cualquier información que se dé y esta persona lo está diciendo con mucha seguridad, yo no puedo darles datos porque tengo que protegerlos a ellos”, concluyó. Durante su participación en el Coloquio, Solalinde dio a conocer que en la última década al menos 10 mil migrantes centroamericanos habrían desaparecido en su paso por México y subrayó que en dicha “tragedia” existe una enorme complicidad de las diferentes instancias gubernamentales. El religioso señaló que estas cifras son de las más “conservadoras”, pues el movimiento migrante centroamericano señala que podrían ser unos 70 mil el número de personas desaparecidas de finales de 2006 a la fecha. En el auditorio principal de la facultad de Psicología de la UNAM, al padre Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2012, dijo que Los Zetas es la principal organización del crimen organizado que se ha dedicado a la extorsión y desaparición de los migrantes. En el Coloquio participaron también agrupaciones de familiares de desaparecidos que se han organizado por su cuenta para buscar a sus seres queridos, como Los Otros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera y FABDAC. Representantes de cada grupo dieron sus testimonios del viacrucis que viven desde que perdieron a sus familiares. El caso Ayotzinapa también se abordó en una de las mesas de trabajo. La psicóloga Jimena Antillón celebró que la UNAM abra la puerta a este tipo de asuntos de trascendencia nacional. También habló sobre las consecuencias psicosociales de las víctimas que, en el caso particular de Iguala, suman aproximadamente 700 personas que padecen “un impacto profundo en los niveles personal, familiar y de su hábitat”. Pese a ello, la especialista reconoció la “fuerza y vitalidad impresionantes para enfrentarlo”, como la movilización y la solidaridad de personas y organizaciones que los han acompañado en su dolor. Antillón señaló, además, que en su trabajo de atención a las víctimas de desaparición forzada existen otro tipo de afecciones propiciadas en buena medida por la impunidad que impera, ya que “quien debería protegerte no lo hace, por el contrario, te agrede”. Esta situación, dijo, deja en el desamparo a los familiares. “Es un mecanismo, desde mi punto de vista personal, más político porque obstruye la investigación y la sanción a los responsables”. La reportera del semanario Proceso Gloria Leticia Díaz, quien se ha ocupado del tema Ayotzinapa y de las víctimas de violencia en el estado de Guerrero, lanzó la pregunta “¿cómo entender Ayotzinapa?”, cuando –dijo– se ha sido testigo de la actuación de los agentes del Estado mexicano en el ataque a estudiantes y ciudadanos por un lado y la negligencia oficial que ha permitido la consumación de estos hechos por el otro lado, así como de la colusión criminal entre las autoridades y el crimen organizado. Para explicar el punto aportó cifras que ha recogido en la cobertura periodística de la violencia cotidiana en la entidad, pero que, advirtió, “no es ajena a la que históricamente ha dado fama a la entidad, y que se mantiene en la memoria de miles de guerrerenses: que en su árbol genealógico cuenta con abuelos, tíos, madres y padres víctimas de desaparición forzada sistemática, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias o torturas, ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia” en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, abusos –acotó– atribuidos a militares, miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales”. En su turno, el también reportero de Proceso, José Gil Olmos, hizo un paralelismo entre la mafia de Al Capone y los narcotraficantes mexicanos. Con sus propias herramientas y métodos, ambas organizaciones lograron un control y una hegemonía a base de la fuerza, de la violencia. Lo que la sociedad civil no ha logrado, dijo, los narcos sí han podido: organizarse. Ellos, los narcos, agregó, han logrado crear una organización con 23 ramificaciones y con una red de contactos en 42 ó 47 agrupaciones del todo el mundo.
LEÓN, Gto: El profesor de inglés Francisco Reyes Vargas, acribillado cerca de su casa la noche del martes, peleaba por justicia para su hijo Francisco Jonathan, quien murió a mediados del año pasado tras ser embestido mientras viajaba en su motocicleta por un automóvil cuya conductora presuntamente iba ebria, en una avenida de esta ciudad.
En redes sociales, varios conocidos y cercanos a la familia han señalado que el profesor fue amenazado para que dejara de insistir ante las autoridades en fincar responsabilidades a la conductora por la muerte de su hijo. “A mi padre Francisco lo mataron por buscar justicia por la muerte de su hijo”; escribió la hija del maestro en un mensaje, en el que reclamó que a más de un año de que su hermano murió, la conductora involucrada –a quien identificó como hija de un funcionario del SAT- no ha sido presentada para deslindar su posible responsabilidad ante el Juzgado Cuarto Penal de León.
Integrantes de la comunidad biker, a la que pertenecían padre e hijo acudieron este jueves a protestar y exigir también justicia por ambos al exterior de los juzgados adscritos al Cereso de León. Con letreros que formaban la palabra “justicia”, los integrantes del grupo acompañaron a la viuda del profesor Reyes Vargas y a su hija, quienes debieron acudir a una audiencia en los juzgados, relacionada con la muerte de Jonathan, ocurrida en julio de 2015, mientras el cuerpo del maestro permanecía aún en el velatorio. Francisco Jonathan, quien tenía 26 años de edad, circulaba en su motocicleta por una avenida cuando una conductora lo embistió y posteriormente huyó. La presunta responsable fue presentada por su familia ante el Ministerio Público varias semanas después, luego de que en redes sociales familiares, amigos e integrantes del grupo de motociclistas expresaron su indignación por lo ocurrido. Sin embargo, de acuerdo con lo que la misma familia ha publicado en redes y lo que este jueves señaló la madre de Jonathan, supuestamente la joven señalada como responsable es familiar de un funcionario público “muy relacionado”, por lo que afirman que se le está protegiendo y por ello el caso no ha avanzado. “Una víctima más de la poca eficiencia de la justicia”, dijo la viuda del profesor de secundaria y madre de Jonathan, en un mensaje que quedó grabado en video durante la protesta de este jueves. “No nos dejen solas porque ya solo quedamos dos”, alcanzó a murmurar antes de romper a llorar. “Ahí está Yonan (apodo con el que era conocido Jonathan); ahí está ahora mi esposo que fue víctima de unos sicarios… y de pilón un tiro de gracia, como si fuera un delincuente o lo peor del mundo. ¿Para qué, asustarme o asustarlo?”, cuestionó la mujer. En el muro de Jonathan en Facebook, familia y amigos continúan publicando mensajes para el muchacho, condolencias y también reclamos por la conducción del proceso llevado por las autoridades a raíz de su fallecimiento y la supuesta protección a la conductora. “Un año que muchos de ustedes saben cómo la hemos pasado, un año muy duro”, describió la viuda del profesor.
CIUDAD DE MÉXICO: La diputada electa por el distrito 14 de Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, recibió una condena de un año y tres meses de prisión por el delito de homicidio culposo, tras haber privado de la vida en 2014 a una persona mientras conducía en la ciudad de Boca del Río.
Autoridades de la Fiscalía General del estado informaron que el juez Quinto de Primera Instancia del distrito judicial de Veracruz dictó sentencia condenatoria a la columnista del medio informativo Notiver. A Gamboa Torales, mejor conocida como Maryjose, le fue impuesta la sanción corporal, así como una multa de 25 días de salario mínimo, la suspensión del derecho de conducir vehículos de motor por un lapso de siete meses y 15 días, así como el pago de 318 mil 850 pesos por concepto de reparación del daño. En julio de 2014, Gamboa Torales fungía como directora del Instituto de la Mujer del ayuntamiento de Boca del Río y, en supuesto estado de ebriedad, atropelló y mató a una persona en el bulevar Miguel Alemán de ese municipio. El Ministerio Público certificó que la militante panista conducía en estado de ebriedad un vehículo Nissan Sentra color negro con placas de circulación YKE-8719, de su propiedad, y en el accidente ocurrido perdió la vida José Luis Burela López, de 30 años. Burela era un tatuador profesional egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Facico) de la Universidad Veracruzana (UV).
La PGJ fincó responsabilidad en contra de la hoy sentenciada, allegándose de pruebas que dieron contundencia a la investigación ministerial, que derivó en su consignación, auto de formal prisión y la sentencia condenatoria dictada por el juez dentro de la causa penal 153/2014. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/451510/condenan-homicidio-culposo-a-diputada-electa-en-veracruz
"La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico", sentenció.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), aseguró que en México se vive “la crisis más grave de derechos humanos en la región en este momento, no hay ninguna duda”. En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “durante las dictaduras en el cono sur, en Argentina, en Chile, la solidaridad internacional fue fundamental para confrontar las violaciones graves de los derechos humanos”. Lo que se busca hoy en México es “ver de qué manera podemos cooperar para dar respuestas”, pues el gobierno sigue sin reconocer dicha crisis, señalada por varias organizaciones. Apuntó que hay “casi 28 mil desaparecidos, más de 150 mil muertos, asesinatos, torturas sistemáticas, diagnósticos que no son inventados”. Chillier señaló tres casos distintos que muestran tal crisis: la masacre en Tlatlaya, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y recientemente los 8 asesinatos en Nochixtlán. En los tres, intervino el Ejército, la policía municipal y estatal, así como la policía federal, en tres estados distintos. Ante ello, hay una “falta de respuesta del Estado, falta de reconocimiento” a los altísimos niveles de impunidad. Expuso que actualmente “rige un sistema democrático con todas sus imperfecciones”, por lo que consideró que “no se trata de la falta de instituciones o de leyes sino de la falta de voluntad política”. Refirió que existe una “incapacidad de poder investigar”, pues “hace falta más inteligencia que fuerza”. “La militarización no sólo ha incrementado los niveles de violencia sino que no ha profesionalizado los mecanismos de investigación para combatir al narcotráfico”, sentenció. Para el director, el primer obstáculo es no reconocer “la crisis más grave en toda Latinoamérica”. Rememoró la visita del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo Mauricio Macri. Reveló que hubo acuerdos de cooperación donde el Estado mexicano va a “cooperar e incluso poner plata para investigaciones sobre las ramificaciones de algunos de los cárteles mexicanos en Argentina”. Lo anterior, le parece más “una estrategia del gobierno de blindarse hacia afuera, en lugar de hablar de las crisis de derechos humanos”. Lo que trata el gobierno mexicano es exportar un “modelo (el militar) que no ha funcionado”, aseveró, pues “parecería que hay señales del gobierno argentino del presidente Macri que cree que este antimodelo puede ser la solución”. “El problema es que en México no ha sido eficaz y ha tenido un costo enorme en violaciones a derechos humanos”, agregó. “Este modelo no puede ser exportado a otros países”, sostuvo, pues “no hay diagnóstico sólido de cuál es el alcance del narco mexicano en Argentina”.
La ABM estudia la posibilidad de proponer estado de desastre a Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La propuesta la analiza junto con las Secretarías de Hacienda y de Economía.
La Asociación de Bancos de México (ABM) analiza la posibilidad de declarar a Oaxaca, Guerrero y Chiapas como estados de desastre económico, debido al impacto provocado por los bloqueos de la CNTE en esas entidades. “Los bancos no estamos pensando otorgar créditos en condiciones preferenciales a nadie, como en cualquier desastre natural la Secretaría de Economía como la Secretaría de Hacienda evalúan las circunstancias y a través de Nacional Financiera u otros organismos o bancos de desarrollo del Estado y la banca entramos en su caso a apoyar con nuevo financiamiento a estas entidades, eso se está trabajando”, dijo Luis Robles Miaja, presidente de la ABM. Además comentó que los nuevos financiamientos se realizarán a través de los mecanismos tradicionales que se emplean para las situaciones de desastres naturales y los posibles apoyos forman parte de un esfuerzo conjunto y el tema está en la mesa en etapa de evaluación. “Estamos en la misma mesa que el presidente del CCE, esa mesa es con el secretario de Economía, no creo que antes de la próxima semana vaya a haber algo en concreto y si ya hay una empresa, una pyme o un particular con una tarjeta, una hipoteca con algún problema, que se acerque a su banco… encontrará mecanismos para salir de este bache económico que generan los bloqueos”, indicó.
Robles Miaja afirmó que no han registrado hasta el momento una afectación en la cartera vencida en esas tres entidades, pero dijo que si los bloqueos no se levantan pronto, afectarán a la economía de Chiapas, Guerrero y Oaxaca que son las entidades con menor crecimiento económico del país. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1808/mexico/banqueros-propondran-declarar-estados-de-desastre-economico-por-la-cnte/
El gobernador electo de la entidad consideró que las reformas promovidas por Roberto Borge, y que aprobó el Congreso local, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, además de vulnerar el Sistema Nacional Anticorrupción.
El gobernador electo Carlos Joaquín González presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra reformas aprobadas por el Congreso de Quintana Roo.En un comunicado, Carlos Joaquín González precisó que el Congreso aprobó reformas a la Constitución local, al Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos contrarios al orden constitucional e invaden las facultades del Poder Ejecutivo. Tribunal suspende la asignación de Notarías Públicas a modo que hizo Borge en QRooIndicó que esas modificaciones también crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, “por lo que se vulneran los principios del sistema nacional anticorrupción”. De igual forma, consideró que las modificaciones a las leyes realizadas por el Congreso local buscan impunidad y representan la corrupción que tanto daño ha hecho a Quintana Roo. Además puntualizó la controversia se busca revertir los porcentajes del Presupuesto de Egresos que se fijan a favor de los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos que afectan la capacidad del Poder Ejecutivo para cubrir las necesidades de la sociedad en educación.
Esto ocurre a poco más de un mes de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Quintana Roo y Veracruz, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron recientemente, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Roberto Borge y Javier Duarte, por los señalamientos de presunta corrupción. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/el-gobernador-electo-de-qroo-presenta-controversia-constitucional-contra-reformas-de-borge/
Ciudad de México. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tanhuato, Michoacán, aunque rechaza la conclusión del organismo defensor de los derechos humanos de que se cometieran, el 22 de mayo de 2015, al menos 22 ejecuciones extrajudiciales. “No creemos que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”, concluyó Renato Sales Heredia, titular de la CNS, al ofrecer una conferencia de prensa en respuesta a la conclusión de la CNDH sobre las investigaciones del caso. Precisó que los puntos de recomendación dirigidos a la CNS por parte de la CNDH serán cumplidos excepto en los temas de reparación del daño ya que, dijo, habrá que esperar a que la PGR concluya sus investigaciones. El comisionado Sales Heredia sostuvo que el día de los hechos en Tanhuato, la Policía Federal actuó en respuesta a una denuncia ciudadana, y dijo que cuando los elementos arribaron al rancho se pidió a los presuntos delincuentes que depusieran las armas pero estos respondieron agrediendo con disparos de armas de fuego a los uniformados, “somos y seremos respetuosos de los derechos humanos pero si los oficiales son agredidos tienen y tendrán que hacer uso de la fuerza”, destacó. El funcionario aprovechó la conferencia para enviar un exhorto al Congreso de la Unión a fin de que se emita legislación en materia de actuación policíaca que regule normativamente la actuación de las policías en operativos contra grupos criminales. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALFREDO MÁNDEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/acatara-la-cns-recomendacion-sobre-el-caso-tanhuato
Este jueves, bancos de la Ciudad de México ofrecieron el dólar libre hasta en 18.41 pesos, siete centavos menos respecto de la jornada previa, y lo adquirieron en un mínimo de 17.61 pesos. Ciudad de México. Este jueves, bancos de la Ciudad de México ofrecieron el dólar libre hasta en 18.41 pesos, siete centavos menos respecto de la jornada previa, y lo adquirieron en un mínimo de 17.61 pesos. El euro ganó terreno frente a la divisa mexicana, al situarse en un máximo de 20.82 pesos, tres centavos más respecto de la sesión previa; el yen se ubicó hasta en 0.199 pesos por unidad y la libra esterlina cerró sesión en 24.12 pesos. El Banco de México (Banxico) ubicó en 18.0832 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia capitalina, en lo que va del año, unas 541 personas han sido asesinadas en la capital del país, entre ellas, 69 perdieron la vida durante robos. Tan sólo en lo que va del mes, reportes de prensa han informado que en la Ciudad de México y el Estado de México los asaltos han cobrado la vida de al menos 15 personas, entre ellos, siete presuntos criminales. Los primeros 18 días que van del mes de agosto al menos 15 personas, entre ellos siete presuntos criminales, han perdido la vida durante asaltos registrados en unidades del transporte público, en las calles, en establecimientos y a camiones de carga. Ayer, tres presuntos asaltantes fueron abatidos en la Ciudad de México y dos más en el Estado de México. Mientras, un civil fue asesinado a golpes presuntamente por resistirse a un robo. Apenas ayer, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, informó que en lo que va del año, unas 541 personas han sido asesinadas en la capital del país, de ellas, 69 perdieron la vida durante robos. De acuerdo con reportes de prensa, en lo que va del mes de agosto se han contabilizado al menos siete muertes durante asaltos, entre ellos, cuatro presuntos criminales. El titular de la Procuraduría capitalina detalló que durante los primeros seis meses se cometieron unos 2.4 eventos violentos por promedio diarios. Dijo que la capital del país se posiciona actualmente como la número 19 a nivel nacional por su tasa por cada 100 mil habitantes de homicidios. El funcionario local detalló que en este periodo se han cumplimentado 115 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, y que se han obtenido 102 sentencias condenatorias con penas de hasta 70 años de prisión. Mientras, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), detallan que en la Ciudad de México se han contabilizado 13 mil 947 denuncias por diversos tipos de robo (a vehículos, a transportistas y a transeúntes) durante la primera mitad del año. De los cuales 8 mil 130 fueron con violencia y otras 5 mil 817, sin violencia. En la capital del país, al menos 6 mil 361 personas fueron asaltadas con violencia, mientras unas 2 mil 028 sufrieron atracos sin violencia, de acuerdo con cifras. En tanto, en el en el Estado de México, durante la primera mitad del año, se registraron unos 26 mil 949 robos de vehículos, a transportistas y transeúntes. Del total, 14 mil 858 fueron con violencia, y 12 mil 091 sin violencia. Además, al menos 2 mil 976 mexiquenses denunciaron, en este lapso de tiempo, que fueron asaltados con violencia y 352 sin violencia.
Sin embargo, ambas entidades han sido víctimas de una ola de asaltos violentos, que durante los últimos días de julio dejaron otros nueve civiles muertos. 17 DE AGOSTO: 7 MUERTOS Y 1 HERIDO La noche de este miércoles tres asaltantes fueron privados de la vida durante un enfrentamiento con elementos de Seguridad en la Delegación Tláhuac. El hecho ocurrió después de que cuatro delincuentes ingresaran a un local de videojuegos, amenazaran a las personas que se encontraban en el negocio, y les arrebataran sus pertenencias. Los asaltantes fueron interceptados por integrantes de la Unidad de Protección Ciudadana Mixquic, situación que originó la balacera en la que tres de los agresores fueron abatidos. Sólo un oficial de policía resultó herido y fue trasladado en helicóptero al hospital Moscell. En otro atraco, dos presuntos delincuentes murieron ayer mismo tras intentar asaltar una unidad de transporte público en la avenida Primero de Mayo, en Naucalpan, Estado de México. Presuntamente, los dos sujetos abordaron el camión y con pistola en mano, empezaron a despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Uno de los usuarios, quien resultó ser militar y se encontraba armado, se enfrentó a los malhechores, quienes fallecieron en el lugar. De acuerdo con A Fondo Edomex, otro hombre fue asesinado en Ecatepec durante un asalto. Según informan, uno de los delincuentes le disparó a la víctima después de obligarlo a entregar las llaves de su vehículo. Ambos agresores huyeron a bordo del auto y hasta el momento no han sido identificados. Un cuarto hecho violento se registró en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue encontrado muerto. De acuerdo a la Policía municipal, el individuo presentaba golpes en todo el rostro y cuerpo, además, no portaba zapatos ni alguna otra pertenencia, por lo que se considera la posibilidad de que haya sido asesinado durante un atraco. 16 DE AGOSTO: 1 MUERTO La noche del martes un hombre fue asesinado en las inmediaciones del barrio San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán. La víctima, de aproximadamente 50 años de edad, presuntamente se enfrentó a dos hombres que intentaron asaltarlo. En el atraco la víctima recibió un disparo de bala en el pómulo derecho, provocándole la muerte.
Tras la agresión, el fallecido quedó tirado en la banqueta, y fueron los vecinos de la localidad quienes informaron a las autoridades sobre el incidente. Al lugar arribaron servicios de emergencia y de seguridad municipal, quienes trasladaron el cadáver a la Fiscalía de Homicidios del municipio.
11 DE AGOSTO: 1 MUERTO Y 2 HERIDOS Un guardia de seguridad resultó herido de bala en un intento de robo a un camión repartidor de la empresa Corona, en la colonia La Presa Tejocote, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. El custodio resultó herido luego de enfrentarse a los tres sujetos armados que participaron en el atraco. Los asaltantes huyeron del lugar sin haber logrado su cometido, por su parte, el agente de seguridad fue trasladado por Protección Civil al hospital. La segunda víctima de este día fue una mujer, quien resultó lesionada en el tobillo después de que una bala le penetrara la pantorrilla durante un asalto al microbús en el que viaja. El episodio resultó luego de que uno de los dos asaltantes que abordaron el microbús, disparara al piso y la bala rebotara en el piso, impactando contra la fémina. Tras cometer el atraco, los delincuentes se dieron a la fuga y el chofer de la unidad se traslado a las instalaciones de los paramédicos más cercanos, donde la mujer fue atendida. En un hecho aislado, otro asalto a un camión de transporte público cobró la vida de un hombre que se enfrentó al ladrón que se subió a robar la combi en la que viajaba. De acuerdo a la autoridades, el hombre perdió la vida durante el forcejeo con el delincuente, cayó del vehículo y se golpeó la cabeza. El suceso se dio cerca de la colonia Altavilla, en el límite de los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla. El delincuente fue detenido por el resto de los usuarios que viajaban a bordo de la unidad y posteriormente la Policía Estatal lo puso bajo custodia. 8 DE AGOSTO: 1 MUERTO Y 1 HERIDO Un delincuente murió y un elemento de seguridad privada fue herido, luego de que ambos bandos se enfrentaran durante un intento de asalto en una tienda Bodega Aurrera, en la colonia Providencia, en el Valle de Chalco, Estado de México. De acuerdo con los reportes oficiales, la confrontación se registró cuando los trabajadores de la camioneta de valores ingresaron a la sucursal a dar el servicio de rutina y se encontraron con los criminales, quienes dispararon en su contra, iniciando una balacera. Al repeler la agresión uno de los presuntos ladrones fue abatido. Por su parte, Dos de los asaltantes fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial, mientras que otros cinco, incluyendo una mujer, huyeron a bordo de una camioneta. 6 DE AGOSTO: 1 MUERTO Un presunto asaltante, de aproximadamente 30 años de edad, fue abatido por un custodio cuando intentaba robar a otro hombre en la colonia Jardines del Pedregal, de la delegación Álvaro Obregón. El hombre, que portaba 90 mil pesos, se encontraba esperando ingresar a un edificio, cuando el delincuente se acercó a él, lo amagó y se apoderó del dinero. El incidente fue presenciado por un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quien intentó detener al delincuente. Luego de ser atacado por el malhechor, el agente disparó contra su agresor y lo abatió. 5 DE AGOSTO: 2 MUERTOS Dos empleados de la empresa gasera Flamamex S.A. de C.V., fueron asesinados por dos sujetos luego de oponerse a que les despojaran de sus pertenencias. El hecho ocurrió en las calles de la colonia Benito Juárez, de la delegación Gustavo A. Madero. Al parecer, las víctimas forcejearon con los ladrones, quienes abrieron fuego en varias ocasiones en contra de las víctimas. La balacera ocasionó que el chofer perdiera el control del vehículo y se impactara contra un poste de luz, lo que provocó su muerte y la de su ayudante, quien cayó abatido sobre la banqueta. Los ladrones se dieron a la fuga y hasta el momento siguen sin ser identificados. 4 DE AGOSTO: 2 MUERTOS Y 1 HERIDO Un hombre de aproximadamente 34 años de edad, fue asesinado a bordo de una unidad de transporte público de la ruta 11, luego de resistirse a un asalto. El camión circulaba cerca del Eje 6 Sur, en la colonia Santa María Aztahuacán, en la delegación Iztapalapa, cuando tres hombres con pistola en mano abordaron la unidad que se dirigía a la Central de Abasto y amenazaron a los pasajeros. El hombre se resistió al atraco y uno de los delincuentes le disparó. Tras el ataque, los tres asaltantes huyeron del lugar. Además, de acuerdo con un reporte de la agencia Cuartoscuro, otra persona perdió la vida ese mismo día luego de oponerse a un atraco cuando caminaba por la calle Isla Guadalupe, esquina con Vallejo, en la colonia Unidad Habitacional Prado Vallejo, en Tlalnepantla, Estado de México. El hombre recibió cuatro disparos de arma de fuego. En otro incidente, una mujer recibió un balazo en la pierna luego de que durante un asalto a una farmacia en Chimahuacán, Estado de México, sufriera una crisis nerviosa, provocando que un asaltante le disparara.
Los hechos ocurrieron en un local ubicado sobre avenida Organización Popular y calle Tonametl, en el Barrio Herreros. Según testigos oculares, la joven se encontraba esperando consulta médica, cuando dos sujetos armados llegaron a las instalaciones y despojaron a los usuarios de sus pertenencias. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2016/3081652
Una de las centrales de abastos de cocaína del Cártel de Sinaloa en Tijuana estaba ubicada en una de las principales zonas de desarrollo económico de la región: el Centro Industrial Pacífico. Ahí, entre maquiladoras, empresas de servicios, ensambladoras, mercados, escuelas, industrias, funcionaba una bodega que el día que los Policías Estatales Preventivos la encontraron resguardaba 631 kilos de cocaína. (En realidad se trata de 711 kilos. Los Policías “encontrarían”, una semana después, 80 kilos adicionales de cocaína que presuntamente estaba en la misma bodega que cuando realizaron el decomiso, pero que oportunamente no avistaron en aquel momento. Hasta que un día “alguien” les reporta gente armada dentro de la bodega. Llegan, revisan, y ¡Zas! Más droga. (Esta parte de la historia es real. No es producto de la imaginación de nadie. Los Policías fueron descubiertos con el adicional de droga, por otros policías, ya que los Militares que resguardaban la bodega se quedaron callados). Tal cantidad de enervante, los 631 kilos originales, tiene un valor en el mercado fronterizo, como dicen los criminales “ya puesta en Estados Unidos”, o lo que es lo mismo, trasegada hacia la Unión Americana, de 16 millones de dólares. Considerando 25 mil dólares el kilo, si sumamos los 80 que los Policías “encontraron” después, resulta que lo confiscado en la distribuidora de cocaína de Tijuana, asciende a 17 millones 775 mil dólares. La bodega, no sobra decirlo, estuvo activa en calidad de central de abastos de cocaína, durante tres años hasta el 8 de agosto cuando la propiedad, algunos vehículos, y la droga (aun en partes), fue descubierta por elementos de la Policía Estatal Preventiva en colaboración con personal del Ejército Mexicano, y asegurada por funcionarios de la Procuraduría General de la República. De ello dimos cuenta en el Semanario ZETA, en la edición del viernes 12 de agosto. Las autoridades no han sabido determinar cada cuánto la bodega era surtida de droga. Lo que sí es que en el interior del almacén había también productos varios de abarrotes, por lo que asumen que son las fachadas para el traslado de la droga. Que llegaban en tráileres con dichos productos al frente y la droga resumida en algún lugar que ni uno solo de los retenes militares entre Sinaloa y Baja California, pudo alertar, al menos pública y oficialmente. Una vez en Tijuana, la droga era etiquetada para ser entregada a quienes sirven de traficantes para el cártel de Sinaloa. El cargamento de los 631 kilos (antes del conveniente olvido de los policías), estaba destinado para un total de 19 células criminales ¡19! Cuya droga estaba identificada con algún distintivo del grupo criminal. Así como lo puede observar en películas policiacas, los paquetes de droga estaban perfectamente embalados. Cuadrados, se ven pesados por lo compacta que se percibe la droga. Sellados con cinta adhesiva gris o color café de las utilizadas precisamente para el embalaje de cosas. El centro del largo tabique de droga el distintivo de cada grupo. Una batiseñal, un Bob Esponja, un Señor Increíble, un Messi, un colorido con imagen o sin ella, pero distintivo y específico para hacer alusión a un grupo criminal determinado. En algunos casos, directo, el apodo del distribuidor. Quienes analizan el caso creen que en su enorme mayoría, la droga de la central de abastos del cártel de Sinaloa en Tijuana, era para ser trasegada a los Estados Unidos, y de ahí distribuida en sus calles. Los pocos detenidos que hubo en el lugar (cuatro que custodiaban la carga), la ineficiencia de la Procuraduría General de la República, y la incapacidad (o complicidad) de quienes decomisaron la droga (Preventivos y Militares) para establecer el debido proceso, hoy día acarician la libertad en el México impune luego que un Juez los liberó cuando las “autoridades” participantes en el aseguramiento, se contradijeron. Y lo de la libertad es relativo, dado que a los cuatro les decomisaron droga, eso en la ley del narco, tiene consecuencias. Una semana después que esto sucedió, en Puerto Vallarta, Jalisco, un comando armado criminal (hay comandos armados oficiales) entró a un restaurante/bar de moda en la ciudad, nombrado La Leche, para sacar con violencia a doce personas (ahora la autoridad ha “descubierto” que son seis y que trabajaban para un grupo criminal), y que se trata de los hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, uno de los cuales, Jesús , atendía “negocios” fuera de Sinaloa y Jalisco, ajá, acá, donde tienen sus centrales de abasto de cocaína. El comando, obvio superior en número al equipo de seguridad criminal que debieron traer los Guzmán, tuvo el tiempo, la libertad, la intimidación de transeúntes y comensales, para entrar al restaurante/bar, encañonar a las personas, hacerlas andar, obligarlas a subir a camionetas en las que podrían asumir está el final de sus días, y llevárselos sin que haya autoridad, policía, patrulla, retén militar u operativo tradicional, que los divise en el camino, escuche el reporte del incidente, y los detenga. No pasó nada. Ni en el caso de Tijuana los traficantes de droga han sido detenidos producto de una investigación ministerial, ni los secuestradores/asesinos de los comensales de Vallarta o los hijos de El Chapo, han sido identificados. ¿Y se ha dado Usted cuenta que de la Procuraduría General de la República nada se sabe? Arely Gómez solo habla de narcotráfico cuando ha de dar una conferencia para re-anunciar una aprehensión, y porque es lo que en derecho y facultad administrativa corresponde. No sabemos de ella en investigaciones, en información sobre cuántas y cómo son las células criminales que vulneran la vida de los mexicanos, sean o no criminales. No sabemos de ella en temas de combate a la violencia e inseguridad criminal, mientras no se trate de operativos especiales cuando los delincuentes organizados ya se han salido de control. Este es uno de esos casos. Los narcotraficantes, particularmente el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, están demostrando al Gobierno Federal y a los mexicanos todos, que su gobierno criminal es más rápido y muy temido. Que si les confiscan una central de abastos harán lo que sea para liberar a los suyos, que con 17 millones de dólares de una sola entrega en una semana durante tres años, pueden corromper a quienes se les pongan enfrente, y que no son vulnerables, pero no ante el combate del gobierno, sino ante la venganza de los cárteles enemigos, que igual que ellos, ejercen su poder a base de sangre y plomo en un gobierno criminal que impera en las calles de esta ciudad. En México no hay Estado de Derecho, no hay justicia, todos somos testigos atónitos de la criminalidad y su ley del más temerario. La última vez que se supo de Arely Gómez, la Procuradora General de la República, fue el 12 de agosto de 2016 cuando atendió a legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, mexicanos para dar cuentas de lo sucedido en aquel poblado la noche del 19 de junio, donde elementos de la Policía Federal intentaron sofocar una toma violenta y manifestación por parte de profesores de la CNTE, que terminó a balazos, con heridos y seis muertos. La Procuradora habló y justificó. La realidad dijo, es que el Ministerio Público Federal a su cargo, no ha podido entrar a Nochixtlán “para conocer y analizar la escena de los hechos”. Su trabajo ha sido a partir de peritajes a los objetos externos o extraidos de la escena del crimen, a declaraciones a kilómetros de distancia, procesal. De hecho, en un dejo de sometimiento del Estado Mexicano, la fiscal hizo un llamado a las víctimas de aquella noche a que se acerquen al Ministerio Público Federal y denuncien los hechos, pues, por increíble que parezca, la PGR no tiene una sola denuncia penal de aquel día.
La Procuradora, está visto en sus palabras y en sus acciones, no puede con la CNTE, no puede con el cártel de Sinaloa, ni con el Jalisco Nueva Generación, ni con Los Zetas, ni con ningún otro. No le abona al combate, no da certeza ni seguridad a los mexicanos, ni cuentas a su Presidente de la República. La Procuradora General de la República no quiere hacer lo que le toca y por eso debe irse. Pero ya. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO. LINK: http://www.sinembargo.mx/17-08-2016/3081139
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) al levantarse y abandonar la reunión, tras la respuesta nula de la dependencia respecto a la investigación interna sobre Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, a quien exigen se le destituya de su cargo. Al no informar “absolutamente nada” del caso de Tomás Zerón, a quien consideran como el “artífice” del engaño y la “verdad histórica”, y argumentar que sólo se conocerá el resultado a través de otra reunión con los abogados, los padres decidieron romper el diálogo y abandonar el lugar, explicó Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. “Como madres y padres de familia, tenemos que estar exigiendo al gobierno mexicano la presentación con vida de nuestros hijos. No podemos ir a nuestras casas, sin saber los resultados, sin respuestas”, expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa. La posición de familiares es que hasta que no se tenga la información de la investigación interna con respecto a Tomás Zerón, no reanudarán el diálogo con la Procuraduría, y desconfiarán de cualquier resultado de la misma mientras se encuentre el funcionario en su cargo. “Mientras ese señor (Tomás Zerón) siga en ese lugar, nosotros no tenemos nada qué hacer. Tenemos un año y once meses sentándonos con ellos y la respuesta es la misma. No sabemos quién fue ni la causa del porqué cometieron ese crimen. Estamos hartos de tantas mentiras y tanto discurso”, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas.
“Empezamos una nueva etapa de nuestra lucha”, concluyó.
Buenos Aires. En un fallo unánime la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló este jueves el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, que llegaron hasta mil por ciento, y estableció que la audiencia pública previa para determinar estos incrementos “es de cumplimiento obligatorio”, en un gesto muy claro ante las evidentes y “escandalosas” presiones del gobierno del presidente, el derechista Mauricio Macri, hacia el Poder Judicial. Es el mayor golpe recibido por el gobierno, pero varias organizaciones sociales estiman que el fallo es insuficiente y no protege a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y comercios, lo que puede provocar más cierres, más despidos y más inflación. Efectivos policiales llegaron en la tarde de este jueves con una orden de allanamientro del juez federal Luis Rodríguez al Ministerio de Energía, en esta capital, en el marco de la causa iniciada contra su titular, Juan José Aranguren por la compra de gas a Chile a precio mucho más alto que el que pagaba Argentina a Bolivia. Aranguren, quien es accionista de la transnacional petrolera Shell, lo que es incompatible con su cargo actual, fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes lo acusaron de beneficiarse y beneficiar también a esa empresa con las compras a Chile que no produce gas. El ministro permitió acceder a los documentos que se buscaban. En su fallo la Corte Suprema determinó que en relación a la “división de poderes y funciones” corresponde al Ejecutivo la fijación de tarifas y la implementación de la política energética; al Legislativo determinar el marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias, y al Poder Judicial “controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad”. La resolución de la Corte no alcanzó a las Pymes, comercios, industrias y otros que deberían pagar 500 por ciento de aumento, pero deja abierta la posibilidad de que puedan presentarse judicialmente, como ya lo anunciaron pidiendo amparos y cautelares contra la medida. Dirigentes de las Asambleas de las Pymes advirtieron que si no se modifican las tarifas se pueden perder miles de fábricas y puestos de trabajo. Destacaron que “el fallo constituye en sí mismo un avance sobre la situación precedente” para los usuarios residenciales y al sostener la tarifa social, pero alertaron a que ante el actual contexto de recesión, caída de la actividad, disparada de la inflación e ingreso de importaciones, “la vigencia de un aumento como los que dispuso el Ejecutivo en las tarifas, resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios”. “El límite de 500 por ciento con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio”, señalaron y advirtieron que dada las condiciones son “los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”. Avalaron el dictamen de este miércoles de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó quien señaló que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas, en especial, las pequeñas y medianas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”. Estas empresas representan más de 90 por ciento del total y generan 80 por ciento del empleo en Argentina. “Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente”, alertaron las Pymes. En este caso buscarán la forma de “impulsar un proceso colectivo que ampare al sector”. Por otra parte, en la sentencia de la Corte Suprema se advierte que el reajuste que pueda haber en el futuro debe mantener el “criterio de gradualidad” y evitar una tarifa “confiscatoria”. Más aún, establece que el Estado “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”. Otro punto importante es un reclamo al Congreso sobre la necesidad de “dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación”. En su primera reacción, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que se deberán regresar las tarifas que se cobraban antes del 31 de marzo pasado, y que en cumplimiento del fallo estaría llamando de inmediato para celebrar la audiencia pública en unas tres semanas. Por su parte, Aranguren dijo que “ahora ya sabemos lo que debemos hacer” y adelantó que tomarán la misma medida para el caso del tarifazo en la electricidad, lo que fue otro anuncio importante. Peña aclaró que los usuarios residenciales que hayan pagado facturas con el incremento anulado por la Corte “tendrán una nota de crédito por la diferencia y una nueva factura acorde al fallo judicial”, pero planteó que ante este fallo el gobierno podría recurrir a fondos como los destinados a la “obra pública”, lo que fue utilizado en los últimos días como una amenaza, especialmente para los gobiernos de las provincias. En tanto, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, que falló contra la aplicación del tarifazo el 8 de julio pasado, calificó de “importante” la decisión de la Corte Suprema de anular el incremento en el gas, aunque advirtió sobre las consecuencias por no haber incluido a las Pymes que “se ven obligadas a pagar los aumentos, lo que va a producir despidos”. A su vez, el senador y ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, del FpV, sostuvo que “el gobierno se ha topado con la realidad. Algo que se hace contra el sentido común, contra la jurisprudencia, contra las más mínimas cuestiones que hacen al buen funcionamiento estatal solo podía tener un resultado como éste, que es malo para todos”.
Consideró que la gestión de Macri debiera “aprovechar” el fallo de la Corte para “dejar de lado la soberbia” y recomendó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que escuche “a los que saben del tema” porque hay que contemplar “el impacto que esto tiene sobre la vida de la gente”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: STELLA CALLONI. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/18/corte-argentina-anula-tarifazo-de-gas
Ciudad de México. El segundo tribunal colegiado de Nuevo León otorgó este jueves una suspensión provisional al ex gobernador de esa entidad Rodrigo Medina, la cual impide que sea detenido en el proceso acusatorio al que fue vinculado por el caso de los supuestos incentivos ilegales que se otorgaron a la armadora de vehículos KIA. Al resolver un recurso de queja, el mismo tribunal le impuso al político priísta la restricción de no abandonar el país. La suspensión provisional otorgada a Medina no evitará que deje de comparecer en el juicio, por lo que deberán continuar las diligencias que se instruyan en el mismo.
