“La participación de México en Río de Janeiro 2016, [donde se obtuvieron dos medallas menos que en Londres 2012], fue un fracaso estructural más: el país tampoco figura en el medallero de lo mejor del mundo en otros ámbitos”, aseguró Héctor Quispe, director de CID Consultoría en Comunicación Integral y Deporte.
El pugilista Misael Rodríguez, la marchista Guadalupe González, el clavadista Germán Sánchez, la taekwondoín María del Rosario Espinoza y el pentatleta Ismael Hernández vienen de un país de las promesas rotas. Un país donde no logran implementarse las reformas estructurales que llevaron a la revista Time a asegurar que el Presidente Enrique Peña Nieto estaba “salvando México”; donde el mandatario garantizó un crecimiento de 5 por ciento y para este año se espera menos de la mitad; donde, además de aumentar el número de mexicanos en pobreza, las instancias responsables complican su medición. Una nación en crisis de derechos humanos (documentada por varios informes nacionales e internacionales) y en medio de una guerra que ya dura años; donde cuyos habitantes tienen la percepción de que hay corrupción, pero los funcionarios públicos y empresarios no están obligados a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de interés.
“No esperemos que el deporte cure todas estas sangrías porque se maneja igual. El problema no es el número de medallas, sino la evidencia de un sistema deportivo a nivel cero, politizado, con estructuras rancias llenas de cuarteaduras y goteras, con caciques eternizados en las Federaciones […] ¿De quién es el fracaso? Es más de los directivos y gobernantes que deciden y nombran o reacomodan a esos directivos que no han hecho bien sus gestiones; no planificaron. Conservan esas estructuras viejas sin ser supervisados o sujetos a auditorías para saber qué se ha hecho con los presupuestos”, declaró Quispe, MBA en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid.
El 15 de julio, el Presidente aseguró a los atletas que partirían a Río que ellos estarían “proyectando al mundo lo que está ocurriendo aquí, en México. La transformación que México está impulsando […] Estamos esforzándonos todos por generar un país de mayores oportunidades para todos y, sobre todo, un país que dé a sus habitantes calidad de vida y bienestar para las familias”.
Contrario a lo percibido por el mandatario, el 11 de agosto la encuesta más reciente de Grupo Reforma evidenció que el 74 por ciento de los mexicanos consultados desaprueba la forma en que Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como Presidente y sólo el 23 por ciento lo aprueba, siete puntos porcentuales menos que en los últimos cuatro meses.
El 18 de julio, antes de que The Guardian documentara un posible conflicto de interés por un departamento en Miami usado por Angélica Rivera, Peña Nieto pidió perdón a los mexicanos, durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por el escándalo que generó la información difundida sobre la mansión de su esposa conocida como la “casa blanca”.
“Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos”, dijo.
Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de Reforma, el 72 por ciento de la gente en Mexico cree que la disculpa no es suficiente y el 47 por ciento considera que al ofrecer disculpas aceptó su culpabilidad. Además, el 61 por ciento no lo perdonó.
Por si fuera poco, el 76 por ciento de los ciudadanos considera que el país va por mal camino.
A pesar de ello, el partido del Presidente, el Revolucionario Institucional (PRI), ha salido recientemente a defenderlo en dos ocasiones.
El domingo pasado, el dirigente del Tricolor, Enrique Ochoa Reza, advirtió a los partidos de oposición que “se les acabó el recreo” porque responderá con “datos ciertos a cada una de las mentiras que lanzan contra el Gobierno”. Ayer, la Secretaria general del PRI y prima de PeñaNieto, Carolina Monroy, declaró que “a cada ofensa tendrá respuesta. Cuenta usted, señor Presidente, con un ejército de aliados leales”.
LA CNTE Y LOS GASOLINAZOS
La Reforma Educativa y la Reforma Energética, la gran joya del paquete, son las que más han estado bajo el reflector por el polvaderón que han levantado desde su aprobación y búsqueda de implementación.
A un día de que el calendario señale el inicio del nuevo ciclo escolar, continúa el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno a pesar de las diversas mesas de diálogo que se han establecido, pese al violento enfrentamiento registrado en junio en Nochixtlán, Oaxaca, el cual quitó la vida a al menos nueve personas, y aunque el sector empresarial haya presentado denuncias contra el Gobierno luego de reclamar pérdidas millonarias de sus negocios.
El mismo Presidente, en entrevista con Joaquín López Dóriga, no descartó que, como último recurso, se llegue al uso de la fuerza pública contra los profesores que no han detenido su movilización contra la Reforma Educativa, que ellos consideran laboral: bloquean vías y plazas comerciales, no detienen sus marchas en varios estados, y los normalistas en Michoacán han intensificado la protesta al incendiar camiones, e incluso ha habido detenciones.
De acuerdo con el vocero de la sección 7 en Chiapas, José Luis Escobar, mañana no habrá clases en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. El Secretario de Educación, Aurelio Nuño, advirtió que se realizarán descuentos por las faltas y los maestros que acumulen más de tres seguidas sin justificación, serán despedidos.
Además de presentar denuncias de amparo contra el Gobierno, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han reiterado la sugerencia de emplear el uso de la fuerza si es necesario. En Oaxaca los empresarios se fueron a un paro laboral indefinido y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) alertó que detendría inversiones por 50 mil millones de pesos planeadas para Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, si permanecían las movilizaciones de la CNTE.
A la par de este paro nacional contra la Reforma Educativa, se quebró la promesa de que la luz no subiría y los precios de la gasolina seguirían a la baja gracias a la Reforma Energética.
Esa “gran” reforma sigue en papel y aún no se consolida la competencia entre gasolineras y generadores de electricidad, lo cual –se estima– bajará los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas a largo plazo.
Hasta el momento, además de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya se ofrece combustible de las marcas Hidrosina, Gulf y OXXO Gas, pero la liberación del precio de las gasolinas al mercado internacional se concretará hasta 2018. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –que elevó las tarifas eléctricas para el sector industrial y doméstico de alto consumo– no ha concluido las subastas para generadores de electricidad.
Eso, sumado a la probabilidad de que la recuperación del petróleo internacional continúe (la causa que disparó el valor de la gasolina), provocará que los gasolinazos sigan (como en julio y agosto), lo cual puede traspasarse a precios de otros bienes y servicios, de acuerdo con expertos consultados previamente.
“Un incremento en los precios de la gasolina sí podría generar un impacto en el precio de productos finales”, afirmó Ángel Iván Olvera Lozano, académico del Tecnológico de Monterrey, ya que, explicó, los productos necesitan ser trasladados en transporte que utiliza combustible.
Para Jorge Gordillo Arias, analista de CI Banco, estos aumentos pueden tener un efecto en la inflación –que calcula terminará este año en 3.3 por ciento– y “lo que provoca es que te veas un poco más afectado en tus compras. A lo mejor dejas de comprar algunas cosillas por pagar esos servicios”, dijo.
Además, destacó que el precio del crudo está en niveles todavía mucho más abajo de los vistos el año pasado, así que no es una causa “tan contundente como para sostener este aumento” en la gasolina. Este mes, el precio de la gasolina Magna aumentó 56 centavos a 13.96 pesos por litro; el de la Premium se elevó en 44 centavos a 14.81 pesos; y el del diésel incrementó 21 centavos a 13.98 pesos.
CRECIMIENTO DÉBIL Y MÁS POBRES
Con las reformas, dijo el Presidente Enrique Peña Nieto en agosto de 2014, “hacia el 2018 podríamos estar en términos cercanos al 5 por ciento (de crecimiento) anual”. Meses antes de ese año, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirmó que el efecto de las reformas estructurales le permitiría a México alcanzar tasas de crecimiento de 5 por ciento anual en la segunda mitad de la administración federal.
Sin embargo, la falta de solidez fiscal evidenció la vulnerabilidad del país frente a puñetazos externos como el desplome en los precios del petróleo, la incertidumbre por el cambio de modelo económico de China, el proceso de normalización de política monetaria de la Reserva Federal, la decisión de la Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea y las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
No solo el peso se depreció frente al dólar a niveles históricos, sino que las expectativas de crecimiento del país cada vez van más a la baja. En 2015 se expandió 2.5 por ciento y para este año los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) estiman un 2.28 por ciento.
“Una moneda está más sujeta a ser atacada por especuladores mientras más desequilibrada se encuentre la economía. El hecho de que el peso mexicano, entre las monedas de los mercados emergentes, ha sido una de las más debilitadas tiene que ver con que México tiene desequilibrios económicos”, explicó a este sitio en julio Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics.
La mejor protección que el país puede implementar es regresar a una disciplina macroeconómica tanto fiscal como monetaria que realmente convenza a los mercados y que fortalezca los fundamentos de la economía, aseguró Coutiño. Una política fiscal y monetaria equilibrada provee un seguro contra los choques externos mucho mejor que lo que pueda dar el nivel de reservas internacionales y las líneas de crédito que se puedan contratar con el exterior.
Sin embargo, el Gobierno respondió al terremoto generado por el “Brexit” con otro ajuste al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos, medida que se sumó al ajuste por 132 mil 300 millones de pesos de mediados de febrero. Pero los recortes “resultarán insuficientes” por el ritmo en que se están dando y porque no son proporcionales a los ajustes de estimación del crecimiento económico, añadió Coutiño.
Este crecimiento débil es de un país con 55.3 millones de personas viviendo en pobreza, dos millones más que en 2012. La cifra debió haberse actualizado en julio, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de manera unilateral y sin consulta previa, modificó el método para medir en campo los ingresos de los hogares, lo cual –al no poder compararse con datos anteriores– obstaculizó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicar cuántos pobres hay actualmente en México.
La acción del Inegi generó críticas de la oposición, de especialistas en pobreza y de centros especializados como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el cual pidió al Gobierno federal y a la prensa evitar todo uso público y político, hasta que se haga un nuevo levantamiento consensuado, comparable y transparente para 2018, del Ingreso Trimestral Promedio del Hogar del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS 2015).
CRISIS DE DERECHOS HUMANOS Y GUERRA
Torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones ilegales cometidos por el crimen organizado y por las fuerzas de seguridad del país contra miles de mexicanos han cavado una fosa de crisis de derechos humanos en México.
En la primera semana de este mes, un grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos expresó su preocupación por “la crisis de derechos humanos en México y la persistente falta de justicia para miles de víctimas” a través de una carta enviada al Secretario de Estado, John Kerry.
La carta habla de casos que se vienen arrastrando el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como Tlatlaya, en el Estado de México, donde el 30 de junio de 2014 ocurrió una masacre a manos de elementos del Batallón 102 de Infantería, quienes mataron a 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega en la comunidad San Pedro Limón; o como los 43 normalistas desparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014 y los más de 27 mil desaparecidos que figuran en las cifras oficiales.
Los legisladores también mencionan el ataque contra maestros y pobladores ocurrido el pasado 19 de junio de este año en Nochixtlán, Oaxaca, cuando elementos de la Policía Federal fueron grabados y fotografiados disparando armas de fuego durante una manifestación, lo que dejó al menos nueve muertos y cientos de heridos.
En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos denunció que la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en México en 2015. La participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas en “graves abusos”, como “ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones”, es uno de los “problemas más significativos” de México.
A esta fotografía de Estados Unidos sobre su vecino del sur se añade el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre lo ocurrido en Tanhuato, Michoacán, al año pasado: la Policía Federal ejecutó arbitrariamente a 22 personas miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación; torturó a los detenidos, manipuló la escena y les sembró armas y cartuchos para aparentar el supuesto enfrentamiento.
De acuerdo con el reporte, hubo “uso excesivo de la fuerza” lo que derivó en la ejecución arbitraria, ya que las 22 víctimas estaban “en una posición de desventaja y vulnerabilidad”: 13 estaban de espalda, a 5 les dispararon desde el helicóptero, otra víctima estuvo expuesta a fuego directo y tres víctimas, a pesar de que ya estaban sometidas, las privaron de la vida.
A estas violaciones a derechos humanos se suma la negligencia de las autoridades para localizar a los miles de desaparecidos durante la guerra contra el narcotráfico, la cual se ha alborotado a raíz de nuevas disputas entre cárteles.
Eso ha orillado a los familiares a crear colectivos de brigadas para rascar la tierra en Veracruz y otros estados. En su intento por localizar a sus desaparecidos con sus propias manos, han evidencian el cementerio que es el país al encontrar cientos de fosas y restos humanos (algunos carbonizados).
Asimismo, las matanzas se han agudizado.
El viernes pasado más de 50 hombres repartidos en 15 vehículos levantaron y acribillaron a ocho personas en Alto Lucero, Veracruz. Dos están heridas de gravedad.
Además de la sangre que corre diario y sin control en Guerrero, en julio el pánico se documentaba en Tamaulipas, donde en Ciudad Victoria fueron asesinadas tres familias en menos de una semana. Hubo toques de queda.
De acuerdo con el diario texano Breitbart, Los Zetas amenazaron con asesinar civiles inocentes si el Gobierno federal no los protege de sus rivales.
… LA CORRUPCIÓN, EL PILÓN
En entrevista con Joaquín López Dóriga, el Presidente Enrique Peña Nieto atribuyó su baja popularidad a la resistencia de ciertos grupos al cambio que busca generar el paquete de reformas estructurales. El periodista le cuestionó directamente si no creía que es por la corrupción.
“Desde que asumí la responsabilidad de ser Presidente de México, tengo claro que no llegué aquí para ganarme una medalla de popularidad”, respondió. Anteriormente aclaró que el empresario Ricardo Pierdant pagó en una única ocasión el impuesto de predial del departamento utilizado por su esposa Angélica Rivera en Miami, Florida, como un favor entre amigos.
“Es falso que haya un potencial conflicto de interés, porque este amigo es una gente que vive allá, que radica fuera de México y que, como está acreditado, no tiene ningún contrato con el Gobierno”, aseguró.
Pero no solo es el Presidente.
Gobernadores que llenan sus bolsillos mientras administran un estado y adquieren propiedades millonarias que no coinciden con sus ingresos, incluyendo, por ejemplo, una presa privada; funcionarios públicos que reciben favores –como vacaciones– a cambio de beneficiar a compañías, como OHL México, o usan recursos públicos para fines personales; empresarios que reciben más contratos de obras públicas que otros o políticos que piden “moches”… La corrupción comienza a volverse un acto cotidiano en México y también su falta de castigo.
Una iniciativa ciudadana, respaldada por 600 mil firmantes, solicitó al Congreso obligar a los funcionarios públicos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, los legisladores votaron para que sólo declaren si no daña su vida privada.
“Si esto hubiera pasado tal y como habían planteado los ciudadanos, hay políticos que en este momento, al hacerlo público, no podrían explicar sus bienes. Muchos de ellos han acumulado bienes que provienen de actos de corrupción. Obviamente muchos de ellos prefirieron protegerse; no fueron abiertos y sensibles en ese tema en particular”, acusó Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
Aun así, el mandatario defendió la implementación del Sistema Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción.
La existencia histórica del fuero a los políticos y “el pacto de impunidad” para cobijarse entre ellos han tejido una red de impunidad en México, de acuerdo con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP).
En otra entrevista, el académico afirmó que la corrupción futura se puede prevenir cuando hay declaración de conflictos de interés.
“No se castigan los actos de corrupción ni de conflicto de interés y eso lleva a un altísimo costo económico para los mexicanos diariamente. La corrupción nos cuesta a todos al momento de pagar impuestos. En lugar de que se vean reflejados en buenos servicios públicos, solamente están sirviendo para los interese económicos de la élite en el poder”, ejemplificó.
Para el especialista en transparencia, Alejandro González Arreola, no es necesario que familiares de funcionarios declaren su patrimonio de manera pública, pero el Sistema Nacional Anticorrupción debería tener acceso a esos datos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-08-2016/3082679
