En los últimos diez años se han encontrado – oficialmente – casi 700 cuerpos sepultados en fosas clandestinas en México. Más del 80 por ciento siguen sin ser identificados, a pesar que desde hace dos años el gobierno federal y los estados trabajan en la implementación de bases de datos genéticos unificadas para facilitar los reconocimientos.
Datos revelados por la PGR, en respuesta a solicitudes de transparencia, arrojan que existen casos emblemáticos como los restos de personas encontradas en fosas de San Fernando, Tamaulipas, que a más de cinco años del hallazgo siguen sin ser identificados.
Peor aún de los más de 150 cuerpos hallados en fosas de Iguala, Guerrero, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, solo se ha identificado a 16.
Guerrero es la entidad en donde se ha encontrado el mayor número de cuerpos en fosas, seguido de Tamaulipas. En total, la PGR reporta hallazgos de fosas en 18 de las 32 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México.
En el Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto destacó los beneficios del sistema denominado AM/PM puesto en marcha con las entidades federativas para facilitar la identificación de personas desaparecidas a través de bases de datos genéticas unificadas.
En el informe no se describió que tipo de resultados ha tenido este sistema cuyo diseño e implementación inicio en 2014.
Oficialmente, en México hay casi 28 mil 500 personas desaparecidas, varios de ellos desde hace una década.
5 estados concentran el 81 % de los casos
De acuerdo con las estadísticas de la PGR, desde el 2006 a la fecha se han encontrado en el país 215 fosas clandestinas en las cuales se han encontrado los restos de por lo menos 693 personas distintas.
Durante los últimos años el hallazgo de fosas se ha incrementado. En 2014 se reportaron once casos distintos de hallazgos de fosas y en 2015 fueron ocho.
Los datos oficiales además relevan que 121 cuerpos de los 693 encontrados en las fosas fueron identificados: apenas el 17.4 por ciento. Esto significa que en promedio 4 de cada 5 restos humanos encontrados siguen sin ser identificados.
Aunque el hallazgo de fosas se extiende en más de la mitad de las entidades federativas del país, solamente en cinco entidades (Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua y Durango) se concentran más del 81 por ciento de los casos registrados.
Guerrero es por un amplio margen la entidad con el mayor número de casos: 259 cuerpos encontrados en fosas. La mayoría de estos casos se concentran en el municipio de Iguala (150), donde las autoridades implementaron operativos de búsqueda tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los datos oficiales arrojan que de los restos ubicados en ese municipio solo 16 han sido identificados, apenas el 10 por ciento.
Luego se ubican Tamaulipas con 125 cuerpos rescatados de fosas ilegales; Jalisco con 75, Chihuahua con 54 y Durango con 53.
Las otras entidades en donde se ha reportado el hallazgo confirmado de restos humanos enterrados en fosas clandestinas son: Michoacán, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sonora e Hidalgo.
Cementerios desconocidos
En abril de 2011 las autoridades encontraron 14 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con 120 cadáveres plenamente diferenciados. El hallazgo ocurrió luego de que la zona fue objetivo de diversos operativos tras la masacre de 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010.
Aunque se llegó a hablar de hasta 168 cuerpos, la PGR reconoció oficialmente 120 de los cuales solo hay 66 reconocidos. Es decir, a más de cinco años de distancia casi la mitad de las víctimas siguen sin ser identificadas.
La PGR ha hecho distintos esfuerzos para tratar de identificar a las víctimas de las fosas de San Fernando. En septiembre de 2013 se firmó incluso un convenio oficial con el Equipo Argentino de Antropología Forense y otras instancias internacionales para establecer la identidad de los cuerpos. Aun así en la actualidad hay 54 cadáveres no identificados.
Otro caso que causó un impacto social importante fue el descubrimiento de 37 fosas clandestinas en Jalisco, entre noviembre de 2013 y enero de 2014. El hallazgo se realizó en el municipio de La Barca, el cual se encuentra en la zona limítrofe con el estado de Michoacán.
El hallazgo se realizó en el contexto de los operativos que se implementaron en la región contra Los Caballeros Templarios. En total el personal especializado de la PGR realizó el levantamiento de 75 cadáveres enterrados en el área de los cuales 17 han sido identificados.
¿Y el nuevo sistema?
En 2014 la PGR comenzó los trabajos para la implementación de la “Base de Datos Ante Mortem Post Mortem AM/PM”, un sistema diseñado por la Cruz Roja Internacional cuya finalidad es facilitar la identificación de personas que se encuentren desaparecidas a partir de información genética.
El sistema funciona a través de un software cuya función es confrontar la información de dos bancos de datos genéticos: uno de personas que sean encontradas en fosas ilegales o comunes y que no hayan sido identificadas, y el otro de familiares víctimas de desapariciones.
Para funcionar este sistema requiere que todas las de datos genéticos del país se homologuen bajo los mismos parámetros, incluyendo las de los 32 estados, situación que no se consiguió hasta octubre de 2015 cuando la PGR anunció oficialmente que el sistema entraba en operación.
En la actualidad de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, hay 28 mil 472 personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales hay averiguaciones previas en curso. Mientras eso sucede más del 80 % de los restos de personas encontradas en fosas clandestinas del país siguen sin ser identificadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/sin-identificar-mas-del-80-cuerpos-encontrados-fosas-clandestinas-la-ultima-decada/
jueves, 8 de septiembre de 2016
‘Méxicoleaks’ y corto mexicano, nominados al Premio Gabriel García Márquez
La plataforma independiente de denuncia ciudadana y transparencia, Méxicoleaks, así como el grupo de Periodistas de a Pie, se encuentran entre los nominados que podrían recibir el Premio Gabriel García Márquez de periodismo en Colombia.
Al darse a conocer la selección oficial, se anunció que la plataforma -de la cual es parte Aristegui Noticias– está nominada en la categoría “innovación”, donde compite también el cortometraje de Rafael Pineda “Rapé” y Leopoldo Hernández, dado a conocer en Pie de Página de Periodistas de a Pie.
En la referida categoría se encuentran nominados otros ocho proyectos periodísticos.
En cuanto a “cobertura”, se encuentra nominado un proyecto mexicano, conocido como “Aprender a vivir con el narco”, inscrito por Daniel Moreno, Daniela Rea, Omar Sánchez, Dulce Ramos, Omar Bobadilla, del portal Animal Político.
En la categoría “texto” no hay ningún mexicano nominado sino que todos son de América Latina.
Por mejor “imagen” son 10 los nominados.
Los nombres de los ganadores del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016, que incluye cuatro categorías, se darán a conocer el próximo 29 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín, durante el #FestivalGabo, detalló la fundación.
Los mil 608 trabajos que fueron postulados “a la cuarta edición del Premio se sometieron a tres rondas de juzgamiento, a cargo de distintos grupos de jurados para cada categoría”, agregó.
En la ronda final, que se realizó en Cartagena, Colombia, se eligió la selección oficial del #PremioGabo, conformada por los 10 mejores trabajos en cada una de las cuatro categorías del concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación.
Entre los trabajos de la selección oficial se encuentran los tres finalistas de cada categoría y, entre ellos, los ganadores. Cada finalista recibirá seis millones de pesos colombianos (dos mil 200 dólares) y un diploma por su destacada participación.
El ganador de cada categoría recibirá 33 millones de pesos colombianos (11.5 mil dólares), un diploma que lo acredita como ganador y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/kiosko/mexicoleaks-y-corto-mexicano-nominados-al-premio-gabriel-garcia-marquez/
Al darse a conocer la selección oficial, se anunció que la plataforma -de la cual es parte Aristegui Noticias– está nominada en la categoría “innovación”, donde compite también el cortometraje de Rafael Pineda “Rapé” y Leopoldo Hernández, dado a conocer en Pie de Página de Periodistas de a Pie.
En la referida categoría se encuentran nominados otros ocho proyectos periodísticos.
En cuanto a “cobertura”, se encuentra nominado un proyecto mexicano, conocido como “Aprender a vivir con el narco”, inscrito por Daniel Moreno, Daniela Rea, Omar Sánchez, Dulce Ramos, Omar Bobadilla, del portal Animal Político.
En la categoría “texto” no hay ningún mexicano nominado sino que todos son de América Latina.
Por mejor “imagen” son 10 los nominados.
Los nombres de los ganadores del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2016, que incluye cuatro categorías, se darán a conocer el próximo 29 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín, durante el #FestivalGabo, detalló la fundación.
Los mil 608 trabajos que fueron postulados “a la cuarta edición del Premio se sometieron a tres rondas de juzgamiento, a cargo de distintos grupos de jurados para cada categoría”, agregó.
En la ronda final, que se realizó en Cartagena, Colombia, se eligió la selección oficial del #PremioGabo, conformada por los 10 mejores trabajos en cada una de las cuatro categorías del concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación.
Entre los trabajos de la selección oficial se encuentran los tres finalistas de cada categoría y, entre ellos, los ganadores. Cada finalista recibirá seis millones de pesos colombianos (dos mil 200 dólares) y un diploma por su destacada participación.
El ganador de cada categoría recibirá 33 millones de pesos colombianos (11.5 mil dólares), un diploma que lo acredita como ganador y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/kiosko/mexicoleaks-y-corto-mexicano-nominados-al-premio-gabriel-garcia-marquez/
El recorte al presupuesto ambiental… y las promesas
El pasado primero de septiembre, el ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el Cuarto Informe de Gobierno. La presente nota analiza algunos de los puntos más relevantes del informe con relación a los bosques y al medio ambiente. El trago más amargo es el recorte de más de doce mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pasó de 68 mil a 56 mil millones de pesos entre el 2015 y el 2016.
Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.
Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.
Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016).
La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones.
Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016.
Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato.
Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque.
Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales.
Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales.
Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques.
Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos.
Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: RAUL BENET
LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/el-recorte-al-presupuesto-ambiental-y-las-promesas/
Uno de los aspectos que más claramente muestra la poca importancia que brinda la administración actual respecto al tema ambiental, y particularmente del sector forestal y al manejo activo de los bosques, es el severo recorte al presupuesto para apoyo al aprovechamiento sustentable de los bosques bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional Forestal.
Pese a que la cifra aprobada a Conafor para subsidios en materia forestal por el Congreso en el Presupuesto de Egresos del 2015 era de 5,022 millones de pesos, en los hechos sólo se aplicaron 3,940 millones (equivalentes a 3,543 millones del 2012). Si comparamos esta cifra con lo que se asignó en 2012, el último año del sexenio anterior, vemos una reducción de más del 20 % en el valor real (tomando en cuenta el INPC publicado por Inegi). Este recorte de un 20 % a los subsidios contradice las afirmaciones de las autoridades de la Conafor, cuyo Director General había declarado a principios del año que, si bien habría recortes en esa dependencia, éstos no afectarían la operación, pues sólo se reflejarían en una forma más eficiente de administrar los recursos, llevando a cabo algunos ajustes en la estructura (por ejemplo, desapareciendo las gerencias relacionadas con la silvicultura comunitaria). El hecho es que sí hubo recortes, y severos, en asuntos sustantivos de la dependencia, y estos recortes están impidiendo el alcance de las metas en términos de conservación, restauración, manejo de los bosques, capacidades técnicas, administrativas y financieras, producción, competitividad y acceso a mercados de los productos forestales por parte de las empresas forestales comunitarias.
Otro aspecto aún más notable se dio dentro de la Semarnat, en la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, cuya responsabilidad en el aprovechamiento forestal es sustantiva, y en donde el recorte ha sido de un 77 % para el mismo periodo (2012 – 2016).
La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es la responsable de revisar y autorizar los programas de aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, emitir autorizaciones para las actividades de saneamiento en caso de plagas, autorizar el establecimiento de plantaciones comerciales, de emitir, distribuir y controlar la papelería legal indispensable para transportar la materia prima y los productos forestales, entre muchas otras funciones.
Actualmente, después de este severo recorte del 77 por ciento, esta Dirección General es uno de los cuellos de botella más acuciantes que obstaculizan el buen desempeño de las empresas forestales comunitarias. Como ejemplo puede mencionarse el gigantesco retraso en la entrega de papelería (remisiones y reembarques) durante la temporada de corta del presente año, que impidió que varios cientos de miles de metros cúbicos de madera se pudieran comercializar a tiempo, según se reportó en la sesión del Comité Técnico del Consejo Nacional Forestal de mayo del 2016.
Un par de casos particulares ilustran este tema: el 8 de marzo del 2016 hubo un fenómeno atípico de viento que afectó gravemente el arbolado de la región de Cutzamala – Valle de Bravo, en el estado de México. Cerca de 20 mil árboles (equivalentes a más de 40 mil metros cúbicos de madera, con un valor comercial cercano a los 50 millones de pesos para varios ejidos que son los dueños de esos bosques) fueron derribados por el viento. Estos árboles no se pudieron aprovechar antes del tiempo de lluvias, pues la Dirección General de Gestión de Bosques y Suelos no emitió la papelería que debería entregar para poder remover el arbolado derribado. Esto provocó que la madera quedara tirada, generando un alto riesgo de incendio e impidiendo comercializar la madera a tiempo. Otros casos graves los ilustran ejidos del sur de Campeche, en los que el retraso en la entrega de autorizaciones para el aprovechamiento de los productos forestales ha dejado sin empleo a cientos de familias y ha provocado que algunos ejidos hayan tenido que cerrar su operación forestal, incurriendo en impagos y embargos derivados de deudas respaldadas por el valor de la madera. Estos ejemplos se reproducen por todo el país. En algunos casos esta situación ha provocado abandono de los bosques, e incluso cambio de uso de suelo por actividades con menos regulaciones y dificultades, como la ganadería o la agricultura por contrato.
Todo lo anterior constituye un verdadero boicot a uno de los programas más importantes del sector forestal del presente sexenio, la Estrategia Nacional de Incremento en la Productividad Forestal, ENAIPROS, que para su éxito requiere agilidad en las autorizaciones para el aprovechamiento forestal, para el transporte de la materia prima y los productos derivados del bosque, y para los trabajos de saneamiento de áreas plagadas. Por otro lado, es importante mencionar que, según el cuarto informe, dicha Dirección General ha autorizado en el último año y medio planes de manejo que abarcan más de un millón de hectáreas para aprovechamiento maderable. Estos planes no necesariamente significan que se incorporan nuevas áreas al manejo forestal, sino que se ha realizado una revisión de los inventarios y una modificación en las prácticas silvícolas para hacer más eficiente el aprovechamiento del bosque.
Según se publica en el Cuarto Informe de Gobierno, ha habido un incremento de 12 % en la producción legal y sustentable de madera durante el periodo en el que se ha instrumentado la ENAIPROS (2013 – 2016). Si bien esta parece una buena noticia, nos muestra que, a cuatro años de su instrumentación, estamos muy lejos de estar en la ruta para alcanzar la meta de incremento superior al 90 % para el 2018, que es la meta original de esa estrategia. Es verdad que los resultados de una estrategia de largo plazo no pueden verse en los primeros años, y que los resultados deberán reflejarse después de un tiempo más largo. Sin embargo, parece bastante claro que la meta comprometida no se alcanzará, lo cual por un lado confirma que la meta era absurdamente alta, y por otro que con los recortes en el mejor de los casos se alcanzará un 20 % de la meta, y que quedará fuertemente inconclusa. Una dificultad adicional que está enfrentando la ENAIPROS es el desarrollo de mercados para los productos forestales adicionales, en una condición en donde no se ha fomentado la competitividad de los productores forestales nacionales ante los importadores, a quienes los diferentes tratados de libre comercio y el reciente Tratado Trans Pacífico, han favorecido en perjuicio de los productores nacionales.
Otro recorte notable ocurre en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que también ha visto reducido el valor real de su presupuesto en un 22 % entre el 2012 y el 2016, al pasar de 1,075 millones de pesos a 848 millones (nuevamente deflactando conforme al INPC del INEGI). Esto ha reducido claramente su capacidad en relación a la vigilancia y sanción de por sí magra del comercio de madera ilegal. Según el reporte anual de la PROFEPA, en el 2012 se decomisaron cerca de 70 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal, mientras que en el 2015 sólo fueron cerca de cuarenta mil, lo que parece corresponder con el recorte, aunque también se podría explicar por otros motivos. Vale la pena mencionar que los decomisos de madera que realiza la Profepa son cercanos a tan solo el uno por ciento de la madera que circula de manera ilegal en México, asumiendo las cifras oficiales de ilegalidad publicadas en el Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 de tres millones de metros cúbicos anuales.
Un tema que vale la pena resaltar es el recorte, también severo, que ha sufrido el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en el 2012 tenía 344 millones de pesos (el entonces INE), y en el 2016 tan sólo le quedan 217 millones, una reducción de casi cincuenta por ciento si se considera el valor real conforme al INPC. Es necesario considerar que el INECC juega un papel fundamental en el diseño y planeación de las llamadas NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas), que es el compromiso de reducciones en la emisión de gases de efecto de invernadero que estableció México ante el Acuerdo de París, y que reconoce el papel del manejo activo de los bosques en la mitigación al cambio climático. Esta drástica reducción en la capacidad del INECC tampoco parece un buen augurio para los bosques.
Por otro lado, el rubro que sí ha tenido un aumento significativo es el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que en el último año incrementó su presupuesto en 173 millones de pesos, al pasar de 1,185 a 1,359 millones. Algunos casos muestran un avance significativo en la política de la Conanp respecto a la promoción del manejo activo del bosque, como la recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca para convertirlo en una Zona de Conservación de Flora y Fauna. Sin embargo, no basta la revisión de las áreas bajo estatus de restricción, sino que al mismo tiempo es necesario incrementar los recursos y las capacidades institucionales para promover el manejo activo y sustentable del bosque y el apoyo a las actividades de silvicultura, transformación y comercialización. En los hechos se sigue obstaculizando la competitividad de las empresas forestales comunitarias por toda la sobre regulación existente. Por otro lado, hay un fuerte retroceso en la creación y registro por parte de la CONANP de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación, que puede ser un esquema importante para salvaguardar territorios ejidales y comunales amenazados por actividades extractivas como la minería o la extracción de hidrocarburos.
Los recortes sí impactaron a los bosques. Pese que la Comisión Nacional Forestal había hecho declaraciones en marzo del 2015 en el sentido de que los recortes al presupuesto no afectarían las metas, es claro que las están afectando, y de seguir esta tendencia reduccionista será imposible alcanzar las metas de cero deforestación, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes de los territorios forestales. Ahora que se está elaborando el presupuesto de egresos para el 2017 existe la oportunidad de fortalecer este tema prioritario, la conservación y el manejo activo de los bosques y selvas de México.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: RAUL BENET
LINK: http://aristeguinoticias.com/0809/mexico/el-recorte-al-presupuesto-ambiental-y-las-promesas/
Nadie nos informó de nuevo peritaje: padres de Guardería ABC; la PGR indica que sí
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de los 49 niños que murieron calcinados en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) violó el debido proceso de las víctimas, ya que nadie les notificó que la dependencia realizaría diligencias en el lugar de los hechos.
Un grupo de padres arribó al lugar donde se encontraba la Guardería ABC, poco después del mediodía y ahí encontró a varias personas de nacionalidad extranjera que realizaban el peritaje.
Al respecto, Julio César Márquez, padre de una de las víctimas del incendio, señaló: “Es una decisión unilateral por parte de PGR, que está llevando a cabo este peritaje. Hay conocimiento incluso firmado de la solicitud, firmado por las familias desde hace un mes, donde se acordó que no se llevaría a cabo (el peritaje), entonces hoy (nos encontramos) con la sorpresa que sí se está llevando el peritaje”.
Explicaron que se trata de un acto arbitrario y que el personal que labora en el lugar ha introducido materiales y herramientas de construcción, además, que en días pasados se restableció el suministro de energía eléctrica en el lugar, con la finalidad de llevar a cabo este peritaje. “No consideramos que iban a ser capaces de hacerlo pero ya vimos que actuaron de otra manera”, indicó Márquez.
Los padres argumentaron que no aceptaron el peritaje porque no confían en LWG Consulting, la empresa que se encuentra en el lugar, luego de que esa misma trabajó hace un año en el lugar y se negaron a informar de los resultados de esa investigación.
Más tarde, la PGR dio a conocer que “el Ministerio Público de la Federación, a cargo de la investigación, acordó favorable la vialidad e idoneidad de la prueba solicitada e informó de ello a padres y madres afectadas”.
Según la versión de la procuraduría, después de dos año y medio de que los padres insistían por escrito en que LWG Consulting realizara la prueba pericial, este miércoles fue aprobada dicha petición, para determinar la causa del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009, murieron 49 niños y 106 resultaron heridos (Con información de Patricia Dávila).
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454115/padres-guarderia-abc-denuncian-peritaje-la-pgr-realizo-sin-informarles
Un grupo de padres arribó al lugar donde se encontraba la Guardería ABC, poco después del mediodía y ahí encontró a varias personas de nacionalidad extranjera que realizaban el peritaje.
Al respecto, Julio César Márquez, padre de una de las víctimas del incendio, señaló: “Es una decisión unilateral por parte de PGR, que está llevando a cabo este peritaje. Hay conocimiento incluso firmado de la solicitud, firmado por las familias desde hace un mes, donde se acordó que no se llevaría a cabo (el peritaje), entonces hoy (nos encontramos) con la sorpresa que sí se está llevando el peritaje”.
Explicaron que se trata de un acto arbitrario y que el personal que labora en el lugar ha introducido materiales y herramientas de construcción, además, que en días pasados se restableció el suministro de energía eléctrica en el lugar, con la finalidad de llevar a cabo este peritaje. “No consideramos que iban a ser capaces de hacerlo pero ya vimos que actuaron de otra manera”, indicó Márquez.
Los padres argumentaron que no aceptaron el peritaje porque no confían en LWG Consulting, la empresa que se encuentra en el lugar, luego de que esa misma trabajó hace un año en el lugar y se negaron a informar de los resultados de esa investigación.
Más tarde, la PGR dio a conocer que “el Ministerio Público de la Federación, a cargo de la investigación, acordó favorable la vialidad e idoneidad de la prueba solicitada e informó de ello a padres y madres afectadas”.
Según la versión de la procuraduría, después de dos año y medio de que los padres insistían por escrito en que LWG Consulting realizara la prueba pericial, este miércoles fue aprobada dicha petición, para determinar la causa del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009, murieron 49 niños y 106 resultaron heridos (Con información de Patricia Dávila).
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454115/padres-guarderia-abc-denuncian-peritaje-la-pgr-realizo-sin-informarles
A las 5 pm, el paquete económico a los diputados
Ciudad de México. El secretario de Hacienda José Antonio Meade acudirá hoy, a las 17 horas, a la Cámara de Diputados para cumplir con el protocolo de entrega del proyecto de paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2017.
El funcionario entregará al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica.
El acto de recepción se celebrará en el salón de protocolo de San Lázaro, y acudirán los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri; Rocio Nahle, Morena; Jesús Sesma, PVEM y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano.
La asistencia del secretario Meade ocurrirá un día después de haber asumido el cargo. Y como adelantó, la propuesta tendrá un inminente sentido social.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO Y RNRIQUE MÉNDEZ
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/08/meade-entrega-a-las-5-pm-el-paquete-economico-a-diputados
El funcionario entregará al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica.
El acto de recepción se celebrará en el salón de protocolo de San Lázaro, y acudirán los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri; Rocio Nahle, Morena; Jesús Sesma, PVEM y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano.
La asistencia del secretario Meade ocurrirá un día después de haber asumido el cargo. Y como adelantó, la propuesta tendrá un inminente sentido social.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ROBERTO GARDUÑO Y RNRIQUE MÉNDEZ
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Protestan por falta de ayuda a los damnificados en Guerrero
Ciudad de México | Desinformémonos. La ayuda destinada a los damnificados por las lluvias en Guerrero aún no es entregada a las comunidades, denunciaron organizaciones indígenas y personas con capacidades diferentes durante una protesta al interior de la Secretaría de Protección Civil en Chilpancingo.
En primer lugar, alrededor de cien miembros de la organización Bloque Sur, que aglutina a 60 colonias de Chilpancingo, solicitó a Protección Civil la entrega de láminas, cobertores y colchones, pero según las autoridades, no cuenta con los objetos solicitados.
Después, integrantes de organizaciones indígenas y discapacitados, encabezados por Abundio González, demostraron que los enseres se encuentran al interior de las instalaciones de la dependencia en estado de abandono.
Por otra parte, el dirigente del Movimiento Popular de Guerrero, Arnulfo Cerón, denunció que las comunidades están incomunicadas por las lluvias en por lo menos en nueve municipios de la Montaña, y que el gobierno aún no envía la ayuda necesaria para los afectados, que en su mayoría son pueblos indígenas.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/protestan-por-falta-de-ayuda-a-los-damnificados-en-guerrero/
En primer lugar, alrededor de cien miembros de la organización Bloque Sur, que aglutina a 60 colonias de Chilpancingo, solicitó a Protección Civil la entrega de láminas, cobertores y colchones, pero según las autoridades, no cuenta con los objetos solicitados.
Después, integrantes de organizaciones indígenas y discapacitados, encabezados por Abundio González, demostraron que los enseres se encuentran al interior de las instalaciones de la dependencia en estado de abandono.
Por otra parte, el dirigente del Movimiento Popular de Guerrero, Arnulfo Cerón, denunció que las comunidades están incomunicadas por las lluvias en por lo menos en nueve municipios de la Montaña, y que el gobierno aún no envía la ayuda necesaria para los afectados, que en su mayoría son pueblos indígenas.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/protestan-por-falta-de-ayuda-a-los-damnificados-en-guerrero/
miércoles, 7 de septiembre de 2016
La SEP denuncia ante la PGR a mujer que le quitó los libros de texto a los niños que no pagaron cuota
Ciudad de México, 6 de Septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó una denuncia formal en contra de Carmen Cruz Hernández, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de una escuela primaria de Veracruz, quien le quitó sus libros de texto gratuito a los niños cuyos padres no pagaron la cuota de inscripción para el ciclo escolar 2016-2017.
A través de un comunicado la SEP detalló que fue Miguel Augusto Castañeda Fernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP quien presentó el día de hoy un escrito en Procuraduría General de la República (PGR) para que se inicie una investigación de los hechos y de ser necesario se ejercite acción penal contra quienes resulten responsables.
La dependencia señaló que lo libros de texto que se entregan son totalmente gratuitos y ésta “no se supedita a condición alguna”.
Los hechos tuvieron lugar en la escuela primaria Leona Vicario, ubicada en la localidad de Tlapacoyan, municipio de Santiago, Veracruz, y quedaron grabados en un video que se volvió viral. Ahí se exhibe a una mujer que interrumpe una clase para quitarle los libros de texto a varios niños, argumentando que sus padres no habían pagado la cuota voluntaria.
La mujer, a quien le adjudicaron el título de #LadyLibros, hizo caso omiso a las advertencias de un profesor quien en repetidas ocasiones le dijo que no tenía la autoridad para dejar sin libros a los pequeños estudiantes, además de que filmó dicha situación.
La SEP también ratificó que su principal objetivo es garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes de México tengan acceso efectivo a una educación pública laica, gratuita y de calidad, y los libros de texto gratuitos forman parte de ese derecho, con los cuales está estrictamente prohibido lucra “o condicionar su entrega a cambio de una cuota o de cualquier otra manera”.
Por lo que esa dependencia iniciará las acciones necesarias para que se sancione a quienes afecten la educación de los niños y las niñas de México.
FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2016/3089254
Empresas fantasma: Nueva denuncia contra el gobierno de Duarte por desfalco de 940 mdp
El gobierno de Javier Duarte suma una nueva denuncia por el delito de daño patrimonial contra Veracruz.
El Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad presentó una denuncia por el desfalco de poco más de 940 millones de pesos.
La denuncia es en contra de funcionarios de la Secretaría de Educación, de Desarrollo Social, de Protección Civil e incluye también a empresas fantasma que investiga el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Lee: El SAT audita a Javier Duarte por el caso de las empresas fantasma
Esta mañana –horas antes de presentar su renuncia–, el entonces titular del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que esa dependencia indaga el presunto desvío de 3 mil 300 millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a al menos 31 empresas fantasma.
En entrevista con Televisa, Núñez detalló que estas empresas no tienen activos, personal y que aunque existen los domicilios no pertenecen a una empresa.
El SAT ha presentado 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de las empresas fantasma.
“Solo existen en el papel, no tienen la capacidad de enajenación o de venta”, detalló Núñez, quien horas después de ser entrevistado presentó su renuncia como titular del SAT.
El exfuncionario dijo que tras la publicación de Animal Político en mayo pasado, que reveló una red de 21 empresas a las que se les otorgaron contratos –vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas– por 645 millones.
En el papel, las empresas están constituidas legalmente, pero en la realidad tienen domicilios fiscales falsos, constató Animal Político; además, no tienen empleados registrados.
A partir de esa investigación, el SAT encontró que había 34 contribuyentes en esa situación, de los cuales 31 están como no localizados.
El titular del SAT dijo que se están realizando auditorías y también se indaga a los notarios que dieron fe de la creación de estas empresas.
Fueron al menos 11 las dependencias del gobierno estatal que otorgaron contratos a estas empresas.
Núñez detalló que también se han encontrado malos manejos del gobierno de Javier Duarte en las retenciones de impuestos del ISR que se han hecho a los trabajadores, así como adeudos con la Universidad de Veracruz.
“Se ha detectado el no cumplimiento de los enteros de las retenciones de los sueldos y salarios, en materia del impuesto sobre la renta, que se le hace por parte de ciertas dependencias del gobierno del estado de Veracruz, a los empleados y que tienen que entregárselos al SAT”, dijo el ahora extitular del SAT.
“Esto es algo que trascendió la normalidad en el comportamiento de un gobierno, respecto a la historia y experiencia que tiene el SAT. Estamos en un proceso de revisión de las conductas que se han cometido”, añadió Aristóteles Núñez sobre la situación de las finanzas en Veracruz.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/veracruz-denuncia-dano-patrimonial/
El Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad presentó una denuncia por el desfalco de poco más de 940 millones de pesos.
La denuncia es en contra de funcionarios de la Secretaría de Educación, de Desarrollo Social, de Protección Civil e incluye también a empresas fantasma que investiga el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Lee: El SAT audita a Javier Duarte por el caso de las empresas fantasma
Esta mañana –horas antes de presentar su renuncia–, el entonces titular del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que esa dependencia indaga el presunto desvío de 3 mil 300 millones de pesos que el gobierno de Veracruz habría entregado a al menos 31 empresas fantasma.
En entrevista con Televisa, Núñez detalló que estas empresas no tienen activos, personal y que aunque existen los domicilios no pertenecen a una empresa.
El SAT ha presentado 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de las empresas fantasma.
“Solo existen en el papel, no tienen la capacidad de enajenación o de venta”, detalló Núñez, quien horas después de ser entrevistado presentó su renuncia como titular del SAT.
El exfuncionario dijo que tras la publicación de Animal Político en mayo pasado, que reveló una red de 21 empresas a las que se les otorgaron contratos –vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas– por 645 millones.
En el papel, las empresas están constituidas legalmente, pero en la realidad tienen domicilios fiscales falsos, constató Animal Político; además, no tienen empleados registrados.
A partir de esa investigación, el SAT encontró que había 34 contribuyentes en esa situación, de los cuales 31 están como no localizados.
El titular del SAT dijo que se están realizando auditorías y también se indaga a los notarios que dieron fe de la creación de estas empresas.
Fueron al menos 11 las dependencias del gobierno estatal que otorgaron contratos a estas empresas.
Núñez detalló que también se han encontrado malos manejos del gobierno de Javier Duarte en las retenciones de impuestos del ISR que se han hecho a los trabajadores, así como adeudos con la Universidad de Veracruz.
“Se ha detectado el no cumplimiento de los enteros de las retenciones de los sueldos y salarios, en materia del impuesto sobre la renta, que se le hace por parte de ciertas dependencias del gobierno del estado de Veracruz, a los empleados y que tienen que entregárselos al SAT”, dijo el ahora extitular del SAT.
“Esto es algo que trascendió la normalidad en el comportamiento de un gobierno, respecto a la historia y experiencia que tiene el SAT. Estamos en un proceso de revisión de las conductas que se han cometido”, añadió Aristóteles Núñez sobre la situación de las finanzas en Veracruz.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
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El IEDF discute el caso de Gutiérrez de la Torre y su supuesta red de prostitución
Los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IEDF) discuten la noche de este miércoles una resolución sobre el caso del exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y su vinculación con una supuesta red de prostitución.
El área de prensa del Instituto confirmó a Animal Político que en la sesión de esta noche del Instituto está previsto ese tema, para determinar si Gutiérrez de la Torre dio un uso indebido a los recursos públicos asignados al partido.
Hace un par de años un reportaje presentado por la periodista Carmen Aristegui en la cadena MVS señaló que Gutiérrez de la Torre tenía un mecanismo para captar a mujeres jóvenes, mediante anuncios clasificados en los que se ofrecía empleo.
Las mujeres, de acuerdo con la investigación, eran citadas en instalaciones del PRI en la Ciudad de México.
Luego de diferentes pruebas supuestamente se les pedía tener relaciones sexuales con Gutiérrez de la Torre, para entonces ser reclutadas y ser parte de una red de prostitución.
El político negó las acusaciones en su contra, sin embargo el PRI decidió separarlo de su cargo, para que avanzaran las investigaciones.
En julio de 2015, de acuerdo con un reporte del diario Reforma, la Procuraduría de la Ciudad de México determinó no fincar cargos en contra de Gutiérrez de la Torre, por la falta de pruebas y el retraso en la indagatoria.
El caso continuó en el Instituto Electoral capitalino, el absolvió al político en agosto de 2014, ya que no pudo encontrar pruebas suficientes “respecto al uso de recursos de financiamiento público para actividades diferentes”.
Lo siguiente fue que en diciembre de ese año, cuando el Tribunal Electoral del DF ordenó al Instituto indagar otra vez a Gutiérrez de la Torre, por lo que los consejeros resolverán la situación del exlíder priista este miércoles.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/iedf-discute-caso-gutierrez-la-torre-la-supuesta-red-prostitucion/
El área de prensa del Instituto confirmó a Animal Político que en la sesión de esta noche del Instituto está previsto ese tema, para determinar si Gutiérrez de la Torre dio un uso indebido a los recursos públicos asignados al partido.
Hace un par de años un reportaje presentado por la periodista Carmen Aristegui en la cadena MVS señaló que Gutiérrez de la Torre tenía un mecanismo para captar a mujeres jóvenes, mediante anuncios clasificados en los que se ofrecía empleo.
Las mujeres, de acuerdo con la investigación, eran citadas en instalaciones del PRI en la Ciudad de México.
Luego de diferentes pruebas supuestamente se les pedía tener relaciones sexuales con Gutiérrez de la Torre, para entonces ser reclutadas y ser parte de una red de prostitución.
El político negó las acusaciones en su contra, sin embargo el PRI decidió separarlo de su cargo, para que avanzaran las investigaciones.
En julio de 2015, de acuerdo con un reporte del diario Reforma, la Procuraduría de la Ciudad de México determinó no fincar cargos en contra de Gutiérrez de la Torre, por la falta de pruebas y el retraso en la indagatoria.
El caso continuó en el Instituto Electoral capitalino, el absolvió al político en agosto de 2014, ya que no pudo encontrar pruebas suficientes “respecto al uso de recursos de financiamiento público para actividades diferentes”.
Lo siguiente fue que en diciembre de ese año, cuando el Tribunal Electoral del DF ordenó al Instituto indagar otra vez a Gutiérrez de la Torre, por lo que los consejeros resolverán la situación del exlíder priista este miércoles.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
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Hallan muertos a dos atletas paralímpicos en Oaxaca
OAXACA, Oax. (apro).- En el fondo de un barranco y en avanzado estado de putrefacción, fueron localizados los cuerpos de los deportistas Rosalía Pérez Ignacio y Rómulo Pérez Hernández, quienes participarían en los XV Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro 2016, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.
El hallazgo ocurrió 19 días después de que ambos fueron reportados como desaparecidos el pasado 18 de agosto por la Asociación de Medallistas Paralímpicos, Mundialistas y Parapanamericanos.
Rosalía fue medallista Panamericana en levantamiento de pesas en 2003, mientras que Rómulo era basquetbolista.
De acuerdo con las autoridades, los cuerpos estaban al interior de un vehículo Jetta verde con placas de circulación 401LV, que cayó a un barranco en el paraje “El Pericón” de la carretera que Comunica a Díaz Ordaz con San Antonio Cuajimoloyas.
Los atletas que estaban programados para participar en los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro del 7 al 18 de septiembre.
Días antes, el diputado Jefte Méndez Hernández hizo eco en la tribuna del Congreso del Estado de la denuncia de los familiares de los deportistas: “fueron vistos por última vez el jueves 18 de agosto en el Infonavit de Santa Cruz Amilpas, sin que hasta el momento tengan algún tipo de información”, dijo.
Ayer, de manera fortuita, una cuadrilla de trabajadores de Cuajimoloyas que realizaban la limpieza del acotamiento de la carretera localizó el auto en cuyo interior estaba la pareja de personas con discapacidad.
El síndico municipal de la población de Santa Ana del Valle precisó que los cuerpos fueron localizados aproximadamente a las 15:30 horas en el kilómetro 10.800 de la carretera hacia San Antonio Cuajimoloyas, San Miguel Amatlán, en una hondonada de 80 metros.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: PEDRO MATÍAS
Assange publicará la próxima semana “documentos sensibles” sobre Hillary Clinton
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunció que la próxima semana publicará “documentos sensibles” sobre la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, que tendrán grandes repercusiones en la campaña electoral.
En declaraciones a la emisora conservadora Fox News, Assange no dio detalles de los documentos, pero, según la agencia DPA, se espera que se refieran al caso del escándalo por el uso de un servidor privado de correo electrónico para comunicaciones oficiales cuando Clinton era secretaria de Estado.
La exprimera dama pudo recibir o enviar en su servidor privado comunicaciones oficiales con información clasificada, algo que violaría las normas de protección de secretos de Estados Unidos.
Sin embargo, Clinton ha insistido en que jamás intercambió correos electrónicos con información clasificada como secreta cuando era secretaria de Estado, durante el primer mandato del presidente estadunidense Barack Obama, algo que supuestamente solo hacía con documentos físicos en su oficina o lugares seguros.
En diversas ocasiones, Assange ha dicho que no podía ni puede soportar a Clinton ni su política.
En declaraciones a la emisora conservadora, el fundador de Wikileaks consideró peligrosa una eventual presidencia de Clinton, pero no se refirió a su contrincante republicano, Donald Trump.
Assange, acusado de ciberespionaje por Estados Unidos, pidió asilo político a Ecuador y vive en la Embajada desde junio de 2012 para evitar la extradición a Suecia, donde sería interrogado por las acusaciones de violación interpuestas en 2010, que na negado en reiteradas ocasiones.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454052/assange-publicara-la-proxima-semana-documentos-sensibles-hillary-clinton
En declaraciones a la emisora conservadora Fox News, Assange no dio detalles de los documentos, pero, según la agencia DPA, se espera que se refieran al caso del escándalo por el uso de un servidor privado de correo electrónico para comunicaciones oficiales cuando Clinton era secretaria de Estado.
La exprimera dama pudo recibir o enviar en su servidor privado comunicaciones oficiales con información clasificada, algo que violaría las normas de protección de secretos de Estados Unidos.
Sin embargo, Clinton ha insistido en que jamás intercambió correos electrónicos con información clasificada como secreta cuando era secretaria de Estado, durante el primer mandato del presidente estadunidense Barack Obama, algo que supuestamente solo hacía con documentos físicos en su oficina o lugares seguros.
En diversas ocasiones, Assange ha dicho que no podía ni puede soportar a Clinton ni su política.
En declaraciones a la emisora conservadora, el fundador de Wikileaks consideró peligrosa una eventual presidencia de Clinton, pero no se refirió a su contrincante republicano, Donald Trump.
Assange, acusado de ciberespionaje por Estados Unidos, pidió asilo político a Ecuador y vive en la Embajada desde junio de 2012 para evitar la extradición a Suecia, donde sería interrogado por las acusaciones de violación interpuestas en 2010, que na negado en reiteradas ocasiones.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454052/assange-publicara-la-proxima-semana-documentos-sensibles-hillary-clinton
El fin anticipado de un gobierno de gazapos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De manera impronta, anticipada, dos años antes de cumplir su plazo, Enrique Peña Nieto ha terminado su gobierno de una manera más que vergonzosa, reprobado por la mayoría de la ciudadanía, con acusaciones de corrupción y de traición y, sobre todo, señalado desde ahora como el principal responsable de una previsible derrota del PRI en la elección presidencial del 2018.
Peña y todo su equipo de gobierno han dejado una huella indeleble de ineficacia como la dejaron también los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox que demostraron ser tan incapaces, corruptos y torpes como los priistas para gobernar.
Los tres son parte del fracaso de la supuesta transición a la democracia y cada uno es responsable de la profunda crisis que hoy padecemos y que se refleja en la creciente ausencia de credibilidad social en todas y cada una de las instituciones políticas, económicas y de justicia.
Fox, Calderón y Peña Nieto han seguido la misma línea de impulsar sus reformas desde las cúpulas de poder económico y político, sin tomar en cuenta la opinión ciudadana. Los tres profundizaron más la ya de por si brecha que existía entre las llamadas clase política y la sociedad civil.
Pero los panistas no tuvieron los índices de reprobación social que hoy tiene Peña Nieto y que lo ponen como el peor gobernante desde José López Portillo, un presidente igualmente señalado por su corrupción, ineficacia y por la crisis que generó por sus yerros en la política económica.
Peña Nieto llegó a la presidencia en el 2012 con la esperanza de algunos sectores sociales, especialmente de los priistas, de mejorar la situación económica y enfrentar con éxito la inseguridad producto de la violencia generada por el crimen organizado y por la declaración de guerra lanzada por Calderón en el 2006. Llegó con la creencia de los priistas de que iniciaría una nueva era de gobierno tan larga como la que tuvieron antes de perder en el 2000.
Pero después de 45 meses de estar al frente del gobierno, Peña Nieto parece que está haciendo todo para que su partido vuelva a perder en la próxima elección presidencial.
No ha logrado disminuir la violencia sino que se mantiene en los mismos niveles del sexenio pasado con 80 mil personas muertas de manera dolosa y más de 30 mil desaparecidos. Tampoco ha disminuido la pobreza, ni la marginación, ni la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Tampoco pudo abatir la impunidad de la clase política y mucho menos la corrupción.
Todo lo contrario, Peña Nieto profundizó la desconfianza social al incumplir cada una de sus promesas y hacer pactos corruptos con empresarios y con miembros de su propio partido.
Pero sobre todo cometiendo errores trascendentales que seguramente impactarán en el país y en los planes del PRI de mantenerse en el poder presidencial.
Uno de estos errores fue el encuentro con Donald Trump que ha sido calificado por la mayoría como un error histórico y una traición. Es tan grave esta falla que ya comienza a tener repercusiones dentro del país y en la relación política con Estados Unidos. Muestra de ello es el rechazo de venir a México por parte de la candidata demócrata Hilary Clinton.
Gobierno de gazapos ha sido el de Peña Nieto que en menos de cuatro años terminó lo que tendría que ser un sexenio.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS
LINK: http://www.proceso.com.mx/454015/fin-anticipado-gobierno-gazapos
Peña y todo su equipo de gobierno han dejado una huella indeleble de ineficacia como la dejaron también los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox que demostraron ser tan incapaces, corruptos y torpes como los priistas para gobernar.
Los tres son parte del fracaso de la supuesta transición a la democracia y cada uno es responsable de la profunda crisis que hoy padecemos y que se refleja en la creciente ausencia de credibilidad social en todas y cada una de las instituciones políticas, económicas y de justicia.
Fox, Calderón y Peña Nieto han seguido la misma línea de impulsar sus reformas desde las cúpulas de poder económico y político, sin tomar en cuenta la opinión ciudadana. Los tres profundizaron más la ya de por si brecha que existía entre las llamadas clase política y la sociedad civil.
Pero los panistas no tuvieron los índices de reprobación social que hoy tiene Peña Nieto y que lo ponen como el peor gobernante desde José López Portillo, un presidente igualmente señalado por su corrupción, ineficacia y por la crisis que generó por sus yerros en la política económica.
Peña Nieto llegó a la presidencia en el 2012 con la esperanza de algunos sectores sociales, especialmente de los priistas, de mejorar la situación económica y enfrentar con éxito la inseguridad producto de la violencia generada por el crimen organizado y por la declaración de guerra lanzada por Calderón en el 2006. Llegó con la creencia de los priistas de que iniciaría una nueva era de gobierno tan larga como la que tuvieron antes de perder en el 2000.
Pero después de 45 meses de estar al frente del gobierno, Peña Nieto parece que está haciendo todo para que su partido vuelva a perder en la próxima elección presidencial.
No ha logrado disminuir la violencia sino que se mantiene en los mismos niveles del sexenio pasado con 80 mil personas muertas de manera dolosa y más de 30 mil desaparecidos. Tampoco ha disminuido la pobreza, ni la marginación, ni la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Tampoco pudo abatir la impunidad de la clase política y mucho menos la corrupción.
Todo lo contrario, Peña Nieto profundizó la desconfianza social al incumplir cada una de sus promesas y hacer pactos corruptos con empresarios y con miembros de su propio partido.
Pero sobre todo cometiendo errores trascendentales que seguramente impactarán en el país y en los planes del PRI de mantenerse en el poder presidencial.
Uno de estos errores fue el encuentro con Donald Trump que ha sido calificado por la mayoría como un error histórico y una traición. Es tan grave esta falla que ya comienza a tener repercusiones dentro del país y en la relación política con Estados Unidos. Muestra de ello es el rechazo de venir a México por parte de la candidata demócrata Hilary Clinton.
Gobierno de gazapos ha sido el de Peña Nieto que en menos de cuatro años terminó lo que tendría que ser un sexenio.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS
LINK: http://www.proceso.com.mx/454015/fin-anticipado-gobierno-gazapos
Aristóteles Núñez renuncia al SAT y Fernando Aportela a la subsecretaría de Hacienda
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aristóteles Núñez Sánchez renunció como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En un comunicado, el SAT informó que el funcionario tomó la decisión luego de que Luis Videgaray dejara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la información, en su renuncia, Núñez Sánchez afirmó que la institución “requerirá el liderazgo y visión renovada de un nuevo titular, así como la confianza y apoyo de quien ocupe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
En tanto, Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, también presentó este día su renuncia.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy que Luis Videgaray presentó su renuncia al cargo de secretario de Hacienda, y nombró a José Antonio Meade como nuevo titular.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454060/aristoteles-nunez-renuncia-al-sat-y-fernando-aportela-a-la-subsecretaria-de-hacienda
En un comunicado, el SAT informó que el funcionario tomó la decisión luego de que Luis Videgaray dejara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la información, en su renuncia, Núñez Sánchez afirmó que la institución “requerirá el liderazgo y visión renovada de un nuevo titular, así como la confianza y apoyo de quien ocupe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
En tanto, Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, también presentó este día su renuncia.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy que Luis Videgaray presentó su renuncia al cargo de secretario de Hacienda, y nombró a José Antonio Meade como nuevo titular.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454060/aristoteles-nunez-renuncia-al-sat-y-fernando-aportela-a-la-subsecretaria-de-hacienda
Cayó “el hombre fuerte del gabinete”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Videgaray Caso, considerado hasta hoy “el hombre fuerte del gabinete”, cayó al renunciar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde lo sustituirá José Antonio Meade Kuribreña.
Durante los cuatro años al frente de la SHCP, Videgaray no pudo repuntar el crecimiento económico, ni siquiera con las reformas estructurales, como prometía él y el presidente Peña Nieto.
Fue precisamente por su papel en las reformas, así como en la conducción del eje de gobierno “México Próspero”, que el mandatario federal le expresó agradecimiento institucional y personal por su desempeño.
En el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos –el mismo espacio donde hace una semana se recibió al republicano Donald Trump– Peña Nieto también anunció la designación del hasta hoy subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, al frente de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La salida de Videgaray Caso ocurre luego de que en días pasados diferentes versiones periodísticas lo señalaron responsable del fallido encuentro con el candidato estadunidense.
La fuerza de Videgaray en el gabinete era tal, que se consideraba uno de los peñanietistas a presidenciables, como también ocurre con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien estuvo presente hoy en Los Pinos durante el anuncio de cambios.
José Antonio Meade es el político en activo y del México moderno que más secretarías ha ocupado y, sin lugar a dudas, el más activo y transexenal desde la alternancia: ya había ocupado la SHCP en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón, un cargo al que llegó luego de ser titular de Energía. Con Peña Nieto, pasó a la Secretaria de Relaciones Exteriores y luego a la Sedesol… ahora de regreso a Hacienda.
Osorio, Videgaray, Peña, Meade y Miranda en Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga
Esto es, que en poco más de cinco años ha ocupado cinco secretarías de Estado.
Descendiente de una familia de políticos, su padre, Dionisio Meade, fue connotado priista en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando fue diputado federal y presidió la comisión en tiempos de aumento al IVA y Fobaproa, para luego recalar subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. Por vía materna, Meade también tiene abolengo: su tío abuelo fue Daniel Kuri Breña, uno de los fundadores del PAN en 1939.
Por su parte, el nuevo titular de Sedesol, Luis Enrique Miranda, es uno de los operadores políticos más cercanos a Peña Nieto, desde que éste fue gobernador del Estado de México.
Desde el arranque del sexenio, Miranda fue subsecretario de Gobernación y como tal, se le atribuyen diferentes episodios de negociación política, o bien, represión, como en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas o de la CNTE.
Los cambios anunciados hoy ocurren en medio de otra de las crisis del gobierno de Peña Nieto, tras un escándalo relacionado con un departamento en Miami, el presunto plagio de su tesis de licenciatura, y sobre todo, la invitación a Donald Trump que fue reprobada por la mayoría de los sectores políticos y ciudadanos.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454038/cayo-luis-videgaray-hombre-fuerte-del-gabinete
Durante los cuatro años al frente de la SHCP, Videgaray no pudo repuntar el crecimiento económico, ni siquiera con las reformas estructurales, como prometía él y el presidente Peña Nieto.
Fue precisamente por su papel en las reformas, así como en la conducción del eje de gobierno “México Próspero”, que el mandatario federal le expresó agradecimiento institucional y personal por su desempeño.
En el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos –el mismo espacio donde hace una semana se recibió al republicano Donald Trump– Peña Nieto también anunció la designación del hasta hoy subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, al frente de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La salida de Videgaray Caso ocurre luego de que en días pasados diferentes versiones periodísticas lo señalaron responsable del fallido encuentro con el candidato estadunidense.
La fuerza de Videgaray en el gabinete era tal, que se consideraba uno de los peñanietistas a presidenciables, como también ocurre con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien estuvo presente hoy en Los Pinos durante el anuncio de cambios.
José Antonio Meade es el político en activo y del México moderno que más secretarías ha ocupado y, sin lugar a dudas, el más activo y transexenal desde la alternancia: ya había ocupado la SHCP en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón, un cargo al que llegó luego de ser titular de Energía. Con Peña Nieto, pasó a la Secretaria de Relaciones Exteriores y luego a la Sedesol… ahora de regreso a Hacienda.
Osorio, Videgaray, Peña, Meade y Miranda en Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga
Esto es, que en poco más de cinco años ha ocupado cinco secretarías de Estado.
Descendiente de una familia de políticos, su padre, Dionisio Meade, fue connotado priista en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando fue diputado federal y presidió la comisión en tiempos de aumento al IVA y Fobaproa, para luego recalar subsecretario de Gobernación con Vicente Fox. Por vía materna, Meade también tiene abolengo: su tío abuelo fue Daniel Kuri Breña, uno de los fundadores del PAN en 1939.
Por su parte, el nuevo titular de Sedesol, Luis Enrique Miranda, es uno de los operadores políticos más cercanos a Peña Nieto, desde que éste fue gobernador del Estado de México.
Desde el arranque del sexenio, Miranda fue subsecretario de Gobernación y como tal, se le atribuyen diferentes episodios de negociación política, o bien, represión, como en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas o de la CNTE.
Los cambios anunciados hoy ocurren en medio de otra de las crisis del gobierno de Peña Nieto, tras un escándalo relacionado con un departamento en Miami, el presunto plagio de su tesis de licenciatura, y sobre todo, la invitación a Donald Trump que fue reprobada por la mayoría de los sectores políticos y ciudadanos.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454038/cayo-luis-videgaray-hombre-fuerte-del-gabinete
En alerta defensores de la tierra ante criminalización de quienes defienden el Bosque de Nixticul en Zapopan, Jalisco
Ciudad de México | Desinformémonos. La inmobiliaria Spinelli Corporation demandó por la vía penal y civil a quienes conforman el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil en Zapopan, Jalisco.
https://soundcloud.com/user-514678347/whatsapp-audio-2016-09-06-at-132739
Las y los defensores del bosque son acusados de extorsión y chantaje. La demanda pone en alerta a defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, ante cualquier posible acto de detención ilegal contra los defensores del medio ambiente.
https://soundcloud.com/user-514678347/mario-luna-defensor-del-pueblo-yaqui
Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; Mario Luna, defensor del Pueblo Yaqui; Claudia Zenteno, defensora ambientalista de Xochimilco y Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) desde diversas regiones de nuestro país exigen a las autoridades estatales y federales el cese de las agresiones contra los ambientalistas de Zapopan y manifiestan su solidaridad para prevenir cualquier acto de represión.
https://soundcloud.com/user-514678347/claudia-zentenodefensora-ambientalista-de-xochimilco
En el mes de febrero de 2015 la inmobiliaria Spinelli Corporation devastó un área forestal colindante con el área natural protegida del Bosque Nixticuil, esto en colusión con la administración municipal priísta de Héctor Robles Peiro, acción que la organización identificó como una injusticia donde se sobreponen los intereses económicos de la élite ante el derecho común al ambiente sano y del derecho a la vida.
https://soundcloud.com/user-514678347/omar-esparzamovimiento-agrario-indigena-zapatista-maiz
La demanda contra el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil fue hecha pública por la empresa el pasado 30 de agosto.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-alerta-defensores-de-la-tierra-ante-criminalizacion-de-quienes-defienden-el-bosque-de-nixticul-en-zapopan-jalisco/
https://soundcloud.com/user-514678347/whatsapp-audio-2016-09-06-at-132739
Las y los defensores del bosque son acusados de extorsión y chantaje. La demanda pone en alerta a defensoras y defensores de la tierra y el territorio en México, ante cualquier posible acto de detención ilegal contra los defensores del medio ambiente.
https://soundcloud.com/user-514678347/mario-luna-defensor-del-pueblo-yaqui
Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; Mario Luna, defensor del Pueblo Yaqui; Claudia Zenteno, defensora ambientalista de Xochimilco y Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) desde diversas regiones de nuestro país exigen a las autoridades estatales y federales el cese de las agresiones contra los ambientalistas de Zapopan y manifiestan su solidaridad para prevenir cualquier acto de represión.
https://soundcloud.com/user-514678347/claudia-zentenodefensora-ambientalista-de-xochimilco
En el mes de febrero de 2015 la inmobiliaria Spinelli Corporation devastó un área forestal colindante con el área natural protegida del Bosque Nixticuil, esto en colusión con la administración municipal priísta de Héctor Robles Peiro, acción que la organización identificó como una injusticia donde se sobreponen los intereses económicos de la élite ante el derecho común al ambiente sano y del derecho a la vida.
https://soundcloud.com/user-514678347/omar-esparzamovimiento-agrario-indigena-zapatista-maiz
La demanda contra el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil fue hecha pública por la empresa el pasado 30 de agosto.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
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Localizan a joven migrante Maximiliano Gordillo, a 4 meses de ser detenido por autoridades migratorias
Localizan a Maximiliano Gordillo Martínez, migrante chiapaneco desaparecido el 7 de mayo de 2016 en un retén migratorio permanente, establecido en Chablé, en los límites de Tabasco y Campeche por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal.
Al momento de ser desaparecido y en estos casi cuatro meses de no saber de su paradero, “sufrió violaciones a sus derechos humanos a las que se les dará seguimiento una vez que pase por un periodo de fortalecimiento emocional y espiritual”, así lo informó a Desinformémonos Miguel Ángel Pérez integrante de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, organizaciones civiles de derechos humanos que acompañan a la familia Gordillo Martínez, explicaron que “lo vivido por Maximiliano revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países, durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país”, y al mismo tiempo reconocieron que el caso “recuerda” que “la exigencia y realización de la verdad, la justicia y la reparación integral implican a una sociedad civil consciente y movilizada”.
Sobre los “delitos y graves violaciones a derechos humanos” enfrentados por Maximiliano desde el día de su detención y hasta su localización el pasado 29 de agosto, explicaron que son “responsabilidad del Estado mexicano”, y que mientras la familia se encuentra en un proceso de “fortalecimiento”, las organizaciones que acompañan el caso continúan la “documentación y análisis del caso para definir los términos del seguimiento, informaron al mismo que tiempo que solicitaron “sensibilidad y respeto a los procesos de sanación y fortalecimiento, como formas concretas de expresar la solidaridad”.
Sin dar más detalles sobre la localización de Maximiliano, agradecieron también al “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y a todas las personas, colectivos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil en México y en otras partes del mundo”, quienes, dijeron, respondieron a través de diferentes modos y se “implicaron activamente” a los llamados que se hicieron para lograr la presentación con vida del joven migrante.
Agradecieron “la fraternidad y solidaridad nacional e internacional” para el proceso de búsqueda y exigencia de investigación y animaron a las y los familiares de las “miles de personas desaparecidas en México” a “no desfallecer ante la insensibilidad e ineficacia de los mecanismos de administración y procuración de la justicia, y la impunidad que perpetúa las violaciones a los derechos humanos. Nos unimos a ellas y ellos para alentar su esperanza en los procesos de organización colectiva y lucha por la verdad y la justicia” finalizaron.
Maximiliano Gordillo Martínez salió, junto a un amigo, por primera vez de su comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango, en Chiapas, para buscar, “como es costumbre entre los jóvenes de ahí”, mejores oportunidades laborales y por ende económicas, narró a Desinformémonos, Mario Alberto Ortega Gutiérrez, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Cuando se dirigía con un amigo a Playa del Carmen fue detenido en un retén migratorio permanente, establecido en Chablé, en los límites de Tabasco y Campeche por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal de Tabasco. Fue bajado del autobús que los transportaba bajo el argumento de que parecía “migrante” basándose en sus rasgos y color de piel. El amigo de Maximiliano testificó que otras seis personas fueron bajadas del vehículo y que dentro de la oficina de Migración había al menos otras 20 personas.
Gordillo Martínez tenía 18 años al momento de ser detenido por migración, por lo que aún no contaba con credencial de elector, sin embargo, contaba con Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento para demostrar que era ciudadano mexicano y a pesar de esto, fue retenido por las autoridades migratorias quienes dieron más peso a los estereotipos bajo los que deciden y no la documentación que acredita en México la nacionalidad.
Después de varios días en que la familia no tuvo noticias de que Maximiliano fuera liberado, en tanto que no cometió ningún delito como ciudadano mexicano, decidieron contactar a una parroquia quien a su vez contactó a personal del CDH Fray Bartolomé de las Casas para emprender la búsqueda del joven así como la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que denuncian, ha sido lenta.
Desde entonces organizaciones que defienden los derechos humanos y en particular los de las personas migrantes, emprendieron una campaña de búsqueda así como de exigencia de justicia por el actuar de las autoridades que en su momento señalaron por “dilaciones”, hoy Maximiliano se encuentra con bien y cerca de sus familiares y el seguimiento será informado en los próximos días por las organizaciones, así lo aclararon.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/localizan-a-joven-migrante-maximiliano-gordillo-a-4-meses-de-ser-detenido-por-autoridades-migratorias/
Al momento de ser desaparecido y en estos casi cuatro meses de no saber de su paradero, “sufrió violaciones a sus derechos humanos a las que se les dará seguimiento una vez que pase por un periodo de fortalecimiento emocional y espiritual”, así lo informó a Desinformémonos Miguel Ángel Pérez integrante de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes y La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, organizaciones civiles de derechos humanos que acompañan a la familia Gordillo Martínez, explicaron que “lo vivido por Maximiliano revela la magnitud de la violencia estructural, institucional y social que sufren las personas mexicanas y provenientes de otros países, durante sus traslados y destinos migratorios al interior de nuestro país”, y al mismo tiempo reconocieron que el caso “recuerda” que “la exigencia y realización de la verdad, la justicia y la reparación integral implican a una sociedad civil consciente y movilizada”.
Sobre los “delitos y graves violaciones a derechos humanos” enfrentados por Maximiliano desde el día de su detención y hasta su localización el pasado 29 de agosto, explicaron que son “responsabilidad del Estado mexicano”, y que mientras la familia se encuentra en un proceso de “fortalecimiento”, las organizaciones que acompañan el caso continúan la “documentación y análisis del caso para definir los términos del seguimiento, informaron al mismo que tiempo que solicitaron “sensibilidad y respeto a los procesos de sanación y fortalecimiento, como formas concretas de expresar la solidaridad”.
Sin dar más detalles sobre la localización de Maximiliano, agradecieron también al “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y a todas las personas, colectivos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil en México y en otras partes del mundo”, quienes, dijeron, respondieron a través de diferentes modos y se “implicaron activamente” a los llamados que se hicieron para lograr la presentación con vida del joven migrante.
Agradecieron “la fraternidad y solidaridad nacional e internacional” para el proceso de búsqueda y exigencia de investigación y animaron a las y los familiares de las “miles de personas desaparecidas en México” a “no desfallecer ante la insensibilidad e ineficacia de los mecanismos de administración y procuración de la justicia, y la impunidad que perpetúa las violaciones a los derechos humanos. Nos unimos a ellas y ellos para alentar su esperanza en los procesos de organización colectiva y lucha por la verdad y la justicia” finalizaron.
Maximiliano Gordillo Martínez salió, junto a un amigo, por primera vez de su comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango, en Chiapas, para buscar, “como es costumbre entre los jóvenes de ahí”, mejores oportunidades laborales y por ende económicas, narró a Desinformémonos, Mario Alberto Ortega Gutiérrez, abogado integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Cuando se dirigía con un amigo a Playa del Carmen fue detenido en un retén migratorio permanente, establecido en Chablé, en los límites de Tabasco y Campeche por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía estatal de Tabasco. Fue bajado del autobús que los transportaba bajo el argumento de que parecía “migrante” basándose en sus rasgos y color de piel. El amigo de Maximiliano testificó que otras seis personas fueron bajadas del vehículo y que dentro de la oficina de Migración había al menos otras 20 personas.
Gordillo Martínez tenía 18 años al momento de ser detenido por migración, por lo que aún no contaba con credencial de elector, sin embargo, contaba con Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento para demostrar que era ciudadano mexicano y a pesar de esto, fue retenido por las autoridades migratorias quienes dieron más peso a los estereotipos bajo los que deciden y no la documentación que acredita en México la nacionalidad.
Después de varios días en que la familia no tuvo noticias de que Maximiliano fuera liberado, en tanto que no cometió ningún delito como ciudadano mexicano, decidieron contactar a una parroquia quien a su vez contactó a personal del CDH Fray Bartolomé de las Casas para emprender la búsqueda del joven así como la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que denuncian, ha sido lenta.
Desde entonces organizaciones que defienden los derechos humanos y en particular los de las personas migrantes, emprendieron una campaña de búsqueda así como de exigencia de justicia por el actuar de las autoridades que en su momento señalaron por “dilaciones”, hoy Maximiliano se encuentra con bien y cerca de sus familiares y el seguimiento será informado en los próximos días por las organizaciones, así lo aclararon.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/localizan-a-joven-migrante-maximiliano-gordillo-a-4-meses-de-ser-detenido-por-autoridades-migratorias/
Los Pueblos Indígenas del México contemporáneo: entre la resistencia organizada y la exclusión-discriminación estructural
Aunque la Constitución lo dice, en este país, las autoridades, el gobierno pues, no nos tratan igual a todos. Mire no más como a unos nos tratan mal y nos niegan los derechos y todo por el color de nuestra piel, por cómo vivimos y porque no tenemos dinero. Nos discriminan por cómo nos vemos, por la forma en que hablamos y nos vestimos; no nos respetan nuestras costumbres ni nuestras creencias. A las autoridades de a tiro no les interesamos. Bien sabemos nosotros que esto no es de hoy, viene de muy atrás. Pero nosotros estamos claros, hemos visto sufrir mucho a nuestros padres y abuelos, hemos visto mucho dolor y mucha sangre. Por eso sabemos que hay que organizarnos y defender nuestras tierras, que nadie más lo va hacer.
Anselmo Sánchez, campesino e indígena chiapaneco.
Contrastes de un país racista, la discriminación como política de la vida cotidiana
Hace unas semanas, el nueve de agosto se conmemoró el día internacional de los Pueblos Indígenas y, en nuestro país, fue sólo la reiteración de que, en el contexto de una exclusión y un racismo casi omnipresente y crónico, los grupos indígenas están muy lejos de ser tratados como ciudadanos con acceso pleno a sus derechos y de ser reconocidos, respetados y valorados en su diversidad sociocultural. En el México actual se calcula que hay aproximadamente cerca de 16 millones de personas que forman parte de los pueblos originarios [1] y de estos, casi 7 millones y medio hablan alguna lengua indígena [2]. Los indígenas, a pesar de que están presentes en gran parte del territorio nacional, tienen mayor presencia en el suroeste del país –donde se presentan altos índices de desigualdad-, en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz entre otros [3]. El rostro de estos pueblos refleja dos procesos contradictorios y opuestos, pero relacionados entre sí.
Por un lado, una discriminación y marginación histórica y generalizada hacia los indígenas -por el color de su piel y sus formas de vida y costumbres- de parte de otros grupos socioeconómicos y de no pocas autoridades gubernamentales –municipales, estatales y federales-. Dentro de los indígenas están los grupos que padecen las peores condiciones de vida a nivel nacional. Pese a lo que dice la ley, en México el Estado trata de manera diferenciada a los ciudadanos.
Por otra parte, dentro de estos colectivos indígenas se han dado también algunos de los más relevantes procesos de organización social (autonómica) y de defensa del territorio frente a los procesos de despojo por parte de las mineras, las empresas de los parques eólicos y otros megaproyectos de la iniciativa privada y el Estado; experiencias colectivas que proponen formas de vida y convivencia mucho más incluyentes y menos agresivas con la naturaleza, que no se basan en la generación de riquezas que sólo benefician a unos cuentos y, paralelamente, producen una acentuada inequidad y pobreza. Con esto, los pueblos indígenas han mostrado su capacidad de acción social y su papel como actores políticos de primera línea.
La exclusión histórico-estructural como política de facto hacia los indígenas
En el país la ausencia sistemática y constante de los derechos –sociales, políticos y económicos- de carácter constitucional tiene preferentemente rostro indígena. En los pueblos indígenas se concentra la pobreza y se encuentran los niveles más bajos de salud, educación e ingreso; en términos generales, ellos son el grupo de la población con mayores obstáculos para conseguir movilidad socioeconómica y tener acceso efectivo a una vida digna. De hecho, según datos oficiales del INEGI, el 70% de los hablantes de lenguas indígenas viven en pobreza, además el 57.7 % de los hombres indígenas y 45.3 % de las mujeres de dichos pueblos no tienen acceso a ningún servicio médico [4]; para inicios de la presente década, en estos grupos se presentaban los mayores índices de mortalidad infantil y materna a nivel nacional, así como la menor esperanza de vida del país [5].
En la educación el panorama no es más halagador, el promedio de educación entre los grupos indígenas es de poco menos de seis años –lo cual apenas coincide con la primaría-, mientras la media nacional de la población no indígena es de poco más de nueve años –y remite a tener terminada la secundaría-. Además, los porcentajes de mayor analfabetismo y menor escolaridad se concentran particularmente en las mujeres y niñas indígenas [6] –que, entre los excluidos, son las más marginadas y vulnerables-.
En lo concerniente a la ocupación laboral, los grupos indígenas se distinguen por bajos salarios y la preponderancia del trabajo manual “no calificado”, casi cuatro de cada diez son empleados y/o obreros, aproximadamente 30 % trabaja por su cuenta y poco menos del 12 % son jornaleros agrícolas [7] –y padecen una de las situaciones laborales más abusivas, ilegales e inseguras del país-. Ante el adverso escenario de sus lugares origen y su situación de vida, son además de los grupos con mayor propensión a migrar –principalmente al interior del país-. Además, por el tipo de perfil laboral que tienen, gran parte de ellos carecen de las prestaciones de ley y los derechos laborales indispensables. A este panorama, habría que añadir el despojo de los territorios al que se ven sujetos no pocos de los grupos indígenas con miras a que, con la iniciativa y complicidad del Estado y diversas autoridades gubernamentales, empresarios y corporativos nacionales y multinacionales obtengan recursos naturales a fin de incrementar sus ganancias [8] [9].
Más allá de una perspectiva de victimización e infantilización de los indígenas, es preciso apuntar que, sin negar la complejidad de las situaciones socioeconómicas y políticas del país, la falta estructural del ejercicio de los derechos sociales –de educación, salud, trabajo y acceso efectivo al uso y disfrute de la tierra- consignados en la Constitución es responsabilidad primordial del Estado. Por omisión o deliberadamente, las instituciones oficiales han contribuido de manera importante en la forma en cómo se han producido y reproducido las políticas y relaciones de exclusión y discriminación hacía los grupos indígenas. En este tenor es conveniente recordar que, el ejercicio cabal e irrestricto de la ley –que garantizará una vida digna y justa a todos los ciudadanos sin importar su pertenencia étnica y su origen socioeconómico-, es el deber fundamental de las autoridades gubernamentales.
Organización y resistencia, el otro rostro de los pueblos indígenas
No obstante, también entre los indígenas se han conformado diversos grupos y organizaciones que, desde las más variadas experiencias y con múltiples estrategias y programas de acción que se han nutrido de sus diversas formas de resistencia y hacer política, han defendido y conservan sus territorios y sus modos de vida –caracterizados por una seria de normas orientadas al bien común y la reproducción de la comunidad, así como por complejas relaciones de valoración y uso respetuoso del medio ambiente y la naturaleza-. Estos sectores de los grupos indígenas han descubierto formas de reproducir la vida social que no se basan, ni en el deterioro del entorno, ni en contribuir a los procesos desiguales de desarrollo socio-económico que sólo acrecientan las riquezas y ganancias de los grupos de poder económico y político.
En este tenor, se encuentran desde experiencias colectivas que se dirigen hacía la realización y práctica de la autonomía y formas propias de organización social –como los zapatistas y sus municipios autónomos y juntas de buen gobierno, el caso del pueblo de Cherán, la policía comunitaria de Guerrero, entre muchos otros-, hasta la amplia gama de movimientos sociales en defensa del territorio y frente al despojo que suponen los megaproyectos extractivos –nacionales e internacionales- a lo largo del país – entre muchas otras luchas están los wirarika y su defensa de wirikuta contra la minería, los yaquis y su oposición al acueducto independencia, los pueblos del Istmo oaxaqueño frente a los parques eólicos, la resistencia de los indígenas del Valle del Mezquital frente a las cementaras y la minería [ ]-. De manera cotidiana y desde sus propias formas de vida y de relaciones con el mundo y la sociedad, los grupos indígenas, al afirmar sus especificidades socioculturales y el valor de su diversidad mediante sus prácticas organizativas, se erigen y asumen su papel como actores políticos que participan activamente en la construcción de una sociedad que, en la medida que es más justa e incluyente, es menos desigual y no se funda en la discriminación como relación implícita del orden de la vida social.
Bibliografía
[1] “Desalentador; el programa educativo de los indígenas”, Gaceta UNAM, 11 agosto 2016.
[2] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[3] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[4] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[5] Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD-CDI, México, 2010.
[6] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[7] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[8] “CNDH insta al gobierno a consultar con los pueblos indígenas”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[9] Megaproyectos en México, un lectura crítica, UNAM-Ítaca, 2016.
[10] Megaproyectos en México, un lectura crítica, UNAM-Ítaca, 2016.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: GUILLERMO CASTILLO
LINK: https://desinformemonos.org/los-pueblos-indigenas-del-mexico-contemporaneo-entre-la-resistencia-organizada-y-la-exclusion-discriminacion-estructural/
Anselmo Sánchez, campesino e indígena chiapaneco.
Contrastes de un país racista, la discriminación como política de la vida cotidiana
Hace unas semanas, el nueve de agosto se conmemoró el día internacional de los Pueblos Indígenas y, en nuestro país, fue sólo la reiteración de que, en el contexto de una exclusión y un racismo casi omnipresente y crónico, los grupos indígenas están muy lejos de ser tratados como ciudadanos con acceso pleno a sus derechos y de ser reconocidos, respetados y valorados en su diversidad sociocultural. En el México actual se calcula que hay aproximadamente cerca de 16 millones de personas que forman parte de los pueblos originarios [1] y de estos, casi 7 millones y medio hablan alguna lengua indígena [2]. Los indígenas, a pesar de que están presentes en gran parte del territorio nacional, tienen mayor presencia en el suroeste del país –donde se presentan altos índices de desigualdad-, en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz entre otros [3]. El rostro de estos pueblos refleja dos procesos contradictorios y opuestos, pero relacionados entre sí.
Por un lado, una discriminación y marginación histórica y generalizada hacia los indígenas -por el color de su piel y sus formas de vida y costumbres- de parte de otros grupos socioeconómicos y de no pocas autoridades gubernamentales –municipales, estatales y federales-. Dentro de los indígenas están los grupos que padecen las peores condiciones de vida a nivel nacional. Pese a lo que dice la ley, en México el Estado trata de manera diferenciada a los ciudadanos.
Por otra parte, dentro de estos colectivos indígenas se han dado también algunos de los más relevantes procesos de organización social (autonómica) y de defensa del territorio frente a los procesos de despojo por parte de las mineras, las empresas de los parques eólicos y otros megaproyectos de la iniciativa privada y el Estado; experiencias colectivas que proponen formas de vida y convivencia mucho más incluyentes y menos agresivas con la naturaleza, que no se basan en la generación de riquezas que sólo benefician a unos cuentos y, paralelamente, producen una acentuada inequidad y pobreza. Con esto, los pueblos indígenas han mostrado su capacidad de acción social y su papel como actores políticos de primera línea.
La exclusión histórico-estructural como política de facto hacia los indígenas
En el país la ausencia sistemática y constante de los derechos –sociales, políticos y económicos- de carácter constitucional tiene preferentemente rostro indígena. En los pueblos indígenas se concentra la pobreza y se encuentran los niveles más bajos de salud, educación e ingreso; en términos generales, ellos son el grupo de la población con mayores obstáculos para conseguir movilidad socioeconómica y tener acceso efectivo a una vida digna. De hecho, según datos oficiales del INEGI, el 70% de los hablantes de lenguas indígenas viven en pobreza, además el 57.7 % de los hombres indígenas y 45.3 % de las mujeres de dichos pueblos no tienen acceso a ningún servicio médico [4]; para inicios de la presente década, en estos grupos se presentaban los mayores índices de mortalidad infantil y materna a nivel nacional, así como la menor esperanza de vida del país [5].
En la educación el panorama no es más halagador, el promedio de educación entre los grupos indígenas es de poco menos de seis años –lo cual apenas coincide con la primaría-, mientras la media nacional de la población no indígena es de poco más de nueve años –y remite a tener terminada la secundaría-. Además, los porcentajes de mayor analfabetismo y menor escolaridad se concentran particularmente en las mujeres y niñas indígenas [6] –que, entre los excluidos, son las más marginadas y vulnerables-.
En lo concerniente a la ocupación laboral, los grupos indígenas se distinguen por bajos salarios y la preponderancia del trabajo manual “no calificado”, casi cuatro de cada diez son empleados y/o obreros, aproximadamente 30 % trabaja por su cuenta y poco menos del 12 % son jornaleros agrícolas [7] –y padecen una de las situaciones laborales más abusivas, ilegales e inseguras del país-. Ante el adverso escenario de sus lugares origen y su situación de vida, son además de los grupos con mayor propensión a migrar –principalmente al interior del país-. Además, por el tipo de perfil laboral que tienen, gran parte de ellos carecen de las prestaciones de ley y los derechos laborales indispensables. A este panorama, habría que añadir el despojo de los territorios al que se ven sujetos no pocos de los grupos indígenas con miras a que, con la iniciativa y complicidad del Estado y diversas autoridades gubernamentales, empresarios y corporativos nacionales y multinacionales obtengan recursos naturales a fin de incrementar sus ganancias [8] [9].
Más allá de una perspectiva de victimización e infantilización de los indígenas, es preciso apuntar que, sin negar la complejidad de las situaciones socioeconómicas y políticas del país, la falta estructural del ejercicio de los derechos sociales –de educación, salud, trabajo y acceso efectivo al uso y disfrute de la tierra- consignados en la Constitución es responsabilidad primordial del Estado. Por omisión o deliberadamente, las instituciones oficiales han contribuido de manera importante en la forma en cómo se han producido y reproducido las políticas y relaciones de exclusión y discriminación hacía los grupos indígenas. En este tenor es conveniente recordar que, el ejercicio cabal e irrestricto de la ley –que garantizará una vida digna y justa a todos los ciudadanos sin importar su pertenencia étnica y su origen socioeconómico-, es el deber fundamental de las autoridades gubernamentales.
Organización y resistencia, el otro rostro de los pueblos indígenas
No obstante, también entre los indígenas se han conformado diversos grupos y organizaciones que, desde las más variadas experiencias y con múltiples estrategias y programas de acción que se han nutrido de sus diversas formas de resistencia y hacer política, han defendido y conservan sus territorios y sus modos de vida –caracterizados por una seria de normas orientadas al bien común y la reproducción de la comunidad, así como por complejas relaciones de valoración y uso respetuoso del medio ambiente y la naturaleza-. Estos sectores de los grupos indígenas han descubierto formas de reproducir la vida social que no se basan, ni en el deterioro del entorno, ni en contribuir a los procesos desiguales de desarrollo socio-económico que sólo acrecientan las riquezas y ganancias de los grupos de poder económico y político.
En este tenor, se encuentran desde experiencias colectivas que se dirigen hacía la realización y práctica de la autonomía y formas propias de organización social –como los zapatistas y sus municipios autónomos y juntas de buen gobierno, el caso del pueblo de Cherán, la policía comunitaria de Guerrero, entre muchos otros-, hasta la amplia gama de movimientos sociales en defensa del territorio y frente al despojo que suponen los megaproyectos extractivos –nacionales e internacionales- a lo largo del país – entre muchas otras luchas están los wirarika y su defensa de wirikuta contra la minería, los yaquis y su oposición al acueducto independencia, los pueblos del Istmo oaxaqueño frente a los parques eólicos, la resistencia de los indígenas del Valle del Mezquital frente a las cementaras y la minería [ ]-. De manera cotidiana y desde sus propias formas de vida y de relaciones con el mundo y la sociedad, los grupos indígenas, al afirmar sus especificidades socioculturales y el valor de su diversidad mediante sus prácticas organizativas, se erigen y asumen su papel como actores políticos que participan activamente en la construcción de una sociedad que, en la medida que es más justa e incluyente, es menos desigual y no se funda en la discriminación como relación implícita del orden de la vida social.
Bibliografía
[1] “Desalentador; el programa educativo de los indígenas”, Gaceta UNAM, 11 agosto 2016.
[2] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[3] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[4] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[5] Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. PNUD-CDI, México, 2010.
[6] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[7] “Viven en pobreza siete de cada 10 hablantes de lenguas originarias”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[8] “CNDH insta al gobierno a consultar con los pueblos indígenas”, La Jornada, 9 agosto 2016.
[9] Megaproyectos en México, un lectura crítica, UNAM-Ítaca, 2016.
[10] Megaproyectos en México, un lectura crítica, UNAM-Ítaca, 2016.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: GUILLERMO CASTILLO
LINK: https://desinformemonos.org/los-pueblos-indigenas-del-mexico-contemporaneo-entre-la-resistencia-organizada-y-la-exclusion-discriminacion-estructural/
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