¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?
La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.
El caso en México de la revista ‘Fortuna’
En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.
El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.
Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.
Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.
La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno.
“Google no quiere el rol de censor de la red”
Los puntos no tranquilizaron a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La oficina en México de Artículo 19 denuncia que aunque no se elimine la nota original, el acto de suprimir los enlaces provoca un daño al medio de comunicación, puesto que deja de recibir tráfico a su nota, y supone “un claro acto de censura”.
“Para nosotros, el mal llamado ‘derecho al olvido’ en un concepto regresivo para la libertad de expresión -subraya Paulina Gutiérrez, abogada integrante de Artículo 19-, puesto que a partir de una interpretación errónea de la ley de protección de datos personales, se valida un mecanismo que sirve para censurar información”.
El punto sobre la ‘relevancia’ de la información es la otra gran polémica.
La resolución europea establece que cuando la ciudadanía solicite eliminar un link, los buscadores deberán ponderar “caso por caso” si la información publicada es aún relevante o no, y si por tanto el enlace se elimina o no. Una decisión “muy grave”, en opinión de la jefa de políticas públicas de Google México, Lina Ornelas, puesto que deja en manos de una empresa privada la facultad de impartir justicia.
“Intervenir en las notas periodísticas que Google debe o no buscar puede pegarle a la neutralidad de la Red, y nos parece que es un acto de censura previa y de privatización de la justicia, porque al final del día es una empresa la que determina a qué información tenemos derecho a acceder y a cuál no. Y nosotros no queremos ese rol de censores”, recalca Ornelas.
En este sentido, la especialista de Google señala que hay “excepciones” para eliminar links en México y en cualquier otro país, aunque se trata de casos muy claros como pornografía infantil, cuando se publican datos personales como el pasaporte, el IFE, o grupo sanguíneo, o cuando hay una violación a los derechos de autor.
“Si hay un ilícito, no hay interpretación posible: se elimina el enlace. El problema es que la sentencia europea dice que no debemos desindexar –eliminar- los enlaces a notas que sean de interés público y relevante. Pero esto es algo muy subjetivo y ahí está el peligro, porque lo que puede ser de interés para Google, para otra persona puede que no lo sea, y viceversa”.
Derecho a la rectificación, sí; borrado, no
Para evitar esto, el director de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando Garza, recuerda que en el caso de México la ley ya reconoce mecanismos para limitar la libertad de expresión cuando se producen abusos, como la demanda por daño moral, u otras medidas como el derecho a rectificación o el derecho de réplica.
“Por ejemplo, si el empresario Carlos Sánchez cree que la nota de Fortuna daña su imagen de manera ilegítima, pues que demande a la revista o que le pida una rectificación –plantea Garza-. Y entonces será responsabilidad del medio analizar si rectifica. Pero será una decisión del medio, que es el responsable de la información, y no de un tercero como Google”.
Lina Ornelas trae a colación otro ejemplo de un caso real en Colombia. En aquel caso, una ciudadana pidió a Google que eliminara los links a las búsquedas que la relacionaban con una investigación de trata de personas, misma que prescribió y de la que no fue hallada culpable.
“La diferencia es que la justicia colombiana, en lugar de pedirle a Google que desindexara los enlaces (como hizo en México el INAI en el caso del empresario Carlos Sánchez) le ordena al medio que aclare en otra nota que el delito prescribió. Es decir, no borra la verdad sobre que una ciudadana estuvo mencionada en este caso, sino que aclara que no es culpable”.
De esta manera, para Ornelas la justicia sí garantiza una protección integral a la afectada, porque en la resolución europea solo le pide al buscador que elimine los links, pero la nota sigue apareciendo en el sitio original, lo cual puede continuar generando afectaciones a la persona.
En definitiva, para la directora de políticas públicas de Google existen “otros mecanismos mucho más eficaces”, que el borrado de la información para proteger a los ciudadanos. No obstante, coincide con los activistas de Artículo 19 y de la R3D en que “se está malinterpretando” el llamado ‘derecho al olvido en internet’, para permitir a personas “borrar un pasado ominoso en la Red”. Una situación, critica, que está generando que empresas vean en este ‘derecho’ una jugosa oportunidad de negocio.
“Borramos tu pasado en Internet desde 60 mil pesos”
Eliminalia, una empresa española que aterrizó en México en 2015 con el lema ‘Borramos tu pasado’, es una de esas compañías.
“Borrar tu nombre y apellidos de internet y sus buscadores es posible –reza uno de sus reclamos publicitarios-. En Eliminalia nos dedicamos a borrar su pasado, porque usted también tiene derecho al olvido”.
Dídac Sánchez es el fundador de esta compañía que, según el joven empresario, tiene un volumen de 400 clientes mensuales entre políticos, personas de negocios, ciudadanos, “y alguna compañía de electricidad y suministros”. Un grupo heterogéneo de clientes que paga cifras que van desde los 3 mil euros “si eres un ciudadano anónimo” (60 mil pesos aproximadamente), hasta los 20-30 mil “si eres un personaje público” (400-600 mil pesos), o incluso hasta los 100 mil “si eres un personaje muy público” (2 millones de pesos).
“El derecho al olvido en internet es un derecho que merece todo el mundo”, plantea Sánchez nada más arrancar la plática vía Skype para, a continuación, exponer un ejemplo con el que argumenta su afirmación.
“Imaginemos que hablan de mí en un diario. Y esa información puede ser veraz o no. Pero durante todo el tiempo en el que un juez lo decide, la información está en la Red. Pero ojo, incluso aunque el juez me diera la razón, tampoco tendría el derecho de eliminar la información. Entonces –se pregunta el empresario-, ¿para qué me sirve que la Justicia me dé la razón si voy a seguir condenado en los medios toda mi vida?”.
Por ello, Sánchez muestra a su compañía como el resultado de la necesidad en México de hacer lo que el INAI, a la fecha, no ha conseguido hacer: “satisfacer al ciudadano que quiere salir de Internet”.
“Cuando el río suena…”
Sobre las herramientas planteadas por Google y la R3D para solicitar mecanismos de reparación que rectifiquen una información sin borrar los enlaces, el fundador de Eliminalia opina que éstas no son suficientes: “El cliente no quiere que la noticia que lo perjudica se alimente de más noticia, sino que su nombre deje de estar relacionado a esa noticia”.
“Además –agrega- Sánchez-, hay una expresión que dice que ‘cuando el río suena, agua lleva’ . Y si durante un año un medio ha publicado que yo era un violador, ¿de qué me sirve que de forma puntual ese medio, de otros 200 que ya habrán replicado la nota, diga ahora que las acusaciones no eran ciertas? No sirve de nada, porque el daño va continuar”.
Por otra parte, se le cuestionó sobre las acusaciones que organizaciones civiles vierten sobre su compañía, acerca de que ésta defiende a personajes corruptos llevando a cabo prácticas agresivas, como asistir a medios de comunicación para advertir que deben bajar tal información sobre un cliente so pena de iniciar una demanda.
“Nuestro targeting en México es un cliente que ha tenido roces con su Gobierno, pero no tiene por qué ser un cliente corrupto, sino un cliente con un perfil público. En cualquier caso –matiza el empresario-, Eliminalia no es un juzgado. No somos fiscales, ni la policía. Somos una compañía que nos dedicamos a eliminar contenido en Internet, y defendemos los intereses de cualquier cliente, independientemente de si es político o no, y de si gusta o no a los medios”.
-¿Aunque sea un político con acusaciones de corrupción? –se le insiste, a lo que Sánchez contesta muy puntual:
-Creemos que todas las personas tienen el derecho al olvido en Internet, sin importar qué es lo que hizo durante su vida profesional.
Epílogo: anulan resolución en México sobre ‘derecho al olvido’
El pasado 24 de agosto, el debate sobre el ‘derecho al olvido en Internet’ escribió un nuevo capítulo en México. Ese día, un tribunal colegiado concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, representada legalmente por la R3D, en contra del INAI. Con esta decisión, se anuló la orden que giró el INAI a Google México en enero de 2015 para remover un enlace a la nota periodística de esta revista.
Aunque para la R3D esta decisión es un triunfo frente al ‘derecho al olvido’, la comisionada del INAI Patricia Cursain matiza que la decisión de la justicia significa que el procedimiento de protección de derechos del empresario Carlos Sánchez deberá reiniciarse. Solo que en esta ocasión están obligados a llamar a la revista Fortuna, ya que en la resolución de 2015 la excluyeron del proceso.
“El juez no consideró si la decisión del INAI (de ordenar a Google eliminar los links a la nota de Fortuna) es una decisión que debemos cambiar. No, lo que el juez dijo fue: ‘no escuchaste a un tercero (revista Fortuna) que tenía derecho a audiencia y por lo tanto debes llamarlo y repetir todo el proceso”, explica la comisionada, quien recalca que una vez que analicen de nuevo todos los argumentos, incluidos los de la revista, “volveremos a emitir un resolución, y ésta puede ser en el mismo sentido de la primera (cuando ordenaron retirar los links), o a lo mejor puede cambiar. Pero eso aún no lo sabemos”.
En otras palabras, el debate sobre el ‘derecho al olvido’ continuará.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/derecho-olvido-internet-censura-mexico/
El Colectivo Solecito, un grupo de 50 mujeres activistas, denunció este lunes 12 de septiembre que la Fiscalía de la entidad está intentando entorpecer sus labores de búsqueda en un predio cercano a la zona portuaria de Veracruz, donde el pasado 3 de septiembre anunciaron el hallazgo de 75 fosas clandestinas.
Lucía Díaz, representante del colectivo, explicó en entrevista con Animal Político que elementos de la procuraduría estatal prohibieron a las activistas entrar al predio ubicado en Colinas de San Fe con sus celulares. Según la activista, la autoridad argumentó que no podían acceder con sus teléfonos porque varios medios de comunicación han publicado fotos y videoreportajes de las labores del Colectivo y de los hallazgos de 75 fosas, lo cual pondría en peligro la “secrecía” de las investigaciones.
“Nos dijeron que estábamos filtrando fotos y videos de las fosas a la prensa”, expuso Díaz, quien argumentó que en los materiales que comparten con los medios “no manejamos nunca fotos de cadáveres, ni de osamentas”.
“En nuestro material solo aparecemos nosotras trabajando, con vistas muy generales de las fosas y sin mostrar los rostros de los agentes ministeriales. Por lo tanto, no tenemos nada que ocultar ni estamos haciendo nada indebido”, recalcó la activista.
Finalmente, tras varias horas de discusión con elementos de la Fiscalía estatal, las brigadistas de Solecito pudieron acceder al predio para continuar con sus labores de búsqueda, pero solo con un celular, el cual les fue autorizado tras alegar que lo necesitaban por “motivos de seguridad”.
“Nos quieren sacar de la investigación”
“En el colectivo vemos esta prohibición como un intento de torpedearnos. Nos quieren sacar de la investigación para que la Fiscalía pueda decir: ‘ah no, lo que se encontró en las 75 fosas fueron huesos de perro, o trozos de madera, tal y como ya hicieron en otras ocasiones”, recalcó Díaz, en alusión a lo sucedido durante la primera Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, cuando el gobierno de Javier Duarte respondió a los hallazgos de 15 fosas en 15 días alegando que los restos encontrados eran pedazos de madera.
“La Fiscalía de Veracruz está buscando una excusa para sacarnos de la búsqueda. Se amparan en el sigilo de la investigación, pero hasta ahora no hemos visto que hayan hecho ninguna investigación. Porque lo único que hacen los agentes ministeriales es llegar, sentarse y vernos trabajar a nosotras”, criticó Lucía Díaz.
Animal Político buscó a través de su departamento de comunicación social a la Fiscalía veracruzana para conocer su postura ante estos señalamientos. Por escrito, la dependencia respondió que la decisión de no dejar pasar celulares al predio no es producto de “ninguna irregularidad, y mucho menos de una imposición”, sino de un “acuerdo previo con el colectivo que hasta hoy lunes se hizo efectivo”.
Cabe recordar que las labores de búsqueda de Solecito iniciaron el pasado 3 de agosto. A la fecha, la división de la Policía Científica de la Policía Federal ha procesado 8 de las 75 fosas, encontrando un total de 28 “cuerpos enteros”, de los cuales algunos presentaban signos de tortura, como los ojos vendados.
Para el colectivo ‘Solecito’, este hallazgo, al que llegaron gracias a la información que de manera anónima les hicieron llegar varios ciudadanos con mapas y croquis, puede ser “el más grande” hecho por la ciudadanía de fosas clandestinas en México.
“Sin en 8 fosas de 75 la Policía Científica encontró 28 cadáveres, ¿cuántos más puede encontrar en las 67 restantes?”, cuestionó Lucía Díaz.
La Fiscalía veracruzana confirmó en un comunicado el hallazgo de las 75 fosas en el predio Colinas de Santa Fe, pero advirtió que aún no se puede hablar de “algún número de cuerpos localizados, pues sería irresponsable”.
Veracruz: en 4 años la Policía halla 6 fosas clandestinas; en 5 meses, ciudadanos hallan 90
El pasado 6 de septiembre, Animal Político publicó que en los últimos cuatro años la Policía Federal sólo ha podido confirmar el hallazgo de seis fosas clandestinas con restos humanos en el estado de Veracruz, la segunda entidad con la mayor cantidad de personas desaparecidas reportadas ante la Procuraduría General de la República (PGR). En contraste, del pasado mes de abril a agosto de este 2016, esto es en apenas cinco meses, grupos ciudadanos organizados han encontrado 90 fosas clandestinas con cientos de restos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/mujeres-que-buscan-fosas-acusan-que-fiscalia-de-veracruz-entorpece-su-busqueda/
Ciudad de México | Desinformémonos. Docentes del magisterio disidente “tomaron” esta mañana el Palacio del Gobierno, el Congreso local, la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez y las oficinas de Hacienda y del Servicio Postal Mexicano, como parte de las acciones de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contra la reforma educativa en Chiapas.
Los maestros también exigieron la instalación de una mesa de diálogo para reanudar las negociaciones con el gobierno, y aseguraron que de no ser atendidas sus demandas, se mantendrán de forma permanente en los edificios.
Dirigentes de la sección 7 indicaron que ante los rumores de un posible desalojo, los docentes, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), montaron barricadas alrededor del plantón masivo que instalaron desde el pasado 15 de mayo en el centro de la capital del estado.
En su asamblea del 9 de septiembre, los maestros acordaron la realización de actos de protesta a partir de este lunes para manifestarse contra el proyecto de reforma, así como continuar con el paro de labores en las escuelas.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/maestros-toman-edificios-publicos-en-tuxtla-gutierrez/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Esta injusticia no la podemos callar. Los jóvenes son la razón, la fuerza y el futuro de este país. Exigimos a Enrique Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos con vida, nos diga la verdad y renuncie” dijeron padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Guerrero, a unos días de que se cumplan dos años sin su presentación con vida.
La Señora Hilda Hernández, madre de César Manuel González, dio la bienvenida a la conferencia de prensa esta mañana en el Hemiciclo a Juárez e informó que se llevará a cabo una jornada de actividades del 20 al 26 de septiembre en la Ciudad de México, en torno a los dos años de la desaparición de sus hijos, con el objetivo de seguir “exigiendo justicia”. El 27 de septiembre se realizarán en Iguala, Guerrero.
¿Por ser pobres no podemos tener justicia? Cuestionó, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete quien recordó, además, que sus hijos “son víctimas inocentes y que a Enrique Peña Nieto no le importa la vida humana”, por lo que seguirán demostrando, dijo, “de que están hechos”. Igual que todos los padres y madres, agradeció el apoyo y acompañamiento en estos casi dos años de búsqueda y reconoció: “sólo el pueblo está con nosotros”.
Por su parte, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, informó que se llevó a cabo un concurso de carteles para invitar a la sociedad a seguir acompañando su exigencia de justicia. Detalló que concursaron más de 60 personas y que el ganador será dado a conocer el próximo 26 de septiembre. Agradeció la participación y pidió a todas las personas que tienen a un familiar desaparecido a “sumar su voz”.
Al grito de “Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” finalizaron su participación y dieron inicio a la Mesa de Análisis: Búsqueda de verdad y justicia a dos años de Ayotzinapa en la que participaron: Luis Hernández Navarro, César Navarro Gallegos y Enrique González Ruiz.
“Existe un México antes y uno después de Ayotzinapa”, afirmó Luis Hernández Navarro, reconocido periodista del periódico La Jornada, quien explicó que la lucha de las madres y padres de los normalistas, dejó ver a la sociedad la intención de “acabar con las normales rurales y la educación gratuita. Las escuelas de los pobres para los pobres”, además del “maridaje incestuoso entre el narcotráfico y los elementos de seguridad”.
Abundó que el “peregrinar de los padres” dejó ver que en México se violan los derechos humanos “un día sí y el otro también”, un México, dijo, “Campo santo en el que donde quiera que se escarbe aparecen personas sepultadas de manera ilegal”, aseguró.
Finalmente, dijo que esos jóvenes a los que se les pretende “desaparecer y quitar la oportunidad de ser maestros, justo son los que hacen falta, los que irán a las comunidades más alejadas a enseñar a otras y otros”, concluyó en que “la lucha de los padres, nos deja tener esperanza de que en este país aún se puede tener esperanza”.
El 26 de septiembre de 2014, seis jóvenes fueron asesinados y 43 desaparecidos, todos ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Tixtla, Guerrero. Fueron atacados por policías locales y presuntos grupos armados que dispararon en contra de los estudiantes, de inmediato el caso dio la vuelta al mundo por el hecho en sí; así como por las inconsistencias, omisiones y deficiencias en las investigaciones hechas por el gobierno sumándose a los casos que evidencian la crisis de derechos humanos en México.
Por lo anterior, organizaciones e instancias nacionales e internacionales incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre del mismo año la desaparición y violencia de la que fueron víctimas los normalistas y definió el caso como uno de los hechos más terribles de todos los tiempos, por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado en reiteradas ocasiones, al Estado mexicano, aplicar las medidas de protección necesarias para los desaparecidos aunque también ha participado de manera activa en las investigaciones. A unos días de cumplirse dos años de este hecho, el caso sigue siendo uno de los focos de atención nacional e internacional por la exigencia de justicia y las madres y padres de los normalistas continúan la búsqueda de sus hijos y del castigo a los responsables.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/exigimos-a-enrique-pena-nieto-que-nos-entregue-a-nuestros-hijos-con-vida-y-renuncie-madres-y-padres-de-ayotzinapa/
Ciudad de México | Desinformémonos. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) toma decisiones arbitrariamente, como defensoras de derechos humanos, y las propias víctimas, no sabemos en que se basa jurídicamente para decidir qué casos se discuten y qué casos no, asegura Verónica Cruz, Directora de la organización feminista Las Libres con sede en Guanajuato, al referirse a la negativa del máximo tribunal de justicia en nuestro país para pronunciarse en el caso de Martha Patricia Méndez.
El caso de Martha Patricia, es un reflejo de lo que viven muchas mujeres en México sin embargo pocas de ellas tienen voz. Martha, joven estudiante de la Universidad de Veracruz fue en un primer momento diagnosticada de gastritis por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social del puerto y posteriormente criminalizada por aborto.
Para Verónica Cruz, una de sus acompañantes, la resolución de la SCJN en el caso de Martha Patricia el pasado 7 de agosto, significaba la oportunidad para que se pronunciara en este sentido y se avanzara en la garantía de los derechos de las mujeres, sin embargo las y los ministros, rechazaron el recurso de reclamación interpuesto por la jóven veracruzana argumentando la no legitimidad de dicho recurso, “a pesar de que en 2013 la misma Corte atrajo un caso similar al de Martha Patricia”.
El recurso fue enviado al Tribunal Colegiado de Circuito del estado de Veracruz, quien podrá pronunciarse al respecto o direccionarlo a un juez local. Cabe señalar que si bien en 2007 el Congreso de la Ciudad de México declaró legal la interrupción del embarazo hasta 12 semanas de gestación, no existe un techo jurídico en el que las propias autoridades puedan basarse y contrario a ello, en los diferentes niveles, “comenzando desde el máximo tribunal quien no le ha entrado y como se ve no quiere entrar a la discusión del asunto” asegura la defensora feminista.
Según la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4º) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) “en México el aborto es un delito con causales de exclusión de responsabilidad penal o de no punibilidad. Su regulación varía de entidad a entidad; es decir, cada entidad federativa establece cuándo el aborto es delito o no, qué procedimientos debe seguir una mujer para solicitar una Interrupción Legal del Embarazo y cómo debe prestarse el servicio en las instituciones de salud. Esto provoca una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia”.
Cabe recordar que Martha Patricia además de ser cuestionada por el propio personal de salud, fue obligada a dar “la cristiana sepultura” al feto y llevada al ministerio público. Luego de la criminalización, fue estigmatizada en su propia universidad, lo que la obligó a salir del propio estado y reiniciar su proyecto de vida en otro, a decir de Verónica Cruz, con la decisión de la Corte su situación jurídica se queda en el “limbo” y se corre el riesgo de que si el recurso llega al juez local éste decida darle “reeducación” sin que se tenga certeza de lo que eso signifique y mientras tanto la pregunta constitucional de si es constitucional o no el delito de aborto sigue vigente.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/se-niega-scjn-a-declarar-inconstitucional-la-penalizacion-del-aborto-veronica-cruz/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Todas las familias son familias”, fue una de las consignas que este fin de semana corearon organizaciones civiles, ciudadanía, familias diversas, personas defensoras de derechos humanos y feministas en algunas ciudades del pa{is, como contrapeso a las marchas convocadas por grupos conservadores y eclesiásticos que se manifestaron contra el matrimonio igualitario y otros derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTI).
Una de las contra marchas partió el domingo 11 de septiembre del Metro Pino Suárez con destino a la Catedral Metropolitana, con la presencia de unas 800 personas que exigieron un diálogo abierto con la sociedad, con las personas que estaban en el camino y a las que se les iban comentando algunos de los artículos de la Constitución mexicana que abanican los derechos de esta comunidad, dijo a Desinformémonos, Estela Reyes, integrante de la Colectiva Las Subversivas, quienes participaron en la movilización.
Reyes explicó que “más que un asunto de confrontación” se trató de una “marcha informativa, y esa fue la particularidad y aporte”, ya que, “las y los participantes también salieron en familia a explicar, en el trayecto de la marcha y durante la estancia frente a la Catedral, por qué el tema gira en torno a los derechos humanos y no a opiniones”.
Otra de las demandas principales de la movilización fue “el respeto al Estado laico”, pues “la iglesia no debe intervenir en decisiones del Estado mexicano”. Por eso, calificó la activista, “resultan terribles las manifestaciones que se hicieron este fin de semana en contra de los derechos humanos de una comunidad”.
Otra de las manifestaciones a favor de la diversidad de familias, orientaciones y preferencias se llevó a cabo en Oaxaca, donde, de igual manera, activistas se apostaron a un lado de la Iglesia de Santo Domingo, en el centro de esta ciudad, para “ejercer su derecho a la libre expresión y visibilizar a la comunidad LGBTTI junto a sus derechos”, dijo a Desinformémonos, Yoshio Ramírez, integrante de la Red Nacional de Jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir.
“Nosotros también marchamos por el respeto a nuestras familias”, dijo Ramírez y agregó que como en el caso de la Ciudad de México, las demandas se concentraron en que “el tema de las familias no es de religiosidad, dogmas u opiniones, sino de derechos, pero está claro que en esto no hay mucho avance”, aseguró.
Yoshio Ramírez consideró que las manifestaciones en contra del matrimonio igualitario pueden generar una “polarización”, en la sociedad que culmine en más crímenes de odio contra la comunidad LGBTTI, por lo que su estrategia es continuar realizando protocolos de seguridad, “marchando y haciéndonos visibles”, e incidiendo en los asuntos jurídicos referentes a los derechos humanos, finalizó.
A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció como “constitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, se legisló a favor de ellos en 10 entidades federativas y se dio un “avance jurídico en torno al ejercicio de derechos de la comunidad LGBTTI, sobre todo contra quienes han formado una familia”, dijo a Desinformémonos Alejandro Brito, director ejecutivo de la organización civil Letra S.
Estos avances, señaló Brito, son el motivo por el que se han emprendido “campañas de odio” por parte de grupos conservadores y de la iglesia católica que convocaron desde los púlpitos a salir a manifestarse en contra de este derecho. Los llamados a manifestarse, dijo, se hicieron “a base de mentiras que pueden generar un aumento en la violencia”.
Foto: Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Oaxaca
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/odio-y-confrontacion-entre-la-sociedad-generan-las-marchas-contra-la-diversidad-sexual-y-el-matrimonio-igualitario-advierten-activistas-1/
Ciudad de México | Desinformémonos. “El incremento de agresiones en mi contra y contra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en el Municipio de Cómala, Colima, se dio luego de la destitución de María Elena Díaz, delegada de la Procuraduría Agraria. El hostigamiento y persecución fue a tal grado que tuve que desplazarme de manera definitiva del estado” afirma Esperanza Salazar, Coordinadora de la organización ambientalista Bios Iguana.
Desde su creación en 2013, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan ha recibido amenazas, hostigamiento y persecución por su labor en defensa de la tierra y territorio. Agresiones físicas, desplazamientos, campañas de difamación y la división de la comunidad, son algunas de los impactos derivados del intento de imponer el proyecto minero encabezado por la empresa mexicana Gabfer S.A. de C.V. vinculada a empresas transnacionales canadienses.
https://soundcloud.com/user-514678347/esperanza-salazar-coordinadora-de-la-organizacion-ambientalista-bios-iguana
“Actualmente el proyecto culminó su fase de exploración y la empresa, en colusión con el gobierno del estado de Colima, busca iniciar el proceso de explotación de oro, plata, cobre y manganeso pero la comunidad nahua ha manifestado su desacuerdo con el proyecto que afectaría al menos 100 hectáreas a las faldas de la reserva de la biosfera, el agua y los recursos naturales de la población”, asegura la defensora ambientalista, quien es también integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA – Mexico).
Ante el proyecto minero a cielo abierto, la complicidad del entonces presidente de bienes comunales Carlos Guzmán, la empresa y las propias autoridades, la comunidad declaró en Asamblea a su territorio como libre de minería, lo cual fue además avalado por el Tribunal Unitario Agrario Número 38, en mayo de 2015. En una asamblea posterior, la comunidad nombró a Taurino Rincón como nuevo presidente de los bienes comunales, quien desde antes de su elección fue amenazado, y desconocido por la propia Procuraduría Agraria.
Pese a la intimidación, el propio Consejo Indígena se manifestó de diversas maneras pacíficamente hasta lograr el reconocimiento del nuevo comisariado que, contrario al anterior, vela por la decisión de la comunidad. Este reconocimiento ha valido también de actos de intimidación aunque la sentencia 434/15 del Tribunal Unitario Agrario respalda la decisión de la comunidad y desconoce la asamblea amañada realizada por la ex delegada de la procuraría Agraria, quien en nueve minutos intentó avalar el paso de la minería al territorio nahua.
Ante el incremento exponencial de las agresiones y el desplazamiento de Esperanza Salazar, una de las acompañantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales se pronunció contra “las campañas de difamación y amenazas de muerte, que han derivado en el desplazamiento de algunas de sus integrantes y el desmenbramiento de su organización”.
La Red aseguró que defender y acompañar a quienes defienden su territorio, “la ha hecho vulnerable a una serie de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos” por lo que manifestaron su “total indignación ante el hostigamiento sufrido durante el proceso de desplazamiento, lo que agudiza y vulnera aún más su integridad”.
El hostigamiento reciente al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y a integrantes de la organización Bios Iguana forma parte de la intimidación constante que han tenido por su oposición al megaproyecto desde 2013. La defensora Esperanza Salazar recuerda que “desde ese momento hubo amenazas de muerte contra Jesús Santos, integrante del Consejo indígena, violencia verbal contra Dilva Peña, también del consejo y en ese mismo año Gabriel Martínez Campos, integrante de Bios Iguana fue detenido momentáneamente por la policía estatal.
A pesar de que hay sentencias a favor de la comunidad y de que está frenado el trabajo “no podemos decir que hemos ganado, pues acciones como las de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elene Díaz Rivera, quien abiertamente colaboró con la empresa minera e intentó cambiar el régimen de tierra de comunal a ejidal para que fuera más fácil negociar con empresarios que con la comunidad indígena” son latentes, además las afectaciones a la comunidad en general pero principalmente hacia las mujeres indígenas siguen siendo de mucha preocupación pues las y los habitantes del lugar que están en contra de la mina han decidido permanecer en el lugar.
Organizaciones como Acción Ecológica de Ecuador; el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo CASA de Bolivia; el Programa Democracia y Transformación Global, PDGT de Perú; Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides de Perú; el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA de Chile; la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES de El Salvador; Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala; Mujeres del Valle de Siria de Honduras; el Centro Latino Americano de Ecologia Social de CLAES de Uruguay; la Asociación Censat Agua Viva de Colombia y la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA de México además de manifestar su respaldo hacen un llamado urgente a la solidaridad Internacional para “estar atentas y atentos a este caso, el cual ratifica la situación de criminalización a la que están expuestas las defensoras por parte del gobierno estatal en contubernio con las empresas transnacionales, quienes buscan implementar una estrategia perversa del modelo extractivista, patriarcal y criminal en los territorios indígenas”, afirmaron las organizaciones.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-integrantes-del-consejo-indigena-por-la-defensa-del-territorio-de-zacualpan-esperanza-salazar/
Las autoridades no acaban de entender el delito de trata de personas ni le dan prioridad, ya que prácticamente no se le persigue y socialmente continúa invisibilizado
Esto lo señaló el maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana, en la ceremonia de clausura de la quinta edición del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos, impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. y la Dirección de Educación Continua de la IBERO.
En la ceremonia de graduación, realizada en la Sala Digna Ochoa de la CDHDF, el Rector subrayó que la trata en México es un negocio en el que están implicados el poder político, el económico y el crimen organizado, de modo que las redes de trata conjugan la complicidad de esas tres esferas.
Aunque anualmente el rubro de explotación sexual y pornográfica en México representa 10 mil millones de pesos para los cárteles, el gobierno sólo los persigue por el delito de tráfico de drogas y no por el de trata de personas, subrayó.
Así, según datos de la Procuraduría General de la República, 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores de edad, el equivalente a la mitad de la población de Puebla, son obligadas a entrar en alguna de las 47 redes de trata que existen en el país, añadió el Rector, quien describió a este grave problema como “un río de sufrimiento” para sus víctimas.
Por ello recomendó revisar las facultades de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres (Fevimtra), pues sólo tiene competencia en materia federal y en casos donde no intervenga el crimen organizado, lo que deja fuera de su jurisdicción a 90 por ciento de los delitos de trata en el país.
La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, señaló como un orgullo que el organismo que dirige haya sido la sede de este esfuerzo que tuvo como objetivo contribuir a la generación de propuestas para la erradicación de la trata de personas.
En la ceremonia de clausura del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos participaron la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF; el licenciado Miguel Ortega Vela y la maestra Elba Flores Núñez, director ejecutivo y coordinadora académica del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., y el doctor Enrique Beascoechea Aranda, director adjunto de Educación Continua de la IBERO.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
LINK: https://desinformemonos.org/autoridades-no-entienden-el-delito-de-trata-de-personas-david-fernandez-rector-de-la-ibero/
Estudiantes, profesores y organizaciones indígenas toman las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en San Cristóbal de las Casas para exigir el respeto al modelo educativo intercultural, la reinstalación de 30 profesores despedidos en varios campus, el establecimiento de una mesa de diálogo sobre la UNICH y en apoyo a las demandas del magisterio democrático.
Desde hace más de 15 días ya se encontraban tomadas las instalaciones de la UNICH-Las Margaritas y la UNICH-Oxchuc y ahora se toma la de San Cristóbal de las Casas.
Por su parte las autoridades no han dialogado ni dado solución a las demandas universitarias. Se teme el uso de la fuerza pública para desalojarlos, por lo cual solicitan la presencia de comunicadores y de organismo de derechos humanos.
Los acontecimientos se enmarcan en desde que la Unidad Académica de Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en la región tojolabal, ha sostenido un proceso de defensa de los ideales y fundamentos de la misma como una obligación del Estado mexicano de garantizar que las y los jóvenes de pueblos indígenas accedan a la educación profesional con pertinencia cultural y contextual. Sin embargo, las autoridades universitarias se han empeñado en contradecir sus principios fundacionales, han protegido a docentes denunciados por prácticas de discriminación contra miembros de las comunidades indígenas, a docentes denunciados por narcomenudeo en el interior de la propia universidad en su sede central de San Cristóbal de Las Casas y ha desconocido sistemáticamente los acuerdos suscritos por ellos mismos con miembros de la comunidad universitaria (comunidades, estudiantes y docentes, en el caso de Las Margaritas).
Siguiendo esta misma línea, desde que tomó posesión en agosto de 2015, el actual rector Miguel Ángel Yáñez Mijangos ha llevado a cabo acciones para desmoronar los ideales y fundamentos de la UNICH, y ejercer un control de la universidad. Para lograrlo, despide a docentes que no se alinean a su mandato y acosa laboralmente a quienes se oponen a sus prácticas autoritarias.
foto portada: Chiapas Paralelo
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/toman-estudiantes-profesores-y-organizaciones-indigenas-la-unich-exigen-respeto-al-modelo-educativo-intercultural/
Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han ido tomando conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos, más hacia afuera, es decir, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia dentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros, aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto.
Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios -de los pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, mazahua, maya peninsular, ayuuk, purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa y mayo- articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre.
En el congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen “es lamentable” y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres, jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, derecho a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.
En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras cuestiones exigieron que el Estado Mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por las mujeres y hombres indígenas -y los no indígenas- como por las propias autoridades.
La declaratoria hizo un pronunciamiento específico condenando “las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con los estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados” por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras, de agua y eólicas y como ejemplo señalaron que el 13.5 % del suelo nacional está en manos de empresas mineras.
Manifestaron asimismo suma preocupación por los feminicidios que ocurren todos los días. Solo como ejemplo mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 feminicidios del 2007 al 2016, y que pese a que se ha solicitado que se implementen las Alertas de Género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. Mencionaron asimismo su preocupación por las intimidaciones y amenazas que están sufriendo las compañeras indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan.
La Asamblea exigió promover el reconocimiento del Día internacional de la Mujer Indígena desde el Gobierno Federal, como forma de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México Pluricultural; que toda autoridad respete el derecho que los pueblos indígenas tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentren en trámite o se hayan otorgado.
Asimismo, que se consulte el proyecto de Constitución de la Ciudad de México a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México; justicia y libertad para las y los presos políticos de todo el país; esclarecimiento, justicia y aparición con vida de los y las estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos y todas las desaparecidas del país; garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de las políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de las mujeres indígenas de manera proporcional a la población, en los cargos de elección popular.
Reconociendo que el trabajo doméstico es un trabajo digno, exigieron que a las trabajadoras se les garantice el acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia.
En la Declaratoria las mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que, afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas. Exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de las fosas de Tetelcingo, en Morelos también, y el respeto al derecho de revocación de mandato.
En este congreso participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS), Red Indígena de Turismo de México (RITA), Red Interdisciplinaria de investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), Red de Abogadas Indígenas (RAI), Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas, Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas. Un gran paso es la organización para reforzar la acción, la lucha por sus derechos y contra el racismo y la discriminación.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ROSA ROJAS
LINK: https://desinformemonos.org/se-constituyo-la-asamblea-nacional-politica-de-mujeres-indigenas-para-luchar-por-sus-derechos-individuales-y-colectivos/
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Empresarios, universitarios, organizaciones y representantes de medios, urgieron al presidente Enrique Peña Nieto a acudir a Tamaulipas y revisar juntos, sociedad y gobierno, los resultados de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.
En un desplegado, los denunciantes señalaron que el bien social que más anhelan los tamaulipecos es la paz “y la emoción más profunda que deseamos compartir con todos, particularmente con nuestras familias, es la tranquilidad”.
“Las organizaciones gremiales y de la sociedad civil de Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, hemos trabajado de la mano con las autoridades en cada una de las etapas de la Estrategia de Seguridad Tamaulipas”, subrayaron.
Sin embargo, denunciaron, el trabajo ha sido “insuficiente para detener de una vez por todas los secuestros, los asesinatos, los desaparecidos, las extorsiones; hechos que vulneran y atentan contra nuestras vidas”.
Tampoco se ha logrado abatir los cobros de piso, y cientos de empresas están quebradas, hay ranchos abandonados y carreteras y calles que no pueden transitar”.
Por ello, expusieron al presidente:
“Demandamos su presencia en la capital del estado, para que juntos, sociedad y gobierno evaluemos los resultados de las estrategias actuales, se propongan y construyan nuevas, que den certidumbre a la inversión y a las familias tamaulipecas.
“Es urgente saber que no estamos solos”, recalcaron los tamaulipecos en su desplegado.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454670/urgen-a-pena-nieto-a-revisar-la-estrategia-de-seguridad-en-tamaulipas
MORELIA, Mich., (apro).- El subdirector de Prevención de Morelia, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), León Cárdenas Sánchez, fue ultimado a balazos en el interior de su vehículo, a unos 30 metros de la entrada al fraccionamiento Hacienda Los Viñedos, al poniente de esta ciudad.
De acuerdo con información de las autoridades judiciales estatales, el hallazgo se hizo luego de que vecinos de aquel fraccionamiento reportaran a la Policía Municipal de Morelia detonaciones por arma de fuego. Al llamado los agentes llegaron tarde, toda vez que Cárdenas Sánchez fue hallado muerto a bordo de una camioneta Chrysler Town and Country blanca, con placas de circulación PSX-3965, de esta entidad federativa.
Cárdenas Sánchez tenía varias heridas de bala en el torso y su vehículo quedó con los vidrios rotos y un nutrido número de tiros.
En el lugar se apersonaron elementos de Policía Michoacán Unidad Morelia, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del estado tomó ya el caso en sus manos e inició la carpeta de investigación correspondiente.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/454675/ejecutan-al-subdirector-de-prevencion-social-de-morelia
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la muerte de tres personas en Xochimilco, el delegado Avelino Méndez convocó de manera urgente a su gabinete para dar seguimiento a la investigación sobre el caso que sigue la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
En un comunicado difundido a través de Twitter, la delegación informó que aproximadamente a las 21:40 de ayer recibió el reporte de lesionados por arma de fuego durante una balacera registrada en las calles Pino y Violeta, en el pueblo Guadalupita.
Indicó que al lugar acudieron de inmediato elementos de seguridad pública, junto con personas de rescate, quienes atendieron a dos lesionados que posteriormente fueron trasladados a unidades hospitalarias.
Aseguró que el jefe delegacional convocó al gabinete de seguridad “que en este momento se encuentra reunido y en comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Pública para dar seguimiento a la investigación” de la PGJ.
La demarcación informó que continuará solicitando los recorridos de vigilancia para evitar preventivamente estos hechos delictivos y garantizar la protección humana de sus habitantes.
La zona fue acordonada por la policía, mientras el Ministerio Público y peritos de la PGJ iniciaron las investigaciones.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454637/mueren-tres-personas-una-balacera-en-xochimilco
CIUDAD DE MÉXICO, (apro).— El Papa Francisco le pidió al Frente Nacional por la Familia (FNF) organizar marchas de protesta, “salir a la calle” y “armar lío” para oponerse a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, encaminada a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Así lo reveló Rodrigo Iván Cortés, el líder del Frente que viajó al Vaticano y se reunió con el pontífice, el pasado 30 de agosto, para informarle personalmente sobre las movilizaciones de la organización.
En una entrevista con Vatican insider, el portal italiano especializado en noticias del mundo católico, Cortés reveló algunos pormenores de su encuentro con el pontífice. Dijo:
“Él nos pidió una Iglesia de salida, que salga a la calle y arme lío. Nosotros como ciudadanos estamos saliendo a la calle y estamos haciendo lío”.
Entrevistado en Roma, Cortés indicó que su encuentro con Bergoglio “fue muy emotivo”. Ahí le pudo “dar a conocer” las actividades del Frente, así como la “la situación” que se vive en México luego de que el presidente Peña Nieto lanzó su polémica iniciativa, el pasado 17 de mayo.
El enviado del Frente al Vaticano también adelantó que seguirán armando lío, como les recomendó el Papa. Y especificó:
“Un lío en términos pacíficos pero sí para mover la situación, para generar conciencia a favor de la familia y de los padres (de familia), contra la imposición de la ideología de género, que es –como dice Francisco— una ´colonización ideológica´ lejana a la identidad mexicana. Estamos en la calle y armado lío”.
Por lo pronto, el pasado sábado 10, ya con la bendición papal, el Frente Nacional por la Familia realizó una gran movilización en más de cien ciudades de México, en rechazó a la iniciativa presidencial.
Hubo nutridas manifestaciones en algunos puntos, como la ciudad de Querétaro, a donde acudieron alrededor de 35 mil personas encabezados por el obispo local, Faustino Armendáriz.
Pero las protestas también se dieron en pequeños municipios del país y fueron organizadas a nivel parroquial, por lo que resulta muy difícil cuantificar el número de manifestantes a nivel nacional.
El vocero de la arquidiócesis de México, el sacerdote Hugo Valdemar, comentó que los inconformes se expresaron en calidad de “ciudadanos”, ejerciendo así su derecho de expresión, protegido por la Constitución, por lo que no cometieron ningún ilícito.
Y respecto a la petición de la comunidad lésbico gay, que está juntando firmas para pedir la renuncia del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, considerado uno de los principales opositores al matrimonio igualitario, Valdemar comentó irónico:
“Me hace mucha gracia. Entre más firmas se junten, mejor, porque el Papa se va a dar cuenta que el cardenal Norberto defiende con gran ahínco a la familia, a los valores del evangelio. Cada firma que se sume es a favor del cardenal Norberto”.
El próximo sábado 24 de septiembre, el Frente Nacional por la Familia organizará otra gran movilización para armar lío: será una mega marcha en la Ciudad de México, la circunscripción eclesiástica de Norberto Rivera.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: RODRIGO VERA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454672/el-papa-francisco-nos-pidio-armar-lio-contra-el-matrimonio-igualitario-lider-del-fnf
GUADALAJARA, Jal.- (apro) Un comando de seis personas acribilló al subdirector de la policía municipal de Talpa de Allende, Damián Díaz.
La agresión se registró alrededor de las 22:00 horas del domingo, al interior de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública que se encuentra en el centro del municipio.
Los sujetos llegaron a bordo de una camioneta blanca Ford Raptor quienes primero dispararon contra el edificio de la comandancia.
La corporación pidió el apoyo a la policía de los municipios de Mascota y Ameca, así como a la estatal para tratar de capturar a los agresores.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454614/matan-a-jefe-policiaco-talpa-allende-jalisco
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una serie de demandas contra periodistas y la controvertida decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre indemnizaciones –sin un tope— por difamación, están teniendo un efecto impactante en el periodismo investigativo y crítico, advierte el rotativo estadunidense The New York Times.
En su editorial, el diario explica que la recién aprobada ley anticorrupción, que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en cuanto a sus finanzas, ayudará a acabar con “la cultura del amiguismo y con los sobornos” en México, pero eso dependerá en gran medida de que tanto los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase gobernante.
Considera que los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas demanden por difamación: “El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su integridad y su juicio”.
Y pone como ejemplo a la periodista Carmen Aristegui, y la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, “la historia más importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto”, y quien ha sido demandada recientemente.
“Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión para la esposa del presidente, Angélica Rivera”.
MVS, señala el periódico, la empresa de medios en la que trabajaban, y que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la crónica de la investigación y sus consecuencias.
“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Y cita las palabras de Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA: “Esto ha encendido las alarmas”, “Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.
En otro caso, menciona al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han perseguido desde hace tiempo. “Uno de los periodistas afectados, Sergio Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10 millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.
Peña Nieto, sigue el diario, quien a la fecha no ha explicado con claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en julio, sin embargo, esa disculpa “sería más creíble si el presidente encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”, concluye The New York Times.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/454662/en-mexico-se-usan-las-demandas-callar-a-los-periodistas-advierte-the-new-york-times
SAN LUIS DE LA PAZ, Gto., (apro).- Habitantes de este municipio se organizaron para oponerse a la instalación de una planta de producción de cianuro de sodio –insumo para la extracción de oro y plata por la industria minera- de la compañía Chemours, e interpusieron un documento con severos cuestionamientos a la Manifestación de Impacto Ambiental en manos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) al considerarla de alto riesgo para la población de la región.
Inicialmente, la planta sería construida en Salamanca, pero el rechazo inicial de la población la frenó para esa ciudad, que registra los más altos índices de contaminación del aire debido a la operación de la planta termoeléctrica de la CFE y la refinería de Pemex.
Además de recabar unas cinco mil firmas, el movimiento que encabeza la “Organización ciudadana ludovicense por el derecho a vivir en un ambiente sano” ha convocado a una marcha que se efectuará este domingo 11 de septiembre en el centro de la ciudad.
En comercios, viviendas particulares y otros edificios se han colocado mantas y letreros con la leyenda “No a la planta de Cianuro”, debido a que su instalación se considera de alto riesgo para la salud y el medio ambiente local, en la que producirían 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año.
En la organización ciudadana participan 150 personas, quienes asesorados por un grupo de expertos –geólogos, un doctor en ciencias y ambientalistas- han encontrado “una barbaridad” en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental con el que The Chemours Company pretende obtener la autorización de la Semarnat, por lo que se demanda que la dependencia federal no la otorgue.
Se está exigiendo también al Ayuntamiento que no autorice el cambio de uso de suelo.
El cianuro de sodio es utilizado en el proceso de lixiviación –separación del oro y la plata—de la minería.
La empresa pretende, una vez que consiga los permisos, iniciar la construcción y echarla a andar en los siguientes dos años, con un periodo de operación total de 50 años que se podrían extender “en función del mantenimiento de sus instalaciones” para reducir la importación del cianuro “y apoyar el crecimiento de la industria minera de oro y plata en México”, según refiere en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental.
“No pararemos hasta que tengamos en nuestras manos los documentos oficiales que nieguen los permisos a la empresa”, dijo a Apro Guillermo Benítez, integrante de la Organización ciudadana ludovicense.
“Los expertos que nos asesoran nos expresan que el documento es una barbaridad, que no concuerda con la realidad de esta zona del estado. Estamos dispuestos hasta bloquear la carretera federal 57 si es necesario porque sabemos que es una sustancia altamente tóxica y causaría efectos dañinos irreversibles”, advirtió.
Los beneficios ofrecidos por Chemours son menores en comparación con los riesgos que representa la operación de la planta productora de cianuro, añadió.
A la oposición se han sumado la Iglesia católica local y algunas iglesias evangélicas.
Las promesas de Chemours
El 25 de agosto, Chemours dio a conocer que había iniciado los trámites necesarios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener autorizaciones, concesiones y licencias para la construcción de la planta de producción de cianuro de sodio (denominada Proyecto San Luis) “con la tecnología más innovadora, eficiente y segura del mundo”.
“El proyecto representa una inversión de tres mil 200 millones de pesos y la generación de mil empleos, directos e indirectos en San Luis de la Paz, así como la generación de una red de proveedores de servicios que incentivará la economía local.
“Tenemos una trayectoria de más de tres décadas de proveeduría, transporte y manejo seguro en México. El centro de distribución más grande de México se encuentra muy cerca de San Luis de la Paz, en la capital de San Luis Potosí. En 10 años de operación, este centro jamás ha presentado un incidente”, indicó la empresa en un comunicado.
Según Chemours, este proyecto representa “lo más avanzado y seguro del mundo en su tipo, diseñado bajo los más estrictos criterios de sustentabilidad. Es un proyecto técnica y ambientalmente viable que cumple y sobrepasa todos los requisitos de la legislación ambiental y las normas aplicables de los diferentes niveles, tanto federal, estatal como municipal”, además de que el 20% de la inversión está destinada a medidas ambientales, como la reutilización del agua.
“Se protege estrictamente al subsuelo y los mantos acuíferos, al no efectuarse descargas a los mismos”. Tampoco se genera ningún tipo de residuo sólido y se anuncia la inversión en equipos de alta tecnología para reducir al máximo las emisiones a la atmósfera.
“Queremos informar a la opinión pública que nuestro proyecto no representa un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, así como tampoco para el medio ambiente, lo cual será evaluado y verificado por las autoridades competentes”, anunció la empresa, que también ofreció un próximo acercamiento con los habitantes de la región para dar a conocer los pormenores del proyecto.
Incredulidad ciudadana
Sin embargo, la reacción de sectores de este municipio muestran su desacuerdo con los compromisos que a futuro ofrece la empresa.
En principio, explicó Guillermo Benítez, por la pretendida ubicación de la planta, en el kilómetro 72 de la autopista 57 –en dirección San Luis Potosí a Querétaro- en una extensión de más de 23 hectáreas de un predio conocido como ex hacienda de Santa Ana, debido a que se trata de una zona de vocación agrícola y ganadera.
Este punto se localiza a 22 kilómetros de la cabecera municipal. La empresa alega que se trata de una zona “alejada de centros de población” y aunque reconoce que es suelo agrícola, afirma que no ha habido movimiento de esa actividad en los últimos dos años.
“Es la Comarca de Laguna Seca, son miles de hectáreas y miles de familias dedicadas a ambas actividades”, contradice Benítez.
Para este proyecto, debe considerarse como zona de influencia no solamente San Luis de la Paz sino otros municipios vecinos, según han expuesto los integrantes del movimiento opositor, tal como ha ocurrido en coyunturas similares en otras regiones del país ante los proyectos mineros y otros relacionados con esta industria.
El estado de la carretera 57 en ese tramo es otra de las preocupaciones de los ludovicenses. “Todos sabemos que la carretera es un bache que empieza en Querétaro y termina en San Luis Potosí, está en pésimo estado y hay accidentes todo el tiempo”, dijo.
Otros criterios por los que se oponen a la instalación de la planta es el de la preservación de especies “que correrían peligro”, así como la carencia de infraestructura para atender una contingencia en una instalación como la planta de cianuro.
Molestos porque han sido ignorados hasta la fecha, los ciudadanos inconformes con la planta refieren que el abatimiento de los mantos freáticos y la explotación irracional del carbón han dejado recursos mínimos a la zona, “y siempre es la decisión de un mismo grupo de empresarios que hacen lo que les da su gana”.
Éstos y otros argumentos esperan presentarlos en el foro que se efectuará el 14 de septiembre en el Centro comunitario de San Luis, como parte del proceso de consulta pública para obtener la autorización de la Semarnat.
A partir de la fecha de la consulta, Semarnat tendrá un plazo de hasta 60 días para emitir la resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la autorización o no al proyecto, independientemente de los trámites ante el gobierno municipal por parte de la empresa.
El tema, concluyó el representante de la Organización ciudadana ludovicense, ya logró “lo que nadie había logrado; conjuntar a gente de todos los partidos, estratos, hasta iglesias, para defender a nuestro municipio”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454361/cuestionan-a-la-semarnat-permitir-instalacion-planta-cianuro-en-guanajuato
