CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fernando Velasco Alvear podía considerarse un tipo afortunado: durante un año y siete meses ProMéxico le pagó 2 millones 202 mil pesos por concepto de salarios y prestaciones… pero sin trabajar un solo día.
Más aún, ni siquiera se presentó a su oficina: la representación de ProMéxico en Los Ángeles, California, donde por ese salario millonario debería desempeñar un puesto modesto: Técnico Administrativo “C”.
Sólo que Velasco Alvear no es un “aviador” cualquiera: es miembro de una familia de la élite política y empresarial del Estado de México. De hecho, es primo de José Luis Velasco Lino, delegado en esa entidad de la Secretaría de Economía –de la que depende ProMéxico—, y de María del Rosario Velasco Lino, regidora del Ayuntamiento de Toluca. Los Velasco Lino son, a su vez, primos de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Enrique Peña Nieto desde 2005, cuando éste era candidato a gobernador del Estado de México. Y lo siguió siendo cuando Peña Nieto fue gobernador, candidato a la presidencia y presidente de la República.
Velasco Alvear forma parte de los consejos de administración de las empresas Grupo Velavil y Grupo Industrial Toluca, esta última especializada en la producción de calzado que, casualmente, aparece en el padrón de empresas exportadoras de ProMéxico.
El empresario –que abandonó en el cuarto semestre la licenciatura en administración de empresas por la Universidad Anáhuac– también dirige la revista Nivel Uno –especializada en eventos de la socialité del Estado de México– e integra el consejo directivo de los Diablos de Toluca, el equipo de futbol de la capital mexiquense.
De su nombramiento en ProMéxico se enteraron funcionarios de alto nivel de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores. Nadie hizo nada.
Los miembros de la alianza Méxicoleaks –de la cual Proceso forma parte— realizaron una investigación periodística sobre las andanzas de este “aviador” mexiquense con base en documentos filtrados a través de su plataforma digital.
La grabación
El 6 de noviembre de 2014, Juan Carlos Briseño, jefe de la oficina de ProMéxico en Los Ángeles, convocó a sus colaboradores a una reunión especial. Les explicó que pronto se integraría un aviador a esa oficina y leyó en voz alta un correo electrónico que, dijo, enviaría enseguida a Francisco González Díaz, director general de Proméxico, para expresarle su inconformidad.
La grabación de la reunión, filtrada a través de Méxicoleaks, es muy clara: en el correo que Briseño lee a sus colaboradores expresa su “consternación”, “incomodidad” y “disgusto” al director de Proméxico y le urge a investigar el origen de la instrucción.
http://www.proceso.com.mx/media/2016/09/2-Audio-grabacio%CC%81n-ProMexico-LA-Consejero-JCB-sobre-Aviador-FVA-Nov-62c-2014.mp3
“Te escribo y te busco de manera directa por un tema delicado del cual es urgente enterarte”, le escribe Briseño a su jefe. Y le cuenta que el 5 de agosto de 2014 le informaron (sin precisar quién) sobre la integración de una persona al equipo de ProMéxico en Los Ángeles que, “por una parte sería empleado de tiempo completo sin ser de tiempo completo, y por otra parte su asignación se (otorgaría) dado que estaría trabajando en un proyecto de negocio personal en San Diego, en la isla Coronado”.
Briseño expresa su “consternación” por tal nombramiento y señala que “es un grave error y es sencillamente incorrecto estructurar un puesto en el cual se utilice el erario de los mexicanos y una plaza diplomática de esta manera. Por ello debo declinar el aceptar este movimiento de personal”.
Y añade: “Es imprescindible investigar el origen de la instrucción y comunicar que en ProMéxico seguimos todos y cada uno de los lineamientos establecidos en nuestro código de conducta y reglas institucionales”.
Pese a la inconformidad de Briseño, Velasco Alvear se incorporó a la oficina de ProMéxico en Los Ángeles el 1 de noviembre de 2014, según establece su declaración patrimonial.
En múltiples ocasiones, Briseño ignoró las llamadas de los integrantes de Méxicoleaks y se negó a proporcionar su versión sobre la situación de Velasco Alvear en ProMéxico. Sin embargo, el pasado 20 de julio, Briseño admitió que no existía ningún documento que respaldara la asistencia del mexiquense a su oficina en Los Ángeles.
“El personal adscrito a esta oficina no elabora informes de actividades”, reconoció Briseño en un correo que envió a la unidad de transparencia de ProMéxico, la cual tramitaba la solicitud de información 1011000007816 interpuesta por la alianza Méxicoleaks.
En el correo mencionado, Briseño añadió: “Por lo que corresponde al planteamiento que demuestre que acude a la Oficina de Representación en el Exterior de ProMéxico en Los Ángeles, me permito comunicar que el personal adscrito a esta oficina no emite registro de asistencia”.
En el transcurso de la investigación, se realizaron múltiples llamadas telefónicas a la oficina de ProMéxico en Los Ángeles para verificar si alguien conocía a Velasco Alvear. La respuesta siempre fue negativa.
En julio pasado, Agustín Durán, periodista establecido en Los Ángeles, se trasladó a las oficinas de ProMéxico y platicó con funcionarios, personal de seguridad e integrantes del equipo de comunicación. Ninguno conocía al mexiquense. Acorralado por las preguntas del reportero, Briseño repitió: “desconozco este tema, desconozco el tema”.
El primo del primo
En los 19 meses que figuró en la nómina de ProMéxico –de noviembre de 2014 a mayo de 2016–, Velasco Alvear recibió un sueldo de un millón 855 mil pesos, más prestaciones: 152 mil 37 pesos de aguinaldo, 39 mil 946 pesos de prima vacacional y 155 mil 770 pesos por el concepto de ayuda de renta sólo en 2015, de acuerdo con los oficios PM/068/UT/16 y PM/067/UT/16, obtenidos por la alianza Méxicoleaks mediante solicitudes de acceso a la información.
La nómina de ProMéxico.
Velasco Alvear en la nómina de ProMéxico.
Mientras los contribuyentes mexicanos pagaban mensualmente su salario, vacaciones y renta, Velasco Alvear seguía al frente de Grupo Empresarial Toluca. Incluso el 19 de octubre de 2015, fecha de la más reciente asamblea general de esta empresa, se le otorgó un poder especial para resolver pleitos y cobranzas y realizar operaciones de crédito, entre otras, de acuerdo con el acta de esa reunión.
Sin embargo, en su declaración patrimonial del año 2015, Velasco Alvear indicó que la totalidad de sus ingresos provenían de su cargo público. No mencionó que seguía como propietario del 17.33% de las acciones del Grupo Industrial Toluca.
El 31 de mayo de 2016, ocho días después de que la alianza Méxicoleaks llamara a la oficina de ProMéxico en Los Ángeles por primera vez, Velasco Alvear presentó su renuncia, de acuerdo con un documento de ese organismo emitido en respuesta a la solicitud de información 1011000007816.
De acuerdo con el acta constitutiva del Grupo Industrial Toluca, forman parte de su consejo de administración los hermanos Salvador, Ernesto y Sergio Velasco Sánchez.
El acta constitutiva de Grupo Industrial Toluca.
El acta constitutiva de Grupo Industrial Toluca.
Sergio Velasco Sánchez es padre de Fernando Velasco Alvear, quien nació el 2 de julio de 1970 en Toluca, según su acta de nacimiento; mientras que reportes de la prensa local afirman que Ernesto Velasco Sánchez es padre de José Luís y María del Rosario Velasco Lino. Señalan que los Velasco Lino son primos de Erwin Lino Zárate, secretario particular de Peña Nieto.
José Luís Velasco Lino es una importante figura en la élite del Estado de México: entre 2005 y 2009 presidió la sección mexiquense de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –su padre, Ernesto Velasco Sánchez, fue fundador de la institución patronal–, y del 2009 al 2012 fue diputado federal por el PRI en el distrito 34, ubicado en Toluca.
En 2009, María del Rosario Velasco Lino renunció a 20 años de militancia en el PAN y se afilió al PRI, para sumarse a las campañas de María Elena Barrera Tapia –aspirante a la alcaldía de Toluca—y de su hermano José Luis.
José Luís Velasco Lino. Foto: Cámara de Diputados
“Embarrados”
El nombramiento de Velasco Alvear no sólo embarró a la Secretaría de Economía, sino también a la Cancillería –entonces a cargo de José Antonio Meade Kuribreña–, la cual lo incorporó como “personal asimilado” al Servicio Exterior Mexicano, según el oficio número UDE-4205/2016 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En noviembre de 2014 inició el trámite para darlo de alta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Agradeceré a usted realizar las gestiones pertinentes ante el gobierno de (Estados Unidos), a fin de proceder a la acreditación de Fernando Velasco Alvear, con el rango de Técnico Administrativo C en esta representación consular a su digno cargo”, solicitó Francisco Javier Díaz Corzas, entonces director general del Servicio Exterior y de Recursos Humanos (DGSERH) de la cancillería, en un correo electrónico que envió al consulado de México en Los Ángeles y a la embajada de México en Estados Unidos.
El trámite para dar de alta a Velasco.
El trámite para dar de alta a Velasco.
Este correo, que fue filtrado a través de Méxicoleaks, llegó a las máximas instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En copia aparecen la subsecretaría para América del Norte, la Oficialía Mayor y la oficina de la secretaria particular de Meade, entre otros.
Ese mismo día el consulado solicitó a su sección administrativa atender el “alta de acreditación de personal asimilado al fideicomiso ProMéxico”, via el oficio DSE-DG07884.
Carlos Sada Solana, embajador de México en EU. Foto: Octavio Gómez
Carlos Sada Solana, embajador de México en EU. Foto: Octavio Gómez
El actual embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana, era entonces el cónsul de México en Los Ángeles, en cuyo inmueble se encuentran las oficinas de ProMéxico.
Se envió un cuestionario a la oficina del embajador y su vocero, Ricardo Alday, aseveró que Velasco Alvear nunca fue registrado ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues “nunca fue presentado en el consulado”; y atribuyó a ProMéxico la responsabilidad del nombramiento.
“El embajador no fue notificado personalmente (del nombramiento de Velasco Alvear). Las notificaciones de personal asimilado las turna la Secretaria de Relaciones Exteriores al consulado, previa petición de la dependencia en cuestión, en este caso, ProMéxico, y toca al titular de dicha dependencia en Los Ángeles oficializar y en su caso presentar al personal a su cargo, lo que en este caso no ocurrió”, sostuvo Alday.
“El señor Velasco Alvear nunca fue presentado en el consulado durante la gestión del embajador Sada, y tampoco se presentó con la administración del consulado para poder proceder a ser dado de alta, como corresponde, ante el Departamento de Estado”, abundó. Y añadió que por ello “no había razón para preguntarse si estaba o no presentándose a trabajar. Esa responsabilidad recae en la dependencia a la que representa (ProMexico) y en su caso, al titular de la misma en la adscripción respectiva”.
El pasado jueves 8, la alianza Méxicoleaks se comunicó con Fernando Velasco Alvear a través de la red social Facebook para que diera su versión sobre su desempeño en ProMéxico. No respondió.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE Y HOMERO CAMPA
LINK: http://www.proceso.com.mx/454732/viene-la-elite-mexiquense-cobra-millones-del-erario-aviador
Ciudad de México. 2 septiembre (SinEmbargo) .– Clara Elena Laborín Archuleta, esposa del capo Héctor Beltrán Leyva, fue detenida este lunes en Hermosillo, Sonora.
La detención fue realizada por agentes de la División de Investigación de la Policía Federal, según confirmó la Comisión Nacional de Seguridad.
Laborín se encontraba en posesión de dos kilos de cocaína y armas de fuego, además de estar en compañía de Alan Contrera Sánchez alias “el Cha”, quien ha sido señalado como operador financiero del cártel.
Ambos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, a pesar de no ser uno de los principales objetivos de la Policía Federal, se presume dirige varias células criminales derivadas del Cártel de los Beltrán Leyva.
Su relación con ola de violencia en Acapulco, Guerrero vino luego de que diversas organizaciones delictivas dejaran varias narcomantas dirigidas a Laborín.
Héctor Beltrán Leyva, “El H”, fue detenido en octubre de 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y tras su captura fue Laborín quien se quedó al mando del cártel.
“El H” fue arrestado en un restaurante de mariscos de San Miguel de Allende en octubre de 2014, otros de sus seudónimos eran “El Ingeniero”, “La Muerte” y “El General”,
El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que facilitara su captura, mientras que el de México había ofertado hasta 30 millones de pesos.
FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-09-2016/3046552
La Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, denunció que la construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara representa la tala de mil 683 árboles a lo largo de 15 colonias. De acuerdo con los integrantes de esa organización ciudadana, la obra licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes – sin que se realizara una consulta a los ciudadanos– favorecerá a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), sólo favorecerá a la empresa y no resolverá el problema de tránsito que aqueja a esa zona.
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– La construcción del viaducto de cuota La Raza–Indios Verdes–Santa Clara afectará directamente a más de un millón y medio de personas de 15 diferentes colonias al norte de la Ciudad de México y parte del Estado de México, ya que contempla la tala de mil 683 árboles, denunció la Unión de Vecinos por el Único Corredor Verde de Insurgentes Norte.
Ulises Velasco, integrante de la Unión, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha obra no supone un beneficio para la población, ya que no solucionará los problemas de tránsito vehicular. En cambio, destacó, a quienes sí favorecerá es a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) y a las autoridades federales y capitalinas.
En abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó sobre la adjudicación del proyecto –con costo de 4 mil millones de pesos– a la empresa Pinfra para “su diseño, construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento”.
“Será un viaducto de cuota que definitivamente no resuelve el problema de vialidad. [Las autoridades federales] siguen dándole prioridad al automóvil, y no es una alternativa que pueda mitigar el problema del tránsito porque no es de transporte público. Si tú generas una gran estructura para el paso de automóviles promueves su uso, lo que es una forma muy discriminatoria para el resto de la población”, puntualizó Velasco.
Hace apenas dos semanas, la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó que el proyecto se encuentra sometido al procedimiento de evaluación del impacto ambiental por la construcción en un Área Natural Protegida de competencia federal.
De acuerdo con la Unión de Vecinos, el único corredor verde con que cuenta el norte de la capital está compuesto por 7 mil 342 árboles de 61 especies diferentes, algunos con alturas de más de ocho metros.
Carolina Velázquez, miembro del colectivo vecinal, denunció que de los mil 683 árboles que la empresa planea derribar, mil 639 pertenecen al área de la Ciudad de México y los 44 restantes se encuentran en el Edomex. También reconoció que, de acuerdo con la empresa, se pretende llevar a cabo la restitución de más de 5 mil ejemplares, la representante de vecinos destacó que “nada garantiza que lo hagan”.
Otra de las principales denuncias de los colonos de Guadalupe Insurgentes, Industrial, Lindavista, El Arenal, Vallejo, Panamericana, Tepeyac Insurgentes, Santa Isabel Tola, Calpultitlán, parte de Vallejo, entre otras, es la falta de una consulta por parte de las autoridades para saber si los posibles afectados están a favor o en contra de la construcción.
Los inconformes informaron que ingresaron solicitudes para que se haga una consulta pública por parte de la Semarnat. Al mismo tiempo han solicitado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) intervenir en el caso.
Asimismo, la vecina inconforme denunció que las autoridades federales han guardado silencio.
“Ni las autoridades de la Ciudad de México ni las federales se han dignado a avisar y a preguntar a los vecinos sobre un proyecto de esta magnitud. El silencio absoluto de las autoridades es el colmo”, reclamó.
¿CÓMO DAÑARÁ LA OBRA A LOS CIUDADANOS?
Entre otros beneficios, el corredor ambiental compuesto por aproximadamente 5 kilómetros de arbolado, según vecinos, permite la absorción y filtración de miles de metros cúbicos de agua cada año, además de ayudar a contribuir en la mitigación del problema de contaminación y ruido que se vive en la capital mexicana, así como brindar sombra.
“Al talar los árboles no sólo se le arranca un pedazo de belleza a la ciudad, no sólo la hacen más fea, también más calurosa y ruidosa. Las copas de los árboles y su humedad reducen la temperatura y la difusión del sonido; el concreto producirá más ruido y contaminación auditiva”, alertan los vecinos en su blog.
“El mayor problema, al techar esto, es que se eliminaría el área verde y desde luego, generará problemas de mayor contaminación”, advirtió Velasco.
Por ello, hizo un llamado a los capitalinos a no permitir que las áreas verdes sean “vendidas” porque “son nuestras. No a la privatización de espacios públicos”, urgió.
GOBIERNO FAVORECE EL INTERÉS PRIVADO SOBRE EL PÚBLICO
La responsabilidad de las autoridades es pensar por el bienestar de la gente y no buscar hacer negocio –dijo Velasco– y “aquí no parece que sea así. Esto parece ser un proyecto que se es negocio para una empresa y para el propio Gobierno, quien dio la concesión. Ellos van a ganar mucho dinero y van a generar un problema para la sociedad”.
“Con la mayoría de las obras en la CdMx, pareciera que todo está orientado a un gran negocio, creo que la mayor parte de la población lo percibe así”, subrayó.
De acuerdo con el testimonio de vecinos de algunas colonia afectadas, las obras ya han comenzado, aunque –señalan– el Gobierno asegura que no es así.
Velázquez narró a este medio que los vecinos notaron que los árboles del corredor habían sido numerados, por lo que organizaron una asamblea a la que se presentaron habitantes de la colonia Santa Isabel Tola, quienes señalaron que en aquel lugar la obra ya se ejecutaba.
“En 2011, la gente se organizó para parar la obra. Indagaron y supieron que era el proyecto de Viaducto elevado desde La Raza hasta Santa Clara y que una parte pasaba por Santa Isabel Tola. Ellos no lograron parar el proyecto, pero sí evitar que pasara por su colonia porque tienen árboles protegidos”, comentó.
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO SE OPONE
Recientemente, José Augusto Velázquez Ibarra, Director General de Jurídico y Gobierno en la Delegación Gustavo A. Madero acudió en representación del Jefe de Gobierno Victor Hugo Lobo Román, para conversar con los vecinos inconformes y asegurarles que las autoridades están en contra del proyecto.
“No llegó el Delegado, fue el Director de Jurídico y Gobierno a decirnos que se habían manifestado en contra y cuando se le pidieron las pruebas, mostró una serie de recortes de periódico con notas informativas”, dijo Velázquez.
Incluso, la delegación emitió un comunicado la semana pasada donde anunció que las autoridades delegacionales y vecinos de 5 de las 15 colonias afectadas, rechazan dicha construcción “por considerar que afecta gravemente a la ecología y al entorno urbano, además de que no se consultó a la ciudadanía ni se le informó sobre el impacto social y ambiental de la obra”.
Los funcionarios de la Gustavo A. Madero acudieron a la SCT para entregar un documento dirigido a Gerardo Ruiz Esparza, donde emiten su postura y aseguran apoyar a los habitantes de las colonias afectadas que se oponen a la construcción mencionada.
FUENTE: SIN EMBARGO MX
AUTOR: IVETTE LIRA
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-09-2016/3091121
El pasado jueves, 8 de septiembre, se cumplieron tres años de la desaparición del chef Xiuhtletl Abarca Olea, un joven de 31 años raptado en Guerrero, y de cuyo paradero han sido localizados algunos indicios, incluidos dos cuerpos, sin que la autoridad, hasta la fecha, haya realizado las indagaciones correspondientes, así como exámenes de ADN para establecer si alguno de los cadáveres es el de Xiuh.
Xiuhtletl residía en el puerto de Acapulco y fue visto por última vez en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a la que había acudido en su calidad de presidente de la Asociación Culinaria de México en dicha entidad, para organizar actividades de promoción turística.
Tres días después de su desaparición, las autoridades federales sostuvieron un enfrentamiento fortuito con una célula delictiva en Zumpango –localidad ubicada a diez kilómetros de Chilpancingo– y luego de la refriega, las autoridades federales catearon la casa de seguridad en la que se refugiaban los delincuentes, sitio en el que encontraron los tenis que Xiuhtletl portaba el día de su desaparición, además de otras evidencias de otras personas secuestradas y desaparecidas, que también estuvieron privadas de la libertad en dicho inmueble.
En esa casa de seguridad, además, fueron encontrados algunos artículos que Xiuh portaba en su maleta de viaje el día que fue raptado, así como dos fosas a medio cubrir, en el patio del inmueble.
“La Fiscalía de Guerrero nunca investigó los tenis –narra Sara Olea, mamá de Xiuh–, y cuando la Procuraduría General de la República (es decir, la autoridad federal) solicitó que los enviaran a la Ciudad de México para ser analizados, la gente de Guerrero ni siquiera respondió los escritos que les enviaron”.
Luego de varios meses, la familia logró que la Fiscalía de Guerrero les entregara dichas evidencias “y los llevamos a la PGR, donde efectivamente les hicieron estudios, pero nos dijeron que no pudieron hallar ningún indicio, porque los tenis estaban contaminados, tenían diversos tipos de sangre mezclados, porque en Guerrero tienen todas las evidencias que recuperan de casas de seguridad en un montón de bolsas, sin ningún tipo de custodia ni cuidado para su preservación”.
Nueve meses después de la desaparición de Xiuh, el 7 de junio de 2014, las autoridades estatales localizaron en Zumpango dos fosas clandestinas, de las que fueron extraídas 13 cuerpos, de ellos, dos coinciden con las características físicas del chef, a pesar de lo cual, hasta la fecha, no han sido sometidos a exámenes genéticos, para saber si alguno de ellos corresponde con los de Xiuhtletl.
“Yo he pedido a la Fiscalía estatal, a la PGR, a todos, que esos dos cuerpos sean sometidos a pruebas de ADN –lamentó la mamá de Xiuh–, llevo dos años pidiéndolo, pero hasta la fecha nadie me ha hecho caso, nunca nadie me dio respuesta a esa petición, no les importó… y, peor: esos dos cuerpos fueron enviados a una fosa común”.
La señora Sara es enfática: “No es que yo quiera encontrar a mi hijo muerto, sino que busco la verdad, pero a las autoridades no les interesamos nosotras, las víctimas”.
Por último, en 2015, la familia del chef logró convencer a la Fiscalía de Guerrero, para que se acudiera a la casa de seguridad en la que en 2013 fueron hallados los tenis de Xiuh, esta vez para realizar excavaciones en las dos fosas que también fueron localizadas dentro del inmueble, y que nunca fueron investigadas.
“Mi esposo le tuvo que pagar a algunos trabajadores, para que hicieran la excavación –narra la señora Sara–, y convencimos a algunos agentes del Ministerio Público para que nos acompañaran, pero cuando llegaron al lugar, no encontraron nada, porque la escena ya había sido alterada. Luego del cateo de 2013, la dueña de la casa se movió, metió dinero, y le devolvieron el inmueble.
Y en 2015, cuando fue mi esposo a excavar, ya habían construido ahí (donde estaban las fosas), el lugar nunca estuvo en resguardo. Entonces, mi esperanza de que, a lo mejor, ahí pudiéramos encontrar algo, se perdió… y así estamos hasta el día de hoy, no hay más, ya son tres años desde que buscamos a Xiuh, y ya no sé qué hacer”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: PARIS MARTINEZ
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/restos-oseos-podrian-pertenecer-chef-desaparecido-llevan-2-anos-esperando-pruebas-adn/
¿Puede un ciudadano exigir a Google que elimine de su motor de búsqueda los enlaces a una información periodística de años atrás en la que se le menciona en un presunto caso de corrupción, argumentando que se atenta contra sus datos personales y su imagen?
La respuesta a esta pregunta ha originado en México un intenso debate entre senadores, comisionados del Instituto de acceso a la información, expertos de Google, activistas, comunicadores, y ciudadanos, hasta formarse dos posturas: por un lado, están quienes sostienen que cualquier persona tiene derecho a ser ‘olvidado’ en Internet si se cumplen ciertas condiciones. Y por el otro, están los que denuncian que eliminar enlaces que lleven a notas periodísticas en la Red es un acto de censura.
El caso en México de la revista ‘Fortuna’
En México, este debate comenzó el 28 de enero de 2015, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México porque un ciudadano no había podido ejercer su derecho a cancelar sus datos personales en Internet.
El caso fue promovido por el empresario Carlos Sánchez de la Peña, quien pidió a Google que eliminara varios resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Uno de esos enlaces llevaba al reportaje periodístico ‘Fraude en Estrella Blanca alcanza a Vamos México’, publicado en el 2007 por la revista Fortuna. En esta nota, el empresario es mencionado como uno de los implicados en presuntos actos de corrupción.
Ante la negativa de Google de retirar los enlaces, Sánchez de la Peña inició un procedimiento de protección de derechos ante el INAI alegando que la nota afecta a su esfera “más íntima” y también a sus “relaciones financieras actuales”. El Instituto resolvió ordenar a Google que removiera los enlaces, haciendo referencia en su argumentación al llamado ‘derecho al olvido’.
Este derecho, que en realidad es un concepto puesto que no está reconocido en la legislación mexicana como tal, tuvo su primer antecedente en mayo de 2014. En ese entonces, y a partir de la demanda de un abogado español que exigió a Google España que retirara un link a una nota de 1997 sobre un caso de impagos que ya había saldado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa ordenó a los buscadores que retiraran los enlaces a notas publicadas años atrás, si se comprueba que son lesivas para una persona y carecen de relevancia.
La sentencia aclara que en ningún caso se eliminará la nota original del medio, solo los enlaces de los buscadores a esa nota. Y precisa que no se tomarán en cuenta las peticiones cuando la información afecte a una figura pública como funcionarios de gobierno.
“Google no quiere el rol de censor de la red”
Los puntos no tranquilizaron a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La oficina en México de Artículo 19 denuncia que aunque no se elimine la nota original, el acto de suprimir los enlaces provoca un daño al medio de comunicación, puesto que deja de recibir tráfico a su nota, y supone “un claro acto de censura”.
“Para nosotros, el mal llamado ‘derecho al olvido’ en un concepto regresivo para la libertad de expresión -subraya Paulina Gutiérrez, abogada integrante de Artículo 19-, puesto que a partir de una interpretación errónea de la ley de protección de datos personales, se valida un mecanismo que sirve para censurar información”.
El punto sobre la ‘relevancia’ de la información es la otra gran polémica.
La resolución europea establece que cuando la ciudadanía solicite eliminar un link, los buscadores deberán ponderar “caso por caso” si la información publicada es aún relevante o no, y si por tanto el enlace se elimina o no. Una decisión “muy grave”, en opinión de la jefa de políticas públicas de Google México, Lina Ornelas, puesto que deja en manos de una empresa privada la facultad de impartir justicia.
“Intervenir en las notas periodísticas que Google debe o no buscar puede pegarle a la neutralidad de la Red, y nos parece que es un acto de censura previa y de privatización de la justicia, porque al final del día es una empresa la que determina a qué información tenemos derecho a acceder y a cuál no. Y nosotros no queremos ese rol de censores”, recalca Ornelas.
En este sentido, la especialista de Google señala que hay “excepciones” para eliminar links en México y en cualquier otro país, aunque se trata de casos muy claros como pornografía infantil, cuando se publican datos personales como el pasaporte, el IFE, o grupo sanguíneo, o cuando hay una violación a los derechos de autor.
“Si hay un ilícito, no hay interpretación posible: se elimina el enlace. El problema es que la sentencia europea dice que no debemos desindexar –eliminar- los enlaces a notas que sean de interés público y relevante. Pero esto es algo muy subjetivo y ahí está el peligro, porque lo que puede ser de interés para Google, para otra persona puede que no lo sea, y viceversa”.
Derecho a la rectificación, sí; borrado, no
Para evitar esto, el director de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando Garza, recuerda que en el caso de México la ley ya reconoce mecanismos para limitar la libertad de expresión cuando se producen abusos, como la demanda por daño moral, u otras medidas como el derecho a rectificación o el derecho de réplica.
“Por ejemplo, si el empresario Carlos Sánchez cree que la nota de Fortuna daña su imagen de manera ilegítima, pues que demande a la revista o que le pida una rectificación –plantea Garza-. Y entonces será responsabilidad del medio analizar si rectifica. Pero será una decisión del medio, que es el responsable de la información, y no de un tercero como Google”.
Lina Ornelas trae a colación otro ejemplo de un caso real en Colombia. En aquel caso, una ciudadana pidió a Google que eliminara los links a las búsquedas que la relacionaban con una investigación de trata de personas, misma que prescribió y de la que no fue hallada culpable.
“La diferencia es que la justicia colombiana, en lugar de pedirle a Google que desindexara los enlaces (como hizo en México el INAI en el caso del empresario Carlos Sánchez) le ordena al medio que aclare en otra nota que el delito prescribió. Es decir, no borra la verdad sobre que una ciudadana estuvo mencionada en este caso, sino que aclara que no es culpable”.
De esta manera, para Ornelas la justicia sí garantiza una protección integral a la afectada, porque en la resolución europea solo le pide al buscador que elimine los links, pero la nota sigue apareciendo en el sitio original, lo cual puede continuar generando afectaciones a la persona.
En definitiva, para la directora de políticas públicas de Google existen “otros mecanismos mucho más eficaces”, que el borrado de la información para proteger a los ciudadanos. No obstante, coincide con los activistas de Artículo 19 y de la R3D en que “se está malinterpretando” el llamado ‘derecho al olvido en internet’, para permitir a personas “borrar un pasado ominoso en la Red”. Una situación, critica, que está generando que empresas vean en este ‘derecho’ una jugosa oportunidad de negocio.
“Borramos tu pasado en Internet desde 60 mil pesos”
Eliminalia, una empresa española que aterrizó en México en 2015 con el lema ‘Borramos tu pasado’, es una de esas compañías.
“Borrar tu nombre y apellidos de internet y sus buscadores es posible –reza uno de sus reclamos publicitarios-. En Eliminalia nos dedicamos a borrar su pasado, porque usted también tiene derecho al olvido”.
Dídac Sánchez es el fundador de esta compañía que, según el joven empresario, tiene un volumen de 400 clientes mensuales entre políticos, personas de negocios, ciudadanos, “y alguna compañía de electricidad y suministros”. Un grupo heterogéneo de clientes que paga cifras que van desde los 3 mil euros “si eres un ciudadano anónimo” (60 mil pesos aproximadamente), hasta los 20-30 mil “si eres un personaje público” (400-600 mil pesos), o incluso hasta los 100 mil “si eres un personaje muy público” (2 millones de pesos).
“El derecho al olvido en internet es un derecho que merece todo el mundo”, plantea Sánchez nada más arrancar la plática vía Skype para, a continuación, exponer un ejemplo con el que argumenta su afirmación.
“Imaginemos que hablan de mí en un diario. Y esa información puede ser veraz o no. Pero durante todo el tiempo en el que un juez lo decide, la información está en la Red. Pero ojo, incluso aunque el juez me diera la razón, tampoco tendría el derecho de eliminar la información. Entonces –se pregunta el empresario-, ¿para qué me sirve que la Justicia me dé la razón si voy a seguir condenado en los medios toda mi vida?”.
Por ello, Sánchez muestra a su compañía como el resultado de la necesidad en México de hacer lo que el INAI, a la fecha, no ha conseguido hacer: “satisfacer al ciudadano que quiere salir de Internet”.
“Cuando el río suena…”
Sobre las herramientas planteadas por Google y la R3D para solicitar mecanismos de reparación que rectifiquen una información sin borrar los enlaces, el fundador de Eliminalia opina que éstas no son suficientes: “El cliente no quiere que la noticia que lo perjudica se alimente de más noticia, sino que su nombre deje de estar relacionado a esa noticia”.
“Además –agrega- Sánchez-, hay una expresión que dice que ‘cuando el río suena, agua lleva’ . Y si durante un año un medio ha publicado que yo era un violador, ¿de qué me sirve que de forma puntual ese medio, de otros 200 que ya habrán replicado la nota, diga ahora que las acusaciones no eran ciertas? No sirve de nada, porque el daño va continuar”.
Por otra parte, se le cuestionó sobre las acusaciones que organizaciones civiles vierten sobre su compañía, acerca de que ésta defiende a personajes corruptos llevando a cabo prácticas agresivas, como asistir a medios de comunicación para advertir que deben bajar tal información sobre un cliente so pena de iniciar una demanda.
“Nuestro targeting en México es un cliente que ha tenido roces con su Gobierno, pero no tiene por qué ser un cliente corrupto, sino un cliente con un perfil público. En cualquier caso –matiza el empresario-, Eliminalia no es un juzgado. No somos fiscales, ni la policía. Somos una compañía que nos dedicamos a eliminar contenido en Internet, y defendemos los intereses de cualquier cliente, independientemente de si es político o no, y de si gusta o no a los medios”.
-¿Aunque sea un político con acusaciones de corrupción? –se le insiste, a lo que Sánchez contesta muy puntual:
-Creemos que todas las personas tienen el derecho al olvido en Internet, sin importar qué es lo que hizo durante su vida profesional.
Epílogo: anulan resolución en México sobre ‘derecho al olvido’
El pasado 24 de agosto, el debate sobre el ‘derecho al olvido en Internet’ escribió un nuevo capítulo en México. Ese día, un tribunal colegiado concedió el amparo solicitado por la revista Fortuna, representada legalmente por la R3D, en contra del INAI. Con esta decisión, se anuló la orden que giró el INAI a Google México en enero de 2015 para remover un enlace a la nota periodística de esta revista.
Aunque para la R3D esta decisión es un triunfo frente al ‘derecho al olvido’, la comisionada del INAI Patricia Cursain matiza que la decisión de la justicia significa que el procedimiento de protección de derechos del empresario Carlos Sánchez deberá reiniciarse. Solo que en esta ocasión están obligados a llamar a la revista Fortuna, ya que en la resolución de 2015 la excluyeron del proceso.
“El juez no consideró si la decisión del INAI (de ordenar a Google eliminar los links a la nota de Fortuna) es una decisión que debemos cambiar. No, lo que el juez dijo fue: ‘no escuchaste a un tercero (revista Fortuna) que tenía derecho a audiencia y por lo tanto debes llamarlo y repetir todo el proceso”, explica la comisionada, quien recalca que una vez que analicen de nuevo todos los argumentos, incluidos los de la revista, “volveremos a emitir un resolución, y ésta puede ser en el mismo sentido de la primera (cuando ordenaron retirar los links), o a lo mejor puede cambiar. Pero eso aún no lo sabemos”.
En otras palabras, el debate sobre el ‘derecho al olvido’ continuará.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/derecho-olvido-internet-censura-mexico/
El Colectivo Solecito, un grupo de 50 mujeres activistas, denunció este lunes 12 de septiembre que la Fiscalía de la entidad está intentando entorpecer sus labores de búsqueda en un predio cercano a la zona portuaria de Veracruz, donde el pasado 3 de septiembre anunciaron el hallazgo de 75 fosas clandestinas.
Lucía Díaz, representante del colectivo, explicó en entrevista con Animal Político que elementos de la procuraduría estatal prohibieron a las activistas entrar al predio ubicado en Colinas de San Fe con sus celulares. Según la activista, la autoridad argumentó que no podían acceder con sus teléfonos porque varios medios de comunicación han publicado fotos y videoreportajes de las labores del Colectivo y de los hallazgos de 75 fosas, lo cual pondría en peligro la “secrecía” de las investigaciones.
“Nos dijeron que estábamos filtrando fotos y videos de las fosas a la prensa”, expuso Díaz, quien argumentó que en los materiales que comparten con los medios “no manejamos nunca fotos de cadáveres, ni de osamentas”.
“En nuestro material solo aparecemos nosotras trabajando, con vistas muy generales de las fosas y sin mostrar los rostros de los agentes ministeriales. Por lo tanto, no tenemos nada que ocultar ni estamos haciendo nada indebido”, recalcó la activista.
Finalmente, tras varias horas de discusión con elementos de la Fiscalía estatal, las brigadistas de Solecito pudieron acceder al predio para continuar con sus labores de búsqueda, pero solo con un celular, el cual les fue autorizado tras alegar que lo necesitaban por “motivos de seguridad”.
“Nos quieren sacar de la investigación”
“En el colectivo vemos esta prohibición como un intento de torpedearnos. Nos quieren sacar de la investigación para que la Fiscalía pueda decir: ‘ah no, lo que se encontró en las 75 fosas fueron huesos de perro, o trozos de madera, tal y como ya hicieron en otras ocasiones”, recalcó Díaz, en alusión a lo sucedido durante la primera Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, cuando el gobierno de Javier Duarte respondió a los hallazgos de 15 fosas en 15 días alegando que los restos encontrados eran pedazos de madera.
“La Fiscalía de Veracruz está buscando una excusa para sacarnos de la búsqueda. Se amparan en el sigilo de la investigación, pero hasta ahora no hemos visto que hayan hecho ninguna investigación. Porque lo único que hacen los agentes ministeriales es llegar, sentarse y vernos trabajar a nosotras”, criticó Lucía Díaz.
Animal Político buscó a través de su departamento de comunicación social a la Fiscalía veracruzana para conocer su postura ante estos señalamientos. Por escrito, la dependencia respondió que la decisión de no dejar pasar celulares al predio no es producto de “ninguna irregularidad, y mucho menos de una imposición”, sino de un “acuerdo previo con el colectivo que hasta hoy lunes se hizo efectivo”.
Cabe recordar que las labores de búsqueda de Solecito iniciaron el pasado 3 de agosto. A la fecha, la división de la Policía Científica de la Policía Federal ha procesado 8 de las 75 fosas, encontrando un total de 28 “cuerpos enteros”, de los cuales algunos presentaban signos de tortura, como los ojos vendados.
Para el colectivo ‘Solecito’, este hallazgo, al que llegaron gracias a la información que de manera anónima les hicieron llegar varios ciudadanos con mapas y croquis, puede ser “el más grande” hecho por la ciudadanía de fosas clandestinas en México.
“Sin en 8 fosas de 75 la Policía Científica encontró 28 cadáveres, ¿cuántos más puede encontrar en las 67 restantes?”, cuestionó Lucía Díaz.
La Fiscalía veracruzana confirmó en un comunicado el hallazgo de las 75 fosas en el predio Colinas de Santa Fe, pero advirtió que aún no se puede hablar de “algún número de cuerpos localizados, pues sería irresponsable”.
Veracruz: en 4 años la Policía halla 6 fosas clandestinas; en 5 meses, ciudadanos hallan 90
El pasado 6 de septiembre, Animal Político publicó que en los últimos cuatro años la Policía Federal sólo ha podido confirmar el hallazgo de seis fosas clandestinas con restos humanos en el estado de Veracruz, la segunda entidad con la mayor cantidad de personas desaparecidas reportadas ante la Procuraduría General de la República (PGR). En contraste, del pasado mes de abril a agosto de este 2016, esto es en apenas cinco meses, grupos ciudadanos organizados han encontrado 90 fosas clandestinas con cientos de restos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/mujeres-que-buscan-fosas-acusan-que-fiscalia-de-veracruz-entorpece-su-busqueda/
Ciudad de México | Desinformémonos. Docentes del magisterio disidente “tomaron” esta mañana el Palacio del Gobierno, el Congreso local, la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez y las oficinas de Hacienda y del Servicio Postal Mexicano, como parte de las acciones de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contra la reforma educativa en Chiapas.
Los maestros también exigieron la instalación de una mesa de diálogo para reanudar las negociaciones con el gobierno, y aseguraron que de no ser atendidas sus demandas, se mantendrán de forma permanente en los edificios.
Dirigentes de la sección 7 indicaron que ante los rumores de un posible desalojo, los docentes, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), montaron barricadas alrededor del plantón masivo que instalaron desde el pasado 15 de mayo en el centro de la capital del estado.
En su asamblea del 9 de septiembre, los maestros acordaron la realización de actos de protesta a partir de este lunes para manifestarse contra el proyecto de reforma, así como continuar con el paro de labores en las escuelas.
Con información de La Jornada
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: https://desinformemonos.org/maestros-toman-edificios-publicos-en-tuxtla-gutierrez/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Esta injusticia no la podemos callar. Los jóvenes son la razón, la fuerza y el futuro de este país. Exigimos a Enrique Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos con vida, nos diga la verdad y renuncie” dijeron padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Guerrero, a unos días de que se cumplan dos años sin su presentación con vida.
La Señora Hilda Hernández, madre de César Manuel González, dio la bienvenida a la conferencia de prensa esta mañana en el Hemiciclo a Juárez e informó que se llevará a cabo una jornada de actividades del 20 al 26 de septiembre en la Ciudad de México, en torno a los dos años de la desaparición de sus hijos, con el objetivo de seguir “exigiendo justicia”. El 27 de septiembre se realizarán en Iguala, Guerrero.
¿Por ser pobres no podemos tener justicia? Cuestionó, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete quien recordó, además, que sus hijos “son víctimas inocentes y que a Enrique Peña Nieto no le importa la vida humana”, por lo que seguirán demostrando, dijo, “de que están hechos”. Igual que todos los padres y madres, agradeció el apoyo y acompañamiento en estos casi dos años de búsqueda y reconoció: “sólo el pueblo está con nosotros”.
Por su parte, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, informó que se llevó a cabo un concurso de carteles para invitar a la sociedad a seguir acompañando su exigencia de justicia. Detalló que concursaron más de 60 personas y que el ganador será dado a conocer el próximo 26 de septiembre. Agradeció la participación y pidió a todas las personas que tienen a un familiar desaparecido a “sumar su voz”.
Al grito de “Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” finalizaron su participación y dieron inicio a la Mesa de Análisis: Búsqueda de verdad y justicia a dos años de Ayotzinapa en la que participaron: Luis Hernández Navarro, César Navarro Gallegos y Enrique González Ruiz.
“Existe un México antes y uno después de Ayotzinapa”, afirmó Luis Hernández Navarro, reconocido periodista del periódico La Jornada, quien explicó que la lucha de las madres y padres de los normalistas, dejó ver a la sociedad la intención de “acabar con las normales rurales y la educación gratuita. Las escuelas de los pobres para los pobres”, además del “maridaje incestuoso entre el narcotráfico y los elementos de seguridad”.
Abundó que el “peregrinar de los padres” dejó ver que en México se violan los derechos humanos “un día sí y el otro también”, un México, dijo, “Campo santo en el que donde quiera que se escarbe aparecen personas sepultadas de manera ilegal”, aseguró.
Finalmente, dijo que esos jóvenes a los que se les pretende “desaparecer y quitar la oportunidad de ser maestros, justo son los que hacen falta, los que irán a las comunidades más alejadas a enseñar a otras y otros”, concluyó en que “la lucha de los padres, nos deja tener esperanza de que en este país aún se puede tener esperanza”.
El 26 de septiembre de 2014, seis jóvenes fueron asesinados y 43 desaparecidos, todos ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Tixtla, Guerrero. Fueron atacados por policías locales y presuntos grupos armados que dispararon en contra de los estudiantes, de inmediato el caso dio la vuelta al mundo por el hecho en sí; así como por las inconsistencias, omisiones y deficiencias en las investigaciones hechas por el gobierno sumándose a los casos que evidencian la crisis de derechos humanos en México.
Por lo anterior, organizaciones e instancias nacionales e internacionales incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó en octubre del mismo año la desaparición y violencia de la que fueron víctimas los normalistas y definió el caso como uno de los hechos más terribles de todos los tiempos, por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado en reiteradas ocasiones, al Estado mexicano, aplicar las medidas de protección necesarias para los desaparecidos aunque también ha participado de manera activa en las investigaciones. A unos días de cumplirse dos años de este hecho, el caso sigue siendo uno de los focos de atención nacional e internacional por la exigencia de justicia y las madres y padres de los normalistas continúan la búsqueda de sus hijos y del castigo a los responsables.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/exigimos-a-enrique-pena-nieto-que-nos-entregue-a-nuestros-hijos-con-vida-y-renuncie-madres-y-padres-de-ayotzinapa/
Ciudad de México | Desinformémonos. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) toma decisiones arbitrariamente, como defensoras de derechos humanos, y las propias víctimas, no sabemos en que se basa jurídicamente para decidir qué casos se discuten y qué casos no, asegura Verónica Cruz, Directora de la organización feminista Las Libres con sede en Guanajuato, al referirse a la negativa del máximo tribunal de justicia en nuestro país para pronunciarse en el caso de Martha Patricia Méndez.
El caso de Martha Patricia, es un reflejo de lo que viven muchas mujeres en México sin embargo pocas de ellas tienen voz. Martha, joven estudiante de la Universidad de Veracruz fue en un primer momento diagnosticada de gastritis por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social del puerto y posteriormente criminalizada por aborto.
Para Verónica Cruz, una de sus acompañantes, la resolución de la SCJN en el caso de Martha Patricia el pasado 7 de agosto, significaba la oportunidad para que se pronunciara en este sentido y se avanzara en la garantía de los derechos de las mujeres, sin embargo las y los ministros, rechazaron el recurso de reclamación interpuesto por la jóven veracruzana argumentando la no legitimidad de dicho recurso, “a pesar de que en 2013 la misma Corte atrajo un caso similar al de Martha Patricia”.
El recurso fue enviado al Tribunal Colegiado de Circuito del estado de Veracruz, quien podrá pronunciarse al respecto o direccionarlo a un juez local. Cabe señalar que si bien en 2007 el Congreso de la Ciudad de México declaró legal la interrupción del embarazo hasta 12 semanas de gestación, no existe un techo jurídico en el que las propias autoridades puedan basarse y contrario a ello, en los diferentes niveles, “comenzando desde el máximo tribunal quien no le ha entrado y como se ve no quiere entrar a la discusión del asunto” asegura la defensora feminista.
Según la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4º) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) “en México el aborto es un delito con causales de exclusión de responsabilidad penal o de no punibilidad. Su regulación varía de entidad a entidad; es decir, cada entidad federativa establece cuándo el aborto es delito o no, qué procedimientos debe seguir una mujer para solicitar una Interrupción Legal del Embarazo y cómo debe prestarse el servicio en las instituciones de salud. Esto provoca una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia”.
Cabe recordar que Martha Patricia además de ser cuestionada por el propio personal de salud, fue obligada a dar “la cristiana sepultura” al feto y llevada al ministerio público. Luego de la criminalización, fue estigmatizada en su propia universidad, lo que la obligó a salir del propio estado y reiniciar su proyecto de vida en otro, a decir de Verónica Cruz, con la decisión de la Corte su situación jurídica se queda en el “limbo” y se corre el riesgo de que si el recurso llega al juez local éste decida darle “reeducación” sin que se tenga certeza de lo que eso signifique y mientras tanto la pregunta constitucional de si es constitucional o no el delito de aborto sigue vigente.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/se-niega-scjn-a-declarar-inconstitucional-la-penalizacion-del-aborto-veronica-cruz/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Todas las familias son familias”, fue una de las consignas que este fin de semana corearon organizaciones civiles, ciudadanía, familias diversas, personas defensoras de derechos humanos y feministas en algunas ciudades del pa{is, como contrapeso a las marchas convocadas por grupos conservadores y eclesiásticos que se manifestaron contra el matrimonio igualitario y otros derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTI).
Una de las contra marchas partió el domingo 11 de septiembre del Metro Pino Suárez con destino a la Catedral Metropolitana, con la presencia de unas 800 personas que exigieron un diálogo abierto con la sociedad, con las personas que estaban en el camino y a las que se les iban comentando algunos de los artículos de la Constitución mexicana que abanican los derechos de esta comunidad, dijo a Desinformémonos, Estela Reyes, integrante de la Colectiva Las Subversivas, quienes participaron en la movilización.
Reyes explicó que “más que un asunto de confrontación” se trató de una “marcha informativa, y esa fue la particularidad y aporte”, ya que, “las y los participantes también salieron en familia a explicar, en el trayecto de la marcha y durante la estancia frente a la Catedral, por qué el tema gira en torno a los derechos humanos y no a opiniones”.
Otra de las demandas principales de la movilización fue “el respeto al Estado laico”, pues “la iglesia no debe intervenir en decisiones del Estado mexicano”. Por eso, calificó la activista, “resultan terribles las manifestaciones que se hicieron este fin de semana en contra de los derechos humanos de una comunidad”.
Otra de las manifestaciones a favor de la diversidad de familias, orientaciones y preferencias se llevó a cabo en Oaxaca, donde, de igual manera, activistas se apostaron a un lado de la Iglesia de Santo Domingo, en el centro de esta ciudad, para “ejercer su derecho a la libre expresión y visibilizar a la comunidad LGBTTI junto a sus derechos”, dijo a Desinformémonos, Yoshio Ramírez, integrante de la Red Nacional de Jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir.
“Nosotros también marchamos por el respeto a nuestras familias”, dijo Ramírez y agregó que como en el caso de la Ciudad de México, las demandas se concentraron en que “el tema de las familias no es de religiosidad, dogmas u opiniones, sino de derechos, pero está claro que en esto no hay mucho avance”, aseguró.
Yoshio Ramírez consideró que las manifestaciones en contra del matrimonio igualitario pueden generar una “polarización”, en la sociedad que culmine en más crímenes de odio contra la comunidad LGBTTI, por lo que su estrategia es continuar realizando protocolos de seguridad, “marchando y haciéndonos visibles”, e incidiendo en los asuntos jurídicos referentes a los derechos humanos, finalizó.
A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció como “constitucionales” los matrimonios entre personas del mismo sexo, se legisló a favor de ellos en 10 entidades federativas y se dio un “avance jurídico en torno al ejercicio de derechos de la comunidad LGBTTI, sobre todo contra quienes han formado una familia”, dijo a Desinformémonos Alejandro Brito, director ejecutivo de la organización civil Letra S.
Estos avances, señaló Brito, son el motivo por el que se han emprendido “campañas de odio” por parte de grupos conservadores y de la iglesia católica que convocaron desde los púlpitos a salir a manifestarse en contra de este derecho. Los llamados a manifestarse, dijo, se hicieron “a base de mentiras que pueden generar un aumento en la violencia”.
Foto: Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Oaxaca
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: YUNUHEN RANGEL
LINK: https://desinformemonos.org/odio-y-confrontacion-entre-la-sociedad-generan-las-marchas-contra-la-diversidad-sexual-y-el-matrimonio-igualitario-advierten-activistas-1/
Ciudad de México | Desinformémonos. “El incremento de agresiones en mi contra y contra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en el Municipio de Cómala, Colima, se dio luego de la destitución de María Elena Díaz, delegada de la Procuraduría Agraria. El hostigamiento y persecución fue a tal grado que tuve que desplazarme de manera definitiva del estado” afirma Esperanza Salazar, Coordinadora de la organización ambientalista Bios Iguana.
Desde su creación en 2013, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan ha recibido amenazas, hostigamiento y persecución por su labor en defensa de la tierra y territorio. Agresiones físicas, desplazamientos, campañas de difamación y la división de la comunidad, son algunas de los impactos derivados del intento de imponer el proyecto minero encabezado por la empresa mexicana Gabfer S.A. de C.V. vinculada a empresas transnacionales canadienses.
https://soundcloud.com/user-514678347/esperanza-salazar-coordinadora-de-la-organizacion-ambientalista-bios-iguana
“Actualmente el proyecto culminó su fase de exploración y la empresa, en colusión con el gobierno del estado de Colima, busca iniciar el proceso de explotación de oro, plata, cobre y manganeso pero la comunidad nahua ha manifestado su desacuerdo con el proyecto que afectaría al menos 100 hectáreas a las faldas de la reserva de la biosfera, el agua y los recursos naturales de la población”, asegura la defensora ambientalista, quien es también integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA – Mexico).
Ante el proyecto minero a cielo abierto, la complicidad del entonces presidente de bienes comunales Carlos Guzmán, la empresa y las propias autoridades, la comunidad declaró en Asamblea a su territorio como libre de minería, lo cual fue además avalado por el Tribunal Unitario Agrario Número 38, en mayo de 2015. En una asamblea posterior, la comunidad nombró a Taurino Rincón como nuevo presidente de los bienes comunales, quien desde antes de su elección fue amenazado, y desconocido por la propia Procuraduría Agraria.
Pese a la intimidación, el propio Consejo Indígena se manifestó de diversas maneras pacíficamente hasta lograr el reconocimiento del nuevo comisariado que, contrario al anterior, vela por la decisión de la comunidad. Este reconocimiento ha valido también de actos de intimidación aunque la sentencia 434/15 del Tribunal Unitario Agrario respalda la decisión de la comunidad y desconoce la asamblea amañada realizada por la ex delegada de la procuraría Agraria, quien en nueve minutos intentó avalar el paso de la minería al territorio nahua.
Ante el incremento exponencial de las agresiones y el desplazamiento de Esperanza Salazar, una de las acompañantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales se pronunció contra “las campañas de difamación y amenazas de muerte, que han derivado en el desplazamiento de algunas de sus integrantes y el desmenbramiento de su organización”.
La Red aseguró que defender y acompañar a quienes defienden su territorio, “la ha hecho vulnerable a una serie de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos” por lo que manifestaron su “total indignación ante el hostigamiento sufrido durante el proceso de desplazamiento, lo que agudiza y vulnera aún más su integridad”.
El hostigamiento reciente al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y a integrantes de la organización Bios Iguana forma parte de la intimidación constante que han tenido por su oposición al megaproyecto desde 2013. La defensora Esperanza Salazar recuerda que “desde ese momento hubo amenazas de muerte contra Jesús Santos, integrante del Consejo indígena, violencia verbal contra Dilva Peña, también del consejo y en ese mismo año Gabriel Martínez Campos, integrante de Bios Iguana fue detenido momentáneamente por la policía estatal.
A pesar de que hay sentencias a favor de la comunidad y de que está frenado el trabajo “no podemos decir que hemos ganado, pues acciones como las de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elene Díaz Rivera, quien abiertamente colaboró con la empresa minera e intentó cambiar el régimen de tierra de comunal a ejidal para que fuera más fácil negociar con empresarios que con la comunidad indígena” son latentes, además las afectaciones a la comunidad en general pero principalmente hacia las mujeres indígenas siguen siendo de mucha preocupación pues las y los habitantes del lugar que están en contra de la mina han decidido permanecer en el lugar.
Organizaciones como Acción Ecológica de Ecuador; el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo CASA de Bolivia; el Programa Democracia y Transformación Global, PDGT de Perú; Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides de Perú; el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA de Chile; la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES de El Salvador; Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala; Mujeres del Valle de Siria de Honduras; el Centro Latino Americano de Ecologia Social de CLAES de Uruguay; la Asociación Censat Agua Viva de Colombia y la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA de México además de manifestar su respaldo hacen un llamado urgente a la solidaridad Internacional para “estar atentas y atentos a este caso, el cual ratifica la situación de criminalización a la que están expuestas las defensoras por parte del gobierno estatal en contubernio con las empresas transnacionales, quienes buscan implementar una estrategia perversa del modelo extractivista, patriarcal y criminal en los territorios indígenas”, afirmaron las organizaciones.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ATZIRI ÁVILA
LINK: https://desinformemonos.org/en-riesgo-integrantes-del-consejo-indigena-por-la-defensa-del-territorio-de-zacualpan-esperanza-salazar/
Las autoridades no acaban de entender el delito de trata de personas ni le dan prioridad, ya que prácticamente no se le persigue y socialmente continúa invisibilizado
Esto lo señaló el maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad Iberoamericana, en la ceremonia de clausura de la quinta edición del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos, impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. y la Dirección de Educación Continua de la IBERO.
En la ceremonia de graduación, realizada en la Sala Digna Ochoa de la CDHDF, el Rector subrayó que la trata en México es un negocio en el que están implicados el poder político, el económico y el crimen organizado, de modo que las redes de trata conjugan la complicidad de esas tres esferas.
Aunque anualmente el rubro de explotación sexual y pornográfica en México representa 10 mil millones de pesos para los cárteles, el gobierno sólo los persigue por el delito de tráfico de drogas y no por el de trata de personas, subrayó.
Así, según datos de la Procuraduría General de la República, 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores de edad, el equivalente a la mitad de la población de Puebla, son obligadas a entrar en alguna de las 47 redes de trata que existen en el país, añadió el Rector, quien describió a este grave problema como “un río de sufrimiento” para sus víctimas.
Por ello recomendó revisar las facultades de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres (Fevimtra), pues sólo tiene competencia en materia federal y en casos donde no intervenga el crimen organizado, lo que deja fuera de su jurisdicción a 90 por ciento de los delitos de trata en el país.
La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, señaló como un orgullo que el organismo que dirige haya sido la sede de este esfuerzo que tuvo como objetivo contribuir a la generación de propuestas para la erradicación de la trata de personas.
En la ceremonia de clausura del diplomado Trata de personas, políticas públicas y derechos humanos participaron la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF; el licenciado Miguel Ortega Vela y la maestra Elba Flores Núñez, director ejecutivo y coordinadora académica del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., y el doctor Enrique Beascoechea Aranda, director adjunto de Educación Continua de la IBERO.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
LINK: https://desinformemonos.org/autoridades-no-entienden-el-delito-de-trata-de-personas-david-fernandez-rector-de-la-ibero/
