La relación de Elba Esther Gordillo y el sistema político mexicano no se hizo, precisamente, añicos. La empresa de su creación, Servicios Financieros DC, a través de la cual, trianguló durante casi una década millones de pesos con base en comisiones muy altas en préstamos a los maestros, recibió el perdón del SAT para una multa de más de 67 millones de pesos. La amnistía a “La Maestra” fue entregada por la autoridad mientras ella cumplía su segundo año en la cárcel de Tepepan.
En 2013, la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca cuando provenía en su jet privado de San Diego, California. El evento a todas luces aparentó una ruptura con el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Se cumplían 24 horas del envío al Congreso de la Unión de la propuesta del Ejecutivo para reformar la Educación en México. La mujer de la agrupación gremial más poderosa del país que incluso logró modificar los estatutos para permanecer como líder vitalicia era aprehendida. Policías federales, elementos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México la esperaron al pie de esa aeronave en la que le dio la vuelta al mundo 17 veces en siete años. Había llegado el fin. Por lo menos en apariencia. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había detectado una operación de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato. A “La Maestra”, la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, le fincó cargos por evasión fiscal y lavado de dinero, un delito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Dos años después y de acuerdo con los números, la separación de Elba Esther Gordillo Morales del sistema político mexicano no estaba, precisamente, hecha añicos. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Aristóteles Núñez en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conducida por Luis Videgaray Caso, le condonó 66 millones 668 mil 458 pesos a la empresa Servicios Financieros D.C. Cuando ese perdón financiero llegó, ella estaba en el Centro de Readaptación Social de Tepepan desde donde, se suponía, ya no era tan poderosa.
EL DINERO NO ERA LAVADO, ERA DE LOS MAESTROS
Una de las primeras declaraciones de los abogados de “La Maestra” tras la aprehensión, fue que sostendrían que el delito imputado a Elba Esther Gordillo Morales no estaba configurado pues los fondos utilizados no tenían origen ilícito. En efecto, buena parte del dinero de “La Maestra” no tenía un origen ilegal porque provino de las cuotas puntuales que los maestros le dieron cada mes al sindicato. Y también de sus ahorros. Visto a través de sus agremiados, el SNTE es el sindicato más grande de América Latina. También, el más portentoso para hacer dinero. En México, el maestro es el único empleado gubernamental que puede desempeñarse y ganar sueldo en dos plazas. Así, la historia del sindicato es la de un manjar de influencia política, pero también de generación monetaria. A tal panorama en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se sumó una circunstancia bastante favorable para hacer negocio dentro del SNTE: la creación de las sofomes. Fox Quesada encarnó al primer Mandatario que no había sido postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Como Secretario de Hacienda, Fox –quien se propuso crear un “gabinetazo”, según sus propias palabras– nombró a Francisco Gil Díaz, un economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con Maestría y Doctorado en la Universidad de Chicago. Uno de los impulsos de Gil Díaz, como Secretario de Hacienda, fue la creación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). El proyecto consistió en impulsar la operación de intermediarios no bancarios que compitieran con los bancos y que lograran que el crédito incrementara su participación en la economía. El proyecto le quitó la regulación a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y las obligó a transformarse en Sofomes. Hay dos tipos de Sofomes las reguladas y las no reguladas. Pero para la economía mexicana el modelo no salió bien. Para 2010, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya advertían que de las mil 500 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofomes ENR), 930 ponían en riesgo el dinero de los clientes. Para el sindicato de maestros, el modelo fue muy exitoso. Elba Esther, al amasar su fortuna, actuó en ese escenario que conjuntaba maestros cautivos de crédito y sofomes sin regulación. “La Maestra” firmó convenios con por lo menos 22 dentro del sindicato. Acordó con todas intereses que iban de 60 a 160 por ciento, y entre la empresa prestamista, ella y otros líderes, se repartieron la comisión. No sólo se benefició “La Maestra”. Algunos de los que aceptaron el convenio con la lideresa fueron Sergio Chedraui Eguía de Consupago, Juan Pablo Montiel (hijo de Arturo Montiel), Ernesto Zedillo junior y el extenista Olivier Fernández (Crédito Maestro). Otro beneficiario fue José Bernardo Quezada Salas, profesor, ex dirigente sindical y ex funcionario del Partido Nueva Alianza (Etesa, de Grupo Peredo). The Miami Herald dio a conocer en abril de este año que Quezada Salas gastó con su esposa seis millones 300 mil dólares en la compra de 11 condominios de lujo en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005, un año próspero dentro del sindicato para este negocio de préstamos con altas comisiones. Según la investigación del diario, Quezada Salas podría haber pagado en efectivo. Las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares. El 5 octubre de 2009, la dirigente magisterial participó en la creación de la empresa Servicios Financieros DC –la perdonada por el SAT– cuya escritura pública número 93,623, avalada por el notario público número 121 del Distrito Federal, Armando Mastachi Aguario, quedó inscrita con el Registro Federal de Contribuyentes SFD-091006-GT7, según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía. La actividad de Servicios Financieros D.C. resultó sospechosa para el mismo SAT. En una auditoría la misma autoridad descubrió que la empresa basaba sus moviiento en dispersar el dinero obtenido con las altas comisiones de los préstamos otorgados a los maestros, lo que quedó asentado en la causa penal 10/2015, en el Consejo de la Judicatura, que también expone que la suma por este negocio de usura fue de por lo menos nueve millones de pesos. En febrero de 2013, cuando la ex dirigente Gordillo Morales fue detenida por delitos relacionados con el lavado de dinero, el sindicato ofreció una conversión a los datos abiertos. Dirigido por Juan Díaz de la Torre montó un Observatorio Público de Transparencia e Información (OPTINSTE) y en septiembre pasado, para acatar las disposiciones de la nueva Ley General de Transparencia, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero ese observatorio aún no muestra el flujo que recibió durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), ni mucho menos en el de Vicente Fox (2000-2006), los años prósperos de los préstamos del sindicato de donde provino buena parte de la fortuna de la dirigente del SNTE.
EL PODEROSO SNTE: EL BOTÍN Fundado en 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el cacicazgo ha sido el lugar común en el SNTE. Y las formas de hacer dinero también. Entrega discrecional de créditos hipotecarios, venta de plazas, negociación de ascensos y creación de cacicazgos regionales son tópicos en los sótanos del sindicato sin que sus cuentas hayan sido alguna vez claras. Jesús Robles Martínez ocupó la dirigencia de 1949 a 1972. Su poderío era un secreto a voces. Hubo siete secretarios generales en ese tiempo y todos debían preguntarle y darle cuentas. En septiembre de 1972, el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez impulsó su derrocamiento. Entonces, Carlos Jonguitud Barrios tiró bala para tomar las instalaciones del sindicato. Tras el golpe, Eloy Benavides fue elegido Secretario General en un Congreso Nacional Extraordinario. Dos años después, en La Paz, Baja California Sur, Jonguitud Barrios fue elegido Secretario General. Duró 17 años. Fue una época de México en la que ningún funcionario ni ningún dirigente sindical logra verse a través del prisma de la Transparencia. Al contrario. El concepto Rendición de Cuentas ni siquiera era pronunciado. Pero los estilos de vida de los políticos era un discurso que conjugaba lujo frente a un país que se sumía en crisis económicas en las que la moneda nacional cada vez se devaluaba más. Jonguitud Barrios vivía en una casa del Pedregal de San Ángel, una de las zonas de mayor poder adquisitivo en la capital del país. Se transportaba en un coche LTD negro, un modelo muy caro en ese tiempo y que ningún maestro, con su sueldo, podría tener. Además, tenía chofer. El derrumbe de su poderoso cacicazgo ocurrió en menos de treinta minutos. Era 1989 y Carlos Salinas de Gortari tenía unos meses como Presidente. Un mediodía de domingo, el dirigente esperaba la visita de sus cuatro hijos cuando la trabajadora doméstica le avisó que tenía llamada. Era Andrés Massieu, secretario particular del Presidente, quien le pidió que fuera a Los Pinos. Media hora después y con el rostro desencajado había renunciado al liderazgo vitalicio del SNTE. Aquel mediodía se inició el reinado de Elba Esther Gordillo Morales. Ella, nacida el 6 de febrero de 1945, en Comitán, Chiapas, maestra de Primaria en Ciudad Netzahualcóyotl, donde formó parte, a fines de los sesenta, de un círculo de estudios troskistas, dirigido por el profesor Armando Vázques, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La mujer que se ganó la simpatía de Carlos Jonguitud Barrios cuando fue secretaria de la delegación D-1-21, al contradecirlo en el pleno de delegaciones de la sección 36. Ante quien él, maravillado, se rindió. “A ver, tráingame a esa flaca”, diría.
En 1974, Elba Esther Gordillo se convirtió en secretaria de Conflictos de Primarias de la sección 36 y en 1977 llegó a la Secretaría general. En la elección, de 200 delegados sólo 77 votaron por ella. De todos modos ganó.
ELBA Y EL DINERO Se convirtió en algo parecido a una reina. No sólo por su ostentoso estilo; sino por lo intocable. No volvió a dar clases en el aula. Empezó una carrera sindical en la que siempre tuvo las riendas. El derroche lo hacía a la vista de periodistas, políticos interesados en ganar candidaturas o los mismos maestros. Por ejemplo, en 2008 le regaló 59 camionetas hummers a los líderes seccionales del magisterio. Ella misma aparecía ataviada con ropa de diseñadores o fotografiada en tiendas exclusivas de la colonia Polanco. Su rostro tiene unas veinte cirugías según el doctor Gustavo González, miembro de la Academia de Cirugía Plástica y Reconstructiva Mexicana, que le habló sobre el tema al periódico Reforma. Chanel, Prada, Escada, Hermés, Diave Von Fürstenberg eran las marcas de“La maestra” en un país donde el salario mínimo es de 73.04 en la zona A.
Sólo entre los Gobiernos de Salinas y Zedillo, “La Maestra” recibió casi 66 mil millones de pesos y 13 mil millones de pesos provenientes de cuotas sindicales, según una denuncia que interpuso la agrupación magisterial disidente Punto Crítico del magisterio del DF en 2005, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que fue desechada. En ese legajo, la organización indicó que Elba era dueña de por lo menos 61 bienes inmuebles. La voz de Elba Esther “La Maestra” Gordillo Morales se quebró. Era si último acto público como dirigente del SNTE. Pero ella no lo sabía. Fue el miércoles 6 de febrero de 2013, a un día de su cumpleaños. La acompañaba el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, un viejo (ella pensaba) aliado. Estaban los maestros de la Sección 36 y el secretario general ejecutivo, Juan Díaz de la Torre. En medio del discurso, con Eruviel a su extrema izquierda, “La Maestra” levantó el puño y gritó:
“Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací. Quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace una ‘guerrera’; como ‘guerrera’ murió’”.
Este es un personaje político que formó una empresa sobre las ganancias de las sofomes y que, pese a la cárcel, el SAT le otorgó un perdón. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-09-2016/3093938
Era septiembre de 2012 y Enrique Peña Nieto tenía 31 días de ser Presidente electo de México. Encarnaba lo que The Economist, el semanario británico, bautizó como The Mexican Moment, un momento marcado por la esperanza de logros en materia económica debido a sus propuestas de reformas estructurales. Fiel a su costumbre de realizar reuniones al mediodía, almorzó a esa hora con miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN, hoy Consejo Mexicano de Negocios). Ahí estaba el empresario Luis Orvañanos, dueño de Casas Geo. Tres años después, en 2015, el destino había cambiado. El momento dorado se había fugado. El Presidente tenía sólo 39 por ciento de aceptación a su gestión, el más bajo en la Historia desde que en 1994 el diario Reforma realizó la primera encuesta de este tipo. Su Administración se había descarrilado por las revelaciones de que él mismo y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, adquirieron bienes inmuebles a través de contratistas del Gobierno. Además estaba, como sombra de ladrón, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Por si fuera poco, el Gobierno federal continuaba con un plan de austeridad para enfrentar la desaceleración de la economía mexicana debido a la caída de los precios del petróleo en el mundo. Sólo había nubarrones negros sobre México. Y Casas Geo, una empresa que alguna vez tuvo 12 mil trabajadores para entonces tenía mil. La viviendera que llegó a ofrecer hasta 50 mil casas al año, en ese momento comercializaba menos de 500. Se enfrentaba a un desafío histórico: salir de sus propios escombros a través de una reestructuración financiera. Casi sepultada en cascajo por falta de liquidez y una deuda de cuatro mil millones de UDIS – unos 21 mil 080 millones de pesos- el 15 de abril del 2014 entró a concurso mercantil. Al cierre de sus operaciones en 2015, la desarrolladora sumó un patrimonio de dos mil 680 millones de pesos y aspiraba a superar los seis mil 500 millones de pesos, una vez firmados los acuerdos con los acreedores. Pero por lo menos para Geo hubo algo de aquel momento dorado de Enrique Peña Nieto. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) le condonó tres mil 073 millones 387 mil 565 pesos, el 60 por ciento del total de condonaciones de créditos fiscales otorgado ese año. No sólo fue Casas Geo. En 2015, el perdón del SAT le llegó a empresas con arraigo en el país, políticos, un connotado futbolista, una poderosa dirigente sindical y hasta a un socio de Zhenli Ye Gon, el empresario chino, acusado de tráfico de drogas y quien reunió en su casa montañas de billetes y monedas que sumaron 205 millones de dólares.
Así, se escribió una historia de paradojas. En 2015, México estaba hundido en el sótano de los países que menos recaudaron entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El promedio de ingresos tributarios en el conjunto de América Latina ascendió a 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el de los países de esa organización a 26.3 por ciento. El de México fue sólo de 9.5 por ciento, según esa organización internacional. Mientras, nombres de prominencia en el mundo empresarial eran disculpados para pagar adeudos millonarios.
2015: EL AÑO DEL PERDÓN Un crédito fiscal es un concepto que el Estado tiene derecho a percibir. Provienen de contribuciones, multas, recargos o aprovechamientos. Eso indica la letra del Artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. En 2015, el SAT aceptó otorgar algunos perdones para esos adeudos. Así fue que de un total de siete mil 108 empresas, 607 dejaron de pagar 48 mil 421 millones 396 mil 507 de pesos. El resto fue perdonado por dos mil 423 millones 754 mil 879 pesos. La indulgencia, el Gobierno la otorgó al amparo del espíritu del Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que implica que los pequeños contribuyentes en problemas obtengan cierta condescendencia para volverse a poner en orden en sus tributos al fisco. Pero ese año, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Luis Videgaray Caso, los perdones se concentraron en unos cuantos, como muestran los números. Se trata de un perdón mayoritario para apenas el 8.5 por ciento de una lista de personas con créditos condonados o cancelados. Además de cobijarse en el artículo del CFF, el Ejecutivo Federal emitió un decreto para favorecer al sector vivienda con la justificación de promover el desarrollo y construcción de calidad a precios accesibles para las familias mexicanas. El Presidente también emitió otro decreto para condonar los créditos del sector dedicado a la venta de suplementos alimenticios. ¿Quiénes integran el mínimo porcentaje? ¿A qué tipo de empresario el SAT le permitió disculpas? Fundar, Centro de Análisis e Investigación, obtuvo mediante los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal dos bases de datos de los perdones del SAT y un equipo de periodistas de SinEmbargo realizó búsquedas para dar con dueños de empresas, las empresas mismas y algunos otros nombres propios. El buceo en ese mar de información arrojó un denominador: la ruta que siguió la indulgencia del SAT para los mayores montos de créditos fiscales siempre llegó a personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial o a grandes empresas con arraigo familiar en el país.
En los siguientes días, este medio digital dará a conocer las historias de quienes, en 2015 –el tercer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto- recibieron la amnistía del SAT, en ese momento a cargo de Aristóteles Núñez Sánchez, dentro de la cartera que ocupó el otrora poderoso miembro del Gabinete, Luis Videgaray Caso.
Un año después de la condonación y cancelación de créditos fiscales, el escenario de la Hacienda pública ha cambiado. Luis Videgaray Caso, el ser político con más influencia en las decisiones económicas, financieras y políticas del país, se ha ido de la Administración. Con una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Doctorado en la misma materia por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en Inglés), sus credenciales lo ubicaron como el gran orquestador de las finanzas del país y también de las decisiones políticas. Por ejemplo, las reformas en cinco ámbitos estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, se le adjudican a su autoría. Pese a un poderío reconocido dentro y fuera del Gobierno, el Secretario de Hacienda se llevó sobre los hombros la carga de la desaceleración de la economía que bajo su administración no consiguió crecer más allá del 3 por ciento, mientras la deuda pública aumentó con un ritmo histórico. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público –la medida más amplia de la deuda del país– pasó del 36.4 por ciento al 50.5 del PIB. Videgaray Caso no se fue solo. En cascada, tras su renuncia, llegaron las del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, y Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT. En el Gobierno peñanietista, Nuñez Sánchez era uno de los funcionarios con mayor permanencia. Como otros en el equipo del Presidente, tiene un pasado en el Gobierno del Estado de México. Ahí, cuando Enrique Peña Nieto fue Mandatario, fue subsecretario de Ingresos de 2007 a 2012. Al SAT ingresó en 2012, apenas tomó posesión el ex Gobernador mexiquense.
Durante sus funciones enfrentó el caso de los Panama Papers, que reveló múltiples evasiones de impuestos de personajes públicos y empresarios, así como el proceso de auditoría al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en agosto de 2016. También, una condonación masiva en 2013 y una más, en 2015. Esta última es de la que se desgranan las historias que serán presentadas los próximos días. Era 2015 y el saldo de los créditos fiscales ascendió a 514 mil 645 millones de pesos, 14 por ciento más que el año anterior, según datos de la Secretaría de Hacienda en su informe de finanzas públicas. Personas físicas
Y la mayor parte de la deuda no provenía de personas físicas; era de las empresas, por 425 mil 879 millones de pesos. Cinco años antes, cuando Felipe Calderón vivía su última etapa en la Presidencia de la República, la deuda era de 743 mil 784 millones de pesos. En 2014 fue de 450 mil 875 millones. Pero la tendencia a la baja se frenó justo ese año y el adeudo volvió a subir. Personas morales
Consultados sobre esta circunstancia, especialistas en varias instituciones académicas y de análisis coinciden en que México no tiene condiciones para aplicar medidas de condonación masiva. Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), acota que en México, “tenemos un grave déficit presupuestal. Sólo recaudamos 7 por ciento de lo que gastamos. Tenemos una fuerte caída de ingresos petroleros, el valor del peso frente al dólar también va en caída. México es un país en donde las brechas de desigualdad son tan significativas que tenemos al hombre más rico del mundo, pero también a personas que habitan las regiones más marcadas por la miseria del planeta. Este país no es el lugar en donde se debería aplicar la condonación”. Las palabras de Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al respecto son que la condonación y cancelación son mecanismos que deben verse desde la perspectiva de la justicia social. “Buena parte de los amparos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se refieren a asuntos fiscales. Y son de las grandes empresas. Son los grandes contribuyentes los que tienen acceso a la información y actualización de las misceláneas. Y son ellos los beneficiarios”. Pero en las oficinas del SAT hay una razón para estas medidas. Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del sistema, explica: “Del 1 de enero de 2014 al 16 de agosto de 2016, se han condonado seis mil 365 millones, pero ese dinero ha llevado a una recuperación de 17 mil 933 millones de pesos. La condición para condonar es ‘te condono una parte, pero me pagas la otra’. La deuda era de 24 mil 298 millones y nos pagaron eso”. ¿Y LO QUE PERDONÓ CALDERÓN? El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con atribuciones y facultades ejecutivas. Cobijado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad ha empleado el llamado “secreto fiscal” que ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros. Así lo marca su propia ley. Y suena muy bien en términos de seguridad y protección de datos. Pero en la última década, el “secreto fiscal” se convirtió, más bien, en un candado para la información. En 2007, en el primer año de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión aprobó un programa de condonación masiva que alcanzó 86 millones 992 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Poco más de una década después, no puede conocerse a qué empresas se les otorgó esa amnistía porque su resguardo se apega en lo legal al “secreto fiscal”. Fundar recopiló los datos de 2007. Conoció así que entre los deudores que dejaron de pagar se encuentran tres bancos que concentraron 780 créditos por un monto de 28 mil 623 millones de pesos. Un solo banco registró 683 créditos fiscales por 24 mil 918 millones de pesos; 14 empresas de la construcción, con 235 créditos, debían a la autoridad 9 mil 880 millones de pesos y 11 ingenios, con 739 créditos, debían al fisco 8 mil 257 millones de pesos. También cuatro clubes de fútbol tuvieron 79 créditos, por un monto de 2 mil 178 millones de pesos, una compañía editorial tenía 40 créditos, por 2 mil 675 millones de pesos y dos cadenas televisivas tenían créditos por mil 521 millones de pesos. Así, la organización inició en 2010 un camino para conocer qué empresas y quiénes recibieron perdón gubernamental para dejar de pagarle a la autoridad hacendaria. Ha sido una ruta larga y en su mayor parte averiada por las negativas a la información que no ha desembocado en la revelación de ningún nombre. Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudieron al Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo la declaración de inconstitucionalidad del artículo que avala el secreto fiscal. El argumento que presentaron es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que la información en poder del Gobierno es de carácter público y sólo puede ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. Pero la Corte le dio la razón al SAT. No hay grandes esperanzas para conocer quiénes fueron los beneficiarios en 2007. Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del SAT, responde de manera contundente al planteamiento de cuándo podrá abrirse esa información: “Nuestra postura sigue siendo que solamente vamos a revelar los datos a partir de que la ley se reformó. A este momento, esa es nuestra postura. Es un tema de respetar los datos personales. También para nosotros como servidores públicos, revelar el dato de alguien sin tener una autorización expresa de la autoridad te lleva a una sanción que puede ser hasta de cárcel”. Siete años después, en el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT lanzó el programa “Ponte al Corriente”. Y otra vez, llegó la controversia porque no todo salió a la perfección. Al evaluar el programa, la Auditoría Superior de la Federación calculó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por mil 123 millones 614 mil pesos por multas y recargos que servidores públicos del SAT condonaron a cinco contribuyentes de manera presuntamente improcedente al amparo del inciso b, fracción I, del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. No obstante el secreto fiscal, al que se atiene para no revelar información de 2007, el SAT reveló de manera parcial la información de beneficiarios del programa “Ponte al corriente”. Las listas que hizo públicas se limitan al RFC de la empresa y al monto condonado y cancelado. Pudo conocerse que el Presidente Peña Nieto, a través del SAT, le condonó un crédito fiscal de tres mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, de los cuales sólo debió pagar el 10 por ciento; es decir, 343 millones 254 mil pesos y desistió de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, según reportó la televisora ante la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo año. ¿Quiénes más recibieron el beneficio en el primer año de Gobierno peñanietista? Sabritas con el RFC SAB730510K44 y 929 millones 492 mil 858 pesos. También Gamesa con GGA831121JE9 y 150 millones 453 mil 901.00 pesos. La desarrolladora inmobiliaria Prologis con los registros PCI060124PP5, por nueve millones 342 mil 849.00 pesos y PCD060125NV4, por 5 millones 498 mil 397.00 pesos y Scotiabank Inverlat que ante el SAT es SIN9412025I4, por 28 millones 825 mil 996 pesos.
Los perdones del SAT, esos que le llegan a ciertos empresarios, los menos ante la autoridad fiscal, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, continuaron en 2015. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3092072
CIUDAD DE MÉXICO: ¿Cuántos esqueletos caben en el armario de un presidente de la República? ¿Cuántos se pueden encubrir desde la Agencia de Investigación Criminal de la PGR? O ¿Cuántos en los estantes toluqueños desde la Dirección de Inteligencia y de Investigación de la Procuraduría del Estado de México? La certeza no la tenemos pero podemos mencionar algunos cadáveres como el de la pequeña Paulette Gebara que conmocionó al país con su desaparición en 2010 y sorprendió aún más cuando, haciendo uso de toda su inteligencia, el encargado de Investigación y Análisis de la Procuraduría estatal, Tomás Zerón dio con la pequeña “debajo de su camita”. ¿Cuántos cadáveres se podrán esconder cuando se tiene a su cargo la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y la oficina de la Interpol en México? Direcciones poderosas que controlaba Tomás Zerón desde la AIC de PGR. Son sólo preguntas. Del número de cadáveres nunca tendremos certeza pero podemos suponer que Zerón sabe mucho más de lo que apareció en un video del 28 de octubre de 2014 tomado en el río San Juan y a partir del cual nos enteramos (casi dos años después), que ese día se descubrieron “entre cuatro y ocho bolsas” negras con restos óseos y cenizas, presuntamente, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos. También supimos que fue hasta el día siguiente, el 29 de octubre de 2014 que “un buzo de la Marina” descubrió “una bolsa” con restos óseos y que posteriormente, se diría, pertenecían a Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos. De ésos restos debe saber mucho más Zerón. ¿Cuántos kilos de ceniza humana se podrán esconder o diseminar en armarios gubernamentales? Nada de esto sabemos pero algo sí intuimos, el valor del escondrijo es mucho. Quizá por eso, en lugar de despedir a Tomás Zerón de la PGR, como demandaban los padres de los 43 desaparecidos, le dieron un cargo de mayor poder, el de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Los esqueletos de un sexenio bien valen una protección a ultranza. Enrique Peña Nieto pareció dar a los leones locales e internacionales la cabeza de Tomás Zerón. A dos años del irresuelto e indignante caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, algo se tenía que hacer para calmar los ánimos. Pero no sólo Tomás Zerón sale del reflector y la crítica nacional e internacional, el propio Ejército sigue intocado. Son pocos los que consideran que esté exento, si no de culpas, por lo menos de ocultamiento de información. El 5 de octubre de 2015, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recibió en su búnker a los diputados miembros de la segunda comisión especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento la presión internacional y la tambaleante “verdad histórica” sobre la quema de los 43 estudiantes había sido puesta en duda el 6 de septiembre cuando el especialista José Torero dijo que era imposible una quema de tal magnitud, al aire libre y sin determinado número de aceleradores de fuego. Ya un año antes, en noviembre de 2014, el propio general Cienfuegos había soltado la duda en la reunión que tuvo con la primera comisión de investigación de la Cámara de Diputados y donde les reveló que esa noche y madrugada, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, hubo una lluvia pertinaz que hacía casi imposible mantener un fuego vivo. El 5 de octubre de 2015, Cienfuegos ofreció a la segunda comisión despejar dudas y para ello se comprometió a abrir las puertas del 27 Batallón de Infanteria con sede en Iguala, para que los diputados se convencieran de que ahí, no se escondían esqueletos. La imprudencia del general Cienfuegos enfureció al titular de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien a partir de febrero de 2016 empezó a hurgar un plan para echar abajo la apertura de los cuarteles. Y lo logró. Utilizó en la Cámara de Diputados a sus aliados del PVEM, porque el PRI, a través de su diputado Víctor Manueol Silva Tejeda, no consiguió articular estrategia eficaz. Por ejemplo, el 15 de enero de 2016, mediante oficio, el diputado priista y su asesor insistían en que se daría la reunión en el 27 Batallón pero exigían “secrecía”, “ausencia de miembros del GIEI” y “sin asesores”. Además aclaró que toda la logística tendría que ser aún validada por el propio Ejército. Esto último dejaba entrever sus deseos de cancelar la reunión en el Batallón de Infantería, pero todo era velado. La tibieza del PRI hartó a Gobernación, que envió el 3 de febrero al PVEM a “reventar” la reunión y pedir la cancelación del encuentro. Lo logró. El PRI, Panal y PES se sumaron a su demanda y con el voto ponderado en la comisión especial de Ayotzinapa mayoritearon a la oposición. Así es que, a dos años de que se cumpla la atroz e indignante desaparición forzada de los 43 estudiantes, Peña Nieto sigue encubriendo a Tomás Zerón, quien llevó las indagaciones y fue clave en el armado de “la verdad histórica”, pero también a todos los miembros del Ejército que estuvieron el día de los hechos en contacto con los jóvenes, que supieron lo que estaba ocurriendo e incluso encubre al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al titular del Cisen, Eugenio Imaz, quienes reconocieron que al momento del ataque contra los jóvenes y aún antes de que los desaparecieran, cenaban plácidamente esperando más reportes “de un enfrentamiento entre estudiantes y policías de Iguala”. La omisión también te hace cómplice de los esqueletos que se puedan guardar en los armarios de un sexenio.
Si las frivolidades de los medios de comunicación continúan y desoyen a las víctimas también ellos serán cómplices de “los cadáveres” que caben en un sexenio, pero también de los esqueletos que se esconden en las fosas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/455382/los-esqueletos-pena
BUENOS AIRES: El desempleo crece de manera rasante desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre. Así lo indica el análisis del índice oficial correspondiente al segundo trimestre de 2016. Algo más de un millón 700 mil personas, el 9.3% de la población activa, no tiene trabajo. El impacto es aún más fuerte entre los jóvenes (18.9%) y las mujeres (10.5%). Uno de cada tres trabajadores se desempeña en la economía informal. La actual recesión económica, con brusca caída de la actividad y el consumo, presagia una continuidad de la tendencia. El gobierno y los grandes medios hablan de un “sinceramiento estadístico” de las cifras que ocultaba el anterior gobierno. Se basan en la manipulación de índices que caracterizaron al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante los dos mandatos de Cristina Kirchner (2007-2015). Presentan como un ejercicio inútil la comparación entre la tasa de desempleo actual, del 9.3%, y la correspondiente al tercer trimestre de 2015, del 5.9%, la última disponible del anterior gobierno. La diferencia entre uno y otro índice es de 666 mil desocupados.
La mayor crítica que recibían las estadísticas del mercado laboral durante el kirchnerismo era la subestimación deliberada de la tasa de actividad. Cierta cantidad de desocupados eran registrados como inactivos para maquillar la tasa de desempleo. La sospecha parece verse confirmada al comparar la población activa actual, de 12.5 millones de personas, con la de septiembre de 2015, que reportaba 11.9 millones. El salto es tan elevado que sólo puede explicarse a través de una manipulación. “De los 666 mil 188 nuevos desocupados, un mínimo de 205 mil 869 (30%) y un máximo de 360 mil 424 (54%) le correspondería al efecto de la política económica desplegada por el gobierno de Macri. El restante, ha de atribuirse a Cristina Kirchner, o mejor dicho, al efecto de recuperación de la credibilidad en las estadísticas públicas del nuevo INDEC”, se lee en un informe de los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). El estudio se sobrepone a la falta de estadísticas oficiales sobre el cuarto trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016. Intenta discernir cuántos de los 666 mil nuevos desocupados son atribuibles a la manipulación estadística del anterior gobierno y cuántos al impacto que el ajuste económico del actual gobierno tiene en el mercado de trabajo. Los economistas parten de la confiabilidad de la tasa de población activa del 46% en la estadística oficial reciente. La aplican a los índices laborales del último registro de 2015. “En la primera hipótesis partimos de la base de que la fuerza laboral que participa en junio de 2016 es la misma que en septiembre de 2015, y llegamos a algo más de 205 mil nuevos desocupados”, explica a Proceso el economista Tomás Raffo. “Pero en nuestra segunda hipótesis, partimos de la base de que hoy el mercado laboral tiene más gente participando, ya que, al menguar los ingresos, debido a la aplicación de estas políticas económicas, algún miembro de la familia que estaba inactivo pasó a ser activo”, sostiene Raffo. Los economistas toman un punto medio entre la población activa actual (46%) y la que presumen subestimada por el anterior gobierno (44.8%). Recalculan, a partir de una tasa de actividad estimativa del 45.6%, todos los datos del tercer trimestre de 2015. Llegan entonces a la conclusión de que la desocupación real de ese trimestre fue de 7.5%, con un total de un millón 357 mil 558 desocupados. De allí surgen algo más de 306 mil desempleados ocultos por la manipulación estadística. Los 360 mil 424 restantes se deben a la destrucción de empleo a partir de diciembre. “Si se mantiene una política económica que ajusta y tensa al límite la situación social, habrá que ver si al mismo tiempo se mantendrán la autonomía y la credibilidad de las estadísticas públicas”, advierte Raffo. “Lo que ya es un clásico de los gobiernos de la democracia es que a medida que los resultados estadísticos desmienten su política económica en términos sociales, empieza a haber presiones sobre los técnicos y los productores de estadística”, explica. Disciplinamiento La contracción del empleo a lo largo de este año se verificó con mayor contundencia en el sector de la construcción y la industria. En los cordones industriales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba el índice ya alcanza los dos dígitos. La estadística oficial consigna que la actividad económica retrocedió 4.3% en junio respecto al mismo mes del año pasado. –¿Qué incidencia tuvieron los despidos en la Administración Pública al asumir el gobierno y el veto del presidente Macri a la ley antidespidos sancionada por el Parlamento? –se le pregunta a Tomás Raffo. –Son fundamentales –responde el economista–. Además del efecto económico directo tienen un efecto simbólico muy fuerte, que es el de decir desde el Estado, a los empresarios, que en la Argentina se puede despedir. Hasta ese momento había despidos pero no eran legitimados en el discurso simbólico. El veto a la ley de prohibición de despidos expresa la decisión firme del gobierno de decir que si hay algún problema económico en las empresas, no hay ningún problema en resolverlo por la vía del ajuste del empleo. La tendencia aún persiste. El Ministerio de Modernización reconoció el 7 de septiembre que impulsará una revisión integral de la planta de empleados estatales. Se prevé una nueva ola de despidos y retiros voluntarios. El gobierno de Mauricio Macri apuesta a una inflación del orden del 10% anual. Impulsa un crecimiento motorizado por la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Considera que el problema del empleo se debe a los elevados costos laborales y las regulaciones estatales que desalientan la inversión privada. Hasta ahora no ha mostrado resultados positivos en ninguno de estos frentes. “Pasamos de una inflación del 25% en 2015 a una del 45% en este año, el PIB pasó de crecer 2% a caer el 2%, aumentó considerablemente la deuda externa. Y ahora tenemos este dato de desempleo. Lo que entra en debate es si el gobierno no sabe hacer política económica o si efectivamente buscan estos resultados”, dice a Apro Martín Burgos, coordinador del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. “Yo creo que es parte y parte –se contesta–. Se confiaron mucho en que iba a haber inversiones extranjeras directas y eso iba a traccionar la economía y el empleo, por una cuestión ideológica, pensando que el mercado los iba a ayudar por ser promercado”, explica. El economista cree que la recesión mundial y las recurrentes crisis financieras no configuran el mejor de los contextos para que un país dependiente y periférico como Argentina apueste por un programa económico como el del gobierno. “Después está la cuestión política –continúa Martín Burgos–: Hay una política del Estado para presionar los salarios a la baja y, en términos políticos, tener control sobre los sindicatos, que acá en Argentina son muy fuertes”, sostiene. El economista cree que con un 10% a 12% de tasa de desempleo, el gobierno y las empresas pueden imponerle condiciones al mercado de trabajo. Se pasará de una flexibilización del mercado laboral de hecho a otra que en el futuro intentará volverse ley. Hasta ahora, la única iniciativa oficial para estimular el crecimiento del empleo se basa en la reducción de las contribuciones patronales para quienes ofrezcan a los jóvenes su primer trabajo. Martín Burgos cree que la gobernabilidad puede verse comprometida. “Si el desempleo pasa a ser del 15% o del 18%, como fue a fines de los años 90, puede dejar de ser funcional, con graves problemas sociales, y con una fuerza cada vez mayor del movimiento de desocupados, con cortes de ruta y serias complicaciones para mantener la paz social”, sostiene. Conflictividad “Cada día vamos a estar un poco mejor”, dijo Macri durante un acto en una distribuidora de medicamentos el 22 de agosto. “Eso se va a acelerar si entendemos que cada uno de los argentinos, en su lugar, entendiendo que cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema y fuerza un ausentismo o inventa un juicio o pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todo el resto de la sociedad”, sostuvo. El presidente invocó así a la paciencia de los trabajadores y se refirió, claramente, al ausentismo y a los juicios laborales. Consultoras privadas estiman que el salario real ha perdido el 12% en lo que va del año. La caída de la actividad determina una ola de suspensiones en el ámbito privado. Suspensiones que, de no haber una reactivación, se transformarán en despidos. El escenario se completa con atrasos en el pago de los sueldos, retiros voluntarios, jubilación anticipada, anticipo de vacaciones y recorte de horas extra. Las centrales sindicales han reaccionado de manera muy disímil frente a los despidos. Todo indica, sin embargo, que el gobierno de Macri enfrentará su primera huelga general en octubre o noviembre.
“Estamos viendo un proceso de conflictividad muy fuerte, hay un gran descontento social, y habrá que ver cómo responde el gobierno frente a la protesta, si va a flexibilizar sus políticas o las va a imponer a través de la represión del conflicto social”, dice Tomás Raffo. “Macri ha demostrado hasta ahora una gran flexibilidad. Prueba ir con todo, pero, cuando las cosas se le complican, retrocede –dice el economista–. El riesgo es que cuando hay un proceso recesivo y la economía se apalanca para abajo, cada vez hay menos consumo, cierran las empresas, y cada vez que diez o veinte trabajadores van a parar a la calle el impacto recesivo es muy difícil de recuperar”, sostiene. FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO OLASO. LINK: http://www.proceso.com.mx/455267/argentina-desempleo-autoinfligido
Se les acusa del delito de evasión de presos doloso agravado.
Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a dos de los custodios que facilitaron la fuga de los internos Roberto Sánchez Ramírez El Fugas y Agustín Miranda Orozco del Reclusorio Preventivo Oriente, el 30 de mayo pasado. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia capitalina informó que los guardias fueron asegurados en atención a un mandamiento judicial girado por el Juez 43 Penal en la Ciudad de México, en la partida 150/2016, por el delito de evasión de presos doloso agravado. La dependencia local recordó que Sánchez Ramírez y Miranda Orozco escaparon del Módulo de Alta Seguridad “Diamante”. Para lograr la fuga, los internos rompieron una reja metálica ubicada en el juzgado número 20 que en ese momento no estaba en uso, y enseguida, rompieron una puerta de madera que se encontraba cerrada con llave y caminaron por un pasillo. De acuerdo con la grabación de la evasión, uno de ellos salió de las instalaciones con un fólder en la mano. Ambos sujetos pasaron por un detector de metales, en donde se encontraba un agente de la policía que supuestamente estaba vigilando la entrada y salida, y no les pidió sus identificaciones, agregó. El pasado 13 de septiembre Roberto Sánchez fue reaprehendido por agentes investigadores, mientras que Agustín Miranda fue detenido el 13 de junio.
La Secretaría de Hacienda informó que la caída del precio del crudo y la disminución en la producción de Pemex tuvo un fuerte impacto en la economía de Campeche y Tabasco.
La Secretaría de Hacienda estimó que la deuda total de Pemex con sus proveedores suma 147,000 millones de pesos. En el Informe del Vocero de la dependencia se menciona que la caída del precio del crudo y la disminución en la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo un fuerte impacto en la economía de Campeche y Tabasco. Al respecto, la caída en los petroprecios se refleja en la reducción de demanda y la falta de liquidez de las empresas que limita su acceso a financiamiento y proyectos de inversión. “Existe una reducción de la demanda agregada en esas entidades, como consecuencia de la disminución en la actividad de Pemex, y que se registra falta de liquidez en las empresas, que limita su acceso al financiamiento y por tanto a proyectos de inversión. Esta situación hace necesario promover una transformación productiva que reduzca la vulnerabilidad”, dijo. La dependencia señaló que, como parte de ese apoyo, Pemex lleva un avance de 85 por ciento en el pago a proveedores y el resto podría liquidarse a fin de año. Además, de los 225 millones de pesos que Nacional Financiera (Nafin) puso a disposición de las empresas que tengan problemas de liquidez, pero tengan proyectos o contratos, sólo se ha autorizado 10 por ciento. Sólo en Campeche y Tabasco, la empresa productiva del Estado tenía deudas con aproximadamente 670 proveedores, a quienes hasta junio pasado les había liquidado 37,974 millones de pesos. Ante esta situación, el presidente anunció el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco.
“Se trata de un paquete de acciones estratégicas que responden a los retos identificados, que buscan incentivar la actividad económica de esta importante región del país mediante el apoyo a la economía de las familias y de las empresas. A cinco meses de su presentación, hay avances en la instrumentación de los cuatro ejes que componen este programa…”, concluyó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1909/mexico/deuda-total-de-pemex-con-proveedores-suma-147000-millones-de-pesos/
En un estudio hecho por el reconocido periodista Daniel Pensamiento y Abel Jonathan Espinosa, un joven ingeniero en mecatrónica egresado del Tec de Monterrey y posgraduado en inteligencia de redes y nuevas tecnologías de la información, se revelan datos duros sobre las redes sociales y el presidente Enrique Peña Nieto. Publicaron ya un resumen informativo. Me han facilitado, empero, su estudio completo y desglosado que es inédito, y el cual contiene un sinnúmero de datos interesantes, que resulta de gran interés analizar. Veamos. Los “PeñaBots” son cuentas de usuarios simulados y muchos automatizados en Twitter y Facebook que tienen los siguientes propósitos: a) Emitir juicios de valor positivo a las acciones o tuits del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y su entorno cercano; b) Borrar comentarios negativos, que se tardan un minuto en promedio y c) Articular discursos de coyuntura, sin argumentos, pero tratando de crear sofismas (mentiras disfrazadas de verdad o de comentario mínimamente racional para impugnar las críticas a EPN. El estudio de Espinosa y Pensamiento – que va del 1º de enero al 1 de septiembre del 2016- sostiene que existen 640 mil 321 cuentas de “Peña Bots” en Facebook y un millón 216 mil 093 cuentas en Twitter. Para separar los “PeñaBots” de los usuarios reales que efectivamente confían en EPN y su forma de gobierno, se hizo un análisis de tendencias de los contenidos de esas cuentas y su identidad en contenidos o similitud de mensajes, aunque no sean exactamente iguales. En la mayor parte de los casos los “PeñaBots” sólo emiten contenidos positivos de EPN y su entorno (59%). El resto (41%) los “PeñaBots” generan contenidos diversos, pero se “encadenan” o “enlazan” cuando se trata de apoyar a EPN en momentos de crisis. Las cuentas de “PeñaBots” son integradas en el mayor número de los casos de falsos usuarios, pero también hay usuarios reales que rentan sus comentarios o prestan sus servicios a la Presidencia de la República. Se usan para generar falsas tendencias de notas al darles like o compartir en Facebook y en Twitter a los contenidos que se quiere apoyar o, por el contrario, criticar las informaciones u opiniones opuestas al guion oficial de la presidencia de la República. Pueden, como es entendible, adquirir la forma de mujer o de hombre, generalmente en la franja que va de los 23 a 40 años para imprimir a esa política de comunicación mayor sentido de racionalidad, de suerte que se puedan infiltrar como usuarios reales, participativos y firmes en sus convicciones. A mayor complejidad en la configuración de los “PeñaBots” mayor incidencia en las redes generando, al menos, alguna duda en los verdaderos usuarios no pagados para expresar sus puntos de vista a favor o en contra, en espera de generar estrategias para dar vida a la “espiral del silencio” que ha desarrollado Elisabeth Noelle-Neumann. (Generar tantos comentarios en un mismo sentido que inhiben a una parte de los usuarios reales para expresar su punto de vista por temor a ser aislado de una tendencia de opiniones, sin saber en este caso que esa corriente de opiniones es falsa). Los “PeñaBots” cuestan dinero. Es algo que no se cuenta, pero cuenta mucho, como dice la campaña de EPN. El costo es mayor si se consideran las características de los más completos (siguen contenidos indicados por presidencia de la República, mantienen interacción con otros temas para fortalecer la percepción de su existencia como usuarios independientes y emiten comentarios sobre algún tema bajo la misma línea discursiva para desviar la atención o “equilibrar” el sentido de las percepciones en las redes sociales) y si están destinados a apoyar las acciones de EPN y su equipo es evidente que su costo sale del erario, de lo que hasta ahora nadie ha dicho nada. Conviene recordar lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, 8º párrafo, que a la letra dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” Y en el siguiente y último párrafo del citado artículo 134 constitucional se establecen directrices para las leyes relacionadas con la materia: “Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” De lo anterior se desprende que la aplicación de recursos del erario en la creación y operación de “PeñaBots” son inconstitucionales e ilegales por las razones siguientes: a) Desinforman a la sociedad generando en redes sociales percepciones inducidas y falsas con lo que viola el artículo 6º de la Constitución; b) La naturaleza de los “PeñaBots” es incompatible con lo previsto en el artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personal como pasa con estas cuentas; c) Paradójicamente a mayor gasto de los recursos del pueblo más se le desinforma; y d) Existe en este momento la tecnología adecuada para hacer peritajes técnicos sobre la existencia de “PeñaBots” que bajo ninguna forma los puede seguir pagando la sociedad.
Los partidos de oposición a través de sus expresiones parlamentarias en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados deberían crear una comisión especial para ahondar sobre este tema de desaseo del dinero de la comunidad para manipularla y desinformarla. Algo tendrían que decir @FMartinezNeri , @MarkoCortes, @Dolores_PL, @rocionahle, @VirgilioCaballe, @ClementeCH, @nenaorantes, @RicardoAnayaC, @martibatres, @FHerreraAvila y otros tomadores de decisiones. Fin de la primera parte. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA. LINK: http://aristeguinoticias.com/1909/mexico/penabots-cuantos-son-cual-es-su-fundamento-legal-primera-parte/
PAJACUARÁN, Mich: La cabeza de Isaac M., conocido como El Diablo, fue localizada sobre una banqueta a la entrada de esta población y, a unas calles, su cuerpo desmembrado en bolsas de plástico negras y con un narcomensaje: “Esto les va a pasar a todos los chapulines la limpia pareja con todo no paramos” (sic). La mañana de hoy vecinos del lugar se percataron de que había una cabeza humana en la banqueta y dieron aviso a la policía de Michoacán. Al trasladarse al lugar de los hechos, los uniformados confirmaron la presencia de la cabeza de una persona del sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad. Minutos después los policías fueron alertados por residentes de la calle Morelia, esquina con Zamora, sobre la presencia de otra bolsa negra con restos humanos que pertenecían a Isaac. Los agentes se trasladaron al lugar, donde confirmaron la bolsa negra con restos humanos, la cual tenía encima un cartón con el narcomensaje referido.
CHILPANCINGO. Gro: Luego de aproximadamente tres semanas de permanecer secuestrados, seis trabajadores de la empresa minera Beneficiadora de Minerales Temixco fueron liberados por sus captores, informó el gobierno estatal en un boletín emitido el sábado 17. De acuerdo con información difundida este lunes en diarios locales, el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, afirmó que la liberación de los plagiados se logró a través de la “negociación” con la banda criminal denominada Los Tequileros sin que se pagara rescate, porque “todo se hizo mediante trabajos de inteligencia”. Sin embargo, la versión oficial contrasta con la de familiares de las víctimas, quienes aseguraron haber pagado más de cuatro millones de pesos por la liberación de cuatro personas, una de las cuales murió ahogada cuando intentó cruzar a nado el río Balsas. Según los familiares, las víctimas liberadas y que sobrevivieron son: Juan Manuel Salgado Berrum, de 16 años de edad –hijo de la contadora de la minera y excandidata a la alcaldía de Arcelia, Ana Berrum de la Sancha–, el ingeniero Víctor Hugo Durán y Rodolfo Barrera Vega, todos originarios de Arcelia y secuestrados el pasado lunes 5. Francisco Verstegui, de 25 años de edad, fue el cuarto liberado, originario del poblado de Valle Galeana, quien falleció en el río Balsas. Verstegui fue secuestrado el pasado 27 de agosto junto con otros cinco trabajadores, los cuales, según el gobierno estatal, habrían sido liberados hace dos semanas. Tanto información oficial como de los familiares destaca que el total de secuestrados entre agosto y septiembre fue de ocho trabajadores de la minera Beneficiadora de Minerales Temixco, además del hijo de la contadora de la empresa. Fueron liberados en distintos momentos, pero uno de ellos murió ahogado en el río Balsas. El cuerpo fue localizado la tarde de ayer en las inmediaciones de los poblados El Remanse y El Cubo. En la edición que circula esta semana, la revista Proceso publica un reportaje titulado: “Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario en Guerrero”, donde destaca que por más de dos años, ciudadanos, empresarios y actores políticos de la entidad han denunciado que el impulso del gobernador Héctor Astudillo a los proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada, dado que se asientan en zonas controladas por criminales. Una de las mineras situadas en la región de Tierra Caliente, donde abundan los secuestros y extorsiones, es precisamente la empresa Beneficiadora de Minerales Temixco, cuya propiedad se atribuye al empresario de origen argentino Carlos Ahumada, quien junto con su socio Jonhy Hurtado Olascoaga, ‘El Mojarro’, líder del grupo criminal La Familia, presuntamente trafica el uranio que extrae en Guerrero y lo envía a China a través de los puertos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima. Postura oficial En un comunicado difundido el pasado fin de semana, el gobierno de Héctor Astudillo informó que “de acuerdo con directivos” de la minera de Temixco, todas las víctimas que permanecían secuestradas obtuvieron su libertad el sábado 17. Según las autoridades, seis de esas personas que durante su cautiverio permanecieron en cerros de Tierra Caliente fueron liberadas este fin de semana, pero de uno de ellos fue arrastrado por la corriente del Balsas cuando intentaba regresar a su domicilio. Señaló, asimismo, que desconoce si los familiares pagaron rescate por las víctimas, aunque el fiscal general afirmó que no hubo necesidad de eso porque se trató de una liberación pactada con la delincuencia, tal como ocurrió en enero pasado, cuando la banda de El Tequilero plagió a 21 personas y las dejó en libertad tras negociar un acuerdo con el gobierno de Astudillo.
Desde el pasado lunes 5, la minera de Temixco permanece cerrada por falta de seguridad y garantías para los trabajadores. Y el gobierno de Astudillo ha hecho mutis sobre el origen de la inversión de esa empresa. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/455454/liberan-a-secuestrados-empresa-minera-en-guerrero
A pesar de la salida de Zerón de la PGR, la investigación está en "proceso de desahogo" y continuará a través de los “canales legales que correspondan”.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, indicó que en el caso Iguala-Ayotzinapa se mantiene abierta una investigación contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien por designación del presidente Enrique Peña Nieto se desempeña ahora como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. “En el caso que se consulta, la PGR inició a través de una vista de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, una investigación a través de la Visitaduría General, la cual está en proceso de desahogo y continúa los canales legales que corresponde”, indicó el funcionario. Por otra parte, respondió a las acusaciones de los padres de Ayotzinapa, quienes urgieron a la PGR investigar y sancionar a Zerón. “La PGR siempre ha sido y será respetuosa de los posicionamientos públicos que han señalado los padres. Además, siempre los ha recibido con la atención que ello corresponde en el interés que el proceso de dialogo se fortalezca y todos sus planteamientos sean escuchados y atendidos”, refirió Betanzos. Zerón fue señalado, en abril pasado, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, debido a que acudió a una escena del crimen un día antes de lo que se asentó en el expediente del caso Ayotzinapa.
Para el próximo año se están presupuestando ingresos por 4,309 billones de pesos, mientras que el gasto neto pagado será de 4.804 billones de pesos. Un desequilibrio en las finanzas.
El pasado 8 de septiembre, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade entregó el Paquete Económico 2017 al Poder Legislativo, donde informó que para el próximo año habrá un recorte presupuestal de 239,700 millones de pesos. Sin embargo, en una revisión de las cifras presentadas por la dependencia, el monto recortado incluye las reducciones realizadas este año que fue de 160,000 millones de pesos, con lo cual, el recorte real para el 2017 será solamente de 70,000 millones de pesos. Además, el próximo año tiene ingresos presupuestados por 4,309 billones de pesos, mientras que el gasto neto será de 4,804 billones de pesos, con lo cual se prevé un desequilibrio en las finanzas públicas del país. Por lo tanto, la deuda total del sector público federal aumentará 494,872 millones de pesos, lo que representa el 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) esperado para 2017. En general, el Presupuesto 2017 beneficiará a las principales instituciones del Poder Judicial como la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, entre otros. El Poder Legislativo también tendrá aumentos en el Presupuesto del próximo año. En el caso del Senado, incrementó sus recursos en 7.6%, respecto al 2016 con asignaciones por 4,421 millones 972,587 pesos, pero para el año próximo se proponen 4,761 millones 743,392 pesos. Por su parte, la Cámara de Diputados también se registra un aumento en el presupuesto, el cual pasará de 7,559 millones a 8,051 millones de pesos; es decir, 6.5% más que este año. Los afectados Las dependencias más afectadas con el recorte son: Sedatu -37.65%; Economía -37.5%; Semarnat -37%; Turismo -35%; Cultura -30.7%; SCT -28.5%; Conacyt 23.3%; STPS 21.8%; Pemex 20.7%; Segob -13.8%; SEP -11.2%; Salud -6.05; Presidencia -5.36%; PGR -4.46%; Sedena -3.98%; Marina -3.88% y Sedesol -3.8%. En el caso particular de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Hacienda presentó un recorte de 100,000 millones de pesos que representan 1.2% del Producto Interno Bruto del país. La cifra es mayor en 70,300 millones de pesos respecto del recorte al gasto público que se hizo en este año por 169,400 millones de pesos. Además, el pago de pensiones al que Pemex tendrá que hacer frente es otro rubro que ahogará las finanzas de la empresa productiva del Estado. A ello se suma el pago de pensiones en CFE. De acuerdo a la iniciativa de Paquete Económico, los esquemas de pensiones acordados con sus respectivos sindicatos no modificarán las obligaciones en materia de jubilaciones con el sistema anterior. Por lo tanto, ambas empresas tendrán que desembolsar alrededor de 112,909.8 millones de pesos para remunerar a más de 150,000 pensionados el próximo año, monto superior por 2,000 millones de pesos al que se autorizó para este año. En el caso de Pemex, destinará 53,794 millones de pesos para 104,000 empleados jubilados. La cifra representa un alza de 6,303 millones de pesos más de lo autorizado en 2016, por lo que, cada empleado petrolero jubilado percibirá casi 43,104 pesos mensuales en 2017. Por su parte, la CFE tendrá que pagar 59,115 millones de pesos para sus 45,340 trabajadores pensionados. La cifra también representa un incremento de 6,000 millones de pesos más de lo destinado para este año. Con estas cifras, cada trabajador jubilado tendrá un salario de 68,922 pesos al mes. Pensiones y la CDMX La iniciativa de Paquete Económico para el próximo año tiene entre sus retos más importantes el pago de pensiones, ya que hasta el momento fueron destinados 720,000 millones de pesos para este rubro, cifra que representa más del doble del recorte por 239,700 millones de pesos anunciado previamente. El gasto en pensiones del gobierno tendrá un aumento del 14% respecto al año anterior y 200,000 millones de pesos más de lo presupuestado en 2015 que fue de 520,000 mdp. De acuerdo con información del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de los 720,000 mdp, el 41% (39,100 millones de pesos) de los recursos se destinan a la población mayor a 60 años. Por su parte, la Ciudad de México será de las más afectadas por el recorte presupuestal, ya que de aprobarse tal y como lo envió Hacienda, el gasto para la capital tendría una reducción de 72,157 millones de pesos. Como respuesta, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera calificó de injusta la reducción y señaló que el gobierno federal incumplió acuerdos ya establecidos al no contemplar recursos como la ampliación de las líneas A, 9 y 12 del Metro. Sin Pueblos Mágicos El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid dio a conocer que los recortes al Presupuesto 2017 afectarán a la creación de más Pueblos Mágicos en el país. “Pueblos Mágicos es uno en donde si tenemos menos ingresos de entrada se nos dificulta aumentar más Pueblos Mágicos, veo difícil que generemos más si no tenemos presupuesto”, dijo.
