La Secretaría de Seguridad de Guerrero indicó que Tomás Hernández Martínez fue encontrado sin vida en su casa de la colonia Progreso, en Acapulco.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó el lunes 19 de septiembre sobre la muerte de Tomás Hernández Martínez, Coordinador Operativo y Director General de la Policía Estatal. En un comunicado, la Secretaría lamentó el homicidio, y detalló que Hernández Martínez fue encontrado sin vida en su casa, en la colonia Progreso del puerto de Acapulco. De acuerdo con el reporte del diario local El Sur de Guerrero, tanto Hernández Martínez como su pareja fueron asesinados con un arma punzocortante. La mujer tenía entre 30 y 35 años. En los cuerpos había huellas de tortura, de acuerdo con reportes de la policía. Al informar sobre este caso, la Secretaría de Seguridad de Guerrero condenó lo que llamó “infundadas calumnias y reprobables señalamientos que desde el anonimato frecuentemente se hacían” en contra de Hernández Martínez, “tratando de denostar y poner en tela de juicio su noble y ejemplar desempeño”.
Y también indicó que no daría más detalles sobre lo ocurrido, “para no entorpecer las investigaciones que al respecto está realizando la Fiscalía General del Estado de Guerrero”.
El presidente ensalzó a los migrantes como “agentes de cambio”, sin embargo, en México las deportaciones masivas continúan. La organización Wola critica que México privilegie la deportación frente al asilo.
En plena campaña estadounidense hacia la Casa Blanca, en la que el candidato republicano Donald Trump ha lanzado múltiples mensajes contra la migración que llega a su país, el presidente Peña Nieto se presentó ayer en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, con un discurso en el que destacó las bondades de la migración. “La historia demuestra que no hay barreras que detengan el movimiento de las personas (…). No las hay naturales y tampoco artificiales. Para cada río, ha habido siempre un puente”, dijo el mandatario en alusión a Trump, quien ha advertido en reiteradas ocasiones que construirá un muro en la frontera con México si es electo presidente. Además, Peña Nieto prometió en su mensaje que México seguirá trabajando para que se “reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo”, y planteó 7 puntos para proteger sus derechos humanos. Sin embargo, a pesar de este discurso de los ‘puentes’ frente a los muros, en México el ‘boom’ de detenciones y deportaciones de migrantes que trajo en 2014 el Plan Frontera Sur continúa. Drones, brigadas de seguridad privada, y bardas para frenar a migrantes Según cifras de la Unidad de Política Migratoria, en 2015 se detuvo a 198 mil 141 migrantes, de los cuales el 90% eran de origen centroamericano. Esta cifra ‘pulverizó’ el récord de capturas del 2014, que con 127 mil 149 eventos era el año con más capturas en ocho años. En el presente 2016, hasta el mes de julio suman 99 mil 768 capturas de migrantes. Aunque esta cifra refleja un ligero descenso de -17% en relación al nuevo récord de 2015, es todavía 63% más alta que la de 2014 (61 mil 092) y hasta 88% más que 2013 (52 mil 906), el primer año de Peña Nieto en Los Pinos. Este aumento en las detenciones coincide con el anuncio que hizo en el verano de 2014 el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, quien advirtió que ya no se permitiría a los migrantes subir al tren conocido como ‘La Bestia’ para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Animal Político publicó que esta advertencia quedó plasmada por escrito en el Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de este año, en el que el Gobierno expone su plan de ‘blindar’ el ferrocarril empleando drones, cámaras de vigilancia, y hasta con brigadas de guardias de seguridad privada. Además de este ‘blindaje’, el gobierno de México también está ‘cercando’ las vías ferroviarias del país: en 2015, un total de 2,351 migrantes fueron capturados en las vías del tren. Esta cifra refleja un aumento de 190% en comparación con 2013. Y de 71% en contraste con 2014. La política de detención y deportación de migrantes centroamericanos quedó corroborada en las propias palabras del presidente Peña Nieto hace unos días, el pasado 3 de septiembre, cuando durante la visita de Donald Trump rechazó la idea de construir un muro en el norte de México, pero acto seguido sí coincidió con el magnate en la necesidad de blindar la frontera sur.
“Es de vital importancia para México y para la relación con Estados Unidos hacer la frontera de Centroamérica más segura”, recalcó el presidente mexicano.
Solicitudes de refugio baten ‘récord’, pero COMAR tiene 25 millones de presupuesto En contraste con este aumento del control migratorio, la política de refugio mexicana abre muy poco la mano a quienes buscan refugio por la violencia de las pandillas en Centroamérica. En 2013, de las 1 mil 296 solicitudes de asilo, solo se aprobaron 280, el 21%. En 2014, se registraron 2 mil 137 y se aprobaron 456, el 21%. En 2015, 3 mil 424 y aprobadas 949, el 27%. Y en 2016 se batió un récord de 3 mil 486 solicitudes en apenas seis meses, de las cuales se aprobaron el 35%.
Además, aunque el número de solicitudes de personas que huyen de la violencia se ha multiplicado en los últimos años –en 2016 las peticiones aumentaron 169% en comparación con 2013-, el presupuesto destinado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se ha mantenido ‘congelado’ por debajo de los 26 millones de pesos.
Por poner un ejemplo: para este proyecto de egresos de la Federación 2017, se propone un presupuesto para COMAR de 25 millones 400 mil pesos, frente a los mil 670 millones del Instituto Nacional de Migración (INM), el organismo encargado de, entre otras funciones, detener a los migrantes sin documentos y de mantenerlos en centros de reclusión hasta su deportación. Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) estas estadísticas muestran que México sigue priorizando el control migratorio, a pesar de las palabras de Peña Nieto en la ONU. “Por un lado, México exige a Estados Unidos que trate a sus migrantes con dignidad, pero después voltea con los centroamericanos y otros migrantes en tránsito y les niega sus derechos más básicos”, plantea en entrevista Maureen Meyer, coordinadora del Programa México y Derechos de Migrantes para WOLA, quien critica que “México sigue priorizando las deportaciones sobre la protección de migrantes que podrían estar huyendo del peligro”. En este sentido, WOLA publica este martes en el informe Un camino de Impunidad que tiene conocimiento de que en México “las deportaciones de migrantes en muchos casos son arbitrarias y que personas que podrían calificar para asilo son enviadas a situaciones peligrosas que ponen en riesgo sus vidas”.
Y para sustentar lo anterior, WOLA documenta en el informe, que elaboró junto con Fundar y la Casa del Migrante de Saltillo, varios testimonios de migrantes centroamericanos que, a pesar de estar amenazados de muerte por las pandillas, fueron deportados por las autoridades mexicanas.
Deportación de niños migrantes desde México: la historia de Gabriela from WOLA on Vimeo.
Deportación de niños migrantes desde México: la historia de Karla from WOLA on Vimeo.
Niños que huyen de la violencia en Centroamérica enfrentan peligro en México from WOLA on Vimeo.
Niños que huyen de la violencia en Centroamérica enfrentan peligro en México from WOLA on Vimeo. Fracaso en proteger a niños migrantes: HRW Aunado a lo anterior, la organización Human Rights Watch (HRW), también denunció en marzo pasado que menos del 1% de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias mexicanas son reconocidos como refugiados. La organización planteó varios factores para una cifra tan baja, como que los agentes migratorios no informan a los niños que pueden solicitar el reconocimiento como refugiados, no brindan una asesoría jurídica adecuada, o no hacen una evaluación adecuada de cada caso. Fiscalía especial se queda sin presupuesto, pero las agresiones contra migrantes continúan Por otra parte, aunque el Programa Frontera Sur promete como parte de sus cinco ejes la protección de los migrantes indocumentados, en la práctica ha provocado que, como resultado del incremento del control migratorio, miles de personas busquen rutas alternas alejadas de las vías del tren y de los albergues de la sociedad civil, quedando más expuestos ante el crimen organizado, a la delincuencia común, a y las extorsiones de las autoridades. Por poner solo un ejemplo, el Instituto Nacional de Migración respondió vía transparencia pública a Animal Político que en apenas 18 meses, de enero de 2015 a junio de 2016, registró 595 casos de agresión a migrantes, de los cuales 208 eran de secuestro (el 35%). Mientras que organizaciones civiles como la Casa del Migrante de Saltillo documentó hasta el 15 de julio de este 2016 al menos 20 secuestros de migrantes y 77 robos en contra de ellos.
Asimismo, Animal Político publicó que un año después de que entrara en vigor el Plan Frontera Sur, los robos a migrantes en los estados de la frontera sur aumentaron 81%. Asistencias INM
A pesar de todo lo anterior, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, que fue creada en diciembre de 2015 como una unidad adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito de la PGR, se quedó en este proyecto de presupuesto 2017 sin recursos económicos etiquetados, tal y como reflejó el Colectivo Migraciones para las Américas. WOLA destaca en su informe que la creación de esta Unidad es un buen avance. “Sin embargo –contrapone-, las autoridades no han garantizado que funcione correctamente y cumpla su objetivo de investigar delitos contra los migrantes”. Y como muestra de ello, la organización estadounidense señala que aunque la Unidad ya está funcionando, “carece de personal y recursos para investigar los 129 casos de migrantes que ha recibido a la fecha”. Además, recalca que al mes de septiembre dicha Unidad solo cuenta con cinco agentes del Ministerio Público y dos policías de investigación. Es decir, que cada agente de investigación está a cargo de 25 casos y cada policía de investigación de 64. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MANU URESTE. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/pena-migrantes-onu-deportaciones/
Dilver Fidel Soto Alvarenga, presunto líder del Cártel de Sinaloa en el sureste de México era el encargado de las finanzas de una sociedad cooperativa ganadera presidida por su padre, el Coordinador Financiero de la CNC del PRI en Quintana Roo.
Dilver Fidel Soto, presunto líder del Cártel de Sinaloa en el Sureste de México y uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, no operaba en la clandestinidad. Es parte del consejo de la Sociedad Cooperativa “Dilver”, que ha sido beneficiaria de programas de la Sagarpa, y es presidida por su padre, Fidel Soto Arellano, coordinador financiero de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI en Quintana Roo. Documentos del Registro Público del Comercio de ese estado, en poder de Animal Político, revelan que Dilver – detenido el 12 de septiembre pasado – se desempeñaba como presidente del consejo de vigilancia de la cooperativa Dilver, fundada el 29 de enero de 2007, y cuyo fin es la “producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios para el sector agropecuario, forestal, pesca, ecoturismo y de servicios”. No solo eso. Entre las facultades de la cooperativa se encuentra el “celebrar contratos hasta por un total de cien mil pesos”, además de “concertar instrumentos financieros que mejoren las condiciones para la producción y garanticen el éxito de los socios y sus empresas”. La información obtenida por Animal Político revela que por lo menos en tres ocasiones, desde la conformación de la cooperativa a la fecha, Dilver Fidel Soto y su padre Fidel Soto Arellano han sido beneficiarios de apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con la compra y modernización de dos tractores y con 700 mil pesos para la adquisición de ganado bovino. Fidel Soto Arellano -presidente de la cooperativa y socio mayoritario con 70% de las acciones- es el actual Coordinador General Económico y Financiero de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI en Quintana Roo. El empresario es un reconocido priista que por varios años ha ocupado diferentes cargos al interior de la CNC y en el 2013 fue candidato a delegado municipal en la localidad de Subteniente López, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, pero no ganó. En las pasadas elecciones locales, fue uno de los principales promotores del voto a favor de la candidata a la alcaldía de Chetumal, Arlet Mólgora Glover, quien perdió la contienda. Animal Político buscó a Fidel Soto Arellano pero no respondió a la solicitud; también se buscó al líder estatal de la CNC, Alfredo Ramos, quien no quiso hablar sobre la detención del hijo de su coordinador financiero. “Este es un tema que debe responder él”, dijo.
Según los registros de comercio, el capital social de la Cooperativa fue de 20 mil pesos y entre los accionistas están más familiares: Sofia y Sara Soto Alvarenga; Dilver Fidel Arellano Ledesma y Sofia Miranda UC, quienes juntos poseen el 30% de las acciones. Acta constitutiva:
¿Quién es el Dilver Fidel? A decir de Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, Dilver Fidel Soto Alvarenga, detenido el pasado lunes 12 de septiembre, es considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno mexicano, por sus presuntos vínculos criminales con actividades de lavado de dinero y narcotráfico. De 31 años de edad, se le identifica como “jefe regional” del cártel de Sinaloa en el sureste mexicano, para el cual había establecido su centro de operaciones en el poblado de Subteniente López, en el municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. Según Sales Heredia, Dilver Fidel, apodado “El Gallero”, mantenía vínculos con integrantes de la delincuencia organizada en Belice, “con quienes habría establecido una red de contrabando de artículos diversos, principalmente cigarros, licor, armas de fuego y trasiego de drogas. También se le vincula con el posible cobro de cuotas a contrabandistas por permitirles operar en la zona donde recibía los cargamentos”. También se le investiga por el delito de lavado de dinero. Según el Comisionado de Seguridad, Dilver Fidel realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas del ramo ganadero y poseía diversos bienes inmuebles en Quintana Roo. Durante la detención, encabezada por la Policía Federal y la PGR, “El Gallero” iba acompañado por un joven de 24 años originario de Belice, quien supuestamente fungía como su escolta y chofer; se les aseguraron dos armas cortas, 7.8 kilogramos de cocaína, un vehículo, equipo de comunicación y diversa documentación. ¿Amenazas al director de la Policía Judicial? El récord criminal de Dilver Fidel Soto no se limita al tráfico de drogas y lavado de dinero, según informó Renato Sales Heredia. El 27 de julio de 2012 fue detenido por amenazar con arma de fuego al Director General de la Policía Judicial de Quintana Roo, Arturo Olivares Mendiola. En esa ocasión periódicos locales informaron sobre el hecho, descartando que se tratara de un atentado contra el Jefe de la Policía. Lo que se informó entonces es que todo se trató de un malentendido; se dijo que Dilver Fidel y Rudy Piza Argüelles, su acompañante, conducían un vehículo en estado de ebriedad, cuando por error le cerraron el paso al convoy del Jefe de la Policía, cuyos escoltas pensaron que se trataba de un atentado.
Por esos hechos fueron detenidos y puestos a disposición del ministerio público, donde pagaron una fianza para quedar en libertad, pues la única arma que se les encontró fue un machete. Aun así Sales Heredia sostiene que todo se trató de una amenaza contra el jefe policiaco. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/lider-cartel-sinaloa-campesinos-qroo/
Ciudad de México. La industria manufacturera registró un incremento de 0.2 por ciento en su personal durante julio pasado en relación al mes anterior y de 2.1 por ciento en términos anuales. Sin embargo, las horas trabajadas de los obreros y empleados cayeron 1.4 por ciento en comparación con junio aunque crecieron 1.4 por ciento en el último año y las remuneraciones retrocedieron 0.7 por ciento mensualmente pero aumentaron 1.5 por ciento en el año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las estadísticas detallan que el sector tuvo en julio su peor registro de 2016 e incluso de los últimos 14 meses en cuanto a las “horas trabajadas-hombre” ya que el indicador cayó uno por ciento, sólo superado por el retroceso de 1.4 por ciento correspondiente a mayo de 2015 y en contraste con el aumento de 0.9 y 0.7 por ciento que tuvo en mayo y junio. Por tipo de trabajador, las horas trabajadas por los obreros cayeron 0.8 por ciento en julio, en tanto que las correspondientes a los empleados del sector descendieron 0.5 por ciento. En ambos casos también son los mayores registros desde mayo del año pasado. También las remuneraciones de obreros y empleados de la industria manufacturera tuvieron en julio su peor registro mensual del año al caer 0.7 por ciento, cuando en los seis meses anteriores subieron entre 0.1 y 1.4 por ciento. Si sólo se toman en cuenta los salarios pagados a los obreros del sector, la caída fue de 0.9 por ciento, lo que supera cualquier registro mensual desde hace tres años ya que en mayo de 2013 cuando la caída fue de 1.1 por ciento, en tanto que los sueldos de los empleados cayeron sólo 0.2 por ciento, pero fue la primera caída de 2016. En cuanto a personal ocupado por las empresas manufactureras hubo un crecimiento de 0.2 por ciento en comparación con junio y mayor al 0.1 por ciento que tuvo éste último mes, pero similar al de otros meses como febrero y mayo, pero por abajo de crecimientos anteriores de 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 por ciento registrados en septiembre, octubre, marzo y junio de 2015, respectivamente.
Ciudad de México. Instituciones bancarias de la Ciudad de México ofrecen el dólar libre en un precio máximo de 20.11 pesos, tres centavos más comparado con el término de la sesión de ayer, y lo adquieren en un mínimo de 18.92 pesos. El euro registra un alza de cuatro centavos respecto a la víspera, al venderse en una mayor cotización de 22.43 pesos, mientras que la libra esterlina y el yen se ubican en un máximo de 25.95 y 0.227 pesos a la venta, en cada caso. De acuerdo con Banco Base, el dólar libre se encuentra a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) programado para este miércoles a las 13:00 horas. La institución explica que por ahora el escenario más probable es que la Fed mantendrá sin cambios su tasa de referencia, situación que podría ocasionar una apreciación temporal del peso hacia niveles entre 19.20 y 19.40 pesos por dólar. Sin embargo, no descarta la posibilidad de alcanzar nuevos máximos e incluso niveles por encima de 20.00 pesos por dólar durante las próximas seis semanas, camino a las elecciones generales del 8 de noviembre en Estados Unidos. Abunda que la evolución de la campaña presidencial del candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, seguirá siendo un determinante en los movimientos del tipo de cambio durante octubre. En el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México informa que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.60.97 pesos.
¿Para qué sirven en México 4 mil millones de pesos? Es la cantidad de dinero que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó para realizar mejoras al transporte público; el presupuesto anual que recibe el Senado de la República o la Universidad Veracruzana, la institución académica que señaló actos de corrupción del Gobernador Javier Duarte Ochoa. También es la cantidad de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó en 2015 a Casas Geo, la desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y ex servidores públicos. La información entregada vía transparencia al Centro de Análisis e Investigación Fundar, carece de las razones que llevaron a esa decisión, cuando en términos legales, para condonar o no impuestos, se revisan los casos uno por uno. A través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la organización Fundar solicitó al SAT los datos de las personas a quienes se les condonaron créditos fiscales conforme al artículo 146-B del Código Fiscal de la Federación, que hace referencia a los contribuyentes que están sujetos a concurso mercantil y que son compatibles a la condonación “parcial” de créditos fiscales. La respuesta fue que las filiales de Geo fueron las únicas dentro de una lista de más de siete mil personas morales. Según la lista del SAT, son 13 empresas relacionadas con Geo, por un total de 3 mil 73 millones 913 mil 574 pesos de impuestos condonados. Sin embargo, el Secreto Fiscal impidió que el SAT brindara la información referente a las razones particulares o causas inmediatas de por qué se le perdonó a GEO, según lo estipulado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El concurso mercantil es un mecanismo al que se recurre con el fin de lograr la reestructuración de una empresa. La protege para que al final del proceso, pueda seguir con sus trabajos como lo hacía antes de su crisis financiera. “La finalidad es darle un respiro financiero a la empresa para que se pueda reincorporar”, explica el contador José Antonio Echenique García, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México. Entre los días 12 y 24 de junio de 2015, el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil, Enrique González Meyenberg emitió sentencias mediante las cuales aprobó los Convenios Concursales de Corporación Geo, S.A.B. de C.V. y 15 subsidiarias. Ese fue el año de la debacle para Geo y otras desarrolladoras de vivienda, luego de tiempos en los que la construcción de casas se disparó, a tal grado de que unas cuantas empresas (Geo, Urbi y Homex) dibujaron un nuevo mapa para la forma de vivir de los mexicanos. Pero no funcionó. El fracaso de aquel proyecto se muestra con creces en el panorama de hoy de casas carcomidas por el abandono. Su plan de negocios se fincó en construir viviendas en terrenos de entre 60 y 90 metros cuadrados en la periferia, lejos de las zonas de trabajo, lo que ocasionó que hoy en día, dentro de un contexto de desorden y crecimiento descontrolado, cinco millones de viviendas estén ociosas. Se construyeron casas y más casas sin garantizar que se venderían.
“La vivienda social estaba destinada a satisfacer las necesidades básicas de habitabilidad de las clases sociales con menos recursos. El pensamiento funcionalista llegó a reducir el concepto de ‘vivienda social’ a ‘vivienda mínima’, y por lo tanto, a ‘vivienda barata’, lo cual implicó una reducción de la calidad del espacio y los materiales, y de la calidad de las condiciones de habitabilidad”, escribió el arquitecto Javier Sánchez Corral en el estudio Vivienda “social” en México.
EL PLAN DE LA CRISIS
En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Vivienda, en el que modificó las reglas para ejecutar los desarrollos habitacionales. Ese plan estableció que ahora las vivienderas tendrían más coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien sería la nueva encargada de la política de vivienda. También fijó un nuevo modelo para la reordenación de los créditos y subsidios provenientes del Gobierno federal y que se enfocarían al crecimiento urbano ordenado con el objetivo de disminuir el rezago de nueve millones de viviendas. Este fue el problema, la reordenación de recursos. Fue un cambio en la política de construcción de la vivienda: el dinero se destinaría a la construcción de vivienda vertical, cercana a los desarrollos urbanos y centros de trabajo. El boom de las viviendas horizontales, detonado durante la administración de Vicente Fox, terminaba.
“Empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sadasi, pasaron de construir 10 mil viviendas a 50 mil en tan sólo cinco o 10 años aproximadamente, impactando de manera directa al crecimiento de la mancha urbana de las ciudades centrales y posteriormente, extendiéndose por casi toda la República Mexicana”, escribió Sánchez Corral.
Para Geo, los subsidios siempre fueron de gran relevancia, ya que una disminución se vería reflejada en la capacidad crediticia. En consecuencia, las ventas y los ingresos irían en picada, sobre todo los provenientes de la vivienda económica (enfocada a la gente de bajos recursos), que para Geo significaba el 55 por ciento de sus ingresos totales. Las principales vivienderas cayeron en incumplimiento de pagos y se les negó un rescate financiero; el Gobierno tampoco les compraría su reserva territorial. Geo perdió cuatro mil 635 millones de pesos en valor de mercado y el valor de su acción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 67.3 por ciento. Geo inició operaciones en 1973. Con los años se convirtió en la desarrolladora de vivienda de bajos ingresos líder en México y América Latina. Se involucró en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México. A la fecha, ha producido y comercializado 655 mil casas en las que habitan dos millones 400 mil mexicanos. Al 31 de diciembre de 2015, el 79.9 por ciento de las viviendas que vendió Geo fue a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De hecho, Geo es una de las empresas que en la última década más ha absorbido el dinero de ese organismo. El año pasado le dio el 97.7 por ciento de sus ventas totales. Geo se enfocó a ser contratista de Infonavit. Además de eso, también, a Infonavit, Geo le localizaba terrenos urbanizables, obtenía los permisos y las licencias necesarias, el diseño y construcción de obras. Los planes y programas de vivienda que se realizaron desde 2006, fueron los que promovieron que el modelo de producción de vivienda se concentrara en zonas alejadas de los centros urbanos; las reservas de casas estaban ubicadas en las periferias de las zonas urbanas. Por “márgenes de utilidad reducidos”, los desarrolladores optaron por el modelo de vivienda horizontal “en reservas territoriales de bajo costo”. Con el Plan de Vivienda de Peña Nieto, Geo argumentó que los nuevos criterios de clasificación de Reserva Territoriales impactaron en la asignación de subsidios, así como la nueva tendencia a la vivienda vertical. Se declaró en Concurso Mercantil Pre-acordado en abril de 2014. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló de 10 mil clientes afectados a nivel nacional, a consecuencia de atrasos en la entrega de casas, escrituras, pago de garantía y reparaciones. De acuerdo con los testimonios, los primeros trabajadores recibieron el 100 por ciento de su liquidación, pero con el paso del tiempo se les llegó a ofrecer el 10 por ciento de lo que por derecho les correspondía, aunque la empresa los convenció para que firmaran una renuncia con la promesa de recontratarlos. Finalmente, Geo despidió a 10 mil 500 trabajadores.
LOS DUEÑOS DE GEO
Un año después, en junio de 2015, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil declaró concluidos 14 procedimientos de concurso mercantil. Se avalaron los convenios de “las partes concursadas” y los acreedores, quienes consiguieron el porcentaje que exigían. Sin embargo, un año después otro Juez dejó sin efectos la sentencia anterior por falta de reconocimiento de un grupo de acreedores. Geo negó que esta decisión afectara las finanzas de la compañía, ya que la exigencia era por un monto no material. En medio de todo este proceso, la deuda de Geo pasó de 29 mil millones a 4 mil 100 millones de pesos. Entraron en su defensa Banorte Sólida y Capital Inmobiliario, que le inyectaron 3 mil 500 millones de pesos. Por su parte, Sociedad Hipotecaria Federal e Infonavit le dieron créditos por 123 y 350 millones de pesos. En sus perspectivas a futuro, Geo propuso que para 2016 y 2023, generará un flujo de ventas por 15 mil 113 millones de pesos, con un costo de vivienda de cerca de 272 mil pesos a poco más de 1 millón. Los fundadores, la familia Orvañanos, quedó casi fuera de Geo: el 91 por ciento pasó a manos de los acreedores y el resto quedó a los accionistas fundadores. Para 2016, Geo reactivó 34 proyectos en 14 estados y alcanzó al inicio de 2016, un valor de 5 mil 422 millones de pesos. “Con la exitosa terminación de los Concursos Mercantiles, Corporación GEO logró una capitalización por 3 mil 500 millones de pesos, lo que le permitirá regularizar sus operaciones y retomar gradualmente su ritmo de crecimiento, basado en el plan de negocios”, reveló GEO en su informe financiero enviado a la BMV. Tras la reestructuración, su Consejo de Administración quedó integrado por Juan Carlos Braniff, como presidente del Consejo de Administración. Como Consejeros Propietarios: Alberto Mulás Alonso, quien fuera Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), antes de ese puesto fue Comisionado Nacional de Vivienda y miembro del gabinete ampliado de Vicente Fox, “responsable de diseñar e implementar la nueva política nacional de vivienda; ahí fundó la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda y la Sociedad hipotecaria Federal”; Luis Urrutia Sodi, quien trabajó 20 años en ICA; Andrés Antonius González quien fue subsecretario de Energía durante el Gobierno de Ernesto Zedillo y coordinador de planeación estratégica en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto; Iñigo Orvañanos Corcuera; Arturo Monroy Ballesteros, que fue subdirector de Ingeniería Financiera en la Dirección General de Crédito Público y asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Ricardo Guajardo Touché, ex director general de BBVA Bancomer, miembro del Consejo del Tec y de las empresas Femsa, El Puerto de Liverpool, Bimbo, Coca Cola, Coppel y Vitro. Durante los años de turbulencia, ese consejo registró movimientos. Renunció Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda con Vicente Fox; José Carral Escalante, consejero fundador de HSBC y del Club de Industriales; Roberto Alcántara Rojas, presidente de Grupo Prisa, y Luis Zárate Rocha, quien desde 2016 es director de ICA.
Una de las conclusiones del estudio de Sánches Corral, señala: “Si bien es cierto que satisficieron la necesidad de una gran cantidad de gente, también cabe mencionar que este tipo de vivienda presenta las dimensiones mínimas habitables y la gente utiliza gran parte de sus ingresos para transportarse a los centros de trabajo. La mayoría de estos conjuntos habitacionales carecen de comercio, educación, cultura, así como lugares de esparcimiento, por lo que se convierten en grandes dormitorios aislados de la ciudad. Otro problema que presentan es que la tipología de la vivienda es poco flexible, por lo que es difícil que los inquilinos puedan hacer crecer sus viviendas, así como el planteamiento urbano que se realiza en función de los automóviles, lo que hace más difícil la relación con los vecinos y crea un ambiente más desolador”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-09-2016/3094094
La relación de Elba Esther Gordillo y el sistema político mexicano no se hizo, precisamente, añicos. La empresa de su creación, Servicios Financieros DC, a través de la cual, trianguló durante casi una década millones de pesos con base en comisiones muy altas en préstamos a los maestros, recibió el perdón del SAT para una multa de más de 67 millones de pesos. La amnistía a “La Maestra” fue entregada por la autoridad mientras ella cumplía su segundo año en la cárcel de Tepepan.
En 2013, la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca cuando provenía en su jet privado de San Diego, California. El evento a todas luces aparentó una ruptura con el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Se cumplían 24 horas del envío al Congreso de la Unión de la propuesta del Ejecutivo para reformar la Educación en México. La mujer de la agrupación gremial más poderosa del país que incluso logró modificar los estatutos para permanecer como líder vitalicia era aprehendida. Policías federales, elementos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México la esperaron al pie de esa aeronave en la que le dio la vuelta al mundo 17 veces en siete años. Había llegado el fin. Por lo menos en apariencia. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había detectado una operación de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato. A “La Maestra”, la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, le fincó cargos por evasión fiscal y lavado de dinero, un delito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Dos años después y de acuerdo con los números, la separación de Elba Esther Gordillo Morales del sistema político mexicano no estaba, precisamente, hecha añicos. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Aristóteles Núñez en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conducida por Luis Videgaray Caso, le condonó 66 millones 668 mil 458 pesos a la empresa Servicios Financieros D.C. Cuando ese perdón financiero llegó, ella estaba en el Centro de Readaptación Social de Tepepan desde donde, se suponía, ya no era tan poderosa.
EL DINERO NO ERA LAVADO, ERA DE LOS MAESTROS
Una de las primeras declaraciones de los abogados de “La Maestra” tras la aprehensión, fue que sostendrían que el delito imputado a Elba Esther Gordillo Morales no estaba configurado pues los fondos utilizados no tenían origen ilícito. En efecto, buena parte del dinero de “La Maestra” no tenía un origen ilegal porque provino de las cuotas puntuales que los maestros le dieron cada mes al sindicato. Y también de sus ahorros. Visto a través de sus agremiados, el SNTE es el sindicato más grande de América Latina. También, el más portentoso para hacer dinero. En México, el maestro es el único empleado gubernamental que puede desempeñarse y ganar sueldo en dos plazas. Así, la historia del sindicato es la de un manjar de influencia política, pero también de generación monetaria. A tal panorama en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se sumó una circunstancia bastante favorable para hacer negocio dentro del SNTE: la creación de las sofomes. Fox Quesada encarnó al primer Mandatario que no había sido postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Como Secretario de Hacienda, Fox –quien se propuso crear un “gabinetazo”, según sus propias palabras– nombró a Francisco Gil Díaz, un economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con Maestría y Doctorado en la Universidad de Chicago. Uno de los impulsos de Gil Díaz, como Secretario de Hacienda, fue la creación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). El proyecto consistió en impulsar la operación de intermediarios no bancarios que compitieran con los bancos y que lograran que el crédito incrementara su participación en la economía. El proyecto le quitó la regulación a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y las obligó a transformarse en Sofomes. Hay dos tipos de Sofomes las reguladas y las no reguladas. Pero para la economía mexicana el modelo no salió bien. Para 2010, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya advertían que de las mil 500 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofomes ENR), 930 ponían en riesgo el dinero de los clientes. Para el sindicato de maestros, el modelo fue muy exitoso. Elba Esther, al amasar su fortuna, actuó en ese escenario que conjuntaba maestros cautivos de crédito y sofomes sin regulación. “La Maestra” firmó convenios con por lo menos 22 dentro del sindicato. Acordó con todas intereses que iban de 60 a 160 por ciento, y entre la empresa prestamista, ella y otros líderes, se repartieron la comisión. No sólo se benefició “La Maestra”. Algunos de los que aceptaron el convenio con la lideresa fueron Sergio Chedraui Eguía de Consupago, Juan Pablo Montiel (hijo de Arturo Montiel), Ernesto Zedillo junior y el extenista Olivier Fernández (Crédito Maestro). Otro beneficiario fue José Bernardo Quezada Salas, profesor, ex dirigente sindical y ex funcionario del Partido Nueva Alianza (Etesa, de Grupo Peredo). The Miami Herald dio a conocer en abril de este año que Quezada Salas gastó con su esposa seis millones 300 mil dólares en la compra de 11 condominios de lujo en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005, un año próspero dentro del sindicato para este negocio de préstamos con altas comisiones. Según la investigación del diario, Quezada Salas podría haber pagado en efectivo. Las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares. El 5 octubre de 2009, la dirigente magisterial participó en la creación de la empresa Servicios Financieros DC –la perdonada por el SAT– cuya escritura pública número 93,623, avalada por el notario público número 121 del Distrito Federal, Armando Mastachi Aguario, quedó inscrita con el Registro Federal de Contribuyentes SFD-091006-GT7, según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía. La actividad de Servicios Financieros D.C. resultó sospechosa para el mismo SAT. En una auditoría la misma autoridad descubrió que la empresa basaba sus moviiento en dispersar el dinero obtenido con las altas comisiones de los préstamos otorgados a los maestros, lo que quedó asentado en la causa penal 10/2015, en el Consejo de la Judicatura, que también expone que la suma por este negocio de usura fue de por lo menos nueve millones de pesos. En febrero de 2013, cuando la ex dirigente Gordillo Morales fue detenida por delitos relacionados con el lavado de dinero, el sindicato ofreció una conversión a los datos abiertos. Dirigido por Juan Díaz de la Torre montó un Observatorio Público de Transparencia e Información (OPTINSTE) y en septiembre pasado, para acatar las disposiciones de la nueva Ley General de Transparencia, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero ese observatorio aún no muestra el flujo que recibió durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), ni mucho menos en el de Vicente Fox (2000-2006), los años prósperos de los préstamos del sindicato de donde provino buena parte de la fortuna de la dirigente del SNTE.
EL PODEROSO SNTE: EL BOTÍN Fundado en 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el cacicazgo ha sido el lugar común en el SNTE. Y las formas de hacer dinero también. Entrega discrecional de créditos hipotecarios, venta de plazas, negociación de ascensos y creación de cacicazgos regionales son tópicos en los sótanos del sindicato sin que sus cuentas hayan sido alguna vez claras. Jesús Robles Martínez ocupó la dirigencia de 1949 a 1972. Su poderío era un secreto a voces. Hubo siete secretarios generales en ese tiempo y todos debían preguntarle y darle cuentas. En septiembre de 1972, el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez impulsó su derrocamiento. Entonces, Carlos Jonguitud Barrios tiró bala para tomar las instalaciones del sindicato. Tras el golpe, Eloy Benavides fue elegido Secretario General en un Congreso Nacional Extraordinario. Dos años después, en La Paz, Baja California Sur, Jonguitud Barrios fue elegido Secretario General. Duró 17 años. Fue una época de México en la que ningún funcionario ni ningún dirigente sindical logra verse a través del prisma de la Transparencia. Al contrario. El concepto Rendición de Cuentas ni siquiera era pronunciado. Pero los estilos de vida de los políticos era un discurso que conjugaba lujo frente a un país que se sumía en crisis económicas en las que la moneda nacional cada vez se devaluaba más. Jonguitud Barrios vivía en una casa del Pedregal de San Ángel, una de las zonas de mayor poder adquisitivo en la capital del país. Se transportaba en un coche LTD negro, un modelo muy caro en ese tiempo y que ningún maestro, con su sueldo, podría tener. Además, tenía chofer. El derrumbe de su poderoso cacicazgo ocurrió en menos de treinta minutos. Era 1989 y Carlos Salinas de Gortari tenía unos meses como Presidente. Un mediodía de domingo, el dirigente esperaba la visita de sus cuatro hijos cuando la trabajadora doméstica le avisó que tenía llamada. Era Andrés Massieu, secretario particular del Presidente, quien le pidió que fuera a Los Pinos. Media hora después y con el rostro desencajado había renunciado al liderazgo vitalicio del SNTE. Aquel mediodía se inició el reinado de Elba Esther Gordillo Morales. Ella, nacida el 6 de febrero de 1945, en Comitán, Chiapas, maestra de Primaria en Ciudad Netzahualcóyotl, donde formó parte, a fines de los sesenta, de un círculo de estudios troskistas, dirigido por el profesor Armando Vázques, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La mujer que se ganó la simpatía de Carlos Jonguitud Barrios cuando fue secretaria de la delegación D-1-21, al contradecirlo en el pleno de delegaciones de la sección 36. Ante quien él, maravillado, se rindió. “A ver, tráingame a esa flaca”, diría.
En 1974, Elba Esther Gordillo se convirtió en secretaria de Conflictos de Primarias de la sección 36 y en 1977 llegó a la Secretaría general. En la elección, de 200 delegados sólo 77 votaron por ella. De todos modos ganó.
ELBA Y EL DINERO Se convirtió en algo parecido a una reina. No sólo por su ostentoso estilo; sino por lo intocable. No volvió a dar clases en el aula. Empezó una carrera sindical en la que siempre tuvo las riendas. El derroche lo hacía a la vista de periodistas, políticos interesados en ganar candidaturas o los mismos maestros. Por ejemplo, en 2008 le regaló 59 camionetas hummers a los líderes seccionales del magisterio. Ella misma aparecía ataviada con ropa de diseñadores o fotografiada en tiendas exclusivas de la colonia Polanco. Su rostro tiene unas veinte cirugías según el doctor Gustavo González, miembro de la Academia de Cirugía Plástica y Reconstructiva Mexicana, que le habló sobre el tema al periódico Reforma. Chanel, Prada, Escada, Hermés, Diave Von Fürstenberg eran las marcas de“La maestra” en un país donde el salario mínimo es de 73.04 en la zona A.
Sólo entre los Gobiernos de Salinas y Zedillo, “La Maestra” recibió casi 66 mil millones de pesos y 13 mil millones de pesos provenientes de cuotas sindicales, según una denuncia que interpuso la agrupación magisterial disidente Punto Crítico del magisterio del DF en 2005, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que fue desechada. En ese legajo, la organización indicó que Elba era dueña de por lo menos 61 bienes inmuebles. La voz de Elba Esther “La Maestra” Gordillo Morales se quebró. Era si último acto público como dirigente del SNTE. Pero ella no lo sabía. Fue el miércoles 6 de febrero de 2013, a un día de su cumpleaños. La acompañaba el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, un viejo (ella pensaba) aliado. Estaban los maestros de la Sección 36 y el secretario general ejecutivo, Juan Díaz de la Torre. En medio del discurso, con Eruviel a su extrema izquierda, “La Maestra” levantó el puño y gritó:
“Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací. Quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace una ‘guerrera’; como ‘guerrera’ murió’”.
Este es un personaje político que formó una empresa sobre las ganancias de las sofomes y que, pese a la cárcel, el SAT le otorgó un perdón. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-09-2016/3093938
Era septiembre de 2012 y Enrique Peña Nieto tenía 31 días de ser Presidente electo de México. Encarnaba lo que The Economist, el semanario británico, bautizó como The Mexican Moment, un momento marcado por la esperanza de logros en materia económica debido a sus propuestas de reformas estructurales. Fiel a su costumbre de realizar reuniones al mediodía, almorzó a esa hora con miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN, hoy Consejo Mexicano de Negocios). Ahí estaba el empresario Luis Orvañanos, dueño de Casas Geo. Tres años después, en 2015, el destino había cambiado. El momento dorado se había fugado. El Presidente tenía sólo 39 por ciento de aceptación a su gestión, el más bajo en la Historia desde que en 1994 el diario Reforma realizó la primera encuesta de este tipo. Su Administración se había descarrilado por las revelaciones de que él mismo y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, adquirieron bienes inmuebles a través de contratistas del Gobierno. Además estaba, como sombra de ladrón, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Por si fuera poco, el Gobierno federal continuaba con un plan de austeridad para enfrentar la desaceleración de la economía mexicana debido a la caída de los precios del petróleo en el mundo. Sólo había nubarrones negros sobre México. Y Casas Geo, una empresa que alguna vez tuvo 12 mil trabajadores para entonces tenía mil. La viviendera que llegó a ofrecer hasta 50 mil casas al año, en ese momento comercializaba menos de 500. Se enfrentaba a un desafío histórico: salir de sus propios escombros a través de una reestructuración financiera. Casi sepultada en cascajo por falta de liquidez y una deuda de cuatro mil millones de UDIS – unos 21 mil 080 millones de pesos- el 15 de abril del 2014 entró a concurso mercantil. Al cierre de sus operaciones en 2015, la desarrolladora sumó un patrimonio de dos mil 680 millones de pesos y aspiraba a superar los seis mil 500 millones de pesos, una vez firmados los acuerdos con los acreedores. Pero por lo menos para Geo hubo algo de aquel momento dorado de Enrique Peña Nieto. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) le condonó tres mil 073 millones 387 mil 565 pesos, el 60 por ciento del total de condonaciones de créditos fiscales otorgado ese año. No sólo fue Casas Geo. En 2015, el perdón del SAT le llegó a empresas con arraigo en el país, políticos, un connotado futbolista, una poderosa dirigente sindical y hasta a un socio de Zhenli Ye Gon, el empresario chino, acusado de tráfico de drogas y quien reunió en su casa montañas de billetes y monedas que sumaron 205 millones de dólares.
Así, se escribió una historia de paradojas. En 2015, México estaba hundido en el sótano de los países que menos recaudaron entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El promedio de ingresos tributarios en el conjunto de América Latina ascendió a 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el de los países de esa organización a 26.3 por ciento. El de México fue sólo de 9.5 por ciento, según esa organización internacional. Mientras, nombres de prominencia en el mundo empresarial eran disculpados para pagar adeudos millonarios.
2015: EL AÑO DEL PERDÓN Un crédito fiscal es un concepto que el Estado tiene derecho a percibir. Provienen de contribuciones, multas, recargos o aprovechamientos. Eso indica la letra del Artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. En 2015, el SAT aceptó otorgar algunos perdones para esos adeudos. Así fue que de un total de siete mil 108 empresas, 607 dejaron de pagar 48 mil 421 millones 396 mil 507 de pesos. El resto fue perdonado por dos mil 423 millones 754 mil 879 pesos. La indulgencia, el Gobierno la otorgó al amparo del espíritu del Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que implica que los pequeños contribuyentes en problemas obtengan cierta condescendencia para volverse a poner en orden en sus tributos al fisco. Pero ese año, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cargo de Luis Videgaray Caso, los perdones se concentraron en unos cuantos, como muestran los números. Se trata de un perdón mayoritario para apenas el 8.5 por ciento de una lista de personas con créditos condonados o cancelados. Además de cobijarse en el artículo del CFF, el Ejecutivo Federal emitió un decreto para favorecer al sector vivienda con la justificación de promover el desarrollo y construcción de calidad a precios accesibles para las familias mexicanas. El Presidente también emitió otro decreto para condonar los créditos del sector dedicado a la venta de suplementos alimenticios. ¿Quiénes integran el mínimo porcentaje? ¿A qué tipo de empresario el SAT le permitió disculpas? Fundar, Centro de Análisis e Investigación, obtuvo mediante los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal dos bases de datos de los perdones del SAT y un equipo de periodistas de SinEmbargo realizó búsquedas para dar con dueños de empresas, las empresas mismas y algunos otros nombres propios. El buceo en ese mar de información arrojó un denominador: la ruta que siguió la indulgencia del SAT para los mayores montos de créditos fiscales siempre llegó a personajes reconocidos en el ámbito político o empresarial o a grandes empresas con arraigo familiar en el país.
En los siguientes días, este medio digital dará a conocer las historias de quienes, en 2015 –el tercer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto- recibieron la amnistía del SAT, en ese momento a cargo de Aristóteles Núñez Sánchez, dentro de la cartera que ocupó el otrora poderoso miembro del Gabinete, Luis Videgaray Caso.
Un año después de la condonación y cancelación de créditos fiscales, el escenario de la Hacienda pública ha cambiado. Luis Videgaray Caso, el ser político con más influencia en las decisiones económicas, financieras y políticas del país, se ha ido de la Administración. Con una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Doctorado en la misma materia por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en Inglés), sus credenciales lo ubicaron como el gran orquestador de las finanzas del país y también de las decisiones políticas. Por ejemplo, las reformas en cinco ámbitos estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, se le adjudican a su autoría. Pese a un poderío reconocido dentro y fuera del Gobierno, el Secretario de Hacienda se llevó sobre los hombros la carga de la desaceleración de la economía que bajo su administración no consiguió crecer más allá del 3 por ciento, mientras la deuda pública aumentó con un ritmo histórico. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público –la medida más amplia de la deuda del país– pasó del 36.4 por ciento al 50.5 del PIB. Videgaray Caso no se fue solo. En cascada, tras su renuncia, llegaron las del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, y Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT. En el Gobierno peñanietista, Nuñez Sánchez era uno de los funcionarios con mayor permanencia. Como otros en el equipo del Presidente, tiene un pasado en el Gobierno del Estado de México. Ahí, cuando Enrique Peña Nieto fue Mandatario, fue subsecretario de Ingresos de 2007 a 2012. Al SAT ingresó en 2012, apenas tomó posesión el ex Gobernador mexiquense.
Durante sus funciones enfrentó el caso de los Panama Papers, que reveló múltiples evasiones de impuestos de personajes públicos y empresarios, así como el proceso de auditoría al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en agosto de 2016. También, una condonación masiva en 2013 y una más, en 2015. Esta última es de la que se desgranan las historias que serán presentadas los próximos días. Era 2015 y el saldo de los créditos fiscales ascendió a 514 mil 645 millones de pesos, 14 por ciento más que el año anterior, según datos de la Secretaría de Hacienda en su informe de finanzas públicas. Personas físicas
Y la mayor parte de la deuda no provenía de personas físicas; era de las empresas, por 425 mil 879 millones de pesos. Cinco años antes, cuando Felipe Calderón vivía su última etapa en la Presidencia de la República, la deuda era de 743 mil 784 millones de pesos. En 2014 fue de 450 mil 875 millones. Pero la tendencia a la baja se frenó justo ese año y el adeudo volvió a subir. Personas morales
Consultados sobre esta circunstancia, especialistas en varias instituciones académicas y de análisis coinciden en que México no tiene condiciones para aplicar medidas de condonación masiva. Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), acota que en México, “tenemos un grave déficit presupuestal. Sólo recaudamos 7 por ciento de lo que gastamos. Tenemos una fuerte caída de ingresos petroleros, el valor del peso frente al dólar también va en caída. México es un país en donde las brechas de desigualdad son tan significativas que tenemos al hombre más rico del mundo, pero también a personas que habitan las regiones más marcadas por la miseria del planeta. Este país no es el lugar en donde se debería aplicar la condonación”. Las palabras de Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), al respecto son que la condonación y cancelación son mecanismos que deben verse desde la perspectiva de la justicia social. “Buena parte de los amparos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se refieren a asuntos fiscales. Y son de las grandes empresas. Son los grandes contribuyentes los que tienen acceso a la información y actualización de las misceláneas. Y son ellos los beneficiarios”. Pero en las oficinas del SAT hay una razón para estas medidas. Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del sistema, explica: “Del 1 de enero de 2014 al 16 de agosto de 2016, se han condonado seis mil 365 millones, pero ese dinero ha llevado a una recuperación de 17 mil 933 millones de pesos. La condición para condonar es ‘te condono una parte, pero me pagas la otra’. La deuda era de 24 mil 298 millones y nos pagaron eso”. ¿Y LO QUE PERDONÓ CALDERÓN? El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con atribuciones y facultades ejecutivas. Cobijado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad ha empleado el llamado “secreto fiscal” que ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros. Así lo marca su propia ley. Y suena muy bien en términos de seguridad y protección de datos. Pero en la última década, el “secreto fiscal” se convirtió, más bien, en un candado para la información. En 2007, en el primer año de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión aprobó un programa de condonación masiva que alcanzó 86 millones 992 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Poco más de una década después, no puede conocerse a qué empresas se les otorgó esa amnistía porque su resguardo se apega en lo legal al “secreto fiscal”. Fundar recopiló los datos de 2007. Conoció así que entre los deudores que dejaron de pagar se encuentran tres bancos que concentraron 780 créditos por un monto de 28 mil 623 millones de pesos. Un solo banco registró 683 créditos fiscales por 24 mil 918 millones de pesos; 14 empresas de la construcción, con 235 créditos, debían a la autoridad 9 mil 880 millones de pesos y 11 ingenios, con 739 créditos, debían al fisco 8 mil 257 millones de pesos. También cuatro clubes de fútbol tuvieron 79 créditos, por un monto de 2 mil 178 millones de pesos, una compañía editorial tenía 40 créditos, por 2 mil 675 millones de pesos y dos cadenas televisivas tenían créditos por mil 521 millones de pesos. Así, la organización inició en 2010 un camino para conocer qué empresas y quiénes recibieron perdón gubernamental para dejar de pagarle a la autoridad hacendaria. Ha sido una ruta larga y en su mayor parte averiada por las negativas a la información que no ha desembocado en la revelación de ningún nombre. Fundar y otras organizaciones de la sociedad civil acudieron al Poder Judicial de la Federación para solicitar vía amparo la declaración de inconstitucionalidad del artículo que avala el secreto fiscal. El argumento que presentaron es que en una sociedad democrática, las autoridades estatales deben regirse por la presunción de que la información en poder del Gobierno es de carácter público y sólo puede ser reservada de manera excepcional por razones de interés público. Pero la Corte le dio la razón al SAT. No hay grandes esperanzas para conocer quiénes fueron los beneficiarios en 2007. Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del SAT, responde de manera contundente al planteamiento de cuándo podrá abrirse esa información: “Nuestra postura sigue siendo que solamente vamos a revelar los datos a partir de que la ley se reformó. A este momento, esa es nuestra postura. Es un tema de respetar los datos personales. También para nosotros como servidores públicos, revelar el dato de alguien sin tener una autorización expresa de la autoridad te lleva a una sanción que puede ser hasta de cárcel”. Siete años después, en el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el SAT lanzó el programa “Ponte al Corriente”. Y otra vez, llegó la controversia porque no todo salió a la perfección. Al evaluar el programa, la Auditoría Superior de la Federación calculó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por mil 123 millones 614 mil pesos por multas y recargos que servidores públicos del SAT condonaron a cinco contribuyentes de manera presuntamente improcedente al amparo del inciso b, fracción I, del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. No obstante el secreto fiscal, al que se atiene para no revelar información de 2007, el SAT reveló de manera parcial la información de beneficiarios del programa “Ponte al corriente”. Las listas que hizo públicas se limitan al RFC de la empresa y al monto condonado y cancelado. Pudo conocerse que el Presidente Peña Nieto, a través del SAT, le condonó un crédito fiscal de tres mil 334 millones de pesos a Grupo Televisa, de los cuales sólo debió pagar el 10 por ciento; es decir, 343 millones 254 mil pesos y desistió de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, según reportó la televisora ante la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo año. ¿Quiénes más recibieron el beneficio en el primer año de Gobierno peñanietista? Sabritas con el RFC SAB730510K44 y 929 millones 492 mil 858 pesos. También Gamesa con GGA831121JE9 y 150 millones 453 mil 901.00 pesos. La desarrolladora inmobiliaria Prologis con los registros PCI060124PP5, por nueve millones 342 mil 849.00 pesos y PCD060125NV4, por 5 millones 498 mil 397.00 pesos y Scotiabank Inverlat que ante el SAT es SIN9412025I4, por 28 millones 825 mil 996 pesos.
Los perdones del SAT, esos que le llegan a ciertos empresarios, los menos ante la autoridad fiscal, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, continuaron en 2015. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: UNIDAD DE DATOS/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-09-2016/3092072
