CHILPANCINGO, Gro: Estudiantes normalistas de Ayotzinapa destrozaron la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la ciudad de Iguala, en protesta por la sospechosa destrucción de un video clave en el caso de la masacre y desaparición de sus 43 compañeros registrada hace dos años en este lugar controlado por el narco. El hecho violento se registró este medio día cuando los normalistas arribaron en varios autobuses al lugar ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido como El Puente del Chipote, en la parte sur de Iguala. Enseguida, los manifestantes irrumpieron en el edificio, desalojaron a los trabajadores y comenzaron a destrozar expedientes judiciales, documentación oficial, mobiliario y computadoras. Después de 40 minutos, los normalistas se retiraron lanzando piedras y bombas molotov contra la fachada del edificio del Poder Judicial donde dejaron pintas en las que exigen justicia a dos años del crimen de sus compañeros. También reprocharon la destrucción del video considerado como clave en el caso para determinar el grado de implicación de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco y específicamente con la desaparición de los 43. Los estudiantes regresaron a la Normal sobre la misma vía federal que hace dos años recorrieron y se convirtió en el escenario de muerte y terror que dejó un saldo trágico de seis muertos, una decena de heridos y 43 desaparecidos. De esta forma, los normalistas de Ayotzinapa cumplieron tres días realizando acciones de protesta a poco de que se cumplan dos años de esta barbarie que sigue impune. La historia del video clave En agosto de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), emitió un comunicado donde denunció la posible destrucción de un video que habría registrado el momento exacto de la desaparición de los 43 normalistas y que fue grabado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. En ese entonces, los miembros del GIEI afirmaron que el video fue enviado a la ex presidenta y actual magistrada del TSJ, Lambertina Galeana Marín, pero que al parecer habían destruido la prueba y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar este hecho. En su momento, Galeana Marín declaró públicamente la inexistencia del video. “No se puede destruir lo que nunca existió”, justificó. Los especialistas de la CIDH aseguraron que esa grabación captó el momento en que al menos una veintena de normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales en las inmediaciones del punto conocido como el puente del Chipote, lugar ubicado justo frente a la sede del TSJ en Iguala. El 19 de febrero, el nuevo presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, quien ha sido vinculado con el narco, anunció una investigación contra su antecesora, Lambertina Galena, para saber qué destino se le dio al video durante una reunión con padres de los 43. Luego, el 9 de marzo, Robles Hurtado afirmó que autoridades del TSJ entregaron a la (PGR) una copia del video del caso Ayotzinapa diez meses después de ocurrida la masacre y desaparición de los 43 normalistas. Además, aseguró que el Poder Judicial “no cuenta” con material videográfico alguno del caso Ayotzinapa. Al respecto, indicó que la copia de la videograbación se encuentra en el expediente PGR/SEIDO/UEIDM/001/2015, y por ello actualmente, acotó, no tienen acceso a las imágenes de los hechos registrados la noche trágica de Iguala. Ello debido a que desde el 24 de julio pasado el encargado del departamento de Informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, Javier Uribe Iturbe, entregó al agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Ernesto Ornelas Delgado, una USB que contenía “un respaldo” extraído del video del CCT correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014. También, Robles Hurtado entregó a los familiares de los normalistas desaparecidos copias certificadas de cuatro causas penales integradas por jueces de primera instancia sobre el caso Ayotzinapa. Los expedientes están relacionados con el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y otras personas.
Hasta el momento, ningún funcionario del Poder Judicial en la entidad ha sido investigado o sancionado por la destrucción del video, exhibiendo el grado de protección entre autoridades de los tres niveles de gobierno en este caso que sintetiza la impunidad y violencia que se vive en Guerrero. FUENTE: PROCESO. TITULO ORIGINAL: Normalistas destrozan TSJ en Iguala; protestan por destrucción de video sobre los 43 AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/455959/normalistas-destrozan-tsj-en-iguala-protestan-destruccion-video-los-43
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que una nueva filtración de documentos pusiera al descubierto que los dueños de Grupo Imagen Multimedia, Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Adir, poseen empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las offshore, los empresarios confirmaron la existencia de éstas, y afirmaron que fueron constituidas como “vehículos de inversión patrimonial”.
En una pequeña nota impresa en el periódico Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, los Vázquez Raña dicen que las empresas Marshalls Creek Ltd. y Albion Hall Holdings Ltd., “están declaradas ante el SAT desde su constitución y han pagado los impuestos correspondientes de los ingresos generados por ganancias de capital”. De Mundella Global Inc. y Radar Global LTD, señalaron que ya no operan pues fueron constituidas para “compra de activos no financieros, operaciones que nunca se concretaron”. Las revelaciones encontradas en una nueva filtración de documentos, recibida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus asociados a nivel global, entre ellos, la revista Proceso, exhiben detalles detrás de sociedades incorporadas en Las Bahamas. Los documentos del registro corporativo de Bahamas provee nombres de directores y dueños de más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas en ese país entre 1990 e inicios de 2016. Así, se descubre que el poder de los medios de comunicación mexicanos también llegó a los paraísos fiscales. En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles. El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país. Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa. Luego de la filtración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país en el caso llamado #BahamasLeaks. “Con el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”. Agregó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
CIUDAD DE MÉXICO: El poder de los medios de comunicación mexicanos también llega a los paraísos fiscales. De acuerdo con #BahamasLeaks, una filtración del registro corporativo de Bahamas, los dueños de Grupo Imagen Multimedia poseen tres empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las empresas offshore.
En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles. El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país.
Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa. En la base de datos, en la que están identificadas 431 empresas relacionadas con mexicanos, aparece también una bajo el nombre de Joaquín López Dóriga Ostolaza, consejero del periódico El Economista e hijo del periodista y exconductor principal de Televisa, Joaquín López Dóriga. Según la información filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el nombre Joaquín López Dóriga Ostolaza quedó registrado el 12 de mayo de 2011 en el directorio corporativo de Bahamas con la empresa Josa Ltd. La filtración fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso. Se trata de las mismas organizaciones periodísticas que en abril pasado revelaron los #PanamaPapers, que dieron cuenta de las empresas offshore abiertas por el despacho Mossack Fonseca a políticos y líderes mundiales, delincuentes internacionales, empresarios, banqueros y celebridades, entre otros. Otro apellido asociado al nombre de Televisa que aparece en la #BahamasLeaks es el de Zabludovsky. La nieta del periodista que fue emblema del control periodístico en la televisora durante el régimen del PRI del siglo pasado, Jacobo Zabludovsky, aparece también en los directorios corporativos de ese paraíso fiscal. Hija del también periodista y ahora productor de cine, Abraham Zabludovsky, Gabriela Zabludovsky Ciuk, una empresaria de Miami, está registrada desde el 3 de diciembre de 2014 con la empresa Lujo Holdings Limited.
En #BahamasLeaks también hay un registro a nombre de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez, conferencista y autor de libros de superación. Según la información, incorporó en el paraíso fiscal de Las Antillas la empresa Oxer International Ltd, el 19 de junio de 2012. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA, MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/455815/la-familia-vazquez-rana-hijo-lopez-doriga-en-los-registros
Autoridades ejidales y comunales de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron al gobierno estatal la cancelación de los proyectos mineros en la región, pues provocan división social y confrontación entre habitantes y comunidades, además de la contaminación ambiental. Los ejidatarios agregaron que en los últimos años, los proyectos mineros derivaron en enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatro muertos y 12 heridos por arma de fuego. Denunciaron que la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, realizó trabajos de exploración en los límites ejidales para ampliar el proyecto minero sin el consentimiento de las asambleas comunitarias. Graciela Pablo Cruz, representante en la región, sostuvo que las empresas hacen uso de químicos que dañan los mantos acuíferos, lo que además provoca daños a la salud de los habitantes.
Por esto, las comunidades afectadas exigen la cancelación del proyecto minero San José y de los otros 14 que fueron otorgados sin el consentimiento de las asambleas por la Secretaría de Economía a las empresas Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. Minera Aurea S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A. de C.V., Continnun Resources México S.A. de C.V., Cia. Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/cancelacion-de-proyectos-mineros-exigen-ejidatarios-en-oaxaca/
Cherán, Michoacán. El pueblo de Cherán se encuentra enclavado en la meseta p’urhépecha a un poco más de 100 kilómetros de Morelia, la capital del estado mexicano de Michoacán. Con alrededor de 18 mil habitantes, esta comunidad fue una de las muchas que resultó asolada por el crimen organizado durante la guerra contra el narcotráfico desplegada en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entre el 2008 y el 2011, la tala clandestina llevada a cabo por grupos criminales arrasó con los bosques cercanos de Pakárakua, Tres esquinas, Cerritos los Cuates, San Miguel, Carichero, Cerrito de León, Patanciro y El Cerecito. Durante el 2010, el crimen intensificó la deforestación; también asesinó, secuestró, desapareció o humilló a cualquier poblador que se atreviera a insinuar un reclamo. Por meses, las múltiples denuncias de la comunidad encontraron oídos sordos en las oficinas gubernamentales. El comienzo
La mañana del 15 de abril del 2011, un grupo de mujeres y jóvenes detuvieron con palos y piedras a algunas de las camionetas que transportaban a los criminales con cargas de madera. Las detenciones se llevaron a cabo a unas cuadras de la capilla El Calvario, en el Barrio Tercero (el de arriba, Karakua en p’urhépecha), uno de los cuatro barrios en que se divide geográficamente Cherán. A partir de ese momento, miles de pobladores salieron a las calles para enfrentar a los criminales y expulsar a los funcionarios, a la policía y al gobernador priista Roberto Bautista Chapina El negro. Las autoridades locales fueron cómplices de los criminales, argumentó la comunidad. Durante meses, los pobladores de Cherán se agruparon en alrededor de 170 fogatas afuera de sus casas como una forma espontánea de defensa, solidaridad y ejercicio político. En esas fogatas, Cherán organizó la defensa armada contra posibles represalias por parte de los grupos criminales y compartió la comida y la ayuda solidaria que llegaba del exterior. En aquellas noches de vela, los pobladores decidieron el futuro político de su comunidad: un régimen de autodeterminación, fuera del sistema de partidos políticos, que recuperara algunas formas tradicionales de gobierno para adaptarlas a las necesidades actuales. Como parte de la estrategia jurídica para lograr su objetivo, la comunidad interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 2014, la máxima instancia jurídica del país falló a favor de Cherán y reconoció la facultad de la población para gobernarse legalmente por sus usos y costumbres. Con el transcurso de los años, las asambleas y fogatas se constituyeron como órganos permanentes de deliberación política. La población de Cherán eligió un gobierno encabezado por un Concejo Mayor integrado por 12 notables llamados Keri, provenientes equitativamente de los cuatro barrios de Cherán. Estos Keri son sólo representantes no autoridades. Esta diferencia es significativa y lo que implica, en pocas palabras, es que la única autoridad es la asamblea general. Es decir, las decisiones de los representantes están sujetas a la supervisión, vigilancia y corrección de dicha asamblea. Ocho consejos operativos atienden los distintos aspectos administrativos de la comunidad: desde el pavimentado de las calles hasta las orquestas juveniles. Al igual que el Concejo Mayor, estos consejos están formados por representantes de los cuatro barrios propuestos primero en fogatas y luego elegidos en asambleas. La ronda comunitaria, un grupo de alrededor de 80 miembros de la comunidad, es el órgano encargado de mantener la seguridad del territorio y la población. No descobijar a la comunidad
Una vez que se constituyó el nuevo gobierno, la población de Cherán se empeñó en reconfigurar su territorio, su economía, su vida cotidiana. Como parte de este esfuerzo, se promovió la creación de empresas comunales con objetivos específicos. “Uno de los fines más consolidados tiene que ver con enfocarse en cuestión social: dar trabajo a la gente, no dejar descobijada a la comunidad”, arguye Vicente Sánchez Chávez, actual secretario del Consejo de Bienes Comunales. Este consejo es el encargado de administrar el territorio, los recursos naturales, y las empresas comunales de Cherán. El Vivero Forestal, el Aserradero Comunal y la Mina de Pétreos y Adocretos son las tres empresas que están bajo la tutela de este consejo. Alejados del paradigma de las leyes del libre mercado y de la generación de riqueza a costa de la explotación laboral y los recursos naturales, las empresas de Cherán tienen, como función primordial, el apoyo a la comunidad. Esto se traduce en que además de proporcionar empleos, las empresas tienen la obligación de cumplir con funciones sociales que van desde participar en las faenas comunitarias a contribuir, con la donación de material o trabajo, a las distintas tareas de las instituciones gubernamentales, educativas o sociales. Por otro lado, según Vicente, en las empresas comunales “la mayor importancia se le da al trabajador; no al dinero”. Es un hecho que uno de los rasgos más interesantes de la política laboral del gobierno de Cherán es que la brecha salarial entre los puestos de dirección y los trabajadores manuales es mínima. Por ejemplo, Hugo Romero Juárez, gerente del aserradero comunal, explica que la diferencia en el salario de la gerencia y el obrero es de 600 pesos al mes: “Yo gano 4,800 pesos al mes y un trabajador en general gana 4,200”. En Cherán este sueldo es considerado como aceptable. Aunque hay pequeñas diferencias salariales de los empleados entre las distintas empresas comunales, el intervalo salarial es el mismo. En todo caso, el monto mencionado para un trabajador manual es prácticamente idéntico al que gana un Keri, el máximo representante de la comunidad. Por otro lado, los empleados pueden gestionar apoyos económicos en caso de tener algún imprevisto y reclamar, a través de sus asambleas, si creen ser objeto de maltrato por parte de algún funcionario. Finalmente, las gerencias no tienen facultades para despedir a ningún trabajador. La asamblea piensa mejor que uno solo Cómo en otros ámbitos del gobierno comunal, las asambleas de los barrios son las autoridades máximas en las decisiones que se toman para el desarrollo de las empresas. Las vacantes en las empresas son ocupadas equitativamente por personas de los cuatro barrios: los trabajadores y sus salarios son designados en las asambleas. Los proyectos de los administradores en turno siguen el mismo curso: están sujetos a la discusión y aprobación por parte de fogatas y asambleas. Asimismo, las empresas están obligadas a rendir cuentas cada tres meses a las asambleas de los barrios. La vigilancia de este mecanismo es tan estricta que si algún trabajador es acusado de negligencia o corrupción es, primero reprendido por el Consejo de los Bienes Comunales y, en última instancia, castigado o despedido por las asambleas. Esto no es palabra muerta: en un año de este segundo gobierno comunal ha habido tres remociones. “La asamblea está al pendiente de todo lo que se haga aquí. La asamblea sabe, a través de los coordinadores de barrio, lo que pasa en cada trabajo”, explica Marcos García López, gerente de Mina de Pétreos y Adocretos de Cherán. Aunque los gerentes de las tres empresas comunales están de acuerdo en que la principal desventaja de esta forma de dirección es lo difícil que es llegar a acuerdos con toda la comunidad, ponderan las ventajas en términos de imaginación y justicia colectiva. En palabras de Hugo Romero Juárez, gerente del aserradero, “Yo pienso que […] una comunidad piensa mejor que uno solo y ora sí que así se tienen que hacer mejor las cosas”. Un vivero como un triunfo
Aunque la población ya contaba con un modesto vivero forestal antes del movimiento, el nuevo régimen de gobierno impulsó, desde el principio, la implementación de un vivero que permitiera la reforestación de las más de 9,000 hectáreas afectadas por el crimen hasta 2011. A 5 años de distancia, el Vivero Forestal Comunal San Francisco Cherán es un símbolo identitario para la comunidad. El vivero es capaz de producir 1.5 millones de plantas al año distribuidas principalmente en tres especies de pino. Esto ha permitido reforestar aproximadamente 4,000 hectáreas: el 45% del área afectada por el crimen. Las campañas de reforestación se llevan a cabo con recursos provenientes de convenios que Cherán tiene con la Unión de Huertos Resineros y el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). El vivero también mantiene una serie de programas sociales de educación ambiental en que atiende a escuelas locales desde preescolar hasta bachillerato. En estos programas los estudiantes participan en la reforestación y reciben información sobre la importancia de los recursos naturales de la comunidad. El vivero proporciona a la comunidad 12 empleos de planta y hasta 100 empleos temporales al año. José Ignacio Soto Esquivel, gerente del vivero, cuenta que implementaron una política de inclusión laboral para personas con distintos tipos de discapacidad. “Aquí llegan personas que padecen convulsiones, síndrome de Down o que sufren discapacidad mental o motriz”, explica el biólogo egresado de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. “Nacho”, como lo conocen sus compañeros, relata que a pesar de que estas personas ejecutan el trabajo a la perfección sufren, con frecuencia, discriminación en el propio ambiente laboral. Aunque nunca se logró aclarar totalmente, se sospecha que dos de los tres empleados discapacitados que trabajaban en el vivero dejaron de acudir por las burlas y presiones de los compañeros de trabajo. El tercero, que padecía convulsiones y hemofilia, dejó de trabajar porque su familia consideró que no se contaba, en el vivero, con las condiciones médicas adecuadas. Nacho confiesa no saber que se puede hacer para evitar estos inconvenientes pero reitera la voluntad del vivero para impulsar estás políticas de inclusión laboral. Aunque el camino de las transformaciones sociales puede estar sembrado de pinos, nunca ha estado sembrado sólo de rosas. El aserradero sin madera para aserrar
El Aserradero Comunal San Francisco Cherán es una empresa que antaño conoció tiempos no exactamente de gloria. Tanto los pobladores de Cherán como los actuales trabajadores de la empresa cuentan que los funcionarios salientes de las cuatro administraciones previas al movimiento desvalijaban los talleres de carpintería y de manufactura de madera antes de acabar su gestión. A raíz del movimiento del 2011, se decidió rehabilitar la empresa para brindar trabajo a los pobladores y dotar a la comunidad de un medio que subsanara sus necesidades de consumo de madera. Sin embargo, la terrible experiencia que vivió Cherán a raíz de la explotación de sus bosques por parte del crimen organizado hizo a la población recelosa de todo lo que suene a derribar árboles. El aserradero, desde hace 5 años, trabaja solamente con la madera abandonada por los talamontes de antes del movimiento, la de los árboles plagados y la de los que caen por efecto de alguna tormenta. Menos mal, para el aserradero, que en Cherán las tormentas no escasean. El aserradero cuenta con un personal de planta de 11 personas y no recibe inversión de ninguna dependencia gubernamental o privada. En sus instalaciones se procesan hasta 100 metros cúbicos de madera por mes. Esta cantidad no cubre las necesidades de la comunidad, admite el gerente de la empresa Hugo Romero Juárez. Los carpinteros y artesanos del lugar y el propio aserradero se ven forzados, con frecuencia, a comprar madera en las poblaciones vecinas para aliviar la demanda. Las asambleas no han querido aprobar un plan de manejo forestal que permitiría al aserradero contar con mayor cantidad de madera para trabajar. El resultado es que la empresa, aunque ha logrado mantener el pago de su nómina, sufre de penurias económicas. En opinión de Hugo, el recelo por parte de la gente para explotar el bosque es excesivo: “piensan [erróneamente] que al momento de tener un plan de aprovechamiento forestal es derribar todos los árboles [sic]”. Para el gerente, las asambleas de los barrios deben considerar seriamente la posibilidad de regular la extracción de madera, sin atentar contra la integridad del bosque. En todo caso, además de proveer fuentes de trabajo, el aserradero cumple varias funciones sociales: donar leña para las velaciones de los difuntos de la comunidad, apoyar con leña las manifestaciones de los maestros de la zona, maquilar madera de los comuneros, participar en las faenas de limpia del bosque y apoyar a los damnificados de eventos meteorológicos. Cherán inició su movimiento político y social con la defensa de sus bosques; es posible que ahora deba aprender a no temer la explotación comunal de los mismos. Tabiques y Adoquines No es infrecuente que los movimientos políticos inauguren, con su energía social, nuevos caminos. Cherán decidió para ello elaborar su propio piso. La empresa Mina de pétreos y adocretos San Francisco Cherán es un proyecto que nace con el movimiento del 2011. Cherán empezó, en 2012, a explotar dos bancos de arena y piedra que se encuentran en su territorio. La empresa da empleo a 16 trabajadores y tiene capacidad para producir mensualmente unas 15,000 piezas de tabicón o unas 10,000 piezas de adoquín.
Aunque sus inicios fueron más que modestos, la empresa ha logrado vender su material en el mercado local y ampliar su oferta a algunas poblaciones vecinas como Purépero, Cheranástico, Ziracuaretiro y Zacapu. Al igual que el resto de las empresas comunales, Mina de pétreos y adocretos cumple con una serie de funciones sociales ineludibles: suministra gratuitamente material a escuelas, iglesias, instituciones de gobierno, o grupos de vecinos que requieren arreglar caminos o brechas. Además, el precio del material que vende al público en general es ligeramente más económico que de otras opciones. Para Marcos García López, gerente de la empresa, más que la generación de riqueza, el verdadero significado del crecimiento es el apoyo social: “Esta empresa comunal es diferente porque esta empresa tiende a crecer al dar apoyo. Dar apoyo es lo más importante de las empresas comunales. A través de un conjunto de ideas de toda la comunidad esto va creciendo […] y el beneficio es para la misma comunidad” El ruido de las máquinas haciendo adoquines parece, en su frenetismo, darle la razón. El sentimiento resinero La resina es una sustancia pegajosa de vistosos colores marrones y ocres que se extrae de los árboles por medio de ranuras que se efectúan con un hacha especial. La explotación de este recurso ofrece la ventaja de que no es necesario derribar el árbol para extraer resina continuamente. El aprovechamiento de la resina es, en este sentido, mucho más respetuoso de los bosques que la extracción de madera. De la resina se destilan dos productos básicos: brea y aguarrás. Estos componentes son usados en la industria de la transformación para la manufactura de más de 1,200 productos como pinturas, barnices, desinfectantes y solventes, entre otros.
La extracción de resina en Cherán se ha efectuado por décadas. La resinera de Cherán es posiblemente una de las plantas industriales más antiguas de la región. Esta empresa no depende administrativamente de la estructura de gobierno de Cherán, sino de la asamblea de resineros. No es, en sentido estricto, una empresa comunal como las tres empresas hasta aquí mencionadas. Sin embargo, la extracción de la resina se lleva a cabo en tierras comunales y la casi totalidad de los trabajadores del sector viven en Cherán: la relación entre la empresa y la comunidad no podría ser más estrecha. Antes del movimiento, la actividad resinera se encontraba en franca extinción. Debido a los problemas de seguridad por la acción del crimen organizado muchos resineros abandonaron la actividad. David Romero Rojas, gerente general de la resinera, cuenta que meses antes del movimiento de abril del 2011, varios resineros fueron golpeados, desaparecidos o asesinados. De 120 integrantes pertenecientes al gremio se pasó, justo antes del movimiento, a 50 personas. Según David, el sector resinero fue uno de los que recibió primero el asedio del crimen organizado. El gerente cuenta que, durante mucho tiempo, el gremio intentó convencer a otros sectores de la comunidad de Cherán de la acción depredadora de los talamontes. La mayor parte de la gente ignoró a los resineros: no veía a la tala clandestina como un problema grave. Esto sucedía porque no estaban cerca del lugar. La indiferencia mostrada por otros sectores ante sus llamados de alerta, produjo una especie de [re]“sentimiento resinero”, argumenta David. Tuvo que llegar un punto crítico para que todos los sectores reaccionaran ante una amenaza de la que los resineros estaban conscientes mucho antes del 15 de abril del 2011. No obstante, durante el movimiento social los resineros participaron activamente tanto en las confrontaciones en contra de los criminales, como en las barricadas, fogatas y asambleas. A partir del mejoramiento de las condiciones de seguridad con el establecimiento de la ronda comunitaria y forestal, la actividad resinera empezó a florecer de nuevo. Cinco años después, el gremio de resineros es diez veces mayor. Hoy en día, la asociación cuenta con 500 resineros y la actividad sigue en expansión. El “sentimiento resinero” no impide que los resineros se mantengan atentos a los problemas de Cherán. Además de participar en los procesos políticos de la comunidad, los resineros atienden solicitudes de apoyo económico por parte de gente con problemas de salud, necesidades de estudio, o solicitudes de fondos para fiestas tradicionales y eventos culturales. La resina se destila todos los días; la solidaridad, también. ¿Compiten las otras empresas? La administración de las empresas de Cherán está mucho más ligada a las asambleas y, en última instancia, a la comunidad, que a las presiones del libre mercado. Aún así, en el lenguaje de los gerentes y varios de los trabajadores de las empresas comunales se asoma, de manera confusa, el vocabulario empresarial clásico: competitividad, crecimiento, calidad, utilidad, riqueza. Sin embargo, es evidente que estas empresas se conciben de una manera distinta —aunque no siempre clara— al concepto clásico de empresa capitalista. Dice Marco, gerente de Mina de pétreos y adocretos: “Las empresas privadas, su objetivo es crecer al máximo y tener sus utilidades, que se vean reflejadas; si no, pues ora sí que no son empresas que funcionen. En cambio en este tipo de empresas…toda la gente que labora dentro [debe tener] un objetivo de aportar a la comunidad” Hugo, del aserradero, lo deja aún más claro: “Económicamente no podemos competir con las empresas privadas porque [en ellas] todo el recurso económico se lo quedan con ellos [sic]. No tienen apoyo social. Esas empresas pueden abastecer a mercados grandísimos. Aquí estamos en un sistema de gobierno en que queremos sobresaltarnos en otra forma de gobierno, simplemente dar apoyo y dar servicios a la comunidad”
La respuesta a la pregunta con que se inicia esta sección final es “sí”. En Cherán las otras empresas compiten, si competir significa ayudar a la comunidad. VIDEOS (CHERÁN LA OTRA EMPRESA):
La declaración y pago de impuestos es un infierno para el ciudadano. Desconocimiento, confusión, tener que dar una comisión a los contadores, recibir correos electrónicos cada semana que “invitan” a cumplir con las obligaciones fiscales, llamadas telefónicas, citatorios, recargos, multas… Los 53 millones 585 mil 310 contribuyentes inscritos en el padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de su salario o ganancia, están cargando con la mayoría de los ingresos del Gobierno federal, y una rebanada de ellos se va a los sueldos millonarios de los funcionarios públicos y a las pensiones de los ex Presidentes. Mientras tanto, conforme SinEmbargo lo ha documentado en su serie #PapelesDeSHCP, a otras grandes compañías con millonarias utilidades se les perdona todo ese viacrucis, incluido el pago por miles de millones de pesos en impuestos y las multas que se generan por no cumplir sus obligaciones fiscales.
“Tienes que pagar impuestos hasta por respirar: el IVA y el ISR”, contó Minerva, una trabajadora que cobra por honorarios. Además, como la página del SAT no tiene nada de “amigable”, dijo, prácticamente obligan a contratar a un contador. “El sueldo se va a la chingada”, declaró.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que para el próximo año el 54.7 por ciento de sus ingresos vendrán de tres impuestos: el 29.3 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR); el 16.4 por ciento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 5.9 por ciento por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS). Hasta julio de este año, más de 53 millones contribuyeron con el pago del ISR [el cual incluye sueldos, salarios, honorarios o ganancias que perciben los individuos o empresas como remuneración por su trabajo, así como sus propiedades] y del IVA [un impuesto al consumo que tiene ciertas exenciones]. La mayoría son personas físicas y asalariados. Durante el primer semestre, Hacienda recibió 1 billón 625.9 mil millones de pesos de ingresos tributarios, un 12 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. En ese periodo, el ISR representó el 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta en los últimos 25 años; además, el IVA significó el 3.9 por ciento del PIB, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Carolina, una productora audiovisual, también cobra sus servicios en la modalidad de honorarios. Está obligada a declarar cada mes sus ingresos y gastos para determinar su tarifa de impuesto. En agosto pasado obtuvo 8 mil pesos por un proyecto, pero al final se quedó con 6 mil pesos porque le quitaron el 16 por ciento por el IVA, el 10 por ciento por el ISR y otro 10 por ciento por otro tipo de IVA. Con esta modalidad, el trabajador tiene derecho a deducir impuestos por los gastos que hace para realizar su trabajo, como transporte y papelería, pero no sabe cómo hacerlo. Carolina no ha contratado a un contador, aseguró, porque le cobraría el 10 por ciento de sus ganancias al mes.
LA PRESIÓN DEL SAT
Dada la importancia de los impuestos en los ingresos del Gobierno federal, el SAT no perdona… no, al menos, a los ciudadanos comunes. La presión comienza con un correo y termina con una sanción por delito de defraudación fiscal. “Recibo mails que dicen que debo cubrir mis obligaciones fiscales. Y yo, bueno, huyo cuando los leo. Me llaman, pero les cuelgo”, contó Carolina. Sin embargo, pagarlos no es fácil, mucho menos para quienes comienzan a trabajar. Fuera de aquellos que reciben retenciones automáticas de sus salarios, en general “el sistema es complejo” y se requiere de la asesoría o ayuda de un especialista para calcular el pago de impuestos, lo cual eleva los costos (tiempo y dinero) de pagar impuestos y todo eso se convierte en “un estímulo para ingresar a la economía informal”, expuso el informe “Los impuestos en México, ¿quién los paga y cómo?”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Minerva criticó que la página del SAT “está en chino”. Ella ha contratado a cuatro contadores. “Si declaras mal o en donde no era, te chingan. Si estás gastando de más te investigan, porque puede que estés mintiendo sobre tus ingresos”.
“No entiendo nada de declaraciones”, confesó. “Les debo como 2 mil pesos y no se los pienso pagar. Ya hasta me mandaron citatorio a mi casa. Dejé de declarar después de que terminé los trabajos del año pasado y todas las semanas me llegan sus correos, esos, los de ‘Se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales'”. El SAT le está requiriendo las declaraciones mensuales que le faltan y la declaración anual porque quedaron volando sus ingresos del año pasado.
“Ahora tengo problemas porque me salieron otros trabajos freelance, pero hay que volver a facturar y hasta que no me ponga al corriente no me pueden pagar”, dijo. Las personas que ganan por honorarios, tienen ingresos por otra actividad económica o su sueldo rebasa los 400 mil pesos anuales están obligadas a realizar su declaración anual. A través de este proceso, pueden deducir gastos médicos, hospitalarios, pago de lentes graduados, colegiaturas de escuelas privadas o gastos funerarios siempre y cuando el total de la deducción no rebase el 10 por ciento de sus ingresos. El artículo 31 constitucional expone que todo ciudadano está obligado a contribuir con el pago de impuestos. Si un contribuyente se atrasa con el pago de sus impuestos, cuya tasa depende de sus ingresos y gastos, se hace acreedor a un recargo. Si en determinado plazo se sigue sin cumplir con las obligaciones fiscales, la persona recibe multas que van de los 3 mil a los 30 mil pesos por omitir el pago total o parcial de sus impuestos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. El peor de los escenarios es el delito por defraudación fiscal porque las sanciones no son económicas: implica el embargo de bienes o prisión de tres meses a nueve años dependiendo el monto.
EL USO DE LOS IMPUESTOS El incentivo más importante para fomentar el pago de impuestos es gastarlos bien. Los contribuyentes deben poder apreciar, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, que sus impuestos sirven para mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos. Si un funcionario desvía, roba o aplica mal los recursos, debe ser claramente identificable por los sectores sociales afectados, y debe ser imputable, de acuerdo con el estudio “Los impuestos en México, ¿quién los paga y cómo?” del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, una parte de los ingresos del gobierno se destinan al pago de las pensiones de los ex Presidentes y a los millonarios salarios de los funcionarios públicos. El Presidente de la República, por ejemplo, recibe 4 millones 300 mil pesos anuales; un Senador, dos millones 732 mil pesos y un Secretario federal 3 millones 364 mil pesos. Los ciudadanos, quienes pagan los impuestos, tienen la misma percepción, de acuerdo con una encuesta realizada en noviembre de 2013 por la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana.
“En México ha existido, por la ausencia de procesos democráticos sólidos, un considerable retraso en la especificación el destino de los fondos que provee la ciudadanía por medio del pago de impuestos. La falta de rendición de cuentas por parte de los gobernantes ha dificultado que los contribuyentes sepan correctamente en qué se usan sus recursos”, determinó el CIDE.
El informe acusa que la recaudación del gobierno mexicano, una de las más bajas del mundo, refleja “una débil legitimidad”, resultado fundamentalmente de un gasto poco transparente, una limitada capacidad administrativa de cobrar impuestos y la informalidad (57.1 por ciento de la población ocupada). El 59.24 por ciento de los consultados no cree que el gobierno administra bien el dinero recaudado del pago de impuestos y el 53.35 por ciento está insatisfecho con la utilización que se le da al pago de sus impuestos. Por ello el 38.22 por ciento justifica que no se paguen los impuestos cuando una gran proporción del dinero recaudado termina en los bolsillos de políticos corruptos, en los de sus familiares y en lo de sus amigos.
Otro 30.37 por ciento, de acuerdo con el estudio universitario, justifica la evasión cuando una gran proporción del dinero recaudado es desperdiciado y el 21.25 por ciento cuando una gran proporción del dinero recaudado es utilizado en proyectos de poco valor social. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3094846
Las autoridades presumen que Villar, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, fue víctima de un grupo no profesional y que esa fue la causa de que la mataran incluso cuando la familia pagó un rescate.
La investigación por el secuestro y asesinato de la española María Villar en México está “muy adelantada”, dijo hoy la coordinadora nacional antisecuestros Patricia Bugarín. Las autoridades presumen que Villar, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, fue víctima de un grupo no profesional y que esa fue la causa de que la mataran incluso cuando la familia pagó un rescate. “Eso es precisamente tal vez parte del motivo del lamentable fallecimiento”, dijo a la cadena Televisa Bugarín, que no quiso dar datos sobre el desarrollo de las indagatorias. Villar, de 39 años, que vivía desde hacía tres años en México, fue secuestrada el 13 de septiembre presuntamente después de tomar un taxi en un centro comercial de la zona de Santa Fe, en el oeste de la capital mexicana, donde trabajaba como ejecutiva en la empresa IBM. Su cuerpo apareció el 15 de septiembre a unos 50 kilómetros en un riachuelo de aguas negras en un paraje rural de la comunidad de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Estaba atada de pies y manos y tenía una bolsa en la cabeza. La causa de la muerte fue asfixia mecánica, de acuerdo con la fiscalía del Estado de México. Bugarín señaló que hay “versiones encontradas” sobre qué tipo de taxi tomó y si fue secuestrada al abordarlo o en algún otro punto al bajar. “No ha sido todavía posible determinar esto, es parte de la investigación”, dijo. “Lo único cierto son dos puntos: uno, que salió del centro comercial y que al parecer abordó un taxi. Y el segundo, el hallazgo del cuerpo de la víctima”. El caso se ha considerado “atípico” por la rapidez con la que fue asesinada. Al parecer, primero fue un secuestro “exprés” para quitarle dinero de las tarjetas en cajeros automáticos y se convirtió en secuestro extorsivo sobre la marcha. El subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada de la fiscalía general, Gustavo Salas, dijo que desde el momento en que los secuestradores se comunicaron con la familia, intervino en las negociaciones la Policía Federal, que tiene especialistas en secuestro.
“No hubo ninguna falla en la negociación”, dijo. “Incluso se llegó a una negociación que sustentablemente bajó la petición originaria para la entrega de una determinada cantidad, misma que se efectúo”. Sin embargo, aunque se tuvo una prueba de vida, “no apareció la persona en los términos acordados”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095247
El cura Juan Jaime Suárez Silva narra fragmentos tétricos que iniciaron en la Casa de Dios y terminaron en la Curva del Diablo, Papantla, Veracruz. Allí borraron la existencia de los presbíteros José Alfredo Suárez y Nabor Alejo Jiménez Juárez, de 30 y 50 años de edad, respectivamente. “Los cuerpos no olían a alcohol”, dice. Es así como el cura pozarricense responde al llamado de sus laicos asediados por la violencia en el norte de la entidad, pero también se une al discurso del Papa Francisco y su “condena a todo atentado a la vida y dignidad de las personas”. Cuatro días antes del secuestro y asesinato de los clérigos, el Departamento de EU alertó acerca de la violencia que existe en México en contra de los ministros de culto de distintas iglesias.
“El Fiscal [de Veracruz] dice que la muerte de los dos sacerdotes en Poza Rica fue por culpa del alcohol. Que nada tiene que ver el crimen organizado. Entonces ¿por qué al padre Nabor lo sacaron de la casa parroquial ahogándose con su propia sangre? ¿Por qué lo encajuelaron? ¿Por qué lo amarraron con la estola antes de pegarle nueve tiros?”, son preguntas que el presbítero Juan Jaime Suárez Silva dirige a Luis Ángel Bravo Contreras. Bravo Contreras, el Fiscal, dijo apenas dos días después del homicidio que había sido un pleito entre borrachos. “Yo no tengo necesidad de comunicar pinches rumores. Yo te digo cosas fidedignas y no es mi punto de vista. Son voces de dos párrocos que también presenciaron los hechos y si no rebelan su identidad es porque están espantados”, expresó en entrevista para BlogExpediente. Es así como el cura pozarricense responde al llamado de sus laicos asediados por la violencia en el norte de Veracruz, pero también se une al discurso del Papa Francisco y su “condena a todo atentado a la vida y dignidad de las personas”. Suárez Silva narra en exclusiva para Blog Expediente fragmentos tétricos que iniciaron en la Casa de Dios y terminaron en la Curva del Diablo, Papantla, Veracruz. Allí borraron la existencia de los presbíteros José Alfredo Suárez y Nabor Alejo Jiménez Juárez, de 30 y 50 años de edad, respectivamente.
“HABÍA SANGRE EN TODOS LADOS” Los hechos se registraron durante la madrugada del lunes 20 de septiembre en la casa parroquial, adyacente a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Cierto, al menos cinco sujetos ingresaron al domicilio. Si estaban bebiendo alcohol no lo sé. La Diócesis de Poza Rica sigue esperando el resultado de la autopsia de los compañeros asesinados”, comienza el relato el padre Jaime Suárez. De acuerdo con Luis Ángel Bravo Contreras, los hechos iniciaron hacia las 9 de la noche del domingo 19 de septiembre, cuando víctimas y victimarios libaban alcohol y tras varias tandas de copas y el razonamiento extraviado los visitantes hurtaron cinco mil pesos y dos vehículos, una camioneta Pick Up y un automóvil cerrado modelo Lancer. Sin embargo, un párroco allegado a Jaime Suárez, pero sobre todo a los finados, describe episodios que el Fiscal veracruzano quizá olvidó enunciar ante la prensa. No obstante que el mismo funcionario fue reiterativo con el presunto hecho “que laicos y sacerdotes compartieron bebidas embriagantes antes del episodio trágico”. “A este compañero le tocó ver cuando los sacerdotes fueron sustraídos de la casa parroquial. Nabor Alejo Jiménez iba todo golpeado, casi no podía respirar pues se iba ahogando con su propia sangre. A él, por una razón que desconozco, lo metieron a la cajuela del vehículo Lancer, mientras que al padre José Alfredo Suárez y al auxiliar los treparon a la batea de la Pick Up”. “Lo peor fue cuando subieron a la casa de los padres. Sólo puedo decirte que había sangre por todos lados, en las dos recámaras, en la sala y hasta en la cocina. Conocí al padre Nabor y él era el más duro de los tres, sus raíces indígenas de la Sierra de Zoquitlán, Puebla, me hacen creer que fue el más difícil de pelear” comparte Jaime Suárez. “EXIGIMOS LA AUTOPSIA” Fue en el Servicio Médico Forense de Papantla a donde los cadáveres de los presbíteros fueron llevados. Allí hubo un segundo testigo, quien vio los cuerpos sobre la plancha metálica. “El rostro del padre Nabor y su cuerpo los molieron a golpes, él tenía los nueves tiros. Al padre Alfredo sólo le dieron uno: el de gracia. Sin embargo, más allá de la saña en contra de los presbíteros, el testigo asegura que ninguno despedía olores etílicos. De acuerdo con expertos periciales cuestionados por el reportero, el olor debió haber sido evidente, “pues el alcohol se acumula en la sangre y al haber perforaciones, causadas por los elementos balísticos, el olor se ventila fácilmente”. “Nosotros exigimos que se nos explique el resultado del legista que practicó la autopsia. Saber si los compañeros realmente estuvieron bebiendo porque el Fiscal dice que todo se derivó porque estuvieron echando la copa con los asesinos, que no mame” comparte el entrevistado a su estilo. De acuerdo con Jaime Suárez, el diputado Juan Alfredo Gándara Andrade se acercó al presbítero y aseguró estar cercano a conseguir los reportes periciales, pues dice “le encabrona que el Fiscal, sin haber terminado las investigaciones, se haya dedicado a informar pendejadas”. Ya en el cierre de la charla telefónica el párroco lanza una última pregunta a Bravo Contreras: “Si los responsables no forman parte del crimen organizado, si son simples laicos que se pasaron de copas y ya hasta tienen un detenido, ¿por qué el Fiscal no ha podido dar con todos los culpables?”. Son los exhortos del cura pozarrincense, el mismo que contesta todas las llamadas telefónicas, así deba de postergar alguna eucaristía. Un hombre bragado a quien le consterna la situación de la ciudad donde ha servido durante 42 años. Hoy Juan Jaime Suárez Silva vuelve a solicitar un llamado enérgico por parte de sus superiores hacia las autoridades competentes: “Mi jefe eclesiástico está espantado y no ha podido ofrecer una rueda de prensa y desmentir al Fiscal. No dicen nada y estamos aquí como pendejos. Me tienen encabronado” sentencia. EU ALERTÓ SOBRE VIOLENCIA CONTRA SACERDOTES El pasado 15 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó acerca de la violencia que existe en México en contra de los ministros de culto de distintas iglesias. En el “Reporte Internacional Sobre la Libertad de Culto 2015”, Estados Unidos citó como una de sus fuentes de información al Centro Católico Multimedia, el cual informó que los sacerdotes y otros líderes religiosos en el país continúan siendo blanco de intentos de extorsión y amenazas de muerte. En el documento, se menciona que desde el 21 de octubre del año pasado se informó que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado habían destacado la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los líderes religiosos. “No se conoce aún la suerte que corriera el padre Carlos Ornelos Puga, que desapareció en noviembre de 2013 de La Victoria, Tamaulipas, y el padre Santiago Álvarez Figueroa, que desapareció en diciembre de 2012 en Zamora, Michoacán”, se detalló en el informe. En el texto se destacó que funcionarios de la embajada también se reunieron con miembros de grupos religiosos y ONG con afiliación religiosa para tratar el tema de la seguridad de los sacerdotes que trabajan en cuestiones humanitarias, evaluar el estado de la libertad de culto y expresar su apoyo a la tolerancia religiosa.
“Un funcionario de la Oficina de Libertad de culto Internacional del Departamento de Estado visitó la Ciudad de México y Oaxaca en septiembre para plantear su preocupación por el tratamiento de los grupos religiosos minoritarios dentro de las comunidades indígenas y la violencia hacia los sacerdotes por parte de grupos delictivos”, se menciona en el texto. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095191
“La situación de las mujeres en México y América Latina es precaria en términos generales para todas. Aunque ha habido avances estos son muy deficientes, y es peor para las mujeres mayores de 60 años afirma, Verónica Montes de Oca, especialista en protección social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) existen en México al menos 5 millones de adultas mayores sin seguridad social. Según la especialista las mujeres adultas viven en su mayoría en una situación muy complicada “dependen casi absolutamente de su esposo o de sus hijos, es decir, dependen de los roles que se les han impuesto por su condición de ser mujer, no es por ellas mismas, por sus propias capacidades desempeñadas o por el hecho de ser personas, sino que la protección social que tienen las mujeres en nuestro país se debe a que son esposas, madres o viudas, y no por su participación en el mercado de trabajo en una actividad formal”. En entrevista con Desinformémonos, la investigadora afirma que a pesar de que tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como la ONU, han recomendado a los Estados integrar plenamente a las mujeres en el proceso de desarrollo social y económico de nuestro país, la realidad es otra. “Las mujeres tendrían que tener un ingreso igual que el de los hombres por las mismas actividades, igual educación y una participación económica en actividades que no sean únicamente actividades feminizadas sino que sean actividades de toda una gama en las que las mujeres puedan desarrollar plenamente sus capacidades” pero contrario a ello, afirma Verónica Montes, las mujeres ancianas están muy subordinadas al entorno familiar, eso les resta independencia, autonomía y salud en su mismo proceso de envejecimiento. Además de que las mujeres tienen que entrar y salir del mercado del trabajo porque se embarazan, porque tienen que cuidar a un familiar enfermo y no hay tolerancia para ello, no tienen una pensión porque son personas sino porque cumplen con un rol.
Recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el recurso de revisión 192/2016, en el que concedió el amparo promovido en contra de la omisión del Ejecutivo Federal de traducir y difundir eficazmente, el texto íntegro de la exposición de motivos y del Decreto de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001, a la lengua ayuuk (mixe medio del este). La obligación del titular del Poder Ejecutivo Federal de disponer las traducciones del Decreto referido en las lenguas indígenas nacionales y ordenar su respectiva difusión, emana de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Decreto de la reforma constitucional en comento; no obstante, la traducción aludida jamás fue realizada. De la misma forma, a más de 15 años de haberse publicado el Decreto de reforma constitucional, tampoco se ha instrumentado en diversas entidades federativas una armonización legislativa en materia de derechos y cultura indígena, de conformidad al mandato del propio Decreto de reforma constitucional y a los compromisos internacionales, suscritos por México. Tal es el caso de la Ciudad de México (CDMX), que, a pesar de ser el corazón de la pluriculturalidad, la Asamblea Legislativa ha sido omisa en reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población indígena en la CDMX es de 784,605 lo que representa el 8.8% de su población total. Los pueblos indígenas con mayor representación son el Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazateco, Zapoteco, Mazahua, Totonaco, Mixe y Maya. Lo anterior pone de manifiesto la urgencia de transformar el andamiaje institucional y normativo, y por ende las políticas públicas, para que estas reconozcan y tomen en consideración el carácter pluricultural de una de las zonas urbanas más grandes del mundo. La carencia de un marco normativo en la CDMX en materia indígena, ha dificultado la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, y de sus integrantes. Ante esta situación, han sido diversos los esfuerzos, unos más serios que otros, por saldar la deuda histórica que la Ciudad de México tiene con sus pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. Por ejemplo, durante la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentaron tres proyectos de Ley: 1) Iniciativa de Ley de los derechos de los pueblos originarios y comunidades de origen étnico en el Distrito Federal, presentada el 8 de noviembre de 2007 por el entonces Diputado Ricardo Benito Antonio León de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 2) Iniciativa de Ley de los derechos sociales de los grupos étnicos con permanencia en el Distrito Federal, presentada el 29 de noviembre de 2007 por el entonces Diputado Carlos Hernández Mirón de la fracción parlamentaria del PRD, y 3) Iniciativa de Ley de derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal, presentada el 8 de Julio de 2008 por el entonces Diputado Sergio Ávila Rojas de la fracción parlamentaria del PRD. No obstante, en la elaboración de dichas iniciativas de Ley se omitió observar y garantizar el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, con la finalidad de obtener su consentimiento previo, libre e informado o bien llegar a un acuerdo sobre las medidas propuestas. Lo anterior, trajo consigo una oposición de las organizaciones y comunidades indígenas, en la aprobación y dictaminación de estas iniciativas de ley. En este contexto, la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, en su carácter de invitado permanente del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, impulsó ante el pleno del Consejo la adopción de un Pronunciamiento que abogaba por la debida diligencia y observancia del derecho a la consulta indígena dentro del proceso legislativo. El Pronunciamiento remitido, el 5 de diciembre de 2008, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa señalaba entre otros puntos, que “la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la discusión de la legislación en la materia es requisito indispensable, para que el proceso de elaboración del ordenamiento sea válido”. No obstante, el tiempo transcurrió y finalmente las iniciativas de Ley en comento, no pudieron ser consultadas, ni dictaminadas, terminando con ello su proceso legislativo. Con los antecedentes antes descritos, y bajo las lecciones aprendidas; durante la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes impulsó, en noviembre de 2009, la conformación de un Grupo Interinstitucional con el propósito de desarrollar un procedimiento de consulta previa, libre e informada en la elaboración de la Iniciativa de Ley en materia de derechos y cultura indígena. De esta forma, el 13 de octubre de 2011, después de dos años de trabajo, se presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal”, suscrita por los entonces diputados Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Emiliano Aguilar Esquivel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María de Lourdes Amaya Reyes, Adolfo Uriel González Monzón, Armando Jiménez Hernández y Horacio Martínez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El 17 de abril de 2012, la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes dictaminó la iniciativa de Ley en comento, en conjunto con la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley de derechos y cultura de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal” y la “Iniciativa de creación de la Ley Reglamentaria del artículo 2° constitucional, relativa a los derechos y cultura para los pueblos originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal”, presentadas por los entonces diputados Fernando Cuellar Reyes (PRD) y Arturo López Cándido (PT), respectivamente. Cabe señalar que estas dos últimas iniciativas no fueron consultadas a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes de conformidad al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; lo anterior pudo constatarse mediante la exposición de motivos presentada. En lugar de continuar con el proceso legislativo, es decir de remitir el Dictamen aprobado en Comisión a la la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa para su discusión en el Pleno o ante la Diputación Permanente; entre los resolutivos del Dictamen se mandató la conformación de un Comité de Mecanismo, conformado entre otros, por integrantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, con el objeto de desarrollar la planeación y ejecución de un procedimiento de consulta del Dictamen referido, que permitiera incluir las legítimas aspiraciones de los sujetos consultados. De esta forma, con fundamento en el artículo 90, fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Dictamen referido se trasladó a la VI Legislatura para continuar con su proceso legislativo, previo procedimiento de consulta. Bajo esta lógica, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Grupo Interinstitucional desarrolló y suscribió, el 2 de agosto de 2016, la “Metodología General para la consulta indígena dentro del proceso legislativo de la ALDF, para la creación de la Ley de la materia”. La Metodología se elaboró bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Lo anterior dio pauta para que durante la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa se desarrollará nuevamente un proceso de participación y dialogo genuino con los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes, que derivo en la entrega a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del “Anteproyecto de iniciativa de ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal”, el 23 de marzo de 2015, con el objeto de su análisis, discusión y en su caso aprobación. Sin embargo, la expectativa y anhelo de las comunidades indígenas residentes y pueblos originario de contar con un marco jurídico que reconociera sus derechos colectivos se diluyo rápidamente, al terminar la VI Legislatura y no lograr los consensos necesarios para la aprobación de la Iniciativa de Ley. Al iniciar la VII Legislatura, todo parecía indicar que la historia volvería a repetirse, como si fuera un déjà vu, los actores políticos se pronunciaban sobre la urgencia del reconocimiento de los derechos indígenas en la Ciudad de México y se enfatizaba que el tema indígena era central en las agendas legislativas de los diversos grupos parlamentarios; no obstante, las condiciones que imperan actualmente, son aún menos favorables para este fin, ya que la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos Originarios y Atención a Migrantes, se mantiene acéfala, rehén de las pugnas políticas internas por el desacuerdo en el reparto de Comisiones y por ende de los recursos financieros que estas reportan. El hecho es, que a un año de haberse instalado la VII Legislatura, el grupo parlamentario de MORENA no ha asumido la Presidencia de la Comisión referida manifestando su desdén hacia la agenda de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad de México. En suma, han sido varias las causas, que han determinado que la Ciudad de México, en 19 años de haberse instalado su primer Legislatura, no cuente con el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos indígenas en una Ley específica; entre las razones se encuentran: 1) El desconocimiento en torno a las nuevas formas organización indígena en la Ciudad de México, lo que tergiversa y limita el alcance de su reconocimiento en los anteproyectos de Ley; 2) La inobservancia del derecho a la consulta previa, libre e informada durante el proceso legislativo, lo que ha provocado una legitima oposición de los sujetos de derecho; y 3) La falta de voluntad política para respaldar el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes, así como de sus derechos colectivos; ya que las condiciones, en términos de mayoría legislativa, han existido en diversas Legislaturas, pero no han sido aprovechadas para legislar en materia indígena de acuerdo con la vocación progresista de la Ciudad de México. No existe justificación, ni deben existir mayores pretextos para postergar el pago de la deuda histórica que la Ciudad de México tiene para con su pueblos originarios y comunidades indígenas residentes; de esta forma, el proceso de elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México representa la mejor oportunidad para así hacerlo. No obstante, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de único facultado de elaborar y remitir el proyecto de Constitución, y la Asamblea Constituyente parecen estar frente a una paradoja, pues el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Constitución Local no se puede darse violentando e inobservando otros derechos fundamentales, como el de la consulta y el del consentimiento previo, libre e informado, al menos en los apartados referentes al tema indígena. Máxime, cuando la omisión del procedimiento de consulta, o su realización sin observar sus características y principios esenciales, compromete la validez del acto legislativo.
Existe la coyuntura para establecer las bases de una nueva relación entre los pueblos originaros, comunidades indígenas residentes, la sociedad en general y el Gobierno de la Ciudad de México; lo único que deber realizarse, es asumir con responsabilidad la oportunidad histórica. No obstante, el tiempo se agota, y la primera oportunidad para materializar los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes mediante la consulta, se ha desvanecido, en virtud de que el proyecto de Constitución Local ha sido elaborado sin observar el derecho a la participación, consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Queda una segunda oportunidad, será decisión de la Asamblea Constituyente. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: HÉCTOR E. MARTÍNEZ. LINK: https://desinformemonos.org/armonizacion-legislativa-sobre-derechos-indigenas-en-la-ciudad-de-mexico-la-deuda-pendiente/
