El cura Juan Jaime Suárez Silva narra fragmentos tétricos que iniciaron en la Casa de Dios y terminaron en la Curva del Diablo, Papantla, Veracruz. Allí borraron la existencia de los presbíteros José Alfredo Suárez y Nabor Alejo Jiménez Juárez, de 30 y 50 años de edad, respectivamente. “Los cuerpos no olían a alcohol”, dice. Es así como el cura pozarricense responde al llamado de sus laicos asediados por la violencia en el norte de la entidad, pero también se une al discurso del Papa Francisco y su “condena a todo atentado a la vida y dignidad de las personas”. Cuatro días antes del secuestro y asesinato de los clérigos, el Departamento de EU alertó acerca de la violencia que existe en México en contra de los ministros de culto de distintas iglesias.
“El Fiscal [de Veracruz] dice que la muerte de los dos sacerdotes en Poza Rica fue por culpa del alcohol. Que nada tiene que ver el crimen organizado. Entonces ¿por qué al padre Nabor lo sacaron de la casa parroquial ahogándose con su propia sangre? ¿Por qué lo encajuelaron? ¿Por qué lo amarraron con la estola antes de pegarle nueve tiros?”, son preguntas que el presbítero Juan Jaime Suárez Silva dirige a Luis Ángel Bravo Contreras.
Bravo Contreras, el Fiscal, dijo apenas dos días después del homicidio que había sido un pleito entre borrachos.
“Yo no tengo necesidad de comunicar pinches rumores. Yo te digo cosas fidedignas y no es mi punto de vista. Son voces de dos párrocos que también presenciaron los hechos y si no rebelan su identidad es porque están espantados”, expresó en entrevista para BlogExpediente.
Es así como el cura pozarricense responde al llamado de sus laicos asediados por la violencia en el norte de Veracruz, pero también se une al discurso del Papa Francisco y su “condena a todo atentado a la vida y dignidad de las personas”.
Suárez Silva narra en exclusiva para Blog Expediente fragmentos tétricos que iniciaron en la Casa de Dios y terminaron en la Curva del Diablo, Papantla, Veracruz. Allí borraron la existencia de los presbíteros José Alfredo Suárez y Nabor Alejo Jiménez Juárez, de 30 y 50 años de edad, respectivamente.
“HABÍA SANGRE EN TODOS LADOS”
Los hechos se registraron durante la madrugada del lunes 20 de septiembre en la casa parroquial, adyacente a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Cierto, al menos cinco sujetos ingresaron al domicilio. Si estaban bebiendo alcohol no lo sé. La Diócesis de Poza Rica sigue esperando el resultado de la autopsia de los compañeros asesinados”, comienza el relato el padre Jaime Suárez.
De acuerdo con Luis Ángel Bravo Contreras, los hechos iniciaron hacia las 9 de la noche del domingo 19 de septiembre, cuando víctimas y victimarios libaban alcohol y tras varias tandas de copas y el razonamiento extraviado los visitantes hurtaron cinco mil pesos y dos vehículos, una camioneta Pick Up y un automóvil cerrado modelo Lancer.
Sin embargo, un párroco allegado a Jaime Suárez, pero sobre todo a los finados, describe episodios que el Fiscal veracruzano quizá olvidó enunciar ante la prensa. No obstante que el mismo funcionario fue reiterativo con el presunto hecho “que laicos y sacerdotes compartieron bebidas embriagantes antes del episodio trágico”.
“A este compañero le tocó ver cuando los sacerdotes fueron sustraídos de la casa parroquial. Nabor Alejo Jiménez iba todo golpeado, casi no podía respirar pues se iba ahogando con su propia sangre. A él, por una razón que desconozco, lo metieron a la cajuela del vehículo Lancer, mientras que al padre José Alfredo Suárez y al auxiliar los treparon a la batea de la Pick Up”.
“Lo peor fue cuando subieron a la casa de los padres. Sólo puedo decirte que había sangre por todos lados, en las dos recámaras, en la sala y hasta en la cocina. Conocí al padre Nabor y él era el más duro de los tres, sus raíces indígenas de la Sierra de Zoquitlán, Puebla, me hacen creer que fue el más difícil de pelear” comparte Jaime Suárez.
“EXIGIMOS LA AUTOPSIA”
Fue en el Servicio Médico Forense de Papantla a donde los cadáveres de los presbíteros fueron llevados. Allí hubo un segundo testigo, quien vio los cuerpos sobre la plancha metálica. “El rostro del padre Nabor y su cuerpo los molieron a golpes, él tenía los nueves tiros. Al padre Alfredo sólo le dieron uno: el de gracia.
Sin embargo, más allá de la saña en contra de los presbíteros, el testigo asegura que ninguno despedía olores etílicos. De acuerdo con expertos periciales cuestionados por el reportero, el olor debió haber sido evidente, “pues el alcohol se acumula en la sangre y al haber perforaciones, causadas por los elementos balísticos, el olor se ventila fácilmente”.
“Nosotros exigimos que se nos explique el resultado del legista que practicó la autopsia. Saber si los compañeros realmente estuvieron bebiendo porque el Fiscal dice que todo se derivó porque estuvieron echando la copa con los asesinos, que no mame” comparte el entrevistado a su estilo.
De acuerdo con Jaime Suárez, el diputado Juan Alfredo Gándara Andrade se acercó al presbítero y aseguró estar cercano a conseguir los reportes periciales, pues dice “le encabrona que el Fiscal, sin haber terminado las investigaciones, se haya dedicado a informar pendejadas”.
Ya en el cierre de la charla telefónica el párroco lanza una última pregunta a Bravo Contreras: “Si los responsables no forman parte del crimen organizado, si son simples laicos que se pasaron de copas y ya hasta tienen un detenido, ¿por qué el Fiscal no ha podido dar con todos los culpables?”.
Son los exhortos del cura pozarrincense, el mismo que contesta todas las llamadas telefónicas, así deba de postergar alguna eucaristía. Un hombre bragado a quien le consterna la situación de la ciudad donde ha servido durante 42 años.
Hoy Juan Jaime Suárez Silva vuelve a solicitar un llamado enérgico por parte de sus superiores hacia las autoridades competentes: “Mi jefe eclesiástico está espantado y no ha podido ofrecer una rueda de prensa y desmentir al Fiscal. No dicen nada y estamos aquí como pendejos. Me tienen encabronado” sentencia.
EU ALERTÓ SOBRE VIOLENCIA CONTRA SACERDOTES
El pasado 15 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó acerca de la violencia que existe en México en contra de los ministros de culto de distintas iglesias.
En el “Reporte Internacional Sobre la Libertad de Culto 2015”, Estados Unidos citó como una de sus fuentes de información al Centro Católico Multimedia, el cual informó que los sacerdotes y otros líderes religiosos en el país continúan siendo blanco de intentos de extorsión y amenazas de muerte.
En el documento, se menciona que desde el 21 de octubre del año pasado se informó que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado habían destacado la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los líderes religiosos.
“No se conoce aún la suerte que corriera el padre Carlos Ornelos Puga, que desapareció en noviembre de 2013 de La Victoria, Tamaulipas, y el padre Santiago Álvarez Figueroa, que desapareció en diciembre de 2012 en Zamora, Michoacán”, se detalló en el informe.
En el texto se destacó que funcionarios de la embajada también se reunieron con miembros de grupos religiosos y ONG con afiliación religiosa para tratar el tema de la seguridad de los sacerdotes que trabajan en cuestiones humanitarias, evaluar el estado de la libertad de culto y expresar su apoyo a la tolerancia religiosa.
“Un funcionario de la Oficina de Libertad de culto Internacional del Departamento de Estado visitó la Ciudad de México y Oaxaca en septiembre para plantear su preocupación por el tratamiento de los grupos religiosos minoritarios dentro de las comunidades indígenas y la violencia hacia los sacerdotes por parte de grupos delictivos”, se menciona en el texto.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095191
“La situación de las mujeres en México y América Latina es precaria en términos generales para todas. Aunque ha habido avances estos son muy deficientes, y es peor para las mujeres mayores de 60 años afirma, Verónica Montes de Oca, especialista en protección social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) existen en México al menos 5 millones de adultas mayores sin seguridad social. Según la especialista las mujeres adultas viven en su mayoría en una situación muy complicada “dependen casi absolutamente de su esposo o de sus hijos, es decir, dependen de los roles que se les han impuesto por su condición de ser mujer, no es por ellas mismas, por sus propias capacidades desempeñadas o por el hecho de ser personas, sino que la protección social que tienen las mujeres en nuestro país se debe a que son esposas, madres o viudas, y no por su participación en el mercado de trabajo en una actividad formal”.
En entrevista con Desinformémonos, la investigadora afirma que a pesar de que tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como la ONU, han recomendado a los Estados integrar plenamente a las mujeres en el proceso de desarrollo social y económico de nuestro país, la realidad es otra.
“Las mujeres tendrían que tener un ingreso igual que el de los hombres por las mismas actividades, igual educación y una participación económica en actividades que no sean únicamente actividades feminizadas sino que sean actividades de toda una gama en las que las mujeres puedan desarrollar plenamente sus capacidades” pero contrario a ello, afirma Verónica Montes, las mujeres ancianas están muy subordinadas al entorno familiar, eso les resta independencia, autonomía y salud en su mismo proceso de envejecimiento.
Además de que las mujeres tienen que entrar y salir del mercado del trabajo porque se embarazan, porque tienen que cuidar a un familiar enfermo y no hay tolerancia para ello, no tienen una pensión porque son personas sino porque cumplen con un rol.
Finalmente, la académica de la UNAM afirma que dado que son las mujeres quienes viven más años, las autoridades y la sociedad en general deben generar acciones que transformen la realidad de la vejez en México, concluye la investigadora.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/las-ancianas-en-mexico-dependen-de-sus-esposos-o-hijos-para-tener-seguridad/
Recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el recurso de revisión 192/2016, en el que concedió el amparo promovido en contra de la omisión del Ejecutivo Federal de traducir y difundir eficazmente, el texto íntegro de la exposición de motivos y del Decreto de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001, a la lengua ayuuk (mixe medio del este).
La obligación del titular del Poder Ejecutivo Federal de disponer las traducciones del Decreto referido en las lenguas indígenas nacionales y ordenar su respectiva difusión, emana de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Decreto de la reforma constitucional en comento; no obstante, la traducción aludida jamás fue realizada.
De la misma forma, a más de 15 años de haberse publicado el Decreto de reforma constitucional, tampoco se ha instrumentado en diversas entidades federativas una armonización legislativa en materia de derechos y cultura indígena, de conformidad al mandato del propio Decreto de reforma constitucional y a los compromisos internacionales, suscritos por México. Tal es el caso de la Ciudad de México (CDMX), que, a pesar de ser el corazón de la pluriculturalidad, la Asamblea Legislativa ha sido omisa en reconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes.
Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población indígena en la CDMX es de 784,605 lo que representa el 8.8% de su población total. Los pueblos indígenas con mayor representación son el Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazateco, Zapoteco, Mazahua, Totonaco, Mixe y Maya. Lo anterior pone de manifiesto la urgencia de transformar el andamiaje institucional y normativo, y por ende las políticas públicas, para que estas reconozcan y tomen en consideración el carácter pluricultural de una de las zonas urbanas más grandes del mundo. La carencia de un marco normativo en la CDMX en materia indígena, ha dificultado la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, y de sus integrantes.
Ante esta situación, han sido diversos los esfuerzos, unos más serios que otros, por saldar la deuda histórica que la Ciudad de México tiene con sus pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. Por ejemplo, durante la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentaron tres proyectos de Ley: 1) Iniciativa de Ley de los derechos de los pueblos originarios y comunidades de origen étnico en el Distrito Federal, presentada el 8 de noviembre de 2007 por el entonces Diputado Ricardo Benito Antonio León de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 2) Iniciativa de Ley de los derechos sociales de los grupos étnicos con permanencia en el Distrito Federal, presentada el 29 de noviembre de 2007 por el entonces Diputado Carlos Hernández Mirón de la fracción parlamentaria del PRD, y 3) Iniciativa de Ley de derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal, presentada el 8 de Julio de 2008 por el entonces Diputado Sergio Ávila Rojas de la fracción parlamentaria del PRD.
No obstante, en la elaboración de dichas iniciativas de Ley se omitió observar y garantizar el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, con la finalidad de obtener su consentimiento previo, libre e informado o bien llegar a un acuerdo sobre las medidas propuestas. Lo anterior, trajo consigo una oposición de las organizaciones y comunidades indígenas, en la aprobación y dictaminación de estas iniciativas de ley.
En este contexto, la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México, en su carácter de invitado permanente del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, impulsó ante el pleno del Consejo la adopción de un Pronunciamiento que abogaba por la debida diligencia y observancia del derecho a la consulta indígena dentro del proceso legislativo. El Pronunciamiento remitido, el 5 de diciembre de 2008, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa señalaba entre otros puntos, que “la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la discusión de la legislación en la materia es requisito indispensable, para que el proceso de elaboración del ordenamiento sea válido”. No obstante, el tiempo transcurrió y finalmente las iniciativas de Ley en comento, no pudieron ser consultadas, ni dictaminadas, terminando con ello su proceso legislativo.
Con los antecedentes antes descritos, y bajo las lecciones aprendidas; durante la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes impulsó, en noviembre de 2009, la conformación de un Grupo Interinstitucional con el propósito de desarrollar un procedimiento de consulta previa, libre e informada en la elaboración de la Iniciativa de Ley en materia de derechos y cultura indígena. De esta forma, el 13 de octubre de 2011, después de dos años de trabajo, se presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal”, suscrita por los entonces diputados Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Emiliano Aguilar Esquivel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María de Lourdes Amaya Reyes, Adolfo Uriel González Monzón, Armando Jiménez Hernández y Horacio Martínez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El 17 de abril de 2012, la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes dictaminó la iniciativa de Ley en comento, en conjunto con la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley de derechos y cultura de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal” y la “Iniciativa de creación de la Ley Reglamentaria del artículo 2° constitucional, relativa a los derechos y cultura para los pueblos originarios y comunidades indígenas del Distrito Federal”, presentadas por los entonces diputados Fernando Cuellar Reyes (PRD) y Arturo López Cándido (PT), respectivamente. Cabe señalar que estas dos últimas iniciativas no fueron consultadas a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes de conformidad al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; lo anterior pudo constatarse mediante la exposición de motivos presentada.
En lugar de continuar con el proceso legislativo, es decir de remitir el Dictamen aprobado en Comisión a la la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa para su discusión en el Pleno o ante la Diputación Permanente; entre los resolutivos del Dictamen se mandató la conformación de un Comité de Mecanismo, conformado entre otros, por integrantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, con el objeto de desarrollar la planeación y ejecución de un procedimiento de consulta del Dictamen referido, que permitiera incluir las legítimas aspiraciones de los sujetos consultados. De esta forma, con fundamento en el artículo 90, fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Dictamen referido se trasladó a la VI Legislatura para continuar con su proceso legislativo, previo procedimiento de consulta.
Bajo esta lógica, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Grupo Interinstitucional desarrolló y suscribió, el 2 de agosto de 2016, la “Metodología General para la consulta indígena dentro del proceso legislativo de la ALDF, para la creación de la Ley de la materia”.
La Metodología se elaboró bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Lo anterior dio pauta para que durante la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa se desarrollará nuevamente un proceso de participación y dialogo genuino con los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes, que derivo en la entrega a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del “Anteproyecto de iniciativa de ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal”, el 23 de marzo de 2015, con el objeto de su análisis, discusión y en su caso aprobación. Sin embargo, la expectativa y anhelo de las comunidades indígenas residentes y pueblos originario de contar con un marco jurídico que reconociera sus derechos colectivos se diluyo rápidamente, al terminar la VI Legislatura y no lograr los consensos necesarios para la aprobación de la Iniciativa de Ley.
Al iniciar la VII Legislatura, todo parecía indicar que la historia volvería a repetirse, como si fuera un déjà vu, los actores políticos se pronunciaban sobre la urgencia del reconocimiento de los derechos indígenas en la Ciudad de México y se enfatizaba que el tema indígena era central en las agendas legislativas de los diversos grupos parlamentarios; no obstante, las condiciones que imperan actualmente, son aún menos favorables para este fin, ya que la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos Originarios y Atención a Migrantes, se mantiene acéfala, rehén de las pugnas políticas internas por el desacuerdo en el reparto de Comisiones y por ende de los recursos financieros que estas reportan. El hecho es, que a un año de haberse instalado la VII Legislatura, el grupo parlamentario de MORENA no ha asumido la Presidencia de la Comisión referida manifestando su desdén hacia la agenda de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad de México.
En suma, han sido varias las causas, que han determinado que la Ciudad de México, en 19 años de haberse instalado su primer Legislatura, no cuente con el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos indígenas en una Ley específica; entre las razones se encuentran: 1) El desconocimiento en torno a las nuevas formas organización indígena en la Ciudad de México, lo que tergiversa y limita el alcance de su reconocimiento en los anteproyectos de Ley; 2) La inobservancia del derecho a la consulta previa, libre e informada durante el proceso legislativo, lo que ha provocado una legitima oposición de los sujetos de derecho; y 3) La falta de voluntad política para respaldar el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes, así como de sus derechos colectivos; ya que las condiciones, en términos de mayoría legislativa, han existido en diversas Legislaturas, pero no han sido aprovechadas para legislar en materia indígena de acuerdo con la vocación progresista de la Ciudad de México.
No existe justificación, ni deben existir mayores pretextos para postergar el pago de la deuda histórica que la Ciudad de México tiene para con su pueblos originarios y comunidades indígenas residentes; de esta forma, el proceso de elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México representa la mejor oportunidad para así hacerlo. No obstante, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de único facultado de elaborar y remitir el proyecto de Constitución, y la Asamblea Constituyente parecen estar frente a una paradoja, pues el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Constitución Local no se puede darse violentando e inobservando otros derechos fundamentales, como el de la consulta y el del consentimiento previo, libre e informado, al menos en los apartados referentes al tema indígena. Máxime, cuando la omisión del procedimiento de consulta, o su realización sin observar sus características y principios esenciales, compromete la validez del acto legislativo.
Existe la coyuntura para establecer las bases de una nueva relación entre los pueblos originaros, comunidades indígenas residentes, la sociedad en general y el Gobierno de la Ciudad de México; lo único que deber realizarse, es asumir con responsabilidad la oportunidad histórica. No obstante, el tiempo se agota, y la primera oportunidad para materializar los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes mediante la consulta, se ha desvanecido, en virtud de que el proyecto de Constitución Local ha sido elaborado sin observar el derecho a la participación, consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Queda una segunda oportunidad, será decisión de la Asamblea Constituyente.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: HÉCTOR E. MARTÍNEZ.
LINK: https://desinformemonos.org/armonizacion-legislativa-sobre-derechos-indigenas-en-la-ciudad-de-mexico-la-deuda-pendiente/
El presidente Peña Nieto dijo que su expectativa es que e Banco de México tome medidas responsables para evitar un aumento en la inflación.
Que se haya llegado al punto de que cada dólar valga más de 20 pesos no significa que se esté sufriendo una crisis en el país, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en una entrevista transmitida este jueves 22 de septiembre por la cadena Radio Fórmula.
El mandatario mencionó que históricamente se asocia una depreciación de la moneda mexicana con una crisis.
Sin embargo, dijo, se están generando empleos, hay crecimiento económico, y una baja inflación.
“Tenemos un tipo de cambio flexible”, el gobierno ya no interviene para tener un tipo de cambio fijo, mencionó Peña Nieto.
Y el Banco de México, órgano autónomo, es quien en coordinación con Hacienda ajusta o interviene con criterios técnicos, para evitar que el tipo de cambio “llegue a condiciones insostenibles”.
Peña Nieto aceptó que “le inquieta” el tema del valor del peso frente al dólar, por lo que espera que el Banco de México tome medidas responsables.
El riesgo latente, dijo, es que el tipo de cambio impacte en la inflación.
“Hoy la inflación está contenida, hoy no hay un alza en el precio de los productos, pero puede haber un impacto en esto. La responsabilidad del Banco de México es cuidar que tengamos una inflación baja”, expresó.
La Junta de Gobierno del Banxico informó que la inflación se mantendrá por debajo de 3% en lo que resta de 2016.
Según su Programa Monetario 2016, Banxico anticipa que para 2017 se mantendrá estable en este porcentaje.
Este jueves 22 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación anual registró un incremento de 0.54% para mantenerse en 2.88%.
Videgaray sufrió “desgaste” con la visita de Trump
La volatilidad en cuanto al valor de la moneda mexicana, dijo Peña Nieto, se debe a “factores externos”.
Y uno de ellos es la próxima elección presidencial de Estados Unidos.
“Hay un apunte muy claro”, agregó, de que en la medida en que el candidato republicano Donald Trump sube en las encuestas, con los señalamientos que ha hecho sobre México, hay un impacto y se genera “incertidumbre”.
En ese sentido, Peña Nieto defendió la decisión de invitar a Trump al país, “para evitar un impacto” económico negativo, resaltando con él la importancia que tiene México para Estados Unidos.
Frente a la amenaza, dijo el mandatario, “hay que tender puentes de plata”, de diálogo.
La decisión de Peña Nieto de invitar a Trump a México activó críticas de políticos de oposición, académicos y ciudadanos en redes sociales.
El presidente aceptó que Luis Videgaray jugó un papel relevante en las negociaciones con el equipo de campaña de Trump, y tras las críticas sufrió un gran desgaste, lo que le impedía continuar como secretario de Hacienda.
“Este desgaste me llevó a aceptar su renuncia”, dijo Peña Nieto.
Al frente de Hacienda, mencionó, se requería un funcionario fuerte, “robusto”, que pudiera impulsar un paquete económico agresivo para 2017, con recortes en el gasto.
En cuanto al nombramiento de Luis Miranda como secretario de Desarrollo Social, dijo que más que su amigo es un colaborador, con el que ha trabajado desde su gobierno en el Estado de México.
“Es un colaborador comprometido, del que espero resultados contra la pobreza”, mencionó.
Con la “piel más gruesa”
Ante las críticas y la baja de su popularidad, dijo que se le ha hecho “la piel más gruesa”, aunque está seguro de que ha tomado decisiones correctas favor de México.
Las redes sociales, agregó, son un gran avance, pero en esos espacios también hay mucha desinformación, y una “resistencia” a aceptar la realidad, los logros que a su parecer se han alcanzado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/dolar-crisis-pena-trump/
La empresa de un par de hermanos endeudó por millones a trabajadores mexicanos, al hacerles préstamos con tasas de interés de hasta 180%. El gobierno implementó un programa para rescatarlos.
El 16 de enero del 2013, Oliver Fernández Mena abrió en el paraíso fiscal de las Bahamas la empresa Fortinver Holdings Ltd. Tan sólo un día antes, su hermano Gerardo Fernández Mena, fundó Gixi Ltd, otra empresa bajo las bondades fiscales de la isla.
Ambos hermanos son accionistas de la Financiera Maestra SA de CV, mejor conocida como Crédito Maestro dedicada a ofrecer préstamos para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como a profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Los nombres de estos personajes podrían pasar desapercibidos entre los 432 nombres de mexicanos involucrados en la investigación periodística internacional Bahamas Leaks, sino fuera porque ese mismo año su compañía, Financiera Maestra, tuvo que ser rescatada a través de recursos públicos por el Gobierno Federal a través del programa conocido como el Profeproa, un programa oficial cuyo nombre es Refinanciamiento de Créditos de Nómina..
En este programa, el gobierno federal intervino para ayudar a los trabajadores a pagar sus deudas contraídas con compañías, precisamente como Financiera Maestra, debido a que tenían intereses que hacían impagables los créditos.
La idea inicial era invertir 5 mil millones de pesos de dinero público a través de Bansefi –una banca de desarrollo en México- para adquirir los créditos de los docentes y trabajadores que tenían tasas de hasta 180 por ciento. La meta fue disminuir esos préstamos a tasas fijas del 18 por ciento.
A pesar de las buenas intenciones, hasta ahora solo llegaron a 1 mil 226 millones de pesos debido las clásulas firmadas por los trabajadores con las empresas.
Además de Crédito Maestro, otras de las empresas beneficiada fue Crédito Real, con quien los hermanos también han tenido sociedad, Consupago y Etesa, empresas que tienen investigaciones abiertas por la Condusef por las condiciones en las que prestan dinero a los trabajadores.
Según los registros que existen en la Condusef, en el último registro de la empresa se reportó que contaba con 435 millones de pesos de capital variable.
Los datos con los que cuenta el Sistema de Información de Servicios Financieros que depende de la CONDUSEF, la Financiera Maestra SA de CV es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple no Regulada, está registrada en este sistema desde agosto de 2007.
Su acta de constitutiva tiene de fecha el 3 de julio de 2013 y como únicos funcionarios tiene a los hermanos Fernández Mena. Oliver funge como presidente y Gerardo como director general y representante legal.
Película de terror
Al parecer, el 2013 fue el año de suerte de los hermanos Fernández Mena, pues a través de una de las empresas que conforman Crédito Maestro, OFEM SA de CV, lograron obtener un estímulo fiscal de la SCHP por más de 924 mil pesos por ser autorizada como productora de la película Visitantes, película que tiene como asociada y protagonista a la actriz Kate del Castillo.
La película fue lanzada en el 2014 en buena parte de las salas del país.
Accionista minoritario de Oceanografía
Oliver Fernández Mena era un tenista retirado desde el 2006. Después de algunas actividades empresariales de las que hay pocos registros públicos, en el 2011 el exdeportista refiere que fue invitado por Amado Yáñez como accionista en Oceanografía.
Ese mismo año, a través de una empresa denominada Grupo Aknuum SA de CV, logró hacerse del 5 por ciento de las acciones de Oceanografía por las que pagó un millón 200 mil dólares.
También refirió que pagó 900 mil dólares a través de la empresa Financiera Genera para rentar equipo y material para el trabajo en Oceanografía.
Sin embargo, para 2014, según algunas publicaciones en los diarios, Fernández Mena decidió demandar a Amado Yáñez por no inscribir esta compraventa de acciones ante el Registro Público de la Propiedad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MIRIAM CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/empresarios-endeudaron-mexicanos-rescatados-bahama-leaks/
Los precios al consumidor durante la primera quincena de septiembre registró una alza del 0.54 por ciento, la mayor tasa para una quincena desde finales de noviembre de 2014.
Durante la primera quincena de septiembre de este año, el Índice Nacional del Precios al Consumidos registró un creciente de 0.54 por ciento y una tasa de inflación anual de 2.88 por ciento, informó el Instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el mismo periodo, pero de 2015, los datos registrados fueron 0.32 por ciento de crecimiento quincenal y la inflación anual fue de 2.53 por ciento.
Los productos que tuvieron un mayor aumento en sus precios del 1 al 15 de septiembre fueron el jitomate (30.08 por ciento), la cebolla (12.67 por ciento), el huevo (6.49 por ciento), la primaria (4.01 por ciento) y secundaria (3.88 por ciento).
Mientras que los productos que registraron precios a la baja fueron los servicios profesionales (11.77 por ciento), la naranja (7.58 por ciento), la guayaba (6.34 por ciento), los trajes (2.01 por ciento ) y mis televisores (1.22 por ciento).
El índice de precios subyacente mostró un aumento de 0.36 por ciento, colocando su tasa anual en 3.05 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente se incrementó en 1.10 por ciento quincenal, obteniendo una variación anual de 2.36 por ciento.
Mientras que en el índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 2.37 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno fueron mayores en 0.28 por ciento, informó el Inegi.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095219
Si bien el perdón del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se concentró en 2015 en adeudos de consorcios reconocidos, también lo hizo con empresas de las que no hay ningún rastro. 18 mil millones de pesos, los que alcanzarían para cubrir el ingreso de un millón 377 mil 906 hogares mexicanos, no le fueron cobrados a 45 empresas de las que no hay ningún registro ni institucional ni privado.
No tienen rastro. El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía no las tiene en su registro. De ellas, tampoco se encuentra domicilio ni número telefónico. Pese a su falta de visibilidad en el universo empresarial consiguieron la cancelación de sus adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
45 empresas sin ninguna huella en los registros institucionales y privados recibieron la indulgencia para dejar de pagar en conjunto 18 mil 242 millones 108 mil 502 de pesos.
Un hogar mexicano tiene como ingreso promedio 13 mil 239 pesos al mes, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). De modo que la cifra en cancelaciones de créditos fiscales a empresas sin visibilidad alcanzaría a cubrir un millón 377 mil 906 hogares.
La Unidad de Datos de SinEmbargo analizó una lista de 7 mil 108 empresas que el Centro de Investigación y Análisis Fundar obtuvo a través de los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal. Se encontró que los perdones mayoritarios tocaron a consorcios importantes o políticos reconocidos por su influencia. Casas Geo y Elba Esther Gordillo son algunos nombres que arrojó esa lista.
Pero otro hallazgo fue que entidades sin visibilidad en el universo empresarial obtuvieron la indulgencia. En una muestra de las cien con mayores montos, 45 no cuentan con datos a los que se pueda recurrir para localizar a su directiva. Tampoco puede escribirse su historia que de cuenta cómo nacieron, cómo se desarrollaron y si tuvieron un fin.
Estas razones sociales tenían deudas por créditos fiscales que van de 88 millones de pesos a 2 mil millones. El dinero se reparte en nombres como Hilados y Maquilados de Aztec S.A. de C.V., que debía 2 mil 426 millones 940 mil 798 pesos; Comercializadora y Asesoría Planet S.A. de C.V., que tenía un adeudo por mil 860 millones 569 mil 788 pesos; Textiles y Acabados Nafta S.A. de C.V., que no pagó mil 599 millones 326 mil 757 pesos, y Comercializadora Almirantes S.A. de C.V., que adeudaba mil 556 millones 800 mil 484 pesos.
Otros nombres son los de Zitkala S.A. de C.V., con 677 millones de pesos; Soluciones Farmacéuticas S.A de C.V., con 634 millones de pesos; Grupo Textil Pedrero, con 576 millones de pesos; Silver Ring, con 557 millones de pesos; Activos Empresariales de México S.A. de C.V., con 516 millones de pesos, y SEFCP Fundamentales en la Capacitación Patronal, con 501 millones de pesos.
Una búsqueda en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) arrojó que sólo una de estas 45 empresas recibió contratos gubernamentales en la última década. Se trata de Comercializadora Almirantes S.A. de C.V., que firmó dos convenios: uno provino de una adjudicación directa del Instituto Mexicano de la Cinematografía (Imcine) en febrero de 2012 –cuando en la Presidencia estaba Felipe Calderón Hinojosa– y el contrato fue 38 mil 277 pesos por venta de material para impermeabilización.
El otro fue el 7 de mayo de ese mismo año. Con este convenio, la Secretaría de Marina adquirió tres mil cajas de cartón por 26 mil 130 pesos.
Lizandro Núñez Picazo, Administrador General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dice en entrevista que ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce que hay modus operandi muy identificados por medio de los cuales algunas empresas y personas físicas son capaces de no pagar impuestos. La emisión de facturas falsas es uno. Otra es la constitución de empresas ex professo.
Por lo pronto, de las listas del SAT no se conoce dónde están las empresas con este perdón millonario. Mucho menos se conocen las razones del Sistema para disculparles deudas. Tanto las historias empresariales como los mecanismos con los que pagan y dejan de pagar impuestos son desconocidas.
Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que “la palabra clave es corrupción. [Las sin rastro] son empresas creadas de manera consciente que encuentran una permisibilidad en la Ley o una inacción de la autoridad fiscal para no darle a la Secretaría de Hacienda lo que tiene derecho a percibir”.
En 2015, el año que el SAT otorgó estos perdones a este tipo de empresas, México estaba hundido en el sótano de los países que menos recaudaron entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El promedio de ingresos tributarios en el conjunto de América Latina ascendió a 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto y el de los países de esa organización a 26.3 por ciento. El de México fue sólo de 9.5 por ciento, según esa organización internacional.
“Los impuestos no son un derecho que tiene el fisco mexicano a percibir, como establecen algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es una contribución que nosotros damos como ciudadanos para que el Gobierno realice sus actividades, para que pueda funcionar legalmente”, expresa Daniel Márquez.
Márquez Gómez, especialista en Derecho Fiscal en la Universidad de Morelos, precisa que la defraudación fiscal consiste en que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales a través de mecanismos dolosos. Es decir, “cuando son constituidas de manera ilegítima para evadir el pago de impuestos. Sin embargo, el análisis debe ser caso por caso, porque también puede ocurrir que por ignorancia se incumpla con las leyes fiscales”.
El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con atribuciones y facultades ejecutivas. Cobijado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad ha empleado el llamado “secreto fiscal” que ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros. Así lo marca su propia ley. Y suena muy bien en términos de seguridad y protección de datos.
Pero en la última década, el “secreto fiscal” se convirtió, más bien, en un candado para la información. Esta normativa impide ver más allá de las razones sociales que fueron perdonadas sin que se les identifique en algún registro.
“No se puede conocer todo. Hasta la fecha, la Ley de Transparencia nos obliga a publicar el nombre del contribuyente, su RFC y el monto condonado. Estamos tratando de encontrar un equilibrio para saber qué datos le puedo dar a la sociedad sin que viole el secreto fiscal”, dice el Administrador General de Recaudación del SAT, Lizandro Núñez Picazo.
Los créditos fiscales son cancelados “cuando es más costoso seguir administrando la deuda que lo que recuperaríamos de seguir con ella”, explica Lizandro Núñez Picazo.
¿Qué hace el SAT para no llegar a este punto? ¿Cuándo deja de intentar recaudar una deuda? De acuerdo con Núñez Picazo, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica la deuda y le da un plazo al contribuyente para que la pague o impugne la clasificación en la que está ahora incluida: la de contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
La cancelación de créditos fiscales implica que el SAT dejará de intentar recuperar el dinero que una empresa o persona física le debe. Esto sucede cuando la autoridad fiscal comprueba que el deudor no puede pagar o cuando el monto de la deuda es menor al monto que sería necesario invertir para cobrarla.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ALEJANDRA PADILLA, LIANLOE R. FLORES, DANIELA BARRAGAN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3095073
En 2015, el SAT le otorgó perdones a empresas cuyo rastro no es evidente. Su información pública es un laberinto en el cual no se logra encontrar con facilidad domicilios o teléfonos. Mucho menos a su directiva. Es un bajo perfil que no coincide con los montos que Hacienda disculpó ese año. Por ejemplo, Servicios Integrados para la Alta Empresa dejó de pagar 521 millones 35 mil 643 pesos por concepto de impuestos, lo que la pone entre las 20 empresas más beneficiadas con la indulgencia de la dependencia hacendaria ese año, de acuerdo con una lista obtenida por Fundar. No es una compañía con notoriedad en el universo privado de México, pero hay un dato que la perfila: trabajó para Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la ex Primera Dama Margarita Zavala, meses después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2006 en las que Felipe Calderón Hinojosa, esposo de ésta, se convirtió en Presidente de México.
De la compañía Servicios Integrados para la Alta Empresa S.C. de R.L., hoy poco se sabe. Luego de haber ejecutado un contrato con el Gobierno de Yucatán en 2007, no hay registro de alguna otra actividad en los años posteriores. La empresa carece de información pública como su dirección y los números telefónicos que se le atribuyen no existen.
Pero no siempre fue así, y hoy un dato la saca a la luz pública: en 2015, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le canceló el pago de 521 millones 035 mil 643 pesos por concepto de impuestos.
De la lista obtenida por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios Integrados se ubica dentro de las 20 empresas a las que se les canceló la mayor cantidad de impuestos el año pasado: ahí ocupa el sitio número 13.
En el rastreo de su nombre se encuentra un vínculo con Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la ex Primera Dama y hoy aspirante a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo. Es un pasado que se originó en Yucatán, en 2007 –un año después de la controvertida elección presidencial que ganó Felipe Calderón Hinojosa–, con la digitalización del Registro Público de la Propiedad de esa entidad, que fue operado por Hildebrando S.A. de C.V., gracias a que la empresa que ganó la licitación la subcontrató.
En 2006, la empresa Servicios Integrales Heres S.A. de C.V., con residencia en Chiapas, ganó una licitación por 32 millones de pesos a cambio de digitalizar 8 mil 600 tomos del Registro Público de la Propiedad de Yucatán.
Para los periodistas y los mismos integrantes del Gobierno local llamó la atención que una empresa radicada en otro estado ganara un proyecto de esa magnitud. La polémica creció cuando se descubrió que los trabajadores que realizaban lo solicitado por el Gobierno de Yucatán, recibieron su salario expedido por Servicios Integrados para la Alta Empresa S.C. de R.L. La dirección impresa en ese recibo era de Aguascalientes, de una empresa de Diego Hildebrando Zavala, según lo afirmaron los trabajadores que se encontraban en esa dirección.
El caso fue investigado por el diario Por Esto! En junio de 2007. Hoy es posible verlo en la hemeroteca como parte de un episodio enmarcado por el proceso electoral de 2006 que llevó a Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República. Diego Hildebrando Zavala no era cualquier empresario. Se trataba del hermano de Margarita Zavala, la Primera Dama y quien en estos días es aspirante al mismo cargo que ocupó su esposo, la Presidencia.
Servicios Integrales Heres firmó el contrato en Yucatán en agosto de 2006, pocas semanas después de que se realizara la elección federal. De acuerdo con un reportaje de Proceso, publicado en julio de 2007, Luis Fernando Esquinca Cano, dueño de la empresa chiapaneca, negó que su empresa Servicios Integrados perteneciera a Hildebrando y que ésta hubiera sido creada para realizar una triangulación o que fuera un prestanombres. Pero Heres, consultada ahora por SinEmbargo, desconoce que haya sido en algún momento su empresa.
En 2007, Por Esto! consultó al entonces Secretario de Gobierno, Pedro Rivas Gutiérrez, quien sugirió que Heres sí pudo haber contratado a Hildebrando, como método de subcontratación a otra empresa para que realizara los servicios por los que Yucatán le pagó.
No fue la única ocasión en que a Esquinca Cano se le vio envuelto en una triangulación de empresas. También en 2007, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chiapas denunció un intento de despojo de 37 hectáreas para construir vivienda residencial. Quien se apropió de los terrenos fue la empresa Construcción y Comercialización del Sureste (Cocosa), que estaba nombre de Esquinca Cano; los sindicalizados señalaron que el verdadero dueño era Roldán Salazar Mendiguchía, hermano del ex Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. La ganancia de ese negocio sería de 30 millones de pesos.
Esquinca no negó conocer a Hildebrando Zavala, quien fue una pieza clave en los comicios de 2006. Fue acusado de haberse beneficiado de la posición de su cuñado, Felipe Calderón Hinojosa, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía (2003-2004) durante la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de tener un proyecto con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), que le dio el acceso al padrón de votantes, que además fue encontrado en la página del candidato Felipe Calderón y que se presentaba como “Redes por México”.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), Servicios Heres tiene cuatro contratos con el Colegio de la Frontera Sur, otorgados mediante adjudicación directa, para la adquisición y reparación de equipo de cómputo, por 33 mil 517 pesos; uno es de 2007 y el resto de 2014.
En cuanto a Hildebrando, los contratos no han dejado de fluir. De 2004 a 2014, con cinco de sus empresas ha ganado 742 millones 860 mil 125 pesos por 13 contratos federales.
Uno de 2012 los celebró con el SAT, por un monto de 292 millones 897 mil 761 pesos, para el servicio de soporte, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Es también el contrato que más costó, del total de los que hoy están disponibles en el POT.
LA SOMBRA DE 2006
Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo era hasta antes de la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, en el año 2000, un empresario de bajo perfil, pero durante ese periodo creó más de 19 empresas con el objetivo de brindar sus servicios al Gobierno federal. Así se fortalecería el consorcio Hildebrando S.A. de C.V., del que el mismo Hildebrando tendría en un inicio el 60 por ciento del capital y el resto es de sus hermanos Pablo, Rafael, Mercedes y la propia Margarita, 10 por ciento cada uno.
Desde entonces estuvo dedicada a servicios electrónicos y a la fecha es considerada una de las empresas de software más importantes de México. Hildebrando llegó a ser reconocido como el “gigante informático”.
Estas compañías figuraron durante años en las licitaciones federales desde el sexenio de Vicente Fox, cuando su cuñado Felipe Calderón era Secretario de Energía. Hildebrando ya era un empresario con buena posición en el Gobierno federal y sobre todo en Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –que estaba en manos de Josefina Vázquez Mota– y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La empresa inició con 48 empleados, ascendió a los 522 y después a mil 500. Tenía oficinas en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Madrid, España.
La cantidad de dinero obtenido, según información del POT y Compranet –que continúa pública hasta la fecha–, es de 742 millones 757 mil 587 pesos, obtenidos tan sólo de 2002 a 2006 y en la mayoría de las ocasiones por adjudicación directa.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), evidenció semanas antes de realizarse las elecciones presidenciales de 2006, que en el periodo de Vicente Fox, Hildebrando obtuvo 20 contratos con el Gobierno federal; 11 son del sector energético, en específico 10 contratos que Pemex celebró con Meta Data.
La denuncia fue tanto por los contratos, como por el nulo pago de impuestos y tráfico de influencias.
A raíz de esa denuncia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó en una investigación que esos contratos fueron celebrados entre septiembre de 2003 y mayo de 2004; el mismo periodo en que Calderón fue funcionario.
“Nunca he otorgado ningún contrato, ni por adjudicación directa ni por licitación a ningún pariente mío”, dijo Felipe Calderón cuando era candidato en una conferencia de prensa que realizó al respecto. “Ni para un clip”, agregó en otra ocasión, en un acto de campaña.
Quien también lo negó fue el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE), que era presidido por Luis Carlos Ugalde. El organismo aseguró que Hildebrando no tenía relación alguna con el software del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que tampoco le dio ningún contrato. Pero Hildebrando sí manejó el PREP a través de la empresa Oracle de México.
En el portal del candidato Calderón estaba la opción de adherirse a Redes por México, un “grupo de ciudadanos con interés común en grupos de 12 a 20 personas que tengan comunicación y movilización en la campaña, se puede tener participación en varias redes o crear una nueva red, acceder a mi red, a tu red y otras redes para tener comunicación, permitirá hacer la carga de secciones prioritarias que nos indican la sección en donde tenemos simpatizantes; formar una administración de simpatizantes por regiones, zonas, secciones y subsecciones con sus debidos responsables y representantes; llevar una información detallada por territorio, por tipo de simpatizantes que nos indicará a quién siguen o por quién simpatizan las personas; se generarán reportes y estadísticas de la información extraída mostrando también mapas, mapas de localización, obteniendo ayuda en línea”.
Eso era, tan sólo, el Padrón Electoral de México.
La denuncia de la coalición que respaldaba a Andrés Manuel López Obrador fue por uso ilegal del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores del IFE.
Todo se supo en mayo de 2006, semanas antes de que se celebraran las elecciones.
Luego del escándalo, según lo relató Julio Scherer García en su libro Calderón de cuerpo entero (Grijalbo Mondadori, 2012), muchos panistas salieron en su defensa.
Hildebrando contó los votos de la elección de 2006; en el proceso que dio 0.56 por ciento de los votos a favor de Felipe Calderón.
El 14 de junio de 2006, se dio a conocer que el SAT había emitido una orden de embargo precautorio contra Hildebrando, luego de realizar la búsqueda para el cobro de impuestos y encontrar en la dirección final una casa de ladrillos y láminas.
Poco después de que se hiciera público este dato, el SAT quitó de su portal la información relacionada.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/DANIELA BARRAGÁN, LINALOE R. FLORES, ALAJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095004
CHIHUAHUA, Chih: El gobernador César Duarte Jáquez anunció hoy que demandará al empresario español Ángel Cano Martínez por intento de extorsión, luego de que éste lo acusara de pretender pagar una deuda privada con recursos del erario.
En un comunicado difundido a través de WhatsApp, el mandatario adujo que el presidente de ACM Invernaderos busca armar un escándalo y lucrar, aparte de que enfrenta 50 denuncias por presunta extorsión.
“Nunca tuve una negociación privada con Ángel Cano, no existe adeudo con él”, se desmarcó Duarte.
Enseguida aclaró que en el sexenio de Patricio Martínez (1998-2004) se tuvo un adeudo con ACM Invernaderos por unos terrenos en la región de Cuauhtémoc, donde se iba a desarrollar un proyecto, pero que luego de un litigio que el gobierno perdió debieron indemnizar al empresario español con 300 mil dólares.
César Duarte insistió en que no hubo pacto por alguna deuda personal con el empresario ni con la empresa que representa, aunque reconoció que años antes Ángel Cano hizo negocios con su compadre Olegario Guzmán Orquiz.
En el mensaje, Duarte Jáquez recuerda que Guzmán Orquiz falleció y que aun así Cano Martínez contactó “a la viuda” Alma Dalila Martínez Correjudo, para intentar cobrar una deuda que, asegura, no existe.
Esta mañana Cano Martínez denunció en el programa de Carlos Loret de Mola que el gobernador intentó pagarle una deuda con recursos del erario.
A pesar de que existen audios y constancias documentales, el gobernador aseguró que no existe un embargo ordenado en Murcia, España, “pero además ya es tiempo suficiente para que hubiera llegado por un juzgado de distrito a notificarnos el hecho, si existiese un adeudo (…) No hay ningún registro en el Registro Público de la Propiedad, ningún embargo, no existe en ningún juzgado de Murcia, son falsos esos documentos que él presentó”.
Por eso Duarte dice que se trata de un intento de extorsión, que quiso consumarse en un momento político muy adecuado. “Lo que sí nos dijeron en Murcia, es que ese señor (Ángel Cano), tiene más de 50 demandas en su contra, porque es precisamente una persona que se dedica al fraude y la extorsión”.
En la entrevista con Loret de Mola, Ángel Cano dio a conocer dos audios en los que César Duarte se refiere a ambas deudas y cómo intentó pagar una deuda privada con recursos públicos y con el apoyo del secretario de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, y del actual diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.
El empresario español también anunció que denunciará a Duarte penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque hay una deuda de 4 millones de dólares.
“La deuda y el embargo son reales, intentó pagar 4 millones de dólares, los cuales ha querido pagarnos con dinero público del gobierno, donde han intervenido instituciones del más alto nivel político, personas del estado de Chihuahua”, dijo Ángel Cano.
El auto de embargo indica que Duarte cuenta con inversiones de banco, compañías forestales, 15 cuentas bancarias, 37 propiedades en los municipios de Parral, Balleza y Juárez y casas de cambio.
La deuda pública que existía era de 2004, coincidió con Duarte, y explicó que hubo un acuerdo para pagar un millón 125 mil dólares, pero que sólo le hicieron un primer pago de 150 mil dólares.
En 2015, prosiguió, renegociaron la deuda, pero no cubrieron la cantidad, y el pasado 10 de mayo Cano Martínez acudió a la casa de gobierno en Chihuahua: “Mi gran sorpresa es que en la reunión había personas del más alto nivel político de Chihuahua, en un asunto personal, que es del gobernador, estaba el secretario de Gobierno estaba ahí presente”.
En noviembre de 2013, detalló, se reunió dos veces en un hotel de Beijing, China, a donde Duarte viajó con el presidente Enrique Peña Nieto, a una gira de trabajo. En el encuentro, el gobernador chihuahuense le dijo a Cano: “Mira, hazme varias propuestas de inversiones en Chihuahua y compensamos una cosa por la otra”, se escucha en uno de los audios.
El empresario le dice que existen dos deudas de una administración anterior de gobierno y otra personal de Duarte, por la compra de cuatro invernaderos a nombre de Industrial Parral Forestal.
“Hazme una propuesta en los dos sentidos: una, qué necesitas para que fuera un tema que te trajera invertir y echarlo a volar, concluirlo o qué planteamiento sería el finiquitar el asunto, salgo el miércoles, regreso y el viernes ya me voy”, le dice Duarte.
En otro momento, el empresario se reunió con Carlos Hermosillo, pero tampoco logró cobrar nada, y en otro audio Cano le dice a Duarte:
“Estuve con Carlos Hermosillo, como me lo mandaste, estuve hablando con todo mundo… esto va a pegarle el carpetazo, vamos a hacerle una quita, equis, o que por lo menos que pague la Secretaría de Desarrollo Industrial, la Secretaría de Desarrollo Industrial me debe 700 y pico mil dólares”.
Duarte le responde que ya habían llegado a una negociación, pero el empresario le refiere que no fue así, que el acuerdo al que llegaron fue por la deuda del gobierno y porque le metieron un pleito “por detrás” que él ganó.
“Un juicio, un pleito por detrás a espaldas mías, entonces llegamos a un acuerdo de rescindir todos los acuerdos que se habían hecho con Patricio, después de haber ganado yo el juicio. La secretaría se quedó con una parte de la finca, yo me quedo con la sociedad autoabasto, me quedé con otra parte de la finca, y me dieron 300 mil dólares”.
“Yo lo autoricé, que te pagaran 300 mil, dije ‘adelante’. Me dijeron que con eso se finiquitaba todo”, asevera Duarte y el empresario revira que no, y el gobernador justifica que esa información es la que le dieron.
En el audio, agrega Duarte:
“Mi error fue no haber hablado contigo, porque yo autoricé a Mario Trevizo a que te pagara 300 mil dólares, yo pensé que ya con eso había quedado liquidado, al menos así me lo dijeron”.
Cano responde: “No, con eso se liquidaba todo lo que era el pleito ese que me habían puesto en la en la época de Reyes Baeza, por la puerta de atrás. El resto se ha pagado, todo, menos éste (el adeudo privado).
En el último viaje que hizo para cobrar la deuda, Ángel Cano asegura que fue amenazado por el gobernador con fincarle cargos y detenerlo, porque a los jueces y a los fiscales los pone y los quita él.
La red de corrupción del gobernador César Duarte ha sido evidenciada por varias denuncias. La presentada ante autoridades judiciales de España es la última, en la que Duarte fue demandado junto con su esposa Bertha Olga Gómez Fong, las empresas Industrial Parral Forestal e Hidroponia de Chihuahua SA de CV, así como Alma Dalila Martínez Correjudo, su socia y accionista en la institución financiera en proceso de convertirse en banco, Unión Progreso, por una deuda de casi 4 millones de dólares que habría intentado pagar con recursos públicos.
La letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, Concepción Martínez Parra, ordenó ejecutar en cualquier momento contra los bienes de los demandantes, a petición de los representantes legales en México, de la empresa Ángel Cano Martínez y Corporación Empresarial SL (ACM).
El plazo de cumplimiento del exhorto, de acuerdo con el documento, es de carácter inmediato.
El abogado y activista Jaime García Chávez, quien demandó en el 2014 a Duarte Jáquez por peculado, uso indebido de atribuciones de la función pública y enriquecimiento ilícito ante la PGR, dio a conocer que tiene contacto con la empresa demandante y que se encarga de la cobranza, así como con el despacho que lleva el caso.
La orden de embargo se generó a partir de que el juez español envió a la cancillería española el exhorto para que México atienda el caso a través del Poder Judicial de la Federación, que a su vez lo canalizó a un distrito de Chihuahua, con el fin de obligar al pago de 3 millones 760 mil 570 dólares que buscaron solventarse con recursos públicos.
Alma Dalila Martínez Corrujedo tiene acciones por 45 millones de pesos en Unión Progreso, es esposa de Olegario Guzmán, quien era empresario maderero y ganadero, compadre de César Duarte que desapareció el 22 de agosto de 2010 del Club Campestre de Parral, y hermano de Víctor Guzmán Orquiz, quien fue director de Desarrollo Forestal casi todo el sexenio actual.
En el exhorto de las autoridades judiciales españolas se pide embargar cinco propiedades de Martínez Corrujedo, cuatro ubicadas en Chihuahua y otra en Casas Grandes.
Las propiedades del matrimonio Duarte Gómez, que aparecen como sujetas de embargo son: El 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso 744743 de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público 6, en noviembre de 2012.
También aparecen las sociedades financieras de Unión de Crédito Progreso, Akala SA de CV SFP, y Única Casa de Cambio SA, el hotel Soberano (hoy Sheraton), que fue centro de operación de la campaña a la gubernatura de Duarte y del excandidato priista Enrique Serrano Escobar; Hidroponia de Parra SA de CV; Industrial Parral Forestal SA de CV, e Hidroponia de Chihuahua.
Además son sujetas a las medidas cautelares los saldos de cuentas corrientes de Duarte y Olga Gómez, depositados en Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer, HSBC, Unión de Crédito Progreso SA, Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey y 37 propiedades e inmuebles, ubicadas en Parral la mayoría, nueve en el municipio de Balleza y otra en Juárez.
Las cuentas corrientes de Martínez Correjudo que también están sujetas de embargo se encuentran en Pavimentos y Servicios de Parral, Begasa Construcciones, Begasa Terracerías y Pavimentos, Rodber Inmuebles y Edificaciones, Banco Progreso de Chihuahua y cinco fincas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455879/cesar-duarte-niega-pacto-pagar-deuda-privada-recursos-del-erario
CIUDAD DE MÉXICO: Al tiempo que organizaciones sociales exhibían al gobierno de Enrique Peña Nieto por haber “condonado” impuestos por 188 mil millones de pesos a personas físicas y morales –dato conocido por el Poder Legislativo–, el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, advirtió que demandaría al gobierno federal “mayor eficiencia en la recaudación y que la carga tributaria sea lo más horizontal posible”.
Ayer, la organización Fundar dio a conocer que en los primeros cuatro años del sexenio de Peña se han dejado de cobrar 188 mil millones de pesos por concepto de cancelación de créditos fiscales, lo que benefició a 16 mil 832 personas físicas y morales.
Dichas cancelaciones aparecen año con año en la revisión de la cuenta pública federal que realiza la Auditoría Superior de la Federación, órgano auxiliar del Poder Legislativo, que entrega el documento final a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Por esta razón los diputados siempre han estado enterados de los impuestos que se cancelan por parte del Sistema de Administración Tributaria.
Este miércoles, cuando se le preguntó al coordinador de la fracción mayoritaria en San Lázaro, el mexiquense César Camacho Quiroz, si buscarán un ajuste al presupuesto enviado por el gobierno federal –que contempla un recorte de 250 mil millones de pesos–, respondió vehemente:
“Con enorme sentido de responsabilidad y poniendo énfasis en la orientación social del presupuesto… le vamos a pedir al gobierno mayor eficiencia en la recaudación, hacer que la carga tributaria sea lo más horizontal posible y mantener una posición firme, que ha postulado el PRI desde hace mucho tiempo, de no crear nuevos impuestos ni aumentar los que existen”.
Minutos antes articuló su discurso en la necesidad del pueblo. “Hoy más que nunca –dijo– requerimos que el dinero del pueblo, de la comunidad, tenga buen destino. Requerimos ahondar en todo el sistema de transparencia, de rendición de cuentas, y que éste se dé a través de instancias de la Cámara. No sólo se debe revisar el destino del gasto público cuando concluya el ejercicio fiscal, sino que se tiene que hacer durante el propio ejercicio fiscal en una actitud de responsabilidad y acompañamiento institucional”.
Pero lo cierto es que nunca, durante el ejercicio fiscal, ni al final de éste, el PRI ha cuestionado la condonación de los millonarios impuestos a las grandes empresas o personas físicas.
Camacho Quiroz también aseguró que durante la revisión del presupuesto se evitará “un manejo faccioso”, es decir, no habrá un manejo político en contra de gobiernos encabezados por la oposición.
“Ningún estado tendrá un tratamiento discrecional derivado de la filiación política del gobernador; y como la asignación de participaciones y de aportaciones son resultado de fórmulas aritméticas, aquí no hay nada que, o no hay espacio para la suspicacia, para la sospecha, sobre el manejo faccioso de algo tan delicado como el presupuesto”.
Lo que sí es importante, añadió, es que todos los estados y los municipios tienen que hacer un esfuerzo superior por recaudar, por ejercer sus potestades tributarias, porque es común que se atengan al presupuesto que el gobierno de la República les asigna. Pero nunca hizo referencia a lo que el gobierno de la República “condona” a grandes empresarios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/455838/pide-pri-mayor-eficiencia-en-recaudacion-transparencia-en-la-carga-tributaria
