Ciudad de México: La Comisión Nacional de Justicia partidaria del PRI sesionará el próximo lunes 26 de septiembre para revisar las denuncias en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de otros funcionarios de la entidad, entre otros temas. Fuentes del partido dijeron que la convocatoria fue emitida por el presidente de este órgano, Fernando Elías Calles Alvarez, aunque todavía no se da a conocer el lugar y la hora del encuentro. La comisión nacional en referencia tiene las atribuciones de suspender temporalmente los derechos del militante; inhabilitarlo temporalmente para desempeñar cargos partidistas e incluso expulsarlo. En julio pasado, Armando Barajas, consejero político del tricolor, denunció en los órganos internos de este partido a los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo por actos de corrupción. El gobernador Duarte es investigado, además, por delitos federales relacionados con enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, según informes de la Procuraduría General de la República. El objetivo del sistema de justicia del PRI es aplicar las normas internas, otorgar estímulos a sus afiliados, imponer las sanciones y resolver inconformidades de los militantes. Este sistema tiene una estructura de medios de impugnación y de medios alternativos de solución de controversias, así como una defensoría del militante.
Ciudad de México: “La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente (Enrique) Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México”, consideró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Indicó que las autoridades mexicanas “han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen; desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes (de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos) hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada”. Afirmó que “la cínica respuesta del presidente mexicano a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, hace dos años, ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos”. Recordó que las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal de la zona y que sus restos fueron incinerados en un basurero local.
“Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALMA MUÑOZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/ai-caso-iguala-ha-expuesto-que-se-encubren-violaciones-a-dh
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente Enrique Peña Nieto envió esta mañana al Senado la propuesta de Javier Juárez Mojica, actual titular de la Unidad de Política Regulatoria, como nuevo comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por un periodo de 9 años, en sustitución de Fernando Borjón, quien concluyó su mandato en marzo de este año. También envió la propuesta de Brenda Gisela Hernández como aspirante a comisionada en la Comisión Federal de Competencia Económica. En el oficio firmado por el propio Peña Nieto, se establece que Juárez Mojica “cuenta con una trayectoria profesional y académica en el sector telecomunicaciones y radiodifusión que lo acredita como candidato idóneo”. Juárez Mojica fue funcionario de la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y colaborador cercano del excomisionado José Luis Peralta, con quien trabajó en el proyecto de portabilidad numérica. Como titular de la Unidad de Política Regulatoria, Juárez Mojica sustituyó a Luis Lucatero. Es una de las áreas más sensibles y estratégicas del IFT por estar involucrada en temas conflictivos. Mojica fue un impulsor clave de los Lineamientos de Colaboración con la Justicia para eliminar los elementos anticonstitucionales que fueron impugnados por organizaciones civiles y activistas digitales. También ha sido uno de los responsables de sacar adelante el proyecto de Red Compartida, uno de los más ambiciosos del actual gobierno federal, así como el de la línea 911 para denuncias de delitos. El nombre de Juárez Mojica surgió de la lista elaborada por el Comité de Evaluación del IFT, entre los que se encontraban Ramiro Castillo, Pascual García Alba, José Oropeza García y Francisco Javier Soto Alvarez.
Los expertos en telecomunicaciones consultados consideran a Juárez Mojica como un ingeniero con amplia capacidad técnica, impulsor de “El Que Llama Paga”, y ajeno a las presiones de los grandes consorcios mediáticos y de telefonía que dominan el sector. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/455911/propone-pena-a-javier-juarez-mojica-nuevo-comisionado-del-ift
CIUDAD DE MÉXICO: La Junta de Coordinación Política del Congreso local determinó imponer una multa al gobernador Javier Duarte de Ochoa por intervenir en el proceso electoral pasado al apoyar de forma tácita al candidato priista Héctor Yunes Landa, quien al final perdió con su primo hermano, el panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política leído este jueves durante la sesión de la diputación permanente determinó que el mandatario deberá pagar 35 mil 50 pesos equivalente a 500 salarios mínimos diarios tasados en 70 pesos con 10 centavos en la Ciudad de México. La sanción equivale a poco menos de la mitad de salario de Duarte que es de 75 mil pesos, sin contar prestaciones. Dicha sanción deriva de una sentencia emitida por los magistrados colegiados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV).
La sanción también incluye al diputado federal y exlíder estatal del PRI, Jorge Carvallo Delfín. Ambos políticos apoyaron en un evento público a Yunes Landa en pleno proceso electoral. Además anteriormente Duarte en sus cuentas oficiales de redes sociales ya había abonado con mensajes de “guerra sucia” en pleno proceso electoral en turno. La Junta de Coordinación Política señaló que tendrá que ser la Secretaría de Finanzas y Planeación quien cubra “inmediatamente” dicha multa.
CIUDAD DE MÉXICO: La Visitaduría Interna de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sí incurrió en conductas irregulares por realizar diligencias sin acompañamiento del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra. “Se determina emitir vista a la Secretaría de la Función Pública por cuanto hace a las conductas asumidas por el Director en Jefe de la AIC (Tomás Zerón), a fin de que sea llamado a procedimiento administrativo en los términos que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, indica un documento de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, fechado el pasado 18 de agosto. De acuerdo con información de Aristegui Noticias, también se considera que Gualberto Ramírez Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, cometió irregularidades. Ramírez Gutiérrez es probable responsable de entregar un imputado a Tomás Zerón, sin que existiera orden o mandamiento judicial que justificara dicha acción, por lo que también se solicitó proceder en su contra.
Ambas conclusiones se encuentran dentro del expediente DGAI/510/CDMX/2016, en poder de Aristegui Noticias, el cual fue ordenado por el entonces visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez, a petición del Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos. Sin embargo, se desconoce cuál será el destino de las probables sanciones en contra de Zerón y Ramírez Gutiérrez. El pasado 12 de septiembre, tres semanas después de que se solicitó proceder contra Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez, la PGR sustituyó al visitador General que elaboró el expediente en su contra, señala el portal de noticias. Dos días después, el 14 de septiembre, Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue nombrado Secretario Técnico en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno federal, cargo que reporta directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La indagatoria sobre las posibles conductas irregulares cometidas por Zerón se deriva del video presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que coadyuvó con las autoridades mexicanas en la investigación del caso Ayotzinapa. En el video se mostró que Zerón, entonces titular de la AIC, realizó un recorrido en la ribera del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre del 2014, en compañía del presunto sicario de “Guerreros Unidos”, Agustín García Reyes, “El Chereje”. Esta diligencia nunca fue incluida por la PGR en el expediente del caso. La importancia de esa diligencia radica en que fue la base para fundamentar la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con esa versión, los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula durante la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014. A partir del recorrido de Zerón con García Reyes, se construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, por lo que posteriormente sus restos y cenizas fueron arrojadas al Río San Juan para desaparecerlas. Sin embargo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR, elaborada entre el 28 de abril y 9 de agosto del presente año, señala que las retenciones de “El Chereje” y otros seis presuntos sicarios del grupo “Guerreros Unidos” se realizaron de manera arbitraria e ilegal, violando los derechos de los imputados a un proceso judicial justo. La misma indagatoria del exvisitador General concluye que la Ministerio Público a cargo del caso alteró fechas y horas en el certificado médico de Agustín García Reyes. Los abogados del detenido han argumentado que sus declaraciones sobre la incineración de los estudiantes se hicieron bajo tortura. Los señalamientos más fuertes son en contra el propio Tomás Zerón, por realizar actos de investigación en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula sin contar con el acompañamiento y aval de un Ministerio Público, puesto que no se emitió ninguna orden o mandamiento judicial que le permitiera hacer un recorrido con “El Chereje” en ese lugar. Además, se advierte que Zerón vulneró el derecho a la defensa de Agustín García Reyes en la diligencia realizada la tarde del 28 de octubre del 2014, debido a que no estaba acompañado por su abogado defensor. Una irregularidad adicional, indica Aristegui Noticias, es que las actuaciones ministeriales y periciales realizadas en esa fecha nunca se formalizaron ni se incluyeron dentro del expediente.
El expediente indica que esa actuación violó el Código Federal de Procedimientos Penales y afectó el derecho a la verdad al que tienen las víctimas del caso, es decir, los padres, madres y hermanos o hermanas de los 43 estudiantes desaparecidos y de las 6 personas que perdieron la vida el día de los hechos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/455909/zeron-incurrio-en-irregularidades-en-caso-ayotzinapa-indica-expediente-la-pgr
El gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, se destapó como aspirante a la candidatura del blanquiazul para las elecciones presidenciales de 2018. En un debate televisivo en el que participaron la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, y el ex dirigente del PAN, Gustavo Madero, el gobernador poblano aseguró que a partir del 1 de febrero de 2017, cuando finalice su administración al frente del estado, buscará la candidatura de su partido.
Ciudad de México: El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, defendió el Paquete Económico 2017 y la política de prudencia en el manejo de las finanzas públicas, y señaló que cualquier decisión contraria significaría menor crecimiento, desempleo y pobreza. “No tenemos que ir muy lejos para encontrar ejemplos” en la historia reciente del país, dijo ante el pleno de la Cámara de Diputados. El funcionario señaló que el Paquete Económico “se presenta en un entorno sumamente adverso, en el que el balance de riesgos para el crecimiento local es negativo. Existen diversas señales de alerta y haríamos muy mal en desoírlas”, insistió. Indicó que el presupuesto del próximo año, que incluye un recorte al gasto programable de 239 mil 700 millones de pesos, se fundamenta en tres principios: realismo, equidad y responsabilidad, en el que los ajustes se concentran en los ramos administrativos y Petróleos Mexicanos (Pemex). Explicó que el Paquete Económico requirió un proceso de construcción que respondiera a las circunstancias económicas mundiales y amplió los tres principios que considera: Realismo. Si bien en los años previos se utilizaron los márgenes fiscales para estimular la economía, ahora el entorno internacional obliga a cerrar ese ciclo. Además no se puede bajar esa deuda, reducir los impuestos, ni bajar el gasto programable sin pretender que cada rubro sea intocable. Equidad. Indicó que los intereses de cada sector económico están debidamente considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, además de que los ajustes son compartidos. Responsabilidad. Señaló que desde hace más de dos décadas, éste ha sido el principio rector de la política macroeconómica del país, y ahora se requiere un ajuste sobre la base de una economía sólida y estable, “en un país cuyo crédito y buen nombre están a salvo y seguirán así en la medida que se actúe con prudencia y decisión”. En momentos en que el PAN insiste en reducir la tasa del ISR, Meade afirmó que “no es momento de debilitar el marco tributario”, porque éste permitió revertir la “caída abrupta de los ingresos petroleros, que en el pasado habrían resultado en un severo impacto en las finanzas, pero que ahora está plenamente compensada por los ingresos de la reforma fiscal”. Volvió a presentar los indicadores macroeconómicos propuestos por Hacienda a la Cámara de Diputados: un crecimiento real del PIB de entre 2 y 3 por ciento; inflación de 3 por ciento; un tipo de cambio de 18.2 pesos por dólar; en 42 dólares por barril la mezcla de crudo de exportación y una plataforma de producción de un millón 928 mil barriles diarios. Meade pidió a la Cámara aprobar el Paquete Económico “para proteger lo que hemos construido en años. El sector productivo espera acciones de estabilidad y condiciones para sus actividades y generación de empleos; los mercados evaluarán este paquete económico con finanzas públicas sanas y la sociedad entera exige un gobierno responsable”.
La comparecencia continuará con las posturas de los ocho partidos representados en la Cámara, así como tres rondas de preguntas y respuestas, lo que alargará la sesión de hoy hasta poco después de las cinco de la tarde. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/22/paquete-economico-2017-en-entorno-adverso-meade
CHILPANCINGO, Gro: Estudiantes normalistas de Ayotzinapa destrozaron la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la ciudad de Iguala, en protesta por la sospechosa destrucción de un video clave en el caso de la masacre y desaparición de sus 43 compañeros registrada hace dos años en este lugar controlado por el narco. El hecho violento se registró este medio día cuando los normalistas arribaron en varios autobuses al lugar ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido como El Puente del Chipote, en la parte sur de Iguala. Enseguida, los manifestantes irrumpieron en el edificio, desalojaron a los trabajadores y comenzaron a destrozar expedientes judiciales, documentación oficial, mobiliario y computadoras. Después de 40 minutos, los normalistas se retiraron lanzando piedras y bombas molotov contra la fachada del edificio del Poder Judicial donde dejaron pintas en las que exigen justicia a dos años del crimen de sus compañeros. También reprocharon la destrucción del video considerado como clave en el caso para determinar el grado de implicación de autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco y específicamente con la desaparición de los 43. Los estudiantes regresaron a la Normal sobre la misma vía federal que hace dos años recorrieron y se convirtió en el escenario de muerte y terror que dejó un saldo trágico de seis muertos, una decena de heridos y 43 desaparecidos. De esta forma, los normalistas de Ayotzinapa cumplieron tres días realizando acciones de protesta a poco de que se cumplan dos años de esta barbarie que sigue impune. La historia del video clave En agosto de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), emitió un comunicado donde denunció la posible destrucción de un video que habría registrado el momento exacto de la desaparición de los 43 normalistas y que fue grabado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. En ese entonces, los miembros del GIEI afirmaron que el video fue enviado a la ex presidenta y actual magistrada del TSJ, Lambertina Galeana Marín, pero que al parecer habían destruido la prueba y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar este hecho. En su momento, Galeana Marín declaró públicamente la inexistencia del video. “No se puede destruir lo que nunca existió”, justificó. Los especialistas de la CIDH aseguraron que esa grabación captó el momento en que al menos una veintena de normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales en las inmediaciones del punto conocido como el puente del Chipote, lugar ubicado justo frente a la sede del TSJ en Iguala. El 19 de febrero, el nuevo presidente del TSJ, Robespierre Robles Hurtado, quien ha sido vinculado con el narco, anunció una investigación contra su antecesora, Lambertina Galena, para saber qué destino se le dio al video durante una reunión con padres de los 43. Luego, el 9 de marzo, Robles Hurtado afirmó que autoridades del TSJ entregaron a la (PGR) una copia del video del caso Ayotzinapa diez meses después de ocurrida la masacre y desaparición de los 43 normalistas. Además, aseguró que el Poder Judicial “no cuenta” con material videográfico alguno del caso Ayotzinapa. Al respecto, indicó que la copia de la videograbación se encuentra en el expediente PGR/SEIDO/UEIDM/001/2015, y por ello actualmente, acotó, no tienen acceso a las imágenes de los hechos registrados la noche trágica de Iguala. Ello debido a que desde el 24 de julio pasado el encargado del departamento de Informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, Javier Uribe Iturbe, entregó al agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Ernesto Ornelas Delgado, una USB que contenía “un respaldo” extraído del video del CCT correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014. También, Robles Hurtado entregó a los familiares de los normalistas desaparecidos copias certificadas de cuatro causas penales integradas por jueces de primera instancia sobre el caso Ayotzinapa. Los expedientes están relacionados con el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y otras personas.
Hasta el momento, ningún funcionario del Poder Judicial en la entidad ha sido investigado o sancionado por la destrucción del video, exhibiendo el grado de protección entre autoridades de los tres niveles de gobierno en este caso que sintetiza la impunidad y violencia que se vive en Guerrero. FUENTE: PROCESO. TITULO ORIGINAL: Normalistas destrozan TSJ en Iguala; protestan por destrucción de video sobre los 43 AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/455959/normalistas-destrozan-tsj-en-iguala-protestan-destruccion-video-los-43
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que una nueva filtración de documentos pusiera al descubierto que los dueños de Grupo Imagen Multimedia, Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Adir, poseen empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las offshore, los empresarios confirmaron la existencia de éstas, y afirmaron que fueron constituidas como “vehículos de inversión patrimonial”.
En una pequeña nota impresa en el periódico Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, los Vázquez Raña dicen que las empresas Marshalls Creek Ltd. y Albion Hall Holdings Ltd., “están declaradas ante el SAT desde su constitución y han pagado los impuestos correspondientes de los ingresos generados por ganancias de capital”. De Mundella Global Inc. y Radar Global LTD, señalaron que ya no operan pues fueron constituidas para “compra de activos no financieros, operaciones que nunca se concretaron”. Las revelaciones encontradas en una nueva filtración de documentos, recibida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus asociados a nivel global, entre ellos, la revista Proceso, exhiben detalles detrás de sociedades incorporadas en Las Bahamas. Los documentos del registro corporativo de Bahamas provee nombres de directores y dueños de más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas en ese país entre 1990 e inicios de 2016. Así, se descubre que el poder de los medios de comunicación mexicanos también llegó a los paraísos fiscales. En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles. El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país. Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa. Luego de la filtración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país en el caso llamado #BahamasLeaks. “Con el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”. Agregó que la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
CIUDAD DE MÉXICO: El poder de los medios de comunicación mexicanos también llega a los paraísos fiscales. De acuerdo con #BahamasLeaks, una filtración del registro corporativo de Bahamas, los dueños de Grupo Imagen Multimedia poseen tres empresas en Bahamas, uno de los principales refugios de las empresas offshore.
En los 175 mil nombres de empresas y propietarios que desde los años noventa han registrado sociedades en las Islas Bahamas, aparece el nombre de Olegario Vázquez Raña, presidente y accionista principal de Grupo Empresarial Ángeles, poseedor entre otras empresas de la red de hospitales Ángeles. El conglomerado es dueño también de Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite a través de Imagen Radio y Excélsior TV. Además, está por lanzar al aire la tercera cadena nacional de televisión abierta del país.
Hombre de negocios empoderado durante el gobierno de Vicente Fox, Olegario Vázquez aparece en el registro corporativo de Bahamas con dos empresas: Mundella Global Inc. y Marshalls Creek Ltd. La primera fue registrada el 6 de diciembre de 2012 y la segunda el 17 de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, también tiene una empresa en ese paraíso fiscal: Albion Hall Holdings Ltd., incorporada el 13 de abril del año pasado, pocos días antes de que su papá registrara su segunda empresa. En la base de datos, en la que están identificadas 431 empresas relacionadas con mexicanos, aparece también una bajo el nombre de Joaquín López Dóriga Ostolaza, consejero del periódico El Economista e hijo del periodista y exconductor principal de Televisa, Joaquín López Dóriga. Según la información filtrada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el nombre Joaquín López Dóriga Ostolaza quedó registrado el 12 de mayo de 2011 en el directorio corporativo de Bahamas con la empresa Josa Ltd. La filtración fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso. Se trata de las mismas organizaciones periodísticas que en abril pasado revelaron los #PanamaPapers, que dieron cuenta de las empresas offshore abiertas por el despacho Mossack Fonseca a políticos y líderes mundiales, delincuentes internacionales, empresarios, banqueros y celebridades, entre otros. Otro apellido asociado al nombre de Televisa que aparece en la #BahamasLeaks es el de Zabludovsky. La nieta del periodista que fue emblema del control periodístico en la televisora durante el régimen del PRI del siglo pasado, Jacobo Zabludovsky, aparece también en los directorios corporativos de ese paraíso fiscal. Hija del también periodista y ahora productor de cine, Abraham Zabludovsky, Gabriela Zabludovsky Ciuk, una empresaria de Miami, está registrada desde el 3 de diciembre de 2014 con la empresa Lujo Holdings Limited.
En #BahamasLeaks también hay un registro a nombre de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez, conferencista y autor de libros de superación. Según la información, incorporó en el paraíso fiscal de Las Antillas la empresa Oxer International Ltd, el 19 de junio de 2012. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA, MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/455815/la-familia-vazquez-rana-hijo-lopez-doriga-en-los-registros
Autoridades ejidales y comunales de los Valles Centrales de Oaxaca exigieron al gobierno estatal la cancelación de los proyectos mineros en la región, pues provocan división social y confrontación entre habitantes y comunidades, además de la contaminación ambiental. Los ejidatarios agregaron que en los últimos años, los proyectos mineros derivaron en enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatro muertos y 12 heridos por arma de fuego. Denunciaron que la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, realizó trabajos de exploración en los límites ejidales para ampliar el proyecto minero sin el consentimiento de las asambleas comunitarias. Graciela Pablo Cruz, representante en la región, sostuvo que las empresas hacen uso de químicos que dañan los mantos acuíferos, lo que además provoca daños a la salud de los habitantes.
Por esto, las comunidades afectadas exigen la cancelación del proyecto minero San José y de los otros 14 que fueron otorgados sin el consentimiento de las asambleas por la Secretaría de Economía a las empresas Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. Minera Aurea S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A. de C.V., Continnun Resources México S.A. de C.V., Cia. Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/cancelacion-de-proyectos-mineros-exigen-ejidatarios-en-oaxaca/
Cherán, Michoacán. El pueblo de Cherán se encuentra enclavado en la meseta p’urhépecha a un poco más de 100 kilómetros de Morelia, la capital del estado mexicano de Michoacán. Con alrededor de 18 mil habitantes, esta comunidad fue una de las muchas que resultó asolada por el crimen organizado durante la guerra contra el narcotráfico desplegada en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entre el 2008 y el 2011, la tala clandestina llevada a cabo por grupos criminales arrasó con los bosques cercanos de Pakárakua, Tres esquinas, Cerritos los Cuates, San Miguel, Carichero, Cerrito de León, Patanciro y El Cerecito. Durante el 2010, el crimen intensificó la deforestación; también asesinó, secuestró, desapareció o humilló a cualquier poblador que se atreviera a insinuar un reclamo. Por meses, las múltiples denuncias de la comunidad encontraron oídos sordos en las oficinas gubernamentales. El comienzo
La mañana del 15 de abril del 2011, un grupo de mujeres y jóvenes detuvieron con palos y piedras a algunas de las camionetas que transportaban a los criminales con cargas de madera. Las detenciones se llevaron a cabo a unas cuadras de la capilla El Calvario, en el Barrio Tercero (el de arriba, Karakua en p’urhépecha), uno de los cuatro barrios en que se divide geográficamente Cherán. A partir de ese momento, miles de pobladores salieron a las calles para enfrentar a los criminales y expulsar a los funcionarios, a la policía y al gobernador priista Roberto Bautista Chapina El negro. Las autoridades locales fueron cómplices de los criminales, argumentó la comunidad. Durante meses, los pobladores de Cherán se agruparon en alrededor de 170 fogatas afuera de sus casas como una forma espontánea de defensa, solidaridad y ejercicio político. En esas fogatas, Cherán organizó la defensa armada contra posibles represalias por parte de los grupos criminales y compartió la comida y la ayuda solidaria que llegaba del exterior. En aquellas noches de vela, los pobladores decidieron el futuro político de su comunidad: un régimen de autodeterminación, fuera del sistema de partidos políticos, que recuperara algunas formas tradicionales de gobierno para adaptarlas a las necesidades actuales. Como parte de la estrategia jurídica para lograr su objetivo, la comunidad interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 2014, la máxima instancia jurídica del país falló a favor de Cherán y reconoció la facultad de la población para gobernarse legalmente por sus usos y costumbres. Con el transcurso de los años, las asambleas y fogatas se constituyeron como órganos permanentes de deliberación política. La población de Cherán eligió un gobierno encabezado por un Concejo Mayor integrado por 12 notables llamados Keri, provenientes equitativamente de los cuatro barrios de Cherán. Estos Keri son sólo representantes no autoridades. Esta diferencia es significativa y lo que implica, en pocas palabras, es que la única autoridad es la asamblea general. Es decir, las decisiones de los representantes están sujetas a la supervisión, vigilancia y corrección de dicha asamblea. Ocho consejos operativos atienden los distintos aspectos administrativos de la comunidad: desde el pavimentado de las calles hasta las orquestas juveniles. Al igual que el Concejo Mayor, estos consejos están formados por representantes de los cuatro barrios propuestos primero en fogatas y luego elegidos en asambleas. La ronda comunitaria, un grupo de alrededor de 80 miembros de la comunidad, es el órgano encargado de mantener la seguridad del territorio y la población. No descobijar a la comunidad
Una vez que se constituyó el nuevo gobierno, la población de Cherán se empeñó en reconfigurar su territorio, su economía, su vida cotidiana. Como parte de este esfuerzo, se promovió la creación de empresas comunales con objetivos específicos. “Uno de los fines más consolidados tiene que ver con enfocarse en cuestión social: dar trabajo a la gente, no dejar descobijada a la comunidad”, arguye Vicente Sánchez Chávez, actual secretario del Consejo de Bienes Comunales. Este consejo es el encargado de administrar el territorio, los recursos naturales, y las empresas comunales de Cherán. El Vivero Forestal, el Aserradero Comunal y la Mina de Pétreos y Adocretos son las tres empresas que están bajo la tutela de este consejo. Alejados del paradigma de las leyes del libre mercado y de la generación de riqueza a costa de la explotación laboral y los recursos naturales, las empresas de Cherán tienen, como función primordial, el apoyo a la comunidad. Esto se traduce en que además de proporcionar empleos, las empresas tienen la obligación de cumplir con funciones sociales que van desde participar en las faenas comunitarias a contribuir, con la donación de material o trabajo, a las distintas tareas de las instituciones gubernamentales, educativas o sociales. Por otro lado, según Vicente, en las empresas comunales “la mayor importancia se le da al trabajador; no al dinero”. Es un hecho que uno de los rasgos más interesantes de la política laboral del gobierno de Cherán es que la brecha salarial entre los puestos de dirección y los trabajadores manuales es mínima. Por ejemplo, Hugo Romero Juárez, gerente del aserradero comunal, explica que la diferencia en el salario de la gerencia y el obrero es de 600 pesos al mes: “Yo gano 4,800 pesos al mes y un trabajador en general gana 4,200”. En Cherán este sueldo es considerado como aceptable. Aunque hay pequeñas diferencias salariales de los empleados entre las distintas empresas comunales, el intervalo salarial es el mismo. En todo caso, el monto mencionado para un trabajador manual es prácticamente idéntico al que gana un Keri, el máximo representante de la comunidad. Por otro lado, los empleados pueden gestionar apoyos económicos en caso de tener algún imprevisto y reclamar, a través de sus asambleas, si creen ser objeto de maltrato por parte de algún funcionario. Finalmente, las gerencias no tienen facultades para despedir a ningún trabajador. La asamblea piensa mejor que uno solo Cómo en otros ámbitos del gobierno comunal, las asambleas de los barrios son las autoridades máximas en las decisiones que se toman para el desarrollo de las empresas. Las vacantes en las empresas son ocupadas equitativamente por personas de los cuatro barrios: los trabajadores y sus salarios son designados en las asambleas. Los proyectos de los administradores en turno siguen el mismo curso: están sujetos a la discusión y aprobación por parte de fogatas y asambleas. Asimismo, las empresas están obligadas a rendir cuentas cada tres meses a las asambleas de los barrios. La vigilancia de este mecanismo es tan estricta que si algún trabajador es acusado de negligencia o corrupción es, primero reprendido por el Consejo de los Bienes Comunales y, en última instancia, castigado o despedido por las asambleas. Esto no es palabra muerta: en un año de este segundo gobierno comunal ha habido tres remociones. “La asamblea está al pendiente de todo lo que se haga aquí. La asamblea sabe, a través de los coordinadores de barrio, lo que pasa en cada trabajo”, explica Marcos García López, gerente de Mina de Pétreos y Adocretos de Cherán. Aunque los gerentes de las tres empresas comunales están de acuerdo en que la principal desventaja de esta forma de dirección es lo difícil que es llegar a acuerdos con toda la comunidad, ponderan las ventajas en términos de imaginación y justicia colectiva. En palabras de Hugo Romero Juárez, gerente del aserradero, “Yo pienso que […] una comunidad piensa mejor que uno solo y ora sí que así se tienen que hacer mejor las cosas”. Un vivero como un triunfo
Aunque la población ya contaba con un modesto vivero forestal antes del movimiento, el nuevo régimen de gobierno impulsó, desde el principio, la implementación de un vivero que permitiera la reforestación de las más de 9,000 hectáreas afectadas por el crimen hasta 2011. A 5 años de distancia, el Vivero Forestal Comunal San Francisco Cherán es un símbolo identitario para la comunidad. El vivero es capaz de producir 1.5 millones de plantas al año distribuidas principalmente en tres especies de pino. Esto ha permitido reforestar aproximadamente 4,000 hectáreas: el 45% del área afectada por el crimen. Las campañas de reforestación se llevan a cabo con recursos provenientes de convenios que Cherán tiene con la Unión de Huertos Resineros y el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). El vivero también mantiene una serie de programas sociales de educación ambiental en que atiende a escuelas locales desde preescolar hasta bachillerato. En estos programas los estudiantes participan en la reforestación y reciben información sobre la importancia de los recursos naturales de la comunidad. El vivero proporciona a la comunidad 12 empleos de planta y hasta 100 empleos temporales al año. José Ignacio Soto Esquivel, gerente del vivero, cuenta que implementaron una política de inclusión laboral para personas con distintos tipos de discapacidad. “Aquí llegan personas que padecen convulsiones, síndrome de Down o que sufren discapacidad mental o motriz”, explica el biólogo egresado de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. “Nacho”, como lo conocen sus compañeros, relata que a pesar de que estas personas ejecutan el trabajo a la perfección sufren, con frecuencia, discriminación en el propio ambiente laboral. Aunque nunca se logró aclarar totalmente, se sospecha que dos de los tres empleados discapacitados que trabajaban en el vivero dejaron de acudir por las burlas y presiones de los compañeros de trabajo. El tercero, que padecía convulsiones y hemofilia, dejó de trabajar porque su familia consideró que no se contaba, en el vivero, con las condiciones médicas adecuadas. Nacho confiesa no saber que se puede hacer para evitar estos inconvenientes pero reitera la voluntad del vivero para impulsar estás políticas de inclusión laboral. Aunque el camino de las transformaciones sociales puede estar sembrado de pinos, nunca ha estado sembrado sólo de rosas. El aserradero sin madera para aserrar
El Aserradero Comunal San Francisco Cherán es una empresa que antaño conoció tiempos no exactamente de gloria. Tanto los pobladores de Cherán como los actuales trabajadores de la empresa cuentan que los funcionarios salientes de las cuatro administraciones previas al movimiento desvalijaban los talleres de carpintería y de manufactura de madera antes de acabar su gestión. A raíz del movimiento del 2011, se decidió rehabilitar la empresa para brindar trabajo a los pobladores y dotar a la comunidad de un medio que subsanara sus necesidades de consumo de madera. Sin embargo, la terrible experiencia que vivió Cherán a raíz de la explotación de sus bosques por parte del crimen organizado hizo a la población recelosa de todo lo que suene a derribar árboles. El aserradero, desde hace 5 años, trabaja solamente con la madera abandonada por los talamontes de antes del movimiento, la de los árboles plagados y la de los que caen por efecto de alguna tormenta. Menos mal, para el aserradero, que en Cherán las tormentas no escasean. El aserradero cuenta con un personal de planta de 11 personas y no recibe inversión de ninguna dependencia gubernamental o privada. En sus instalaciones se procesan hasta 100 metros cúbicos de madera por mes. Esta cantidad no cubre las necesidades de la comunidad, admite el gerente de la empresa Hugo Romero Juárez. Los carpinteros y artesanos del lugar y el propio aserradero se ven forzados, con frecuencia, a comprar madera en las poblaciones vecinas para aliviar la demanda. Las asambleas no han querido aprobar un plan de manejo forestal que permitiría al aserradero contar con mayor cantidad de madera para trabajar. El resultado es que la empresa, aunque ha logrado mantener el pago de su nómina, sufre de penurias económicas. En opinión de Hugo, el recelo por parte de la gente para explotar el bosque es excesivo: “piensan [erróneamente] que al momento de tener un plan de aprovechamiento forestal es derribar todos los árboles [sic]”. Para el gerente, las asambleas de los barrios deben considerar seriamente la posibilidad de regular la extracción de madera, sin atentar contra la integridad del bosque. En todo caso, además de proveer fuentes de trabajo, el aserradero cumple varias funciones sociales: donar leña para las velaciones de los difuntos de la comunidad, apoyar con leña las manifestaciones de los maestros de la zona, maquilar madera de los comuneros, participar en las faenas de limpia del bosque y apoyar a los damnificados de eventos meteorológicos. Cherán inició su movimiento político y social con la defensa de sus bosques; es posible que ahora deba aprender a no temer la explotación comunal de los mismos. Tabiques y Adoquines No es infrecuente que los movimientos políticos inauguren, con su energía social, nuevos caminos. Cherán decidió para ello elaborar su propio piso. La empresa Mina de pétreos y adocretos San Francisco Cherán es un proyecto que nace con el movimiento del 2011. Cherán empezó, en 2012, a explotar dos bancos de arena y piedra que se encuentran en su territorio. La empresa da empleo a 16 trabajadores y tiene capacidad para producir mensualmente unas 15,000 piezas de tabicón o unas 10,000 piezas de adoquín.
Aunque sus inicios fueron más que modestos, la empresa ha logrado vender su material en el mercado local y ampliar su oferta a algunas poblaciones vecinas como Purépero, Cheranástico, Ziracuaretiro y Zacapu. Al igual que el resto de las empresas comunales, Mina de pétreos y adocretos cumple con una serie de funciones sociales ineludibles: suministra gratuitamente material a escuelas, iglesias, instituciones de gobierno, o grupos de vecinos que requieren arreglar caminos o brechas. Además, el precio del material que vende al público en general es ligeramente más económico que de otras opciones. Para Marcos García López, gerente de la empresa, más que la generación de riqueza, el verdadero significado del crecimiento es el apoyo social: “Esta empresa comunal es diferente porque esta empresa tiende a crecer al dar apoyo. Dar apoyo es lo más importante de las empresas comunales. A través de un conjunto de ideas de toda la comunidad esto va creciendo […] y el beneficio es para la misma comunidad” El ruido de las máquinas haciendo adoquines parece, en su frenetismo, darle la razón. El sentimiento resinero La resina es una sustancia pegajosa de vistosos colores marrones y ocres que se extrae de los árboles por medio de ranuras que se efectúan con un hacha especial. La explotación de este recurso ofrece la ventaja de que no es necesario derribar el árbol para extraer resina continuamente. El aprovechamiento de la resina es, en este sentido, mucho más respetuoso de los bosques que la extracción de madera. De la resina se destilan dos productos básicos: brea y aguarrás. Estos componentes son usados en la industria de la transformación para la manufactura de más de 1,200 productos como pinturas, barnices, desinfectantes y solventes, entre otros.
La extracción de resina en Cherán se ha efectuado por décadas. La resinera de Cherán es posiblemente una de las plantas industriales más antiguas de la región. Esta empresa no depende administrativamente de la estructura de gobierno de Cherán, sino de la asamblea de resineros. No es, en sentido estricto, una empresa comunal como las tres empresas hasta aquí mencionadas. Sin embargo, la extracción de la resina se lleva a cabo en tierras comunales y la casi totalidad de los trabajadores del sector viven en Cherán: la relación entre la empresa y la comunidad no podría ser más estrecha. Antes del movimiento, la actividad resinera se encontraba en franca extinción. Debido a los problemas de seguridad por la acción del crimen organizado muchos resineros abandonaron la actividad. David Romero Rojas, gerente general de la resinera, cuenta que meses antes del movimiento de abril del 2011, varios resineros fueron golpeados, desaparecidos o asesinados. De 120 integrantes pertenecientes al gremio se pasó, justo antes del movimiento, a 50 personas. Según David, el sector resinero fue uno de los que recibió primero el asedio del crimen organizado. El gerente cuenta que, durante mucho tiempo, el gremio intentó convencer a otros sectores de la comunidad de Cherán de la acción depredadora de los talamontes. La mayor parte de la gente ignoró a los resineros: no veía a la tala clandestina como un problema grave. Esto sucedía porque no estaban cerca del lugar. La indiferencia mostrada por otros sectores ante sus llamados de alerta, produjo una especie de [re]“sentimiento resinero”, argumenta David. Tuvo que llegar un punto crítico para que todos los sectores reaccionaran ante una amenaza de la que los resineros estaban conscientes mucho antes del 15 de abril del 2011. No obstante, durante el movimiento social los resineros participaron activamente tanto en las confrontaciones en contra de los criminales, como en las barricadas, fogatas y asambleas. A partir del mejoramiento de las condiciones de seguridad con el establecimiento de la ronda comunitaria y forestal, la actividad resinera empezó a florecer de nuevo. Cinco años después, el gremio de resineros es diez veces mayor. Hoy en día, la asociación cuenta con 500 resineros y la actividad sigue en expansión. El “sentimiento resinero” no impide que los resineros se mantengan atentos a los problemas de Cherán. Además de participar en los procesos políticos de la comunidad, los resineros atienden solicitudes de apoyo económico por parte de gente con problemas de salud, necesidades de estudio, o solicitudes de fondos para fiestas tradicionales y eventos culturales. La resina se destila todos los días; la solidaridad, también. ¿Compiten las otras empresas? La administración de las empresas de Cherán está mucho más ligada a las asambleas y, en última instancia, a la comunidad, que a las presiones del libre mercado. Aún así, en el lenguaje de los gerentes y varios de los trabajadores de las empresas comunales se asoma, de manera confusa, el vocabulario empresarial clásico: competitividad, crecimiento, calidad, utilidad, riqueza. Sin embargo, es evidente que estas empresas se conciben de una manera distinta —aunque no siempre clara— al concepto clásico de empresa capitalista. Dice Marco, gerente de Mina de pétreos y adocretos: “Las empresas privadas, su objetivo es crecer al máximo y tener sus utilidades, que se vean reflejadas; si no, pues ora sí que no son empresas que funcionen. En cambio en este tipo de empresas…toda la gente que labora dentro [debe tener] un objetivo de aportar a la comunidad” Hugo, del aserradero, lo deja aún más claro: “Económicamente no podemos competir con las empresas privadas porque [en ellas] todo el recurso económico se lo quedan con ellos [sic]. No tienen apoyo social. Esas empresas pueden abastecer a mercados grandísimos. Aquí estamos en un sistema de gobierno en que queremos sobresaltarnos en otra forma de gobierno, simplemente dar apoyo y dar servicios a la comunidad”
La respuesta a la pregunta con que se inicia esta sección final es “sí”. En Cherán las otras empresas compiten, si competir significa ayudar a la comunidad. VIDEOS (CHERÁN LA OTRA EMPRESA):
La declaración y pago de impuestos es un infierno para el ciudadano. Desconocimiento, confusión, tener que dar una comisión a los contadores, recibir correos electrónicos cada semana que “invitan” a cumplir con las obligaciones fiscales, llamadas telefónicas, citatorios, recargos, multas… Los 53 millones 585 mil 310 contribuyentes inscritos en el padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de su salario o ganancia, están cargando con la mayoría de los ingresos del Gobierno federal, y una rebanada de ellos se va a los sueldos millonarios de los funcionarios públicos y a las pensiones de los ex Presidentes. Mientras tanto, conforme SinEmbargo lo ha documentado en su serie #PapelesDeSHCP, a otras grandes compañías con millonarias utilidades se les perdona todo ese viacrucis, incluido el pago por miles de millones de pesos en impuestos y las multas que se generan por no cumplir sus obligaciones fiscales.
“Tienes que pagar impuestos hasta por respirar: el IVA y el ISR”, contó Minerva, una trabajadora que cobra por honorarios. Además, como la página del SAT no tiene nada de “amigable”, dijo, prácticamente obligan a contratar a un contador. “El sueldo se va a la chingada”, declaró.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que para el próximo año el 54.7 por ciento de sus ingresos vendrán de tres impuestos: el 29.3 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR); el 16.4 por ciento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 5.9 por ciento por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS). Hasta julio de este año, más de 53 millones contribuyeron con el pago del ISR [el cual incluye sueldos, salarios, honorarios o ganancias que perciben los individuos o empresas como remuneración por su trabajo, así como sus propiedades] y del IVA [un impuesto al consumo que tiene ciertas exenciones]. La mayoría son personas físicas y asalariados. Durante el primer semestre, Hacienda recibió 1 billón 625.9 mil millones de pesos de ingresos tributarios, un 12 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. En ese periodo, el ISR representó el 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta en los últimos 25 años; además, el IVA significó el 3.9 por ciento del PIB, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Carolina, una productora audiovisual, también cobra sus servicios en la modalidad de honorarios. Está obligada a declarar cada mes sus ingresos y gastos para determinar su tarifa de impuesto. En agosto pasado obtuvo 8 mil pesos por un proyecto, pero al final se quedó con 6 mil pesos porque le quitaron el 16 por ciento por el IVA, el 10 por ciento por el ISR y otro 10 por ciento por otro tipo de IVA. Con esta modalidad, el trabajador tiene derecho a deducir impuestos por los gastos que hace para realizar su trabajo, como transporte y papelería, pero no sabe cómo hacerlo. Carolina no ha contratado a un contador, aseguró, porque le cobraría el 10 por ciento de sus ganancias al mes.
LA PRESIÓN DEL SAT
Dada la importancia de los impuestos en los ingresos del Gobierno federal, el SAT no perdona… no, al menos, a los ciudadanos comunes. La presión comienza con un correo y termina con una sanción por delito de defraudación fiscal. “Recibo mails que dicen que debo cubrir mis obligaciones fiscales. Y yo, bueno, huyo cuando los leo. Me llaman, pero les cuelgo”, contó Carolina. Sin embargo, pagarlos no es fácil, mucho menos para quienes comienzan a trabajar. Fuera de aquellos que reciben retenciones automáticas de sus salarios, en general “el sistema es complejo” y se requiere de la asesoría o ayuda de un especialista para calcular el pago de impuestos, lo cual eleva los costos (tiempo y dinero) de pagar impuestos y todo eso se convierte en “un estímulo para ingresar a la economía informal”, expuso el informe “Los impuestos en México, ¿quién los paga y cómo?”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Minerva criticó que la página del SAT “está en chino”. Ella ha contratado a cuatro contadores. “Si declaras mal o en donde no era, te chingan. Si estás gastando de más te investigan, porque puede que estés mintiendo sobre tus ingresos”.
“No entiendo nada de declaraciones”, confesó. “Les debo como 2 mil pesos y no se los pienso pagar. Ya hasta me mandaron citatorio a mi casa. Dejé de declarar después de que terminé los trabajos del año pasado y todas las semanas me llegan sus correos, esos, los de ‘Se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales'”. El SAT le está requiriendo las declaraciones mensuales que le faltan y la declaración anual porque quedaron volando sus ingresos del año pasado.
“Ahora tengo problemas porque me salieron otros trabajos freelance, pero hay que volver a facturar y hasta que no me ponga al corriente no me pueden pagar”, dijo. Las personas que ganan por honorarios, tienen ingresos por otra actividad económica o su sueldo rebasa los 400 mil pesos anuales están obligadas a realizar su declaración anual. A través de este proceso, pueden deducir gastos médicos, hospitalarios, pago de lentes graduados, colegiaturas de escuelas privadas o gastos funerarios siempre y cuando el total de la deducción no rebase el 10 por ciento de sus ingresos. El artículo 31 constitucional expone que todo ciudadano está obligado a contribuir con el pago de impuestos. Si un contribuyente se atrasa con el pago de sus impuestos, cuya tasa depende de sus ingresos y gastos, se hace acreedor a un recargo. Si en determinado plazo se sigue sin cumplir con las obligaciones fiscales, la persona recibe multas que van de los 3 mil a los 30 mil pesos por omitir el pago total o parcial de sus impuestos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. El peor de los escenarios es el delito por defraudación fiscal porque las sanciones no son económicas: implica el embargo de bienes o prisión de tres meses a nueve años dependiendo el monto.
EL USO DE LOS IMPUESTOS El incentivo más importante para fomentar el pago de impuestos es gastarlos bien. Los contribuyentes deben poder apreciar, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, que sus impuestos sirven para mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos. Si un funcionario desvía, roba o aplica mal los recursos, debe ser claramente identificable por los sectores sociales afectados, y debe ser imputable, de acuerdo con el estudio “Los impuestos en México, ¿quién los paga y cómo?” del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Sin embargo, una parte de los ingresos del gobierno se destinan al pago de las pensiones de los ex Presidentes y a los millonarios salarios de los funcionarios públicos. El Presidente de la República, por ejemplo, recibe 4 millones 300 mil pesos anuales; un Senador, dos millones 732 mil pesos y un Secretario federal 3 millones 364 mil pesos. Los ciudadanos, quienes pagan los impuestos, tienen la misma percepción, de acuerdo con una encuesta realizada en noviembre de 2013 por la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana.
“En México ha existido, por la ausencia de procesos democráticos sólidos, un considerable retraso en la especificación el destino de los fondos que provee la ciudadanía por medio del pago de impuestos. La falta de rendición de cuentas por parte de los gobernantes ha dificultado que los contribuyentes sepan correctamente en qué se usan sus recursos”, determinó el CIDE.
El informe acusa que la recaudación del gobierno mexicano, una de las más bajas del mundo, refleja “una débil legitimidad”, resultado fundamentalmente de un gasto poco transparente, una limitada capacidad administrativa de cobrar impuestos y la informalidad (57.1 por ciento de la población ocupada). El 59.24 por ciento de los consultados no cree que el gobierno administra bien el dinero recaudado del pago de impuestos y el 53.35 por ciento está insatisfecho con la utilización que se le da al pago de sus impuestos. Por ello el 38.22 por ciento justifica que no se paguen los impuestos cuando una gran proporción del dinero recaudado termina en los bolsillos de políticos corruptos, en los de sus familiares y en lo de sus amigos.
Otro 30.37 por ciento, de acuerdo con el estudio universitario, justifica la evasión cuando una gran proporción del dinero recaudado es desperdiciado y el 21.25 por ciento cuando una gran proporción del dinero recaudado es utilizado en proyectos de poco valor social. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/21-09-2016/3094846
Las autoridades presumen que Villar, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, fue víctima de un grupo no profesional y que esa fue la causa de que la mataran incluso cuando la familia pagó un rescate.
La investigación por el secuestro y asesinato de la española María Villar en México está “muy adelantada”, dijo hoy la coordinadora nacional antisecuestros Patricia Bugarín. Las autoridades presumen que Villar, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, fue víctima de un grupo no profesional y que esa fue la causa de que la mataran incluso cuando la familia pagó un rescate. “Eso es precisamente tal vez parte del motivo del lamentable fallecimiento”, dijo a la cadena Televisa Bugarín, que no quiso dar datos sobre el desarrollo de las indagatorias. Villar, de 39 años, que vivía desde hacía tres años en México, fue secuestrada el 13 de septiembre presuntamente después de tomar un taxi en un centro comercial de la zona de Santa Fe, en el oeste de la capital mexicana, donde trabajaba como ejecutiva en la empresa IBM. Su cuerpo apareció el 15 de septiembre a unos 50 kilómetros en un riachuelo de aguas negras en un paraje rural de la comunidad de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. Estaba atada de pies y manos y tenía una bolsa en la cabeza. La causa de la muerte fue asfixia mecánica, de acuerdo con la fiscalía del Estado de México. Bugarín señaló que hay “versiones encontradas” sobre qué tipo de taxi tomó y si fue secuestrada al abordarlo o en algún otro punto al bajar. “No ha sido todavía posible determinar esto, es parte de la investigación”, dijo. “Lo único cierto son dos puntos: uno, que salió del centro comercial y que al parecer abordó un taxi. Y el segundo, el hallazgo del cuerpo de la víctima”. El caso se ha considerado “atípico” por la rapidez con la que fue asesinada. Al parecer, primero fue un secuestro “exprés” para quitarle dinero de las tarjetas en cajeros automáticos y se convirtió en secuestro extorsivo sobre la marcha. El subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada de la fiscalía general, Gustavo Salas, dijo que desde el momento en que los secuestradores se comunicaron con la familia, intervino en las negociaciones la Policía Federal, que tiene especialistas en secuestro.
“No hubo ninguna falla en la negociación”, dijo. “Incluso se llegó a una negociación que sustentablemente bajó la petición originaria para la entrega de una determinada cantidad, misma que se efectúo”. Sin embargo, aunque se tuvo una prueba de vida, “no apareció la persona en los términos acordados”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095247
