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El castigo a los culpables de Ayotzinapa “nacerá de la lucha de abajo”, advierte el EZLN y el CNI

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), señaló hoy que buscar la verdad sobre Ayotzinapa “en medio de la pudrición del poder, es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política”, pues “no sólo siguen simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad”, como es el cambio de Tomás Zerón, “responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno”.

Los zapatistas y los pueblos indígenas agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) señalaron en un comunicado dado a conocer a través de la Página Enlace Zapatista, que “a la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43”. Y pusieron el caso de Luis Fernando Sotelo Zambrano, “solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios” y recientemente condenado a 33 años y 5 meses “por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente”. Hoy, dijeron, “reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del CNI , sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar”.

Comunicado:

A los pueblos del mundo

A los medios de comunicación alternativos, libres, autónomos o como se llamen

A la Sexta Nacional e Internacional

Parte de guerra y de resistencia # 44

¿Y los otros 43?  ¿Y los que le siguen?

Sucede que este país no es el mismo desde hace dos años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.  Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos, y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente.

Como barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que somos, miramos y hacemos palabra nuestra mirada, ahora como antes, desde el corazón colectivo que somos.

Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías; desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia, el rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza.  Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía.

Desde las geografías de abajo

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política, que no sólo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad ‒como es el cambio de Tomás Zerón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno.

A la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios –como las de Cherán, la tribu Yaqui, los indígenas presos, las comunidades zapatistas-, a quien un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente.

Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es Poder: para quien asesina, encubre y miente, premios y protección; para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel.

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Y cuando nos miramos:

En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del estado.

La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendien los tejidos internos. Es decir, trata de hacer espejos de su guerra sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles.  Nada más explosivo y peligroso para esta nación.

En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.

La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan.  La defensa de nuestra madre no se negocia.  Estamos atentos a la lucha de la comunidad Wixárika de Wauta- San Sebastián Teponahuaxtlán por la recuperación de cerca de 10 mil hectáreas aledañas al poblado de Huajimic, Nayarit, donde, pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas; y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados, un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios.  Al pueblo Wixárika, en su rebeldía y autonomía le decimos: estamos con ustedes.

En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narco paramilitares, los pueblos originarios siguen construyéndose a diario.

Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Siux teje sus propias geografías que van más allá que las falsas geografías oficiales que los sitúan en otro país ‒pero que para nosotros somos hijos de la misma madre‒, están resistiendo a la invasión de sus tierras sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes. Su digna lucha es nuestra también.

En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto, defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos, la invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales arqueológicos e incluso la identidad indígena, pretende convertir a un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua, en fetiches comerciales. Los pueblos que luchan contra las altas tarifas de luz son perseguidos y criminalizados.

En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.

En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.

Desde el diálogo y la traición

Al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o de nuestras exigencias de seguridad y justicia, pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país, el ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes resisten en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros en Nochixtlán.  Los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo Wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configuran un reordenamiento violento de la región.

Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden.  El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos. Y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que es su dignidad, su organización autónoma y su territorio.

En varias geografías de nuestro país estamos recurriendo a las consultas cuando decimos que no queremos sus minas, sus eólicos, sus transgénicos, sus presas y exigimos que debería preguntarse a los pueblos, pero el mal gobierno siempre responde fingiendo que “consulta cómo consultar si consulta o no la forma de la consulta” (o algo así), que está llena de simulación, suplantación de nuestra palabra, manipulación y cooptación de nuestra gente, de amenazas y represión. Y así hasta que dice que ya estuvo y que ya dijimos que sí queremos sus proyectos de muerte, o que estamos divididos y debe atender a todas las posiciones.

Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ongs “expertas” en “consultas” engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar ‒antes de siquiera empezar la supuesta consulta‒ el robo del agua del río yaqui, que las mineras y sus desechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Riviera Maya.

Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ellos nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por tejer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como pueblos originarios.

Los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros, son los otros 43 partes de guerra y resistencia.  A ellas y ellos se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo.

Y le siguen los partes de guerra y resistencia de lo otro perseguido y estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida.

Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar.

¡Verdad y Justicia para Ayotzinapa!

¡Libertad para Luis Fernando Sotelo Zambrano!

¡Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s!



Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros.



Congreso Nacional Indígena.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.


México, septiembre del 2016.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/el-castigo-a-los-culpables-de-ayotzinapa-nacera-de-la-lucha-de-abajo-advierte-el-ezln-y-el-cni/

Daño ambiental, enfermedades, y destrucción del tejido social provoca mina en Valle de Ocotlán, Oaxaca

Las mineras buscan oro y plata en Oaxaca, como en otras partes del país, a través de megaproyectos concesionados por el gobierno, al tiempo que destruyen el tejido social, la comunidad, las tradiciones y amenazan, hostigan y asesinan a quienes defienden la tierra, que para ellas y ellos es la vida, describió a Desinformémonos, Rosalinda Dionisio Sánchez, defensora de la tierra y el territorio e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan, quienes por más de diez años han rechazado un proyecto minero que involucra más del 90 por ciento del territorio de al menos nueve comunidades de Oaxaca.

“Es necesario que todas y todos defendamos la tierra, en cada espacio, en cada casa, no es necesario venir al campo, y es que, la apatía nos ha golpeado mucho”.

Ahí en Ocotlán, la problemática entre empresas y las comunidades comenzó en 2008. Específicamente en San José del Progreso, un lugar ubicado en la parte central del estado de Oaxaca, en la región de los Valles Centrales en el que, antes de que llegara el proyecto minero sin previo aviso, sin información sobre los alcances y las implicaciones ni una consulta previa, la comunidad convivía, celebraba sus fiestas patronales y tradiciones, crecía en una cultura creyente de la iglesia católica pero también en el cuidado del medio ambiente, “el megaproyecto a destruido, también, nuestro tejido social por la violencia, la compra de tierras y personas”, dice Rosalinda.

“Aquí crecimos cuidando a las plantas, de hecho las catequistas nos enseñaban eso además de la doctrina, es decir que se unían. Entonces cuando había una confirmación, se acostumbraba a entregar un árbol al que el o la niña junto a sus padres se comprometían a cuidar”, describe Rosalinda quien nació y creció en el lugar igual que su madre, padre, abuelas y abuelos. Ahora ya hay, de hecho, una nueva generación en su familia.

San José colinda con al norte con los municipios de Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir y Santa Lucía Ocotlán; al sur con Ejutla de Crespo y Coatecas Altas; al oriente con San Jerónimo Taviche; al poniente con San Pedro Apóstol, Magdalena Ocotlán y San Mártir de los Cansecos. En San José hay poca agua y por ende vegetación, por lo desde la niñez, se enseña su cuidado, “porque lo verde genera humedad y esa humedad hace que vuelva a llover, y aquí necesitamos llamar al agua”, dice Dionisio para describir el entorno, de templado a seco, en el que su generación creció.

Rosalinda describe que fue desde 2008 que la comunidad comenzó a notar la llegada de personas extrañas al pueblo, de “grandes camiones y camionetas que aquí en la comunidad no hay”, que llegaban a instalarse, a hacer algunas exploraciones, pero, sin dar nunca información alguna sobre lo que se pretendía. Comenzaron a indagar, a preguntar, querían saber, dice, qué iba a pasar, hasta que por sus propios medios descubrieron que eran las minas. “Mi abuelo nos contó que hace mucho encontraron oro y plata, incluso carbón, pero luego ya no tuvieron la maquinaria necesaria para seguir, pero hoy, ya la hay”, detalla.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), este no es un hecho aislado sino que se trata de “megaproyectos”, que han proliferado en los últimos años en nuestro país, y que se centran en la explotación de los recursos naturales, esto, afirman, “sin medir debidamente las consecuencias que tendremos a corto, mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad los recursos naturales, las especies y los ecosistemas”, entre los proyectos que se han emprendido están las concesiones mineras, de uso y aprovechamiento de aguas, permisos para descargas de aguas residuales y autorizaciones para la instalación de rellenos sanitarios o de residuos peligrosos, entre otros, detallan en su “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”.

Desde que la población pudo confirmar esta información, comenzaron en primer lugar: la organización, dice Rosalinda, se reunieron en el pueblo pero también con otras comunidades. Recuerda que en ese tiempo llegó una organización a ofrecer información y proyectar videos en los que se explicaban las implicaciones que los proyectos mineros tenían en las comunidades, “así que la consciencia creció”, dice, aunque a la par, “la empresa llegó a decir mentiras a la comunidad, decían que construirían un hospital y escuelas, que habría empleo, y algunos lo creyeron, pero la gran mayoría se involucro en la organización para impedir el proyecto”.

Durante un año la comunidad se asesoró, se organizó y concientizó, narra Dionisio, y ante la falta de respuestas, de diálogo para consultar a la comunidad, en marzo de 2009 deciden tomar la oficina de la minera.

“Todo el pueblo se sumó, rodeamos la casita en la que se instaló la minera para impedir que se continuara trabajando en un proyecto para el que no se nos consultó, en el que no estamos de acuerdo por que sabemos y vivimos sus implicaciones”. Mujeres y hombres emprendieron una guardia para “resistir”, durante tres meses, la toma del lugar, describe, de día las mujeres y de noche los hombres, “las niñas, niños y ancianos participaron también participaron”.

Todos se organizaron para mantener rodeado el lugar, para la elaboración de alimentos para las guardias y la información que iba y venía, dice Dionisio, hasta el 6 de mayo de 2009, “el día de la represión”, recuerda.

Ese día, narra, estaban las mujeres en la guardia cuando llegaron unos mil 500 elementos de seguridad estatales y federales armados montados en “camionetas repletas”, describe, acompañados de perros policía, motonetas que cercaron a las mujeres, niñas y niños que se encontraban de guardia.

“Nos atacaron como si fuéramos criminales, ¿Por qué?”, cuestiona Rosalinda.

En el desalojo hubo golpes, empujones e insultos, “nos echaron a los perros cuando ya nos tenían encapsuladas”. Para entonces, el resto de la comunidad había llegado al lugar para tratar de impedir que se llevaran a algunas personas sin lograrlo.

“Me acuerdo que traían una lista, pero nos cambiamos el nombre, sin embargo, alguien desde una patrulla nos comenzó a señalar y finalmente detuvieron a 19 personas entre las que iba una compañera. Los que nos quedamos teníamos miedo de que desaparecieran a nuestros compañeros así que nos movilizamos”.

Para entonces, afirma Rosalinda, ya habíamos aprendido que la “organización es interna”, aunque solicitan acompañamiento de organizaciones civiles, las decisiones son suyas, así lo describe. Pidieron apoyo a la Sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que les proporcionara un abogado que llevara el caso de quienes se encontraban presos y luego de tres meses se logró su liberación.

En en enero y marzo de 2012, producto de los enfrentamientos en medio de la “resistencia”, que la comunidad hasta hoy continúa, fueron asesinados Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez hechos sobre los cuales siguen exigiendo justicia.

“El coraje me hizo involucrarme cada vez más. Por que la injusticia era para nosotros, para la comunidad”, comparte Dionisio.

El conflicto continuó, las obras de la empresa que han generado, a decir de Dionicio, ruido por las noches que impide el descanso ya que la obra están a escasos 2 kilómetros de la comunidad, enfermedades producto del desecho de residuos tóxicos, entre ellos, malformaciones y abortos espontáneos, esto en medio de negativas a hacer estudios del aire, y de que no se cuente con un registro médico ya que, afirma, “las clinicas están controladas por la empresa y los registros se detallas a modo para que no haya evidencias”.

Para 2015, la organización, valora Dionisio, siguió prosperando, “a pesar de las dificultades”, y el 30 de noviembre, nueve ejidos y comunidades de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declaran su territorio “prohibido para la minería”.

Denuncian, mediante un comunicado que en los últimos diez años el gobierno federal había concesionado alrededor del 90 por ciento del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto hubiera implicado un proceso de consulta y “consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos”, acusaron.

A pesar de esto, hace tres días, las comunidades volvieron a denunciar que no solo no se habían detenido las obras sino que habían detectado una “extensión del proyecto”, derivado del: “interés por ampliar el proyecto minero, ha invadido nuestros ejidos y comunidades realizando trabajos de exploración a partir de barrenaciones y explosiones en nuestros límites, sin los permisos respectivos de la SEMARNAT, provocando ruidos intensos y polvo excesivo, sobre todo durante la noche. Estas acciones violan sistemáticamente nuestro derecho a la autonomía territorial”, y exigieron, nuevamente, la cancelación de los proyectos.

La imposición del proyecto minero en Valle de Ocotlán viola el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha sido “violentado” ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

No se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de Atenco, en el Estado de México, y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla, son algunos ejemplos.

Al respecto, más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia realizaron un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

Como en el caso del megaproyecto minero en la Sierra de Ocotlán, el informe señala la poca o nula consulta que las empresas aplican en la comunidad al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constate y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

Por otro lado, Cemda, resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones…”.

El informe coloca a Oaxaca como la segunda entidad federativa con mayor número de ataques a defensores del medio ambiente con 13 casos, solo tres menos que las perpetradas en Sonora, que ocupa el primer lugar.


“Esta lucha ha valido la pena porque queremos vivir en un ambiente sano, limpio, como recordamos nuestras comunidades. Es nuestra madre tierra, la que nos alimenta para sobrevivir. Nos toca entonces cuidarla, no destruirla. Yo ya soy adulta, pero vienen otras generaciones que merecen calidad de vida y si en San José nos rendimos, será fácil invadir todo”, finaliza Rosalinda, quien a vivido en San José del Progreso los 33 años de su vida y afirma, seguirá defendiéndolo.

INFORMES

México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHE RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/dano-ambiental-enfermedades-y-destruccion-del-tejido-social-provoca-mina-en-valle-de-ocotlan-oaxaca/

“Sentencia ridícula y desmedida contra Luis Fernando Sotelo”: Organizaciones

Con una condena de 33 años y 5 meses de prisión es sentenciado Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien aseguraron autoridades, deberá pagar una multa de 519 mil 815 pesos; 5 millones 461 mil 559 pesos por los daños a una unidad, del metrobús, cuyo costo asciende a 2 millones 566 mil 219 pesos, así lo informó el periódico El Financiero.

Dicha sentencia fue calificada por la Campaña Luis Fernando Sotelo Libre, como: “ridícula y desmedida” ya que, aseguran: “no existe ninguna prueba en su contra”.

Sobre estos hechos, El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el Congreso Nacional Indígena (CNI), mencionaron en su: “Parte de guerra y de resistencia # 44”, colocaron el caso de Sotelo como un ejemplo de “la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios” por lo que en sus demandas exigen su libertad.

Por su parte, el Colectivo de Kaosenlared, quienes se definen como “personas conocidas desde hace años por nuestra lucha por la libertad de información, por la comunicación alternativa, por garantizar voz a los que en otros medios la tienen vedada, en definitiva por nuestra batalla anticapitalista”, opinó en su portal que: “Esta es una sentencia que responde a la política de represión y criminalización del Estado Mexicano, comenzando por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera quien pretende condenar a nuestro compañero sin ninguna prueba y colocándole una pena ridícula y desmedida”, luego de que a un año y nueve meses de proceso, Sotelo fuera sentenciado por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataque y daño calificado a la paz pública.

Por otro lado, Kaosenlared incluye, en su publicación, el mensaje de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR), de la que Sotelo es integrante, y en el que se afirma que: “El gobierno de Miguel Ángel Mancera se ha caracterizado por su intolerancia, por el uso brutal de su banda de golpeadores agrupados en sus policías. Se ha caracterizado por la impartición de la injusticia a través de sus jueces y ministerios públicos que trabajan sólo de consigna”.

RvsR asegura que Luis Fernando no está preso por las razones jurídicas que “alude la justicia capitalina”, pues, en su opinión, las acusaciones en su contra “son sólo un pretexto para ejemplificar el castigo del Estado a quienes se solidarizan con las luchas sociales y sus demandas de justicia y de dignidad” ya que, detallan, Sotelo participó en actos de “solidaridad, dicen”, por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras movilizaciones sociales.

“Lo tienen secuestrado por esas razones”, aseguran, por lo que anunciaron emprenderán una campaña para su liberación, “A nosotras, a nosotros nos corresponde organizarnos, arrancárselo a los criminales encabezados por el dictadorcillo de Mancera. Luis Fernando no estará preso 33 años. ¡Estará libre! Gracias a la lucha por la lucha y libertad de nuestro pueblo”, sentenciaron.

Por su parte, el portal Kaos en la Red, publicó sobre el sentenciado que se trata de “un activista perteneciente a colectivos adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandon a y cercano a la Red Contra la Represión y por la Solidaridad. Cursaba el bachillerato en la UNAM en el sistema semi abierto. Comprometido con la lucha estudiantil y el trabajo comunitario en acompañamiento al Congreso Nacional Indígena, también fue parte del movimiento en contra de la alza de la tarifa del metro y de la lucha por la liberación de Mario González”.


Los hechos por los que se acusa a Sotelo se dieron aproximadamente a las 18 horas del 5 de noviembre de 2014, cuando un grupo de personas, entre las que se presume se encontraba Sotelo, lanzaron objetos con fuego hacia el piso de una unidad del Metrobús cuando este llegada a la estación Ciudad Universitaria, ubicada en Insurgentes Sur.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/sentencia-ridicula-y-desmedida-contra-luis-fernando-sotelo-organizaciones/

El Congreso busca restringir acceso a parejas a la reproducción asistida

Una iniciativa presentada por la priista Sylvana Beltrones, y aprobada por diputados en comisiones, plantea que sólo las parejas casadas tengan acceso a la reproducción asistida y en el caso de maternidad subrogada solo sea bajo indicación médica.

Sólo las parejas casadas tendrán acceso al servicio de salud de reproducción asistida y, en caso de requerir gestación sustituta (o maternidad subrogada), sólo será por instrucción médica y entre familiares. 

Lo anterior es parte de la iniciativa presentada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sylvana Beltrones, y que fue aprobada este 21 de septiembre por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.


“Sin lugar a duda contar con una regulación en la Ley General de Salud que reconozca el acceso a las técnicas de Reproducción Humana Asistida (RHA) como parte del ejercicio de los derechos humanos es importante; sin embargo, dicha iniciativa establece una serie de consideraciones discriminatorias para el acceso a este tipo de técnicas“, indicó sobre la ley el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).

Discriminatoria porque establece como requisito para acceder a los servicios de reproducción asistida que las parejas “sean unidas en matrimonio, (lo que) resulta discriminatorio para las personas solas o para las parejas no casadas legalmente. Es por ello, que el Estado no debe establecer normas que excluyan a nadie por razón de su estado civil ni tiene la potestad jurídica de determinar un criterio modelo de familia”, agregó GIRE.

“Vulnera el principio de igualdad y no discriminación al basar el acceso a la Reproducción Humana Asistida a diversas categorías prohibidas por el artículo 1 de la Constitución como el estado civil, la nacionalidad o la orientación sexual”, detalla el documento de GIRE.

La aprobación de esta iniciativa en comisiones justo ocurre en un momento en que en México grupos de la iglesia se han manifestado en contra de la ley de matrimonio igualitario que presentó hace cuatro meses el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que atenta contra el esquema tradicional de familia.

Maternidad subrogada

Por ello, la directora de GIRE, Regina Tamés, dijo a Animal Político que “en este contexto, que alguien del PRI presente una iniciativa así es un descaro, es absurdo”.

En relación con la maternidad subrogada, Tamés explicó que la iniciativa de Beltrones no tiene una postura científica que respalde que para la gestación sustituta debe haber un vínculo de parentesco, y además “sin considerar, incluso, que ha habido problemas cuando se trata de eso. O que alguien prefiere que el vientre sustituto sea una completa extraña”.

Animal Político buscó a la diputada Sylvana Beltrones para hablar sobre su iniciativa, pero no estuvo disponible.

“El condicionar que la mujer gestante tenga un vínculo de parentesco con una persona de la pareja solicitante no encuentra justificación alguna, la propuesta no contempla los supuestos en los que las personas solicitantes no tengan familia o éstas no acepten participar, motivo por el cual la propuesta de ley excluye a las personas que se encuentren en este supuesto, estableciendo características discriminatorias en la redacción de la norma”, detalla GIRE.

Además, la iniciativa de la priista dice en el artículo 71 Bis 9 establece que la mujer gestante tiene la obligación de preservar en todo momento las condiciones de salud que permitan el sano desarrollo del embrión, feto, niña o niño.

Y en caso de no cumplir con dicha obligación, se le impondría –de acuerdo con la propuesta del artículo 462, que establece los delitos– “una pena excesiva, innecesaria y desproporcionada, vulnerando con ello los derechos de las mujeres gestantes, ya que dicha medida no es objetiva ni razonable, motivo por el cual el instrumento de gestación debe establecerse respetando los derechos humanos de las personas involucradas, de manera especial los derechos reproductivos”, según GIRE.

Beltrones detalla en su iniciativa que no debe haber fines de lucro al hablar de maternidad subrogada. Sin embargo, “restringir la gestación subrogada únicamente a su realización de forma gratuita, viola los derechos humanos a la libertad del trabajo y al ejercicio libre de una profesión comprendidos en el artículo 5 de la Constitución. Por lo tanto, se debería permitir la gestación onerosa, en lugar de sancionarla, pues de otra manera únicamente se fomenta el mercado clandestino de dicha práctica”.


Por lo anterior, la recomendación de GIRE es que “el Pleno de la Cámara de Diputados vote contra el Dictamen de reforma a la Ley General de Salud en materia de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, por tratarse de una regulación claramente discriminatoria por motivos de estado civil, nacionalidad y orientación sexual y por lo tanto violatoria de la Constitución” mexicana.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/ley-reproduccion-asistida-gestacion-subrogada/

PGR reduce casi a la mitad el número de fiscales, ministerios públicos y policías investigadores

Pese al repunte de la violencia en todo el país, en los últimos 10 años, la PGR ha reducido el número de fiscales, ministerios públicos y policías investigadores.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha perdido casi a la mitad de su personal destinado a la investigación de delitos y la detención de probables responsables en los últimos 10 años.

El número de policías ministeriales se ha reducido de forma sostenida, mientras que en el caso de ministerios públicos se ha reducido en la actual administración.

En promedio anual, la PGR tiene un solo agente ministerial para investigar 34 averiguaciones previas abiertas por delitos federales

Datos obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia, revelan que en 2006 la PGR contaba con más de seis mil agentes adscritos a la llamada Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se trataba de la fuerza policial creada unos años atrás en sustitución de la policía judicial federal y cuya tarea era investigar todos los delitos federales.

En los años siguientes el número de agentes de la AFI se fue reduciendo casi de forma sostenida hasta llegar a tres mil 185 en 2012. En este periodo se fortalecieron los exámenes de control de confianza que derivaron en la salida de policías.

El número de policías ha seguido a la baja con la actual administración aunque de forma menos pronunciada. Al cierre de 2015, la PGR informó que tenía tres mil 124 policías ministeriales, que representan una disminución del 48.5 por ciento respecto al estado de fuerza de 2006.

En mayo de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam acusó que las administraciones pasadas prácticamente “habían desmantelado” la capacidad de investigación de la dependencia pues numerosos agentes fueron trasladados a la Policía Federal dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

“A la Procuraduría se le exige que primero investigue y luego consigne, y no tiene con qué investigar, se le puso un rol a la policía que tenía la Procuraduría, digo, que tenía, porque ya no son policías, resulta que los usamos para custodios, para grupos de seguridad y para traslados”, dijo en aquel momento Murillo.

Para revertir esta situación el procurador anunció que se contratarían por lo menos a dos mil nuevos agentes para la Policía Federal Ministerial con el objetivo de fortalecer su estado de fuerza y capacidad de investigación. Las cifras oficiales proporcionadas por la PGR revelan que esto no ocurrió.

Pocos fiscales y no especializados

La información a la que tuvo acceso Animal Político revela que en el sexenio de Felipe Calderón se incrementó el número de personal ministerial (fiscales, agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios) de la PGR, contrario a lo que sucedió con los policías. Pasó de 2 mil 185 en 2006 a cinco mil 38 en 2012.

Pero a partir del primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se comenzó a reducir el personal ministerial de la PGR de forma sostenida; en 2013, la dependencia reportó cuatro mil 906 fiscales y ministerios públicos; en 2014 fueron tres mil 233; en 2015 son tres mil 171; y en 2016 la cifra fue de dos mil 904.

Es decir, en los últimos cuatro años la PGR ha perdido al 43 por ciento de su equipo ministerial.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al cierre de 2015 había 100 mil 443 averiguaciones previas abiertas por delitos federales. Esto significa que aun cuando se repartieran todos los expedientes entre fiscales, agentes del MP y sus auxiliares, cada uno tendría que investigar o resolver 34 casos al menos.

¿Y qué ha ocurrido con la reestructuración de PGR?

En 2013, el titular de la PGR Jesús Murillo Karam anunció un plan de reestructuración profundo de la dependencia que incluso fue enviado al Senado, y cuyo objetivo era elevar la calidad de las investigaciones en la dependencia, mejorar la coordinación y atención de los delitos,  y abatir la impunidad.

Como parte de las acciones específicas la estrategia planteaba la especialización de los agentes ministeriales por materia. Es decir fiscales y MP con especialidad en delitos federales específicos como puede ser lavado de dinero,  narcotráfico, secuestro, trata de personas, etcétera. Murillo habló del reclutamiento en universidades de candidatos

Se solicitó vía transparencia a la PGR cual era el número de agentes especializados pero la respuesta fue que “no existe tal preparación especial”.

“En el ámbito de sus atribuciones y facultades los Agentes del Ministerio Público de la Federación les corresponde conocer cualquier tipo de comisión del delito”, agregó la dependencia.

Metas incumplidas

A dos años de que termine el sexenio, la PGR no ha conseguido cumplir la mayoría de las metas que se planteó dentro del Plan Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, y en algunos indicadores incluso hay un retroceso.

Los datos revelados en el Cuarto Informe de Gobierno revelan, por ejemplo, que  en 2016 el porcentaje de casos desechados o devueltos por los jueces federales por carecer de pruebas o estar incompletos es de 23.8 por ciento, es decir, casi la cuarta parte de todas las investigaciones que consigna la PGR.

La meta para 2018 es que apenas el 8 por ciento de los casos sean devueltos pero en realidad este indicador cada vez se ha hecho más grande. En 2012 solo el 10 por ciento de los casos eran devueltos.

En 2014, a la PGR le tomaba en promedio 247 días integrar una averiguación previa y resolverla. Para 2018 se fijó la meta de reducir ese tiempo a 200 días pero en 2016, a la dependencia le lleva aún más tiempo resolver un caso: 280 días en promedio.

Otro caso es el de las órdenes de aprehensión cumplidas con éxito. La meta es llegar al final del sexenio con un promedio de 37 por ciento de cumplimiento de las órdenes giradas pero el promedio en 2016 apenas es de 20 por ciento.


La PGR también llegó este año a su porcentaje más bajo de casos consignados que terminan con el auto de formal prisión o de vinculación a proceso de los acusados: solo 62 por ciento de los casos, cuando al principio de la actual administración  su porcentaje de eficacia en este rubro era del 74 por ciento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/pgr-recorta-personal-policias/

Son 20: Un funcionario, un socio de Zhenli Ye Gon, Rafa Márquez, VW, etc. SAT les perdona 1,586 mdp

La caída del peso frente al dólar, la disminución de ingresos petroleros y el déficit presupuestal son algunos de los factores que hacen de México un país con las condiciones menos propicias para eximir a los contribuyentes del pago de créditos fiscales. Así lo explica Daniel Márquez Gómez, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) canceló y condonó, entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2016, un monto total de 50 mil 845 millones 151 mil 387 pesos, que equivale a la suma del presupuesto invertido por el Gobierno federal en proyectos de salud, educación y seguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016. Este monto también corresponde a 1.4 veces el presupuesto asignado a la UNAM durante este año.

Al otorgar beneficios fiscales –como la cancelación o condonación de créditos– el Estado “emite un mensaje de impunidad, además de reforzar la inequidad entre ricos y pobres: hay gente que no tiene dinero y debe pagar, pero también hay quien tiene dinero y no paga porque el poder político es su amigo”, dice Juan Manuel Ortega Maldonado, especialista en Derecho Fiscal e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en entrevista con SinEmbargo.
“Puede existir una política fiscal que beneficia de manera ilegítima al empresario en detrimento de otra clase de contribuyentes. Hay una facultad discrecional del SAT para hacer las condonaciones, porque la puede aplicar a quien ellos consideren en términos de sus propios criterios”, coincide el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El SAT, sin embargo, sostiene que “los requisitos que aplican en la condonación ya no están en un manual interno, están en las reglas que conocen todos los contribuyentes”, quienes pueden recurrir a instituciones como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para tener acceso a los mismos beneficios fiscales. Así explica el licenciado Lizandro Núñez Picazo, Administrador General de Recaudación de este órgano.

Entre las personas físicas a las que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les ha perdonado el pago de sus obligaciones fiscales desde mayo de 2015 están un funcionario estatal de Tamaulipas, el socio del narcotraficante Zhenli Ye Gon y un comerciante de la Central de Abastos que pertenece a una asociación para “proteger a las familias católicas”.

En el caso de las personas morales, hay armadoras de automóviles como Volkswagen, clubes nocturnos como Baby’O y empresas de publicidad como Young and Rubicam.

A continuación se presentan los detalles correspondientes a una muestra de 20 personas y empresas a las que el SAT les condonó o canceló créditos fiscales, que suman un total de mil 586 millones 007 mil 074 pesos.

JORGE ALBERTO CLOUTHIER HERRERA: FUNCIONARIO EN TAMAULIPAS

MONTO CANCELADO: 103 MILLONES 044 MIL 167 PESOS

El nombre de Jorge Alberto Clouthier Herrera es el quinto en la lista de créditos fiscales condonados y cancelados por el SAT con 103 millones 44 mil 167 pesos. De acuerdo con la base de datos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el sector al que corresponde su número en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es el de Recursos Naturales, en el subsector Ganadería.

Su nombre aparece en el portal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET) en Tamaulipas y en una lista de funcionarios de ese estado, por lo que este medio digital intentó contactarlo en el teléfono que consta en el sitio web de la SEDET.


La respuesta fue que Clouthier Herrera tenía un cubículo en esa dependencia, en el que fungía como enlace para el Fondo Tamaulipas, pero en una fecha reciente (desconocida por los empleados de la SEDET) lo cambiaron de puesto y el personal no tiene información sobre cuál es su empleo actual.

RODOLFO CORREA ORNELAS: EL “CABALLERO DE COLÓN”

MONTO CANCELADO: 50 MILLONES 552 MIL 628 PESOS

Correa Ornelas es uno de los miles de comerciantes de la Central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Opera en los sectores de abarrotes, carnes, pescados, leche, frutas o verduras, pan y pasteles al por mayor. De acuerdo con Los Papeles del Hacienda, a este personaje le fueron cancelados más de 50 millones de pesos de impuestos.

Además de comerciante, Correa Ornelas aparece listado como Diputado de Distrito de la Jurisdicción México Sur, en la capital del país, de los Caballeros de Colón, agrupación fundada en 1882, en Connecticut, Estados Unidos, por el sacerdote Michael McGivney para “proteger a las familias católicas”.

Esta organización poseen una aseguradora católica que en 2015 tuvo más de 100 mil millones de dólares en ingresos por seguros de vida vigentes en todo el mundo. En sus estatutos señalan que no invierten en empresas que lucran con abortos, contracepción, investigación de células madre humanas y pornografía.

Sus cifras sólo han ido en aumento durante los últimos 15 años y hacen constantes donaciones a la Iglesia católica. Uno de sus programas ha otorgado 67 millones de dólares en becas a hombres y mujeres de vocaciones religiosas.

La agrupación está en contra de posturas ajenas a su fe como los matrimonios homosexuales. En años previos, su “guerra” fue contra el uso del condón.

JUAN JOSÉ ESCANDÓN PAZ: EL SOCIO DE ZHENLI YE GON


MONTO CANCELADO: 25 MILLONES 298 MIL 872 PESOS

Escandón Paz está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como contribuyente dedicado al sector de impresión, madera, papel, cartón y pañales. Es socio del narcotraficante Zhenli Ye Gon, quien fue condenado a 20 años de cárcel cuando le fue comprobado el delito de delincuencia organizada entre 2004 y 2006.

Él era el encargado de intercambiar pseudoefedrina en la Ciudad de México y recibir el pago. Según lo referido por la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en el distribuidor más importante de la organización a la que le fueron incautados 205 millones de dólares en su residencia de las Lomas de Chapultepec.

CORPHOMED, S.A. DE C.V.: LA EMPRESA QUE DEFRAUDÓ AL IMSS

MONTO CANCELADO: 98 MILLONES 395 MIL 425 PESOS

Esta empresa, de acuerdo con su registro en el SAT, realiza actividades relacionadas con la fabricación de equipo médico, deportivo, juguetes, farmacéuticos y perfumería y otros productos. Fue sancionada por incumplimiento de pagos; sin embargo, de acuerdo con los contratos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Gobierno federal, recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mil 107 contratos por 314 millones 413 mil 317 pesos entre 2004 y 2008.

También está incluida en el Padrón de proveedores del estado de Yucatán y del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México, así como de la Asamblea Legislativa de esa entidad.

En 2011 fue registrada la desaparición de equipo médico integral de radioterapia con acelerador lineal para atender cáncer de mama y cérvico-uterino. Este material fue comprado a Corphomed vía Adjudicación Directa, por lo que seis funcionarios de la Secretaría de Salud de Oaxaca comparecieron ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Las investigaciones apuntaron al Secretario de Salud de Ulises Ruiz, Martín Vázquez Villanueva y al ex titular del Seguro Popular, Aarón Pérez Bautista. Corphomed aseguró entregar el equipo de 2008, pero según la PGR hay firmas y sellos falsificados.

De acuerdo con diversas notas de prensa, Corphomed ha brindado servicios a los gobiernos de Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. De esos 16 contratos, el monto percibido por esta empresa asciende a 611 millones 755 mil 937 pesos.

EXCELENCIA EN EVENTOS GASTRONÓMICOS, S.A. DE C.V.: LA LIMPIEZA DEL AICM

MONTO CANCELADO: 171 MILLONES 722 MIL 484 PESOS

Esta empresa fue una de las principales contratistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para realizar servicios de limpieza. En 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le adjudicó un contrato por 9 millones 822 mil 966 pesos sin licitación de por medio para la Limpieza en general, lavado y tratamiento de alfombras para la Terminal 1.

Ese mismo año, en el AICM mil trabajadores de limpieza sindicalizados realizaron un paro de labores para obtener un aumento salarial.

El dueño de la empresa es Fernando San Román Cervantes, a quien también le pertenecen Grupo CTR y Siclil, concesionaria del Transporte Colectivo Metro, de Sacjav y Siklin. Todas son empresas relacionadas con los servicios de limpieza.

Tan sólo de Excelencia en Eventos Gastronómicos obtuvo 237 millones 174 mil 505 pesos a través de contratos otorgados por adjudicación directa. Al sumar las adjudicaciones ganados por sus otras empresas, el monto asciende a mil 635 millones 114 mil 674 pesos en seis años.

MÍRAME Y NO ME TOQUES, S.A. DE C.V.: GASTÓ UN MILLÓN DE PESOS Y DESAPARECIÓ

MONTO CANCELADO: 456 MILLONES 453 MIL 955 PESOS

En 2011, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contrató a esta empresa por un monto total de 4 millones de pesos etiquetados como “gastos de propaganda”, de acuerdo con la lista de relación de proveedores del partido correspondiente a ese año.

En ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó a la hoy extinta Secretaría de la Reforma Agraria y encontró que el Programa de Fomento al Desarrollo Agrario, ejerció 5 mil millones de pesos para la realización de eventos realizados en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del Edomex.

Cinco de los prestadores de servicios (hospedaje, alimentación, transporte, papelería, renta de salones y equipo audiovisual), para estos eventos eran empresas de publicidad y “en las facturas no existía un desglose de los mismos para conocer los lugares en que se hospedaron las personas, cantidad de unidades que se utilizaron para su transportación, número de servicios de alimentos prestados, entre otros”. Mírame y No Me Toques estaba en esta lista con un contrato por un millón de pesos.

Como parte del protocolo en estos casos, la ASF realizó visitas a los domicilios señalados por las empresas. Mírame y No Me Toques fue una de las empresas a las que la dependencia no logró ubicar. Sus representantes legales no atendieron los citatorios, por lo que, de acuerdo con el informe de la dependencia, no fue posible constatar “la correcta aplicación de los recursos por 1 millón de pesos”.

La ASF instruyó al SAT para que auditara a la empresa y como resultado, esta aparece desde el 17 de julio de 2014, en la lista de empresas vendedoras de facturas de operaciones inexistentes, es decir, de defraudadoras fiscales.

VOLKSWAGEN MÉXICO, S.A. DE C.V.: AL “RESCATE” DE PUEBLA


MONTO CONDONADO: 56 MILLONES 147 MIL 126 PESOS

Esta empresa tiene 16 mil empleados en Puebla: cuatro mil administrativos y 12 mil técnicos. Desde 2013, el Gobierno de esa entidad ha entregado 753 millones 686 mil pesos a la armadora por concepto de “subsidio de inversión”. Sin embargo, la corporación aumentó el salario de sus trabajadores en 4.5 por ciento.

Hace un año, en septiembre de 2015, el escándalo dieselgate destapó la manipulación de esta empresa en todo el mundo para modificar sus medidores y hacer creer que los autos emitían menos contaminantes. Las consecuencias fueron una pérdida de 40 por ciento de su valor en el mercado. Además, en México, la armadora frenó la recontratación de mil trabajadores eventuales por el panorama incierto que enfrenta.

No obstante, Volkswagen México, S.A. de C.V. reportó ante la Bolsa Mexicana de Valores activos por un monto total de 121 mil 251 millones de pesos durante 2015, un incremento de 14 mil 20 millones de pesos con respecto a 2014.

GRIP FORUM ARTE, DISEÑO Y CINEMATOGRAFÍA, S.A. DE C.V.: PROVEEDORA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y DEFRAUDADORA FISCAL

MONTO CANCELADO: 492 MILLONES 690 MIL 176 PESOS

Esta empresa obtuvo un contrato del Partido Nueva Alianza en 2011, por 92 mil 800 pesos para la producción de spots. Está incluida en la “lista negra” del SAT, en donde este órgano da a conocer a las corporaciones que emiten facturas falsas.

La PGR inició una investigación por lavado de dinero y defraudación fiscal en la que detectó a seis empresas que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de esta dependencia, obtenían facturas falsas para lavar dinero. Esto fue publicado por el diario Reforma en diciembre de 2013. Entre esas empresas estaba incluida Grip Forum.

En un documento de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, del 15 de octubre de 2014, se notificó que la empresa no se apersonó ante la autoridad fiscal ni ofrecieron prueba alguna de su existencia.

Grip Forum fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por incumplir servicios para los que fue contratada por la Secretaría de Salud.

El convenio se realizó durante la administración de José Ángel Córdova Villalobos y se concluyó que varias empresas fueron contratadas para realizar “trabajos fantasma” con facturas apócrifas por “conceptos millonarios”.

De acuerdo con la ASF de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Grip aparece como una de las empresas con las que se celebraron contratos para la elaboración, monitoreo, evaluación y verificación de los servicios de comunicación social y publicad 2010. A Grip Forum le habrían correspondido 420 mil pesos.

“Al respecto, la entidad fiscalizada no demostró que previo a la formalización de los contratos para los servicios de producción de los spots empleados, así como para los servicios de verificación de medios complementarios de publicidad, realizó las investigaciones de mercado a fin de conocer diferentes ofertas en cuenteo a precio, calidad y capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado, que le permitiera evaluar la efectividad de los medios o proveedores; y buscar las mejores condiciones para el Estado, en términos de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por lo que el ejercicio de los recursos no se efectuó con la debida eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

En lo que respecta a Grip Forum, se señala que la entidad fiscalizada no evidenció contar con los estados de cuenta de los servicios prestados, “por lo que no se demostró que el servicio haya sido devengado”.

El SAT la incluyó dentro de la lista de empresas que emiten facturas falsas y se presumió la inexistencia de las operaciones amparadas con dichos comprobantes.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

MONTO CONDONADO: 51 MILLONES 903 MIL 905 PESOS

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue fundado en 1936 por iniciativa del entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río y el senador Juan de Dios Bátiz. Sus fundadores lo concibieron como un motor de desarrollo y espacio para la igualdad.

En 2016, esta institución recibió 15 mil 468.8 millones de pesos como presupuesto. Ese monto representó un incremento de 250 millones de pesos con respecto al año anterior. El dinero, de acuerdo con el IPN, estuvo destinado a infraestructura.

De acuerdo con Enrique Fernández Fassnacht, director general del IPN, esta fue la única institución educativa de nivel superior que recibió un aumento de esa magnitud.

El aumento vino después de que en 2015 Enrique Mata Campanato, director de recursos materiales y servicios de esa institución, renunciara a su cargo por haber desviado 171 millones 393 mil 561 pesos durante el paro realizado ese año.

YOUNG AND RUBICAM, S.A. DE C.V.

MONTO CONDONADO: UN MILLÓN 788 MIL 874 PESOS

Young and Rubicam es una agencia de publicidad, fundada en Nueva York en 1923. Tiene 186 oficinas con 6 mil 500 empleados en 90 países del mundo. La oficina en México se ha posicionado a nivel internacional. Tan sólo el año pasado fue nominada en el Festival Internacional de Cannes Lions con la campaña especial para los Juegos Olímpicos “I am your fan”; fue una de las cinco empresas de publicidad mexicanas que lograron la nominación.

Al frente de la agencia en México está el publicista Héctor Fernández, catalogado como uno de los mejores creativos del país. Fernández ha trabajad con marcas como Volkswagen, Mattel, Pepsi, Mercedes-Benz, Telcel, Iusacell, BMW y Nestlé.

La empresa afirma en su sitio web que es la más grande en su área en Latinoamérica, “con acceso ilimitado a recursos y experiencia, respaldados con herramientas de planeación estratégica únicas”.

BABY’O

MONTO CONDONADO: 57 MIL 411 PESOS

Al club nocturno icónico del puerto de Acapulco, Guerrero, le fueron condonados 57 mil 411 pesos. Baby’O fue inaugurado en 1976, nombrado en honor a una canción interpretada por Dean Martin. Eduardo Césarman es el dueño de esta empresa y Carlos “Gardel” Pietrasanta es el director general.

El periodista Aníbal Santiago documento en la revista Quién que, durante 40 años, celebridades como Luis Miguel, Mauricio Garcés, Rod Stewart o Manuel Mijares han sido clientes frecuentes del lugar. También políticos o parientes de políticos como Carmen Romano, Miguel Alemán y Enrique Peña Nieto, aunque este último sólo lo ha visitado dos veces, de acuerdo con el dueño.

Este negocio logra reconciliar lo que parece incompatible, relata Aníbal Santiago en esa publicación. Al club nocturno lo mismo asisten Jorge Emilio González, “el Niño Verde”, que Alfredo del Mazo Maza o Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean. Una vez dentro, “todos son cuates y se sientan juntos y brindan juntos”.

FÚTBOL Y CORAZÓN, A.C.


MONTO CONDONADO: 108 MIL 798 PESOS

También conocida como Fundación Rafa Márquez, esta asociación civil tiene sede en Zapopan, Jalisco, y el SAT le condonó el pago de más de 108 mil pesos.

La fundación, propiedad del futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez, declara en su sitio web que la visión bajo la que trabaja es establecerse “como una institución de promoción social con un amplio sentido de responsabilidad y profesionalismo. Con presencia a nivel nacional; transparente en el manejo de recursos y encausando todos nuestros esfuerzos a beneficios de la niñez Mexicana”.

El último informe anual que presenta Fútbol y Corazón en formato digital es la que corresponde al año 2014. En este, reporta ingresos totales por 21 millones 899 mil 510 pesos, de los cuales, 19.4 millones fueron donativos en efectivo. De acuerdo con este mismo documento, durante ese año los egresos fueron de 21 millones 94 mil 198 pesos, lo que dejó un remanente de 805 mil 312 pesos.

El hombre cuyo nombre lleva esta asociación civil llegó a ganar 6.5 millones de dólares al año cuando jugaba en el equipo español Fútbol Club Barcelona, fue uno de los jugadores mexicanos mejor pagados en el extranjero. En ese momento, su salario semanal equivalí a 135 mil dólares.

DELICIAS DE NUEZ, S.A. DE C.V.

Monto cancelado: 42 millones 870 mil 632 pesos

Fundada en 2002, es una mediana empresa en Delicias, Chihuahua, dedicada a la fabricación de frutos secos y semillas tostados. El nombre de su dueño, Pedro Ruvalcaba Plascencia, apareció involucrado en 2011 en un presunto fraude cometido en contra de la financiera Ex Im Bank, de Estados Unidos, por 22 millones de dólares. El orquestador principal fue el consultor financiero Manuel Ernesto Ortiz Barraza.

El mismo año, Ruvalcaba Plascencia se deslindó del caso. Si se había generado una demanda en contra de varios empresarios mexicanos que solicitaron crédito, fue porque el intermediario (en su caso Peter Swain de la empresa Chancery Export Finance LLC) puso en la solicitud que el recurso era para activos y no para “capital de trabajo” para lograr una comisión en la colocación de crédito ante el Ex Im Bank.
El 25 de enero de 2013, Ortiz Barraza –el orquestador del fraude- fue extraditado a Estados Unidos. Ruvalcaba Plascencia continúa al frente de Delicias Nuez, S.A.

Otras empresas incluidas en la lista son:

PRODUCTOS ROCHE, S.A. DE C.V.

Monto condonado: 28 millones 737 mil 950 pesos.

ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS

Monto condonado: dos millones 96 mil 947 pesos.

HEINZ MÉXICO, S.A. DE C.V.

Monto condonado: un millón 476 mil 104 pesos.

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

Monto condonado: un millón 122 mil 36 pesos.

MAPFRE TEPEYAC, S.A.

Monto condonado: 427 mil 640 pesos.

COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.

Monto condonado: 150 mil 505 pesos.

HOLIDAY INN MEXICANA


Monto condonado: 961 mil 439 pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ALEJANDRA PADILLA, DANIELA BARRAGÁN, LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-09-2016/3095399