viernes, 23 de septiembre de 2016

Chedraui reporta ganancias por miles de millones sólo en México, y también obtiene perdón del SAT

La historia de la cadena de supermercados Chedraui pudo ser la perfecta historia de una empresa mexicana que triunfa aquí y en Estados Unidos. Una historia de finanzas positivas y estables, a pesar de lo competitivo del comercio retail y del consumo interno del país que ha ido a la baja. Pero hay claroscuros: durante los últimos dos años, trabajadores de las siete tiendas sindicalizadas de El Super, en EU, han mantenido una demanda judicial para exigir mejores condiciones laborales. El corporativo se ha negado a negociar y el litigio ha llamado la atención de la OCDE y de la Casa Blanca. En México, durante 2015, fue también beneficiada con un perdón del SAT por 974 mil 691 pesos.

Desde 2012 a 2015, el Gobierno federal le ha pagado a Tiendas Chedraui casi 657 mil 708 pesos a través de 251 contratos, consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La empresa, nacida en Veracruz hace 96 años, le ha cobrado incluso por “artículos de papelería” hasta dos o cuatro pesos.

Se trata de una cadena que en los últimos cinco años sólo ha tenido ganancias y buenas noticias. En 2015, a sus cuentas luminosas llegó otro beneficio: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le perdonó 974 mil 691 pesos de impuestos. Para Chedraui, esa cifra significa el 0.004 por ciento de las ganancias que obtuvo ese mismo año, que fueron de 20 mil 581 millones de pesos, de acuerdo conel reporte presentado a inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Es decir, si se ven sus ganancias, este consorcio no tendría por qué entablar deudas con Hacienda.

Vista como historia empresarial, la de Chedraui es una de éxito. Fundada el 23 de abril de 1920 en Xalapa, Veracruz, por Lázaro Chedraui Chaya y Anita Caram de Chedraui, desde siempre ha sido una empresa controlada por los miembros de la familia.

Comenzaron su expansión por todo Veracruz y en 1985 salieron de ahí para llegar al resto de los estados del país. En 1995 hicieron su primera inversión en el extranjero, con Bodega Latina, de la que actualmente controla el 84.85 por ciento del capital. De ahí surgieron las tiendas El Súper, en Estados Unidos, de las cuales a la fecha hay 54 establecimientos que registran ventas de 20 millones 129 mil pesos.

En 2005 crearon Súper Chedraui, pequeñas tiendas para las localidades de menos de 25 mil habitantes. En 2007 abrieron 27 tiendas Chedraui y Súper Chedraui, tan sólo en México. En total ya suman 244 tiendas en 25 estados.

Sus informes financieros muestran cómo a través de los años su nivel de operaciones fue en aumento. Incluso en 2015 anunció una expansión con la apertura de 10 nuevas tiendas, de las cuales nueve estarían en México y una en Estados Unidos.

Las razones para que Chedraui no pagara casi un millón de pesos de impuestos son desconocidas. El espíritu legal de una condonación es que beneficie a quienes menos tienen y deben. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) se apega al concepto legal del “secreto fiscal”, regido por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para no informar cómo logra una empresa ser eximida de pagos.


¿QUÉ PASA DENTRO DE CHEDRAUI?

El Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés) ha puesto en jaque a la empresa veracruzana al denunciar las precarias condiciones laborales que Chedraui, en su filial norteamericana El Súper, ha ofrecido a los trabajadores por años. La demanda, interpuesta ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, se hizo bajo los esquemas de acuerdos de México y Estados Unidos en materia de comercio comercial, en específico del acuerdo laboral del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Durante los últimos dos años, trabajadores de las siete tiendas sindicalizadas de El Super, han exigido mejores condiciones laborales. Durante ese mismo tiempo, la empresa ha empantanado las mesas de negociación, a pesar de que la Corte Federal le ordenó retomar el diálogo y recontratar a líderes sindicales que había despedido.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Gobierno de Estados Unidos se han manifestado a favor de los trabajadores e incluso participarán como intermediarios en las mesas de discusión que la empresa se ha negado a reanudar.
“Compañías lucrativas que registran multimillonarias ganancias, como Chedraui, y que reciben exenciones de impuestos por parte del Gobierno federal tienen la obligación de tratar a sus empleados con dignidad y respeto”, expone Rigoberto Valdez, vicepresidente de UFCW.

Pero, ¿por qué Chedraui no tiene los mismos problemas en México? Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo explica.

“La realidad aquí es diferente. Las prácticas utilizadas por Chedraui son las generales en todas las empresas del sector”, dice el abogado. El especialista añade que Chedraui tiene una política cuyo objetivo es obtener más ganancias a costa de pagar menos salarios.

“En esta situación, se contratan trabajadores por honorarios, que no corresponde a la materia laboral sino a la materia civil y corresponde cuando un profesionista le presta servicios a otra persona, pero en ese caso el profesionista dicta las condiciones. Aquí se engaña a los trabajadores con contratos de honorarios, pero el trabajador tiene que estar subordinado a un patrón”, afirma.

Para Enrique Larios, Chedraui puede llamar colaboradores, visitantes o usar cualquier denominación, para referirse a sus trabajadores.
“La realidad es que prestan un trabajo de manera personal y subordinada a un patrón, que no paga impuestos ni salarios con la complacencia del Gobierno. Las autoridades no van a estas empresas a verificar quiénes están trabajando y quienes no y dejan simplemente que la vida transcurra y se hacen de la vista gorda”, explica.

Al 31 de diciembre de 2015, el 45.6 por ciento de los “colaboradores” estaban representados por sindicatos. En México están afiliados a 28 sindicatos separados y las relaciones laborales con cada uno de estos sindicatos se rigen por 243 contratos colectivos de trabajo, los cuales son negociados independientemente con cada sindicato.

Para Larios, en el número de sindicatos se debe observar la calidad de los dirigentes sindicales, que no son reconocidos y que manejan contratos de protección con sindicatos de papel, que no tienen ni una representación real. Muchos de ellos están adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y representan “la postración ante el Gobierno federal y los patrones”.

Mediante este método –el de tener muchos contratos colectivos y muchos sindicatos–, los trabajadores jamás son notificados a qué acuerdos llegan el sindicato y los patrones, y permanecen contratos colectivos que tienen los derechos mínimos de la Ley cuando, en teoría, éstos ofrecen aún más prestaciones, según el especialista.

En el informe financiero de Chedraui, que corresponde a 2015, se lee: “Nuestro éxito depende de nuestra capacidad de retener cierto personal clave, nuestra capacidad de contratar personal clave adicional y el mantenimiento de buenas relaciones laborales”.

Chedraui tiene contratados a 37 mil 716 “colaboradores” (44 por ciento mujeres y 56 por ciento hombres) y ocho mil tres empacadores voluntarios.

Al respecto presume en el mismo informe de la BMV: “Buscamos una buena calidad de vida para nuestros colaboradores y fomentamos la convivencia familiar, personal y laboral. En este sentido, nuestro plan de compensaciones es competitivo y equitativo; garantizamos igualdad de oportunidades para todos los colaboradores en materia de contratación, capacitación, desarrollo y promociones, todo ello de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo”.

En el caso de El Super, el UFCW representa a aproximadamente 600 empleados que laboran en siete tiendas. Esta tienda representa una cuarta parte de los ingresos netos de Chedraui y contribuye sustancialmente a la rentabilidad general de la empresa. Sin embargo, a pesar de su prosperidad, El Super se ha negado de manera consistente por tres años, a compartir esa bonanza con su planta laboral sindicalizada.
“Los trabajadores miembros del sindicato en El Super han venido luchando por más horas garantizadas para los empleados de tiempo completo, suficientes días por enfermedad pagados, un sistema justo de retiro y salarios dignos que les permitan sostener a sus familias. El Súper tiene toda la capacidad financiera para cumplir las demandas de los trabajadores pero la compañía, la cual opera bajo el control directo de Chedraui, no ha cumplido con esa responsabilidad. Chedraui no amerita las ventajas fiscales que el Gobierno de México le otorga”, comenta Rigoberto Valdez, líder del UFCW.

LAS LUMINOSAS CUENTAS

El Consejo de Administración de esta empresa está integrado por José Antonio Chedraui Eguia, como director general, y su padre, Alfredo Chedraui Obeso, quien es miembro del Consejo de la empresa desde su constitución, y de Bodega Latina Corporation desde 1997.

Para la revista Forbes, la de los Chedraui es una “fortuna de familia”, muy común en México. En 2014, esta revista los incluyó dentro de las 37 familias más ricas de México, entre la cuales suman 180 mil millones de dólares de patrimonio, el equivalente al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Los Chedraui fueron ubicados en el sitio 19 con una riqueza de 2 mil millones de dólares y Alfredo Chedraui llegó a la lista de multimillonarios en 2013.

Hay otros personajes que fungen como consejeros propietarios: Julio Gutiérrez Mercadillo, quien ha sido presidente de Starbucks Coffee en Europa, Medio Oriente y África y previamente fue presidente de Wal-Mart en Argentina; Olegario Vázquez Aldir, quien forma parte del Consejo desde 2004; Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis; Agustín Irurita Pérez, miembro del Consejo de Administración de diversas compañías en México, tales como Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. y Fincomún, S.A. de C.V., y Guillermo Ortiz Martínez, ex Secretario de Hacienda de México, ex representante de México ante el Fondo Monetario Internacional y ex Gobernador del Banco de México.

Actualmente Chedraui tiene en circulación 963 millones 917 mil 211 acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, que se cotizan en un precio promedio 52.82 pesos. El Súper Chedraui significó el 25.6 por ciento de los ingresos consolidados de 2015.

En el último año, la empresa alcanzó un valor de capitalización de 44 mil 282 millones de pesos. El 74 por ciento de sus ingresos proviene de México y el 26 por ciento de Estados Unidos.

LAS ACCIONES DE CARIDAD

La fundación que lleva su nombre, contribuye a dotar de hogares dignos a familias mexicanas de escasos recursos y sin acceso a créditos para la adquisición de vivienda. Donó también cinco millones 438 mil 857 kilos de alimentos durante 2015 y dio becas a alumnos de la Universidad Veracruzana.

Una de sus causas sociales en los que se han visto más comprometidos es que han empleado a menores de edad y adultos mayores como empacadores. Se ha demostrado que de eso obtienen ingresos, ya que es un servicio necesario de la tienda, pero emplean a personal sin contratarlos y ni mucho menos darles un salario. Estas personas viven tan sólo de propinas.

“En las palabras, Chedraui es altruista. Son tan dadivosos que ellos les dan (a menores de edad y ancianos) todas las facilidades para que ellos trabajen, pero no. Están viviendo del trabajo de las personas de manera gratuita. Estas personas lógicamente ya tienen un trabajo, aparentemente son muy buenas personas para darles el empleo, pero no pagan nada. ¿Cuál es la bondad? Sólo decir: ‘yo les doy trabajo’, porque realmente ellos dan un servicio que la empresa debe dar”, dice Enrique Larios Díaz.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2010, cuando estuvieron inmiscuidos en una denuncia de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito con Consupago, un Sistema de Crédito Paguitos que opera dentro de todas las tiendas Chedraui. Se trata de créditos que se van descontando vía nómina. Su eslogan es: “Cumplimos sueños con nuestras soluciones financieras”.

Según su portal en la Internet, para 2008 contaba con más de mil millones en cartera, “con crecimientos anuales por arriba del 200 por ciento”.


En Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome) trabajó José Manuel Díaz Flores, quien fuera acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada con Elba Esther Gordillo. De acuerdo con el SAT, Díaz Flores ingresó a la empresa una actividad denominada “otros servicios de apoyo a los negocios”, con los que tuvo ingresos 100 por ciento superiores a los reportados, que fueron de 1 millón 031 mil 927 pesos, cuando en realidad eran de 32 millones 361 mil 258 pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRO PADILLA, LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-09-2016/3095570

EU ficha a 4 mexicanos por lavar dinero para “El Chapo”; entre ellos, el sobrino de “El Mayo”

CIUDAD DE MÉXICO: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fichó a cuatro mexicanos por presuntamente dedicarse al tráfico de drogas y al lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa.

Los señalados son Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Antrax o El Mayito Flaco; los hermanos Alfonso Lira Sotelo, alias El Atlante; Javier Lira Sotelo, alias El Hannibal o El Carnicero; y Alma Delia Lira Sotelo.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), congeló sus bienes y prohibió a los ciudadanos estadunidenses realizar transacciones financieras o comerciales con ellos, lo anterior en el marco de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin).

“La organización de Eliseo Imperial Castro y Alfonso Lira Sotelo (El Atlante) dedicada al narcotráfico y lavado de dinero sirvieron para que el Cártel de Sinaloa expandiera su influencia en California”, declaró el director de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, John E. Smith.

Desde el arresto de El Atlante en septiembre de 2014, y de El Carnicero en septiembre de 2015, su hermana Alma Delia quedó a cargo de los negocios de la organización delictiva, como casas de cambio en Tijuana, para el lavado de dinero.

Mientras que a Eliseo Imperial Castro, quien cuenta con una acusación en su contra en la Fiscalía del Sur de California, se le señala de proveer servicios materiales y ayuda a su tío, el capo sinaloense Ismael El Mayo Zambada García.

Eliseo Imperial Castro, quien sigue prófugo y se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca datos que lleven a su captura, es ubicado también como un alto mando dentro de la organización de Los Ántrax, sicarios de élite del Cártel de Sinaloa.


La acción de fichar a las personas antes citadas, indicó la OFAC, fue tomada en coordinación con la Oficina Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), así como por la Oficina del Fiscal de EU para el Distrito Sur de California, y por el gobierno de México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456111/eu-ficha-a-4-mexicanos-lavar-dinero-chapo-sobrino-mayo

Alerta la CNDH sobre amenazas a periodistas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las amenazas que han recibido periodistas a través de las redes sociales y llamó a las autoridades a investigar para dar con los responsables.

“El incremento de este tipo de conductas desde las redes sociales debe merecer acciones encaminadas a su investigación por parte de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, con el fin de dar con los responsables y que no haya impunidad”, afirmó en un comunicado.

La Comisión señaló que tales amenazas que se relacionan con las investigaciones u opiniones que las y los comunicadores han manifestado en diversos medios.


“Este Organismo Nacional ha entrado en comunicación con las y los periodistas para ofrecerles el acompañamiento y las medidas cautelares que sean necesarias”, mencionó.

Recordó que la libertad de expresión es un derecho fundamental que permite el desenvolvimiento de otros derechos. “La tolerancia de quienes convivimos en este país así como el respeto a la opinión de los demás constituyen elementos básicos sin los cuales no puede consolidarse la sociedad democrática a la que todos aspiramos”.

Asimismo, la CNDH subrayó la necesidad de que las autoridades de los tres niveles de gobierno “propicien en el ámbito de sus competencias condiciones que permitan que las y los comunicadores ejerzan su profesión sin restricción alguna”.


Y añadió que las agresiones al ejercicio del periodismo tienen “implicaciones de índole colectivo, al generar autocensura o privar a la sociedad de informaciones u opiniones relevantes sobre asuntos de interés público”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456107/alerta-la-cndh-amenazas-a-periodistas-en-redes-sociales

Hasta 2035 México lograría objetivos en educación primaria: Unesco

Ciudad de México. Los resultados del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, donde se mide el avance en el cumplimiento de las metas educativas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, advierten que de seguir las tendencias actuales México logrará la universalización de la primaria hasta el año 2035; el nivel secundaria en el año 2060, y la educación media superior hasta 2100.

El reporte indica que a nivel regional, América Latina y el Caribe enfrenta un retraso de al menos 65 años en el cumplimiento de metas básicas como cobertura en educación básica y media superior.

A esto se suman los desafíos por la baja inversión en el financiamiento educativo. En el acto, Nuria Sanz, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, destacó que la ayuda para la educación ha caído en 1.3 billones de dólares, es decir, al menos siete por ciento en los pasados dos años.

Agregó que de acuerdo con los ODM establecidos para 2030 por la Organización de las Naciones Unidas, se requiere al menos seis veces más recursos, de los que actualmente se destinan, para lograr "no conquistar las metas establecidas, sino simplemente acelerar el paso".

El documento, elaborado por la Unesco, revela que los sistemas educativos en Latinoamérica deben afrontar desafíos en cuanto a la formación en temas ambientales y de desarrollo sostenido, pues se estima que más de 60 por ciento de los estudiantes mayores de 15 años de Brasil, Argentina, Uruguay y México sólo tienen conocimientos elementales del medio ambiente.

Por su parte, Otto Granados, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que México invierte casi siete por ciento de su producto interno bruto (PIB) a educación, lo que representa 17 por ciento de todo el gasto público, cifra que, afirmó, representa más de la media de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Sin embargo, alertó que es necesario revisar cómo se invierten estos recursos, pues indicó que 10 por ciento de los alumnos que atiende el sistema educativo, que corresponde a quienes cursan estudios universitarios, "se llevan 60 por ciento del gasto del sector, y detectamos que de cada peso, 63 centavos se destina a beneficiar a los jóvenes de los deciles más altos de ingreso".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.

Es claro que destino de los 43 no fue el basurero de Cocula: Buitrago

"Se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista", lamentó la ex integrante del GIEI.

A casi 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sostuvo que “era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay 5 dictámenes técnicos en ese sentido”.

Lo que queda, apuntó, es “seguir insistiendo y recordando que dentro de las recomendaciones habían otras líneas de investigación que podrían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados”.

Hasta ahora, afirmó, “se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista”.

En entrevista para Aristegui CNN, habló sobre el documento de la PGR que establece que Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad”.

Consideró “preocupante encontrar que se hace una investigación seria, que arroja unos resultados, y la persona que hace la investigación es removida”, en referencia al visitador de la Procuraduría.

También, dijo, “resulta muy importante que en este momento surja esta información porque toda la actividad que se realiza el 28 de octubre 2014″, cuando Tomás Zerón, como director de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Río San Juan, de Cocula, sin registrarlo en el expediente, “no tiene ninguna validez dentro de la investigación y empiezan a generarse una serie de dudas y vacíos que obligan a la PGR a investigar seriamente las actividades que se realizaron el 28 de octubre y el 29 de octubre cuando se encuentra la bolsa posteriormente en el río San Juan de Cocula”.

Recordó que se violó el debido proceso, y esto repercute en los resultados de la investigación y en los del juicio.

Buitrago llamó a la PGR a realizar al fin una “investigación exhaustiva seria y responsable sobre todo lo que se dejó de investigar”.

“Hay que investigar esos comportamientos y cuáles son las razones para haber procedido de esa manera”, refirió en cuanto a lo ocurrido con Zerón.

El documento referido, “no pienso que esté en el limbo”, sino que se debe hacer un seguimiento, pues “no puede quedar en el olvido”.

En el mismo sentido, concluyó que “se ha afectado la verdad en el caso Ayotzinapa, se debe rescatar esa verdad” y eso es esponsabilidad del Estado mexicano.

A su vez, Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, calificó como relevante el documento de la Visitaduría de la PGR, pues establece que sí hubo responsabilidad de Tomás Zerón, del MP y de algunos de los peritos, con su presencia no registrada en el expediente.

“¿Qué va a pasar con él?”, se preguntó.

En teoría, “tendrían que seguir los causes legales”, e investigar una posible responsabilidad de Zerón en lo encontrado en el río de Cocula.

Sin embargo, “estos mecanismos son muy débiles, porque están en una estructura muy jerárquica, donde cabe un amplio margen de discrecionalidad para guardarlo en un cajón”.

“Nos pone a la tarea a seguirle la pista, a seguir reclamando que se dé paso a las consecuencias tanto administrativas pero también penales y pensar en las responsabilidades políticas”, indicó.

Recordó que cuando Zerón pasó de la Agencia de Investigación Criminal al Consejo Nacional de Seguridad, la Presidencia no hizo ninguna alusión al documento de la PGR que señala que afectó la verdad de los hechos.

Al contrario, la Presidencia habla de un desempeño destacado de Zerón, lo cual es extraño y frustante para los familiares, comentó.


Esto solo demuestra que “acciones contrarias a la ley no tienen muchas consecuencias” en el país. Por lo tanto, urgió a la PGR a “dar continuidad y pleno peso a este documento”, el cual fue publicado por Aristegui Noticias esta semana.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2309/mexico/es-claro-que-destino-de-los-43-no-fue-el-basurero-de-cocula-buitrago-en-cnn/

Fiscal para caso Ayotzinapa pide nuevo peritaje en basurero

Ciudad de México. La fiscalía mexicana quiere hacer un nuevo peritaje en el basurero donde, según la primera versión oficial, fueron calcinados los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Cocula, Guerrero.

Aunque varios estudios han desechado esa hipótesis, el fiscal especial del caso Alfredo Higuera dijo en una entrevista con The Associated Press que "podría ser lo más pertinente".

Higuera indicó que el nuevo análisis, que sería el quinto que se realiza en el basurero, tendría que hacerse tras un acuerdo con los padres de las víctimas.

"Lo que nos interesa es poder desentrañar con auxilio de la ciencia, porque no se puede de otra forma, qué fue lo que pasó ahí", la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. "Pero este es un apartado... no quiere decir que estemos detenidos sólo en ello", añadió.

El fiscal indicó que no están "aferrados a una hipótesis aunque admitamos que tiene que esclarecerse cada cosa de lo que se dijo al respecto y ahí el trabajo de la ciencia es fundamental".

Nuevos datos oficiales contradicen algunas de las afirmaciones que había hecho el ex procurador Jesús Murillo Karam, por ejemplo, las referidas a que los teléfonos de los alumnos de la escuela de Ayotzinapa fueron quemados junto con los cuerpos en ese basurero. Higuera indicó que una decena de celulares de los estudiantes se mantuvieron activos después del 27 de septiembre, posiblemente en manos de los perpetradores del ataque.

Esa información ha proporcionado a las autoridades pistas sobre el posible lugar de la desaparición, lo que unido a la utilización de nueva tecnología de rastreo terrestre ha ubicado ciertos de sitios donde se iniciarán en breve nuevos operativos de búsqueda.

El fiscal también indicó que se investigan todos los indicios aportados hasta el momento tanto por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Indicó además que la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, está colaborando con México en cuestiones técnicas como el análisis de algunos equipos de grabación de las corporaciones de seguridad de la zona que habrían sido manipulados.

Los alumnos fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel de Guerreros unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

La primera versión oficial sostenía que los 43 jóvenes fueron llevados al basurero de Cocula donde fueron calcinados en una gran hoguera que duró horas y que sus cenizas fueron tiradas a un río cercano. En el río se encontró una bolsa con restos, uno de los cuales fue identificado como perteneciente a uno de los estudiantes.


Sin embargo, los expertos enviados por la Comisión Interamericana y que investigaron más de un año junto a la fiscalía cuestionaron la versión oficial y aseguraron que no había pruebas que pudieran concluir que los jóvenes fueran quemados en el basurero. También denunciaron a funcionarios de distintos niveles del gobierno por obstruir la acción de la justicia.

FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/23/ayotzinapa-fiscal-quiere-quinto-peritaje-en-basurero-de-cocula

El castigo a los culpables de Ayotzinapa “nacerá de la lucha de abajo”, advierte el EZLN y el CNI

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), señaló hoy que buscar la verdad sobre Ayotzinapa “en medio de la pudrición del poder, es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política”, pues “no sólo siguen simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad”, como es el cambio de Tomás Zerón, “responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno”.

Los zapatistas y los pueblos indígenas agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) señalaron en un comunicado dado a conocer a través de la Página Enlace Zapatista, que “a la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43”. Y pusieron el caso de Luis Fernando Sotelo Zambrano, “solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios” y recientemente condenado a 33 años y 5 meses “por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente”. Hoy, dijeron, “reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del CNI , sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar”.

Comunicado:

A los pueblos del mundo

A los medios de comunicación alternativos, libres, autónomos o como se llamen

A la Sexta Nacional e Internacional

Parte de guerra y de resistencia # 44

¿Y los otros 43?  ¿Y los que le siguen?

Sucede que este país no es el mismo desde hace dos años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.  Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos, y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente.

Como barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que somos, miramos y hacemos palabra nuestra mirada, ahora como antes, desde el corazón colectivo que somos.

Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías; desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia, el rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza.  Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía.

Desde las geografías de abajo

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política, que no sólo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad ‒como es el cambio de Tomás Zerón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno.

A la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios –como las de Cherán, la tribu Yaqui, los indígenas presos, las comunidades zapatistas-, a quien un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente.

Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es Poder: para quien asesina, encubre y miente, premios y protección; para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel.

-*-

Y cuando nos miramos:

En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del estado.

La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendien los tejidos internos. Es decir, trata de hacer espejos de su guerra sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles.  Nada más explosivo y peligroso para esta nación.

En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.

La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan.  La defensa de nuestra madre no se negocia.  Estamos atentos a la lucha de la comunidad Wixárika de Wauta- San Sebastián Teponahuaxtlán por la recuperación de cerca de 10 mil hectáreas aledañas al poblado de Huajimic, Nayarit, donde, pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas; y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados, un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios.  Al pueblo Wixárika, en su rebeldía y autonomía le decimos: estamos con ustedes.

En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narco paramilitares, los pueblos originarios siguen construyéndose a diario.

Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Siux teje sus propias geografías que van más allá que las falsas geografías oficiales que los sitúan en otro país ‒pero que para nosotros somos hijos de la misma madre‒, están resistiendo a la invasión de sus tierras sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes. Su digna lucha es nuestra también.

En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto, defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos, la invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales arqueológicos e incluso la identidad indígena, pretende convertir a un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua, en fetiches comerciales. Los pueblos que luchan contra las altas tarifas de luz son perseguidos y criminalizados.

En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.

En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.

Desde el diálogo y la traición

Al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o de nuestras exigencias de seguridad y justicia, pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país, el ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes resisten en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros en Nochixtlán.  Los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo Wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configuran un reordenamiento violento de la región.

Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden.  El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos. Y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que es su dignidad, su organización autónoma y su territorio.

En varias geografías de nuestro país estamos recurriendo a las consultas cuando decimos que no queremos sus minas, sus eólicos, sus transgénicos, sus presas y exigimos que debería preguntarse a los pueblos, pero el mal gobierno siempre responde fingiendo que “consulta cómo consultar si consulta o no la forma de la consulta” (o algo así), que está llena de simulación, suplantación de nuestra palabra, manipulación y cooptación de nuestra gente, de amenazas y represión. Y así hasta que dice que ya estuvo y que ya dijimos que sí queremos sus proyectos de muerte, o que estamos divididos y debe atender a todas las posiciones.

Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ongs “expertas” en “consultas” engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar ‒antes de siquiera empezar la supuesta consulta‒ el robo del agua del río yaqui, que las mineras y sus desechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Riviera Maya.

Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ellos nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por tejer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como pueblos originarios.

Los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros, son los otros 43 partes de guerra y resistencia.  A ellas y ellos se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo.

Y le siguen los partes de guerra y resistencia de lo otro perseguido y estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida.

Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar.

¡Verdad y Justicia para Ayotzinapa!

¡Libertad para Luis Fernando Sotelo Zambrano!

¡Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s!



Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros.



Congreso Nacional Indígena.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.


México, septiembre del 2016.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/el-castigo-a-los-culpables-de-ayotzinapa-nacera-de-la-lucha-de-abajo-advierte-el-ezln-y-el-cni/

Daño ambiental, enfermedades, y destrucción del tejido social provoca mina en Valle de Ocotlán, Oaxaca

Las mineras buscan oro y plata en Oaxaca, como en otras partes del país, a través de megaproyectos concesionados por el gobierno, al tiempo que destruyen el tejido social, la comunidad, las tradiciones y amenazan, hostigan y asesinan a quienes defienden la tierra, que para ellas y ellos es la vida, describió a Desinformémonos, Rosalinda Dionisio Sánchez, defensora de la tierra y el territorio e integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlan, quienes por más de diez años han rechazado un proyecto minero que involucra más del 90 por ciento del territorio de al menos nueve comunidades de Oaxaca.

“Es necesario que todas y todos defendamos la tierra, en cada espacio, en cada casa, no es necesario venir al campo, y es que, la apatía nos ha golpeado mucho”.

Ahí en Ocotlán, la problemática entre empresas y las comunidades comenzó en 2008. Específicamente en San José del Progreso, un lugar ubicado en la parte central del estado de Oaxaca, en la región de los Valles Centrales en el que, antes de que llegara el proyecto minero sin previo aviso, sin información sobre los alcances y las implicaciones ni una consulta previa, la comunidad convivía, celebraba sus fiestas patronales y tradiciones, crecía en una cultura creyente de la iglesia católica pero también en el cuidado del medio ambiente, “el megaproyecto a destruido, también, nuestro tejido social por la violencia, la compra de tierras y personas”, dice Rosalinda.

“Aquí crecimos cuidando a las plantas, de hecho las catequistas nos enseñaban eso además de la doctrina, es decir que se unían. Entonces cuando había una confirmación, se acostumbraba a entregar un árbol al que el o la niña junto a sus padres se comprometían a cuidar”, describe Rosalinda quien nació y creció en el lugar igual que su madre, padre, abuelas y abuelos. Ahora ya hay, de hecho, una nueva generación en su familia.

San José colinda con al norte con los municipios de Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir y Santa Lucía Ocotlán; al sur con Ejutla de Crespo y Coatecas Altas; al oriente con San Jerónimo Taviche; al poniente con San Pedro Apóstol, Magdalena Ocotlán y San Mártir de los Cansecos. En San José hay poca agua y por ende vegetación, por lo desde la niñez, se enseña su cuidado, “porque lo verde genera humedad y esa humedad hace que vuelva a llover, y aquí necesitamos llamar al agua”, dice Dionisio para describir el entorno, de templado a seco, en el que su generación creció.

Rosalinda describe que fue desde 2008 que la comunidad comenzó a notar la llegada de personas extrañas al pueblo, de “grandes camiones y camionetas que aquí en la comunidad no hay”, que llegaban a instalarse, a hacer algunas exploraciones, pero, sin dar nunca información alguna sobre lo que se pretendía. Comenzaron a indagar, a preguntar, querían saber, dice, qué iba a pasar, hasta que por sus propios medios descubrieron que eran las minas. “Mi abuelo nos contó que hace mucho encontraron oro y plata, incluso carbón, pero luego ya no tuvieron la maquinaria necesaria para seguir, pero hoy, ya la hay”, detalla.

Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), este no es un hecho aislado sino que se trata de “megaproyectos”, que han proliferado en los últimos años en nuestro país, y que se centran en la explotación de los recursos naturales, esto, afirman, “sin medir debidamente las consecuencias que tendremos a corto, mediano y largo plazo sobre la sostenibilidad los recursos naturales, las especies y los ecosistemas”, entre los proyectos que se han emprendido están las concesiones mineras, de uso y aprovechamiento de aguas, permisos para descargas de aguas residuales y autorizaciones para la instalación de rellenos sanitarios o de residuos peligrosos, entre otros, detallan en su “Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015”.

Desde que la población pudo confirmar esta información, comenzaron en primer lugar: la organización, dice Rosalinda, se reunieron en el pueblo pero también con otras comunidades. Recuerda que en ese tiempo llegó una organización a ofrecer información y proyectar videos en los que se explicaban las implicaciones que los proyectos mineros tenían en las comunidades, “así que la consciencia creció”, dice, aunque a la par, “la empresa llegó a decir mentiras a la comunidad, decían que construirían un hospital y escuelas, que habría empleo, y algunos lo creyeron, pero la gran mayoría se involucro en la organización para impedir el proyecto”.

Durante un año la comunidad se asesoró, se organizó y concientizó, narra Dionisio, y ante la falta de respuestas, de diálogo para consultar a la comunidad, en marzo de 2009 deciden tomar la oficina de la minera.

“Todo el pueblo se sumó, rodeamos la casita en la que se instaló la minera para impedir que se continuara trabajando en un proyecto para el que no se nos consultó, en el que no estamos de acuerdo por que sabemos y vivimos sus implicaciones”. Mujeres y hombres emprendieron una guardia para “resistir”, durante tres meses, la toma del lugar, describe, de día las mujeres y de noche los hombres, “las niñas, niños y ancianos participaron también participaron”.

Todos se organizaron para mantener rodeado el lugar, para la elaboración de alimentos para las guardias y la información que iba y venía, dice Dionisio, hasta el 6 de mayo de 2009, “el día de la represión”, recuerda.

Ese día, narra, estaban las mujeres en la guardia cuando llegaron unos mil 500 elementos de seguridad estatales y federales armados montados en “camionetas repletas”, describe, acompañados de perros policía, motonetas que cercaron a las mujeres, niñas y niños que se encontraban de guardia.

“Nos atacaron como si fuéramos criminales, ¿Por qué?”, cuestiona Rosalinda.

En el desalojo hubo golpes, empujones e insultos, “nos echaron a los perros cuando ya nos tenían encapsuladas”. Para entonces, el resto de la comunidad había llegado al lugar para tratar de impedir que se llevaran a algunas personas sin lograrlo.

“Me acuerdo que traían una lista, pero nos cambiamos el nombre, sin embargo, alguien desde una patrulla nos comenzó a señalar y finalmente detuvieron a 19 personas entre las que iba una compañera. Los que nos quedamos teníamos miedo de que desaparecieran a nuestros compañeros así que nos movilizamos”.

Para entonces, afirma Rosalinda, ya habíamos aprendido que la “organización es interna”, aunque solicitan acompañamiento de organizaciones civiles, las decisiones son suyas, así lo describe. Pidieron apoyo a la Sección 22, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para que les proporcionara un abogado que llevara el caso de quienes se encontraban presos y luego de tres meses se logró su liberación.

En en enero y marzo de 2012, producto de los enfrentamientos en medio de la “resistencia”, que la comunidad hasta hoy continúa, fueron asesinados Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez hechos sobre los cuales siguen exigiendo justicia.

“El coraje me hizo involucrarme cada vez más. Por que la injusticia era para nosotros, para la comunidad”, comparte Dionisio.

El conflicto continuó, las obras de la empresa que han generado, a decir de Dionicio, ruido por las noches que impide el descanso ya que la obra están a escasos 2 kilómetros de la comunidad, enfermedades producto del desecho de residuos tóxicos, entre ellos, malformaciones y abortos espontáneos, esto en medio de negativas a hacer estudios del aire, y de que no se cuente con un registro médico ya que, afirma, “las clinicas están controladas por la empresa y los registros se detallas a modo para que no haya evidencias”.

Para 2015, la organización, valora Dionisio, siguió prosperando, “a pesar de las dificultades”, y el 30 de noviembre, nueve ejidos y comunidades de Ejutla, Ocotlán y Tlacolula declaran su territorio “prohibido para la minería”.

Denuncian, mediante un comunicado que en los últimos diez años el gobierno federal había concesionado alrededor del 90 por ciento del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto hubiera implicado un proceso de consulta y “consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos”, acusaron.

A pesar de esto, hace tres días, las comunidades volvieron a denunciar que no solo no se habían detenido las obras sino que habían detectado una “extensión del proyecto”, derivado del: “interés por ampliar el proyecto minero, ha invadido nuestros ejidos y comunidades realizando trabajos de exploración a partir de barrenaciones y explosiones en nuestros límites, sin los permisos respectivos de la SEMARNAT, provocando ruidos intensos y polvo excesivo, sobre todo durante la noche. Estas acciones violan sistemáticamente nuestro derecho a la autonomía territorial”, y exigieron, nuevamente, la cancelación de los proyectos.

La imposición del proyecto minero en Valle de Ocotlán viola el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ha sido “violentado” ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

No se trata de un hecho aislado, muestra de lo anterior son los casos que enfrentan situaciones similares en territorio mexicano casos como el de Atenco, en el Estado de México, y su lucha en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto, la defensa del bosque Nixticuil en Zapopan, Jalisco, la exigencia de cancelación del proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra de Puebla, son algunos ejemplos.

Al respecto, más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia realizaron un informe que fue entregado a representantes de la Organización de Naciones Unidas a principios del mes, en el que a través de la revisión de 68 casos, pudieron documentar “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

El informe denominado “México: Empresas y derechos Humanos”, detalla que es en un contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México, y afirman que, las empresas se “han beneficiado” de esta situación en la que resaltan la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia a pesar de que, dicen, “tendrían la responsabilidad de aplicar los estándares más altos en materia de derechos humanos y tomar medidas en situaciones de conflicto”.

Como en el caso del megaproyecto minero en la Sierra de Ocotlán, el informe señala la poca o nula consulta que las empresas aplican en la comunidad al presentar un proyecto que afectara directamente a esta población, y con ello, explican: “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

Abundan que la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, es una constate y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

Por otro lado, Cemda, resalta como esta proliferación de megaproyectos ha incrementado, también, los ataques en contra de quienes defienden el medio ambiente de los mismos, detallan que “el registro de 60 casos de ataques a defensores ambientales en los primeros seis meses de 2015, en promedio diez por mes, cifra que representa mucho más de la mitad de los ataques registrados en el informe 2014, donde se registraron 82 casos de ataques y supera el total de los casos que se registraron en el año 2013, que fue de 53, mostrando un claro aumento en las agresiones…”.

El informe coloca a Oaxaca como la segunda entidad federativa con mayor número de ataques a defensores del medio ambiente con 13 casos, solo tres menos que las perpetradas en Sonora, que ocupa el primer lugar.


“Esta lucha ha valido la pena porque queremos vivir en un ambiente sano, limpio, como recordamos nuestras comunidades. Es nuestra madre tierra, la que nos alimenta para sobrevivir. Nos toca entonces cuidarla, no destruirla. Yo ya soy adulta, pero vienen otras generaciones que merecen calidad de vida y si en San José nos rendimos, será fácil invadir todo”, finaliza Rosalinda, quien a vivido en San José del Progreso los 33 años de su vida y afirma, seguirá defendiéndolo.

INFORMES

México: Empresas y derechos Humanos: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 (Cemda): http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-defensores-2014-2015_final2.pdf

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHE RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/dano-ambiental-enfermedades-y-destruccion-del-tejido-social-provoca-mina-en-valle-de-ocotlan-oaxaca/

“Sentencia ridícula y desmedida contra Luis Fernando Sotelo”: Organizaciones

Con una condena de 33 años y 5 meses de prisión es sentenciado Luis Fernando Sotelo Zambrano, quien aseguraron autoridades, deberá pagar una multa de 519 mil 815 pesos; 5 millones 461 mil 559 pesos por los daños a una unidad, del metrobús, cuyo costo asciende a 2 millones 566 mil 219 pesos, así lo informó el periódico El Financiero.

Dicha sentencia fue calificada por la Campaña Luis Fernando Sotelo Libre, como: “ridícula y desmedida” ya que, aseguran: “no existe ninguna prueba en su contra”.

Sobre estos hechos, El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y el Congreso Nacional Indígena (CNI), mencionaron en su: “Parte de guerra y de resistencia # 44”, colocaron el caso de Sotelo como un ejemplo de “la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios” por lo que en sus demandas exigen su libertad.

Por su parte, el Colectivo de Kaosenlared, quienes se definen como “personas conocidas desde hace años por nuestra lucha por la libertad de información, por la comunicación alternativa, por garantizar voz a los que en otros medios la tienen vedada, en definitiva por nuestra batalla anticapitalista”, opinó en su portal que: “Esta es una sentencia que responde a la política de represión y criminalización del Estado Mexicano, comenzando por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera quien pretende condenar a nuestro compañero sin ninguna prueba y colocándole una pena ridícula y desmedida”, luego de que a un año y nueve meses de proceso, Sotelo fuera sentenciado por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataque y daño calificado a la paz pública.

Por otro lado, Kaosenlared incluye, en su publicación, el mensaje de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR), de la que Sotelo es integrante, y en el que se afirma que: “El gobierno de Miguel Ángel Mancera se ha caracterizado por su intolerancia, por el uso brutal de su banda de golpeadores agrupados en sus policías. Se ha caracterizado por la impartición de la injusticia a través de sus jueces y ministerios públicos que trabajan sólo de consigna”.

RvsR asegura que Luis Fernando no está preso por las razones jurídicas que “alude la justicia capitalina”, pues, en su opinión, las acusaciones en su contra “son sólo un pretexto para ejemplificar el castigo del Estado a quienes se solidarizan con las luchas sociales y sus demandas de justicia y de dignidad” ya que, detallan, Sotelo participó en actos de “solidaridad, dicen”, por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras movilizaciones sociales.

“Lo tienen secuestrado por esas razones”, aseguran, por lo que anunciaron emprenderán una campaña para su liberación, “A nosotras, a nosotros nos corresponde organizarnos, arrancárselo a los criminales encabezados por el dictadorcillo de Mancera. Luis Fernando no estará preso 33 años. ¡Estará libre! Gracias a la lucha por la lucha y libertad de nuestro pueblo”, sentenciaron.

Por su parte, el portal Kaos en la Red, publicó sobre el sentenciado que se trata de “un activista perteneciente a colectivos adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandon a y cercano a la Red Contra la Represión y por la Solidaridad. Cursaba el bachillerato en la UNAM en el sistema semi abierto. Comprometido con la lucha estudiantil y el trabajo comunitario en acompañamiento al Congreso Nacional Indígena, también fue parte del movimiento en contra de la alza de la tarifa del metro y de la lucha por la liberación de Mario González”.


Los hechos por los que se acusa a Sotelo se dieron aproximadamente a las 18 horas del 5 de noviembre de 2014, cuando un grupo de personas, entre las que se presume se encontraba Sotelo, lanzaron objetos con fuego hacia el piso de una unidad del Metrobús cuando este llegada a la estación Ciudad Universitaria, ubicada en Insurgentes Sur.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/sentencia-ridicula-y-desmedida-contra-luis-fernando-sotelo-organizaciones/

El Congreso busca restringir acceso a parejas a la reproducción asistida

Una iniciativa presentada por la priista Sylvana Beltrones, y aprobada por diputados en comisiones, plantea que sólo las parejas casadas tengan acceso a la reproducción asistida y en el caso de maternidad subrogada solo sea bajo indicación médica.

Sólo las parejas casadas tendrán acceso al servicio de salud de reproducción asistida y, en caso de requerir gestación sustituta (o maternidad subrogada), sólo será por instrucción médica y entre familiares. 

Lo anterior es parte de la iniciativa presentada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sylvana Beltrones, y que fue aprobada este 21 de septiembre por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.


“Sin lugar a duda contar con una regulación en la Ley General de Salud que reconozca el acceso a las técnicas de Reproducción Humana Asistida (RHA) como parte del ejercicio de los derechos humanos es importante; sin embargo, dicha iniciativa establece una serie de consideraciones discriminatorias para el acceso a este tipo de técnicas“, indicó sobre la ley el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).

Discriminatoria porque establece como requisito para acceder a los servicios de reproducción asistida que las parejas “sean unidas en matrimonio, (lo que) resulta discriminatorio para las personas solas o para las parejas no casadas legalmente. Es por ello, que el Estado no debe establecer normas que excluyan a nadie por razón de su estado civil ni tiene la potestad jurídica de determinar un criterio modelo de familia”, agregó GIRE.

“Vulnera el principio de igualdad y no discriminación al basar el acceso a la Reproducción Humana Asistida a diversas categorías prohibidas por el artículo 1 de la Constitución como el estado civil, la nacionalidad o la orientación sexual”, detalla el documento de GIRE.

La aprobación de esta iniciativa en comisiones justo ocurre en un momento en que en México grupos de la iglesia se han manifestado en contra de la ley de matrimonio igualitario que presentó hace cuatro meses el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que atenta contra el esquema tradicional de familia.

Maternidad subrogada

Por ello, la directora de GIRE, Regina Tamés, dijo a Animal Político que “en este contexto, que alguien del PRI presente una iniciativa así es un descaro, es absurdo”.

En relación con la maternidad subrogada, Tamés explicó que la iniciativa de Beltrones no tiene una postura científica que respalde que para la gestación sustituta debe haber un vínculo de parentesco, y además “sin considerar, incluso, que ha habido problemas cuando se trata de eso. O que alguien prefiere que el vientre sustituto sea una completa extraña”.

Animal Político buscó a la diputada Sylvana Beltrones para hablar sobre su iniciativa, pero no estuvo disponible.

“El condicionar que la mujer gestante tenga un vínculo de parentesco con una persona de la pareja solicitante no encuentra justificación alguna, la propuesta no contempla los supuestos en los que las personas solicitantes no tengan familia o éstas no acepten participar, motivo por el cual la propuesta de ley excluye a las personas que se encuentren en este supuesto, estableciendo características discriminatorias en la redacción de la norma”, detalla GIRE.

Además, la iniciativa de la priista dice en el artículo 71 Bis 9 establece que la mujer gestante tiene la obligación de preservar en todo momento las condiciones de salud que permitan el sano desarrollo del embrión, feto, niña o niño.

Y en caso de no cumplir con dicha obligación, se le impondría –de acuerdo con la propuesta del artículo 462, que establece los delitos– “una pena excesiva, innecesaria y desproporcionada, vulnerando con ello los derechos de las mujeres gestantes, ya que dicha medida no es objetiva ni razonable, motivo por el cual el instrumento de gestación debe establecerse respetando los derechos humanos de las personas involucradas, de manera especial los derechos reproductivos”, según GIRE.

Beltrones detalla en su iniciativa que no debe haber fines de lucro al hablar de maternidad subrogada. Sin embargo, “restringir la gestación subrogada únicamente a su realización de forma gratuita, viola los derechos humanos a la libertad del trabajo y al ejercicio libre de una profesión comprendidos en el artículo 5 de la Constitución. Por lo tanto, se debería permitir la gestación onerosa, en lugar de sancionarla, pues de otra manera únicamente se fomenta el mercado clandestino de dicha práctica”.


Por lo anterior, la recomendación de GIRE es que “el Pleno de la Cámara de Diputados vote contra el Dictamen de reforma a la Ley General de Salud en materia de técnicas de reproducción humana médicamente asistida, por tratarse de una regulación claramente discriminatoria por motivos de estado civil, nacionalidad y orientación sexual y por lo tanto violatoria de la Constitución” mexicana.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/ley-reproduccion-asistida-gestacion-subrogada/

PGR reduce casi a la mitad el número de fiscales, ministerios públicos y policías investigadores

Pese al repunte de la violencia en todo el país, en los últimos 10 años, la PGR ha reducido el número de fiscales, ministerios públicos y policías investigadores.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha perdido casi a la mitad de su personal destinado a la investigación de delitos y la detención de probables responsables en los últimos 10 años.

El número de policías ministeriales se ha reducido de forma sostenida, mientras que en el caso de ministerios públicos se ha reducido en la actual administración.

En promedio anual, la PGR tiene un solo agente ministerial para investigar 34 averiguaciones previas abiertas por delitos federales

Datos obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia, revelan que en 2006 la PGR contaba con más de seis mil agentes adscritos a la llamada Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se trataba de la fuerza policial creada unos años atrás en sustitución de la policía judicial federal y cuya tarea era investigar todos los delitos federales.

En los años siguientes el número de agentes de la AFI se fue reduciendo casi de forma sostenida hasta llegar a tres mil 185 en 2012. En este periodo se fortalecieron los exámenes de control de confianza que derivaron en la salida de policías.

El número de policías ha seguido a la baja con la actual administración aunque de forma menos pronunciada. Al cierre de 2015, la PGR informó que tenía tres mil 124 policías ministeriales, que representan una disminución del 48.5 por ciento respecto al estado de fuerza de 2006.

En mayo de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam acusó que las administraciones pasadas prácticamente “habían desmantelado” la capacidad de investigación de la dependencia pues numerosos agentes fueron trasladados a la Policía Federal dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

“A la Procuraduría se le exige que primero investigue y luego consigne, y no tiene con qué investigar, se le puso un rol a la policía que tenía la Procuraduría, digo, que tenía, porque ya no son policías, resulta que los usamos para custodios, para grupos de seguridad y para traslados”, dijo en aquel momento Murillo.

Para revertir esta situación el procurador anunció que se contratarían por lo menos a dos mil nuevos agentes para la Policía Federal Ministerial con el objetivo de fortalecer su estado de fuerza y capacidad de investigación. Las cifras oficiales proporcionadas por la PGR revelan que esto no ocurrió.

Pocos fiscales y no especializados

La información a la que tuvo acceso Animal Político revela que en el sexenio de Felipe Calderón se incrementó el número de personal ministerial (fiscales, agentes del Ministerio Público y oficiales secretarios) de la PGR, contrario a lo que sucedió con los policías. Pasó de 2 mil 185 en 2006 a cinco mil 38 en 2012.

Pero a partir del primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se comenzó a reducir el personal ministerial de la PGR de forma sostenida; en 2013, la dependencia reportó cuatro mil 906 fiscales y ministerios públicos; en 2014 fueron tres mil 233; en 2015 son tres mil 171; y en 2016 la cifra fue de dos mil 904.

Es decir, en los últimos cuatro años la PGR ha perdido al 43 por ciento de su equipo ministerial.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al cierre de 2015 había 100 mil 443 averiguaciones previas abiertas por delitos federales. Esto significa que aun cuando se repartieran todos los expedientes entre fiscales, agentes del MP y sus auxiliares, cada uno tendría que investigar o resolver 34 casos al menos.

¿Y qué ha ocurrido con la reestructuración de PGR?

En 2013, el titular de la PGR Jesús Murillo Karam anunció un plan de reestructuración profundo de la dependencia que incluso fue enviado al Senado, y cuyo objetivo era elevar la calidad de las investigaciones en la dependencia, mejorar la coordinación y atención de los delitos,  y abatir la impunidad.

Como parte de las acciones específicas la estrategia planteaba la especialización de los agentes ministeriales por materia. Es decir fiscales y MP con especialidad en delitos federales específicos como puede ser lavado de dinero,  narcotráfico, secuestro, trata de personas, etcétera. Murillo habló del reclutamiento en universidades de candidatos

Se solicitó vía transparencia a la PGR cual era el número de agentes especializados pero la respuesta fue que “no existe tal preparación especial”.

“En el ámbito de sus atribuciones y facultades los Agentes del Ministerio Público de la Federación les corresponde conocer cualquier tipo de comisión del delito”, agregó la dependencia.

Metas incumplidas

A dos años de que termine el sexenio, la PGR no ha conseguido cumplir la mayoría de las metas que se planteó dentro del Plan Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, y en algunos indicadores incluso hay un retroceso.

Los datos revelados en el Cuarto Informe de Gobierno revelan, por ejemplo, que  en 2016 el porcentaje de casos desechados o devueltos por los jueces federales por carecer de pruebas o estar incompletos es de 23.8 por ciento, es decir, casi la cuarta parte de todas las investigaciones que consigna la PGR.

La meta para 2018 es que apenas el 8 por ciento de los casos sean devueltos pero en realidad este indicador cada vez se ha hecho más grande. En 2012 solo el 10 por ciento de los casos eran devueltos.

En 2014, a la PGR le tomaba en promedio 247 días integrar una averiguación previa y resolverla. Para 2018 se fijó la meta de reducir ese tiempo a 200 días pero en 2016, a la dependencia le lleva aún más tiempo resolver un caso: 280 días en promedio.

Otro caso es el de las órdenes de aprehensión cumplidas con éxito. La meta es llegar al final del sexenio con un promedio de 37 por ciento de cumplimiento de las órdenes giradas pero el promedio en 2016 apenas es de 20 por ciento.


La PGR también llegó este año a su porcentaje más bajo de casos consignados que terminan con el auto de formal prisión o de vinculación a proceso de los acusados: solo 62 por ciento de los casos, cuando al principio de la actual administración  su porcentaje de eficacia en este rubro era del 74 por ciento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/pgr-recorta-personal-policias/