jueves, 29 de septiembre de 2016

Osorio regaña a los estados por la inseguridad… pero 7 de las 10 peores policías las maneja el PRI

A siete años de que se expidiera la ley que obliga a realizar pruebas de control y confianza a los policías del país, algunos estados recién reprobaron a más de la mitad de evaluados que forman parte de las instituciones estatales de seguridad pública. Siete de los 10 estados con mayor número de elementos que no pasaron la prueba son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional. Y partidos de oposición y analistas se preguntan por qué las autoridades aún se encuentra lejos de ser confiables.

La confianza en las fuerzas de la policía aún sufre retrasos considerables, coincidieron legisladores y analistas en seguridad. A siete años de que se aprobase la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), que manda a examinar a los policías, diversas entidades guardan altos índices de reprobación de los policías estatales evaluados.

Los policías estatales de las distintas entidades se someten a los exámenes de control y confianza que incluyen pruebas de perfil físico, justificación de su patrimonio, toxicológicas, ausencia de vínculos con el crimen y de antecedentes penales.

“Si tienes ese número tan alto de policías que no han pasado las pruebas significa que muy posiblemente pueden tener un grado de vinculación con el crimen, o ellos mismos ser parte de un grupo de secuestradores, o procesos de extorsión”, dijo Édgar Cortez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).


De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por SinEmbargo, entre los cinco estados con mayor número de reprobados entre enero y julio se encuentra Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Guerrero y Sinaloa.



A finales de agosto el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo un llamado, durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a los gobiernos estatales en el ámbito de seguridad.

“Cada orden de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, está llamado a actuar con sentido de urgencia para implementar acciones inmediatas y consolidar políticas de largo plazo ”, enfatizó el funcionario en el que se ha dicho que el Partido Revolucionario Institucional guarda sus aspiraciones presidenciales.

Sin embargo, esa convicción no acompañó los números del propio estado que gobernó Osorio, Hidalgo (del 2005 al 2011), el cual aún lucha por vencer el rezago de contar con una policía estatal poco confiable; el 55 por ciento de los evaluados reprobó los exámenes de control y confianza entre enero y julio.

La lucha porque tener elementos que cumplan mayores estándares de pertenencia a las fuerzas de seguridad, quizá, no ha sido una prioridad para el PRI. Siete de las 10 entidades con mayores porcentajes de reprobación corresponden al partido tricolor.

“El PRI es mucho simulación, el creer que están haciendo las cosas, pero no tienen estrategias de fondo”, se quejó el Diputado del partido Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez Orozco.

La falta de depuración policial podría estar relacionada con la incapacidad para mermar la violencia. Destaca Guerrero, donde el Gobernador Héctor Astudillo Flores no ha podido quitar a la entidad de los primeros puestos de homicidio.

Entre los primeros ocho meses del año hubo mil 484 averiguaciones previas por homicidios dolosos en Guerrero; la segunda entidad con mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, sólo después de Colima.

Tanto Guerrero, como Hidalgo, que tienen algunos de los más altos porcentajes de reprobación se encuentran dentro de la región centro del país, que la organización Insight Crime advirtió, el pasado 27 de septiembre, de haber sufrido un incremento en el número de crímenes.

La organización precisó que la tasa de crímenes pasó de 74 por cada 100 mil habitantes en el 2014 a 77 por cada 100 mil en el 2015.

Al mismo tiempo, en la región noroeste del país presentó el año pasado, aunque menos que en el 2014, la mayor cantidad de delitos federales en comparación al resto de regiones, con 123 mil crímenes por cada 100 mil habitantes.

Baja California Sur y Sinaloa mencionadas por la organización Insight Crime, también se encuentran entre los dos con mayores índices de policías estatales reprobados entre enero y julio de este año. Una coincidencia que levanta suspicacias sobre la relación que pudiese haber entre ambos indicadores.


¿POR QUÉ LA REPROBACIÓN?

Antia Mendoza Bautista, directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz), expuso que el oficio de policía es uno de los que conlleva menos tiempo de formación.

“Entran a un curso de formación inicial, y en tres meses ya son policías. Salen a la calle”, dijo.

El 10 por ciento de los policías estatales del país reprobó las pruebas que se realizan en los centros de evaluación y control de confianza, entre enero y julio.

Una brecha considerable en comparación con el ámbito federal, donde el 2 por ciento los policías reprobaron en el mismo periodo.

De acuerdo con la ley que le da vida a estas evaluaciones, aprobar estos exámenes es un requisito de permanencia. Y los certificados tienen una vigencia de tres años.

No obstante, muchos de los que reprueban no terminan de ser expulsados, dijo Mendoza.

“Muchos policías que no acreditaron están en funciones, porque esto queda a discrecionalidad de los mandos”.

Vidal Fernando Romero León, politólogo e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), hizo mención de que no existen mecanismos de monitoreo, de tal suerte que si un policía aprueba las evaluaciones tampoco queda garantizado que no se corromperá en el futuro.

Agregó que las condiciones laborales de los policías son deficientes, si se considera que arriesgan su vida. Lo que los hace más proclives a ser cooptados.

A nivel nacional un policía estatal gana en promedio 10 mil 434 pesos, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública del 2016.

La disparidad de los salarios brutos de los policías estatales se comprende entre los policías de Chiapas que ganan 5 mil 351 hasta 14 mil 501 en Sinaloa.


COOPTACÍON

La cooptación de los policías no ayuda a paliar un contexto de violencia en el que opera el narcotráfico.

El Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Waldo Fernández González matizó que no todos los policías reprobados son contratados por el crimen organizado.

“Esto se debe a que el crimen les interesa más cuando tienen la placa y la pistola. Para poder operar”, dijo sobre las alianzas que se forman.

El de Insight Crime detalló que entre enero y julio de este año hubo 3 mil 477 armas confiscadas, 50 por ciento menso que el año pasado.

Lo mismo sucedió con los carros incautados al crimen organizado. Entre enero y agosto de este año hubo alrededor de 6 mil 400, cuando este lapso en el año 2015 registró cerca de 9 mil, apunta Insight Crime, 28 por ciento más.

Cortez detalló que en muchas ocasiones quienes suman a los policías al crimen son sus jefes.


“Hemos visto historias donde los policías de terreno indican que de pronto tienen que ser parte de la extorsión porque los jefes piden cuotas para mantenerlos para mantenerlos en su cargo. Y eso pasa porque muchos de los nombramientos de estos jefes no están basados en decisiones técnicas, sino políticas”, dijo Cortez.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2016/3097585

Si hay recorte se cancela vía al Nuevo Aeropuerto, advierte Mancera

CIUDAD DE MÉXICO: En otra de sus declaraciones para defender el presupuesto de la capital del país y presionar al gobierno federal, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera advirtió que el recorte en el Paquete Presupuestal 2017 implicaría la cancelación de una vialidad para llegar al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).


En entrevista, luego de participar en la Conferencia Internacional “El Estado del arte del salario mínimo”, dijo que de concretarse el recorte se afectarían proyectos de largo alcance.

“Se estaban analizando, por ejemplo, ampliaciones del segundo piso (del Viaducto) hacia lo que puede ser el proyecto del (Nuevo) Aeropuerto de la Ciudad de México. Pues eso lo descartamos totalmente”, aseguró.


También resultarían afectadas, agregó, “otras entradas” relacionadas con “coparticipación” con el gobierno federal, aunque no abundó en ellas.

Mancera Espinosa comentó que el “plan B” de su administración en caso de que el gobierno federal mantenga su intención de cancelar los cuatro mil millones del Fondo de Capitalidad, así como el recorte a otras participaciones federales por otros cuatro mil, es la reducción al gasto de la ciudad.

Por lo pronto, adelantó que tiene prevista una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, esta misma semana para plantearle sus argumentos en defensa del presupuesto de la ciudad.

Además, dijo que asistirá, junto con gobernadores del PRD a la Cámara de Diputados para defender los recursos de la capital.

En declaraciones anteriores, el exprocurador capitalino advirtió que el recorte planteado de 10% al Seguro Popular afectará al programa social Médico en tu Casa, uno de los que más ha promovido su gobierno a escala nacional e internacional.

Respecto al Fondo de Capitalidad, previó que afectará proyectos de compra de patrullas policiacas y camiones de basura, obras de infraestructura tales como del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la ampliación del Metrobús.

Tales advertencias de Mancera se sumaron al reproche que hizo el pasado 9 de septiembre al titular de Hacienda, José Antonio Meade, cuando dijo:


“No lo entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda. A mí no me da risa, la verdad. Me preocupa y me preocupa mucho este presupuesto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456806/recorte-se-cancela-via-al-nuevo-aeropuerto-advierte-mancera

Hombres armados golpean y roban a dos ejidatarios opositores al NAICM

CIUDAD DE MÉXICO: La mañana del lunes pasado Zeferino Ruiz Mendieta, de 89 años, se encontraba con su hijo Sergio Ruiz García en su casa ubicada en la localidad de Tocuila –en el municipio mexiquense de Texcoco– cuando dos hombres armados irrumpieron en la vivienda, los golpearon, insultaron y robaron dinero y escrituras.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), los agresores acusaron a los pobladores por su “actuación en las asambleas ejidales”, pues ambos forman parte del grupo que se opone al despojo de tierras en la localidad para la construcción de obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“El señor Zeferino quedó con golpes en la cabeza producidos con las cachas de las pistolas, una fractura en su rodilla derecha a causa de golpes con un martillo y otras contusiones en otras partes de su cuerpo, algunas hechas con una plancha de ropa. Sergio Ruiz Mendieta también recibió cachazos en la cabeza y golpes en el rostro, abdomen, tórax y piernas”, denunció esta organización, al recordar que don Zeferino Ruiz “continúa en terapia intensiva”.

El día anterior se reunió la asamblea ejidal de Tocuila, donde el comisariado ejidal Humberto Elizalde “hacía referencias frontales sobre inminentes acontecimientos que involucrarían directamente a los ejidatarios que se oponen a la venta de sus tierras”, aseveró la organización.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se opone a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, que forma parte del proyecto del NAICM y atravesaría Tocuila, una entidad situada a dos kilómetros de San Salvador Atenco, otro pueblo opositor a las obras aeroportuarias.

Desde el pasado mes de abril se multiplicaron los conflictos entre campesinos y la empresa Cypsa Vise, concesionaria del proyecto carretero.

La empresa promovió dos denuncias contra integrantes del FPDT y obtuvo el respaldo del Ejército para seguir con la construcción. Los pasados 12 y 27 de abril, los campesinos denunciaron que la institución castrense desplegó una tanqueta para proteger a los trabajadores.

Los pasados 18, 19 y 20 de agosto, un grupo de golpeadores quemó un campamento del FPDT y agredió con palos, piedras y tubos a los campesinos inconformes con la carretera. El 14 de ese mes, el comisariado ejidal aprobó la venta de la tierra comunal por el precio de mil pesos por metro cuadrado a raíz de una asamblea ejidal amañada, denunció el FPDT.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Recorte pone en riesgo supervivencia de 25 millones de indígenas, alertan

CIUDAD DE MÉXICO: Líderes de organizaciones indígenas del país acusaron al presidente Enrique Peña Nieto por “no honrar su palabra” con los pueblos originarios tras proponer un recorte de casi 11 mil millones de pesos al presupuesto destinado a este sector para el ejercicio fiscal de 2017, situación que pone en riesgo la supervivencia de 25 millones de indígenas en el país.


En conferencia de prensa, líderes indígenas recordaron que ante la ONU, en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, Peña Nieto se comprometió a respaldar a este sector de la población “para que alcance un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”, y ahora, en la propuesta del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2017, se proponen recortes a Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de hasta 70% en inversión para la infraestructura indígena.

Según el análisis que dirigentes indígenas hicieron al Anexo 10 de la propuesta del PEF 2017, referente a Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2016 se canalizaron más de 85 mil 260 millones de pesos, y para este año los fondos públicos programados son del orden de 74 mil 292 mil millones, una reducción de 12.86%.


De ese total, a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI), clasificada dentro del rubro de entidades no sectorizadas, se le restan 51.21% de los fondos con respecto de 2016, al pasar de 11 mil 900 millones de pesos a 5 mil 806 millones para 2017.

Otros puntos que preocupan a las organizaciones indígenas es el de la Infraestructura Indígena, que para el año que corre se presupuestó en 7 mil 590 millones de pesos, en tanto que para 2017 se tiene proyectada una inversión de 2 mil 264 millones de pesos, un recorte de 70.17%, en tanto que para la Producción Indígena se prevén 772 mil 209 millones de pesos, 50.87% menos que en 2016, cuando se destinaron mil 571 millones de pesos.

Carlos de Jesús Alejandro, dirigente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) y exdiputado federal por el PRD en la legislatura pasada, resaltó que es “la primera vez en 13 años de vida de la CDI que se recorta el presupuesto destinado a los pueblos indígenas; en años anteriores el incremento iba a la par de la inflación y generalmente se aumentaba un poco más en el cabildeo que hacíamos los legisladores indígenas”.

Luego añadió que debido al “recorte brutal” se verán afectados de manera prioritaria “los proyectos de infraestructura y productivos, para que no tengamos ni caminos ni obras y por tanto carezcamos de una vida en dignidad”.

Tras señalar que la CDI “perdió la visión de ser la unidad rectora del desarrollo de los pueblos indígenas y de coordinar este presupuesto con 14 dependencias federales”, deploró que la actual administración no ha tenido la capacidad para ejercer los recursos que se le destinan, de manera que “el año pasado y éste registró subejercicios de 20% y 30%, debido a las incapacidades operativas y administrativas, y a la burocracia de las reglas de operación, por lo que difícilmente se puede acceder a los recursos”.

Marcos Matías Alonso, integrante de Altepetl Nahuas, alertó que el recorte impactaría de forma directa a 25 millones de indígenas, que representan 21.5% de los mexicanos, “y que podrían sumarse a la masa de población en extrema pobreza”.

El también exdiputado federal por el PRD y exsecretario de Pueblos Indígenas de Guerrero, advirtió que la desatención a los pueblos originarios “puede orillar a la población a sumarse a las filas del sicariato, a integrarse de forma más activa al crimen organizado y a la producción de enervantes”.

También resaltó que en Guerrero, uno de los estados más empobrecidos pero que ocupa el primer lugar en producción de amapola, “lo que se ha visto es que se ha aumentado el número de pobladores indígenas que se están integrando a la producción de enervantes, simplemente porque no tienen otra opción de vida”.

Luego advirtió que “si el Estado mexicano abandona su responsabilidad en la política social, otros actores van a cubrir ese vacío; si un indígena no tiene para sembrar maíz, va a tomar otro camino, el de sumarse a las filas del crimen organizado, sin olvidar que las razones que llevaron al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional siguen vigentes”.

En la conferencia de prensa dirigentes mujeres como Marta Sánchez Néstor, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y Larisa Ortiz Quintero de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, alertaron sobre la desprotección a las mujeres de los pueblos originarios, que corresponden a una población de 13 millones de personas.


Por ello llamaron a los diputados federales a realizar un foro nacional para analizar y discutir el presupuesto destinado al sector indígena el próximo 12 de octubre, en el contexto del Día de la Dignidad y la Resistencia Indígena.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÁZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456795/recorte-pone-en-riesgo-supervivencia-25-millones-indigenas-alertan

Amnistía critica viaje de EPN a Colombia en el aniversario de los 43: “esconder, ignorar, olvidar”

El Presidente Enrique Peña Nieto no quiso perderse la oportunidad de ver al Presidente Colombiano Juan Manuel Santos y al líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmar el acuerdo que cambiará al país sudamericano el pasado lunes. Pero “si el mandatario mexicano hubiera estado anoche en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, hubiera recordado que hace dos años, otro 26 de septiembre había pasado a los libros de historia de su propio país, pero por las razones equivocadas”, dice un texto publicado por Amnistía Internacional España en ElDiario.es y llevado a los lectores de vía SinEmbargo. La ausencia de Enrique Peña Nieto en México, agrega, en el día del aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, “simboliza la actitud que sucesivos gobiernos mexicanos tienen sobre los derechos humanos: Esconder, ignorar, olvidar”.

El 26 de Septiembre indudablemente tendrá su propio capítulo en los libros de historia. El mundo lo recordará como el muchas veces impensado día en el que Colombia decidió dejar atrás una despiadada guerra que dejó una larga estela de dolor y muerte. El momento en el que América Latina eligió la paz.

Naturalmente, nadie quiso perderse la oportunidad de ser parte de todo aquello, ver al Presidente Colombiano Juan Manuel Santos y al líder de las FARC, Rodrigo Londoño, firmar ese acuerdo que cambiará la historia.

Enrique Peña Nieto fue uno de ellos. El Presidente Mexicano dijo que su país quería ser testigo de aquel momento histórico.

Pero si Peña Nieto hubiera estado esa noche en el Palacio Nacional en la ciudad de México, hubiera recordado que hace dos años, otro 26 de Septiembre había pasado a los libros de historia de su propio país, pero por las razones equivocadas.

Si hubiera estado en el balcón del Palacio Nacional, hubiera visto a cientos de personas rodear el majestuoso Zócalo, los hubiera escuchado gritar con todas sus fuerzas 43 nombres una y otra vez, hubiera tenido que enfrentar el dolor de 43 familias suplicando justicia hasta las lágrimas, hubiera olido el aroma de la frustración, de la rabia, de la incontrolable angustia que viene de la mano de una ausencia monumental.

Pero Enrique Peña Nieto decidió no estar ahí. Para el mandatario mexicano, ser testigo de la paz en un país cercano fue infinitamente más importante que enfrentar el trauma de la injusticia en el suyo, asumir su rol y trabajar para asegurar la justicia.


Decidió que era más adecuado prometer, nuevamente, esta vez desde Cartagena, que la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero que tuvo lugar hace dos años continuará hasta que se encuentren todos los responsables.

Pero las cientos de personas que ocuparon el centro histórico de la capital mexicana no estuvieron de acuerdo.
“Cuando pienso en Ayotzinapa siento rabia, tristeza, porque estas son situaciones que ocurren todo el tiempo y hay un gobierno muy cínico que no acepta sus errores”, me dice Astrid, una estudiante de Filosofía de 22 años mientras camina hacia el Zócalo, frente al Palacio de Gobierno.

A su alrededor, decenas de otros estudiantes sostienen carteles, cantan, gritan, cuentan hasta 43, se enojan. Muchos dicen que si no hubieran sido desaparecidos, los 43 estarían aquí, marchando con ellos por alguna otra causa.

Muchos de los que marchan tienen la misma edad de los 43. Saben que podrían haber sido sus nombres los que tantos otros ahora gritan.
“El gobierno nos tiene miedo a los estudiantes porque estamos informados, porque nos involucramos. Es deprimente que no hagan nada para resolver los problemas,” dijo Paola, otra estudiante de 22 años.
Todos se preguntan dónde está el presidente. La ausencia de Enrique Peña Nieto simboliza la actitud que sucesivos gobiernos mexicanos tienen sobre los derechos humanos: Esconder, ignorar, olvidar.

El catálogo de fallas que ha cometido este gobierno desde que los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos es tan vasto que se necesitarían decenas de páginas para listarlos. De hecho, el último informe del grupo de expertos designados por la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos resume algunas de ellas en 500 hojas – y no fue suficiente para mencionar muchas de las maniobras de las autoridades para asegurar que la verdad nunca llegara a la luz.

Ayotzinapa es uno de los ejemplos más recientes de la crisis de derechos humanos en la que México se encuentra sumergido desde hace décadas, pero no es el único.

Las cientos de personas que transitaron las calles de la capital Mexicana anoche representaban, cada una, algunos de aquellos problemas: la pobreza extrema, la desigualdad, la falta de inversión en la educación, los alarmantes niveles del uso de tortura, por nombrar algunos.

Para cada una de aquellas personas también representa la esencial persistencia que surge de la profunda necesidad de justicia. La persistencia sin la cual la crisis de derechos humanos en México sería una catástrofe.


“Estamos como si fuera el primer día,” grita Joaquina Sanchez García, mamá Martín Getsemany. “Pero no nos vamos a cansar nunca. Vamos a ir a todos lados y lo haremos por el amor a nuestros hijos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

FUENTE: SIN EMBARGO/ELDIARIO.ES.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-09-2016/3098069

No sirve si el PRI quita derechos a Bermúdez Zurita, sirve que vaya a prisión: familias de Tierra Blanca

El pasado martes, la Comisión Nacional de Justicia del PRI acordó retirar los derechos partidistas al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a otros seis militantes, entre ellos, Arturo Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública de la entidad. Pero el “castigo” del partido no es suficiente para las familias de los desaparecidos en Playa Vicente, quienes quieren verlo en la cárcel ante la indiferencia que mostró en su cargo con las miles de víctimas. “Hubo delito de omisión”, dijo José Benítez Herrera, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca el pasado 11 de enero.

Padres y familiares de los cinco jóvenes de Playa Vicente, víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca, indicaron que de nada les sirve que le hayan quitado los derechos partidistas a Arturo Bermúdez Zurita, puesto que ellos quieren que lo castiguen con cárcel.


“Si le quitaron los derechos como priista a Arturo Bermúdez, a los padres de Playa Vicente no nos sirve de nada. Yo lo que de menos espero es verlo en la cárcel, porque hubo delito de omisión y esa gente estuvo de acuerdo en la desaparición de nuestros hijos. Que no se hagan pendejos”, palabras de José Benítez Herrera, víctima indirecta por la desaparición forzada de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero de 2016. El padre de José Benítez de la O, en exclusiva para Blog Expediente, asegura que su grupo no descarta proceder de manera penal en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. “Todo a su tiempo, mi buen” explica.

Lo anterior tras cuestionarle sobre el proceder de la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de siete funcionarios veracruzanos: Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Manzur Beltrán, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.

No obstante la detención de ocho policías estatales y el mismo número de civiles, vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación, Benítez Herrera comparte que a nueve meses de los hechos y haber enfrentado el proceso de duelo, ahora planean nuevas acciones en contra de los responsables, en este caso, personal ministerial de Tierra Blanca y el mismo Bermúdez Zurita.
“Los padre de Playa Vicente lograron evidenciar a la Policía Estatal, pero la justicia solo investigó sobre ese caso en particular. ¿Qué pasó con todos los muchachos que también desaparecieron en Tierra Blanca y en todo Veracruz? Son muchos los señalamientos hacia la gente de Bermúdez” opina al respecto Rosalía Castro, líder del Colectivo Solecito.

Por su parte, Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arróniz, el único de los cinco jóvenes que ha sido declarado como finado, recuerda que el ex delegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, siempre estuvo a las órdenes directas del actual Secretario de Seguridad Pública, Nabor Nava, pero también del llamado Capitán Tormenta.


“Javier Duarte, antes de haber autorizado su renuncia, tuvo que haberlo investigarlo. Pero es obvio que ya no le interesa nada, ahora su prioridad es salvar su pellejo. Si a Bermúdez le están investigando por enriquecimiento ilícito, también deben hacerlo por omisión y colusión. Ese hombre es para que nunca saliera de la cárcel”.

Declaraciones de los padres de Playa Vicente a las que suman las de representantes de colectivos de desaparecidos en Veracruz, quienes coinciden que del total de desapariciones, al menos el 90 por ciento señalan a los elementos de Bermúdez Zurita como los actores materiales e intelectuales.


“DE POCO SIRVE EL JALÓN DE OREJAS A BERMÚDEZ”

“Lo que le hicieron a Bermúdez solo fue un jalón de orejas entre cuates, eso no se compara con el sufrimiento de todas nosotras. Esto es apenas la mugre de la uña. Queremos la verdad, encontrarlos y que nuestros hijos tengan justicia”.

Advierte la doctora Rosalía Castro Toss, líder del colectivo Solecito y madre de Roberto Carlos Caso Castro, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2011 en la carretera federal José Cardel – Tamarindo, Veracruz.

“Nosotras no queremos que a Arturo Bermúdez sólo lo corran del partido, nosotras queremos que pague, que devuelva todo lo que se robó, pero sobre todo qué diga lo qué pasó con nuestros hijos. Porque él sabe dónde está, los mismos elementos de la SSP alzaron a mucha gente”.

La entrevistada añade que tras el hallazgo de 88 fosas clandestinas en el predio de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, no solo salieron a la superficie cadáveres, sino “decenas de evidencias se exhumaron, donde encargados del orden en Veracruz dejaron de velar por los derechos humanos.

Finalmente Rosalía Castro se pregunta, “¿dónde está Arturo Bermúdez? De poco sirve el jalón de orejas, la justicia lo debe seguir hasta el fin del mundo”.

Por su parte, Carlos Saldaña Grajales, integrante del colectivo Familias Enlaces Xalapa expone que del total de sus compañeros, el 75 por señalan a elementos de la extinta Policía Intermunicpal y de la SSP. “La justicia debe fincarle todas las responsabilidades a Bermúdez, ahora más que nunca que han perdido el poder de sus manos”.

Finalmente, Aracely Salcedo, representante del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, hace un espacio en su proyecto “Sus miradas en nuestras memorias” que consta de dibujar 55 rostros de desaparecidos en la zona centro de Veracruz y opina sobre la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI.


“Yo no creo que sea tan buena, pues el partido se lava las manos. Ahora que digan que proceda la ley en contra de Bermúdez Zurita, pues se trata de una persona nefasta y corrupta. Que pague por las fechorías que cometió. Las madres de desaparecidos exigimos sólo una cosa: Cárcel para Arturo Bermúdez”.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-09-2016/3097782

Cinco muertos en balacera al sur de Sinaloa

Culiacán, Sin. Un saldo de cinco personas muertas dejó un enfrentamiento a balazos en la zona serrana del municipio de Escuinapa, al sur de esta entidad.

Los primeros reportes de las corporaciones policiacas indican que la refriega fue la noche de este miércoles, cerca de un kilómetro de la comunidad La Ciénega. Los occisos tenía lesiones de bala calibres 7.62, para fusil AK-47, y .223, para AR-15.


Agentes encontraron dos camiones pick up con impactos de bala. Las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas; en la zona, personal del Ejército Mexicano mantiene un operativo de “blindaje”, con revisiones a vehículos y personas, para combatir la presencia del crimen organizado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER VALDEZ CÁRDENAZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/cinco-muertos-en-balacera-al-sur-de-sinaloa

Michoacán: liberan normalistas a director de seguridad Lucio Ríos

Morelia, Mich. Estudiantes de la Normal de Cherán liberaron esta madrugada al director de seguridad pública de Chilchota, Alfredo Lucio Ríos Chávez, luego de permanecer retenido desde el pasado martes en la tarde, con el fin de exigir la liberación de 49 de sus compañeros detenidos tras un enfrentamiento con policías estatales y luego de haber incendiado tres vehículos.

El también teniente del Ejército dijo encontrarse bien de salud. Su liberación fue tras un operativo por parte de elementos de la policía estatal.

En tanto, el vocero de los normalistas, Alejandro Toledo, declaró para un noticiero radiofónico que su lucha por la liberación de sus compañeros se mantendrá este jueves. Agregó que planean quemar un auto por cada normalista detenido, y que esta acción se realizará en diferentes regiones del estado.

Alertó que a partir de las 2 de la tarde de este día la capital del estado, Morelia,  "se estará desquiciando".


El pasado 27 de septiembre, los normalistas incendiaron tres unidades; ayer fueron cuatro en la zona de Carapa, municipio de Chilchota y dos más en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/michoacan-liberan-normalistas-a-director-de-seguridad-lucio-rios

Gastó Borge 51.3 mdd en la renta de tres aeronaves

Al comparecer ante la comisión de hacienda, presupuesto y cuenta del Congreso local, el director general de la empresa Vip Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos, SA), Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, reveló que durante el sexenio recién concluido, el ex gobernador Roberto Borge Angulo gastó 51 millones 281 mil 250 dólares en la renta de dos aeronaves y un helicóptero para sus traslados.

Explicó que desde el principio la administración del priísta Borge Angulo, por conducto de Vip Saesa, subarrendaba a Taxi Aéreo Villa Rica las dos aeronaves mediante un contrato de 150 horas de vuelo mensuales a razón de 4 mil 500 dólares por hora, es decir, 48 millones 600 mil dólares durante los seis años de gobierno.

Adicionalmente, para el servicio del gobernador se rentó en enero de 2014 un helicóptero por 25 horas mensuales, cada una con un costo de 3 mil 250 dólares, aunque sólo se habría utilizado 33 meses, lo que equivale a 2 millones 681 mil 250 dólares.

A un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, los 51 millones 281 mil 250 dólares pagados equivalen a mil 25 millones 625 mil pesos. Las tres aeronaves las arrendaba a la empresa veracruzana Taxi Aéreo Villa Rica, que pertenece a la familia de Francisco Ruiz Anitúa, amigo personal del ex gobernador.

Integrantes de esa familia construyeron también el hotel Inn en Chetumal y estuvieron relacionados con GD Rumega, constructora creada al comienzo de la administración de Borge y que recibió una docena de millonarios contratos de la Secretaría de Infraestructura.

La renta de estos aviones no fue todo el gasto del gobierno de Roberto Borge en transportación aérea. Hubo un gasto adicional por una flotilla de cuatro aviones que usaban decenas de funcionarios, políticos y familiares, como reconoció, sin dar detalles de las bitácoras.

El director general reportó que Vip Saesa tuvo pérdidas, entre ellas una de 649 millones de pesos en 2012 (el último año de gobierno de Félix González Canto) y el Partido Revolucionario Institucional le adeuda 450 mil pesos.

Indicó que hasta el 24 de septiembre pasado la plantilla de la empresa era de 49 trabajadores y que administra en comodato los siete aeródromos de la entidad: Mahahual, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Xcalak, Kohunlich y Pultipuc.

De 2014 a lo que va de 2016, las avionetas Séneca y King Air con matrículas ECHEW y EAROO, para seis pasajeros y el tripulante, operaban en comodato con el gobierno estatal. Se documentaron 14 mil 725 salidas y llegadas y la movilización de 21 mil 337 pasajeros.

Pedro Flota Alcocer, diputado priísta, utilizó entre 2015 y 2016 uno de los aviones para hacer viajes que costaron 565 millones 274 mil pesos.

Asimismo, el Ejecutivo asignó 197 policías de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública a su servicio y al de ex gobernadores, funcionarios yperiodistas, informó el ex secretario de la dependencia Juan Pedro Mercader Rodríguez.

Entre los beneficiarios figuran el hoy senador Félix Arturo González Canto y su familia. Al congresista se le destinaron durante toda la administración pasada vehículos propiedad de gobierno, gasolina y 28 policías estatales equipados con fusiles de asalto AR-15, pistolas Glock y granadas.





Fuente: La Jornada
Autor: Carlos Águila Arreola
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/29/estados/029n1est

México, en un vacío de poder que llena la delincuencia: Buscaglia

CIUDAD DE MÉXICO: Durante su gestión, el panista Felipe Calderón Hinojosa pretendió combatir la delincuencia organizada con un Estado sucio y corrupto. Contó para ello con un gran presupuesto para instrumentar una “represión sucia con desapariciones forzadas”.

El priista Enrique Peña Nieto no sólo sumó a las pifias de su predecesor “la represión social” contra grupos que buscaban detener las violaciones masivas a derechos humanos; también se metió a negociar con grupos criminales. El resultado: más fosas y más desapariciones forzadas.

Así resume Edgardo Buscaglia lo que ha pasado en México durante los últimos dos sexenios. Y advierte: las desapariciones forzadas en el país no son producto de una junta militar, sino de “un fenómeno atomizado” que se va trasladando de un lugar a otro. Forman parte de la corrupción y la impunidad donde 99.9% de los casos no se resuelven.

Según el especialista en seguridad, prevención y combate al delito, temas en los que ha asesorado a países de cuatro continentes, eso es resultado del vacío de poder. “Estamos ante un Estado fragmentado donde algunos sectores se asocian a los grupos criminales; otros luchan contra ellos, y así como hay policías que combaten a cárteles de la droga, otros se les alinean”.

E insiste: las desapariciones forzadas empiezan a darse de manera fragmentada en todo el país. “A veces son periodistas; otras, activistas sociales: otras, empresarios que se niegan a ser extorsionados, otras pueden ser entre los mismos ­delincuentes”.

En junio de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó 27 mil 243, cifra similar a la que reportó la Secretaría de Gobernación: 27 mil 523.

En marzo de 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, admitió que la cifra creció a 28 mil 161 personas. A ellas habría que sumar las 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa.

Ellos fueron calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según “la verdad histórica” construida por Tomás Zerón cuando fue titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Hoy, este personaje es secretario técnico del secretariado encargado de contabilizar a los desaparecidos.

“Pax” mafiosa

Edgardo Buscaglia sostiene que, antes de combatir a la delincuencia organizada y “lanzar a las Fuerzas Armadas o policiacas a la calle, primero se debe limpiar mínimamente al Estado”, algo que no hizo Calderón. Y, añade, deben establecerse controles patrimoniales democráticos a funcionarios y policías, así como una ley de extinción de dominio que apliquen las unidades de investigación patrimonial autónomas en cada entidad federativa que trabajen en red.

Asimismo, dice, debe haber una prevención social y una prevención de corrupción política para evitar la filtración del crimen organizado en las listas de candidatos a cargos de elección popular en todos los niveles.

Si no se limpia el Estado sucio, advierte, la corrupción aumenta exponencialmente a nivel operativo. Y pone un ejemplo: cuando Genaro García Luna estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, los policías federales ya estaban corrompidos.

Así, cuando Calderón lo nombró titular de la Secretaría de Seguridad Pública y le otorgó un presupuesto 20 veces superior, la corrupción se incrementó; peor aún, los delitos y violaciones a los derechos humanos se dispararon, explica.

Y puntualiza: Al incrementar el presupuesto a la Policía Federal (PF), Calderón sólo le echó gasolina al fuego. Además, indica, lo hizo contar con instituciones de prevención social en medio de vacíos de Estado, sin someter a la policía a una auditoría social.

“¿Cómo pudo ocurrírsele aumentar la capacidad represiva a través de presupuestos altos? Lo único que hizo fue crear este tsunami de más de 27 mil desaparecidos.”

Lo que hoy tiene México es represión sucia con desapariciones forzadas, gente colgada en las calles, comandos de la PF secuestrando a sus propios compañeros, activistas sociales. Calderón nunca entendió que con un Estado fragmentado y sucio era imposible combatir a la delincuencia organizada, sostiene Buscaglia.

Abunda: en este clima de impunidad y corrupción, pequeños pedazos de la PF trabajan para grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa; otros se alinean con Los Zetas o con La Familia Michoacana, etcétera. Hoy, ellos mismos comienzan a limpiar sus territorios para los grupos criminales. En ese proceso de limpia caen ángeles y demonios.

Ante la impunidad –99.9% de las desapariciones jamás se resuelven–, los grupos criminales piensan en los costos y beneficios: si no hay sanción por asesinar a alguien o enterrarlo en una fosa, las cosas pueden seguir.

En su reporte entregado al Senado en febrero último, la Procuraduría General de la República (PGR) indica que de agosto de 2006 a octubre de 2015 el gobierno localizó 662 cuerpos en 201 fosas.

El año más crítico fue 2011, cuando se detectaron 26 fosas en Veracruz, Tamaulipas y Durango. En la última entidad había 53 cuerpos, según la PGR. Sin embargo, la prensa local reportó 231, la mayoría no identificados, y denunció que las autoridades estatales exhumaron los cadáveres con trascabos y retroexcavadoras, “como si se tratara de cascajo”.

Según el reporte de la procuraduría, entre octubre de 2014 y junio de 2015 en Iguala, Guerrero, se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos: ninguno era de los estudiantes de Ayotzinapa.

Buscaglia comenta al respecto: Las desapariciones donde participa el crimen organizado son por disputas territoriales, como en Durango. Cuando ello sucede, las convenciones internaciones lo consideran “un conflicto armado”, pues algunos elementos del Estado se alinean con alguno de los bandos, mientras la población civil queda en medio de los enfrentamientos.

“Durango sufrió uno de los más altos índices de desapariciones forzadas; luego se colapsa ese índice una vez que el Cártel de Sinaloa toma el territorio y establece a sus funcionarios”, señala el especialista.

Explica: dada la crónica incapacidad del Estado mexicano para procesar casos, imponer castigos y desmantelar redes criminales por falta de controles patrimoniales, la tasa de homicidios se reduce porque un grupo criminal se adueña del territorio, desplaza a sus rivales y hace alianzas con el gobierno. Esa es la pax mafiosa.

Comisión de la verdad

Los tsunami de desapariciones forzadas y homicidios obedecen sólo a los conflictos, aleatorios o no, entre las redes criminales. Cuando un grupo triunfa, va en pos de otro territorio. Ante el vacío de poder del Estado, las bandas criminales son las que imponen las tasas de desapariciones, no el Estado.

Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, recuerda que en los ochenta había una “pirámide de comando y control” del gobierno federal. El crimen organizado formaba parte de ella, pero durante la pretendida “transición democrática” se desmantelaron las instituciones autoritarias. Lo grave es que no se sustituyeron.

Y pone un ejemplo: Lo que hizo Vicente Fox con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no fue sustituirlo por una policía democrática. Además, en las entidades siguen los mismos jueces. “Con esa pirámide de comando de control desquebrajada, el crimen organizado comenzó a financiar a los políticos y a imponer policías y funcionarios.

También hay grupos que cometen desapariciones forzadas. “Forman parte del Estado y los conforman policías estatales. Ellos son los que cavan las fosas, extorsionan gente, asesinan”.

Cita el caso de Chiapas, donde, como sucedió en Afganistán, “un pedazo del Estado trata de imponer la ley a otro pedazo del Estado, asediando a fiscales y deteniéndolos. Eso me tocó verlo. Y esto es difícil de resolver porque no está sujeto a una orden de Los Pinos, Hoy, el presidente Peña Nieto es un cero a la izquierda, una figura simbólica con menos poder que la reina de Inglaterra”.

Buscaglia insiste: Peña Nieto continuó con los errores de Calderón en la persecución al crimen organizado, y además lo hizo sin implementar ninguna medida de control patrimonial ni de prevención para atacar la corrupción política.

Peor aún, “se metió a negociar con los grupos criminales, como en Michoacán. Ahí neutralizó a los grupos sociales que defendían a la población. Con ello agregó a los errores de Calderón la represión a los grupos sociales y la entrega incondicional de territorio (a los criminales)”.

También habla de otros estados, como Chihuahua, donde ese mismo esquema se aplicó pero no de manera pública. Afirma que hoy el control de esa entidad lo tienen los grupos criminales.

Buscaglia también menciona el caso de Cherán, donde Peña Nieto ha enviado a la PF y al Ejército para fragmentar a esa comunidad indígena y reprimirla. Al mismo tiempo empieza a incrementarse la violencia, la violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas.

Frente a esa realidad oprobiosa, dice, los familiares de víctimas y desaparecidos deben crear una sola agrupación, una Comisión de la Verdad, y elaborar una agenda nacional; deben buscar el respaldo y financiamiento de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Desapariciones, invitar a técnicos extranjeros para organizar sus descubrimientos y testimonios, y pedir asesoría a jueces o exjueces extranjeros.

Recomienda que, una vez organizados, deben “rodear el Congreso”, ejercer presión para que las autoridades respondan por los desaparecidos. Dice que un ejemplo digno es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes el gobierno de Peña Nieto no ha podido dividir.

“Ellos han tenido la mejor práctica internacional, apoyo en Europa. Han hecho escándalo mediático. Ya pusieron en jaque al gobierno. Tarde o temprano su caso va a llegar a la Corte Penal Internacional.”


Advierte que cuando las organizaciones de víctimas empiezan a aglutinarse, el gobierno trata de cooptarlas, bloquearlas, meterles miedo, darles dinero. “Nunca había visto tanto reparto de dinero como en México. En Brasil, Colombia o Argentina nunca vi algo así”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456522/mexico-en-vacio-poder-llena-la-delincuencia-buscaglia

Otorgan amparo a Padrés Elías contra orden de aprehensión

Ciudad de México. La juez federal Rosa María Cervantes otorgó una suspensión provisional a Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, quien pidió el amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

La suspensión sólo será útil e impediría la detención de Padres en caso de que no se trate de una acusación por un delito grave ni que amerite la prisión preventiva oficiosa.

Abogados cercanos al caso consultados por La Jornada precisaron que el amparo se tramitó para “ubicar” en los juzgados si existe alguna orden de aprehensión librada contra el ex gobernador sonorense, pues los defensores no tienen claro si ya se consignó la averiguación previa abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el político.

En los próximos cinco días hábiles la dependencia federal y los 69 juzgados señalados como responsables en la demanda de amparo tramitada por los abogados de Padrés deberán responder a la juez Cervantes (juici 873/2016) si, como lo afirma el quejoso, existe una orden de captura en su contra.

Desde julio pasado se tiene registro de amparos tramitados por el ex gobernador contra una posible orden de aprehensión, señalando que es inminente que sea librada en su contra o que incluso ya lo buscan las autoridades en su domicilio, lo cual, hasta ahora, ha resultado falso.

Padrés es investigado por la PGR por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, derivado de unos supuestos sobornos de un contratista del Gobierno de Sonora y que el ex gobernador habría ocultado en Europa.

El político sonorense se convirtió en un objetivo de las autoridades, luego de que se detectara que aparentemente recibió depósitos por 3 millones 312 mil 175 dólares de la empresa Procesos Automatizados de Manufactura, de Mario Humberto Aguirre Ibarra.





Fuente: La Jornada
Autor: Alfredo Méndez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/otorgan-amparo-a-padres-elias-contra-orden-de-aprehension

Paran 15 horas dos estaciones del Metro por lluvia

Ciudad de México. Las estaciones Los Reyes y La Paz, de la línea A del Metro, sumaron 15 horas sin dar servicio a los usuarios, al continuar los trabajos de desalojo de agua y revisión de los diversos sistemas eléctrico y electromecánicos.

En la cuenta de Twitter, el Servicio del Metro informó que continuará el servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta hasta nuevo aviso.

Tras la fuerte lluvia que se registró la tarde-noche de ayer, el Sistema de Transporte Colectivo informó de la suspensión del servicio, pues el agua proveniente de la vialidad entró a caudales, mientras una señalización de dicha línea resultó afectada por un rayo.

La entrada de humedad y el desplazamiento de aire frío hacia el interior del país mantendrá en el Valle de México el potencial de chubascos fuertes a tormentas puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además favorecerá la creación de bancos de niebla o neblina en zonas altas de la región.

En las primeras horas de este jueves, el caos vial en Circuito Interior, Zaragoza, Avenida Central e Insurgentes, donde se registran encharcamientos en varios tramos ha convertido estas vialidades en grandes estacionamientos.





Fuente: La Jornada
Autora: Laura Gómez Flores
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/suman-15-horas-sin-servicio-dos-estaciones-de-linea-a-por-lluvia

Hallan muerta dentro de una maleta a joven desaparecida en Naucalpan

CIUDAD DE MÉXICO: La estudiante Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, La China, cuya desaparición se reportó el pasado jueves 22, fue hallada sin vida dentro de una maleta en una calle del municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la entidad, la joven de 19 años fue vista por última vez ese día, alrededor de las 15:20 horas, cuando ingresaba a la farmacia San Pablo que se localiza en la esquina de avenida Lomas Verdes y López Mateos de esa localidad, donde supuestamente tramitaría un certificado médico.

Tras la desaparición de su hija, Becky Espinosa inició una campaña en las redes sociales para tratar de ubicar a la joven, quien al momento de su desaparición vestía una blusa color coral con tirantes, jeans negros y tenis.

A principios de semana las autoridades reportaron el hallazgo de dos cadáveres que se encontraban dentro de maletas en la calle de Presa Necaxa Manzana 8 Lote 6, en la colonia Tejocote de Naucalpan.

Ambos cuerpos presentaban huellas de golpes, y una de las víctimas llevaba una vestimenta parecida a la de Karen, pero hasta ayer se confirmó su identidad.

La Universidad Tecnológica de México (Unitec), donde estudiaba la joven, lamentó la muerte de Karen y exigió castigo para los responsables del crimen.

“La Universidad Tecnológica de México expresa su consternación por el fallecimiento de Karen Rebeca Esquivel de los Monteros, alumna de esta institución, y hace un enérgico llamado a las autoridades del Estado de México para que realicen una investigación exhaustiva que dé con los responsables de su muerte. Acompañamos a sus familia y amigos en este momento de profundo dolor”, puntualizó en un comunicado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a balazos a dos hombres en la Gustavo A. Madero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos hombres que instalaban estéreos a vehículos en la calle fueron asesinados a balazos en la delegación Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron anoche en la calle 5 de Mayo casi esquina con la Segunda Cerrada de 5 de Mayo, en la colonia Valle de Madero.

Aproximadamente a las 21:50 horas, vecinos reportaron disparos y luego solicitaron ayuda para los dos hombres que fueron agredidos.

Una de las víctimas fue identificado como Víctor, de al menos 25 años de edad, quien habría quedado entre un taxi Jetta y un Vento que se encontraban estacionados en la calle.

En tanto, su acompañante, de quien no se reveló su identidad, alcanzó a entrar a un domicilio.

Testigos dijeron que los agresores escaparon a bordo de un vehículo, aunque no se logró precisar más datos.

Pese a que su base se encuentra a una cuadra de distancia, un par de patrullas de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) tardaron en arribar.


Mientras se esperaba que una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendiera a los lesionados, varios metros a la redonda quedaron resguardados para preservar las evidencias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/456718/matan-a-balazos-a-dos-hombres-en-la-gustavo-a-madero

Huicholes recuperan 180 hectáreas en Nayarit robadas por ganaderos, tras una lucha de 9 años

La comunidad Wixárika exigió al Presidente Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “cumplan con su palabra” de dar prioridad a la “garantía estricta” de los derechos de los pueblos originarios mexicanos, tal y como lo afirmaron ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y ante los nayaritas.

Más de 180 hectáreas de tierras huicholes invadidas por ganaderos desde hace décadas, ubicadas en Nayarit, fueron restituidas a la comunidad indígena hace algunos días, informó en entrevista para SinEmbargo, Santos de la Cruz, miembro del Consejo Regional Wixárika, quien informó que el predio se encuentra resguardado por un campamento compuesto por más de 600 comuneros.

Desde hace nueve años los huicholes comenzaron un proceso de recuperación de tierras ocupadas por ganaderos de Huajimic, Nayarit. Con ese fin interpusieron 47 juicios de restitución de terrenos ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y, hasta el momento, han obtenido 13 sentencias favorables, las cuales resolvieron que la zona en disputa debía ser devuelta a esa comunidad indígena.

En diversas ocasiones los huicholes han denunciado que desde hace varias décadas, 10 mil hectáreas de sus tierras comunales fueron invadidas por ganaderos adinerados del poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, quienes reclaman supuestos derechos de propiedad.

Así que la restitución de 184 hectáreas es apenas el primer paso pues, aseguran, lucharán hasta recuperar las 10 mil hectáreas ocupadas por los ganaderos.

La fecha señalada para la devolución de las tierras fue el pasado jueves 22 de septiembre, no obstante, a pesar de que los pobladores exigieron a las autoridades garantizar el correcto cumplimiento de la sentencia en un ambiente pacífico, De la Cruz acusó que el Gobierno nayarita “dejó mucho que desear”, ya que no envió elementos policiales que aseguraran un proceso de entrega pacífico.

Los ganaderos han asegurado que la decisión del tribunal es ilegal e incluso habían amagado con no entregar las tierras, por lo que la comunidad Huichol temía que se desatara un enfrentamiento.

La diligencia se llevó a cabo de manera pacífica, sin embargo, el comunero denunció que al concluir, un grupo de aproximadamente 100 ganaderos retuvo por cuatro horas a abogados y periodistas, quienes se dirigían a Tepic, para exigirles apoyo y así lograr que se les otorgue una indemnización por las tierras que entregan.
“Dará inicio el fin del saqueo, invasión y despojo que en contra de nuestras tierras ancestrales perpetraron los ganaderos de Huajimic”, escribió la comunidad huichol en un comunicado.

Ante la expectativa de posibles enfrentamientos, De la Cruz comentó que el pueblo intentó acercarse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con el fin de que su caso se atendiera dentro del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), no obstante, “[Sedatu] lejos de dar debida atención al evidente conflicto social existente, únicamente nos dio largas […] y mintieron diciendo que se estaba avanzando en la supuesta negociación con los ganaderos”, acusó.

Asimismo, señaló que –de ser necesario– coordinarán acciones para obligar al Gobierno a cumplir “con el estado de derecho y el respeto a las tierras y territorios de los pueblos indígenas” de todo México y se pronunció a favor de que los ganaderos seas indemnizados para evitar futuros enfrentamientos.

Sin embargo, de acuerdo con la periodista Tracy Barnett, de Intercontinental Cry, el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ha enviado mensajes que apoyan a los ganaderos.

Los wixárikas argumentan que la Corona Española les otorgó –mediante el correspondiente Título Virreinal en 1718–, el legítimo derecho de propiedad sobre dichas tierras que como pueblo originario ocupaban desde antes de la llegada de los europeos. Además, del respaldo de una resolución presidencial otorgada en 1953, de acuerdo con De la Cruz.

El Consejo Regional Wixárika, organización autónoma que lucha contra las violaciones de los derechos humanos de su pueblo, informó que el pasado 15 de agosto, el TUA Distrito 56 de Tepic, Nayarit, determinó realizar la ejecución forzosa de los predios denominados “Piedra Bola” y “Bola Negra” por una superficie de 184 hectáreas, en dominio de la señora Enriqueta Montoya Ultreras, como señala la sentencia definitiva del expediente 769/2012.

El pueblo Wixárika comprende territorios repartidos entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, agrupados tradicionalmente en las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Andrés Cohamiata y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, en Jalisco; así como la comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de Calítique o San Hipólito, en Durango; y Guadalupe Ocotán Xatsitsarie, en Nayarit.

INDÍGENAS EXIGEN LA DEVOLUCIÓN DE SUS TIERRAS

A través de un comunicado, la comunidad huichol lanzó una serie de exigencias a los Gobiernos de todos los niveles, principalmente para que se lleve a cabo la ejecución de la 12 sentencias pendientes, de forma correcta y se respeten los derechos del pueblo.

De igual manera, exigieron a los Gobiernos de Jalisco y Nayarit, representados por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Roberto Sandoval Castañeda respectivamente, que se lleven a cabo de forma pacífica y correcta las ejecuciones próximas.


Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos federal, estatales y municipales con el fin de que vigilen permanentemente la primera ejecución realizada la semana pasada y así lograr que culmine en buenos términos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-09-2016/3095237