El próximo 30 de noviembre, Javier Duarte de Ochoa dejará de ser Gobernador de Veracruz. Desde los primeros meses, su administración fue un caos. Señalado por ciudadanos, ONGs nacionales y extranjeras, y un puñado de medios de comunicación que se atrevieron a denunciar sus acciones y omisiones, el Gobierno federal dejó al priista “trabajar” en la descomposición social y económica en el que dejará ese estado. El Presidente Enrique Peña Nieto hasta lo puso de ejemplo como parte de la nueva forma de gobernar del PRI. Hoy el tricolor le ha dado la espalda y la PGR lo investiga, lo mismo que a sus cercanos. Por si fuera poco fue la causa de que el Revolucionario Institucional sufriera una dolorosa derrota en un estado que aporta millones de votos, por primera vez en 80 años.
Javier Duarte de Ochoa está con un pie fuera de la gubernatura de Veracruz y ahora también de la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que lo llevó al poder en esa entidad. Se va acusado no sólo de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, también de convertir a la entidad en la sexta más violenta –una de las peores para ejercer el periodismo, además–, en la quinta más endeudada y en la tercera más pobre del país. Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, tras una polémica y cuestionada elección, el 1 de diciembre de 2010 a la edad de 37 años. Es miembro de “la nueva generación del priismo que marcaría el rumbo de México”, según las palabras del propio Presidente Enrique Peña Nieto, quien todavía hace tres años lo respaldaba y lo ponía como ejemplo ante el resto de los gobernadores. La amistad se fracturó este año, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciara una investigación en su contra, misma que recientemente atrajo la Procuraduría General de la República (PGR), por irregularidades en la cuenta pública del estado. Tras ser electo como Gobernador, Javier Duarte fue acusado de incurrir en actos anticipados de campaña. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente falló a su favor. Ese sólo fue el inicio de una serie de irregularidades que se cometerían durante la administración duartista, y a pesar de todos los señalamientos en su contra no fue sino hasta el pasado lunes que la Comisión de Justicia del PRI decidió suspender los derechos político-partidistas del mandatario veracruzano. A dos meses de entregar el Gobierno estatal al Partido Acción Nacional (PAN) –por primera vez en 80 años a un partido opositor–, el legado que Duarte de Ochoa deja en Veracruz está marcado, como ya se alertaba desde los primeros meses de su administración, por la violencia, inseguridad, pobreza y represión.
VERACRUZ VIOLENTO “Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios: de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, declaró en noviembre del año pasado Javier Duarte. Para entonces la entidad sumaba, desde que asumió la gubernatura, 3 mil 779 homicidios dolosos, siendo 2012 el año más violento con 968 ejecuciones, un repunte que se vaticinaba desde el primer mes de la administración duartista, que registró 66 asesinatos, la cifra más alta en ese año. Hoy, Veracruz es el sexto estado más violento a nivel nacional. Hasta agosto de este año, la entidad sumaba 716 homicidios violentos y 78 secuestros, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, organizaciones civiles y familiares de las víctimas directas por la violencia en Veracruz hablan de al menos 30 mil desaparecidos y cientos de fosas clandestinas con decenas de restos humanos. Los Zetas se instalaron en Veracruz desde 2005, sin embargo, la violencia se desató en 2010 tras su ruptura con el Cártel del Golfo y los enfrentamientos con los Caballeros Templarios y con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que, según un testimonio que un ex líder Zeta dio a VICE News, el Gobierno del estado le permite traficar y operar como mejor le convenga, aunque de eso dependa la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó un mapa con la nueva distribución de los cárteles en México, colocando al CJNG como los dueños del centro de Veracruz. La presencia de los grupos criminales en el estado, los “levantones”, ejecuciones, violaciones, extorsiones y las fosas clandestinas eran un secreto a voces que resonó en enero de este año, cuando policías estatales de Tierra Blanca interceptaron a cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, y los entregaron a sicarios, quienes, según declaraciones de los implicados, ejecutaron a las víctimas, las incineraron y arrojaron sus cenizas a un riachuelo. Este caso también destapó la opacidad en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, una de las dependencias duartistas en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló más irregularidades y desvío de recursos. La administración de Javier Duarte “facturaba” chalecos antibalas en un restaurante, inflaba precios de esos insumos, confeccionaba miles de playeras y adquiría centenares de sillas, cuyo uso, al menos para el sistema de seguridad veracruzano, se desconocía. De acuerdo con cifras oficiales, casi el 40 por ciento de los elementos de la SSP de Veracruz, que hasta agosto pasado era dirigida por Arturo Bermúdez Zurita, investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, reprobaron los exámenes de control y confianza y aún así seguían en activo. POBREZA Y DEUDA En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que Veracruz es el tercer estado con mayor índice de pobreza. Cuatro millones 634 mil 200 personas viven en situación de pobreza, es decir, el 58 por ciento de su población, colocándose por encima de la media nacional. En el primer año de su gobierno, cuando el 62 por ciento de la población veracruzana percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar, Javier Duarte prometió que reduciría el 50 por ciento de la pobreza. Actualmente, seis de cada 10 veracruzanos vive en condiciones de pobreza extrema. La deuda que Javier Duarte dejará en su estado asciende a 45 mil 879 millones de pesos, y la acumulada con la Universidad Veracruzana (UV) superó los dos mil millones de pesos. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo acusa de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración. La administración de Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o perjuicio a la federación, luego que se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos que pudieron haber sido desviados, sin embargo, la investigación es reciente y pueden pasar años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco en el que estarían involucrados al menos 29 funcionarios y ex funcionarios veracruzanos que ya sin indagados por la PGR.
REPRESIÓN Y PERIODISTAS ASESINADOS El Gobierno de Javier Duarte se ha caracterizado por la represión en contra de activistas y comunicadores, a quienes en repetidas ocasiones, con una sonrisa en el rostro, les pidió “portarse bien”, pues había quienes “andaban en malos pasos” y él ya “sabía quiénes eran”. Los primeros actos de represión que ejecutó el Gobierno de Javier Duarte fueron para agradar y defender al Presidente, como en marzo de 2014, cuando seis activistas de la organización Greenpeace fueron detenidos por colocar frente al Palacio de Gobierno del estado una manta gigantesca con la imagen de Enrique Peña Nieto bañado de petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, en protesta por la Reforma Energética. El hombre que en los últimos meses perdió más de 34 kilos, según él por instrucciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es señalado también de ser quien posiblemente ordenó el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien salió huyendo de Veracruz tras ser amenazado de muerte, misma que encontró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde otras cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, también fueron brutalmente asesinadas. En lo que va de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas han sido asesinados, tres de ellos salieron de Veracruz y fueron ejecutados en Oaxaca y la Ciudad de México, y sólo Pedro Tamayo, acribillado en julio pasado afuera de su domicilio en Poza Rica, tenía medidas cautelares de protección en el ámbito local.
El próximo 1 de diciembre Duarte de Ochoa dejará la gubernatura de un estado dominado por el narcotráfico, sumido en la pobreza y cubierto de impunidad, sin embargo, hasta el último momento, el aún priista defiende su gestión asegurando que todas las acusaciones en su contra son parte de la “grilla política”, a la que él responderá con “trabajos y resultados”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: MELISSA GALVÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-10-2016/3098795
El Ejército actuó de manera muy parecida tras la matanza de Tlatelolco y tras la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: ocultó toda la información que pudo, entorpeció las indagatorias y se olvidó de que estaba para servir a los ciudadanos y no a sí mismo o a los gobiernos. Tal vez no sea casualidad la similitud en las reacciones: tanto en 1968 como en 2014 ese instituto armado había asumido funciones policiacas… funciones que, hasta la fecha, sigue desempeñando.
CIUDAD DE MÉXICO: Las investigaciones sobre la masacre estudiantil en Tlatelolco hace 48 años, y la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo en común: se toparon con los muros del Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública. La participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la fiscalía especial que se creó para investigar los crímenes del pasado perpetrados por el Estado mexicano pudo abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer el papel de los soldados en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Sólo pugnas internas de la cúpula militar protagonista de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas permitieron, muchos años después, acercarse a una versión castrense de los hechos: que el Estado Mayor Presidencial (EMP) disparó contra la multitud y contra las tropas desplazadas para dispersar la manifestación. La acusación la hizo quien era el jefe del Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo, señaló al entonces jefe del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una docena de francotiradores en varios edificios de la Unidad Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas. El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que toda la operación militar del 2 de octubre había estado bajo el mando del secretario de la Defensa. La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza había sido documentada por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró la desclasificación de reportes de la inteligencia militar estadunidense sobre lo ocurrido en Tlatelolco. La versión del Ejército fue confirmada en 1999 por el fundador de este semanario, Julio Scherer García, y el cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso 1182), con documentos del general García Barragán, quien había fallecido dos décadas antes, en septiembre de 1979. Ese relato fue la versión con la que trabajó años después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el gobierno de Vicente Fox.
Funcionarios veracruzanos serán acusados por la falsificación de facturas por un monto de casi mil millones de pesos y de ser responsables podrían alcanzar hasta seis años de cárcel.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables del gobierno de Javier Duarte, tras confirmar la inexistencia y operaciones de al menos 31 empresas que facturaron al menos mil millones de pesos en múltiples contratos de la administración estatal. Los funcionarios involucrados podrían alcanzar hasta seis años de cárcel solo por la facturación de operaciones simuladas en Veracruz; se calcula que el daño patrimonial supera los 967.7 millones de pesos. Además continúan abiertas auditorías independientes a seis funcionarios involucrados y que presentan irregularidades relevantes. Se trata de la primera denuncia penal que presentará el SAT directamente contra los funcionarios de Duarte por el caso de las empresas fantasma. Las 32 anteriores fueron contra las compañías no localizadas. El SAT entregó a Animal Político las respuestas a un cuestionario enviado para dar seguimiento a las investigaciones del caso, luego de que por ley se concedió un plazo a las compañías no localizadas en sus domicilios fiscales para comprobar su existencia y operaciones. El resultado: de 34 contribuyentes investigados, se tiene como no localizados a 31 empresas contratadas por el gobierno veracruzano. Conforme a lo marcado en el Código Fiscal de la Federación (CFF) se procederá a anular fiscalmente todas las operaciones facturadas, que en este caso incluían pagos por supuestas compras de materiales para viviendas endebles, materiales didácticos, despensas, entre otros. Quedará sin efecto la utilización de esos recursos reportada por el gobierno estatal. En su respuesta oficial, el SAT informó que adicional a las repercusiones fiscales mencionadas, se formularán denuncias de hechos contra quien resulte responsable de las dependencias de gobierno estatal ante la autoridad ministerial por la actualización del tipo penal previsto en el artículo 113 fracción III del CFF, referente a la expedición y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Según el artículo mencionado, se castiga con tres meses a seis años de prisión “al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. Por ahora, según lo reportado por las autoridades fiscales, el monto de operaciones anuladas a las empresas no localizadas es de 945 millones de pesos pagados por el gobierno estatal; en los registros del SAT las compañías habían declarado en cero. Sumado a lo anterior, el SAT reveló que una vez concluya el procedimiento fiscal notificará a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz sobre las irregularidades en que incurrieron dependencias del gobierno de Veracruz por la emisión de facturas que amparan operaciones no existentes. Esto con el objetivo de que esas instancias realicen sus propias investigaciones respecto al uso y destino del dinero. De forma paralela continúan las investigaciones abiertas por la PGR contra las empresas involucradas en esta situación, luego de 32 denuncias iniciales interpuestas por el SAT; el pasado viernes se dio a conocer que ya se giró una orden de aprehensión en esta línea, y que hay casos ya consignados ante jueces federales.0 Las acciones del SAT arrancaron luego de que Animal Político publicara el pasado 24 de mayo, que el gobierno de Veracruz otorgó casi sin competencia 645 millones de pesos a empresas que no existían en sus domicilios, y cuyos socios son en realidad personas de bajos recursos, no empresarios.
En el recorrido desde Tlatelolco hasta el Zócalo en la Ciudad de México participó gente de Ayotzinapa, Chapingo, la UNAM y el IPN, entre otros grupos.
Integrantes del Comité 68 y de otras organizaciones marcharon este domingo para conmemorar los hechos del 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes fueron asesinados tras participar en manifestaciones. Durante la manifestación también se pidió justicia por los casos de violaciones a derechos humanos y muertes en Ayotzinapa, Atenco, Nochixtlán, Tanhuato, Aguas Blancas y Acteal. El recorrido desde Tlatelolco hasta el Zócalo capitalino comenzó cerca de las 12:50 horas, avanzando sobre calles como el Eje Central.
“Alrededor de siete mil personas se movilizaron en paz y libertad hacia el Zócalo, donde la manifestación concluyó con un mitin alrededor de las 15:00 horas”, indicó el gobierno de la Ciudad de México, en un comunicado.
Además del Comité 68 participaron en la manifestación normalistas de Ayotzinapa, padres de los 43 desaparecidos, el Comité Cerezo, y gente de Chapingo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y del Instituto Politécnico Nacional (IPN)), además de sindicalistas, entre otros grupos. “La violencia del Estado sigue vigente con el caso Nochixtlán, Atenco y los maestros”, fue uno de los gritos en la protesta, de acuerdo con Reforma.
“Reclamamos que está manera del Estado y del Gobierno para tratar con el pueblo termine de una vez por todas. Por eso seguimos reclamando, a 48 años, la acción de la justicia para el caso del 2 de Octubre, de 10 de Junio, de la llamada Guerra Sucia de los crímenes en Acteal, Aguas Blancas, el Charco, Tanhuato y Nochixtlán”, dijo Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, en el mitin en el Zócalo.
Manuel Granados, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) en la Ciudad de México, dijo que se desplegaría un operativo especial en los más de 50 Juzgados Cívicos de la capital.
Jueces, secretarios y supervisores mantendrán un dispositivo especial permanente “ante cualquier incidente que pudiera enturbiar la jornada”, se indicó en un comunicado.
Aunque el presidente aseguró que a los viajes al extranjero "...no llevo a gente o funcionarios sólo para que me acompañen, sino porque realmente van a cumplir con una responsabilidad", documentos oficiales contradicen sus dichos: con él han ido sus hermanos, cuñados y más.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, echa mano del avión presidencial para viajar con hijos, hermanos, cuñados y hasta amigos a los principales destinos del mundo, como Francia, Turquía, Italia, Rusia o China. Así lo revelan las listas de pasajeros de las giras presidenciales desde enero de 2013 hasta abril de este año, obtenidas por Aristegui Noticias a través de la Ley de transparencia. El pasado 1 de septiembre, en el “Diálogo con Jóvenes” que Peña Nieto sostuvo como parte de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente dijo que a las giras presidenciales asisten “los funcionarios y muy pocos, que acompañan al Presidente […]. No llevo a gente o a funcionarios sólo para que me acompañen, sino porque realmente van a cumplir con una responsabilidad y un trabajo en la gira a la que eventualmente llevemos a cabo”. Pero documentos oficiales de la misma Presidencia comprueban que su dicho no es el todo cierto. Una revisión a las listas de pasajeros del avión presidencial demuestra que al menos 12 familiares y amigos de Peña Nieto han viajado en el avión presidencial, aunque no tenían actividades oficiales en las giras presidenciales. Además, las naciones a las que viajaron están en la lista de los destinos más visitados del planeta, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. El antiguo y nuevo avión presidencial, ambos identificados con la matrícula TP01, ha hecho 32 giras internacionales en la primera mitad de la presidencia de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las bitácoras de enero de 2013 a abril de 2016. La esposa del mandatario, la actriz Angélica Rivera, lo ha acompañado en 17 ocasiones.
Los 6 hijos de esa familia han viajado en 9 giras presidenciales, aunque no siempre juntos: a Italia, Rusia y Turquía en 2013; Suiza, Portugal-Vaticano-España y Nueva York, en 2014; Reino Unido y Francia en el 2015; y Arabia Saudita-Emiratos Árabes-Kuwait-Qatar-Suiza en este 2016.
La hermana de Angélica, Maritza Rivera, se ha subido 7 veces al avión presidencial: en la giras China-Japón, Indonesia y Turquía de 2013; y las de Suiza, Cuba, Colombia y Nueva York de 2014. La otra hermana de Angélica, Elisa Guadalupe Rivera, fue una de las pasajeras en la gira China-Australia en 2014 y en la de Reino Unido de 2015. En las listas no se le identifica con ese nombre, sino con el de “Elisa G. Moretto”, pero ese apellido corresponde con el de su esposo Roberto Moretto, y la prensa mexicana ha dado cuenta que acompañó a la familia presidencial en esos viajes internacionales. Los hermanos del presidente también se han subido al avión presidencial para viajar al extranjero. En la gira de 2014 a Portugal-Vaticano-España, viajaron en el avión presidencial Arturo Peña Nieto, hermano del presidente, y Adriana Rivera, la otra hermana de la primera dama. Ana Cecilia Peña Nieto fue a Reino Unido y a Francia, en 2015. Las listas de pasajeros y la agenda presidencial también dan cuenta de una parada innecesaria en la gira por Turquía de 2013, cuando el avión presidencial TP01 dejó en Estambul a la hermana de Angélica, Maritza Rivera, más dos hijos de Peña y Rivera, Alejandro Peña y Fernanda Castro. El avión presidencial tuvo que viajar de nuevo al día siguiente a la capital de ese país, Ankara, donde fue la primera actividad oficial del presidente Peña Nieto. Viaje a China y Japón, del 3 al 6 de abril de 2013 En la gira China-Japón, viajó Maritza Rivera Hurtado, la hermana de Angélica, junto con el presidente y la primera dama. El 6 de abril de ese año, partieron de Hong Kong a la Provincia de Hainan. En ese vuelo viajaron los empresarios Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, y Félix Cantú Ayala, de CCC Fabricaciones y Construcciones. Según el diario El Financiero, otros hombres de negocios también viajaron a China, pero sólo Ancira y Cantú Ayala subieron al avión presidencial. El 7 de abril llegaron a Tokio, Japón, pero ya sin los dos empresarios mexicanos. El 10 de abril regresaron a México. Viaje a Colombia 23 y 24 de mayo de 2013 Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa y constructor de una casa que ocupó la familia presidencial en Las Lomas de Chapultepec, viajó con el presidente Enrique Peña Nieto y la comitiva oficial del Gobierno mexicano a la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizó en Colombia, los días 22 y 23 de mayo de 2013, como lo publicó Aristegui Noticias.
A la par de la Cumbre de los presidentes de Chile, Colombia, Perú y México –países que integran la Alianza–, más de 300 empresarios de las mismas naciones se dieron cita en la Tercera Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para establecer negocios a nivel regional. Hinojosa Cantú viajó con Peña Nieto para participar en este evento. Ningún otro empresario viajó en el avión presidencial. Viaje a Turquía, del 14 de diciembre al 19 de diciembre El 14 de diciembre salieron del aeropuerto Peña Nieto, Angélica Rivera, Alejandro Peña Pretelini, Fernanda Castro Rivera, Maritza Rivera Hurtado, acompañados de funcionarios y los reporteros que cubren la fuente de Presidencia. Salieron a las 7 de la tarde del sábado 14 de diciembre. Su primer parada fue un destino innecesario para sus actividades oficiales: Estambul, donde pasaron la noche y se quedaron Alejandro Peña Pretelini, Fernanda Castro Rivera y la hermana de Angélica, Maritza Rivera Hurtado. Al día siguiente, el avión presidencial tuvo que viajar a la ciudad de Ankara, para tener la primera actividad oficial del presidente. Hubo un cambio de última hora para adelantar el viaje para el sábado 14 y pasar la noche del domingo 15 en Estambul. Así lo demuestran los correos electrónicos enviados por presidencia a los periodistas que cubrieron esa gira, en los cuales se señala explícitamente que no habría actividades oficiales: “No habrá actividades a la llegada a Estambul”, dice el Instructivo de Prensa Turquía, enviada por el Director General de Coordinación y Logística de Presidencia, Marco A. Garza Mejía. No hay registro de cuál fue la razón de adelantar un día el viaje. El único cambio que aparece en los documentos disponibles es el de los hijos de la pareja presidencial y la cuñada del presidente, quienes se quedaron en Estambul y no volvieron a subirse al avión presidencial sino hasta 3 días después, casi al final de la gira. A partir del lunes 16 de diciembre, Peña Nieto tuvo actividades oficiales en Ankara, Estambul y Esmirna. La noche del martes 17 de diciembre, el TP01 voló de regreso de Ankara a Estambul. En su segunda parada en Estambul permanecieron dos noches. Para la mañana del 19 de diciembre, la familia presidencial volvió a aparecer reunida para un vuelo. Alejandro Peña, Fernanda Castro y Maritza Rivera aparecieron de nuevo en las listas oficiales de pasajeros, para volar de Estambul a la ciudad de Esmirna. Ese mismo jueves 19, a las 5 de la tarde, regresaron de su viaje por Turquía con rumbo a la Ciudad de México. Peña Nieto regresó a México a promulgar la reforma constitucional en materia energética. Viaje Portugal-Vaticano-Madrid, del 3 de junio al 10 de junio de 2014 El propósito de esta gira era estrechar las relaciones con Portugal, el Vaticano y España. Junto con Peña Nieto viajaron Angélica Rivera, Sofía Castro Rivera, Arturo Peña Nieto, hermano del presidente, y Adriana Rivera, una hermana de Angélica Rivera. Su primera parada fue Lisboa, Portugal, de donde partieron hacia Roma. Allí permanecieron dos días y después volaron hacia Madrid, España. En ese vuelo de casi tres horas viajó un amigo de la preparatoria de Paulina Peña, el “joven Juan Collado”, quien aparece en las listas de pasajeros de la Presidencia. Juan Collado estudió con Paulina Peña del Colegio Miraflores y estuvieron juntos en la fiesta de graduación de preparatoria, según la revista Quien del mes de agosto de 2014. Volaron del aeropuerto de Barajas, España a México el martes 10 de junio, ya sin el joven Juan Collado en el avión presidencial. Viaje a Reino Unido, del 1 al 5 de marzo de 2015 A la gira por Reino Unido, que incluyó visitas a Londres y Escocia, asistieron Peña Nieto, Angélica Rivera, Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Sofía Castro Rivera, Fernanda Castro Rivera, Regina Castro Rivera, Ana Cecilia Peña Nieto, Elisa Guadalupe Rivera Hurtado de Moretto y el entonces presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta (PRD), junto con su esposa, María del Rosario Orozco Caballero. La mañana del jueves 5 de marzo, la comitiva presidencial partió de Londres con dirección a Escocia, pero en el avión dejaron de viajar Angélica Rivera y una de las mujeres que suelen acompañarla en las giras, Beatriz Monzalvo. Ésta última, trabajó en diseño de imagen de Televisa hasta mayo de 2011 y desde agosto de 2013 es parte de la plantilla de la Presidencia de la República; las funciones principales que reporta son las de “Atención Ciudadana”, con un sueldo neto de 25 mil pesos al mes, según su más reciente declaración patrimonial. Viaje a Chihuahua por visita del Papa El 17 de febrero de este año, el presidente y su esposa, Angélica Rivera, viajan sin sus hermanos o sus hijos a países que no están en la lista de los más visitados , como Haití o Uruguay. Tampoco lo hacen a destinos nacionales; a excepción de una ocasión, un viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua para despedir al Papa Francisco. Ese día, el avión presidencial llegó a esa frontera con las siguientes personas:
Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, Paulina Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Fernanda Castro Rivera y el actor Eduardo Verástegui.
El sitio oficial del gobierno federal reconoció que el presidente Enrique Peña Nieto despidió al pontífice en el aeropuerto de Ciudad Juárez, pero que antes “el Presidente Peña Nieto y su esposa se reunieron en privado durante varios minutos con el Obispo de Roma”. No hay registro de por qué sus hijos acudieron a la despedida del Papa argentino y no aparecen en las fotografías oficiales de ese evento. El actor en diversas ocasiones ha hecho pública su conexión con el Vaticano y, además, fue uno de los cantantes del álbum musical “México se Pinta de Luz”, una iniciativa de Angélica Rivera para recibir a Francisco y cuyas ganancias se destinarían al Hospital Infantil de México, según dijo ella misma en la presentación de ese proyecto.
Verástegui tampoco aparece en las fotografías oficiales que publicó la Presidencia, pero en su cuenta de Instagram el actor subió una imagen de él junto con el Papa, el presidente Peña y la primera dama. El vestíbulo donde fue tomada esa foto corresponde con la vestimenta que llevaban el presidente y su esposa, en el encuentro privado reconocido por la Presidencia.
Aristegui Noticias recibió, por correo electrónico, fotografías adicionales que no eran públicas hasta hoy. En una de ellas se ve al actor Verástegui tomando una copa en el avión presidencial y, en otra más, sentado en el lugar designado para el presidente de la República, diferenciado de los demás asientos con una tela de color verde y el escudo nacional bordado. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES/RAFAEL CABRERA, IRVING HUERTA. LINK: http://aristeguinoticias.com/0210/mexico/viaja-epn-con-familia-y-amigos-en-giras-internacionales/
Sobre la carretera Comalcalco Jalpa en Tabasco, Elizabeth Alcudía Fuentes esperaba el autobús que la llevaría a su nuevo trabajo cuando fue asesinada por su ex patrón Arturo Olan Fuentes. La mujer de 39 años había iniciado un juicio laboral porque había sido despedida injustamente sin recibir su liquidación. El ex patrón, dueño del hotel en el que Elizabeth trabajó como camarera, se molestó al saber que su ex empleada ganó el laudo laboral y que tenía que indemnizarla. Primero la amenazó de muerte y el 4 de marzo concretó su amenaza. Arturo Olan Fuentes fue detenido en flagrancia luego de haber sido visto por policías que en ese momento transitaban a bordo de una patrulla de seguridad pública, actualmente se encuentra preso bajo la Causa Penal 13/2016. Además de los testimonios de los policías, se encontraron los casquillos en el lugar de los hechos, lo que hizo posible la apertura del juicio oral, que será el 17 de octubre. Si bien, la detención en flagrancia de Arturo Olan Fuentes, “fue un avance”, Lorena Sánchez, directora del Comité de Derechos Humanos de Comalcalco (CODEHUCO), organización que acompaña a la madre, el padre y las hijas de Elizabeth en la búsqueda de justicia, “hubo irregularidades graves posteriormente porque ya estando a disposición de seguridad pública se le permitió recibir una visita que le llevó una muda de ropa, Arturo se baño y se cambió, por lo que al practicarle la prueba de rodisonato no se encontraron los rastros de pólvora y ésta salió negativa. Gloriela Sánchez, abogada del CODEHUCO espera que los tres jueces analicen no sólo las pruebas periciales sino las testimoniales que ofrecieron para el juicio y manifiesta la preocupación y la necesidad de capacitación para los peritos y funcionarios estatales para evitar acciones que pueden repercutir gravemente en el acceso a la justicia para las mujeres, particularmente para las víctimas de feminicio. El caso de Elizabeth será el primer caso de feminicidio bajo el nuevo sistema de justicia en el que su familia y el CODEHUCO esperan acceder a la justicia, y que ésta contemple la reparación integral del daño para las dos hijas de Elizabeth y para sus padres que rebasan los 70 años de edad. Según datos de la propia procuraduría del estado de Tabasco, de alrededor de 169 casos de feminicidio que hubo de 2012 a la fecha, únicamente se determinaron cuatro sentencias por feminicidio, este grado de impunidad hace que en Comalcalco y en Tabasco exista un alto índice de atentados contra la vida de las mujeres. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ATZIRI ÁVILA. LINK: https://desinformemonos.org/a-prueba-sistema-de-justicia-oral-en-caso-de-feminicidio-en-tabasco-codehuco/
MORELIA, Mich: Orador principal en la ceremonia del CCLI aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, advirtió que no se “tolerará en las filas del Ejército a aquellos (soldados) que, por acción u omisión, atenten contra la vida, integridad o el patrimonio de las personas”. En representación del Ejecutivo federal, el militar añadió que quienes así lo hagan serán llevados ante las instancias jurídicas correspondientes. Cienfuegos dijo que se requiere de una sociedad que confíe en sus soldados: “Los militares somos los primeros que debemos cumplir la ley es un mandato que por ningún motivo justifica actos ilegales de deshonor o indisciplina”, subrayó. Las palabras del titular de la Sedena se dieron en el contexto de las últimas recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las que elementos de esa institución resultaron involucrados en la comisión de detenciones ilegales, desapariciones forzadas y actos de tortura. Luego de apuntar que “a los mexicanos nos toca romper inercias que impiden el progreso”, Cienfuegos Zepeda destacó el legado de José María Morelos y Pavón, fundador del Ejército mexicano y quien, dijo, contribuyó a la conformación de las instituciones nacionales que hoy existen.
CIUDAD DE MÉXICO: Una jornada sangrienta se vivió en las últimas horas en Mazatlán, Sinaloa, con saldo de cinco muertos, uno de los cuales fue hallado esta mañana envuelto en una cobija y amarrado de los pies. Alrededor de las 8 de las noche de ayer, un grupo de hombres se encontraba afuera de un domicilio ubicado en la calle Jorge Negrete, entre las calles Privada del Faro y Montes de Oca, colonia Constitución, cuando sujetos armados los atacaron a balazos, luego de descender de un vehículo. De acuerdo con información del diario Noroeste, dos de las víctimas fueron identificadas por autoridades ministeriales como Sergio “N”, de entre 40 y 50 años, y José Martín “N”, de 24 años. Del tercero no se proporcionaron datos. Dos de los hombres quedaron sin vida afuera del domicilio donde se encontraban. El tercero intentó escapar, pero cayó abatido por las balas en la calle Privada del Faro. Luego de la triple ejecución, los gatilleros huyeron con rumbo desconocido, mientras familiares y vecinos de las víctimas solicitaban el apoyo de los cuerpos de rescate y policiacos. Agentes policiacos de los tres niveles de gobierno acordonaron el área, y peritos y elementos del Grupo Apolo de la Procuraduría General de Justicia iniciaron las investigaciones de campo en el lugar, donde levantaron más de 60 casquillos de arma larga, al parecer AR-15. Posteriormente los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense, donde las autoridades ministeriales continuarían con las investigaciones pertinentes. En otro hecho registrado alrededor de las 18 horas de ayer en la colonia Leopoldo Sánchez Celis, un hombre murió y otro resulto lesionado cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado. La víctima fue identificada como Rodolfo “N” y el herido como Samuel “N”, de quienes no se proporcionaron más datos, solo se dijo que vivían en la colonia donde ocurrió el atentado. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Hidalgo y Michoacán, hasta donde arribaron agentes de las diversas corporaciones policiacas que se encontraban por la zona. Las víctimas se encontraban afuera de un domicilio de la calle Hidalgo, cuando al lugar arribaron varios hombres que iba en un carro blanco, y tras descender de la unidad comenzaron a dispararles. Luego de recibir el reporte del ataque, paramédicos de la Cruz Roja y Cobras acudieron al lugar donde se suscitó y, luego de brindar los primeros auxilios a los heridos, los trasladaron a un hospital, donde minutos más tarde falleció Rodolfo. Agentes del Grupo Especial Apolo en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia levantaron varios casquillos percutidos por arma larga. En tanto, esta mañana fue abandonado el cadáver de un hombre en calles del Fraccionamiento Estadio. Alrededor de las 6 horas, las autoridades fueron informadas sobre el hallazgo de un bulto en la calle Eduardo Valdez Vizcarra, entre Ciprés y Camichín. De acuerdo con versiones de los vecinos, al parecer un vehículo detuvo la marcha sobre ese lugar, del que se presume que arrojaron el cuerpo. El Grupo Apolo y peritos de la Procuraduría realizaron las investigaciones correspondientes. El procurador de la entidad, Marco Antonio Higuera Gómez, destacó que el cártel de los Beltrán Leyva es el responsable de los asesinatos de seis personas ocurrido el domingo 25, también en Mazatlán. En conferencia de prensa junto a Gerardo Vargas Landeros y Raúl Pérez Miranda, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, el procurador reconoció que los crímenes registrados en el puerto se deben a la pelea entre los cárteles de los Beltrán Leyva y del Pacífico por el control del nacomenudeo. El domingo, los cuerpos de cinco hombres y una mujer, con huellas de tortura, fueron arrojados atrás de una clínica en la colonia Adolfo López Mateos. “Se trata de la rivalidad entre la célula de los Beltrán Leyva contra el Cártel del Pacífico… los que están realizando estas conductas (los asesinatos) son los Beltrán Leyva”, afirmó el procurador. Añadió: “Por los indicios que nos han aportado, son del Cártel del Pacífico (las personas asesinadas). Tenemos identificados a los responsables, a todos y cada uno de los que participaron, vamos a mantenerlo en reserva hasta que estemos en posibilidad de judicializar esa carpeta de investigación”. Vargas Landeros, por su parte, mencionó que las personas que fueron asesinadas en Mazatlán tenían antecedentes penales por delitos como secuestros y portación de armas.
“Los seis muertos del domingo en Mazatlán pertenecen a un grupo delictivo. El origen de ello fue el pleito de narcomenudeo que se está dando entre dos bandas rivales. Los seis occisos tienen antecedentes penales”, aseveró. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/457032/reportan-cinco-muertos-en-mazatlan-en-las-ultimas-horas
CIUDAD DE MÉXICO: La emboscada que sufrió un convoy militar y que dejó un saldo de cinco soldados muertos y 10 más heridos de gravedad caló hondo en el gobierno federal.
En su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, escribió dos mensajes: en el primero, condenó los cobardes actos contra personal de @SEDENAmx en Sinaloa. “Mi solidaridad con los familiares de elementos fallecidos y los heridos”, puntualizó.
Condeno los cobardes actos contra personal de @SEDENAmx en Sinaloa. Mi solidaridad con los familiares de elementos fallecidos y los heridos.
El presidente Enrique Peña Nieto también utilizó su cuenta de Twitter para manifestar sus condolencias a los deudos de los cinco soldados muertos y deseo una pronta recuperación a las 10 personas uniformados que resultaron heridas, entre ellas, un paramédico de la Cruz Roja.
El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, dijo que los militares escoltaban a la ambulancia en la que traían un herido que había participado en un enfrentamiento. Los sicarios se llevaron la ambulancia con todo y herido sin que hasta el momento hayan sido localizados, de acuerdo con el portal Riodoce. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/457053/agresion-a-militares-en-sinaloa-quedara-impune-advierte-osorio-chong
El Congreso de Zacatecas nombró como presidente de la Comisión de Vigilancia al primo del gobernador Alejandro Tello; entre sus funciones estará revisar la cuenta pública y sancionar a servidores públicos.
Diputados de Zacatecas eligieron a Arturo López de Lara —militante panista y primo del gobernador Alejandro Tello, de extracción priista— como presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso estatal, que entre sus atribuciones tendrá el aprobar la cuenta pública del gobierno y sancionar a los servidores públicos.
Lo anterior generó un debate en el Congreso, ya que la diputada del PAN Lorena Oropeza acusó que “es un claro conflicto de intereses”, mientras que Luis Medina, legislador de Morena, denunció que la designación se dio como parte de un arreglo con el gobernador.
No puede ser que pasemos por alto nuestra propia Ley Orgánica
El artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas establece que corresponde a la Comisión de Vigilancia “el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes”:
Expedición de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, órgano de fiscalización auxiliar de la Legislatura;
nombramiento y remoción del Auditor Superior del Estado y demás miembros del personal directivo;
la determinación de las responsabilidades de los servidores del Estado y municipios en el manejo de los recursos públicos, y la sanción correspondiente;
la recepción, de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente, de información y documentación relativa a las cuentas públicas, la que turnará a la Auditoría Superior del Estado para su revisión;
la autorización y utilización de la deuda pública del Estado, municipios y entidades paraestatales, así como el seguimiento del cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos de los Presupuestos de Egresos;
la conveniencia de ordenar a la Auditoría Superior del Estado, o cuando así lo determine el Pleno, la práctica de visitas, inspecciones y auditorías en las entidades a que se refiere la Ley de Fiscalización Superior del Estado;
en forma conjunta con las Comisiones de Hacienda, el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas públicas del Estado y municipios;
dictar las medidas que estime necesarias para que la Auditoría Superior del Estado cumpla las funciones que le corresponden; y
ser el conducto de comunicación entre la Legislatura y la Auditoría Superior del Estado.
Sí soy primo del gobernador Previo a la designación de López de Lara, la diputada panista Lorena Oropeza acusó que el nombramiento del primo del gobernador viola la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas. “La Comisión de Vigilancia se propone para el diputado Arturo López de Lara y no es posible que él presida esta Comisión porque hay un conflicto de interés muy serio. Siendo primo del gobernador del Estado no puede ser quien le fiscalice sus cuentas. “No puede ser que se haya acordado en lo oscurito para que, entre familiares, las cosas queden escondidas. No puede ser que pasemos por alto nuestra propia Ley Orgánica, el artículo 24, en su fracción decimosegunda que señala que está impedido para conocer y debe abstenerse de intervenir en los asuntos legislativos en los que tengan un interés personal, o que interesen a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo, siempre que no se trate de disposiciones de carácter general”, señaló la diputada panista. Acto seguido, la legisladora mostró actas de nacimiento de las madres tanto del gobernador como de López de Lara e indicó que los abuelos paterno y materno de ambos son hermanos. “No puede ser posible que podamos ir en contra de lo que el mundo entero está pugnando. Todos pugnan por la transparencia y rendición de cuentas y parece que aquí nosotros vamos como el cangrejo”, agregó. Tras escuchar el posicionamiento de la diputada del PAN, López de Lara, también presidente del Partido Acción Nacional en Zacatecas, reconoció que es primo del gobernador. “Efectivamente hay un parentesco con el gobernador, somos parientes en sexto grado y acaso, lo que la ley dice es que, en el peor de los casos, debe abstenerse. “Le recuerdo a todos los diputados que somos una autoridad autónoma, no dependemos de nadie, somos una autoridad colegiada, que tomamos decisiones de manera democrática. Un solo miembro de una Comisión no decide por sí mismo en esa ocasión”, dijo el panista en su defensa. El coordinador de la bancada de Morena, Luis Medina, dijo que detrás del nombramiento de López de Lara está un acuerdo con el nuevo gobernador. “Es escandaloso que uno se enteró horas antes de un acuerdo entre el gobernador Tello y Arturo López de Lara, que comuniqué a la Comisión de Régimen Interno; estuvimos en la oportunidad de generar credibilidad y nos equivocamos la línea de decisiones, propiciando desequilibrio entre poderes y la inexistencia de contrapesos”, acusó. Geovanna Bañuelos, del PT, consideró que la Comisión de Vigilancia debió quedar en manos de Morena, por ser la segunda fuerza en la Legislatura, y no entre un “club de cuates”. Al final del debate, el legislador Omar Carrera, de Morena, refirió que el gobernador Alejandro Tello ha colocado a familiares en su gabinete y en el Congreso.
“Ahí está el caso de su primo Uriel Márquez Cristerna, a quien colocó como procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, un puesto clave, y el de Víctor Rentería, de quien también es su pariente y lo tiene como director del ISSSTEZAC”, acusó. VIDEO DEL DEBATE:
Ocho líneas de autobuses que brindan servicio dentro y fuera de Michoacán suspendieron sus corridas por la falta de seguridad en las carreteras, luego que normalistas quemaran unidades de transporte.
Al menos ocho líneas de autobuses suspendieron sus corridas dentro y fuera de Michoacán debido a la inseguridad en las carreteras, ante la quema de unidades por parte de normalistas. La Terminal de Autobuses de Morelia, capital del estado, informó a Animal Político que hay una suspensión general de las 8 líneas que llegan y salen. Este jueves, ETN y Primera Plus anunciaron en a través de sus redes sociales que por la falta de Garantías y Seguridad para transitar por el estado su servicio quedaba sus pendido a partir de este 30 de septiembre.
En un desplegado, Primera Plus señaló que por “actividades hostiles en las carreteras que incluyen secuestro y quema de vehículos” suspendieron sus corridas desde y a Michoacán.
El 27 de septiembre pasado un grupo de estudiantes normalistas retuvo un autobús, dos vehículos y una combi y les prendieron fuego. Este viernes estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) se concentran en las distintas terminales de autobuses de la entidad para exigir que se libere a 31 de sus compañeros detenidos y trasladados al penal de Mil Cumbres, por la retención de vehículos. Los normalistas amagaron con quemar un autobús por cada uno de sus compañeros que aún permanecen detenidos.
En el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula se presentó un video donde se ve a los estudiantes lanzar piedras contra una unidad de ETN.
La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima el arrebato de las grandes empresas del viento, mar y tierra de comunidades indígenas en México, denunciaron representantes de grupos originarios de Oaxaca y Yucatán. Los integrantes de estas organizaciones afirmaron que dicha legislación los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales y elimina su capacidad de decisión democrática, por lo que frenan el desarrollo social.
Durante la implementación de proyectos mineros, parques eólicos y gasoductos, las comunidades indígenas de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca no se benefician de ese desarrollo económico. En contraste, las empresas que operan en su territorio han pisoteado sus derechos humanos: arriban, no realizan una consulta libre, previa e informada a los habitantes, sobornan a las autoridades ejidales para despojarlos de las tierras que emplean para sus actividades económicas como la agricultura y afectan su identidad, cultura y medio ambiente, denunciaron miembros. Ante ello, reclaman una transición energética democrática, participativa y acorde con sus derechos sociales y ambientales. No están en contra de la energía, dijeron, sino de la forma en como se está procediendo. Además, de acuerdo con la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima ese arrebato de su viento, mar y tierra; los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales, y elimina su capacidad de decisión democrática. Estas medidas, por sí mismas, frenan el desarrollo social prometido.
“No son proyectos de desarrollo para nuestras comunidades. No queremos ni necesitamos sus dádivas (renta de tierras). Vivimos de la pesca; somos campesinos”, aseguró Nashielli Valencia Nuñez, miembro de APOYO y habitante de Ixtepec. “Las empresas solo quieren llegar y adueñarse de todas nuestras riquezas para llevárselas incluso afuera del país”.
El primero de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó esta ley de ZEE e instruyó a la Secretaría de Hacienda a emitir los decretos de creación de las primeras tres zonas: la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, la de Puerto de Lázaro Cárdenas, y la de Puerto de Chiapas. Ese cambio legal, “legitima un despojo de tierras de propiedad comunal. Perderlas es perder nuestra forma de vida. Encima, agentes privados de las empresas determinarán el precio a las tierras, y los municipios serán quienes las subsidien con su infraestructura”, acusó Valencia Nuñez, miembro de APOYO. “Las ZEE van a tener un fuerte impacto en la región”. Al estar dentro de la Zona Económica Especial, será posible expropiar las tierras sin límites. Aunque el artículo 30 de esa legislación declara esta ley como “de utilidad pública”, los “proyectos son pensados para empresas privadas”, expuso APOYO. Asimismo, además de “obligarlos” a vender sus tierras al gobierno o a las compañías, “ellos decidirán su costo”; y, de acuerdo con el artículo 9 y 10, el presupuesto municipal “que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población, deberá subsidiar los servicios públicos que utilicen las empresas y estarán obligados a darles las facilidades para que ocupen su tierra, destruyan su cultura y medio ambiente”.
GORRAS Y TORTAS PARA LÍDERES EJIDALES EN YUCATÁN Pedro Regalado, integrante de la Articulación Social de Energía Renovable de Mérida, denunció que su comunidad de Ticul, al sur de Mérida, es víctima de “una colonización” porque la compañía india Vega Solar 1 les arrebatará, sin su consentimiento, 5 mil hectáreas de su territorio. “Vamos a perder los animales, los árboles, las plantas medicinales. Los mayas practicamos la medicina medicinal”, dijo. Durante la primera subasta de energía renovable de la Secretaría de Energía (Sener), se autorizó a esta firma la construcción de dos parques solares.
“No nos preguntan si estamos de acuerdo. Nos enteramos cuando los proyectos ya están en proceso”, acusó Regalado. “Recién sabemos que [Ticul, Cuncumul y Motul] vamos a ser el segundo productor de energía solar en toda América Latina”.
Ezer May May, del pueblo mágico Izamal, Mérida, denunció que en Yucatán están en proceso nueve proyectos, entre eólicos y solares, y más de 20 empresas “están corrompiendo a las autoridades ejidales con prácticas clientelares: gorras, tortas y 800 pesos anuales por ejidatario. ¿Eso vale la tierra?”. En Kimbilá, comisaría de Izamal, la empresa española Elecnor “negoció con el líder ejidal de forma oculta”. Firmó el contrato. Un año después de la llegada de esta firma, la comunidad maya se enteró que instalaría un proyecto eólico. “La comunidad no quería firmar porque ponía en peligro sus aviarios y milpas donde cultivan. Tenían dudas ante la falta de explicación clara ya que los habitantes hablan maya. Pausaron la operación, pero hubo presión”, expuso May May.
OAXACA: ANIMALES MUERTOS, AGRICULTURA AFECTADA
En el Istmo de Tehuantepec hay agua y viento en cantidades importantes. En el 2002 se determinó que tiene un potencial para generar 33 mil mega watts de energía eólica, de acuerdo con el investigador y asesor de las comunidades indígenas, Alejandro Castaneida. El dato fue “el banderazo de salida para la inversión directa en la región”, dijo. En el 2015 y en el marco del cambio climático, se implementó la Ley de Industria Eléctrica. El gobierno “abandonó” la responsabilidad de abastecer de energía al país y le pasó la estafeta a las empresas, expuso el científico. La Secretaría de Energía (Sener) realizó el miércoles la segunda subasta de proyectos de energía renovable, entre los cuales se adjudicó el parque eólico “Gunaa Sicarú” (mujer bonita) en Oaxaca.
“Esta subasta se realizó una vez más violando los derechos humanos de la comunidad al imponer sus proyectos”, declaró en conferencia Betina Cruz, de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO).
En el Istmo de Tehuantepec, donde pegan vientos fuertes, hay 25 parques eólicos ubicados en entre 70 y 100 mil hectáreas. Pero, dijo Cruz, en ninguno de ellos se realizó una consulta previa e informada para implementarlos, por lo que viola sus derechos humanos. “Para nosotros los vientos son parte de nuestra identidad como comunidad. Para ellos es un bien para hacer negocio”, determinó la mujer oaxaqueña. “Estamos dispuestos a defender nuestro territorio”. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró Betina Cruz, ya reconoció en un informe que la imposición acelerada de los proyectos eólicos en su territorio provoca “problemas de pérdida de identidad y conflictos sociales que ponen en riesgo su vida”. El investigador Alejandro Castaneida destacó que desde la llegada de las empresas, la inseguridad ha aumentado en la zona. 80 ejecuciones en Juchitán. “La paz social está completamente rota. El miércoles hubo un asesinato. Están matando familias completas. Antes no pasaba”, afirmó. Relacionado directamente con el conflicto entre habitantes y empresas, se tiene el registro de 60 personas criminalizadas o encarceladas. Héctor Regalado Jiménez, de la Asamblea Popular, fue asesinado. También han desembocado conflictos ambientales: aves y murciélagos están muriendo al chocar contra las aspas de los aerogeneradores y la cuenca está perdiendo cuerpos de agua, lo que afecta la agricultura y otros elementos de su vida productiva. El campesino Jesús Orozco, de Juchitán, contó que tuvo que rentar otro pedazo de tierra para que sobrevivieran sus animales de ganado ante la presencia de los aerogeneradores.
Desde el pasado lunes que se reportaron restos humanos a unos 300 metros de distancia del poblado Mataraña, que colinda con La Magdalena, Michoacán, la Fiscalía de Jalisco implementó un operativo, en el cual fueron localizados 12 cuerpos, dos de ellos de mujeres y el resto de hombres, de los cuales tres estaban desmembrados.
Al menos 12 cuerpos fueron localizados en el Río Lerma, en la desembocadura del Lago de Chapala, a la altura del Municipio de Jamay, entre ellos dos mujeres, informó la Fiscalía General del estado (FGE) de Jalisco. Desde el pasado lunes que se reportaron restos humanos a unos 300 metros de distancia del poblado Mataraña, que colinda con La Magdalena, Michoacán, la Fiscalía del estado implementó un operativo, en el cual fueron localizados 12 cuerpos, dos de ellos de mujeres y el resto de hombres, de los cuales tres estaban desmembrados. Todos los restos presentan signos de golpes y asfixia, e impacto de bala en dos de los mismos. Hasta el momento las autoridades carecen de pistas para determinar el móvil del multihomicidio, así como de reportes sobre personas que hayan sido privadas ilegalmente de su libertad, por lo que también se desconoce la identidad de las víctimas. “No tenemos una sola denuncia de privación ilegal de la libertad de alguna persona, por eso ha sido lento el proceso de identificación y persecución de este delito”, dijo en rueda de prensa el Fiscal del estado, Eduardo Almaguer. Tampoco los vecinos del lugar reconocieron los cuerpos, por lo que existe la posibilidad de que pertenezcan al estado de Michoacán.
Asimismo, Almaguer comentó que el operativo continuará, con el objetivo de detectar más víctimas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/30-09-2016/3098717.
