HERMOSILLO, Son: La Secretaría de Hacienda estatal en la administración de la gobernadora priista Claudia Pavlovich oculta a ciudadanos y autoridades los informes contables que precisan el quebranto patrimonial heredado del panista Guillermo Padrés en el periodo de 2009 a 2015, y sólo transparenta –a su conveniencia– algunos de los millonarios adeudos.
El titular de esta dependencia, Raúl Navarro, dijo rueda de prensa el 31 de agosto que el pasivo estatal –tras el sexenio padrecista– asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015.
Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben 9 mil 599 millones de pesos.
En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados suma 22 mil 939 millones, por lo que –según sus estimaciones– el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos.
La información del colaborador de Pavlovich difiere con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, a pasado, únicamente reconoce 23 mil 288 millones de pesos de deuda pública sonorense.
Este último saldo validado por la Federación incluye una nota al margen: “Esta información es proporcionada por las entidades federativas a la SHCP sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios y algunas otras obligaciones reportadas”.
Y remata: “Las cifras (sólo) pueden variar debido al redondeo”.
Al cabo de 12 meses de gobierno, cumplidos el 13 septiembre pasado, la priista Pavlovich y los integrantes de su gabinete han sido incapaces de precisar el monto quebrantado por la anterior administración.
Los números no le favorecen
En la Cuenta Pública de 2015, paradójicamente entregada en privado a los diputados locales integrantes de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el pasado 30 de agosto –a la que tuvo acceso Apro— se observa que la deuda directa del gobierno del estado es de 17 mil 759 millones de pesos, diferente a lo reportado por el secretario Navarro, que estimó 16 mil 993 millones en este mismo rubro.
Esta omisión permite estimar que la superior jerárquica de Navarro, la gobernadora priista Pavlovich, endeudó a la entidad con 766 millones en los primeros tres meses de trabajo, a un ritmo de 255 millones en octubre, noviembre y diciembre.
A este adeudo, el admitido por su secretario de Hacienda, todavía hay que sumarle los 5 mil millones para reestructuración de la deuda pública estatal, aprobada por los congresistas locales, incluidos los de Acción Nacional, y los 150 millones que podría costar al erario la ineludible estructura jurídico-financiera realizada por un despacho externo para que no haya lagunas al momento de concretarse este crédito.
“Lo tienen que hacer los que saben”, aceptó el tesorero estatal Carlos Galindo a este reportero el martes 6 de septiembre.
Entonces, si se suman los pasivos del último año se contabilizan 5 mil 916 millones, a un ritmo de endeudamiento de 493 millones cada treinta días, más de 16 millones diarios.
De manera inédita, la Cuenta Pública de 2015, el último reporte financiero de Guillermo Padrés, fue entregado a los diputados locales sin la previa convocatoria a los representantes de los medios de comunicación.
Incluso este año, el auditor mayor Eugenio Pablos Antillón, alojado en una oficina lejana del Congreso local, no realizó el trayecto de cada año al palacio legislativo, sino que en esta ocasión ordenó a los legisladores que pasaran hasta donde se encontraba para recoger este documento público.
Sobre esta incongruencia de no convocar a la prensa o a los ciudadanos interesados en este tema fue entrevistado el director de Comunicación Social, Alberto Nevárez, quien justificó que se trató de una orden directa del presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, el diputado Fermín Trujillo, del Panal.
“Era un evento de interés público mas no fue un evento público”, justificó el jefe de prensa con una amplia trayectoria transexenal con gobiernos priistas y panistas.
“Se estimó que se daría a conocer la información a través de un comunicado de prensa”, añadió.
Sin embargo, las palabras de Nevárez fueron desvirtuadas por el recién nombrado subdirector de Comunicación Social, Jorge Angulo, quien dijo que la orden de no convocar a periodistas y ciudadanos interesados en la cuenta pública fue de Pablos Antillón.
“Ellos (los del ISAF) nos dijeron que no convocáramos”, admitió el funcionario.
Lo cierto es que el reporte financiero se entregó de noche, en medio de una lluvia intensa, en una oficina alejada del recinto oficial, a escondidas de quienes deseaban atestiguar este acto público, y a la postre estas acciones secretas despertaron justificadas suspicacias.
El amigo de Padrés
Contrario a las expectativas, en la Cuenta Pública de 2015 sólo se contabilizaron 941 observaciones, una tercera parte de las 2 mil 876 que se encontraron en 2014 o las 2 mil 437 de 2013.
En 2012, el año de la mayor crisis financiera de Padrés debido a que la mayoría priista en el Congreso aprobó el presupuesto hasta agosto, se registraron 2 mil 519 irregularidades y, en 2011, 2 mil 56 inconsistencias.
De acuerdo con el ISAF, el año pasado se iniciaron 180 expedientes ante la Contraloría sonorense por las observaciones encontradas. En 46 casos se dio curso a procesos administrativos, penales y mercantiles.
Entre Padrés y Pavlovich sobreejercieron 8 mil 260 millones debido a que se les autorizó un presupuesto de 45 mil 597 millones para 2015 y devengaron 53 mil 857 millones.
La Secretaría de Hacienda realizó un gasto extraordinario de 3 mil 323 millones 227 mil pesos, debido a que en el ejercicio de 2015 esta dependencia incluyó el pago a la deuda pública, que presentó un incremento de 3 mil 208 millones 98 mil pesos, tras el pago de documentos a corto plazo.
En tanto la secretarías de Educación y Cultura excedieron sus límites presupuestales en mil 881 millones; la de Salud estatal, 877 millones 846 mil pesos; de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en 794 millones.
En Agricultura y Ganadería estatal el desaseo presupuestal fue de 499 millones, dependencia que estuvo a cargo del exsecretario Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, acusado de malversar 117.2 millones y recluido sólo por tres días en el Cefereso Oriente 5 de Villa Aldama, Veracruz, al presentar un amparo que había promovido con anterioridad.
Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Gobierno, donde se sobreejercieron 188 millones, bajo las órdenes del ahora prófugo de la justicia en 132 países y mejor amigo de Padrés, Roberto Romero López.
En la Procuraduría sonorense el monto devengado por encima de lo presupuestado fue de 153 millones; en Desarrollo Social, 129 millones; en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), 88 millones.
Finalmente, en la Secretaría de Economía se extralimitaron con 84 millones, y en la oficina de la gobernadora Pavlovich, con 67 millones de pesos.
Según la documentación oficial de 2015, en las observaciones encontradas se sustenta el quebranto de mil 388 millones 982 mil 471 pesos en gastos sin las correspondientes facturas, o dinero tomado de partidas presupuestales incorrectas, condonación de impuestos estatales o la entrega de efectivo de manera discrecional a particulares realizada el 30 de diciembre anterior.
Del monto antes mencionado, 90 millones 680 mil 108 pesos fueron responsabilidad de la gubernatura entrante correspondiente a los tres meses finales de 2015.
Política de opacidad
La Secretaría de Hacienda estatal, encargada de organizar públicamente los ataques contra el sexenio anterior panista, es la dependencia con más expedientes ocultos a la opinión pública.
Según el oficio CEAF-DJL-DPL-2016-1009 firmado por Mónica Morales Machado, titular de la unidad de enlace de Hacienda estatal, la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal ha reservado mil 533 expedientes del 1 de septiembre de 2015 al 3 de junio pasado, más de 170 archivos al mes, para un promedio de seis diarios.
La dependencia argumenta esta decisión con fundamento en el artículo 13 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental, que prevé como información reservada la que “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos”.
Y añade el artículo 14 fracciones II y VI: “También se considerará como información reservada los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal y la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.
Esta información reservada se suma a la publicada por Apro el de 1 de julio en el reportaje “Pavlovich: la opacidad, marca de su gobierno”.
En los primeros nueve meses de la gestión priista se emitieron seis acuerdos de reserva, de los que se desprenden 374 “actas de clasificación” relacionadas con mil 426 expedientes, incluidas quejas y denuncias ciudadanas promovidas contra el exgobernador, el panista Guillermo Padrés, y sus colaboradores.
Los argumentos esgrimidos por la autoridad para encriptar la información fueron desde que se trata de “investigaciones administrativas” hasta que se encuentran relacionadas con “registros contables” o “estrategias y medidas a tomar” por parte de servidores públicos.
La solicitud de acceso a la información pública 00501916 establece que del 13 de septiembre de 2015 al 29 de junio último las 13 secretarías del gobierno estatal, que engloban a 55 dependencias, deja claro que el gobierno de Pavlovich puso “candados”, sólo el año pasado, a mil 343 expedientes, y en lo que va de 2016 ya suman 83 los expedientes sellados.
“Bajo llave” el caso Padrés
La Contraloría General estatal, responsable de transparentar la información oficial, emitió el primer acuerdo de reserva el 17 de septiembre de 2015, sólo cuatro días después de que rindiera protesta el exdirigente estatal priista Miguel Ángel Murillo.
Con este acuerdo el contralor estatal alejó la posibilidad pública de que los sonorenses conocieran las mil 111 quejas y denuncias ciudadanas interpuestas contra Padrés y sus excolaboradores.
“Se restringió el acceso a la información contenida en los expedientes relativos a estas quejas y denuncias hasta en tanto no se haya dictado una resolución administrativa definitiva”, argumentó el contralor Murillo en un escrito.
“Este acuerdo de reserva se encuentra en proceso de desclasificación, en virtud del principio de máxima publicidad contenido en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora”, acota en el documento.
Los mil 426 expedientes blindados fueron puestos bajo reserva de manera paulatina los días 18 y 30 de septiembre; el 3, 19, 20 y 27 de noviembre, y el 21 de diciembre de 2015.
Este año la práctica se realizó en dos únicas fechas: el 22 de enero y el 29 de febrero.
A la fecha Pavlovich, en su calidad de presidenta de la Comisión de Transparencia, Gobiernos Abierto y Rendición de Cuentas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ha encriptado unos 2 mil 959 expedientes.
Pese a lo anterior, el portal “tuobra.mx” galardonó a la primera gobernadora sonorense con el primer lugar en la categoría estatal del concurso Premio a la Innovación en Transparencia 2016.
Este concurso fue convocado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencias que sometieron a consideración de un jurado los trabajos participantes.
El jurado estuvo conformado por académicos de universidades nacionales, investigadores, especialistas en transparencia y acceso a la información, derechos humanos y directores de diversas empresas.
Entre sus tareas estuvo analizar los trabajos de 77 concursantes inscritos en las categorías Federal, Estatal, Municipal, Personas Físicas y Organizaciones Civiles.
Pese a ello, la estrategia de la gobernadora priista es clara: mostrar una presunta honestidad al exterior y vituperar públicamente a Padrés, aunque en lo coyuntural protege al panista con información puesta bajo candado hasta el 2026.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457061/oculta-gobernadora-pavlovich-quebranto-patrimonial-heredo-padres
Ciudad de México. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que el actual nivel de deuda es administrable y pese a un entorno externo adverso, México es el único país petrolero al que no se le ha bajado la calificación de su solvencia y se mantiene el apetito por parte de inversionistas extranjeros en la compra de bonos de deuda local. Ratificó, las metas de crecimiento del país para 2017 de entre 2 y 3 por ciento.
El paquete económico para el próximo año, dijo, prevé un superávit primario “nos regresa a que la deuda vaya decreciendo como porcentaje del PIB” y términos generales cumple con lo que el mercado estaba esperando respecto de los esfuerzos que el gobierno pone por delante para alcanzar estos objetivos.
En una reunión con los diversos representantes de los medios de comunicación, Meade Kuribreña informó que 76 por ciento de la deuda está denominada en pesos y el 100 por ciento del endeudamiento externo en dólares esta contratado a tasa fija por lo que no es susceptible de cambios o de un gran impacto.
Por otro lado, los ingresos tributarios han crecido proporcionalmente más que la deuda y el costo financiero estimado de 449 mil millones de pesos, equivalente a 2.6 por ciento se compará favorablemente conel promedio de 4 por ciento de los países latinoamericanos.
Además, la duración del vencimiento de la deuda es de 8.1 años con lo que México se coloca como uno de los 3 o 4 países con mayor plazo de vencimiento.
Por lo anterior, dijo que un posible aumento en las tasas de interés por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos “tendrá un impacto marginal”.
Destacó que el nivel de la deuda del país es sostenible y “estamos lejos del máximo histórico” que llegó a sobrepasar 100 por ciento del Producto Interno Bruto y México se coloca por abajo del promedio de los países de la OCDE y del G-20 y de muchos países latinoamericanos.
Es importante recordar que la deuda del sector público creció a lo largo de este año a un ritmo de 2 mil 473.5 millones de pesos diarios, hasta alcanzar en agosto un nuevo máximo histórico de 8 billones 754 mil 233 millones de pesos, 7.27 por ciento más que el monto registrado al cierre de 2015, de acuerdo con los informes de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sobre el crecimiento del Saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SRFSP) que ha sido de más de 10 puntos porcentuales como proporción del PIB en lo que va de la actual administración, José Antonio Meade explicó que el aumento ha sido como consecuencia de la devaluación del peso, el apoyo a los esquemas de pensiones de Pemex y la CFE, así como a que el PIB no ha registrado el crecimiento que se esperaba y la trayectoria del déficit.
Sin embargo, la propuesta del paquete económico para 2017 es responsable y mantiene la confianza, además de que manda una señal de certidumbre. “Tengo la convicción de que vamos bien.”
Reunión hoy por la tarde con Miguel Ángel Mancera
Más adelante, informó que hoy a las 19:00 horas se reunirá con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, encuentro al que va con el “ánimo de construir espacios de diálogo, ánimo de encontrar en las visiones de ambos consensos y espacios de entendimiento”. No hay ninguna duda desde la perspectiva del gobierno federal que se tiene que hacer un esfuerzo en materia de gasto y que en este esfuerzo tienen que participar todos.
“Queremos tener espacios de diálogo. Compartir con él lo que estamos viendo para que él tenga posibilidad de evaluar los ajustes que nosotros estamos haciendo y dónde encontramos en los ingresos que ha de tener la Ciudad espacios que por la vía del apoyo que esta recibiendo desde el drenaje hasta el transporte público y desde las participaciones y hasta las aportaciones en términos que hoy nos permiten ver que la Ciudad habrá de recibir un contexto muy complicado para la Federación un monto de apoyos relevantes.
Mañana miércoles a las 11 de la mañana también se reunirá con el jefe de Gobierno capitalino. En el encuentro: “Compartiré con él para evaluar los ajustes”.
Señaló que la Ciudad de México recibirá en 2017, de acuerdo con la propuesta, unos 95 mil millones de pesos, monto superior en 9 mil 500 millones a los que recibió para este año, con lo que se le da fortaleza y capacidad a la Ciudad de México.
Para el túnel emisor oriente son 3 mil 500 millones de pesos; apoyos de casi 900 millones para obras hidráulicas en la Ciudad y de los 17 mil millones de pesos considerados para el tren México-Toluca, poco más de 9 mil millones se deberán invertir en el tramo que va de Observatorio a Santa Fe, dando un complemento de apoyo muy importante en materia de transporte público, sin considerar el apoyo permanente que la federación otorga en educación a la Ciudad de México, por lo que son muchos los apoyos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/03/pese-al-entorno-adverso-la-deuda-es-admnistrable-meade
La oferta económica de las empresas canadienses Atco Gas and Pipelines Ltd y Atco Servicios y Energía para competir por el gasoducto Ramal Tula que al final ganaron, fue clasificada como “confidencial” por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En 2015, un ciudadano solicitó copia simple de los documentos que Atco Gas and Pipelines Ltd. y Atco Servicios y Energía S.A. de C.V. incluyeron en su propuesta económica para “dar cumplimiento a lo requerido en la convocatoria de la licitación”, mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La CFE respondió que la propuesta económica era “confidencial” y luego, el comité de información de ese órgano la clasificó con esa categoría.
Ello significa que los detalles de la oferta no pueden ser conocidos cuando, según el fallo de la licitación, el elemento de peso para que quedara a favor de Atco gas y Atco Servicios fue que presentaron el valor más bajo del costo total del contrato, una oferta de 66 millones 686 mil dólares.
La Transparencia fue una exigencia de organismos civiles para la reforma energética al grado que implicó un capítulo específico de obligaciones -el 83- en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo de 2015.
No obstante, para investigadores como Jacqueline Peschard, la legislación dejó “amplios márgenes de discrecionalidad para reservar información en manos de reguladores”.
Atenidos al secreto industrial estipulado en la Ley de la Propiedad Industrial y que busca proteger a las empresas de una posible competencia desleal, las instancias que otorgan licitaciones pueden reservar la información de las ofertas de las empresas, lo que antes no ocurría con las paraestatales.
La reforma energética implica una red de 11 mil 342 kilómetros de gasoductos para transportar gas natural. De esa forma, el Gobierno federal ofreció reducir el costo de generación de energía eléctrica, así como las tarifas. Miles de millones de dólares serán licitados antes de 2019.
El gasoducto licitado a Atco tiene un valor aproximado de 50 millones de dólares y es el primer proyecto de infraestructura de energía de la empresa en México. A través de 16 kilómetros suministrará combustible a la planta eléctrica Francisco Pérez Ríos, cerca de Tula, Hidalgo.
De 2014 a 2015, la CFE dio siete fallos licitatorios para cinco empresas distintas cuyos contratos suman inversiones por casi 2 mil 306 millones de pesos.
El pasado 7 de septiembre, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la inauguración del quinto Congreso de la Industria Mexicana, sostuvo que en México se realiza la mayor expansión de gasoductos de la Historia con el fin de hacer llegar gas natural a prácticamente a todos los núcleos industriales del país.
A través de los gasoductos, la CFE se propuso sustituir combustibles caros y contaminantes, como el combustóleo y el diésel, por otros más baratos para la generación de energía eléctrica. Le permitirán llevar gas natural a sus centrales y al sector industrial en regiones en donde antes no había.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-10-2016/3098785
CIUDAD DE MÉXICO: La afluencia de migrantes provenientes de África a y Haití que pasan por México en su intento por entrar a Estados Unidos, se ha incrementado. Sólo este año 13 mil personas de esas nacionalidades han llegado a México por la frontera sur por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió realizar una observación en las fronteras mexicanas a fin de verificar que se respeten sus garantías individuales.
En un comunicado, el organismo indicó que consideró esencial y oportuno observar in situ la problemática migratoria en los cruces fronterizos de Tapachula, Chiapas, y Tijuana, Baja California ante el aumento del fenómeno migratorio.
Según el organismo solo en agosto y septiembre se contabilizaron cerca de cuatro mil personas de ambos géneros, entre adultos y menores de edad, lo que ha provocado un incremento en la actividad a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) que en promedio concede unos 300 oficios de salida al día.
Dichos oficios tienen una vigencia de 20 días naturales y permite a los migrantes trasladarse vía aérea o terrestre hasta Tijuana sin necesidad de alojarse en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula cuya capacidad sería rebasada ante la población migrante de estas y otras nacionalidades.
La entrega de los oficios de salida tarda en promedio 10 o 15 días, por lo que en ese lapso los migrantes se alojan en hoteles o rentan casas.
De acuerdo con la CNDH los migrantes africanos y haitianos se han caracterizado por ser pacíficos, por lo que consideró que la sociedad de Tapachula que ha expresado inquietudes debe considerar esa situación, aunado a que “este grupo de personas provoca una derrama económica importante en su paso por esta ciudad2.
En el caso de Tijuana y Mexicali, la CNDH advirtió que existen “otras realidades más complejas” para la misma población migrante en su espera de ingresar a Estados Unidos, debido a que pretenden ingresar a ese país mediante una petición de asilo y las autoridades estadunidense sólo le dan entrada a menos de 100 personas al día de los 300 que llegan de Tapachula.
Ello, abundó la CNDH, “provoca un excedente de alrededor de 200 personas que se irán acumulando” y propicia que las autoridades de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil organizada y los albergues tengan que realizar esfuerzos extraordinarios en conjunto para poder mitigar los problemas derivado del incremento de personas migrantes en espera.
El organismo destacó que a la fecha no se cuenta con información que permita a las autoridades mexicanas prever si la problemática se acentuará en el futuro en este cruce fronterizo.
“De ser así, se estaría ante circunstancias que podrían considerarse de cuidado en virtud de la concentración poblacional actual de migrantes”, advirtió la CNDH.
Por ello el organismo indicó que estará atento al desarrollo de la situación y dará seguimiento puntual a las medidas cautelares que emitió el pasado 15 de septiembre, dirigidas al INM, al gobierno estatal y al Ayuntamiento de Tijuana para evitar que pudiesen ser vulnerados los derechos humanos de los migrante en materias como alimentación, alojamiento digno, atención médica y psicológica, y seguridad
Añadió que en el ejercicio de sus facultades, emprenderá las acciones que se requieran para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
“Por lo pronto, las Oficinas Foráneas de la Comisión Nacional con sede en Tapachula y Tijuana mantendrán una cotidiana y estricta supervisión de los acontecimientos en las fronteras sur y norte de México”, subrayó el orgenismo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457251/vigilara-la-cndh-fronteras-norte-sur-ante-incremento-migrantes-africa-haiti
CIUDAD DE MÉXICO: “Aquí manda el gobierno del estado, y quien es gobernador es su amigo (…) Aquí voy a dar la cara”, aseguró ayer el nuevo gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, después de que presuntos integrantes de la delincuencia organizada provocaron disturbios en Reynosa.
“Encabezo un nuevo gobierno, un gobernador que actuará con firmeza y determinación para restablecer la paz, el orden y el estado de derecho, que no les quede la menor duda”, subrayó en el Parque Cultural, a donde acudió a una verbena para festejar el arribo del primer reynosense al gobierno tamaulipeco.
El evento se realizó el domingo 2, un día después de la llegada del mandatario a la ciudad y luego de que delincuentes quemaron neumáticos y tiraron ponchallantas en distintas avenidas, lo que ocasionó grandes fumarolas que pudieron observarse desde diferentes puntos de Reynosa, entre ellos el Parque Cultural, según información difundida por Reforma.
De acuerdo con el diario, la incertidumbre paralizó la actividad de la ciudad, al tiempo que las fuerzas militares y policiacas activaron operativos de vigilancia aérea y terrestre.
Ante tal situación, el gobernador retrasó su llegada a Reynosa, que tenía programada para las 15 horas del sábado 1, y arribó a las 18:30 entre un fuerte dispositivo de seguridad.
Usuarios de redes sociales reportaron que en algunos casos los delincuentes incendiaron llantas a manera de barricadas para cerrar la circulación.
Los reportes de los incendios iniciaron alrededor de las 14 hora de manera simultánea en sectores del poniente de la ciudad como Jarachina, Las Fuentes, Bugambilias, Tecnológico y Puerta del Sol, Vista Hermosa y San Valentín.
Posteriormente se informó de la misma situación en colonias como Nuevo Amanecer, bulevar Colosio, y las colonias Cavazos y Luis Donaldo Colosio, donde prendieron fuego a un yonque de autos.
También se reportaron detonaciones en algunos puntos, como la zona centro, mientras un helicóptero de las fuerzas federales sobrevolaba la ciudad.
De acuerdo con García Cabeza de Vaca, la quema de llantas en avenidas de la ciudad fueron acciones distractoras de unos cuantos, “pero seremos firmes en restablecer la paz y el orden”, dijo.
Previo a su visita al Parque Cultural, el nuevo mandatario tamaulipeco lanzó: “Son acciones distractoras que quisieron hacer los menos. Acuérdense que somos muchas más las familias que se levantan todos los días muy temprano a trabajar y sacar adelante a su familia”.
Por eso, añadió, “muchos vamos a sacar adelante a Tamaulipas. Aquellos menores, esos cuantos quieren seguir generando problemas para Tamaulipas, saben que las cosas vienen diferentes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457243/ofrece-garcia-cabeza-vaca-actuar-firmeza-restablecer-la-paz-en-tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO: El Congreso Nacional Ciudadano convocó a una marcha para “sacar” al presidente Enrique Peña Nieto de la residencia oficial de Los Pinos el próximo 21 de noviembre.
El líder del Congreso, Gilberto Lozano, quien ha sido ejecutivo de compañías como Grupo Alfa, de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, de Coca-Cola Femsa, además de pasar por la presidencia del club de futbol Rayados de Monterrey se plantó frente al Palacio Nacional, en la plancha del Zócalo y alzó la voz contra Peña Nieto:
“Quiero decirles mexicanos, no hablándoles desde partidos políticos, ni de sindicatos, no de gente muerta de hambre que se vende por una torta, el 21 de noviembre vamos a sacar a Peña Nieto de Los Pinos… Vamos a venir de todo México, ya hay 18 estados organizados para estar en el Monumento de la Revolución, la revolución que nos ha sido robada y que Victoriano Huerta, disfrazado de Peña Nieto, sigue robándonos la revolución”.
Lozano, quien en el año 2000 cuando Vicente Fox llegó al poder, ocupó el puesto de oficial mayor en la Secretaría de Gobernación por unos meses; no tuvo poder de convocatoria para anunciar la marcha del próximo 21 de noviembre del Monumento de la Revolución a Los Pinos.
De hecho, estaba prevista la presencia de Javier Sicilia, el padre Alejandro Solalinde, Paco Ignacio Taibo, entre otros, pero sólo el activista Julián Lebarón lo acompañó.
“Exigirle a Peña que se vaya”: Lebarón
Lebarón, quien vivió el secuestro y asesinato de su cuñado Alfredo Apodaca; su tío Raúl Rascón, sus amigos Miguel Mota y Luis Widmar, y de su hermano Benjamín lanzó:
“Nosotros estamos hartos de que nos vendan un servicio de seguridad, de justicia, educación, de petróleo que ni es nuestro y cuesta el doble… Nosotros pretendemos construir un nuevo poder en México capaz de retirarles el poder a los tiranos, a quienes abusan. Si aspiramos a la política, si aspiramos a las mismas herramientas que ellos usan”.
Pese a las ausencias de los líderes y las escasas 15 personas que se acercaron a escuchar bajo el sol a plomo, Lebarón continuó el reproche al gobierno:
“El grito es unánime, exigirle a Peña que se vaya, tenemos Ayotzinapa, Tlatlaya, 28 mil desaparecidos y decenas de miles de asesinados. La impunidad es total, no sabemos quiénes están desapareciendo, ni quiénes nos están asesinando, pero sabemos perfectamente quién es responsable de la seguridad de nuestro país y de nuestras comunidades. El llamado es exigirle cuentas a estas personas y poder remover a cualquier funcionario”.
Según el líder del Congreso Nacional Ciudadano, a la marcha asistirán grupos de 15 estados y aseguró que el movimiento ya tiene más de un millón de gentes en 3 mil 76 células ciudadanas.
“Vamos a hacer una marcha de lo que llamamos la segunda fase de renuncia ya, la primera fue el 15 de septiembre y muchas organizaciones. Aquí no es uno el protagonista, tenemos que ser todos, no espectadores, ni tampoco políticos… este 21 de noviembre va a ser un parteaguas histórico. Se les acabó la fiesta a los bandidos”, gritó.
Sobre los convocados que no asistieron al llamado se limitó a decir que “el mexicano no era desconfiado, le sopla el cogote porque ya se quemó con leche. Javier Sicilia anda con sus broncas, Rafael Loret de Mola dijo que contemos con él y lo mismo del padre Solalinde, de Fernández Noroña no lo tengo claro; de Pedro Ferriz no sé qué traiga, si es mover a México o anda buscando la silla”.
Y sentenció: “Yo distingo muy claro, andan luchando por una silla o andan luchando por México, quiero ver. Ahí tenemos que ser muy claros, quienes luchan por México y quienes andan haciendo arengas para que voten con él. La primera es desconfianza, el que puedan tener agenda política. El 21 de noviembre vamos a saber quién es quién”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457203/congreso-nacional-ciudadano-convoca-a-marcha-anti-pena
La violencia de género no cesa en el país a pesar de las campañas de concientización, los esfuerzos de la sociedad civil organizada y las estrategias gubernamentales que buscan ponerle un freno: las mujeres siguen siendo abusadas sexualmente, violadas y acosadas en la calle, en el transporte público, en sus centros de trabajo y en sus hogares. También son asesinadas diariamente sin que nada ni nadie detenga a los agresores, dijeron expertos consultados por SinEmbargo.
Por ello, coincidieron, es necesario que las víctimas denuncien a través de distintas plataformas legales y sociales que ayuden a visibilizar el fenómeno y a concientizar a la sociedad sobre los abusos de violencia de género que sufren todos los días, porque la cifra negra de los casos que no llegan a una averiguación previa rebasa el 94 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales.
“Un gran número de delitos no son denunciados. Creemos que debe haber una presión social que haga y permita que las autoridades hagan su trabajo. Si no denuncias, dejas impune el delito y no hay una no repetición. Buscamos no una denuncia penal, sino social que permita generar en la sociedad la conciencia de que esto no es normal, porque en todos los espacios niñas y mujeres alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de violencia, ya sea familiar, de noviazgo, de salud, en espacios educativos, públicos; lo podemos ver en las encuestas nacionales”, dijo Mariana Cervantes Salas, coordinadora de Proyectos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia, organización que en coordinación con Change.org reactivará este mes la campaña #NoTeCalles.
De acuerdo con el “Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República presentando en marzo de este año, entre 2010 y 2015 se cometieron 2 millones 996 mil 189 delitos sexuales, es decir casi 600 mil anuales, si se toma en cuenta la cifra negra de 94.1 por ciento de los delitos que no se denuncian.
Pero, especifica el informe, “la baja cantidad de averiguaciones previas en delitos sexuales es un hallazgo de suma relevancia: se están integrando menos de 20 mil averiguaciones previas por delitos sexuales por año, en promedio. Ello claramente indica que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones”.
Los delitos de abuso sexual, incluyendo el agravado, el infantil, corrupción, estupro, explotación de menores y la violación concentran el 67.4 por ciento del total de las averiguaciones por delitos sexuales, dice el informe.
Las cifras oficiales revelan que sólo en la Ciudad de México entre enero de 2015 y julio de 2016 se abrieron 3 mil 960 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos sexuales, de los cuales mil 51 fueron violaciones. Datos que no incluyen la temida cifra negra de la que hablan los estudiosos de estos delitos.
Los datos apuntan –según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos, que puso en marcha el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en coordinación con el Instituto de las Mujeres de la capital del país– que de esas casi 4 mil averiguaciones, 420 fueron abiertas por víctimas agredidas en el transporte público, 62 de ellas violadas. El informe señala que entre enero y julio de este año las carpetas se incrementaron en un 56.7 por ciento respecto al año pasado.
Datos alarmantes si se considera que, de acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014–2015, nueve de cada 10 mujeres en la Ciudad de México han sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público a lo largo de su vida.
Debido a que la violencia de género es uno de los problemas más difíciles de seguridad que enfrenta una mujer, la organización en la que participa Cervantes Salas y la plataforma de Change.org reactivarán la campaña y el movimiento #NoTeCalles a partir del 14 y 15 de octubre en la red y a través de unos arcos detectores que serán colocados en cuatro puntos de la Ciudad de México: en la colonia Condesa, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Universidad Iberoamericana y en la representación estatal de Veracruz.
Los lugares en donde se colocarán esos arcos –a través del cual las personas podrán cruzar y señalar si han sido víctimas de violencia de género– son representativos por los casos de la periodista estadounidense Andrea Noel, quien fue víctima de acoso sexual en la Condesa; Pola Brailowsky, estudiante de la UNAM; Ximena Galicia, estudiante de la Ibero y la agresión a Daphne Fernández, adolescente violada por “Los Porkys” en Veracruz.
VISIBILIZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La campaña y el movimiento buscan visibilizar la violencia de género a través de la denuncia social, explicó Mariana Cervantes.
“La expectativa es que sea una denuncia social que permita visibilizar la violencia que vivimos en México. Invitar a mujeres y niñas que han sufrido algún tipo de violencia a denunciarla. Que digan: ‘yo fui víctima de violencia’, para romper con los estereotipos de que sólo son violadas las mujeres que salen de noche, o porque estaba sola en la calle. Está normalizada la violencia y se culpa a la mujer por los delitos: de ser una víctima se convierten en criminales y queda de lado el castigo a los responsables”, explicó.
Miguel Troncoso Treviño, director de Comunicación de Change.org en México, agregó que los puntos son emblemáticos y están vinculados a las campañas activas al interior del movimiento y que con la reactivación se busca visualizar los casos directamente en los espacios en donde ocurrieron las agresiones.
“Buscamos darle a conocer a la gente que no sólo ahí sucedieron los casos, sino que existe un mecanismo donde ellas pueden visibilizar sus propios casos de acoso. La activación lo que pretende es realizar un ejercicio de consulta para ver qué tan urgente es el problema del acoso en estos espacios donde ya alguien levantó la mano. El caso de Veracruz es simbólico, pero es un recordatorio a las autoridades de que existe un pendiente en un caso de acoso en esa entidad”, dijo.
La plataforma, explicó Troncoso, puede contribuir a visibilizar la violencia de género, abrir grupos de apoyo, presentar propuestas de políticas públicas y dar seguimiento a los casos que, al no ser públicos, no tienen ninguna salida legal.
“Nosotros no somos expertos en acompañar a una víctima, pero lo que sí les ofrecemos es enlazarnos con especialistas”, agregó.
El “gran objetivo” es detener la violencia de género, enfrentar al “gran monstruo” y desarrollar protocolos.
De acuerdo con Troncoso Treviño el interés de los usuarios de la plataforma se ha incrementado en los últimos dos años y medio. Hoy hay una campaña al mes como mínimo sobre violencia de género, mientras que en 2014 había una cada semestre.
“Ninguna de las víctimas son las iniciadoras de las peticiones, lo que es un fenómeno curioso que te puede revelar lo complejo que puede ser realizar una denuncia de este tipo porque son casos muy personales, donde la víctima está muy vulnerada. La plataforma ofrece anonimato como iniciador de petición, lo que también es una de las ventajas que puede tener lanzar una campaña desde este movimiento”, explicó.
La campaña para castigar al culpable de la agresión sexual que sufrió Andrea Noel fue iniciada por la petición de Emmanuel Arriero Gutiérrez, un joven originario de Guadalajara.
“Conocer el caso de Andrea Noel me conmovió mucho; yo la notaba muy afectada. Si abusan de tu integridad y te bajan los calzones en la calle… en todo este proceso me puse a reflexionar: la verdad el país está sumergido en una ola de violencia muy grande, se me hace que es algo que se debe de atender por parte de las instituciones de gobierno y la sociedad civil. Entonces eso me motivó para pedir justicia para Andrea y que se castigara a quien le hizo esta violencia”, dijo Arriero en entrevista con SinEmbargo.
Emmanuel consideró que durante décadas las mujeres han soportado la violencia física y sexual, sin que nadie haga nada. Es tiempo, dijo, que tanto los gobiernos federal y locales, como la sociedad civil y la academia trabajen en unión para combatir el fenómeno.
“No soy mujer, pero se me hace injusto porque todos somos seres vivos y merecemos respeto, y la otra: porque tengo madre, tengo primas y quizás en algún momento tenga hijas, y no me gustaría que hubiera una diferencia a propósito de cómo se respeta a un ser humano por su género”, destacó.
INMUJERES CDMX LLAMA A DENUNCIAR
Los datos apuntan a que el espacio privado sigue siendo el lugar principal de las agresiones. Las cifras de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada en 2011 revelan que en México el 47 por ciento de las mujeres de 15 y más años sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja; dos de cada 10 sufrieron reclamo por la forma en que gastan el dinero y a 14 de cada 100 su pareja las han “golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma”, mientras que a siete de cada 100 las han obligado a tener relaciones sexuales.
Sin embargo hay otro espacio en donde las mujeres son violentadas; el transporte público, y ahí hay de todo: tocamiento de los glúteos, miradas lascivas, persecuciones, exhibición de órganos sexuales, observación obligada de la masturbación y violaciones.
Según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30-100, el aumento de 56.7 por ciento de las carpetas de investigación sobre casos de abuso sexual entre enero y julio de 2016 respecto al año pasado, es muestra de la eficacia de los operativos de separación y el incremento de la vigilancia que comprenden las medidas de la estrategia.
Teresa Incháustegui Romero, directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, dijo a SinEmbargo que todas las encuestas colocan a la capital del país como la ciudad en donde la violencia contra la mujer en el ámbito público es más alta con casi “30 puntos por arriba del resto de las ciudades”.
“Hay una cultura machista que ha naturalizado la situación en las calles para tener un acercamiento para agredirlas, por un lado, y por otro, que las mujeres de la Ciudad de México nos hemos acostumbrado a estas situaciones y tratamos de solventarlas individualmente, ya sea vistiéndose de manera diferente cuando uno va a ir en un automóvil privado o en un transporte que al público. Esta situación hace a las mujeres presas fáciles, por falta de tiempo y empoderamiento de sus derechos, y por lo complicado que resulta levantar denuncias, han naturalizado el tema”, dijo.
La funcionaria llamó a denunciar y a reportar los casos de violencia de género. Los reportes significan un indicador para el Inmujeres sobre la conciencia del significado de abuso y violencia sexual, y en segundo lugar, se logran visibilizar los hechos para buscar políticas de seguridad pública con enfoque de género: “que nos veamos en la obligación de atenderlo. En política, quien no habla Dios no lo oye. Si las mujeres no denunciamos y no reportamos los eventos, nadie nos va a escuchar”.
Incháustegui Romero resaltó la necesidad de modificar la legislación de justicia cívica de la Ciudad de México, para que se penalicen varias agresiones que hoy no se castigan con una penalización económica ni con prisión.
Hoy el abuso sexual está definido en el Código Penal como todo acto de carácter sexual, que se haga con una persona y que sea indeseable, le cause daño o sufrimiento. Pero la exhibición de los genitales u obligar a presenciar la masturbación, no están dentro del concepto de abuso sexual para la legislación actual.
La directora del Inmujeres de la Ciudad de México destacó que la víctima “queda al garete. Nosotros decimos que van a seguir habiendo injusticias e impunidad si no modificamos la Ley de Justicia Cívica para incorporar con toda precisión, con nombre y apellido estas ofensas y que esté claramente establecido qué tipo de penalización le corresponde. La víctima no tendría que comprobar daño y sufrimiento a través de peritajes, sino que se aplique la ley automática, como cuando usted se pasa un alto”.
SILBATO, POCO EXITOSO
Medidas como el polémico silbato no han sido muy exitosas, pues únicamente dos mujeres lo han utilizado y ninguna de ellas llegó a interponer una denuncia ente el Ministerio Público, dijo Teresa Incháustegui.
“Yo creo porque no han tenido necesidad, y le comentaba: creo que no llegamos a la masa crítica que queremos para la distribución. Vamos a comenzar la distribución en delegaciones y en los entornos de las escuelas, de las secundarias; en noviembre a lo mejor comenzamos con esta segunda etapa”, dijo la funcionaria.
En ambos casos el silbato sirvió para disuadir al agresor de llevar a cabo la agresión sexual o el acoso, precisó.
Incháustegui explicó que a la fecha se han entregado 60 mil silbatos a usuarias de transporte público, lo cual representa sólo una pequeña parte del total de las mujeres que viajan a través de Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús.
En julio pasado, la funcionaria reveló a Alejandra Padilla, reportera de la Unidad de Datos de este medio digital, que se invirtieron 1.2 millones de pesos en 15 mil silbatos, con un costo de 80 pesos por cada uno. Dos meses después, la distribución del silbato se ha cuadriplicado.
La funcionaria detalló que la utilización del silbato tiene varios objetivos: empoderar a las mujeres y hacer que la comunidad participe y no “voltee para otro lado” cuando alguien es agredido.
Teresa Incháustegui agregó que la aplicación para celular Viaja Segura, que se puso en marcha hace un mes, derivó ya en 20 llamados al 066. Una vez que se aprieta el botón de la aplicación descargable, se recibe el correo electrónico y el teléfono de la víctima; y se emite un reporte con fecha y hora.
Y aunque hay casos de agresión reales, la funcionaria reconoció que existen muchos “falsos llamados” por bromas o simplemente porque se activó el botón por error.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-10-2016/3099212
El próximo 30 de noviembre, Javier Duarte de Ochoa dejará de ser Gobernador de Veracruz. Desde los primeros meses, su administración fue un caos. Señalado por ciudadanos, ONGs nacionales y extranjeras, y un puñado de medios de comunicación que se atrevieron a denunciar sus acciones y omisiones, el Gobierno federal dejó al priista “trabajar” en la descomposición social y económica en el que dejará ese estado. El Presidente Enrique Peña Nieto hasta lo puso de ejemplo como parte de la nueva forma de gobernar del PRI. Hoy el tricolor le ha dado la espalda y la PGR lo investiga, lo mismo que a sus cercanos. Por si fuera poco fue la causa de que el Revolucionario Institucional sufriera una dolorosa derrota en un estado que aporta millones de votos, por primera vez en 80 años.
Javier Duarte de Ochoa está con un pie fuera de la gubernatura de Veracruz y ahora también de la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el que lo llevó al poder en esa entidad. Se va acusado no sólo de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, también de convertir a la entidad en la sexta más violenta –una de las peores para ejercer el periodismo, además–, en la quinta más endeudada y en la tercera más pobre del país.
Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, tras una polémica y cuestionada elección, el 1 de diciembre de 2010 a la edad de 37 años. Es miembro de “la nueva generación del priismo que marcaría el rumbo de México”, según las palabras del propio Presidente Enrique Peña Nieto, quien todavía hace tres años lo respaldaba y lo ponía como ejemplo ante el resto de los gobernadores. La amistad se fracturó este año, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciara una investigación en su contra, misma que recientemente atrajo la Procuraduría General de la República (PGR), por irregularidades en la cuenta pública del estado.
Tras ser electo como Gobernador, Javier Duarte fue acusado de incurrir en actos anticipados de campaña. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que finalmente falló a su favor. Ese sólo fue el inicio de una serie de irregularidades que se cometerían durante la administración duartista, y a pesar de todos los señalamientos en su contra no fue sino hasta el pasado lunes que la Comisión de Justicia del PRI decidió suspender los derechos político-partidistas del mandatario veracruzano.
A dos meses de entregar el Gobierno estatal al Partido Acción Nacional (PAN) –por primera vez en 80 años a un partido opositor–, el legado que Duarte de Ochoa deja en Veracruz está marcado, como ya se alertaba desde los primeros meses de su administración, por la violencia, inseguridad, pobreza y represión.
VERACRUZ VIOLENTO
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios: de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, declaró en noviembre del año pasado Javier Duarte. Para entonces la entidad sumaba, desde que asumió la gubernatura, 3 mil 779 homicidios dolosos, siendo 2012 el año más violento con 968 ejecuciones, un repunte que se vaticinaba desde el primer mes de la administración duartista, que registró 66 asesinatos, la cifra más alta en ese año.
Hoy, Veracruz es el sexto estado más violento a nivel nacional. Hasta agosto de este año, la entidad sumaba 716 homicidios violentos y 78 secuestros, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Además, organizaciones civiles y familiares de las víctimas directas por la violencia en Veracruz hablan de al menos 30 mil desaparecidos y cientos de fosas clandestinas con decenas de restos humanos.
Los Zetas se instalaron en Veracruz desde 2005, sin embargo, la violencia se desató en 2010 tras su ruptura con el Cártel del Golfo y los enfrentamientos con los Caballeros Templarios y con el Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que, según un testimonio que un ex líder Zeta dio a VICE News, el Gobierno del estado le permite traficar y operar como mejor le convenga, aunque de eso dependa la seguridad y tranquilidad de los veracruzanos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó un mapa con la nueva distribución de los cárteles en México, colocando al CJNG como los dueños del centro de Veracruz.
La presencia de los grupos criminales en el estado, los “levantones”, ejecuciones, violaciones, extorsiones y las fosas clandestinas eran un secreto a voces que resonó en enero de este año, cuando policías estatales de Tierra Blanca interceptaron a cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, y los entregaron a sicarios, quienes, según declaraciones de los implicados, ejecutaron a las víctimas, las incineraron y arrojaron sus cenizas a un riachuelo.
Este caso también destapó la opacidad en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, una de las dependencias duartistas en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló más irregularidades y desvío de recursos.
La administración de Javier Duarte “facturaba” chalecos antibalas en un restaurante, inflaba precios de esos insumos, confeccionaba miles de playeras y adquiría centenares de sillas, cuyo uso, al menos para el sistema de seguridad veracruzano, se desconocía.
De acuerdo con cifras oficiales, casi el 40 por ciento de los elementos de la SSP de Veracruz, que hasta agosto pasado era dirigida por Arturo Bermúdez Zurita, investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, reprobaron los exámenes de control y confianza y aún así seguían en activo.
POBREZA Y DEUDA
En 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que Veracruz es el tercer estado con mayor índice de pobreza. Cuatro millones 634 mil 200 personas viven en situación de pobreza, es decir, el 58 por ciento de su población, colocándose por encima de la media nacional.
En el primer año de su gobierno, cuando el 62 por ciento de la población veracruzana percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar, Javier Duarte prometió que reduciría el 50 por ciento de la pobreza. Actualmente, seis de cada 10 veracruzanos vive en condiciones de pobreza extrema.
La deuda que Javier Duarte dejará en su estado asciende a 45 mil 879 millones de pesos, y la acumulada con la Universidad Veracruzana (UV) superó los dos mil millones de pesos. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo acusa de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
La administración de Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o perjuicio a la federación, luego que se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos que pudieron haber sido desviados, sin embargo, la investigación es reciente y pueden pasar años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco en el que estarían involucrados al menos 29 funcionarios y ex funcionarios veracruzanos que ya sin indagados por la PGR.
REPRESIÓN Y PERIODISTAS ASESINADOS
El Gobierno de Javier Duarte se ha caracterizado por la represión en contra de activistas y comunicadores, a quienes en repetidas ocasiones, con una sonrisa en el rostro, les pidió “portarse bien”, pues había quienes “andaban en malos pasos” y él ya “sabía quiénes eran”.
Los primeros actos de represión que ejecutó el Gobierno de Javier Duarte fueron para agradar y defender al Presidente, como en marzo de 2014, cuando seis activistas de la organización Greenpeace fueron detenidos por colocar frente al Palacio de Gobierno del estado una manta gigantesca con la imagen de Enrique Peña Nieto bañado de petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, en protesta por la Reforma Energética.
El hombre que en los últimos meses perdió más de 34 kilos, según él por instrucciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es señalado también de ser quien posiblemente ordenó el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien salió huyendo de Veracruz tras ser amenazado de muerte, misma que encontró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde otras cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, también fueron brutalmente asesinadas.
En lo que va de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas han sido asesinados, tres de ellos salieron de Veracruz y fueron ejecutados en Oaxaca y la Ciudad de México, y sólo Pedro Tamayo, acribillado en julio pasado afuera de su domicilio en Poza Rica, tenía medidas cautelares de protección en el ámbito local.
El próximo 1 de diciembre Duarte de Ochoa dejará la gubernatura de un estado dominado por el narcotráfico, sumido en la pobreza y cubierto de impunidad, sin embargo, hasta el último momento, el aún priista defiende su gestión asegurando que todas las acusaciones en su contra son parte de la “grilla política”, a la que él responderá con “trabajos y resultados”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MELISSA GALVÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-10-2016/3098795
El Ejército actuó de manera muy parecida tras la matanza de Tlatelolco y tras la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: ocultó toda la información que pudo, entorpeció las indagatorias y se olvidó de que estaba para servir a los ciudadanos y no a sí mismo o a los gobiernos. Tal vez no sea casualidad la similitud en las reacciones: tanto en 1968 como en 2014 ese instituto armado había asumido funciones policiacas… funciones que, hasta la fecha, sigue desempeñando.
CIUDAD DE MÉXICO: Las investigaciones sobre la masacre estudiantil en Tlatelolco hace 48 años, y la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo en común: se toparon con los muros del Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública.
La participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la fiscalía especial que se creó para investigar los crímenes del pasado perpetrados por el Estado mexicano pudo abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer el papel de los soldados en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Sólo pugnas internas de la cúpula militar protagonista de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas permitieron, muchos años después, acercarse a una versión castrense de los hechos: que el Estado Mayor Presidencial (EMP) disparó contra la multitud y contra las tropas desplazadas para dispersar la manifestación.
La acusación la hizo quien era el jefe del Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo, señaló al entonces jefe del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una docena de francotiradores en varios edificios de la Unidad Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas.
El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que toda la operación militar del 2 de octubre había estado bajo el mando del secretario de la Defensa.
La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza había sido documentada por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró la desclasificación de reportes de la inteligencia militar estadunidense sobre lo ocurrido en Tlatelolco.
La versión del Ejército fue confirmada en 1999 por el fundador de este semanario, Julio Scherer García, y el cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso 1182), con documentos del general García Barragán, quien había fallecido dos décadas antes, en septiembre de 1979.
Ese relato fue la versión con la que trabajó años después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el gobierno de Vicente Fox.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2083 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA, EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457129/tlatelolco-a-ayotzinapa-la-misma-cerrazon-del-ejercito
Funcionarios veracruzanos serán acusados por la falsificación de facturas por un monto de casi mil millones de pesos y de ser responsables podrían alcanzar hasta seis años de cárcel.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables del gobierno de Javier Duarte, tras confirmar la inexistencia y operaciones de al menos 31 empresas que facturaron al menos mil millones de pesos en múltiples contratos de la administración estatal.
Los funcionarios involucrados podrían alcanzar hasta seis años de cárcel solo por la facturación de operaciones simuladas en Veracruz; se calcula que el daño patrimonial supera los 967.7 millones de pesos. Además continúan abiertas auditorías independientes a seis funcionarios involucrados y que presentan irregularidades relevantes.
Se trata de la primera denuncia penal que presentará el SAT directamente contra los funcionarios de Duarte por el caso de las empresas fantasma. Las 32 anteriores fueron contra las compañías no localizadas.
El SAT entregó a Animal Político las respuestas a un cuestionario enviado para dar seguimiento a las investigaciones del caso, luego de que por ley se concedió un plazo a las compañías no localizadas en sus domicilios fiscales para comprobar su existencia y operaciones.
El resultado: de 34 contribuyentes investigados, se tiene como no localizados a 31 empresas contratadas por el gobierno veracruzano.
Conforme a lo marcado en el Código Fiscal de la Federación (CFF) se procederá a anular fiscalmente todas las operaciones facturadas, que en este caso incluían pagos por supuestas compras de materiales para viviendas endebles, materiales didácticos, despensas, entre otros. Quedará sin efecto la utilización de esos recursos reportada por el gobierno estatal.
En su respuesta oficial, el SAT informó que adicional a las repercusiones fiscales mencionadas, se formularán denuncias de hechos contra quien resulte responsable de las dependencias de gobierno estatal ante la autoridad ministerial por la actualización del tipo penal previsto en el artículo 113 fracción III del CFF, referente a la expedición y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Según el artículo mencionado, se castiga con tres meses a seis años de prisión “al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Por ahora, según lo reportado por las autoridades fiscales, el monto de operaciones anuladas a las empresas no localizadas es de 945 millones de pesos pagados por el gobierno estatal; en los registros del SAT las compañías habían declarado en cero.
Sumado a lo anterior, el SAT reveló que una vez concluya el procedimiento fiscal notificará a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz sobre las irregularidades en que incurrieron dependencias del gobierno de Veracruz por la emisión de facturas que amparan operaciones no existentes.
Esto con el objetivo de que esas instancias realicen sus propias investigaciones respecto al uso y destino del dinero.
De forma paralela continúan las investigaciones abiertas por la PGR contra las empresas involucradas en esta situación, luego de 32 denuncias iniciales interpuestas por el SAT; el pasado viernes se dio a conocer que ya se giró una orden de aprehensión en esta línea, y que hay casos ya consignados ante jueces federales.0
Las acciones del SAT arrancaron luego de que Animal Político publicara el pasado 24 de mayo, que el gobierno de Veracruz otorgó casi sin competencia 645 millones de pesos a empresas que no existían en sus domicilios, y cuyos socios son en realidad personas de bajos recursos, no empresarios.
RESPUESTAS DEL SAT:
Información Animal Político by http://www.animalpolitico.com on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/sat-denuncia-pgr-duarte-empresas-fantasma/
En el recorrido desde Tlatelolco hasta el Zócalo en la Ciudad de México participó gente de Ayotzinapa, Chapingo, la UNAM y el IPN, entre otros grupos.
Integrantes del Comité 68 y de otras organizaciones marcharon este domingo para conmemorar los hechos del 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes fueron asesinados tras participar en manifestaciones.
Durante la manifestación también se pidió justicia por los casos de violaciones a derechos humanos y muertes en Ayotzinapa, Atenco, Nochixtlán, Tanhuato, Aguas Blancas y Acteal.
El recorrido desde Tlatelolco hasta el Zócalo capitalino comenzó cerca de las 12:50 horas, avanzando sobre calles como el Eje Central.
“Alrededor de siete mil personas se movilizaron en paz y libertad hacia el Zócalo, donde la manifestación concluyó con un mitin alrededor de las 15:00 horas”, indicó el gobierno de la Ciudad de México, en un comunicado.
Además del Comité 68 participaron en la manifestación normalistas de Ayotzinapa, padres de los 43 desaparecidos, el Comité Cerezo, y gente de Chapingo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y del Instituto Politécnico Nacional (IPN)), además de sindicalistas, entre otros grupos.
“La violencia del Estado sigue vigente con el caso Nochixtlán, Atenco y los maestros”, fue uno de los gritos en la protesta, de acuerdo con Reforma.
“Reclamamos que está manera del Estado y del Gobierno para tratar con el pueblo termine de una vez por todas. Por eso seguimos reclamando, a 48 años, la acción de la justicia para el caso del 2 de Octubre, de 10 de Junio, de la llamada Guerra Sucia de los crímenes en Acteal, Aguas Blancas, el Charco, Tanhuato y Nochixtlán”, dijo Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, en el mitin en el Zócalo.
Manuel Granados, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) en la Ciudad de México, dijo que se desplegaría un operativo especial en los más de 50 Juzgados Cívicos de la capital.
Jueces, secretarios y supervisores mantendrán un dispositivo especial permanente “ante cualquier incidente que pudiera enturbiar la jornada”, se indicó en un comunicado.
A las 14:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que no se habían registrado incidentes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/octubre-68-marcha-ayotzinapa-protesta/
