BOGOTÁ: El rechazo a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito realizado el domingo 2 en Colombia fue tan inesperado que el expresidente Álvaro Uribe, líder de la campaña del “No” a lo negociado con esa guerrilla, tardó más de tres horas en armar un discurso de victoria, porque ni siquiera él había previsto que esa opción se impondría en las urnas. Hace apenas unos días, el exmandatario y actual senador había dicho que era “muy probable” que el “Sí” a los acuerdos obtuviera el triunfo. Y es que, con excepción de una encuesta de hace dos meses, todos los sondeos vaticinaban que los colombianos refrendarían los acuerdos de paz con las FARC con entre 55% y 66% de los votos. La realidad es que el “No” ganó. Lo hizo en forma muy ajustada –por una diferencia de apenas 0.43 puntos porcentuales–, pero ese resultado es suficiente para dejar sin ninguna validez legal los acuerdos de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negoció durante tres años y nueve meses con las FARC. Apenas el lunes pasado, Santos y el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, “Timochenko”, habían firmado en Cartagena esos acuerdos ante 13 presidentes latinoamericanos; el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y los cancilleres de 27 países. Todos ellos, como el resto del mundo, se deben estar preguntando qué pasó el domingo en Colombia y qué es lo que lleva a un país a decir “No” a un pacto para poner fin a un conflicto armado de 52 años, y para posibilitar que la guerrilla más poderosa del hemisferio se desarme y se transforme en un partido político legal. Para estas preguntas hay muchas respuestas: Desde el huracán Matthew, que desalentó con sus lluvias torrenciales la participación de los votantes de la costa caribeña colombiana –donde se registraba el más alto respaldo nacional al “Sí”–, hasta el discurso del miedo del expresidente Uribe, quien convenció al electorado más conservador y menos educado de que los acuerdos con las FARC eran la instauración del “castrochavismo” en Colombia. Uribe es el abanderado moderno de una ultraderecha que históricamente ha puesto barreras a las expectativas de desarrollo social y de participación política de los sectores más desfavorecidos de la sociedad colombiana. Con su estilo caudillista, de patrón de finca, el expresidente es el heredero ideológico de las elites económicas y políticas que en el siglo XX negaron toda posibilidad de una reforma agraria a los campesinos pobres y que, por el contrario, hicieron del despojo de tierras y de la violencia política para acallar los reclamos, prácticas comunes. Esa obstinación excluyente, que originó hace medio siglo el conflicto armado colombiano, es la que se impuso, por un estrechísimo margen, en el plebiscito del domingo, y acabó por invalidar los acuerdos de paz con las FARC. Un país dividido En el fondo, lo que hizo la mitad del país en las urnas es negarle a las FARC lo que cualquier proceso de paz en el mundo concede al adversario alzado en armas: la posibilidad de cambiar las balas por los votos. Es sintomático que las regiones que respaldaron el “Sí” son las más golpeadas por el conflicto armado. Por ejemplo, en Bojayá, un municipio donde en 2002 un enfrentamiento de las FARC con paramilitares produjo la muerte de 79 civiles en una iglesia cuando la guerrilla erró el blanco de sus cilindros bombas, 96% de votantes optaron por el “Sí” a los acuerdos de paz. En cambio en Medellín, la segunda ciudad de Colombia y la tierra del expresidente Uribe, el “No” se impuso con 63% de los sufragios. El argumento central de Uribe es que el acuerdo de paz es un “pacto de impunidad” con las FARC porque le concede penas alternativas –como trabajo comunitario– en lugar de cárcel a los jefes de esa guerrilla que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. La realidad es que la Corte Penal Internacional avaló el acuerdo, y sólo puso como condición que las sanciones que se impusieran a los autores de delitos graves se aplicaran de manera efectiva. Uribe, quien la década pasada negoció un acuerdo de paz con paramilitares de extrema derecha dedicados al narcotráfico y responsables de mil 666 masacres de civiles, también objetó que los jefes de las FARC tuvieran la posibilidad de participar en política. El exguerrillero y actual senador Antonio Navarro Wolff comentó la noche del domingo que si al M-19, grupo armado al que perteneció, le hubieran propuesto desmovilizarse para que sus integrantes fueran a la cárcel y no pudieran hacer política para defender sus ideas, jamás lo hubieran aceptado. Colombia amaneció este lunes en la más completa incertidumbre política, y aunque tanto el presidente Santos como las FARC reiteraron su voluntad de paz, no es claro si eso será suficiente para salvar los acuerdos y mantener el cese bilateral del fuego vigente desde junio pasado. Uribe dijo tras la victoria del “No” que está dispuesto a “un gran pacto nacional”. Pero ya puso condiciones: “correctivos” a los acuerdos en los puntos de justicia y participación política; austeridad presupuestal; no a la reforma fiscal que impulsa el gobierno para financiar lo negociados con las FARC; dar confianza a los inversionistas, y hasta “estimular los valores de la familia”. Es un planteamiento político-ideológico que va mucho más allá de las objeciones a los acuerdos de paz. No es un secreto que Uribe quiere volver a ser presidente de Colombia y que para ello necesita impulsar una reforma constitucional que se lo permita. Muchos políticos colombianos creen que la verdadera objeción del expresidente a los acuerdos de paz no es por los términos de lo negociado con las FARC, sino porque no fue él quien los pudo lograr. Hoy tiene la sartén por el mango para proponer que las diferencias del país se diriman en una Asamblea Constituyente que pueda dar una nueva vida a los acuerdos con las FARC, pero que al mismo tiempo le permita la reforma que necesita para volver a gobernar Colombia. Hace dos meses, el sacerdote jesuita y activista por la paz Francisco de Roux había advertido que los acuerdos de paz podían correr “una suerte análoga a la del Brexit”, el referendo de junio pasado mediante el cual los votantes británicos decidieron salir –inexplicablemente para el mundo– de la Unión Europea. De Roux hizo entonces una reflexión que resultó profética: “Subordinar el valor fundamental de la paz a una votación y a estas campañas (por el ‘Sí’ y por ‘No’), en las que juegan la sagacidad, las emociones y las confusiones, puede destruir entre los colombianos un proceso que ha conmovido al mundo”. El sacerdote, quien trabaja con las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, tenía toda la razón. El plebiscito para refrendar los acuerdos de paz corrió una suerte análoga al Brexit británico y acabaron triunfando los miedos infundados de la ultraderecha populista.
La buena noticia es que la mitad del país no creyó esos cuentos y que eso obligará, cuando menos, a que se produzca un diálogo político entre los dos proyectos de país en disputa. Uno anclado en la exclusión y en el pasado, y el otro que apuesta por la inclusión, por terminar la guerra y por el futuro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAFAEL CRODA. LINK: http://www.proceso.com.mx/457248/el-brexit-colombiano
De acuerdo con medios locales, el pasado miércoles la solicitud fue firmada por la coordinadora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del cabildo, la perredista Cristina Paz Almanza, y el secretario, el priista Julio Gómez Alfaro. Sólo falta que falta que el Presidente Municipal de Ciudad Juáréz, Javier González Mocken, apruebe definitivamente la solicitud de Jubilación.
Autoridades municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, jubilaron con 21 mil 164 pesos mensuales y a la edad de 36 años a Lizbeth Alonso Carreón, ex candidata a diputada local del PRI y ex coordinadora de Audiencias Públicas en ese ayuntamiento. De acuerdo con medios locales, el pasado miércoles la solicitud fue aprobada por la coordinadora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del cabildo, la perredista Cristina Paz Almanza, y el secretario, el priista Julio Gómez Alfaro. Sólo falta que falta que el Presidente Municipal de Ciudad Juáréz, Javier González Mocken, apruebe definitivamente la solicitud de Jubilación, que fue hecha desde el pasado 25 de junio. Ante la polémica que el hecho suscitó, la ex funcionaria aseguró que cumple con todos los requisitos para recibir su retiro laboral, pues fue el año 2000 cuando ingresó a ese municipio, lo cual, de acuerdo con el reglamento que permitía a los trabajadores jubilarse con 15 años de trabajo, le generó la antigüedad suficiente para pensionarse. “Quiero decir que la solicitud es un derecho que todavía no ha sido autorizado por esta Administración, pero que hago porque cumplí con los años, porque me dijeron que tenía un derecho a solicitarlo como los más de 500 jubilados que existen y que a menor edad también se han jubilado”, declaró al El Diario de Chihuahua. Sin embargo, cabe señalar que su estancia laboral no ha sido de manera ininterrumpida, ya que a finales del mes de febrero de este año renunció a su cargo para contender por la diputación al distrito 07 de ese estado en las elecciones de junio, la cual perdió, y regresó a su cargo como coordinadora de audiencias.
Por su parte, la regidora del PAN Norma Sepúlveda, aseguró que la jubilación que el cabildo aprobó fue hecha a sus espaldas. Versión que, de acuerdo al portal, El Diario de Chihuahua, Cristina Paz Almanza rechazo, pues según ésta la panista sí estaba enterada y se negó a firmar,“La regidora Norma no las quiso firmar ninguna de las dos jubilaciones, pero aún no se autorizan del todo, aún está en revisión por el presidente”, mencionó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-10-2016/3100272
Los restos del profesor de la Facultad de la UNAM Vidal Zavala Rosas fueron enterrados en el jardín de su casa; las autoridades abrieron una investigación por el delito de homicidio doloso y privación de la libertad.
Un maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue encontrado sin vida, ubicada en calles de la colonia Paseos del Sur, en la delegación Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Luego de ser reportado como desaparecido, personal ministerial de la Procuraduría capitalina encontró los restos de Vidal Zavala Rosas, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, enterrados en el jardín de su casa, de acuerdo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. El hallazgo se realizó el pasado 30 de septiembre luego de que María Guadalupe, pareja sentimental del catedrático, acudió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a declarar por la desaparición de Zavala Rosas. Con base en la investigación de las autoridades capitalinas, el catedrático fue atacado en su casa, donde estaba con su novia y su hija de un año de edad. Durante el ataque, uno de los tres sujetos amagó a María Guadalupe y a su hija y luego se las llevó del lugar, sin que ella supiera más del profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial XO-2 inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y privación de la libertad, éste último en agravio de la pareja sentimental del profesor.
Cancún. En Quintana Roo, 345 mil familias enfrentan juicios de desahucio o desposesión, y están en riesgo de perder sus casas por transacciones fraudulentas debido a que los créditos que contrataron son impagables, usureros o anatocistas, denunció el jurista José Luis González Navarro, presidente de la asociación civil “Abogados de Cancún”. En entrevista con La Jornada, el litigante exhortó a quien tenga planes inmediatos para comprar vivienda a buscar la asesoría y orientación de los especialistas en derecho para no ser sorprendidos con créditos impagables o anatocistas (intereses sobre intereses); en el caso de la agrupación que preside, los servicios son gratuitos. Señaló que en 2015, de acuerdo con las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década se construyeron más de 345 mil casas “de interés social” en el municipio de Benito Juárez, de las que casi el 50 por ciento se vendieron mediante empréstitos usureros. “En los últimos 10 años se disparó el número de usuarios de créditos hipotecarios; en ese caso, las Udis (unidades de inversión) protegían a los inversionistas y no a los acreditados, y ahora muchos van a quedarse sin casa por los juicios hipotecarios especiales o mercantiles. Hablo de mil 700 familias afectadas”, explicó el abogado. El jurista aclaró que el número de afectados prácticamente se duplica si se habla de los 11 municipios de la entidad; es decir, “estarían en riesgo de perder su patrimonio un mínimo de 345 mil familias, que serían desalojadas en juicios de desahucio o desposesión del inmueble debido a que no pueden pagar los intereses sobre intereses. En ese sentido, González Navarro señaló que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se supone se encarga de garantizar casas dignas a los mexicanos, es uno de los principales acreedores y presiona para cumplimentar alrededor de 300 desalojos en la entidad contra gente imposibilitada para pagar. José Luis Navarro argumentó que con esos antecedentes, “al menos durante los próximos dos años mucha gente va a perder sus viviendas porque les están cobrando intereses sobre intereses que no pueden pagar, no tienen liquidez debido a los créditos suprime, que se liberaron a cualquier persona, emulando a Estados Unidos. “Los resultados están a la vista: la gente no puede pagar, y lo mismo está sucediendo con los automóviles y terrenos, aunque son menos pero también estoy seguro que conforme pase el tiempo los casos se van a incrementar por la misma razón: la gente no tiene dinero para pagar créditos que se vuelven impagables”, sostuvo el litigante. El jurista dijo que por ley los nuevos compradores de vivienda deben ser acompañados por un abogado al momento de la compraventa, para certificar que no está siendo víctima de un fraude ya sea de una hipotecaria o en la compraventa fraudulenta de una transacción donde no reciban el inmueble, pero sí paguen o el vendedor desaparezca. “En las nuevas transacciones con terrenos o casas, el comprador debe ser asesorado o representado por un abogado; si no es así, y quien vende no está certificado, se cae en el supuesto de un delito de fraude”, de acuerdo con la ley inmobiliaria de Quintana Roo, que advierte que ya no se puede engañar al comprador ofreciéndole créditos que “nada más van a subir conforme al salario mínimo”.
Explicó que el artículo 13 de la Ley estatal de Prestación de Servicios Inmobiliarios faculta a los leguleyos a dar asesoría, consultoría o representación jurídica en la transacción, y los artículos 421 al 425 de la misma legislación, marcan que también pueden llevar a juicio penal a la inmobiliaria que no esté matriculada y a sus asesores que no estén certificados, pues como peritos en leyes tienen que estar presentes para dar certeza al comprador. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CARLOS ÁGUILA ARREOLA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/04/miles-de-familias-en-riesgo-de-perder-sus-hogares-en-qroo
Chilpancingo, Gro. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) una de cada dos mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia doméstica. Al inaugurar en esta capital el Centro de Justicia para las Mujeres, dijo que tan sólo en esta administración se han construido 23 centros de apoyo.
El ex delegado Higinio Chávez, un ex director de servicios y un diputado federal, los dueños. Las fincas fueron construidas hace unos ocho años en paraje del Ajusco, según los lugareños.
La delegación Tlalpan procederá a la demolición de tres casas, ubicadas en el paraje La Rufina, y denunció penalmente a sus propietarios por el daño ambiental causado al terreno, donde está prohibida la edificación de inmuebles. Según información del área jurídica, sus dueños son el ex delegado de Tlalpan Higinio Chávez; el ex director de Servicios Urbanos de la demarcación Eloy Fuentes, y presuntamente el diputado federal por el 14 distrito, Carlos Hernández Mirón. Los dos primeros ya fueron notificados del procedimiento, tienen hasta el 21 de octubre para interponer un juicio de nulidad o amparo. De no proceder, el 28 de octubre deberán demoler el inmueble o lo hará la delegación y cobraremos un proceso coactivo fiscal. Hernández Mirón, quien ha negado ser el propietario de uno de los inmuebles, no se ha apersonado como dueño, pero tiene hasta el 12 de octubre para interponer algún recurso legal y el 19 para demoler, pues la notificación y verificación se hizo el 21 de septiembre, señaló el informante. A la fecha, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni algún juzgado administrativo ha notificado de algún recurso. En los primeros días de noviembre estaríamos demoliendo esas casas. No hay marcha atrás, a menos que un juez lo ordene, lo cual confiamos no suceda porque se violó el uso de suelo, aseguró. Dicha conducta es sancionada en el Código Penal local con de tres a nueve años de prisión y hasta 5 mil días de multa (365 mil 200 pesos), que aumentarán en una tercera parte por tratarse de uso de suelo de conservación, de acuerdo con el artículo 343 bis.
A lo anterior se agregan de 6 meses a 5 años de prisión y hasta 2 mil días de multa (146 mil 80 pesos) por extraer suelo o cubierta vegetal, y hasta 9 años de cárcel y 3 mil días (219 mil 120 pesos) a quien cambie el uso de suelo forestal, según el Código Penal federal, sin considerar que podría tipificarse ecocidio, lo cual es un delito grave, alertó. La zona arbolada de la carretera Picacho-Ajusco esconde la finca y las casas estilo chalet construidas hace ocho años, de acuerdo con lugareños. Una pequeña brecha de camino de lodo y terracería es el único acceso para llegar al lugar. Luego de pasar seis viviendas construidas de cartón, lámina, madera y plástico, al lado izquierdo de la vereda, se levanta a unos 500 metros un chalet, con área de descanso, palapa y sala de jardín, custodiada por dos perros que impiden acercarse a la malla ciclónica. La propiedad es de Flores, quien presentó un contrato privado con reserva de dominio, donde se asienta que el ex delegado Chávez le vendió el terreno de 2 mil 800 metros, el cual no es válido para la construcción realizada, según el área jurídica de la demarcación. Metros adelante está otra casa en obra de piedra de dos niveles, sobre un terreno de 2 mil 500 metros, que parece abandonada y, según lugareños, es propiedad del diputado Carlos Hernández. La finca de Chávez, sin embargo, no tiene comparación. Está valuada en 16 millones de pesos; cuenta con una casa de tres niveles, estacionamiento para seis autos, salón de fiestas y terraza-bar; y en sus jardines hay un temazcal, un spa con vestidor, un estanque artificial y caballerizas.
“Son diez años de caminar y alzar la voz, porque nosotras no somos las violadas de Atenco sino luchadoras sociales por la justicia”, dijo Claudia Hernández, una de las 11 víctimas que denunciaron violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la tortura sexual, en la represión que autoridades municipales, estatales y federales perpetraron en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, luego de que se anunciara que el caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). “Justicia es una palabra que se dice con pocas letras pero que alberga una enorme idea”, dijo Italia Delgado, también denunciante, quien reconoció que ha sido una “lucha de largo aliento”, y que por ello recibieron la noticia, “con júbilo”, porque aseguró: “no queremos que el cuerpo de las mujeres se siga usando para enviar un mensaje aterrador que amenace y amedrente a los movimientos sociales y a la sociedad”. “Nuestro mensaje es claro y modesto: Los mentirosos y asesinos son ustedes”, agregó Delgado, quien abundó en que el “logro obtenido”, es “justicia para la transgresión, rebeldía y triunfo de un pueblo que defendió su forma de vida en 2002”, dijo que se trata de una lucha “por todas y para que el gobierno entienda que debe detenerse”, advirtió. “Hoy le respondemos al Estado mexicano que es él, el culpable de las violaciones en Atenco, es el quien miente”, agregó al recordar las palabras que Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), les dijo: “son unas mentirosas, fue su culpa por no quedarse en su casa haciendo tortillas”, y que se suman, dijo, a las violaciones que quienes participaron en el operativo encabezado por Robledo, cometieron en 2006 contra más de 40 mujeres. Se trata del tercero de ocho casos que son revisados por la CoIDH para condenar al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos que refieren tortura sexual, señalaron Marcía Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Santiago Aguirre, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organizaciones que acompañan jurídicamente el caso. Aguirre detalló, que la llegada de ocho casos a la CoIDH, es una prueba de que en México prevalece la impunidad, y que la atención del caso puede “abonar a la no repetición de casos como este”. Stephanie Erin, del área internacional del Prodh, recordó que las recomendaciones y sentencias emitidas por la Corte son “vinculantes”, es decir obligatorias para el Estado mexicano, por lo que “confían”, dijo, en que las argumentaciones sean tomadas en cuenta para: “esclarecer y castigar a los culpables”, ya que aseguró que hasta hoy “no hay una sola persona sancionada efectivamente”. Erin detalló que entre las violaciones a derechos humanos, cometitas por el Estado mexicano, que serán revisadas por la corte están: la violación al derecho a la libertad personal, ya que fueron detenidas, dijo, “de forma ilegal y arbitraria; el derecho a la integridad física, psicológica y sexual que “fue vulnerada en varios momentos”; el derecho a un debido proceso y la tortura sexual que será revisada a la luz de tratados internacionales que defienden el derecho a la “igualdad de protección”, y a la no violencia ni discriminación contra las mujeres como la Convención Belem Do Pará. Patricia Torres, otra de las once mujeres que denunciaron tortura sexual en Atenco y Texcoco en mayo de 2006, dijo que pesar de estos 10 años, en los que “le fue arrebatado su sueño”, ella sigue “viva para alzar la voz y desmentir a Enrique Peña Nieto”, al referirse a las declaraciones hechas por el entonces era gobernador del estado, en la que aseguro Torres, les dijo que: “sólo se habían aprendido el manualito”. Finalmente, en conferencia de prensa para anunciar la llegada del caso a la CoIDH, Aguirre señaló que “este triunfo es producto de la lucha incansable de las mujeres víctimas y que al centro de ello esta su palabra y su dignidad”. Este caso se dio el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, dónde policías municipales, estatales y federales, que tenían la consigna de detener una movilización social que se gestaba en dicho lugar y en el Valle de Texcoco, violentaron a la población civil.
El resultado de esto fue un joven asesinado, personas golpeadas, presos y más de 40 mujeres, entre ellas las once mujeres que demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace diez años, al Estado mexicano, por violencia y tortura sexual. Este año, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte, ante el no cumplimiento de sus recomendaciones por parte del gobierno de México. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: YUNUHEN RANGEL. LINK: https://desinformemonos.org/no-somos-las-violadas-de-atenco-sino-luchadoras-sociales-por-la-justicia-claudia-hernandez/
La defensora de derechos humanos, Estela Ángeles Mondragón, es nuevamente víctima de amenazas, hostigamiento y campañas de desprestigio como parte de una reacción por la obtención de 32 sentencias a favor del pueblo Rarámuri de Baqueachi, para restituirle cerca de 22 mil hectáreas de su territorio invadido por ganaderos del municipio de Carichí, en Chihuahua, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). En días recientes, Ángeles Mondragón sufrió una serie de agresiones agravadas por la difusión de una campaña de desprestigio basada en una supuesta queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su contra. Ante esto, la Red TDT responsabilizó a los ganaderos del municipio de Carichí, encabezados por su asesor Tomás Humberto Ruiz Mendoza, quien este mismo año profirió amenazas y calumnias en contra de la defensora, así como a Jesús María Sandoval Espino, Abraham Palma Fierro, Carlos Torres Herrera e Isaías Martínez Torres. Anteriormente, Ángeles Mondragón y su familia fueron víctimas de agresiones, pues en febrero de 2010 su hija sufrió un ataque armado y ese mismo año, en el mes de marzo, su esposo y también defensor de derechos humanos, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado.
Por lo anterior, la Red TDT exigió que se informe a las autoridades municipales del reconocimiento que el Estado mexicano brinda a Estela Ángeles Mondragón como defensora de derechos humanos, así como que la CNDH se pronuncie sobre las omisiones estatales que han favorecido el despojo del Pueblo Rarámuri y sobre las agresiones en contra de la comunidad y su defensora. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/defensora-del-pueblo-raramuri-es-victima-de-amenazas-y-hostigamiento-nuevamente/
Yakiri Rubio Moreno, Gabriela Nava y Andrea Noel son tres mujeres que forman parte de la campaña de #NoTeCalles de Change.org. Las tres tienen en común no sólo haber sido agredidas sexualmente sino haber denunciado ante la Ley ese agravio, luchado por conseguir justicia y que sus casos se conocieron luego de que se viralizaran a través de las redes sociales. Las tres víctimas también coinciden en que no creen en las autoridades, pero sí en visibilizar la violencia de género para cambiar poco a poco una realidad que afecta a todas las mujeres mexicanas: la agresión sexual en todas sus formas.
“Me escribieron en mi Facebook: ‘eres una puta. Por andar de chillona te vas arrepentir de todo lo que estás haciendo, te va a pasar lo mismo que a Mariana […], cuídate porque a las dos las vamos a violar, a levantar, y las vamos a violar con palos, con botellas, las vamos a torturar, te vamos a cortar los pezones’. De verdad cuando vi eso me puse a llorar…sí temí por vida”, dice Gabriela Nava. Su mirada, que hasta ese momento era relajada, cambió, y su voz también… Fue una amenaza a través de redes sociales días después de denunciar a su agresor: un hombre que la grabó por debajo de la falda con su celular, mientras se sacaba el pene; ambos viajaban, el pasado 28 de marzo, en un microbús a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM). Mariana, otra joven estudiante de la FES Acatlán, fue agredida sexualmente antes de Gabriela. Después de ser amenazada durante semanas por denunciar ante la Ley decidió dejar el caso por la paz. Gabriela sintió pánico por los mensajes que llegaron a su bandeja de Facebook. Sus acosadores, ahora virtuales, sabían sus movimientos. Le hicieron saber que conocían sus rutinas y hasta la dirección de su hogar. Pero ella, aterrada, sin querer salir de casa y en estrés constante, se dio valor, continuó y no de detuvo hasta descubrir que su agresor era una trabajador sindicalizado de la UNAM, un intendente que había agredido sexualmente a otras alumnas. Nadie lo despidió de su trabajo por acoso sexual; él, afirma Nava, por la presión social que surgió a través de las redes, renunció y simplemente un día ya no se presentó a trabajar. Aunque no fue lo ideal, porque no recibió un castigo luego de su denuncia ante el Ministerio Público y ante las autoridades administrativas de la facultad, el hombre pagó con el escarnio público, debido a que Nava logró grabarlo 11 segundos el día de la agresión y subió a la Red el video para evidenciarlo. “Sí, hay que denunciar. En mi caso fue alguien desconocido pero, ¿cuántas chicas no son acosadas por familiares, gente cercana a su círculo y no dicen nada por miedo? Hay que romper con el silencio. Si estás siendo acosada, violada, amedrentada por alguien, lo último que deberías hacer es quedarte callada, porque eso va a seguir. Los hombres lo siguen haciendo porque nadie les reclama”, dice Gabriela.
Para Gabriela un teléfono celular con cámara es un arma para las mujeres. Sin esa grabación que le permitió mostrar al mundo el rostro de su agresor, jamás hubiera logrado un poco de justicia, comenta. “Lo máximo que logré es que renunciara. Le dio miedo regresar a la escuela a trabajar. Yo invertí todo el semestre en esto, pero no me arrepiento. Salieron cosas muy buenas como la campaña [#NoTeCalles]. Siento que ayudamos a visibilizar este problema que pasa a diario y nadie dice nada. Las mujeres deben denunciar, porque mientras más denuncias hagan más eficaces se vuelven en el MP [Ministerio Público]; los obligas a trabajar, no debería de ser, ellos deberían trabajar porque es su trabajo. Entonces, si nosotras no lo hacemos, ellos no lo harán. México es un país donde reina la impunidad. El castigo social que recibió en mi caso, no digo que sea una solución, pero es una alternativa. Yo sé que la pasó mal, se tuvo que esconder, supe que hasta la esposa lo dejó. Balconearlos al menos para que tengan ese escarmiento”, dice.
Nava afirma que después de la denuncia del hombre que la agredió, se dio cuenta de que en México la violencia contra la mujer está normalizada. Las amenazas en su contra, los apodos de “feminazi”, fue una suerte de: “¿Por qué se están rebelando?”. Sin embargo Gabriela continúa usando sus faldas y vestidos que tanto le gustan. “Tú no debes cambiar, ellos tienen que cambiar. Ellos son los que están mal. Nosotras no debemos adaptarnos a una condición negativa, hay que adaptarlos a ellos”, dice. Luego de seis meses de la agresión, Gabriela Nava ya se recuperó de las amenazas de muerte que recibió. Ya sale a la calle sin miedo, hace una vida normal, aunque cuando recuerda ese tiempo, se estremece.
ANDREA NOEL: LA AUTORIDAD DECEPCIONA Andrea Noel, la reportera estadounidense que el 8 de marzo de este año, justo en el Día Internacional de la Mujer, fue agredida en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Caminaba por una de sus calles y un hombre la embistió, le metió las manos por debajo de su vestido y le bajó la ropa interior; tuvo que huir del país por las amenazas de muerte que recibió después de denunciar a su agresor, sin, hasta la fecha, recibir justicia. Noel invirtió meses y cientos de horas en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sin obtener resultados. Para ella, como víctima, sólo perdió su tiempo en México.
“Yo fui muy insistente en la importancia de la denuncia, no nada más hacer denuncia social, sino denunciar ante la autoridad. Yo vi esto en mi caso, durante toda la investigación, hasta la fecha, he pedido que se me entreguen los videos para tener el rostro del sujeto, que es lo único que he querido desde el día uno, y el Gobierno de la Ciudad de México me ha bloqueado totalmente. Se niegan a entrégarme los videos, a pesar de que hay una decena de éstos que fueron rescatados y que las mismas autoridades no se tomaron la molestia de guardar”, dice Noel en entrevista con SinEmbargo.
Noel asegura que en México la denuncia se hace para fines estadísticos. Ella ya perdió la confianza en que las autoridades resuelvan su caso, pero aún así, invita a las mujeres a denunciar social y administrativamente. “Que la sociedad esté enterada. Mi confianza en la autoridad no ha aumentado y los veo incapaces para esclarecer este tipo de violencia. La inversión de tiempo es enorme, irreal. Te tienen ahí quemando todo tu combustible para dejarte exhausta. Estamos hablando de cientos y cientos de horas físicas, para que al final no pase ni una sola cosa. A veces me pregunto si hubiera estado mejor hacer sólo mi denuncia social, metiendo mi reporte y no invirtiendo ni una sola hora en la investigaciones, porque al final de cuentas no se investiga”, dice. Noel fue amenazada a través de redes sociales e incluso de forma física en su casa en México, por lo que tuvo que mudarse inmediatamente a Estados Unidos. Aunque la joven se fue, las amenazas no han cesado. Pero aún así su caso, dice, no se compara a la violencia que sufren todos los días miles de mujeres en México: “Lo más impactante y decepcionante es la reacción de las autoridades y una acción de la sociedad que desconozco si sean humanos reales, pero eso es lo más fastidioso de todo esto, la no respuesta de la autoridad”.
YAQUIRI CULPA A AUTORIDADES DE LA CDMX Cuando Yakiri Rubí Rubio Moreno salió de prisión y se abrazó de sus padres, empezó una nueva pesadilla: huir, mudarse de domicilio en varias ocasiones, dejar su barrio –Tepito donde vivió siempre–, para evitar ser alcanzada por la venganza de la familia de su violador, a quien le cortó la yugular en defensa propia. La joven que estuvo en la cárcel tres meses por asesinar a uno de sus dos agresores, un par de hermanos que la secuestraron en la colonia Doctores de la Ciudad de México para llevarla a un hotel, golpearla y violarla, fue absuelta del delito de homicidio calificado que el Ministerio Público buscó imputarle, pero no por ello recobró su tranquilidad. La familia del hombre al que asesinó ya pagó una vez para que la asesinaran cuando estuvo presa y ella sabe, dice, que mientras el otro agresor siga libre “por culpa de las autoridades capitalinas”, su vida y la de otras mujeres corre peligro.
“Es un hecho que he venido diciendo desde que estaba en la cárcel. Ellos no tienen porqué meter a mujeres inocentes que se defienden. Cuando salí, salí culpándonos a ellos: si mi agresor responde de manejar agresiva, la culpa la tienen la autoridad por dejar a un agresor en la calle”, reitera.
De las autoridades capitalinas, diceYakiri, sólo recibió acoso. Colocaron una cámara frente a su domicilio en Tepito e intervinieron los teléfonos de ella y de sus familiares.
“Nosotros desconfiamos de la autoridad del Gobierno capitalino, porque siempre protegió a mi agresor. Cuando vivía en Tepito me pusieron una cámara en frente de la puerta. Los teléfonos están aún intervenidos y creemos que es para vigilarnos, para saber qué estamos haciendo”, precisa.
Yakiri sigue esperando la disculpa de Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia capitalino, y de todos los funcionarios que participaron en su proceso, en el que cometieron omisiones y protegieron a sus agresores. A pesar del sufrimiento que padeció por denunciar, Yakiri invita a las mujeres a no quedarse calladas ante una agresión sexual. “Sí, aquí está el resultado de mi caso, no me callé, seguí a pesar de todo. Quería seguir viviendo por mi libertad y contar lo que me había pasado. He invitado a las mujeres a que denuncien, a que no se queden calladas, creo que hay que señalar a los agresores, juzgarlos a ellos”, dice. Yakiri se siente afortunada de haber sobrevivido al ataque que sufrió en ese hotel de la colonia Doctores, en donde creyó en un momento que la lucha estaba perdida y que no saldría de ese lugar con vida.
Su agresor era más fuerte, más alto, le doblaba la edad, el peso y estaba armando. “Tenía todas las de perder. Yo sabía que no iba a salir con vida y no sé que pasó, de dónde saqué fuerza para defenderme. Pero me dieron esa oportunidad para dar el testimonio a muchas mujeres”. VIDEO: YAKIRI RUBIO
Presuntos malos manejos del erario por parte de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, ex Gobernador y Gobernador de Coahuila, han vuelto a ponerlos en el centro de los reflectores. En días recientes, acusaciones inéditas y resoluciones de jueces en EU parecen alcanzarles a los dos. La suegra de Humberto Moreira fue obligada a devolver una casa en Texas, al tiempo que el actual mandatario estatal Rubén Moreira fue señalado por una investigación periodística de entregar contratos a empresas fantasma. ¿Qué medidas emprende la oposición para que se deslinden responsabilidades? El Senador Luis Fernando Salazar comenta algunas de ellas.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, compareció hace una semana ante el Senado de la República. En el encuentro, los partidos de oposición instaron al funcionario federal, recientemente designado, a eliminar la impunidad que protege los “saqueos” que se cometen en varios estados del país, entre ellos Coahuila. “Lo preocupante, señor Secretario, es que este Gobierno siga siendo omiso y cómplice de casos como el de Coahuila […] donde los Moreira, Humberto y Rubén, han saqueado y han endeudado de forma aberrante el futuro de los coahuilenses”, dijo durante la comparecencia Luis Fernando Salazar Fernández, Senador del Partido Acción Nacional (PAN). Una revisión de la Auditoría Superior del Estado evidenció contradicciones en la rendición de cuentas del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés. La adquisición de deuda durante su gestión, contrastada con los montos de inversión pública reportados, dejaron sin justificar 19 mil millones de pesos de la deuda estatal.
Hasta ahora, las acusaciones de lavado de dinero de la justicia de Estados Unidos habían recaído sobre ex funcionarios del Gobierno de Humberto Moreira, como el ex Tesorero de administración Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable de los cargos que se le imputaron en Texas, acción que derivó en la subasta de propiedades adquiridas con recursos ilícitos en el vecino país. Pero, la primera acusación en contra de un familiar del ex Gobernador por este delito surgió cuando Herminia Martínez de la Fuente, su suegra, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para entregar una casa en el condado de Bexar, Texas, que se habría adquirido con recursos ilícitos. Estos recursos, posiblemente del estado de Coahuila, se perderán si las autoridades de esa entidad no intervienen, como sucedió con alrededor de 700 millones de pesos que el Gobierno de Estados Unidos confiscó a Villarreal, dijo el Senador Luis Fernando Salazar a SinEmbargo.
EMPRESAS FANTASMA Y LOS HERMANOS MOREIRA Por otro lado, el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez fue señalado en una investigación periodística del diario Reforma de entregar contratos millonarios a empresas fantasma. Las compañías contaban en muchos casos con domicilios en bodegas, casas inhabitadas y vecindades. Sin embargo, han facturado millones de pesos al gobierno del estado. Un ejemplo es la compañía Nubería Comercial, a la que se adjudicaron 77 millones de pesos, o la Comercializadora Vilansa, la cual recibió 11 millones. En una entrevista con SinEmbargo, el Senador Luis Fernando Salazar sostuvo que las empresas podrían tener vínculos con el círculo cercano de los hermanos Moreira. Agregó que ya ha pedido a la Auditoría Superior de la Federación, mediante un punto de acuerdo, que se indague a profundidad el tema. —¿Las empresas fantasmas podrían estar vinculadas con el propio Gobernador Rubén Moreira? —De hecho una de esas empresas se presume es propiedad del esposo de María Esther Monsiváis Guajardo, la Secretaria de infraestructura del Gobierno de Rubén Moreira. Esto se especula. — ¿Y qué dice de presuntos nexos de estas empresas con el ex Gobernador Humberto Moreira?
—Sí, te puedo decir que hay una vinculación con los Moreira, cuál de los dos, no lo sé. Son lo mismo, es el “Moreirato”. No sería raro ni extraño… Los políticos de siempre están vinculados entre sí. Entre un Gobernador Moreira y el otro ha transitado un equipo de alrededor de 50 o 60 personas.
—Usted propuso un punto de acuerdo en el Senado para que se investiguen los presuntos desvíos a estas empresas acusadas de ser fantasmas. ¿Qué es lo que exige en este exhorto? —Hemos solicitado que la Auditoría Superior de la Federación investigue, haga lo propio y que sea exhaustiva. Y yo presentaré una denuncia en la PGR (ya presentada este 29 de septiembre) contra quienes resulten responsables por estos hechos que lastiman nuevamente a los coahuilenses. Es el primer acto de corrupción que se señala de la administración de Rubén, siempre se hablaba del pasado, de Humberto. —¿Por qué son sospechosas estas adjudicaciones directas?
—Porque se brincaron los procedimientos legales para adjudicar contratos. Sin licitación, y fueron adjudicaciones directas a empresas que se viene reportando que son fantasmas, de acuerdo con un reportaje periodístico. No hay nada. Son pura fachada, casi lugares abandonados. Y no se encuentra ningún trabajo en el que se justifique que el Gobierno erogara esa cantidad tan grande de dinero.
—¿Por qué cree que esta información sale a la luz ahora?, ¿cómo lograron mantenerla oculta tanto tiempo las autoridades? —Mira es muy fácil. Es el sello del Gobierno, de los Moreira, que tienen a Coahuila sumergida. Y resulta que hay gente que está cansada de ellos, por eso información empieza a salir. —¿Se refiere a traiciones? —Yo supongo que son traiciones que van a empezar a salir, porque lo tuvieron oculto mucho tiempo, esa es mi suposición. —¿Cuál ha sido la responsabilidad del Gobierno federal en la impunidad sobre los malos manejos de los recursos en Coahuila? —Celebramos las comparecencia del Secretario de Hacienda y le hice ver eso, que haga su trabajo, que su obligación como Secretario es cuidar los recursos, pero también que le sigan la huella al dinero que han robado en Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Coahuila. Ellos saben a dónde fue a parar, que no se hagan omisos, que no se hagan cómplices. Y por supuesto, que investiguen los destinos de los recursos y las empresas que se beneficiaron recientemente con adjudicaciones directas del Gobierno del estado. —En el otro caso, la suegra de Humberto Moreira devolverá a Estados Unidos una casa valuada en 12 millones de pesos. ¿Hay indicios suficientes para demostrar un vínculo con el ex Gobernador?
—Esto es un paso muy sólido. Nadie entrega una casa de manera gratuita a un Gobierno, sino es que mediante obra de una investigación muy seria en cuanto a un enriquecimiento inexplicable. Antes el argumento y pretexto del ex Gobernador era que fueron los funcionarios de su Gobierno y se excusaba diciendo: ‘yo no me di cuenta’. Pero ahora, lo más escandaloso de esta situación es que la suegra tiene que devolver un inmueble y ella no es parte del Gobierno. El único vínculo que tiene ella con ese gobierno es que su yerno era el Gobernador, y esto confirma toda la tesis de que el jefe y quien orquestó todo fue justamente Humberto Moreira.
—La investigación en Texas es por lavado de dinero….
—Sí, por lavado de dinero de varios lados. En este caso el dinero se lava del propio Gobierno del que puede surgir un enriquecimiento inexplicable, o puede ser un lavado dinero para el crimen, cualquiera de los dos casos. —¿En qué sustenta que pudo haber desvío de recursos de las arcas del estado? —Aumentó el endeudamiento y el dinero no fue a parar a obra pública, salud, seguridad. Luego, de pronto, aparecen con un enriquecimiento inexplicable personajes cercanos al ex Gobernador, funcionarios y ex funcionarios, y ahora la suegra. —Usted reclamó en Texas que fueran devueltos a Coahuila recursos confiscados al ex tesorero Javier Villarreal. ¿Cree que ahora con el caso de la casa de la suegra de Humberto las autoridades deben reclamar ese dinero? —Hay que ver si esa casa fue devuelta como parte de un acuerdo extrajudicial entre la acusada y el Gobierno texano. Claro que tienen que pronunciarse las autoridades, aquí lo que hay que conseguir, y estoy consiguiendo, es cuál es la resolución por la cual se entrega la casa. —¿Y qué sucedió con los otros recursos que reclamó en Texas?
—Perdimos la posibilidad de recuperar algo así como 700 millones de pesos entre dinero en efectivo y propiedades, que se han estado subastando. Yo reclamé, con el respaldo del partido fuimos a Texas y me dijeron que no me los podían dar a mí porque, evidentemente, yo no administro recursos públicos. Que tenía que ir el Gobernador actual. Ahí fue cuando yo les dije que tenía poca esperanza de que Rubén Moreira fuera. Acudí a Hacienda, hicimos un punto de acuerdo en el Senado, entregué un expediente a Jesús Murillo Karam [entonces titular de la Procuraduría General de la República] y hasta me apersoné con Rubén Moreira. Lo dejé todo por escrito y él nunca nos contestó.
Además del Senador Emilio Gamboa, otro de los tripulantes del helicóptero que este fin de semana aterrizó de manera ilegal en el Área Natural Protegida Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán, fue un contratista del Gobierno. Se trata de Emilio Díaz Castellanos, un empresario que ha sido largamente señalado como un prestanombres del priista y se ha adjudicado contratos de energía. El Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía y el Country Club, son otras de las obras donde el inmobiliario ha usado sus influencias para llevar a cabo sus proyectos, de acuerdo con distintos testimonios.
El Senador Emilio Gamboa Patrón reconoció ayer ser uno de los tripulantes del helicóptero que aterrizó este fin de semana de manera ilegal en el Área Natural Protegida (ANP) Arrecife Alacranes, frente a la costa de Yucatán. Junto con él también viajaba el anfitrión del paseo. Se trata de un contratista del Gobierno, Emilio Díaz Castellanos, un empresario que ha sido largamente señalado como un prestanombres del priista y se ha adjudicado contratos de energía. El diario Reforma publica hoy que el anfitrión del paseo dominical fue el presidente de Grupo Dicas, Emilio Díaz, quien recibió en sus transportes al Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, así como al senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) explicó que a la reunión dominical Guillermo Ruiz de Teresa no acudió en calidad de funcionario público, sino a título personal. Él, dijo, y Díaz Castellanos, son amigos desde hace varios años. En la página de Grupo Dicas, la empresa menciona que participa en proyectos de infraestructura en el país, pero no detalla qué obras ni si éstas han sido contratadas por la SCT.
“Actualmente Grupo Dicas participa en diversos proyectos de infraestructura portuaria y carretera en el sureste del País”, dice el sitio Web.
El periodista Julio Hernández dice en su columna “Astillero” del diario La Jornada, que “Emilio Díaz ha sido largamente señalado como un asociado sin huella documental, o prestanombres, de Gamboa Patrón, quien ha ocupado cargos públicos en los que siempre ha podido ayudar a amigos como Díaz Castellanos, uno de los hombres más ricos de Yucatán, la tierra natal del senador priista mencionado”. De acuerdo con el columnista, trámites, gestiones y favores del Gobierno federal o las cámaras federales se han conseguido en proyectos de Díaz Castellanos, “inversionista extraordinariamente bien informado acerca de las puertas que debe tocar para conseguir sus fines”.
DÍAZ, EL “AMIGO” DE PATRÓN El diario Por Esto! publicó una nota en diciembre del año pasado en la que dio a conocer que una de las empresas que había ganado el mayor número de contratos de la Ronda Uno petrolera, para explotar campos terrestres, tenía relaciones con Díaz Castellanos, quien a la vez tiene vínculos con la familia Gamboa Patrón. De acuerdo con el medio yucateco, en noviembre de 2014, el empresario inmobiliario, identificado en Yucatán como cercano a Gamboa Patrón, anunció una sociedad con el dueño de Geo Estratos para construir en aquel estado el nuevo Instituto Tecnológico del Petróleo y la Energía. Geo Estratos, fundada desde 1999 en Tamaulipas y entre otras negocios proveedora de servicios de saneamiento a Petróleos Mexicanos (Pemex), ganó en diciembre de 2015 las zonas contractuales Pontón, Tecolutla, La Laja y Paso de Oro, en el Estado de Veracruz.
Geo Estratos llegó a Mérida en mayo de 2014, cuando abrió ahí el Centro de Investigación de Crudo Extrapesado y Recuperación Mejorada (Cicerm), primer sitio dedicado a generar conocimiento para la extracción de este tipo de hidrocarburos y para el cual, dijo el director, Vicente González Dávila, invirtieron 150 millones de pesos.
Desde ese lugar, en noviembre de 2014, González Dávila y Díaz Castellanos anunciaron la sociedad para la nueva universidad privada, también destinada al estudio de la extracción. Díaz Castellanos es, a su vez, socio del hermano de Gamboa Patrón, Mario Gamboa Patrón, en el consejo de administración de la compañía inmobiliaria Yucatán Country Club, que en febrero de 2013 apareció en medios de comunicación por la visita que le hizo el Presidente Enrique Peña Nieto y que fue guiada por el Senador. Desde que se dio a conocer la información, Emilio Gamboa negó tener “una sociedad con alguna persona o empresa y muchos menos en las actividades” de las que da contaba el diario Por Esto!. Mediante una carta enviada en 2015 al director general del medio, Mario Renato Menéndez Rodríguez, el legislador priista informó “que la institución responsable de los concursos para la asignación de campos petroleros es la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y no el Poder Legislativo”. “Es decir, que no dispongo de información privilegiada como lo señala dicha información y por lo dicho en torno a mi persona en la nota, es totalmente falso”, decía la misiva. Y finalizaba: “Le afirmó también que a lo largo de mi carrera profesional, dedicada al servicio público, jamás he realizado actividad comercial o empresarial”. De acuerdo con Por Esto!, a la empresa de Díaz, Grupo Dicas, le fue también concesionada la construcción del Malecón Cancún y, para tal efecto recibió grandes sumas de dinero para los respectivos estudios, corridas financieras, proyectos arquitectónicos y todo lo que esta magna obra necesitaba para ser debidamente planeada y llevarla a cabo. Díaz también llevó cabo la construcción del Country Club, el desarrollo más exclusivo del estado de Yucatán. De acuerdo con el medio, para poder comprar un terreno te exigen cierta cantidad para poder pertenecer al exclusivo club que consta de un gran campo de golf, canchas de tenis, piscinas, restaurantes de lujo, baños de vapor y de sauna.
ATERRIZAJE EN ZONA DE MANGLARES El equipo de comunicación del Coordinador del PRI en el Senado de la República explicó ayer en un comunicado que Gamboa Patrón iba como pasajero en el helicóptero privado, con matrícula XA-EHP, por lo tanto él “no determinó dónde despegar y dónde aterrizar”. Posteriormente, Emilio Gamboa calificó como un error que el helicóptero “nos haya bajado” en una zona protegida. El legislador explicó que fue invitado por su “amigo Emilio Díaz Castellano para pasar el fin de semana en la Isla Alacranes abordamos un helicóptero que él rentó para trasladarnos a ese lugar, y cuando aterrizamos me subí al barco” del empresario. El domingo comenzó a circular en redes un video en el que aparecen tres personas descendiendo de la aeronave que aterrizó en el Arrecife Alacranes, que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la UNESCO, para después abordar un yate. De acuerdo con pescadores y reporteros locales, los tres hombres eran el Senador Emilio Gamboa, el empresario Emilio Díaz Castellanos y el coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa.
Tras ser difundida la grabación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que había iniciado una investigación para evaluar los posibles daños al lugar. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-10-2016/3100039
Ecatepec, Méx. Este martes el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de esta entidad, Eruviel Ávila Villegas, inauguraron el teleférico El Mexicable, el cual se utilizará para la transportación de pasajeros en una extensión de 4.8 kilómetros que unen la zona alta de la Sierra de Guadalupe con la Vía Morelos. En la construcción de este medio de transporte se han invertido mil 700 millones de pesos; de éstos el 60 por ciento proviene del sector privado, y el 40 restante son recursos federales y estatales. El Mexicable tendrá siete estaciones: Santa Clara, Hank González, Fátima, Tablas de Pozo, Los Bordos, Deportivo y La Cañada. Los usuarios tendrán los espacios requeridos para estacionar sus bicicletas. La Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México informó que el Mexicable operará con 190 cabinas, tipo GD 8, con capacidad para 10 personas paradas y ocho sentadas. En una primer etapa transportará alrededor de 29 mil personas al día. Este teleférico se utilizará como medio de transporte público y permitirá reducir de 45 a 17 minutos el traslado de San Andrés La Cañada a la vía Morelos, en donde interconectará con el Mexibús 4- Indios Verdes-Tlalnepantla-Ecatepec-Tecámac, actualmente en construcción. El servicio será gratuito durante la primer semana de operación del Mexicable. Posteriormente, su costo ascenderá a seis pesos que podrán abonarse a las tarjetas recargables que se venderán en las máquinas expendedoras ubicadas en todas las estaciones. En torno a las siete estaciones, dos terminales y 34 torres que soportan la estructura del teleférico, se han pintado 49 murales y también grafitis que podrán ser admirados desde el aire a lo largo de casi cinco kilómetros del recorrido donde se apreciará el conglomerado urbano de la región.
“Como jóvenes, estamos defendiendo nuestro pueblo, Graco dice que somos hippies, ninis, drogadictos o que nos somos del pueblo, pero la realidad es que somos mujeres y hombres que preservamos el legado de nuestros abuelos. Defenderemos nuestro territorio con las formas que nos legaron, por la vía jurídica y con nuevas herramientas que como generación tenemos a nuestro alcance en defensa del Cerro Sagrado Tlaxomolco y del Llohualtepetl (el vigilante nocturno), afirma Angélica Ayala, integrante del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, conformado en 2012 ante la posible realización del proyecto que busca ampliar la autopista y destruir cimientos arqueológicos y arboles milenarios en Tepoztlán, Morelos. El megaproyecto fue anunciado por Felipe Calderón a finales de su sexenio, y para las y los integrantes del Frente la Ampliación de la autopista en Tepoztlán, forma parte del Plan Integral Morelos (PIM) impulsado por el gobernador de Morelos Graco Ramírez, “es un plan para industrializar el oriente de Morelos y se centra en la construcción y operación de dos termoeléctricas en el poblado de Huexca, a 30 kilómetros del centro de Tepoztlán. Las termoeléctricas consumirían gas natural proveniente de Tlaxcala por un gasoducto que atraviesa zonas de alto riesgo volcánico junto al Popocatépetl y consumirían 700 litros de agua por segundo provenientes del Río Cuautla”. Aunado a ello, explica Angélica Ayala, se pretende construir un acueducto que afectaría también la zona arqueológica de Xochicalco. El proyecto de la ampliación de la autopista afectaría tierras comunales y ejidales, por lo que comuneros, ejidatarios y la población en general conformaron el Frente en Defensa de Tepoztlán en 2012. Ese mismo año la participación activa y el número de jóvenes que se involucraron en defensa del territorio hizo que se conformará el Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, ambos Frentes conforman el Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán y de manera coordinada impulsan acciones jurídicas, informativas y organizativas en defensa de su medio ambiente, territorio, ecología y vida comunitaria. Tonatiuh Rodriguez Quiróz, integrante del Frente Juvenil, asegura que a pesar de la campaña de desprestigio del actual gobernador de Morelos, quien afirma que ‘sólo son unos cuántos’, “los tepoztecos hemos demostrado lo contrario. Once comuneros interpusieron una demanda contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y contra la empresa Tradeco que fue la que inició los trabajos y que finalmente desertó, y propició la llegada de nuevas empresas entre ellas, empresas españolas” . Los comuneros ganaron el amparo (1466/13) que tiene detenidas las obras, ya que el juez concedió una suspensión definitiva mientras se espera de la resolución del Tribunal Primero de Distrito del Estado de Morelos. Además de la construcción de nuevas gasolineras, casas habitación, la contaminación del oriente del estado de Morelos y estados vecinos, la tala de ahuehuetes y otros arboles milenarios, la construcción de nuevas casetas de cobro que la propia gente del pueblo pagaría, el incremento de la contaminación auditiva y visual, la destrucción de la economía y comercio local, la desigualdad económica, la urbanización desmedida y los problemas de agua que dañarían las pocas tierras de cultivo, entre otras, la ampliación de la autopista destruiría el Cerro Tlaxomolco en donde se han encontrado terrazas, pozos y hornos de cal del año 1500, aproximadamente, piezas de la era preclásica cuya existencia es únicas y sólo se han encontrado piezas similares en paises como Ecuador. A decir de integrantes del Frente Juvenil, ante esta posible devastación, “el INAH ha tenido un papel omiso”, por lo que los propios integrantes del Frente han denunciado ante la UNESCO y la Asociación Mexicana de Arqueólogos acciones y omisiones de trabajadores del INAH en perjuicio de las zonas arqueológicas. Karina Vara, también integrante del Frente Juvenil, asegura que “el argumento central del amparo es la defensa de la salud individual y colectiva de la población. Es uno de los primeros amparos ecológicos de nuestro país y estaremos atentos de que los 3 magistrados que resolverán el juicio se apeguen a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”. Angélica Ayala, informa también que la ejecución del megaproyecto violentaría el derecho a un ambiente sano estipulado en el artículo 4° Constitucional, el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET, 2009), la autonomía ejidal y comunal, dos decretos presidenciales: el del Parque Nacional El Tepozteco de 1937 y el del Corredor Ecológico Ajusco-Chichinautzin de 1988, además de convenios internacionales. En el proceso de defensa del territorio, integrantes del Frente han sido agredidos y criminalizados, actualmente cuatro integrantes enfrentan acusaciones de bloqueo a las vías de comunicación y en otros momentos integrantes del Frente fueron acusados de secuestro, robo y agresión. Las y los tepoztecos han sido también agredidos físicamente, ejemplo de ello es el desalojo a manos de granaderos del campamento El Caudillo del Sur el 23 de julio de 2013, el cual fue colocado por ejidatarios y comuneros para manifestar su inconformidad frente el proyecto. En dicho campamento además de informar sobre las repercusiones del PIM, se realizaban talleres de baño seco, sembraban milpa, entre otras actividades. A cuatro años de haberse hecho público, “el proyecto de la autopista no ha sido transparentado, y se realiza cualquier tipo de estrategia para convencer a la gente para que esté a favor, actualmente hay una campaña que se llama Sí a la ampliación, impulsada principalmente por restauranteros y hoteleros que no son de Tepoztlán sino que vienen a hacer negocio aquí”, afirma Tonatiuh Rodriguez Quiróz, quien asegura que “las autoridades han buscando presionar a la población a través de los programas sociales, haciendo asambleas amañadas en las que llevan a comuneros menores de edad alcoholizados, asimismo echan mano de grupo de choque integrados por gente a fin a los materialistas del pueblo, que quizá se pudieran beneficiar, aunque al final los beneficiados ni siquiera son del país”. “La tendencia mundial es que las grandes empresas se adueñen del territorio de los pueblos originarios usando el pretexto de llevarles progreso”, aseguran pobladores de Tepoztlán, pero afirman que su negativa no es una oposición al desarrollo sino “el llamado a encontrar otras alternativas que no devasten el medio ambiente”. Angélica Ayala, recuerda también que “el Gobierno Municipal está obligado a defender la integridad del territorio y hasta ahora no lo ha hecho, lo que representa la pérdida de autonomía municipal sobre el territorio tepozteco”. Al reconocer el trasfondo económico y político, las y los integrantes del Frente, que a su vez forman parte de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM), se reunirán en Ocotepec, Morelos el próximo 16 de octubre en el Congreso de Pueblos de Morelos, en donde informarán sobre el proceso jurídico actual y articularán la defensa de su territorio con otros movimientos del estado. En Tepoztlán, patrimonio de la humanidad catalogado así por la UNESCO, “tenemos la experiencia del proyecto del club de golf en 1994, impulsado por Salinas Pliego, inversionistas y políticos, muchos eramos pequeños pero crecimos viendo la lucha de nuestros padres y nuestros abuelos, recuerda Tonatiuh Rodríguez Quiróz, quien hace memoria de el proceso organizativo del pueblo tepozteco hace 22 años, “se conformaron las guardias comunitarias, el Comité de Unidad Tepozteca, la Asamblea de mujeres, surgió el ayuntamiento popular, hemos frenado también el teleférico y el tren escénico, seguiremos ejerciendo el poder popular”, concluye. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. LINK: https://desinformemonos.org/tepoztecos-guardianes-del-cerro-tlaxomolco-frente-a-ampliacion-de-autopista-sobre-cimientos-arqueologicos/
