MONTERREY, NL: Diputados locales consideraron que el primer año de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador de Nuevo León fue “perdido y mediocre”, pues incumplió con las promesas que lanzó en campaña, además de que se ha negado a establecer acuerdos con el Poder Legislativo.
Para el panista Arturo Salinas, El Bronco no ha llenado las expectativas que generó, cuando el 4 de octubre del 2015 tomó posesión como primer mandatario sin partido en la historia política del estado. Las encuestas publicadas recientemente por medios nacionales avalan la percepción ciudadana de un desencanto prematuro por el trabajo del mandatario, quien ha descuidado prácticamente todas las áreas de la función pública en la entidad, dijo el coordinador panista.
“Más allá de lo que me parezca a mí o a la bancada del PAN, lo más relevante es lo que perciban los ciudadanos y las encuestadoras y de medios comunicación serios, en el sondeo por el primer año, lo dan todos por reprobado”, dijo. El legislador consideró que “es evidente que no está cumpliendo. ¿En qué? Pues en todo. Ha decepcionado en materia de transparencia, combate a la corrupción y, en prácticamente todos los asuntos relacionados con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. Con un repunte reciente, la inseguridad se relaciona también con el deterioro del nivel de vida de los nuevoleoneses, pues hay una percepción creciente de alarma por los hechos que se viven a diario en la entidad, señaló Arturo Salinas, al cumplirse el primer aniversario de la llegada de El Bronco al poder. De acuerdo con el panista, la ciudadanía esperaba que Rodrigo Medina, exmandatario estatal, fuera encarcelado al llegar el nuevo gobierno, por ello, hay un sentimiento de fracaso en el combate a la corrupción. La razón, dijo, es que no solamente no se ha podido poner tras las rejas al priista, sino que hay otros casos en los que el gobierno estatal ha fallado. “El combate a la corrupción ha fallado en general y no sólo en el tema de Rodrigo Medina. A éste se le juntan otros casos como es el de la exalcaldesa Margarita Arellanes, con el de las cobijas, los aviadores y cobro de sobresueldos en el magisterio y los moches de la Secretaría de Salud”, detalló. Año “modesto y mediocre” El legislador de Movimiento Ciudadano Samuel García se dijo preocupado por el mediocre desempeño del mandatario Jaime Rodríguez Calderón, pues ha fallado en alcanzar las metas que se fijó desde su campaña y al iniciar la gestión. “Ha sido un año modesto y mediocre. Ha sido mucho show, pero con muy poco resultado. Se levantó mucho la expectativa y las promesas no se han cumplido. Estamos muy lejos de lo que esperábamos de él como nuevoleoneses”, explicó. El combate a la corrupción ha sido el principal lado “flaco” de su gobierno, aseguró el legislador. Consideró que a la Fiscalía Especializada le ha faltado armar mejores expedientes para presentarlos ante los jueces, ya que queda la sensación de que los investigadores carecen de elementos sólidos para procesar a los presuntos responsables. “Los casos de Medina, KIA y el cobijagate dejaron mucho qué desear en el tema de contundencia a la corrupción. Otro tema es la inseguridad, pues muchos delitos se han disparado considerablemente y hay una mayor percepción de inseguridad e intranquilidad en el estado”, dijo. Sin embargo, García consideró como puntos a favor que el gobierno haya obtenido beneficios con sus programas de austeridad, con la cancelación de los contratos millonarios con las televisoras, la reestructura de la deuda, además de la mayor transparencia que ha exhibido. Sin diálogo con diputados A su vez, el líder de la fracción del PRI, Marco González Valdez, consideró que El Bronco ya agotó sus primeros seis meses de confianza que le entregó la ciudadanía, por lo que ahora ya ha subido la presión popular para que cumpla con las promesas de campaña. “Jaime llegó con una alta expectativa. Muchas promesas se hicieron y a la fecha poco se ha cumplido. Enamoró a todos hablándoles al oído, diciéndoles lo que querían escuchar y ya está despertando toda la gente que votó por él”, señaló. El diputado priista consideró que la relación del gobernador con el Congreso local ha sido difícil, pues no ha querido aceptar el diálogo con las fuerzas políticas de la legislatura y ha desdeñado las ofertas de negociación que le han presentado en repetidas ocasiones. “No hemos podido estrechar la mano de Jaime, porque todas las veces que se la hemos ofrecido, nos falla, nos incumple en los acuerdos. No hay relación sólida con él desde que arrancamos. Todo es altas y bajas. Propuse un acercamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, una gran alianza por Nuevo León, como el Pacto con México, pero no hubo respuesta”, dijo. González Valdez consideró que en este segundo año, El Bronco debe cumplir con las promesas que hizo o la ciudadanía demandará su salida, ya sea para que busque la Presidencia de la República como quiere, o simplemente pidiéndole que deje el puesto porque no puede.
“La gente puede pedir que ya se vaya a su campaña, porque sus aspiraciones son más grandes y, eventualmente, pierda la Presidencia y pierda Nuevo León. No queremos que al estado le vaya mal. Por el contrario, queremos un gobernador fuerte, pero encontramos que este es un gobierno con el que no se puede dialogar”, apuntó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA. LINK: http://www.proceso.com.mx/457502/perdido-mediocre-primer-ano-gobierno-bronco-califican-diputados
CIUDAD DE MÉXICO: Hace diez años, el senador panista Javier Corral alcanzó notoriedad nacional con una de las batallas más difíciles y turbias que se han librado en el México de la alternancia: lograr la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, aprobada en marzo de 2006, en medio de las presiones de todos los candidatos presidenciales y de la mayoría de legisladores coludidos con la empresa de comunicaciones más importante del sistema. Corral se convirtió en el más consistente, informado y crítico político en contra de ese poder salvaje que había doblegado al Ejecutivo federal, al Congreso y amenazaba con atenazar al Poder Judicial. No era una batalla de agravios personales. Era una lucha contra la tentación de una dictadura mediática que logró descarrilar buena parte de las promesas de la transición a la democracia no cumplida: en 2002 las dos televisoras cancelaron la reforma a la ley de medios electrónicos que había propuesto el gobierno de Fox; TV Azteca se apropió de Canal 40 de la peor manera; en 2004 condicionaron el “apagón analógico” a sus intereses (aunque ahora se quejen); en 2006 lograron el refrendo automático de sus concesiones, avanzaron en su proyecto por convertirse en empresas de telecomunicaciones y dar los servicios de triple play. Sobre todo, se transformaron en juez y parte de las disputas político-electorales, beneficiándose con cientos de millones de pesos del presupuesto de los partidos y los gobiernos estatales y federal. El senador que más guerra y dolor de cabeza les dio fue Javier Corral. No fue el único, pero era el líder de 41 senadores que se rebelaron al “Sí” a la Ley Televisa. Entre ellos estuvieron los entonces priistas Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, los perredistas de entonces Raymundo Cárdenas y César Raúl Ojeda, así como varios panistas como Felipe Vicencio. Lograron que la Suprema Corte echara abajo los aspectos más anticonstitucionales de la Ley Televisa. Esa victoria nunca la perdonó Televisa. La resolución de la Suprema Corte se interpuso al plan de negocios y de expansión de poder de Grupo Televisa y de sus múltiples ramificaciones en la industria de la radio, la prensa, la publicidad, las empresas, etc.
Dueños de un poder político inigualable hasta 2012, Televisa logró consolidar su máximo poder cuando Enrique Peña Nieto, su cliente y modelo principal de aliado, llegó a la Presidencia de la República. Fue el retorno del PRI y de una nueva generación de políticos (muchos de ellos gobernadores) que cifraron su ascenso en la complicidad con el poder mediático a cambio de millonarias cantidades del presupuesto, no auditable y encubierto a través de triangulaciones de fondos públicos e ilegales. Como Javier Corral no pertenecía a esa generación de tele-políticos, Televisa hizo todo para frenar su victoria en 2010 en Chihuahua. No pocos panistas estaban recelosos también de este legislador al que consideraban “radical”, “inmanejable”, “protagónico”, “conflictivo” porque no se ajustaba a la real politik de ponerse a los pies de los barones mediáticos. Corral vivió durante casi seis años bajo la amenaza absurda de una supuesta deuda de menos de un millón de pesos a una filial de Televisa. La empresa usó este débito como un ariete para el desprestigio. Demostraron así cuál es su modus operandi mafioso para frenar a políticos que considera sus enemigos o a quienes quiere dominar. En 2013 y 2014 el gobierno de Peña Nieto impulsó una amplia y ambiciosa reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión que se gestó en el Pacto por México. En parte, para librarse del estigma de ser “producto de Televisa” y, en parte también para abrir la competencia en un sector dominado por dos imbatibles monopolios que pasaron de aliados a feroces adversarios desde 2011: Televisa y América Móvil. Corral fue impulsor y crítico también de esa reforma. En el desánimo, Corral me confió en 2014 que muchos de los logros de la reforma constitucional se perdieron en la legislación secundaria de aquella Ley Peña-Televisa que acabó beneficiando a esta empresa. Le permitieron seguir su proyecto de concentración en la televisión restringida hasta llegar a tener 62% de este mercado. La crisis actual de Televisa no vino por el lado de las leyes ni de las reformas de Peña Nieto, sino por los cambios tecnológicos y la revolución de las nuevas audiencias digitales que constituyen un desafío múltiple para los medios tradicionales y para los políticos que se acostumbraron a buscar rating y no legitimidad. Antes de ir de nuevo como candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, Corral encabezó otra dura batalla al interior de su partido y también en contra de la censura a Carmen Aristegui y su equipo en MVS. Paradojas de la historia: el modelo de contrato con autonomía editorial y ombudsman de audiencia que Corral negoció y propuso a MVS y a Aristegui fue desechado por la empresa de Joaquín Vargas en uno de los más lamentables retrocesos de un medio que le había apostado a la pluralidad. Corral triunfó en las elecciones de Chihuahua contra todos los pronósticos. El PAN retorna a la gubernatura después del sexenio de Francisco Barrio (1992-1998) que dejó muchas heridas abiertas, como su indolencia por los feminicidios en Ciudad Juárez, y después de dos administraciones priistas que se caracterizaron por la violencia y la corrupción. Corral triunfó a pesar de la operación del gobierno saliente de César Duarte para cerrarle el paso, de la dirigencia del PRI y hasta de un sector de la izquierda y del panismo. Ganó a pesar de la corrupción que deja a Chihuahua con una deuda de más de 40 mil millones de pesos y unas arcas comprometidas por tres generaciones en pagar el atraco de Duarte Jáquez. Desde la adolorida Juárez, su ciudad, Javier Corral emprendió una nueva batalla por ser gobernador de su estado. Hoy tomó posesión en condiciones difíciles y citó a Benito Juárez como compromiso de encabezar un gobierno guiado por “la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”. Corral lanzó un mensaje de conciliación con el movimiento magisterial, anunció la creación de una fiscalía especial para graves violaciones a los derechos humanos y advirtió que “no habrá impunidad” para los responsables de la bancarrota de Chihuahua. Estas serán las nuevas y difíciles batallas de Corral desde Chihuahua. Es tan compleja y quizá más peligrosa que su lucha contra la telecracia, pero indispensable para el país: demostrar que la transición desde la periferia hasta el núcleo federal del poder en México se puede dar. Que el sistema político mexicano, víctima de una larga agonía frente a la transición inconclusa, puede resurgir de un auténtico pacto con la sociedad, no sólo con los grupos de poder y las organizaciones criminales. La nueva batalla de Javier Corral Jurado es contra las poderosas redes de nuestra narcocleptocracia. Es una batalla que nadie, ningún político (ni Andrés Manuel López Obrador) la pueden librar solos. Menos un solo partido o una sola fuerza. Es un gran ejercicio de coalición de fuerzas, algo que hasta ahora no hemos visto en un sistema político tan acostumbrado a dividir, corromper, amedrentar y sembrar resentimientos en sus mejores hombres y mujeres.
CIUDAD DE MÉXICO: El sector privado del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador electo del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, el envío de elementos de la Gendarmería, la Policía Federal y el Ejército mexicano, con el fin de contrarrestar la “ola de violencia” que azota a la región. En un desplegado publicado en el periódico Reforma, el Consejo Coordinador Empresarial Región Sur del Estado de Veracruz, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, entre otros organismos, aseguran que en los últimos 12 años en el estado se han incrementado los delitos de secuestro, extorsión, robo y asesinatos; todos, subrayan, atribuidos al crimen organizado. Incluso, aseguran que en los últimos tres meses cientos de familias han abandonado sus hogares y negocios por la misma causa. El comunicado también cuestiona que la región no esté considerada dentro de los 50 municipios que requieren reforzar su seguridad, según la estrategia que el jefe del Ejecutivo aseguró en agosto pasado, así como también que se haya pedido apoyo de las fuerzas federales, sin respuesta del gobierno saliente.
“¿Es que nos debemos resignar a tener que formar autodefensas, convirtiéndonos en otro Guerrero o Michoacán, para que entonces se fijen en nosotros”, advierten. Además, los organismos recriminaron que la infraestructura carretera de al menos 100 kilómetros a la redonda se encuentre en estado “lamentable”, y que en la región, pese a “su carácter de abundante aportación a la riqueza a la nación, no se cuente con servicios “de primera”.
El desplegado fue firmado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios; Asociación de Industriales del Estado de Veracruz; Colegio de Arquitectos Coatzacoalcos y Sur de Ver; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; La Sociedad de Pediatría del Sur de Veracruz, A.C.; la Unión Médica del Itsmo; CANACO; Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; el Consejo Coordinador Empresarial; el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Sur de Veracruz; y Médicos Unidos del Sur de Veracruz. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/457426/empresarios-en-coatzacoalcos-exigen-a-pena-nieto-terminar-la-ola-violencia
El bloque, en la zona del Cinturón Plegado Perdido será licitado el 5 de diciembre donde Pemex tendrá una participación del 40% en el consorcio que se forme con empresas privadas.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) otorgó a las empresas petroleras una semana más para enviar comentarios y preguntas en torno a la primera asociación en aguas profundas con la estatal Pemex para desarrollar el bloque Trión. Además fijó la nueva fecha para el 10 de octubre. “Es un espacio adicional a los participantes para que puedan estudiar, analizar y comentar en su caso esta nueva versión del acuerdo de operación conjunta”, dijo el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, en una sesión del organismo.
El bloque, en la zona del Cinturón Plegado Perdido (CPP), será licitado el 5 de diciembre. La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá una participación del 40 por ciento en el consorcio que se forme con empresas privadas.
El Fondo de Capitalidad, el Metro y la infraestructura hidráulica serán algunos de los temas que se tratarán Hacienda y la administración capitalina.
José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acordaron crear mesas de trabajo para analizar y negociar los recursos que le serán asignados a la capital para el año 2017. La Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad en conjunto con subsecretarías de Hacienda y Crédito Público serán quienes llevarán a cabo el diálogo en las mesas, según el acuerdo alcanzado tras una reunión que duró aproximadamente 40 minutos. El Fondo de Capitalidad — subsidios federales destinados a programas y proyectos en la ciudad—, el Metro y la infraestructura hidráulica serán algunos de los temas que se analizarán entre el gobierno federal y la administración capitalina. El pasado 9 de septiembre Mancera criticó los recortes previstos en el Paquete Económico 2017 entregado por Meade a la Cámara de Diputados. “No entiendo por qué en la fotografía de la del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda, a mí no me da risa, la verdad, me preocupa mucho este presupuesto”. A lo que Meade respondió: “Mancera dice que tengo mala sonrisa, mi mamá dice que la tengo muy buena”.
Asimismo, el pasado 29 de septiembre diputados y gobernadores perredistas propusieron aumentar 200 mil millones de pesos en recursos de la federación para los estados y los municipios. También anunciaron la creación de un frente legislativo para defender el presupuesto de recortes en rubros como salud, educación e infraestructura. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0310/mexico/tras-reunion-meade-y-mancera-acuerdan-mesas-para-analizar-presupuesto/
CIUDAD DE MÉXICO: A un año de que se realizaran cambios en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones, hoy el nuevo dirigente tricolor, Enrique Ochoa Reza, dio a conocer la nueva integración de la cúpula partidista con la consigna de responder a la demanda ciudadana de un cambio. “En el PRI, como el partido con mayor responsabilidad histórica con México, no podemos hacer caso omiso a dicho mensaje, debemos asumirlo con seriedad y con compromiso”, manifestó Ochoa en la toma de posesión de los nuevos integrantes del CEN que está repartido en siete hombres y ocho mujeres. El Comité Ejecutivo Nacional ahora está integrado por Héctor Gómez Barraza como secretario de Operación Política y quien antes de llegar era el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); como secretario de Organización, el senador Arturo Zamora Jiménez, quien fuera candidato del PRI para gobernador de Jalisco en 2006, cuando fue denunciado por un presunto fraude.
El diputado yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín fue ratificado como representante ante el INE; la Secretaría Jurídica del PRI la llevará la diputada hidalguense Carolina Viggiano Austria, esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, acusado de pagar millones de pesos del erario a empresas fantasma por supuestas “asesorías” o productos consumibles; mientras que como secretario de Finanzas y Administración fue también ratificado el sinaloense Luis Vega Aguilar, que goza de la absoluta confianza del presidente Enrique Peña Nieto y quien lo nombró en el cargo desde enero del 2012, cuando el dirigente nacional era Pedro Joaquín Coldwell. La Secretaría de Gestión Social estará a cargo del senador Roberto Albores, hijo del exgobernador de Chiapas del mismo nombre; mientras que la de Asuntos Internacionales la encabezará la exsecretaria de Turismo en la administración zedillista, Silvia Hernández. La Secretaría de Vinculación con Instituciones de Educación en todo el país estará a cargo de la senadora Blanca Alcalá, quien fuera candidata al gobierno de Puebla en las pasadas elecciones, y en la Secretaría de Asuntos de las Personas estará la diputada zacatecana Claudia Anaya, amiga del extitular de Hacienda Luis Videgaray. En la nueva Secretaría de la Frontera Norte estará la diputada Nancy Sánchez, de Baja California. Otra novedad fue el anuncio de la figura de vocería, en coordinación con el Senado de la República, a cargo de senadora Ivonne Álvarez, de Nuevo León, y la vocería en coordinación con la Cámara de Diputados a cargo de la diputada Yulma Rocha, de Guanajuato. Asimismo, como secretarios generales adjuntos, estarán la diputada Georgina Trujillo, de Tabasco, y como secretario general adjunto el diputado estatal Mauricio Ortiz Proal, de Querétaro.
CIUDAD DE MÉXICO: Contrario a lo que anunció José Antonio Meade, recién nombrado titular de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 prevé un recorte de 75 mil 592 millones de pesos en programas y acciones de desarrollo social, equivalente a una reducción de 10.48% respecto de 2016; en otras palabras, un recorte dos veces superior al que sufriría el presupuesto federal. Como cada año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizó el proyecto que entregó la SHCP al Congreso el 8 de septiembre, y señaló, en un informe, que la administración de Enrique Peña Nieto pretende reducir el presupuesto en 67 de los 83 programas prioritarios de desarrollo social –en cinco de ellos, Hacienda ni siquiera especificó un presupuesto. El proyecto presupuestario establece recortes severos a programas que inciden en las poblaciones indígenas, los beneficiarios del Seguro Popular, los pequeños agricultores y ganaderos o los jornaleros agrícolas. En otras palabras: a los más pobres en general. Al asumir la SHCP, el pasado 8 de septiembre, Meade aseguró que el presupuesto 2017 sería “serio” y con un “alto contenido social”; según el análisis, el presupuesto destinado a los programas y acciones de desarrollo social pasó de 940 mil 281 millones de pesos a 864 mil 689 millones en el proyecto del próximo año. El gobierno federal pretende recortar 3 mil 835 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –6.2% de su presupuesto 2016–, 19 mil 543 millones al de la Secretaría de Educación Pública (SEP) –un recorte de 9.3%–, y 8 mil 405 millones a la Secretaría de Salud (SSa) –9.4% menos–. El programa Prospera sufriría un recorte de 2.7% en valor real, mientras los presupuestos destinados a las paraestatales Liconsa y Diconsa disminuirían en una proporción similar. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas tendría que operar con un presupuesto inferior en 17.3% al de 2016, y el Seguro de Vida para Jefas de Familia prácticamente desaparecería, con una reducción presupuestaria de 98.8%. También se reducirían de manera significativa los presupuestos de varios programas de la SEP que más contribuyen a combatir rezagos sociales –según el Coneval–: el Programa Nacional de Becas –menos 17.5%–, el programa de Educación para Adultos –disminuido en una tercera parte–, o el programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, entre otros. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que lleva a cabo la estrategia de vivienda social en el país y se encuentra a cargo de Rosario Robles, sufriría un recorte de 42.9%: su presupuesto pasaría de 22 mil 552 millones de pesos a 13 mil 216 millones. Por ello, el Programa de Apoyo a la Vivienda operaría con un presupuesto reducido en 21.6%, mientras el programa de Infraestructura sería recortado en 57%. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) operaría con un presupuesto de 4 mil 586 millones –menos de la mitad de lo que obtuvo este año– por lo que los programas de apoyo a la población indígena serían de los más afectados, pese que tres de cada diez indígenas mexicanos se encuentren en pobreza extrema, es decir, más de cuatro veces el promedio nacional. Según el Coneval, la administración de Peña Nieto pretende eliminar 71% del presupuesto al Programa de Infraestructura Indígena, 3.3% al de Derechos Indígenas y 0.4% al de Apoyo a la Educación Indígena. Varios de los programas que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se verían afectados por el recorte, entre ellos el de Apoyos a Pequeños Agricultores –menos 26.9%–, de Fomento a la Agricultura –menos 32.9%–, o el de Fomento Ganadero –menos 51%–. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también vería su presupuesto derrumbarse en caso de que los legisladores aprueben el proyecto sin mayores modificaciones: de 23 mil 86 millones de pesos a 10 mil 121 millones, una caída de 57.3%. El tema de las Áreas Nacionales Protegidas (ANP) surgió en la coyuntura este domingo 2 a raíz del aterrizaje de un helicóptero en el Arrecife Alacranes, con el senador priista Emilio Gamboa Patrón, Guillermo Ruiz de Teresa –coordinador de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)– y el empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos a bordo. El proyecto presupuestario plantea reducir en 2.6% los fondos destinados al Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, así como fuertes disminuciones a los programas de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable –menos 62.4%–, de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento –menos 73.2%– y de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, con 86% menos recursos. Si bien el gobierno federal multiplicó las declaraciones mediáticas en los últimos meses para afirmar su compromiso en la reducción de la obesidad y la diabetes –juntos representan la primera causa de muerte en el país–, el proyecto presupuestario 2017 prevé una reducción de 25.1% del programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Ese no sería el único recorte en el sector salud: el Seguro Popular sería “amputado” en 11.3% de su presupuesto, el Seguro Médico Siglo XXI de una tercera parte, y el programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad prácticamente a la mitad.
BOGOTÁ: El rechazo a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito realizado el domingo 2 en Colombia fue tan inesperado que el expresidente Álvaro Uribe, líder de la campaña del “No” a lo negociado con esa guerrilla, tardó más de tres horas en armar un discurso de victoria, porque ni siquiera él había previsto que esa opción se impondría en las urnas. Hace apenas unos días, el exmandatario y actual senador había dicho que era “muy probable” que el “Sí” a los acuerdos obtuviera el triunfo. Y es que, con excepción de una encuesta de hace dos meses, todos los sondeos vaticinaban que los colombianos refrendarían los acuerdos de paz con las FARC con entre 55% y 66% de los votos. La realidad es que el “No” ganó. Lo hizo en forma muy ajustada –por una diferencia de apenas 0.43 puntos porcentuales–, pero ese resultado es suficiente para dejar sin ninguna validez legal los acuerdos de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negoció durante tres años y nueve meses con las FARC. Apenas el lunes pasado, Santos y el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, “Timochenko”, habían firmado en Cartagena esos acuerdos ante 13 presidentes latinoamericanos; el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y los cancilleres de 27 países. Todos ellos, como el resto del mundo, se deben estar preguntando qué pasó el domingo en Colombia y qué es lo que lleva a un país a decir “No” a un pacto para poner fin a un conflicto armado de 52 años, y para posibilitar que la guerrilla más poderosa del hemisferio se desarme y se transforme en un partido político legal. Para estas preguntas hay muchas respuestas: Desde el huracán Matthew, que desalentó con sus lluvias torrenciales la participación de los votantes de la costa caribeña colombiana –donde se registraba el más alto respaldo nacional al “Sí”–, hasta el discurso del miedo del expresidente Uribe, quien convenció al electorado más conservador y menos educado de que los acuerdos con las FARC eran la instauración del “castrochavismo” en Colombia. Uribe es el abanderado moderno de una ultraderecha que históricamente ha puesto barreras a las expectativas de desarrollo social y de participación política de los sectores más desfavorecidos de la sociedad colombiana. Con su estilo caudillista, de patrón de finca, el expresidente es el heredero ideológico de las elites económicas y políticas que en el siglo XX negaron toda posibilidad de una reforma agraria a los campesinos pobres y que, por el contrario, hicieron del despojo de tierras y de la violencia política para acallar los reclamos, prácticas comunes. Esa obstinación excluyente, que originó hace medio siglo el conflicto armado colombiano, es la que se impuso, por un estrechísimo margen, en el plebiscito del domingo, y acabó por invalidar los acuerdos de paz con las FARC. Un país dividido En el fondo, lo que hizo la mitad del país en las urnas es negarle a las FARC lo que cualquier proceso de paz en el mundo concede al adversario alzado en armas: la posibilidad de cambiar las balas por los votos. Es sintomático que las regiones que respaldaron el “Sí” son las más golpeadas por el conflicto armado. Por ejemplo, en Bojayá, un municipio donde en 2002 un enfrentamiento de las FARC con paramilitares produjo la muerte de 79 civiles en una iglesia cuando la guerrilla erró el blanco de sus cilindros bombas, 96% de votantes optaron por el “Sí” a los acuerdos de paz. En cambio en Medellín, la segunda ciudad de Colombia y la tierra del expresidente Uribe, el “No” se impuso con 63% de los sufragios. El argumento central de Uribe es que el acuerdo de paz es un “pacto de impunidad” con las FARC porque le concede penas alternativas –como trabajo comunitario– en lugar de cárcel a los jefes de esa guerrilla que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. La realidad es que la Corte Penal Internacional avaló el acuerdo, y sólo puso como condición que las sanciones que se impusieran a los autores de delitos graves se aplicaran de manera efectiva. Uribe, quien la década pasada negoció un acuerdo de paz con paramilitares de extrema derecha dedicados al narcotráfico y responsables de mil 666 masacres de civiles, también objetó que los jefes de las FARC tuvieran la posibilidad de participar en política. El exguerrillero y actual senador Antonio Navarro Wolff comentó la noche del domingo que si al M-19, grupo armado al que perteneció, le hubieran propuesto desmovilizarse para que sus integrantes fueran a la cárcel y no pudieran hacer política para defender sus ideas, jamás lo hubieran aceptado. Colombia amaneció este lunes en la más completa incertidumbre política, y aunque tanto el presidente Santos como las FARC reiteraron su voluntad de paz, no es claro si eso será suficiente para salvar los acuerdos y mantener el cese bilateral del fuego vigente desde junio pasado. Uribe dijo tras la victoria del “No” que está dispuesto a “un gran pacto nacional”. Pero ya puso condiciones: “correctivos” a los acuerdos en los puntos de justicia y participación política; austeridad presupuestal; no a la reforma fiscal que impulsa el gobierno para financiar lo negociados con las FARC; dar confianza a los inversionistas, y hasta “estimular los valores de la familia”. Es un planteamiento político-ideológico que va mucho más allá de las objeciones a los acuerdos de paz. No es un secreto que Uribe quiere volver a ser presidente de Colombia y que para ello necesita impulsar una reforma constitucional que se lo permita. Muchos políticos colombianos creen que la verdadera objeción del expresidente a los acuerdos de paz no es por los términos de lo negociado con las FARC, sino porque no fue él quien los pudo lograr. Hoy tiene la sartén por el mango para proponer que las diferencias del país se diriman en una Asamblea Constituyente que pueda dar una nueva vida a los acuerdos con las FARC, pero que al mismo tiempo le permita la reforma que necesita para volver a gobernar Colombia. Hace dos meses, el sacerdote jesuita y activista por la paz Francisco de Roux había advertido que los acuerdos de paz podían correr “una suerte análoga a la del Brexit”, el referendo de junio pasado mediante el cual los votantes británicos decidieron salir –inexplicablemente para el mundo– de la Unión Europea. De Roux hizo entonces una reflexión que resultó profética: “Subordinar el valor fundamental de la paz a una votación y a estas campañas (por el ‘Sí’ y por ‘No’), en las que juegan la sagacidad, las emociones y las confusiones, puede destruir entre los colombianos un proceso que ha conmovido al mundo”. El sacerdote, quien trabaja con las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, tenía toda la razón. El plebiscito para refrendar los acuerdos de paz corrió una suerte análoga al Brexit británico y acabaron triunfando los miedos infundados de la ultraderecha populista.
La buena noticia es que la mitad del país no creyó esos cuentos y que eso obligará, cuando menos, a que se produzca un diálogo político entre los dos proyectos de país en disputa. Uno anclado en la exclusión y en el pasado, y el otro que apuesta por la inclusión, por terminar la guerra y por el futuro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: RAFAEL CRODA. LINK: http://www.proceso.com.mx/457248/el-brexit-colombiano
De acuerdo con medios locales, el pasado miércoles la solicitud fue firmada por la coordinadora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del cabildo, la perredista Cristina Paz Almanza, y el secretario, el priista Julio Gómez Alfaro. Sólo falta que falta que el Presidente Municipal de Ciudad Juáréz, Javier González Mocken, apruebe definitivamente la solicitud de Jubilación.
Autoridades municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, jubilaron con 21 mil 164 pesos mensuales y a la edad de 36 años a Lizbeth Alonso Carreón, ex candidata a diputada local del PRI y ex coordinadora de Audiencias Públicas en ese ayuntamiento. De acuerdo con medios locales, el pasado miércoles la solicitud fue aprobada por la coordinadora de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del cabildo, la perredista Cristina Paz Almanza, y el secretario, el priista Julio Gómez Alfaro. Sólo falta que falta que el Presidente Municipal de Ciudad Juáréz, Javier González Mocken, apruebe definitivamente la solicitud de Jubilación, que fue hecha desde el pasado 25 de junio. Ante la polémica que el hecho suscitó, la ex funcionaria aseguró que cumple con todos los requisitos para recibir su retiro laboral, pues fue el año 2000 cuando ingresó a ese municipio, lo cual, de acuerdo con el reglamento que permitía a los trabajadores jubilarse con 15 años de trabajo, le generó la antigüedad suficiente para pensionarse. “Quiero decir que la solicitud es un derecho que todavía no ha sido autorizado por esta Administración, pero que hago porque cumplí con los años, porque me dijeron que tenía un derecho a solicitarlo como los más de 500 jubilados que existen y que a menor edad también se han jubilado”, declaró al El Diario de Chihuahua. Sin embargo, cabe señalar que su estancia laboral no ha sido de manera ininterrumpida, ya que a finales del mes de febrero de este año renunció a su cargo para contender por la diputación al distrito 07 de ese estado en las elecciones de junio, la cual perdió, y regresó a su cargo como coordinadora de audiencias.
Por su parte, la regidora del PAN Norma Sepúlveda, aseguró que la jubilación que el cabildo aprobó fue hecha a sus espaldas. Versión que, de acuerdo al portal, El Diario de Chihuahua, Cristina Paz Almanza rechazo, pues según ésta la panista sí estaba enterada y se negó a firmar,“La regidora Norma no las quiso firmar ninguna de las dos jubilaciones, pero aún no se autorizan del todo, aún está en revisión por el presidente”, mencionó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-10-2016/3100272
Los restos del profesor de la Facultad de la UNAM Vidal Zavala Rosas fueron enterrados en el jardín de su casa; las autoridades abrieron una investigación por el delito de homicidio doloso y privación de la libertad.
Un maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue encontrado sin vida, ubicada en calles de la colonia Paseos del Sur, en la delegación Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Luego de ser reportado como desaparecido, personal ministerial de la Procuraduría capitalina encontró los restos de Vidal Zavala Rosas, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, enterrados en el jardín de su casa, de acuerdo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. El hallazgo se realizó el pasado 30 de septiembre luego de que María Guadalupe, pareja sentimental del catedrático, acudió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a declarar por la desaparición de Zavala Rosas. Con base en la investigación de las autoridades capitalinas, el catedrático fue atacado en su casa, donde estaba con su novia y su hija de un año de edad. Durante el ataque, uno de los tres sujetos amagó a María Guadalupe y a su hija y luego se las llevó del lugar, sin que ella supiera más del profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial XO-2 inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y privación de la libertad, éste último en agravio de la pareja sentimental del profesor.
Cancún. En Quintana Roo, 345 mil familias enfrentan juicios de desahucio o desposesión, y están en riesgo de perder sus casas por transacciones fraudulentas debido a que los créditos que contrataron son impagables, usureros o anatocistas, denunció el jurista José Luis González Navarro, presidente de la asociación civil “Abogados de Cancún”. En entrevista con La Jornada, el litigante exhortó a quien tenga planes inmediatos para comprar vivienda a buscar la asesoría y orientación de los especialistas en derecho para no ser sorprendidos con créditos impagables o anatocistas (intereses sobre intereses); en el caso de la agrupación que preside, los servicios son gratuitos. Señaló que en 2015, de acuerdo con las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última década se construyeron más de 345 mil casas “de interés social” en el municipio de Benito Juárez, de las que casi el 50 por ciento se vendieron mediante empréstitos usureros. “En los últimos 10 años se disparó el número de usuarios de créditos hipotecarios; en ese caso, las Udis (unidades de inversión) protegían a los inversionistas y no a los acreditados, y ahora muchos van a quedarse sin casa por los juicios hipotecarios especiales o mercantiles. Hablo de mil 700 familias afectadas”, explicó el abogado. El jurista aclaró que el número de afectados prácticamente se duplica si se habla de los 11 municipios de la entidad; es decir, “estarían en riesgo de perder su patrimonio un mínimo de 345 mil familias, que serían desalojadas en juicios de desahucio o desposesión del inmueble debido a que no pueden pagar los intereses sobre intereses. En ese sentido, González Navarro señaló que actualmente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que se supone se encarga de garantizar casas dignas a los mexicanos, es uno de los principales acreedores y presiona para cumplimentar alrededor de 300 desalojos en la entidad contra gente imposibilitada para pagar. José Luis Navarro argumentó que con esos antecedentes, “al menos durante los próximos dos años mucha gente va a perder sus viviendas porque les están cobrando intereses sobre intereses que no pueden pagar, no tienen liquidez debido a los créditos suprime, que se liberaron a cualquier persona, emulando a Estados Unidos. “Los resultados están a la vista: la gente no puede pagar, y lo mismo está sucediendo con los automóviles y terrenos, aunque son menos pero también estoy seguro que conforme pase el tiempo los casos se van a incrementar por la misma razón: la gente no tiene dinero para pagar créditos que se vuelven impagables”, sostuvo el litigante. El jurista dijo que por ley los nuevos compradores de vivienda deben ser acompañados por un abogado al momento de la compraventa, para certificar que no está siendo víctima de un fraude ya sea de una hipotecaria o en la compraventa fraudulenta de una transacción donde no reciban el inmueble, pero sí paguen o el vendedor desaparezca. “En las nuevas transacciones con terrenos o casas, el comprador debe ser asesorado o representado por un abogado; si no es así, y quien vende no está certificado, se cae en el supuesto de un delito de fraude”, de acuerdo con la ley inmobiliaria de Quintana Roo, que advierte que ya no se puede engañar al comprador ofreciéndole créditos que “nada más van a subir conforme al salario mínimo”.
Explicó que el artículo 13 de la Ley estatal de Prestación de Servicios Inmobiliarios faculta a los leguleyos a dar asesoría, consultoría o representación jurídica en la transacción, y los artículos 421 al 425 de la misma legislación, marcan que también pueden llevar a juicio penal a la inmobiliaria que no esté matriculada y a sus asesores que no estén certificados, pues como peritos en leyes tienen que estar presentes para dar certeza al comprador. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: CARLOS ÁGUILA ARREOLA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/04/miles-de-familias-en-riesgo-de-perder-sus-hogares-en-qroo
Chilpancingo, Gro. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) una de cada dos mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de violencia doméstica. Al inaugurar en esta capital el Centro de Justicia para las Mujeres, dijo que tan sólo en esta administración se han construido 23 centros de apoyo.
El ex delegado Higinio Chávez, un ex director de servicios y un diputado federal, los dueños. Las fincas fueron construidas hace unos ocho años en paraje del Ajusco, según los lugareños.
La delegación Tlalpan procederá a la demolición de tres casas, ubicadas en el paraje La Rufina, y denunció penalmente a sus propietarios por el daño ambiental causado al terreno, donde está prohibida la edificación de inmuebles. Según información del área jurídica, sus dueños son el ex delegado de Tlalpan Higinio Chávez; el ex director de Servicios Urbanos de la demarcación Eloy Fuentes, y presuntamente el diputado federal por el 14 distrito, Carlos Hernández Mirón. Los dos primeros ya fueron notificados del procedimiento, tienen hasta el 21 de octubre para interponer un juicio de nulidad o amparo. De no proceder, el 28 de octubre deberán demoler el inmueble o lo hará la delegación y cobraremos un proceso coactivo fiscal. Hernández Mirón, quien ha negado ser el propietario de uno de los inmuebles, no se ha apersonado como dueño, pero tiene hasta el 12 de octubre para interponer algún recurso legal y el 19 para demoler, pues la notificación y verificación se hizo el 21 de septiembre, señaló el informante. A la fecha, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni algún juzgado administrativo ha notificado de algún recurso. En los primeros días de noviembre estaríamos demoliendo esas casas. No hay marcha atrás, a menos que un juez lo ordene, lo cual confiamos no suceda porque se violó el uso de suelo, aseguró. Dicha conducta es sancionada en el Código Penal local con de tres a nueve años de prisión y hasta 5 mil días de multa (365 mil 200 pesos), que aumentarán en una tercera parte por tratarse de uso de suelo de conservación, de acuerdo con el artículo 343 bis.
A lo anterior se agregan de 6 meses a 5 años de prisión y hasta 2 mil días de multa (146 mil 80 pesos) por extraer suelo o cubierta vegetal, y hasta 9 años de cárcel y 3 mil días (219 mil 120 pesos) a quien cambie el uso de suelo forestal, según el Código Penal federal, sin considerar que podría tipificarse ecocidio, lo cual es un delito grave, alertó. La zona arbolada de la carretera Picacho-Ajusco esconde la finca y las casas estilo chalet construidas hace ocho años, de acuerdo con lugareños. Una pequeña brecha de camino de lodo y terracería es el único acceso para llegar al lugar. Luego de pasar seis viviendas construidas de cartón, lámina, madera y plástico, al lado izquierdo de la vereda, se levanta a unos 500 metros un chalet, con área de descanso, palapa y sala de jardín, custodiada por dos perros que impiden acercarse a la malla ciclónica. La propiedad es de Flores, quien presentó un contrato privado con reserva de dominio, donde se asienta que el ex delegado Chávez le vendió el terreno de 2 mil 800 metros, el cual no es válido para la construcción realizada, según el área jurídica de la demarcación. Metros adelante está otra casa en obra de piedra de dos niveles, sobre un terreno de 2 mil 500 metros, que parece abandonada y, según lugareños, es propiedad del diputado Carlos Hernández. La finca de Chávez, sin embargo, no tiene comparación. Está valuada en 16 millones de pesos; cuenta con una casa de tres niveles, estacionamiento para seis autos, salón de fiestas y terraza-bar; y en sus jardines hay un temazcal, un spa con vestidor, un estanque artificial y caballerizas.
“Son diez años de caminar y alzar la voz, porque nosotras no somos las violadas de Atenco sino luchadoras sociales por la justicia”, dijo Claudia Hernández, una de las 11 víctimas que denunciaron violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la tortura sexual, en la represión que autoridades municipales, estatales y federales perpetraron en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, luego de que se anunciara que el caso será revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). “Justicia es una palabra que se dice con pocas letras pero que alberga una enorme idea”, dijo Italia Delgado, también denunciante, quien reconoció que ha sido una “lucha de largo aliento”, y que por ello recibieron la noticia, “con júbilo”, porque aseguró: “no queremos que el cuerpo de las mujeres se siga usando para enviar un mensaje aterrador que amenace y amedrente a los movimientos sociales y a la sociedad”. “Nuestro mensaje es claro y modesto: Los mentirosos y asesinos son ustedes”, agregó Delgado, quien abundó en que el “logro obtenido”, es “justicia para la transgresión, rebeldía y triunfo de un pueblo que defendió su forma de vida en 2002”, dijo que se trata de una lucha “por todas y para que el gobierno entienda que debe detenerse”, advirtió. “Hoy le respondemos al Estado mexicano que es él, el culpable de las violaciones en Atenco, es el quien miente”, agregó al recordar las palabras que Wilfrido Robledo, entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), les dijo: “son unas mentirosas, fue su culpa por no quedarse en su casa haciendo tortillas”, y que se suman, dijo, a las violaciones que quienes participaron en el operativo encabezado por Robledo, cometieron en 2006 contra más de 40 mujeres. Se trata del tercero de ocho casos que son revisados por la CoIDH para condenar al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos que refieren tortura sexual, señalaron Marcía Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y Santiago Aguirre, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organizaciones que acompañan jurídicamente el caso. Aguirre detalló, que la llegada de ocho casos a la CoIDH, es una prueba de que en México prevalece la impunidad, y que la atención del caso puede “abonar a la no repetición de casos como este”. Stephanie Erin, del área internacional del Prodh, recordó que las recomendaciones y sentencias emitidas por la Corte son “vinculantes”, es decir obligatorias para el Estado mexicano, por lo que “confían”, dijo, en que las argumentaciones sean tomadas en cuenta para: “esclarecer y castigar a los culpables”, ya que aseguró que hasta hoy “no hay una sola persona sancionada efectivamente”. Erin detalló que entre las violaciones a derechos humanos, cometitas por el Estado mexicano, que serán revisadas por la corte están: la violación al derecho a la libertad personal, ya que fueron detenidas, dijo, “de forma ilegal y arbitraria; el derecho a la integridad física, psicológica y sexual que “fue vulnerada en varios momentos”; el derecho a un debido proceso y la tortura sexual que será revisada a la luz de tratados internacionales que defienden el derecho a la “igualdad de protección”, y a la no violencia ni discriminación contra las mujeres como la Convención Belem Do Pará. Patricia Torres, otra de las once mujeres que denunciaron tortura sexual en Atenco y Texcoco en mayo de 2006, dijo que pesar de estos 10 años, en los que “le fue arrebatado su sueño”, ella sigue “viva para alzar la voz y desmentir a Enrique Peña Nieto”, al referirse a las declaraciones hechas por el entonces era gobernador del estado, en la que aseguro Torres, les dijo que: “sólo se habían aprendido el manualito”. Finalmente, en conferencia de prensa para anunciar la llegada del caso a la CoIDH, Aguirre señaló que “este triunfo es producto de la lucha incansable de las mujeres víctimas y que al centro de ello esta su palabra y su dignidad”. Este caso se dio el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, dónde policías municipales, estatales y federales, que tenían la consigna de detener una movilización social que se gestaba en dicho lugar y en el Valle de Texcoco, violentaron a la población civil.
El resultado de esto fue un joven asesinado, personas golpeadas, presos y más de 40 mujeres, entre ellas las once mujeres que demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace diez años, al Estado mexicano, por violencia y tortura sexual. Este año, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte, ante el no cumplimiento de sus recomendaciones por parte del gobierno de México. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: YUNUHEN RANGEL. LINK: https://desinformemonos.org/no-somos-las-violadas-de-atenco-sino-luchadoras-sociales-por-la-justicia-claudia-hernandez/
La defensora de derechos humanos, Estela Ángeles Mondragón, es nuevamente víctima de amenazas, hostigamiento y campañas de desprestigio como parte de una reacción por la obtención de 32 sentencias a favor del pueblo Rarámuri de Baqueachi, para restituirle cerca de 22 mil hectáreas de su territorio invadido por ganaderos del municipio de Carichí, en Chihuahua, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). En días recientes, Ángeles Mondragón sufrió una serie de agresiones agravadas por la difusión de una campaña de desprestigio basada en una supuesta queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su contra. Ante esto, la Red TDT responsabilizó a los ganaderos del municipio de Carichí, encabezados por su asesor Tomás Humberto Ruiz Mendoza, quien este mismo año profirió amenazas y calumnias en contra de la defensora, así como a Jesús María Sandoval Espino, Abraham Palma Fierro, Carlos Torres Herrera e Isaías Martínez Torres. Anteriormente, Ángeles Mondragón y su familia fueron víctimas de agresiones, pues en febrero de 2010 su hija sufrió un ataque armado y ese mismo año, en el mes de marzo, su esposo y también defensor de derechos humanos, Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado.
Por lo anterior, la Red TDT exigió que se informe a las autoridades municipales del reconocimiento que el Estado mexicano brinda a Estela Ángeles Mondragón como defensora de derechos humanos, así como que la CNDH se pronuncie sobre las omisiones estatales que han favorecido el despojo del Pueblo Rarámuri y sobre las agresiones en contra de la comunidad y su defensora. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/defensora-del-pueblo-raramuri-es-victima-de-amenazas-y-hostigamiento-nuevamente/
Yakiri Rubio Moreno, Gabriela Nava y Andrea Noel son tres mujeres que forman parte de la campaña de #NoTeCalles de Change.org. Las tres tienen en común no sólo haber sido agredidas sexualmente sino haber denunciado ante la Ley ese agravio, luchado por conseguir justicia y que sus casos se conocieron luego de que se viralizaran a través de las redes sociales. Las tres víctimas también coinciden en que no creen en las autoridades, pero sí en visibilizar la violencia de género para cambiar poco a poco una realidad que afecta a todas las mujeres mexicanas: la agresión sexual en todas sus formas.
“Me escribieron en mi Facebook: ‘eres una puta. Por andar de chillona te vas arrepentir de todo lo que estás haciendo, te va a pasar lo mismo que a Mariana […], cuídate porque a las dos las vamos a violar, a levantar, y las vamos a violar con palos, con botellas, las vamos a torturar, te vamos a cortar los pezones’. De verdad cuando vi eso me puse a llorar…sí temí por vida”, dice Gabriela Nava. Su mirada, que hasta ese momento era relajada, cambió, y su voz también… Fue una amenaza a través de redes sociales días después de denunciar a su agresor: un hombre que la grabó por debajo de la falda con su celular, mientras se sacaba el pene; ambos viajaban, el pasado 28 de marzo, en un microbús a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM). Mariana, otra joven estudiante de la FES Acatlán, fue agredida sexualmente antes de Gabriela. Después de ser amenazada durante semanas por denunciar ante la Ley decidió dejar el caso por la paz. Gabriela sintió pánico por los mensajes que llegaron a su bandeja de Facebook. Sus acosadores, ahora virtuales, sabían sus movimientos. Le hicieron saber que conocían sus rutinas y hasta la dirección de su hogar. Pero ella, aterrada, sin querer salir de casa y en estrés constante, se dio valor, continuó y no de detuvo hasta descubrir que su agresor era una trabajador sindicalizado de la UNAM, un intendente que había agredido sexualmente a otras alumnas. Nadie lo despidió de su trabajo por acoso sexual; él, afirma Nava, por la presión social que surgió a través de las redes, renunció y simplemente un día ya no se presentó a trabajar. Aunque no fue lo ideal, porque no recibió un castigo luego de su denuncia ante el Ministerio Público y ante las autoridades administrativas de la facultad, el hombre pagó con el escarnio público, debido a que Nava logró grabarlo 11 segundos el día de la agresión y subió a la Red el video para evidenciarlo. “Sí, hay que denunciar. En mi caso fue alguien desconocido pero, ¿cuántas chicas no son acosadas por familiares, gente cercana a su círculo y no dicen nada por miedo? Hay que romper con el silencio. Si estás siendo acosada, violada, amedrentada por alguien, lo último que deberías hacer es quedarte callada, porque eso va a seguir. Los hombres lo siguen haciendo porque nadie les reclama”, dice Gabriela.
Para Gabriela un teléfono celular con cámara es un arma para las mujeres. Sin esa grabación que le permitió mostrar al mundo el rostro de su agresor, jamás hubiera logrado un poco de justicia, comenta. “Lo máximo que logré es que renunciara. Le dio miedo regresar a la escuela a trabajar. Yo invertí todo el semestre en esto, pero no me arrepiento. Salieron cosas muy buenas como la campaña [#NoTeCalles]. Siento que ayudamos a visibilizar este problema que pasa a diario y nadie dice nada. Las mujeres deben denunciar, porque mientras más denuncias hagan más eficaces se vuelven en el MP [Ministerio Público]; los obligas a trabajar, no debería de ser, ellos deberían trabajar porque es su trabajo. Entonces, si nosotras no lo hacemos, ellos no lo harán. México es un país donde reina la impunidad. El castigo social que recibió en mi caso, no digo que sea una solución, pero es una alternativa. Yo sé que la pasó mal, se tuvo que esconder, supe que hasta la esposa lo dejó. Balconearlos al menos para que tengan ese escarmiento”, dice.
Nava afirma que después de la denuncia del hombre que la agredió, se dio cuenta de que en México la violencia contra la mujer está normalizada. Las amenazas en su contra, los apodos de “feminazi”, fue una suerte de: “¿Por qué se están rebelando?”. Sin embargo Gabriela continúa usando sus faldas y vestidos que tanto le gustan. “Tú no debes cambiar, ellos tienen que cambiar. Ellos son los que están mal. Nosotras no debemos adaptarnos a una condición negativa, hay que adaptarlos a ellos”, dice. Luego de seis meses de la agresión, Gabriela Nava ya se recuperó de las amenazas de muerte que recibió. Ya sale a la calle sin miedo, hace una vida normal, aunque cuando recuerda ese tiempo, se estremece.
ANDREA NOEL: LA AUTORIDAD DECEPCIONA Andrea Noel, la reportera estadounidense que el 8 de marzo de este año, justo en el Día Internacional de la Mujer, fue agredida en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Caminaba por una de sus calles y un hombre la embistió, le metió las manos por debajo de su vestido y le bajó la ropa interior; tuvo que huir del país por las amenazas de muerte que recibió después de denunciar a su agresor, sin, hasta la fecha, recibir justicia. Noel invirtió meses y cientos de horas en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sin obtener resultados. Para ella, como víctima, sólo perdió su tiempo en México.
“Yo fui muy insistente en la importancia de la denuncia, no nada más hacer denuncia social, sino denunciar ante la autoridad. Yo vi esto en mi caso, durante toda la investigación, hasta la fecha, he pedido que se me entreguen los videos para tener el rostro del sujeto, que es lo único que he querido desde el día uno, y el Gobierno de la Ciudad de México me ha bloqueado totalmente. Se niegan a entrégarme los videos, a pesar de que hay una decena de éstos que fueron rescatados y que las mismas autoridades no se tomaron la molestia de guardar”, dice Noel en entrevista con SinEmbargo.
Noel asegura que en México la denuncia se hace para fines estadísticos. Ella ya perdió la confianza en que las autoridades resuelvan su caso, pero aún así, invita a las mujeres a denunciar social y administrativamente. “Que la sociedad esté enterada. Mi confianza en la autoridad no ha aumentado y los veo incapaces para esclarecer este tipo de violencia. La inversión de tiempo es enorme, irreal. Te tienen ahí quemando todo tu combustible para dejarte exhausta. Estamos hablando de cientos y cientos de horas físicas, para que al final no pase ni una sola cosa. A veces me pregunto si hubiera estado mejor hacer sólo mi denuncia social, metiendo mi reporte y no invirtiendo ni una sola hora en la investigaciones, porque al final de cuentas no se investiga”, dice. Noel fue amenazada a través de redes sociales e incluso de forma física en su casa en México, por lo que tuvo que mudarse inmediatamente a Estados Unidos. Aunque la joven se fue, las amenazas no han cesado. Pero aún así su caso, dice, no se compara a la violencia que sufren todos los días miles de mujeres en México: “Lo más impactante y decepcionante es la reacción de las autoridades y una acción de la sociedad que desconozco si sean humanos reales, pero eso es lo más fastidioso de todo esto, la no respuesta de la autoridad”.
YAQUIRI CULPA A AUTORIDADES DE LA CDMX Cuando Yakiri Rubí Rubio Moreno salió de prisión y se abrazó de sus padres, empezó una nueva pesadilla: huir, mudarse de domicilio en varias ocasiones, dejar su barrio –Tepito donde vivió siempre–, para evitar ser alcanzada por la venganza de la familia de su violador, a quien le cortó la yugular en defensa propia. La joven que estuvo en la cárcel tres meses por asesinar a uno de sus dos agresores, un par de hermanos que la secuestraron en la colonia Doctores de la Ciudad de México para llevarla a un hotel, golpearla y violarla, fue absuelta del delito de homicidio calificado que el Ministerio Público buscó imputarle, pero no por ello recobró su tranquilidad. La familia del hombre al que asesinó ya pagó una vez para que la asesinaran cuando estuvo presa y ella sabe, dice, que mientras el otro agresor siga libre “por culpa de las autoridades capitalinas”, su vida y la de otras mujeres corre peligro.
“Es un hecho que he venido diciendo desde que estaba en la cárcel. Ellos no tienen porqué meter a mujeres inocentes que se defienden. Cuando salí, salí culpándonos a ellos: si mi agresor responde de manejar agresiva, la culpa la tienen la autoridad por dejar a un agresor en la calle”, reitera.
De las autoridades capitalinas, diceYakiri, sólo recibió acoso. Colocaron una cámara frente a su domicilio en Tepito e intervinieron los teléfonos de ella y de sus familiares.
“Nosotros desconfiamos de la autoridad del Gobierno capitalino, porque siempre protegió a mi agresor. Cuando vivía en Tepito me pusieron una cámara en frente de la puerta. Los teléfonos están aún intervenidos y creemos que es para vigilarnos, para saber qué estamos haciendo”, precisa.
Yakiri sigue esperando la disculpa de Rodolfo Ríos Garza, Procurador General de Justicia capitalino, y de todos los funcionarios que participaron en su proceso, en el que cometieron omisiones y protegieron a sus agresores. A pesar del sufrimiento que padeció por denunciar, Yakiri invita a las mujeres a no quedarse calladas ante una agresión sexual. “Sí, aquí está el resultado de mi caso, no me callé, seguí a pesar de todo. Quería seguir viviendo por mi libertad y contar lo que me había pasado. He invitado a las mujeres a que denuncien, a que no se queden calladas, creo que hay que señalar a los agresores, juzgarlos a ellos”, dice. Yakiri se siente afortunada de haber sobrevivido al ataque que sufrió en ese hotel de la colonia Doctores, en donde creyó en un momento que la lucha estaba perdida y que no saldría de ese lugar con vida.
Su agresor era más fuerte, más alto, le doblaba la edad, el peso y estaba armando. “Tenía todas las de perder. Yo sabía que no iba a salir con vida y no sé que pasó, de dónde saqué fuerza para defenderme. Pero me dieron esa oportunidad para dar el testimonio a muchas mujeres”. VIDEO: YAKIRI RUBIO
