Desmienten versión gubernamental de desalojo en bloqueo a minera en Zacatecas

Manifestantes contra Peñasquito, la mina de oro más grande en Zacatecas, desmintieron la versión de las autoridades estatales sobre que se desalojaron los camiones que mantenían un bloqueo en los accesos del complejo minero, y aseguraron que sólo se liberó la entrada principal pero que seguirán tomados ocho accesos.

Según el vocero estatal de Seguridad, Marco Vargas Duarte, los manifestantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) se replegaron a una zona segura, mientras que se desalojaban los camiones e incluso algunos choferes se retiraban voluntariamente. Sin embargo, el vocero del FPLZ, Felipe Pinedo Hernández, desmintió que los transportistas fueran desalojados y agregó que únicamente se liberó la puerta principal, pero ocho entradas más continuarán bajo el bloqueo para impedir la entrada de insumos industriales y góndolas.

Indicó que mantendrán los bloqueos en los accesos hasta que se instale una mesa de diálogo con la empresa minera, y de lo contrario “tomarán” de nuevo la entrada principal.

La mina Peñasquito afecta a los pobladores por la contaminación del agua con químicos, y próximamente desplazará a familias de al menos cuatro comunidades por ser responsable de dañar no sólo los mantos acuíferos, sino también las aguas subterráneas y superficiales, agregó Pinedo Hernández.

“Arroja desechos mineros que contienen metales pesados y químicos tóxicos como plomo, selenio, arsénico, cadmio y cianuro, que ya han ocasionado enfermedades de la piel entre la población, sobre todo en niños”, indicó.


El pasado 1 de octubre, campesinos de 20 comunidades aledañas al complejo minero conformaron el Frente Común de Afectados por la Minera Peñasquito, el cual busca que se cumplan todas las demandas que plantearon a la minera de la empresa canadiense Goldcorp, entre las que se incluyen la perforación de pozos de agua para consumo humano, indemnizaciones por uso de tierras y empleos directos o indirectos para los habitantes de la zona.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/desmienten-version-gubernamental-de-desalojo-en-bloqueo-a-minera-en-zacatecas/

“La cárcel castiga la pobreza y la disidencia social”: Luis Fernando Sotelo, joven activista condenado a 33 años de prisión

“La cárcel castiga la pobreza y la disidencia social” , afirma Luis Fernando Sotelo Zambrano, joven activista adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, quien el pasado 28 de septiembre inició una huelga de hambre luego de conocer la sentencia que lo condena a 33 años y 5 meses de prisión, el pago de una multa de 519 mil 815 pesos y la reparación del daño de cerca de 9 millones.

Desde el reclusorio sur de la Ciudad de México, Luis Fernando afirma vía telefónica que la sentencia recientemente realizada en su contra por el Juez 32 Penal, responde a su activismo político: “ser joven, vestir diferente, muchas veces define el actuar de la policía, la prisión política va encaminada a segregar a los individuos, a los luchadores sociales, a quienes no compartimos los ‘ideales’ de la sociedad cimentada en la lógica neoliberal. Encarcelarnos es justamente afianzar más la exclusión que de por si ya se realiza en la sociedad y una manera de seguir teniendo el control de la población desde la perspectiva del aparato de gobierno, afirma a Desinformémonos Luis Fernando quien el próximo 5 de noviembre cumplirá dos años en prisión.


El joven activista se encontraba en Ciudad Universitaria repartiendo volantes informativos sobre la situación de presos políticos en la Ciudad de México y otros estados, cuando se percató de la aproximación de un policía. “Desde que lo vi, sabía que se acercaba a mi de manera violenta y agresiva, pensé que me iba a golpear pero de repente dos policías más llegaron por la parte de a tras y me detuvieron sin ninguna orden de aprehensión, en el trayecto hacia el Ministerio Público de Coyoacán, los policías me hostigaban diciendo que me acusarían de asesinato. Fue hasta cuando me encontraba en las galeras cuando supe que me acusaban de ataques a las vías de comunicación, alteraciones a la paz pública y daño a propiedad ajena, dos días después me trasladaron al reclusorio sur.

El joven de 22 años es acusado de quemar la estación y un camión del Metrobús en Ciudad Universitaria, ocurrido ese mismo 5 de noviembre, sin que exista ninguna prueba en su contra. “Las acusaciones son falsas y los delitos son prefabricados, se basaban en el testimonio del chofer del Metrobús, sin embargo él se desdijo, por lo que no hay nada que pueda sostenerlas. La sentencia del Juez es aberrante y nefasta pero me mantengo fuerte, lúcido y consciente, no voy a permitir que la resolución de la autodenominada ‘autoridad’ me quiebre” .

Luis Fernando, quien al día de hoy (5 de octubre de 2016) lleva 700 días preso, junto con Miguel Peralta Betanzos, Luis Fernando Barcenas, Abraham Cortes y Alejandro Montaño Sánchez, cuatro presos políticos más recluidos en Oaxaca y en la Ciudad de México, inició una huelga de hambre contra la sentencia en su contra “pero también para visibilizar el patrón de criminalización contra quienes construyen otras formas vida y organización opuestas al sistema partidista, neoliberal y de dominación”.

“La huelga es indefinida y es para visibilizar mi lucha contra la injusticia y coerción. La solidaridad y reivindicación de la lucha de los otros compañeros presos y para hacer visibles las condiciones del sistema penitenciario en nuestro país, el hacinamiento, cobros ilegales por conceptos ridículos como el ser visitado, el pasar lista, para usar el teléfono, por andar en los pasillos, el servicio médico déspota y de mala calidad”, afirma Luis Fernando quien el próximo 14 de noviembre cumplirá 23 años.

El activista afirma ser objeto de hostigamiento en la cárcel y que su encarcelamiento evidencia el actuar del gobierno de la Ciudad de México y “busca enviar un mensaje de terror y amenaza contra quienes se manifiestan y organizan. Soy adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona asumo y comparto los principios éticos que seguiré defendiendo”.

Sotelo Zambrano, quien es el segundo de tres hijos, hace memoria de la organización y activismo que desde la preparatoria 6 de la UNAM ha tenido: “me involucré en actividades de denuncia y protesta, como la imposición de rejas en las multi canchas que cerró espacios culturales a estudiantes, nos manifestamos también por el mal mantenimiento de los baños, especialmente el de las mujeres, exigíamos más libros en las bibliotecas, denunciamos a personal académico e impulsamos procesos organizativos horizontales que buscaban terminar con esa lógica autoritaria de las propias autoridades universitarias y que refleja en mundo en el que vivimos”.


Luis Fernando reafirma su compromiso con el movimiento social y hace un llamado a sumarse a la campaña nacional e internacional para exigir su libertad y la de los presos políticos en México.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/la-carcel-castiga-la-pobreza-y-la-disidencia-social-luis-fernando-sotelo-joven-activista-condenado-a-33-anos-de-prision/

No hubo falsificación, Cuauhtémoc sí firmó un contrato para ser candidato del PSD: Fiscalía

La Fiscalía de Morelos realizó peritajes a la firma asentada en el contrato y concluyó que si es la rúbrica del exfutbolista. Blanco había denunciado al PSD por falsificar su firma.

La Fiscalía de Morelos concluyó Cuauhtémoc Blanco sí firmó el contrato con el Partido Social Demócrata para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca.

Roberto Yañez presentó ante la Fiscalía del Estado el contrato original que firmó Blanco; tras varios peritajes, las autoridades señalaron que entre la rúbrica del contrato original y la del exfutbolista hay múltiples similitudes por lo que no presenta ningún signo de falsificación, de acuerdo a información presentada por el noticiero 10 en punto.

De acuerdo con el contrato, El exfutbolista y actual presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, recibió siete millones de pesos a cambio de ser el candidato del PSD.

Según el contrato firmado por Blanco el 17 de enero de 2015, –cinco meses antes de las elecciones–, él recibiría el dinero sin importar si ganaba o no la votación. Los siete millones fueron aportados por empresarios de Cuernavaca, y pagados en un lapso de 10 meses.

Este pago se dio a pesar de que el tope de gastos de campaña para esa elección local fue de 4 millones de pesos.

El exfutbolista aseguró que no recibió dinero para ser candidato del Partido Social Demócrata y que no renunciaría a su cargo.

Blanco, denunció ante la Fiscalía de Morelos, el 29 de agosto a los hermanos Roberto Carlos y Julio Yáñez, por supuestamente falsificar su firma en dicho contrato.


Este martes la Fiscalía aseguró que la firma que aparece en el contrato es la del exfutbolista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/fiscalia-morelos-concluye-la-firma-cuauhtemoc-blanco/

Coahuila: más de 3 mil restos óseos hallados en un ejido

El Grupo Vida ha encontrado objetos como osos de peluche, blusas, zapatos, muelas, huesos calcinados e incluso una osamenta completa.

El ejido de Patrocinio, ubicado en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, fue escenario de múltiples ejecuciones de personas, cuyos cadáveres eran calcinados en el desértico lugar; hasta ahora, justo ahí han sido hallados alrededor de 3 mil 147 restos óseos, presumiblemente humanos.

De acuerdo con José Ángel Herrera, subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos, en los operativos de búsqueda que realizan autoridades  desde abril de 2015 en el ejido, se recuperó esa cantidad de restos, no obstante, sólo se ha podido cotejar el registro genético de una persona de las 36 muestras que se han podido analizar.

Las indagatorias de las autoridades locales han cubierto entre un 45 y un 50 por ciento del terreno, luego de una petición realizada por la agrupación civil Grupo Vida, que ha encontrado en Patrocinio objetos como osos de peluche, blusas, zapatos, muelas, huesos calcinados e incluso una osamenta completa que estaba esposada.

El subprocurador aseguró que, además de los huesos, han encontrado casquillos de bala calibre .22 en el ejido que tiene una extensión de 108 kilómetros cuadrados.

Testimonios de campesinos que frecuentaban el lugar afirman que se algunos de los cuerpos fueron “cocinados” en botes de aluminio, de los cuales llegaron a contar 80. Un pastor dijo que hace aproximadamente 4 años vio cuerpos maniatados colocados boca abajo.


Por su parte, las autoridades indicaron que algunos de los factores que dificultan el análisis de los hallazgos son el clima y carbonización de los restos óseos, mismos que han sido enviados a la Ciudad de México para su estudio.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0510/mexico/coahuila-mas-de-3-mil-restos-oseos-hallados-en-un-ejido-video/

Las prisiones del país son gran negocio de unos y el infierno para otros, dice informe de CNDH

Durante 2015, la CNDH realizó un total de 428 visitas de supervisión a centros de detención e internamiento administrados por autoridades de los tres niveles de Gobierno en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. En su informe, la Comisión alerta de malas condiciones en las instalaciones, sobrepoblación, hacinamiento e incluso grupos de poder que operan en prisiones y ministerios públicos de estas entidades.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer hoy su informe 2015 de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) en los centros de detención alrededor del país y alertó diversas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en diferentes centros de detención, que van desde hacinamiento, falta de infraestructura adecuada y de servicios de salud, presencia de grupos de poder en algunas cárceles, y violaciones a sus garantías jurídicas.

La mayoría de estas “situaciones de riesgo”, de acuerdo con la CNDH, vulneran el derecho a recibir un trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud, a la integridad personal, así como a aquellos derechos inherentes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las atribuciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), emanan del Protocolo Facultativo, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que busca proteger, a través de la prevención, a las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión ha realizado revisiones en lugares de detención e internamiento estatales y municipales ubicados en los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, visitas que han dado origen a los correspondientes informes del MNPT dirigidos a las autoridades de esos estados, donde se señalan situaciones de riesgo que transgreden los derechos ya mencionados.

El año pasado, dio seguimiento a los informes dirigidos a autoridades estatales y municipales de Veracruz, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo; además de que se llevaron a cabo revisiones en otras entidades.

El informe de la CNDH detalla que en México existen alrededor de 5 mil lugares que albergan a personas privadas de la libertad, tales como cárceles, separos de seguridad pública, instituciones psiquiátricas, centros de internamiento para adolescentes que infringen la ley penal, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y Fiscalías, entre otras.

Y desde su creación, el MNPT ha visitado 4 mil 104 de estos centros, entre ellos 581 Ceresos, 291 cárceles municipales, 960 separos de seguridad pública o de juzgados cívicos, 261 centros para adolescentes, 1,695 agencias del ministerio público, fiscalías y centros de arraigo, 97 albergues para atención a víctimas de delitos y/o asistencia social, 14 áreas de detención en hospitales, 113 instituciones psiquiátricas, 3 prisiones militares, 14 Ceferesos, 2 instituciones abiertas, 73 estaciones y estancias migratorias.

En tanto, el año pasado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió ocho informes iniciales relacionados con los lugares de detención e internamiento de los estados de Veracruz, Nuevo León, Sonora y Quintana Roo.

En cuanto a los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero la Comisión no ofrece otra observación que la de los centros visitados entre octubre y noviembre de 2015.

En el caso de Tamaulipas refiere que los observadores visitaron 38 lugares de detención, en donde se supervisaron 30 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

Asimismo, de Michoacán menciona que visitaron 37 lugares de detención en donde se supervisaron 20 lugares dependientes del Gobierno del Estado.


Finalmente, de Guerrero indica que visitaron 38 lugares de detención en donde se supervisaron 25 lugares dependientes del Gobierno del Estado.

VERACRUZ:

La CNDH alertó en dos informes emitidos en 2015, de 493 situaciones de riesgo detectadas durante la revisión que realizó a centros de detención en Veracruz. Detalló que del 40 por ciento de los lugares visitados no cumple con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna, principalmente en las áreas de detención de tres agencias del Ministerio Público, los centros de reclusión, el centro de tratamiento interno para adolescentes y en separos de Seguridad Pública.

La Comisión encontró que en al menos seis centros de reclusión de la entidad hay grupos internos que ejercen el control sobro otros presos. A través de entrevistas anónimas, detectó que hay presuntos cobros por alimentación, estancia, protección e incluso para el acceso de familiares, entre otros. Además de que en algunas celdas hay menos internos que en otras y cuentan con artículos electrónicos.

También observó situaciones relacionadas con la escasez de agua corriente, carencia de servicios sanitarios, falta de planchas y colchonetas para dormir, falta de mantenimiento preventivo y correctivo en paredes, techos, puertas, ventanas y pisos, así como en instalaciones sanitarias, y otras; obstrucción de los sistemas de drenaje, fugas en las redes hidráulicas que provocan encharcamientos y filtraciones.

Además, en las agencias del Ministerio Público de la entidad, así como en dos separos de Seguridad Pública, visitados por la CNDH, no se proveen alimentos a los detenidos, debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto. Mientras, en los centros de reclusión la Comisión obtuvo información sobre alimentos de mala calidad e insuficientes, así como la falta de utensilios para su consumo, por lo que la comida se sirve en recipientes de plástico de diferentes tamaños, lo que provoca una distribución inequitativa.

El documento alerta además de sobrepoblación y hacinamiento en al menos 10 centros de reclusión visitados en la entidad; en tanto, en 25 ministerios públicos no cuentan con área de aseguramiento y los detenidos tienen que ser alojados en separos de Seguridad Pública; mientras en 11 penales no hay suficientes teléfonos públicos para los presos.

La CNDH alertó que en la Agencia Primera del Ministerio Público Investigadora en Veracruz se les informó del retraso de hasta seis horas para poner a disposición a un detenido ante un representante legal. Halló también en 21 agencias del Ministerio Público, de 33 visitadas, inconsistencias en registros de las personas detenidas; mientras que en los centros de reclusión visitados encontraron como una constante la carencia de reglamentos y manuales para la actuación de las aturodiades.

NUEVO LEÓN:

En junio de 2015, la CNDH emitió un informe al Estado de Nuevo León donde alertaron de 395 situaciones de riesgo halladas en lugares de detención visitados en la entidad. En esa entidad, en 24 de los 27 separos de Seguridad Pública y en cinco de seis cárceles visitadas se observaron carencias en los dormitorios, en los baños, falta de mantenimiento e higiene y específicamente en los penales, filtraciones y humedad, así como fauna nociva.

El informe detalla que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciénega de Flores y en la Cárcel Municipal de Guadalupe se presenta sobrepoblación de 50 por ciento y 62.5 por ciento, respectivamente; en seis lugares de arresto se detectó hacinamiento pues no se realiza una distribución equitativa de las personas privadas de la libertad en las celdas disponibles: “en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca había 27 personas arrestadas en una estancia sin camas”, ejemplifica. Mientras, en 24 centros de detención visitados, entre ellos seis penales, no hay áreas exclusivas para mujeres.

En 18 separos visitados y en cinco cárceles obtuvieron información de que las personas detenidas y presas únicamente reciben alimentos dos veces al día y entrega de despensa semanal escasa y de mala calidad.

Además, detalla la CNDH, en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad en Monterrey se permite que los detenidos sean entrevistados y fotografiados por la prensa. Encontró que en 15 separos las sanciones administrativas son impuestas por autoridades no competentes; mientras en 12 centros de arresto las entrevistas y la comunicación con familiares se lleva a cabo sin privacidad.


Además, en 22 centros de detención, entre ellos cinco penales, no se cuenta con reglamentos internos o manuales de procedimientos; en tres de ellos no se realizan exámenes de certificación de integridad física; cinco cárceles crecen de servicio médico y dos no tienen personal profesional suficiente; y en cinco separos visitados las revisiones médicas se han sin condiciones de privacidad.

SONORA:

En el estado de Sonora la CNDH alertó de 422 situaciones de riesgo en centros de detención e internamiento, que quedaron aventados en un informe emitido en agosto del año pasado. En esa entidad se detectó que en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, en Hermosillo, y de la Dirección General de Justicia de la Policía Estatal Investigadora, en Cajeme; 12 centros de reclusión y los centros de tratamiento interno para adolescentes, no cumplen con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna, principalmente en las áreas de detención de dichos establecimientos.

Se halló que 26 ministerios públicos no cuentan con las áreas de aseguramiento necesarias y que en 11 penales hay sobrepoblación y hacinamiento; y en ocho centros de reclusión las secciones exclusivas para mujeres no cuentan con áreas de protección, cocina, de visita, entre otras.

Además, el documento detalla que en ocho penales se detectaron grupos internos de poder que cobran para proteger a otros internos, para asignarles un sitio dónde dormid, el uso del teléfono y el acceso a sus familias, entre otras cuestionas; además de estancias que están habitadas por menos presos y que cuentan con mobiliario y artículos electrónicos.

En 13 Ministerios Públicos se detectó que no se cuenta con defensores públicos y en nueve agencias comunicación las entrevistas de detenidos con abogados y su comunicación telefónica se lleva a cabo sin privacidad; mientras en la a Agencia Investigadora del Ministerio Público Sector 2, en Navojoa, la puesta a disposición de un detenido ante un representante social tarda hasta ocho horas.

En tanto, Centro de Reinserción Social Hermosillo I, carece de registros de ingresos, egresos y traslados de los internos, mientras que los centros de tratamiento interno para adolescentes “Granja Lic. Marco Antonio Salazar Siqueiros” y “Granja San Antonio”, ambos en Hermosillo,Informe de Actividades del MNPT 2015 63 no cuentan con un registro de los traslados de los menores de edad.

QUINTANA ROO:

En mayo de 2015 se llevó al cabo una visita a 40 lugares de detención del Estado de Quintana Roo, en donde se supervisaron 25 lugares dependientes del Gobierno del Estado. Para ellos, la CNDH señaló 179 situaciones de riesgo.

En sus observaciones, la Comisión menciona pobres condiciones de las instalaciones, pues refiere que además de precarias condiciones de higiene e infraestructura anticuada, los internos carecen de algunos servicios como camas, lavados, agua, entre otros.

Asimismo, señala que en algunas agencias del Ministerio Público no se le da de comer a los detenidos por falta de presupuesto para ello, además de que en dos centros de reinversión social (Chetumal y Cozumel) los alimentos son insuficientes.
De acuerdo con la CNDH, un problema común es el de sobre población y hacinamiento. En ese sentido menciona el caso de la Agencia del MP No. 11, en donde explica que dos celdas de aproximadamente cinco por tres metros cada una alojaban a 25 y 15 personas respectivamente.

Entre otras cuestiones, la CNDH encontró que en algunos centros de detención no existen áreas designadas para alojar exclusivamente a mujeres; que existen grupos de reos que ejercen presión sobre los internos para el cobro de cuotas y la extensión de privilegios; que en algunas agencias del MP no se cuenta con defensores públicos adscritos; que al menos tres centros de reinserción no cuentan con teléfonos públicos “para el uso de personas privadas de la libertad”; así como fallas en la clasificación de reos, denuncias de actos de tortura o maltrato y la falta de recursos e instalaciones medicas adecuadas.


Finalmente, la Comisión menciona que algunos centros no cuentan con suficiente personal o que no cuentan con capacitación; que en muchas de las agencias visitadas no se supervisa el trato que reciben los internos; así como la falta de aplicación de programas para la atención de adicciones y de discapacidades psicosociales.

CHIAPAS:

En marzo de 2014, la CNDH supervisó los avances alcanzados en 56 lugares de detención e internamiento bajo la jurisdicción del ejecutivo local del estado de Chiapas. Entre sus observaciones se encuentran las siguientes:

En cuanto al “derecho a recibir un trato humano y digno”, la Comisión menciona que en algunos centros no se proporcionan alimentos ya que el ayuntamiento “no asigna una partida para tal efecto”; además de que en algunos de ellos no hay una área exclusiva para mujeres, por lo que son alojadas inclusive en áreas abiertas.

Del “derecho a la legalidad y seguridad jurídica” indica que en algunos lugares de detención no cuentan con registro de las personas que visitan a los arrestados, además de que no hay un reglamento interno ni manuales en los que se precisen los procedimientos que deben seguir los servidores públicos durante el ingreso, estancia y egreso de las personas privadas de la libertad.

En cuanto al tema de la salud, la Comisión menciona que en algunos centros (no especificados) la certificación de integridad física se realiza en presencia de personal policial, un aspecto positivo.

Sin embargo, de los centros supervisados la CNDH menciona que el derecho a la integridad personal se ve vulnerado debido a la existencia de jueces que no han recibido capacitación en materia de prevención de la tortura, así como la carencia de programas para prevenir y, en su caso, enfrentar situaciones de emergencia o eventos violentos.


Finalmente, la dependencia señala que muchos de los centros de detención no cuentan con las instalaciones o las condiciones suficientes para facilitar la accesibilidad de las personas con alguna discapacidad física.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-10-2016/3100624

"Sesgo partidista" en presupuesto, reprocha PRD a Meade

Ciudad de México. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió hoy por la mañana en Palacio Nacional con los gobernadores del PRD acompañados de la líder perredista Alejandra Barrales y del coordinador y vicecoordinador de esa fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano, respectivamente, para explicar el contenido del paquete económico para 2017 y sus restricciones presupuestales.

Piden en Senado a Nuño cesar despido de maestros

Ciudad de México. Al iniciar la comparecencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ante el pleno del Senado, los grupos parlamentarios del PRD y PT se pronunciaron en contra de la reforma educativa y demandaron al funcionario cesar el hostigamiento y los despidos contra en magisterio disidente.

Por su parte, al hablar a nombre del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks reclamó a Nuño la omisión del caso Nochixtlán en el cuarto Informe del presidente Enrique Peña Nieto.

En su intervención inicial, Nuño resaltó los logros de esa reforma, que ha permitido, dijo, recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, pese a que se trata “de un proceso difícil y complejo, que enfrenta muchísimas resistencias”.

El titular de la SEP resaltó que se está transformando el sistema corporativo y clientelar para sustituirlo por uno nuevo basado en obligaciones y derechos. Dijo que de entrada se sabe ya con plena objetividad cuántos maestros hay, cuántas escuelas y qué necesidades tienen.

Recalcó que hay 770 mil maestros en todo el país que ya pasaron por el proceso de evaluación. Insistió, asimismo, en que se vive uno de los momentos más importantes del país por el cambio al sistema educativo.

Sin embargo, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, exigió derogar la “mal llamada reforma educativa”, todo vez que ha roto con la convivencia, no respeta los derechos laborales del magisterio y no transforma realmente el modelo educativo.

Es una reforma, insistió, que deja indefensos al magisterio y a la sociedad y que avanza a la privatización del sistema educativo.

Por su parte, al hablar a nombre del PRD, el senador Raúl Morón demandó que se revise el sistema educativo para cambiar el modelo de evaluación punitiva, por uno distinto que sea incentivo para el mejoramiento profesional de los maestros.

El legislador perredista convocó a Nuño a iniciar de inmediato un proceso de consulta sobre el nuevo modelo educativo.

A su vez, el panista Romero Hicks, que es presidente de la Comisión de Educación del Senado, reclamó la ausencia en el Informe presidencial de la responsabilidad de la SEP en los hechos de Nochixtlán.

“No hay una sola mención de los heridos” y leyó los nombres de una veintena de personas que resultaron lesionadas en los hechos del pasado mes de junio en que la Policía Federal intentó romper por la fuerza un plantón que realizaba en ese municipio oaxaqueño la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El senador panista le reclamó también al titular de la SEP que no se sancione de manera ejemplar el plagio de tesis académicas, ello en referencia al caso en que se vio envuelto el presidente Peña Nieto.


Le demandó, asimismo, que aclare “los pactos secretos” que el gobierno federal haya signado con la CNTE.

FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/05/piden-en-senado-a-nuno-cesar-hostigamiento-contra-maestros

Más de 28 mil policías en México no son aptos para el cargo

La ley señala que cuando los policías no son aptos para sus cargos deberían abandonarlos, pero en el caso de México siguen en funciones pese a reprobar los exámenes toxicológicos y de confianza.

En México 28 mil policías han reprobado los exámenes de control y confianza y aun así vigilan las calles.

Son policías que reprobaron pruebas de polígrafo, toxicológicas y habilidades y no son aptos para el cargo. De acuerdo con la ley, debieron de haber sido destituidos.

Hay entidades como Sinaloa donde más de la mitad de los agentes de investigación y policías municipales no son confiables.

En números absolutos, Veracruz es el estado con más policías estatales reprobados: casi uno de cada tres de los que están en las calles.

Una tarea inconclusa

Desde 2008, el gobierno federal y los estados acordaron la necesidad de depurar de fondo las corporaciones policiales para tratar de limitar actos de corrupción y mejorar el combate al delito.

En 2009 se publicó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece que todo policía preventivo o de investigación del país debe acreditar los procesos de control de confianza.

Dicha ley establece en su artículo 73 que los policías son trabajadores de confianza y por lo tanto su nombramiento se puede “dar por terminado el cualquier momento” en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.

Se obliga a los policías a estar certificados para ejercer el cargo.

Pero los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública revisados por la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, revelan que a ocho años de iniciada la depuración ésta no se ha consumado por lo menos al nivel estatal y municipal.

En México hay 303 mil 492 policías estatales, ministeriales y municipales que están en activo y ya fueron evaluados con las pruebas de control de confianza, indica el reporta de Causa en Común.

De todos ellos poco más de 28 mil, que equivalen al 9.2 %, están reprobados y por lo tanto no tienen certificación para ser policías, pero siguen en sus puestos.

En el análisis por el tipo de policía, los mayores rezagos se encuentran en las corporaciones de seguridad más cercanas a los ciudadanos: las municipales.

De los 127 mil 431 policías municipales evaluados actualmente, el 11.7 por ciento -el equivalente a poco más de 15 mil agentes- no son confiables.

Lo anterior significa que, en promedio, por lo menos uno de cada diez policías municipales no debería estar en funciones.

En el caso de los 51 mil 622 policías ministeriales o de investigación (conocidos como judiciales) ya evaluados, 4 mil 287 que –el equivalente al 8.16 %- no superaron los exámenes y no son confiables.

De los 124 mil 439 policías estatales evaluados, 9 mil 109 –el 7%- no son confiables.

Corporaciones y policías poco confiables

En el país hay estados donde la depuración policiaca tiene mayores retrasos que en otros. El caso mas crítico es el de Sinaloa, que tiene los niveles más altos de policías no confiables a nivel nacional en todas sus corporaciones: policía estatal, policía ministerial y policías municipales.

En el caso de los agentes ministeriales, de los mil 187 elementos adscritos a la procuraduría de Sinaloa 654 están reprobados. Equivalen al 55 por ciento de toda la fuerza.

En tanto, de los cuatro mil 796 policías municipales hay dos mil 413 que no superaron las pruebas; es poco más de la mitad de toda la fuerza.

Y en el caso de los policías estatales, 592 de los mil 1607 que están en las calles de la entidad carecen de certificación ya que reprobaron las evaluaciones. Se trata de casi el 37 % de toda la corporación, el mayor porcentaje para cualquier policía estatal.

Michoacán es la segunda entidad con el mayor porcentaje de policías estatales reprobados en activo. Sus 510 elementos no confiables representan casi el 30 % de toda fuerza policial.

Luego le sigue Veracruz con el 27 % de todos sus policías en activo reprobados. El estado que gobierna Javier Duarte es además la entidad, en términos absolutos, con la mayor cantidad de policías no confiables en las calles: casi mil 700 elementos.

Baja California es la segunda entidad con el mayor número de policías ministeriales (judiciales) poco confiables: el 38 por ciento de todos los agentes en activo; también es la cuarta entidad con el mayor nivel de policías estatales reprobados (21 por ciento), y la tercera en policías municipales (39 por ciento).

Guerrero se ubica en el quinto puesto nacional en cuanto a policías estatales no confiables en activo y en cuarto sitio respecto a sus policías municipales. Esta entidad registra en 2016 la segunda tasa más alta de homicidios del país.


Se trata de estados que actualmente enfrentan problemas de seguridad pública.

Pruebas pendientes

Aplicar una vez las pruebas de control de confianza a un policía no basta. Su certificado de que es confiable debe renovarse cada tres años con una nueva sesión de pruebas, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este renglón también hay estados rezagados.

El análisis de Causa en Común destaca que en lo referente a policías estatales Guanajuato tiene pendiente la renovación de la certificación del 47 % de sus elementos.

Le sigue Tlaxcala con 44 %; Michoacán con 38 %; Sonora con 35 % y Yucatán con 29 %.

Respecto a las policías ministeriales, Morelos registra el mayor retrasado con el 38 % de sus elementos cuyo certificado no se ha renovado; seguido de la Ciudad de México y Yucatán con 36 %, Durango con 35 % y Michoacán con 33 %.


“Resulta preocupante que, ante la debilidad e incluso ausencia de mecanismos de control y supervisión, en las entidades federativas exista un rezago proceso de renovación de certificados de control de confianza”, advierte la organización.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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Juez y parte: diputado que legisla a camiones de doble remolque tiene una empresa de transporte

El diputado Alfredo Rodríguez Dávila, presidente de la comisión que discutirá la prohibición o regulación de los camiones de doble remolque, es dueño de una empresa transportista; el IMCO advierte un conflicto de interés del legislador panista.

Alfredo Rodríguez Dávila es presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo es dueño y director de la empresa Corsa Transportes, dedicada al traslado de mercancías en vehículos pesados, incluyendo de doble remolque.

En las semanas próximas, los legisladores debatirán la prohibición o regulación de los camiones de doble remolque y Rodríguez Dávila será uno de los encargados del cabildeo con los empresarios, participará en los foros de consulta y si la iniciativa llega al pleno de la Cámara de Diputados, votará.

En entrevista con Animal Político asegura que su voto “será igual de válido que el de cualquier otro diputado” y su posición como parte de la industria y al mismo tiempo como un legislador que definirá una nueva normatividad, no supone un conflicto de interés.

El debate sobre la pertinencia de los camiones doble remolque en las carreteras mexicanas surgió nuevamente debido a accidentes provocados por este tipo de vehículos en el último mes y que han dejado muertos y heridos. Diputados y senadores han presentado iniciativas para prohibir la circulación de dichos automotores y el próximo 19 de octubre iniciará un foro de análisis sobre el tema.

El diputado Rodríguez Dávila ha recibido a los empresarios transportistas, pero no estuvo en la reunión con los ciudadanos que impulsan la prohibición. Como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados será un actor activo en las discusiones, pero cualquier decisión, dice, “será por consenso”.

El diputado panista ha llevado su carrera política y empresarial a la par. En 1999 fue coordinador en las precampañas del PAN a la presidencia municipal de Monterrey y ha sido legislador local y federal; desde 1996 es propietario y dirige la empresa Corsa Transportes, establecida en Nuevo León, de donde es originario.

Según la página de internet de la empresa de carga, da “servicio en plataformas y equipo especializado como Step Decks y Double Drops”, con lo cual cumplen las necesidades de los clientes para el “traslado de mercancía tanto con exceso de dimensiones como en carga Legal”.

La empresa opera en México, Estados Unidos y Canadá con “250 remolques propios y 90 tractocamiones” y entre sus clientes están las siderúrgicas Deacero, Ternium y Villacero; la empresa proveedora de autopartes automotrices, Metalsa; Prolamsa, dedicada a la fabricación de productos laminados, y Prolec, fabricante de generadores eléctricos, entre otras.

Corsa Transportes forma parte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), organizaciones involucradas en el debate sobre los camiones de doble remolque.

– ¿Ve un conflicto de interés en esto?

– El conflicto de interés sería inverso. Porque si se eliminan los doble remolques habría más trabajo para los transportistas. La perspectiva que se pudiera tener es estar apoyando que se eliminaran porque se necesitarían el doble de camiones pero estamos aquí con el interés de hacer lo mejor para el país.

– ¿Es posible estar en ambas líneas y en este caso, en algo que se va a legislar?

– Todos los que participan liderando comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados normalmente deben tener un conocimiento amplio de lo que se está planteando. ¿Quién preside las comisiones de salud? Los doctores; en la de educación, maestros; en medio ambiente, especialistas. Es una práctica en todo el mundo, no solamente en esta cámara y esta comisión. Si hablamos de una reforma electoral o transparencia podríamos llegar al ridículo de que nadie puede llegar a legislar porque todo mundo vota.

Con este argumento, descartó retirarse del debate que se intensificará en los próximos días en ambas cámaras.

En tanto, el diputado panista Jorge López, secretario de la comisión de Transporte y autor de la iniciativa para prohibir el doble remolque en la Cámara de Diputados, asegura que Rodríguez Dávila debe continuar en la discusión y darle “un voto de confianza”.

Aunque tenga actividades privadas, el legislador debe privilegiar el interés social. “Si en la actividad legislativa de día a día se acredita que los legisladores estamos defendiendo el interés de los ciudadanos, no vería ningún conflicto de interés. A las pruebas nos debemos remitir y yo daría un voto de confianza respecto a esta y otras iniciativas”, afirma López.

¿Conflicto de interés? 

Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que en este caso, el diputado debería “excusarse” del proceso legislativo y privilegiar el interés público.

“El conflicto de interés no es un acto irregular, pero es una situación de riesgo, por eso se trata de evitar. No queremos que haya conflicto de interés porque normalmente cuando lo hay, lo que pasa después es un acto de corrupción”, asegura en entrevista.

Kaiser, integrante de la International Anti Corruption Academy, considera que “la salida más adecuada en este caso sería que el diputado no participara en la discusión porque si se privilegia en un sentido o en otro, la decisión quedará manchada y se trata de proteger a las instituciones”.

El IMCO fue una de las organizaciones que impulsó la Ley 3de3 que buscaba que todos los funcionarios públicos difundieran su declaración patrimonial, fiscal y de interés, para que la ciudadanía conociera sobre los bienes que poseen, los impuestos que pagan y las actividades adicionales a la labor pública que realizan.

El julio próximo entrará en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé la figura de conflicto de interés y, en casos como este, existirá una comisión que analice la situación y determine si un funcionario público debe participar o excusarse de algún proceso donde persista un conflicto de intereses y pueda derivar en un acto de corrupción.


Por lo pronto, ninguna legislación obligaría a algún funcionario de abstenerse de participar en procesos donde converjan sus intereses particulares y públicos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Gobierno reforzará vigilancia a camiones de doble remolque, tras llamados para prohibirlos

Ciudadanos y legisladores han lanzado propuestas para prohibir su circulación, ya que ese tipo de camiones han estado involucrados en accidentes.

Tras las propuestas legislativas y los llamados ciudadanos en plataformas como Change.org para prohibir en el país la circulación de los camiones de doble remolque, las autoridades federales informaron sobre la firma de un acuerdo para reforzar la supervisión al transporte de carga, y que se convocará a un foro para analizar la norma que regula su peso y dimensiones.

“No buscamos mayores infracciones, detener la economía del país, sino cuidar la vida a partir de la aplicación estricta de la norma en nuestras carreteras”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, de acuerdo con un comunicado este miércoles 5 de octubre.


El funcionario dijo que en el poder Legislativo está previsto que se discuta el tema de los camiones de doble remolque, en los próximos días.

Además “recordó que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se encuentra en revisión por la Cámara de Diputados”, aunque era necesario lanzar medidas para responder a la exigencia ciudadana.

El acuerdo fue firmado por la Segob y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Gerardo Ruíz Esparza, titular de la SCT, recordó que la Norma Mexicana sobre Pesos y Dimensiones, revisada en 2014, redujo el peso de 80 a 75.5 toneladas, y estableció como velocidad máxima los 80 kilómetros por hora y una dimensión máxima de 31 metros.

Además “restringió la circulación de doble remolque exclusivamente por carreteras de alta especificación y redujo de cinco a dos años la vigencia de las licencias para conducir este tipo de unidades, además de establecer una capacitación especial para su operación”.

El funcionario señaló que aunque ya existen esas medidas “se convocará a un nuevo foro de expertos para definir las nuevas condiciones a esta Norma”. 

Además “exhortó a las cámaras del autotransporte y a los conductores a concienciar sobre la importancia de observar y dar el debido cumplimiento de las normas en la materia, así como a las señalizaciones existentes en todas las vías por las que transiten”.

E hizo un llamado “a los empresarios del ramo incorporar a sus unidades dispositivos de localización o GPS, a realizar los trámites necesarios para que cuenten con autorización expresa de la SCT para operar doble remolque y con una placa especial”.

El pasado 9 de julio murieron tres personas en la carretera México-Cuernavaca, y en el hecho estuvo involucrado un tráiler de doble remolque.

Héctor Gandini, padre de uno de los fallecidos, ha exigido desde entonces que para evitar casos similares las autoridades regulen o restrinjan la circulación de ese tipo de unidades.

En tanto, en el ámbito legislativo, el PRD, el PAN, el Partido Verde e incluso el PRI han presentado iniciativas o respaldado la idea de acabar con el paso de los camiones de doble remolque en las carreteras, ya que representan un riesgo para la ciudadanía.


En ese sentido, el secretario Ruiz Esparza ha señalado que prohibir no es la solución, sino regular de forma adecuada, revisando la velocidad en que circulan, y las condiciones de los vehículos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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¡Reclámenle al presidente!

Desde el 2006, cuando Felipe Calderón se puso una casaca y el kepi militar para declarar la guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas comenzaron a sufrir bajas innecesarias que han ido aumentando y hoy preocupan porque las hace ver vulnerables.

Así ocurrió en Sinaloa el pasado viernes, cuando murieron cinco soldados acribillados por un grupo de sicarios que los masacró en las calles de Culiacán.

Sectores de la opinión pública han manifestado su malestar porque la ciudadanía no ha protestado contra estos asesinatos como sí lo han hecho contra la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pero el reclamo no debería ser contra la sociedad, sino contra quien los mandó a esta guerra: el presidente de la República, Felipe Calderón, en su momento, y ahora Enrique Peña Nieto.

Como jefe de las Fuerzas Armadas, el panista en el 2006 y ahora el priista, son los responsables directos de exponer al Ejército, Marina y Fuerza Aérea al riesgo de ser acribillados en las calles, montañas, sierra y en el mar donde opera el crimen organizado.


Pero Calderón Hinojosa y Peña Nieto no solo expusieron a las tropas militares a los ataques de ejércitos irregulares de sicarios con capacidad de derribar aeronaves, sino también a la infiltración y corrupción institucional, ocasionando un daño más severo que es la pérdida de la confianza y la credibilidad que se les tenía en amplios sectores de la sociedad.

Poco antes de terminar su mandato, Felipe Calderón quiso resarcir ese daño al mandar a hacer un memorial en el Campo Marte dedicado a los soldados caídos en la guerra contra el narcotráfico.
Esta acción fue porque el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad exigió levantar un memorial por las miles de víctimas civiles que han muerto o desaparecido, precisamente en medio de esta declaración de guerra contra el narcotráfico.

Hoy que las Fuerzas Armadas siguen sufriendo bajas –76 en los últimos cuatro años y mil 45 ataques, según un reportaje publicado en Milenio–, Peña Nieto mantiene la misma estrategia militar y policiaca de lucha contra el crimen organizado, sin tocar lo que más les duele: el bolsillo.

Mientras siga esta estrategia dictada desde la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas seguirán siendo el objetivo de los ejércitos irregulares conformados por sicarios bien armados con fusiles de asalto, granadas, lanzacohetes y otras armas de alto poder.

Pero sobre todo, serán el blanco de los jefes del crimen organizado que tiene un arma más poderosa: el dinero suficiente para corromper a los altos mandos militares.


Así que el reclamo de defender a los militares caídos en esta guerra no debe ser a la sociedad, sino al jefe máximo de las Fuerzas Armadas, al Presidente de la República, quien es el responsable directo de mandarlos labores policiacas para las cuales no están preparados, a combatir a fuerzas criminales que actúan como guerrilla urbana, a ser acribillados en emboscadas y, sobre todo, a luchar contra un poder que ha crecido de manera impune dentro del propio gobierno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/457563/reclamenle-al-presidente

Toman oficinas en Oaxaca para exigir el esclarecimiento del crimen de líder triqui

CIUDAD DE MÉXICO: A seis años del asesinato del líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, integrantes de esa organización cerraron este miércoles los accesos de Ciudad Administrativa en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, para exigir el esclarecimiento del crimen y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

En el acceso principal y el estacionamiento del complejo de oficinas, los manifestantes colocaron mantas y formaron una valla con carteles para demandar al gobierno estatal que cumpla con los proyectos productivos y de infraestructura.

De acuerdo con Sergio Cruz Ruiz, integrante de la dirigencia del MULT, el gobernador Gabino Cué hizo compromisos de diversas obras, pero hasta la fecha las autoridades no han hecho nada.

Y señaló que la protesta también se debe al recorte presupuestal de más de 50% a dependencias que apoyan al campo y a los pueblos indígenas.

Eso es “un insulto”, dijo, porque si antes no alcanzaba para atender a todas las comunidades, ahora van a decir que ya no hay recursos y menos podrán salir del rezago y la miseria.


Por su parte, Rufino Merino Zaragoza, dirigente del MULT, precisó que también instalaron bloqueos carreteros en entradas y salidas de los municipios de Tlaxiaco, Nochixtlán, Huajuapan de León, Juxtlahuaca, Putla de Guerrero, Juchitán, Pochutla, Río Grande y Huatulco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457587/toman-oficinas-en-oaxaca-exigir-esclarecimiento-del-crimen-lider-triqui

Normalistas de Ayotzinapa rinden homenaje a uno de sus dos compañeros asesinados en asalto

Ayer fueron asesinados dos normalistas que viajaban en una Urvan, hoy, familiares y amigos le rinden homenaje en Chilpancingo con gran pesar.

Familiares, normalistas y maestros participan en una guardia de honor privada en la Normal Rural de Ayotzinapa para uno de los dos estudiantes que fueron asesinados ayer en la capital junto con otros tres pasajeros de una Urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla.

En la guardia de honor para Johnatan Morales Hernández, originario de Saucitos, municipio de Tecoanapa, uno de sus compañeros de grupo denunció que no es nada fácil esta situación porque fueron cuatro años de mucho esfuerzo, de pasar juntos el tiempo, jugar, hacer travesuras.

“Nos conocemos perfectamente, al igual con Filemón, esto no puede quedar así”, dijo y agregó que siente un gran dolor por tanta sangre de jóvenes que solo se quieren superar y que son asesinados y masacrados. “Siempre estarán en nuestra mente y corazones y que Ayotzinapa siempre será nuestra segunda casa y aquí seguiremos para alcanzar ese sueño que soñamos al llegar a esta institución”, expresó.


Hasta minutos antes de las 10 de la mañana los asistentes esperaban el cuerpo del normalista, Filemón Tacuba Castro, del grupo cuarto B, originario de la comunidad de Apantla, municipio de Ayutla, porque los trámites en la Fiscalía General del Estado aún continuaban.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-10-2016/3100539

Una riña en penal de Matamoros, Tamaulipas, deja al menos cinco internos heridos

La riña dentro del penal, ubicado en el ejido Santa Adelaida de Matamoros Tamaulipas, dejó cinco personas heridas durante la madrugada de hoy.

Cinco personas heridas es el saldo preliminar de una riña entre internos en el Centro estatal de Ejecución de Sentencias de Matamoros, informó el Gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca.

Ayer por la noche trascendió en redes sociales de sitación de riesgo (SDR) el reporte de detonaciones de arma de fuego en el penal ubicado en el ejido Santa Adelaida en Matamoros, Tamaulipas.

El Gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, entrevistado hoy por la mañana en el programa televisivo Despierta, indicó que los disturbios registrados desde las 23:00 horas fueron al parecer por una riña entre internos del penal.

El saldo preliminar es de cinco personas heridas, de acuerdo a lo señalado por el mandatario estatal. “Tuvimos apoyo por parte de la policía estatal, la Marina y el Ejército, que estuvieron ahí para poder controlar la situación que se registró alrededor de las 11 de la noche”, expresó.


Sobre los narcobloqueos, ejecuciones y diversos acontecimientos violentos registrados en la entidad Tamaulipeca durante las últimas horas en las que recién llega al gobierno, Cabeza de Vaca enfatizó “yo creo que mas allá de eso es la situación que se había manejado, que se maneja durante muchos años en el estado maneja en el estado. Te recuerdo que encontramos un estado con institución débiles por un lado”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-10-2016/3100468

Violencia de genero: Seis datos de un delito que se extiende por toda la República

La violencia de género parece no tener fin: las mexicanas siguen siendo abusadas y acosadas sexualmente lo mismo en la calle, que en el transporte público y en sus centros de trabajo, e incluso, con una alta incidencia, en sus propios hogares. A pesar de que el fenómeno de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en México se denuncia constantemente y es objeto de campañas para combatirla, es poco lo que se ha logrado. En tanto, la incidencia repunta año tras año.

La violencia contra la mujer no es un fenómeno nuevo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la define como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

En México, la violencia de género es un problema que agobia al país y que alcanza niveles alarmantes. De acuerdo con datos de la “Estadística a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2015”, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres al día en el país.

El mismo Inegi califica esta violencia como un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo México.

“63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial y discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por cualquier agresor, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por personas conocidas o extrañas”, consigna el Instituto.

VIDEO:

FUENTE: SIN EMBARGO.

TITULO ORIGINAL: Violencia contra las mexicanas: Seis datos de un delito que se extiende por toda la República.

AUTOR: REFACCIÓN.

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La PGR descarta que secuestro y asesinato de española fue coordinado desde la cárcel

La PGR aseguró que la versión de que el plagio de la española María Villar fue coordinado desde la cárcel “no consta en el expediente de la investigación correspondiente”.

La Procuraduría General de la Republica (PGR) aseguró que la versión de que el secuestro de la española María Villar Galaz, asesinada el mes pasado en México pese al pago de un rescate, hubiera sido coordinado desde la cárcel por el presunto líder de la banda de secuestradores responsable del crimen.

“En relación con versiones periodísticas, según las cuales desde un centro de reclusión se habría coordinado el plagio”, la Procuraduría General de la República (PGR) aclara que “dicha información no consta en el expediente de la investigación correspondiente”, según un comunicado enviado por la PGR a EFE.

La nota recuerda que, tal y como se informó el pasado lunes en una rueda de prensa, “hasta el momento una persona ha sido detenida por su vinculación directa con los hechos en los que perdió la vida Villar Galaz”.

María Villar Galaz es sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y trabajaba de ejecutiva en la División de Servicios de Consultoría de Negocios de IBM México.

“Las investigaciones continúan, a fin de presentar ante la Justicia a otros probables responsables de delitos relacionados con el caso”, detalla la PGR, antes de aclarar que “informará en su momento a la sociedad sobre nuevos avances de la indagatoria” y de reiterar “su compromiso para impedir que prevalezca la impunidad ante estos deplorables sucesos”.

La cadena mexicana Televisa informó en su noticiero nocturno del martes que, “de las pruebas obtenidas por la PGR se confirmó que uno de los integrantes del grupo que secuestró y asesinó a la española María Villar Galaz es un interno del Reclusorio Oriente”, una penitenciaría de Ciudad de México.

“Desde esa cárcel habló con el esposo de la víctima, negoció y aparentemente era el líder de las banda de secuestradores”, sostuvo la cadena televisiva.

Según esa versión, “el pasado 13 de septiembre tres integrantes de este grupo criminal se reunieron afuera de la estación Auditorio del Metro, en Paseo de la Reforma, y se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un secuestro exprés en Santa Fe (barrio del oeste de la capital)”, donde fue retenida la víctima.

“El 14 de septiembre, desde el Reclusorio Oriente, se hicieron las llamadas para negociar el pago del rescate. Se acordó que serían 65.000 pesos (3.386 dólares) y se entregarían en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en un sitio que está muy cerca de la casa de Óscar Saúl Roldán Rodríguez (único detenido en el caso), en Iztapalapa”, en el oriente de la capital.

Tras el cobro del rescate, “los delincuentes fueron a otro cajero automático en Iztapalapa y retiraron 3.000 pesos (155,4 dólares) de una segunda tarjeta bancaria, (y) después asesinaron a María Villar”.

La fiscalía informó hace dos días que Villar Galaz, de 39 años, fue una víctima “circunstancial” de un grupo de delincuentes muy violento entre los que se encontraba un hombre identificado como Óscar Saúl “N”, detenido el jueves pasado.


Fue hallada sin vida el 15 de septiembre, dos días después de su secuestro, en un riachuelo de la comunidad Mirasol, en el municipio de Santiago Tianguistenco, central Estado de México, vecino de la capital.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-10-2016/3100507