Ocotlán, Jalisco. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la captación de inversión extranjera y el dinamismo que ha registrado la economía interna ha permitido que en la actualidad se haya alcanzado una tasa de desempleo de cuatro por ciento, la cual es la más baja desde 2008 lo que expresa además que en esta administración se han creado, según la ultima cifra del Inegi, 2 millones 300 mil empleos. No obstante, el mandatario reconoció que “no hemos crecido lo que podíamos haber crecido, en mayor dimensión y en mayor proporción". Pero en el entorno global, donde se observa el crecimiento y desaceleración en las economías de varios países, "podemos ver que México está creciendo, su dinamo interno también está creciendo”, señaló. Durante la inauguración de la nueva planta de formulas lácteas de la empresa Nestlé, el mandatario mencionó que la nueva inversión de la empresa suiza de 245 millones de dólares forma parte ya de los 120 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en este sexenio, cifra que supera en 40 por ciento la captada durante la pasada administración. Ante representantes de la empresa, el presidente dijo que esta captación de inversiones obedece en gran parte a las reformas estructurales que se han impulsado en los últimos años, “No es retórica” insistir en ello, agregó, por lo que celebró que previamente el representante de la empresa, Laurent Freixe, haya aludido a estos cambios como una forma para que el país atrajera mayor inversión. “Esto no es casual, México sin duda hoy viene a consolidarse como un destino confiable en el mundo, precisamente a partir de cambios estructurales que hemos impulsado, como pareciera una retórica recurrente, pero es que no hay que perder de vista y agradezco mucho que sean las empresas que están invirtiendo que así lo testimonien. “Por que no bastará con que el gobierno de la República pueda decirlo y lo recuerde a su sociedad casi todos los días, sino el mayor testimonio, lo que mayor crédito da a esto que hemos difundido ampliamente, el por qué México se coloca como un destino confiable”.
CIUDAD DE MÉXICO: La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), llamó a declarar el próximo lunes a José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, por las declaraciones en las que aseguró que los hijos del capo se deslindaban del ataque al Ejército el pasado 30 de septiembre en Culiacán.
Así lo dio a conocer Andrés Granados, miembro también de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa: “Al licenciado José Refugio le llegó un requerimiento por parte de SEIDO, donde lo están solicitando para que declare con respecto a ese tema. Nosotros sentimos que quieren saber cómo fue la fuente, quieren que se les diga quién es la fuente”, señaló.
En entrevista con Radio Fórmula, el litigante explicó que ayer, en la última visita que hizo a su defendido en el penal de Ciudad Juárez, no se habló sobre el ataque a los soldados en Culiacán. “Nada más comentamos lo que se dijo en la Revista Proceso, lo que manifiestan ellos, y lo que me dijo mi compañero José Refugio, que le habían hecho llegar a él un comunicado en donde se deslindaban los hijos del señor Guzmán, de eso nada más hablamos”. Y dijo que la conversación entre ellos fue enfocada a su situación médica, y no se habló más del tema, “hasta le comenté: ‘al licenciado José Refugio le llegó un requerimiento por parte de SEIDO donde le están solicitando que declare sobre ese tema’”, mencionó. Un día después del ataque en el que murieron cinco soldados en Culiacán, el abogado José Refugio Rodríguez afirmó a Proceso que los hijos del capo quisieron hacer pública la postura de que no tuvieron ninguna relación con los hechos, ante los señalamientos del comandante de la Novena Zona Miltar, el general Alfonso Duarte, quien el mismo día de los hechos afirmó que se sospechaba de la participación de Alfredo e Ivan Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio de Guzmán Loera con Alejandrina Salazar. “Los hijos de Joaquín (Guzmán Loera) Iván y Alfredo se deslindan de los lamentables hechos en que perdieron la vida los militares en cobarde emboscada. Ellos solicitan una investigación objetiva e imparcial en el esclarecimiento de los hechos y lamentan el fallecimiento de los militares en el cumplimiento de su deber”, señaló el abogado José Refugio Rodríguez el pasado 1 de octubre. A pregunta expresa de por qué los hijos del narcotraficante necesitaban deslindarse de estos hechos, Rodríguez señaló: “A nadie le gusta ser perseguido del gobierno por algo que no hizo”. Los hijos de Guzmán Loera habrían enviado el mensaje: “cuando detuvieron a su papá no hicieron eso, menos ahora”.
“Ojalá no se haga una cacería de brujas en la que abusen de su poder (los militares) saciando su venganza por el dolor de los compañeros caídos”, dijo el abogado. Cuestionado de cómo había tenido contacto con los hijos de El Chapo afirmó que fue a través de un familiar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/457733/seido-cita-a-abogado-chapo-deslinde-hijos-ataque-a-ejercito
WASHINGTON: El gobierno de Enrique Pena Nieto, fracasa en sus intentos por encubrir la verdad de lo ocurrido hace dos años en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los 43 estudiantes de escuela normal de Ayotzinapa, denuncia el periódico estadunidense The New York Times.
En uno de sus editoriales con el título: Dos años después de la desaparición de los estudiantes mexicanos, el poderoso e influyente periódico apunta que como parte del encubrimiento de los hechos, el gobierno de México escudó a Tomas Zeron de Lucio, sacándolo de la PGR para nombrarlo en un puesto importante en Los Pinos, luego de que ha sido señalado por expertos independientes como manipulador de lo ocurrido a los normalistas. Pese a las dudas respecto a la verdad histórica que intenta imponer el gobierno de Pena Nieto sobre los 43 normalistas, The New York Times informa a su vez que la presidencia de Barack Obama, por medio del Departamento de Estado, decidió certificar a México en materia de derechos humanos para continuar financiando en su totalidad la parte correspondiente al año fiscal 2016 de la llamada Iniciativa Mérida, dedicada a combatir al narcotráfico mexicano. “Calladamente el Departamento de Estado, el mes pasado notificó al Congreso (estadunidense) que después de deliberaciones considerables decidió certificar a México, porque ha hecho avances suficientes sobre la defensa de los derechos humanos que justifican la entrega de todo el paquete de ayuda por unos 155 millones de dólares”, revela el diario estadunidense en su editorial. En el 2015, el gobierno de Obama desertificó en materia de derechos humanos al gobierno de Peña Nieto, y lo castigó con la retención del 15% del financiamiento de la Iniciativa Mérida. “La justificación del Departamento de Estado, que hasta hace poco salió a la luz, está lejos de ser convincente”, se lee en el editorial. En entrevista con el New York Times y para fortalecer el mensaje editorial, el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, consideró que el gobierno de Peña Nieto no ha logrado los progresos necesarios para contener la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. “Al contrario, hemos visto un patrón de fallas de investigación, de destrucción de evidencias, de amenazas a testigos y de encubrimientos para proteger a policías y militares abusivos y corruptos”, declaró el poderoso senador al New York Times. En coincidencia con lo denunciado por el legislador estadunidense, el editorial apunta que están los “intentos fallidos” del gobierno de Peña Nieto para ofrecer una versión creíble sobre lo ocurrido hace dos años con los 43 normalistas de Ayotzinapa. “En abril (pasado) un grupo de expertos internacionales (GIEI) denunció que funcionarios mexicanos manipularon, desestimaron y fabricaron evidencias; elevando con ello las posibilidades de que cometieron actos de encubrimiento”, indica el New York Times. Como parte de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el editorial hace el énfasis en la visita de Zerón de Lucio, al río Cocula, hecho que incrementó las suspicacias sobre el encubrimiento gubernamental para ocultar la verdad sobre la masacre de los 43 estudiantes. “Fue una filmación realizada el 28 de octubre de 2014 que muestra a Tomas Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de investigación Criminal de la Procuraduría General de la Republica (PGR), cerca de un río; no lejos del lugar en el que desaparecieron los estudiantes. “La filmación incluye imágenes de una bolsa que contenía restos humanos quemados. En la narrativa oficial, el gobierno clama que buceadores de la Marina encontraron los restos en el río, el día anterior a la filmación”, destaca el editorial de uno de los periódicos de Estados Unidos más influyentes en el mundo. Para rematar y fortalecer su opinión sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, The New York Times apunta que el pasado mes de septiembre la PGR anunció la renuncia de Zerón de Lucio, sin dar explicaciones sobre las discrepancias que existen sobre la filmación en el río Cocula y las otras investigaciones sobre lo ocurrido con los normalistas.
“Parece inverosímil que el gobierno dé una explicación al respecto. Horas después de la renuncia de Zerón de Lucio, el presidente Peña Nieto lo designó en un puesto rimbombante en el Consejo de Seguridad Nacional; movimiento que parece ser para proteger a Zerón de Lucio, por este momento, para que rinda cuentas sobre sus actos (en Cocula)”, concluyó el editorial del New York Times. FUENTE: PROCESO. AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL. LINK: http://www.proceso.com.mx/457721/fracasa-gobierno-de-pena-en-su-intento-por-encubrir-la-verdad-sobre-ayotzinapa-nyt
“Solicito, a nombre de toda mi generación, que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX), revoque la propuesta de no ejercicio de acción penal enviada por la Agente del Ministerio Público (MP), Rocío Adriana Cerón Méndez”, dijo a Desinformémonos, Eduardo Ochoa Rivera, integrante del comité organizador de la fiesta de graduación de más de 900 alumnas y alumnos de la carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fueron, “defraudados por 900 mil pesos” por la empresa Punto y Coma Eventos, a través de su representante y dueño Luis Fernando Sánchez Martínez. Alumnas y alumnos de la generación 2013-2016, de dicha universidad, denunciaron el fraude del que fueron víctimas el año pasado. “El 17 de octubre de 2015 y previas pláticas firmamos el contrato para una fiesta para mil 300 personas. Pagamos mes con mes hasta julio de este año en que Sánchez Martínez nos dijo que no tenía el dinero de la fiesta ni como responder. Hay un daño económico para nosotros y nuestras familias que ahorraron durante un año, hay un daño moral por el fraude y todo el desgaste derivado del proceso legal y el daño irreparable de no haber podido celebrar nuestra graduación”. Luisa Amanda Rivero, abogada en Rivero y Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien es una de las representantes legales de las y los estudiantes, explicó a Desinformémonos, que desde agosto se presentaron pruebas que considera: “oportunas, pertinentes e importantes para demostrar que además el fraude se hizo con dolo”, ya que, abundó, existen otras denuncias interpuestas una en la Delegación Benito Juárez y otra en la Delegación Cuauhtémoc. Ochoa refiere que han tenido comunicación con al menos dos escuelas que afirman haber sido víctimas del mismo delito por la misma empresa. Una es la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y la otra es la Universidad Tres Culturas. Aunque existen también las “entrevistas”, antes llamadas declaraciones, que las y los estudiantes hicieron en la delegación Benito Juárez en julio de 2015, la MP, Cerón, bajo el argumento de que en los registros de investigación que obran en la carpeta son: “incumplimiento de contrato”, se trata, dice, de competencia civil y no penal. “Nosotros como abogados, estamos claros por lo que atacamos ambas vías, tanto la penal como la civil”, aclaró. Por su parte, Ochoa consideró que determinar la no acción penal es un acto de “violación a su deber de investigar y de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia al actuar, con esta decisión, a favor del señor Sánchez”, por lo que también solicitó a la PGJ CDMX, ordene se sigan con las investigaciones y se desahoguen las pruebas que las víctimas presentaron para acreditar el delito de fraude. Con estos hechos, acusó Rivero, “ya se han violado el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, el deber de investigar, y a la debida diligencia”. Por otro lado, señalan las y los graduados, que la empresa Punto y Coma Eventos, ofrece sus servicios, para la organización de fiestas de graduación, con un permiso brindado por el Patronato Universitario, quienes siguen otorgando licencia, para utilizar la marca (escudo), de la Universidad en los artículos de graduación que ofrece. Al respecto, Rivero señaló que el patronato debe hacer una revisión para garantizar la seguridad de las y los estudiantes que contratan servicios de estas empresas que cuentan con el aval de la Universidad por lo que dicha instancia tendría que confirmar las garantías que las empresas brindan para seguridad del alumnado. Por lo anterior, solicitaron a la UNAM que tome medidas de prevención de este tipo de delitos en perjuicio del patrimonio de las y los estudiantes. Al Patronato Universitario y a la Dirección General del Patrimonio Universitario, solicitan que: “implemente mecanismos más rigurosos y cuidadosos al momento de celebrar convenios con empresas productoras y comerciantes para la legal explotación de las marcas de la Institución, a fin de que brinden real y efectiva seguridad a los alumnos al momento de contratar y adquirir paquetes y/o artículos de graduación”. Los hechos se dieron el 17 de octubre de 2015, con la firma del contrato de servicios con la empresa, las y los estudiantes comienzan con los preparativos y pagos para la fiesta de graduación que se celebraría el 21 de julio de 2016 en el Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas. El 10 de julio de 2016, Luis Fernando Sánchez Martínez comenzó evadir comunicación con el Comité Organizador de la fiesta, integrado por Erika Rodríguez Bortolotti, Hugo Aguilera Serrano y Eduardo Ochoa Rivera; por lo que el 15 de julio se pusieron en contacto con la encargada de organización de eventos del Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas, quien les manifestó que la fecha para su celebración no estaba programada y que en ningún momento se hizo algún anticipo para la misma.
Ante tal situación el 16 de julio de 2016, el Comité, en representación de las y los alumnos se presentaron ante la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez a denunciar el delito de fraude cometido por Luis Fernando Sánchez Martínez, representante y dueño de la empresa Punto y Coma Eventos, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación 03187/07-2016 de la cual hasta ahora y a pesar de que los representantes jurídicos han presentado pruebas, se decide el no ejercicio de la acción penal, por lo que hoy las y los estudiantes hacen el llamado a las autoridades para revocar la propuesta de no ejercicio de acción penal y seguirán actuando de manera conjunta para acceder a la justicia. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: YUNUHEN RANGEL. LINK: https://desinformemonos.org/egresados-de-la-unam-victimas-de-fraude-llaman-a-procuraduria-capitalina-a-revocar-propuesta-de-no-ejercicio-de-accion-penal/
Desde el pasado 29 de septiembre fue reportada la desaparición de cuatro jóvenes en Boca del Río, Veracruz; la Fiscalía estatal descartó que se trate de un secuestro.
Los casos de la desaparición de jóvenes universitarios y de una familia originaria de Querétaro son los episodios más recientes respecto a la inseguridad que golpea a Veracruz. Familiares dejaron de tener noticias sobre la ubicación de Génesis (22 años), Leobardo (24 años) y Octavio (22 años) desde el pasado 29 de septiembre. Uno de los últimos indicios que se tuvo, según el medio Milenio, es que habían estado en casa de Génesis, y que luego salieron rumbo a una plaza comercial en Boca del Río. El diario Reforma, en tanto, indicó que fueron vistos por última vez al abordar un taxi. Las autoridades locales abrieron una investigación a partir del 1 de octubre.
Génesis Deyanira Urrutia Ramírez es estudiante de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Veracruzana.
Leobardo Arroyo ya se tituló como contador, y es egresado de la Universidad Veracruzana. Mientras que Octavio García Baruch estudio ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Veracruz. La Fiscalía de Veracruz indicó en un comunicado que abrió una investigación paralela sobre el caso del joven Andrés García Aguilar, cuya desaparición podría estar conectada con la de los otros tres jóvenes, ya que también ocurrió el 29 de septiembre. El fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, según un comunicado emitido el pasado 4 de octubre, descartó la hipótesis de que haya sido un secuestro, “al no existir, desde la fecha en que ocurrieron los hechos, una exigencia de rescate a cambio de su libertad”. En su boletín, la Fiscalía de Veracruz señaló que en el caso “hay elementos posiblemente vinculados con delincuencia organizada”. Al respecto el padre de Génesis, Édgar Urrutia, dijo al diario Reforma que una de las líneas de investigación de las autoridades es que el crimen organizado esté involucrado con las desapariciones. Esto porque uno de los jóvenes de los que no se sabe su paradero, Octavio García, tiene antecedentes penales.
De acuerdo con el diario, García fue detenido en 2012, por la sospecha de que tenía vínculos con una banda de secuestradores.
En entrevista con Radio Fórmula este jueves 6 de octubre, la hermana de Octavio, Dovianid Carranza Baruch, dijo que su hermano estuvo preso 8 días, pero que nadie lo señaló como responsable, así que recuperó su libertad. Ese hecho de la detención, según Carranza Baruch, se dio después de que un grupo de personas se los llevara y los amarrara, tanto a ella como a Octavio, amenazándolos y pidiendo dinero. Carranza Baruch mencionó que otro de sus hermanos, Gustavo, también está desaparecido, desde hace un año. Este jueves ella pidió ayuda de las autoridades. Dice que tiene miedo, y que tanto ella como Octavio habían pensado en pedir asilo en otro país.
En Veracruz está el antecedente de enero pasado, cuando cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales. El caso de una familia de Querétaro Desde el inicio de septiembre pasado también se dio la desaparición de una familia de tres integrantes, originaria de Querétaro, al acudir a Salinas, municipio de Alvarado, Veracruz, donde tienen una casa en la playa. La familia está conformada por una mujer, María Dolores, su esposo y su hija de 19 años. Juan Pedro Pérez, hermano de María Dolores, indicó a Radio Fórmula que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Alvarado.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó en su cuenta de Twitter el pasado 13 de septiembre que se tenían “avances muy importantes” en la investigación, pero que la Fiscalía no podía revelar los datos. Hasta este jueves 6 de octubre, no había un reporte oficial al respecto.
En el caso de la familia oriunda de Querétaro, la @FGE_Veracruz tiene avances muy importantes en la investigación. 1/2
En otro punto del estado, Coatzacoalcos, ciudadanos han pedido ayuda a las autoridades federales, ante diferentes crímenes que han padecido, entre ellos el secuestro. “Estamos muy asustados por la situación que vivimos en el sur de Veracruz”, dijo Eduardo Campos, vocero de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur Coatzacoalcos, en entrevista con Televisa.
Una encuesta del INEGI sobre inseguridad en septiembre indicó que 71.9% de los habitantes de ciudades en México siente temor a ser víctima de algún delito.
La percepción sobre inseguridad en las ciudades mexicanas va en aumento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, en septiembre pasado el 71.9% de los habitantes de ciudades dijo sentir temor a ser víctima de algún delito. En junio pasado, ese porcentaje de personas mayores de 18 años fue de 70%. Y en septiembre de 2015 fue de 68%. En cuanto a las ciudades donde hay percepción más alta de inseguridad, los datos septiembre de la ENSU dieron estos resultados. 1.- Ecatepec de Morelos, Estado de México (95.3% dijo sentirse inseguro en esa ciudad) 2.- Región oriente de la Ciudad de México, que incluye a las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco (94.2%) 3.- Coatzacoalcos, Veracruz (93.4%) 4.- Acapulco, Guerrero (93.3%) 5.- Villahermosa, Tabasco (90.7%)
“Las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor son: Mérida, Tepic, San Francisco de Campeche, Puerto Vallarta y Durango con 33.2, 35.7, 35.7, 41.9 y 42%, respectivamente”, apuntó el INEGI.
En cuanto a diferentes sitios de la vida cotidiana en las ciudades, el 79.6% de la población de 18 años y más manifestó sentirse inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. El 71.7% en el transporte público, el 65.9% en el banco y 62.5% en las calles que habitualmente usa.
Respecto a la proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, los datos son: consumo de alcohol en las calles (65.7%), robos o asaltos (62.9%), vandalismo (54.4%), venta o consumo de drogas (42.4%), bandas violentas o pandillerismo (36.9%) y disparos frecuentes con armas (33.3%).
“La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población”, indicó el INEGI. “Así mismo, el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía”, agregó. Los datos que presenta el estudio son los resultados de encuestas en 15,300 viviendas. Se aplicó en 47 ciudades de interés, más las cuatro regiones de la Ciudad de México (Norte, Sur, Oriente y Poniente). “El tamaño de la muestra garantiza un nivel de confianza en los resultados del 90%”, precisó el INEGI.
Los activistas impidieron que la PGR empezara con los peritajes en Nochixtlán, ya que, denuncian no llevaban el equipo necesario y pretenden excluir cien testimonios.
A más de tres meses del desalojo violento en Nochixtlán, técnicos de la Procuraduría General de la Republica (PGR) regresaron para comenzar con los peritajes de la investigación pero activistas les impidieron, nuevamente, realizar las diligencias porque -denunciaron- los funcionarios llegaron sin equipo necesario para levantar testimonios y evidencias. Tres meses y medio después, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) regresaron este jueves a Nochixtlán para iniciar los trabajos de investigación en la zona donde ocurrió el enfrentamiento que dejó ochos personas muertas. El pasado 19 de junio, se produjo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el municipio oaxaqueño de Asunción Nochixtlán en el marco de las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que dejó un saldo de ocho muertos -la mayoría por impacto de bala- y un centenar de heridos, según cifras oficiales. Integrantes del Comité de Víctimas y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recibieron a los peritos y al Agente del Ministerio Público federal. Hace unas semanas, activistas y docentes de la CNTE impidieron entrar a los peritos y exigieron copia de la investigación -la cual les fue entregada el lunes- y participar en los trabajos periciales. Hoy el personal de la PGR llegó a la zona, encabezados por el Director General de Control de Averiguaciones Previas, Jorge Nader Kuri para empezar con la indagatoria. En el lugar ya los esperaba el Comité de Victimas de Nochixtlán, activistas y maestros disidentes. Los funcionarios dialogaron con diferentes líderes como Maclovio Marcial Aguilar de la Coordinadora Estatal de Trabajares de la Educación de Oaxaca(CTEO), integrantes del Comité de Víctimas, y activistas Arturo Peimbert de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). En la reunión, que duró dos horas, estuvieron también representantes de la ONU y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, no llegaron a ningún acuerdo y los activistas no permitieron la diligencia, ya que, acusaron que la PGR pretendía excluir los testimonios de cien heridos y familiares de las víctimas. Además de que llegaron sin el equipo necesario para realizarlo e incumplieron acuerdos.
Se trata de la octava persona sentenciada en el llamado caso Heaven, que conmocionó al sociedad capitalina, y los implicados suman hasta el momento una condena acumulada de 4 mil 160 años.
Un juez mexicano condenó a 520 años de reclusión a un involucrado en el secuestro de 13 jóvenes en un bar de la Ciudad de México en 2013 y su posterior asesinato, informó hoy la Fiscalía capitalina. “El juez 25 Penal dictó sentencia de 520 años de prisión a José Horacio Villegas Arteaga, responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de 13 personas privadas de la libertad en el bar Heaven en 2013”, indico la institución en un boletín. Se trata de la octava persona sentenciada en el llamado caso Heaven, que conmocionó al sociedad capitalina, y los implicados suman hasta el momento una condena acumulada de 4.160 años. Al condenado se le impuso además una multa de 5 millones de pesos (unos 260 mil dólares). “Quedó asentado en el expediente que el sentenciado no podrá recibir los sustitutos de pena de prisión y suspensión condicional, debido a que la condena decretada excede el término establecido”, agregó el boletín. Hasta el momento se ha dictado sentencia a ocho de los 22 implicados en la desaparición a plena luz del día de 13 personas, entre ellas un menor de edad, que se encontraban en el bar Heaven, ubicado en la céntrica colonia Juárez, el 26 de mayo de 2013. En agosto de ese año, la Fiscalía mexicana anunció el hallazgo de una fosa clandestina en un terreno del municipio de Tlalmanalco, en el centro del país, con restos humanos que resultaron ser de los jóvenes. Las dos primeras sentencias se emitieron en septiembre y diciembre de 2015, contra cinco imputados con una condena acumulada de 2.600 años de prisión. La tercera resolución llegó en julio de este año contra dos responsables sentenciados a 1.040 años de reclusión.
La fiscalía capitalina remarcó que el expediente continúa abierto para los 14 imputados restantes. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-10-2016/3101107
Alejandra Barrales, presidenta del PRD explicó que la manifestación tenía el objetivo de reclamar la forma en la que el Presidente Enrique Peña Nieto redujo el presupuesto en el campo, la salud educación e infraestructura, además del sesgo partidista en el reparto de recursos.
Ciudadanos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus dirigentes marcharon este jueves hacia Los Pinos para manifestar su inconformidad ante los recortes presentados en el presupuesto de egresos 2017, presentado por el Gobierno federal. La presidenta del partido, Alejandra Barrales anunció, en su cuenta de Twitter, que los manifestantes serían recibidos por una una comisión para crear una mesa del diálogo en torno a sus denuncias por el Presupuesto. Barrales explicó previamente que la manifestación tenía el objetivo de reclamar la forma en la que el Presidente Enrique Peña Nieto redujo el presupuesto en el campo, la salud educación e infraestructura, además del sesgo partidista en el reparto de recursos. Este día, publicó en Twitter que los recortes al presupuesto deja sin recursos a millones de mexicanos en Michoacán, Morelos y la Ciudad de México. En otro tuit se lee: “Este presupuesto pretende quitarle recursos a temas tan importantes que le duelen a la gente como lo son el tema de salud, de seguridad”.
La secretaria general Beatriz Mojica, Carlos Sotelo y Alejandro Sánchez Camacho, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional encabezaron la marcha que inició en el Ángel de la Independencia. Aunque los dirigentes se integraron a partir de la Estela de Luz. Según datos de los organizadores, alrededor de 5 mil personas se dieron cita para apoyar al partido. Ayer, Gobernadores del PPRD y la dirigente nacional del partido se reunieron con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribeña a fin de revisar el Paquete Fiscal 2017, principalmente acerca de las partidas que destinarán a los estados de la República. Los mandatarios estatales buscan que las partidas federales que se destinan a las entidades se aumenten, de tal manera que sea un 25 por ciento de la recaudación nacional lo destinado a estados y municipios, y un 75 por ciento se concentre en el Gobierno de la República.
En la reunión se acordó realizar mesas de trabajo con el fin de revisar el presupuesto asignado para cada estado, pues a decir de la líder del PRD, en la asignación de presupuesto de para 2017, hubo un sesgo partidista. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-10-2016/3101110
El caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora de Audiencias Públicas de Ciudad de Juárez, quien con 36 años de edad pretendió obtener su jubilación develó una crisis de fondo en las arcas municipales.
Por el cambio de administración municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se duplicaron en tres meses las solicitudes de jubilación de los trabajadores del gobierno local. Sin embargo, el Fondo de Pensiones está en quiebra. En junio pasado –durante el mes que se llevaron a cabo los comicios locales–, la coordinadora de la Comisión de Regidores del Trabajo y Previsión Social, Cristina Paz Almaza, informó que existían 20 trámites de jubilación en proceso de ser revisados, pero para septiembre había 40 solicitudes. La razón del aumento es que el presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, planea desaparecer el puesto de seis directores municipales (de 24 a 18), explicó la vocera de la comisión, la regidora Norma Alicia Sepúlveda. “Hay una inquietud muy grande respecto a la próxima administración, que se ha generado al manejar que habrá un recorte de personal importante porque quieren desaparecer alrededor de seis dependencias. Eso genera un malestar natural entre los empleados, y aquellos que tienen el derecho (de jubilarse) lo ejercen y nosotros no nos podemos negar a que ejerzan un derecho que han adquirido como empleados”, detalló la funcionaria local en entrevista. Las causas del Fondo en quiebra El Fondo de Pensiones para trabajadores del gobierno municipal de Ciudad Juárez está en quiebra técnica. En 2 años se han tomado 710 millones de pesos del gasto corriente para pagar los sueldos de los empleados retirados. Además, también hay servidores públicos menores de 40 años –que cumplen con 15 años de antigüedad– que han aprovechado la pobre reglamentación y se han jubilado para recibir la pensión vitalicia. Como el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años que solicitó jubilarse de su cargo en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. De acuerdo con datos oficiales a marzo de 2016, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez cuenta con 9 mil 747 funcionarios municipales, de los cuales 2 mil 635 están jubilados o pensionados, es decir, el 27 % de la nómina. Cada mes, el gasto total en sueldos de jubilados y pensionados alcanza los 19 millones 322 mil 186 pesos, en tanto que las aportaciones mensuales de los empleados municipales en activo es de apenas 1 millón 582 mil 540 pesos. Entre la nómina de los funcionarios retirados, se encuentra la pensión mensual para un ex trabajador por 81 mil 657 pesos; una cantidad mayor al sueldo del Presidente Municipal, que percibe 67 mil 600 pesos mensuales. El Ayuntamiento de Ciudad de Juárez ha decidido ocultar los nombres, cargos y periodos de actividad de los empleados jubilados y pensionados por “protección de datos personales”, por lo que es imposible saber quiénes están siendo subvencionados con el Fondo; aun así es posible constatar en la página de transparencia del Municipio las cantidades que reciben mensualmente. Lo que es un hecho es que el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora municipal de Audiencias Públicas quien presentó su trámite de jubilación con tan solo 36 años de edad, destapó una problemática de fondo gestada desde hace más de 20 años La historia del Fondo Desde 1988, el reglamento de “Jubilaciones por Antigüedad para el Municipio de Ciudad Juárez” establece la creación de un Fideicomiso para depositar las aportaciones de trabajadores y del Gobierno local para el fondo de retiro de los empleados municipales. En 2015, el Fondo de Pensiones se declaró en quiebra técnica, por lo que se tomaron 365.4 millones de pesos del gasto corriente para pagar las pensiones correspondientes a los empleados municipales retirados; un año antes, en 2014, se destinaron al Fondo 344.6 millones en el Presupuesto de Egresos. Por lo anterior, el Gobierno Municipal puso en marcha este 2016 una estrategia para tratar de “subsanar” al Fondo, con miras a su autosustentabilidad. En diciembre de 2015, la administración municipal de Javier González Mocken comenzó negociaciones con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) para incrementar las aportaciones de los empleados. En el mes de marzo, el SUTM y el Municipio alcanzaron un acuerdo en cuanto al saneamiento del Fondo, en el que estipula que a cada trabajador municipal se le retendrá el 4% de su salario, en tanto que el Municipio aportará la misma cantidad por empleado; anteriormente, las aportaciones de los trabajadores y del Municipio eran del 2%. El caso de Lizbeth Alonso: la gota que derramó el vaso En el mes de junio salió a la luz pública el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años de edad, que solicitó jubilarse. Alonso Carreón pretendía jubilarse con una pensión del 55 % de su último sueldo mensual devengado (38 mil 480 pesos), por lo que recibiría 21 mil 164 pesos cada mes, de manera vitalicia. De acuerdo con los documentos del trámite de jubilación presentado ante la Comisión de regidores de Trabajo y Previsión Social, la exfuncionaria ingresó al Municipio en junio del año 2000. Alonso Carreón (quien laboró en la Unidad especial de atención de adicciones, la Oficina Municipal de Atención al Migrante y la Dirección de Turismo) ocupó en última instancia la Coordinación de Audiencias Públicas. En febrero de este año presentó su renuncia para postularse como candidata del PRI a la diputación local del Distrito 07; La ex candidata no regresó a su puesto, debido a que su cargo fue desaparecido de la administración municipal. Tras su derrota electoral, Alonso Carreón presentó su expediente laboral a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento para tramitar su jubilación. En el mes de septiembre, Cristina Paz Almanza, coordinadora de la Comisión conformada en Cabildo, y Julio Alejandro Gómez, secretario de la misma, firmaron la solicitud de jubilación y la turnaron a la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Norma Sepúlveda, vocal de la comisión, se opuso a firmar el documento. De acuerdo con El Diario de Juárez, en el expediente de la ex coordinadora de Audiencias Públicas consta que “se dio de baja el 21 de octubre de 2010 y el 21 de abril de 2012 presentó una renuncia voluntaria”. Sin embargo, no existen documentos que comprueben su reingreso al trabajo en este periodo. El caso de Lizbeth Alonso Carreón conmocionó a los juarenses, al grado que el presidente municipal, Javier González Mocken, calificó al caso como “una polémica mediática” y anunció que no firmará la jubilación de exfuncionaria “tenga o no la razón jurídica”. A la par del caso de Lizbeth Alonso, se presentaron las solicitudes de jubilación de tres empleadas municipales más, con 17 y 15 años de antigüedad en el Municipio, adscritas a la Dirección de Tecnologías de Información. Anilú Flores Delgado, jefa de la Dirección con 17 años de antigüedad; Margarita Meléndez Fernández, asistente administrativa con 17 años de labores y María Guadalupe Cárdenas Navarro, programadora con 15 años. Las tres presentaron sus solicitudes ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Todas las funcionarias pudieron presentar su solicitud por estar bajo el régimen del reglamento de 1988, antes de las reformas efectuadas en 2005. El origen de la problemática El reglamento de pensiones y jubilaciones que permitía retirarse del cargo con 15 años de antigüedad, entró en vigor el 14 diciembre de 1988. El artículo 7 del reglamento estipula, en su artículo 7, que los trabajadores podrán solicitar su jubilación, cobrando una pensión vitalicia del 55 % del último sueldo devengado. En agosto de 2004, el Cabildo de Juárez aprobó una serie de modificaciones a los artículos 4, 6 y 7 del Reglamento; en el artículo 7 se agregó que los trabajadores municipales con intenciones de jubilarse, además de cumplir con un mínimo de 15 años de antigüedad, deberían acreditar tener al menos 60 años de edad. No obstante, dichas modificaciones, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 2005, no fueron aplicables a Lizbeth Alonso, dado que entraron en vigor casi 5 años después de su alistamiento como trabajadora municipal. El 5 de abril de este año, el Cabildo de Juárez aprobó el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, que incluye nuevos ‘candados’ para el otorgamiento de pensiones por jubilación, e incrementa las aportaciones de los trabajadores y del Municipio al Fondo de Pensiones. El nuevo reglamento estipula que serán sujetos a pensionarse los trabajadores municipales que tengan como mínimos 60 años de edad y acrediten 25 años de trabajo. En ese caso, la pensión alcanzaría el 85 por ciento del último sueldo devengado, u únicamente los trabajadores que acrediten 30 años laborados en el Municipio podrán acceder a una pensión mensual del 100 % de su último sueldo. La edad para jubilarse es de 20 años, con una pensión del 75 % del último sueldo cobrado, únicamente para trabajadores de Instituciones de Seguridad Pública.
Aun con las modificaciones al reglamento, resulta imposible conocer el número total de funcionarios municipales que han solicitado su jubilación por contar con 15 años de antigüedad. Lo único cierto es que el Fondo de Jubilaciones se encuentra colapsado y las autoridades locales ocultan información argumentado la “protección de datos personales”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/YOCIUDADANO.COM.MX AUTOR: FAVIA LUCERO, MIGUEL SILERIO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/fondo-jubilados-ciudad-juarez-esta-quiebra-retirar-menores-40-anos/
En 24 estados del país hay militares movilizados en tareas de seguridad pública; desde 2013 la Sedena pidió un marco jurídico que delimite la función del Ejército, pero la reforma sigue siendo una tarea pendiente.
En los últimos cinco años el número de militares desplegados de forma permanente en México para tareas de seguridad pública se ha duplicado. Esto sucede a pesar de que no existe un marco jurídico que regule la actuación del Ejército en tareas de prevención e investigación de los delitos, como lo reconoce la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “No nos gusta, no estamos cómodos y no estudiamos para ello”, dijo el secretario de la Defensa nacional Salvador Cienfuegos a finales del 2015, cuando ratificó que el Ejército seguiría apoyando a las policías en las calles, pese a la falta de un marco jurídico.
El despliegue militar en tareas de seguridad pública fue una medida temporal implementada por la administración de Felipe Calderón, en el marco de la “guerra” contra el narco, que a su vez fue heredada por el presidente Enrique Peña Nieto quien determinó mantener al Ejército en las calles mientras se fortalecían a las policías estatales.
Las diferencias entre Calderón y Peña En 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena reportó que tenía desplegadas 75 bases de operaciones mixtas en el país. Se trata de bases fijas o móviles en donde se destina a soldados específicamente en tareas de seguridad pública en coordinación con policías locales; en ese año eran mil 680 los militares asignados de fijo en estas tareas, con el apoyo de 160 vehículos. En el actual sexenio esa cantidad ha ido creciendo casi de forma sostenida. En 2016 ya suman 142 las bases mixtas con tres mil 386 soldados asignados de fijo en tareas de combate a la delincuencia, con el apoyo de 368 vehículos; es un crecimiento del 100 % del despliegue militar permanente. A esto hay que sumar los operativos específicos que el Ejército Mexicano despliega por situaciones coyunturales en zonas violentas del país y que de acuerdo con datos del Informe de Labores 2016 de Sedena fueron 14; en este caso la Sedena no informa el número de elementos desplegados por razones de seguridad. En 24 estados hay militares patrullando En el arranque del presente sexenio el Ejército tenía desplegadas bases de operaciones para apoyar las tareas de seguridad pública en 19 estados; para 2016 esta presencia militar se ha extendido a 24 entidades, el equivalente al 75 %de cobertura en el país. Guerrero es la entidad con el mayor número de bases de operaciones mixtas con 28 en total, y le sigue el estado de México con 24; estos dos estados concentran el 36 % de todas las bases militares desplegadas. Luego se ubica Oaxaca con 12 bases operativas; Puebla con 11; Tabasco con 8; Sonora con 7; Veracruz y Colima con 5 bases cada uno; Michoacán, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán con 4 respectivamente; Hidalgo, Coahuila y Baja California con 3. En la Ciudad de México y en San Luis Potosí la Sedena reporta la operación de dos bases mixtas; Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas están en la lista con una base operativa cada una. De acuerdo con la Sedena, el despliegue de estas Bases de Operaciones Mixtas es “atender la problemática delictiva en zonas de alto riesgo, las cuales presentan problemática de inseguridad pública, mediante las cuales se realizan operaciones de vigilancia móvil y/o estacionaria”. Resultados a la baja El incremento de los militares en las calles del país no ha significado una mejoría de la seguridad, según muestran los resultados de la Sedena en este último año de operaciones. Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012, los militares adscritos a las bases operativas consiguieron la detención de 426 presuntos delincuentes; cumplieron seis órdenes de aprehensión; aseguraron 381 vehículos, y se logró el decomiso de 631 armas de fuego y 20 granadas. Entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, estos resultados descendieron poco más del 50 %: los detenidos sumaron 175; se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión; los vehículos asegurados bajaron a 162, las armas decomisadas cayeron a solo 109, y el número de granadas descubiertas fue de 6. Marco legal inexistente Los militares intervienen en tareas de vigilancia en las calles, acciones preventivas y de disuasión. Incluso cumplen órdenes de cateos y de aprehensión; todo esto sin que haya una ley que regule los alcances de su intervención. Desde el 2013 el secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos insistió al poder legislativo en la necesidad de contar con reformas que permitan la construcción de un marco jurídico que brinde atribuciones de investigación y combate al delito a los militares, además de delimitar su actuación; tres años después esto no se ha materializado. En octubre de 2015, la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso reconoció que el Poder Legislativo ha sido “omiso” en construir este sistema jurídico para el Ejército y prometió trabajar con asesores y especialistas en el tema. Nada de eso se ha concretado. A finales del año pasado, el General Cienfuegos subrayó que el Ejército continuaría en las calles realizando tareas de seguridad pública ya que si bien era una medida temporal desde años atrás, no “se había alcanzado la reconfiguración” necesaria en los cuerpos policiales. En junio del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón propuso la reforma para la creación de 32 policías únicas como una alternativa para fortalecer los cuerpos de policías; en 2014 el presidente Peña Nieto volvió a proponer una reforma en este sentido con el objetivo de tener cuerpos policiales capaces de enfrentar a la delincuencia; en seis años tampoco se ha concretado este tema. Abusos y ataques La presencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad ha derivado en diversos incidentes durante los últimos años. Se han registrado situaciones de abusos de derechos humanos como por ejemplo el caos Tlatlaya, donde según la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo 15 civiles ejecutados extrajudicialmente por militares que hacían un patrullaje de vigilancia.
Pero también los militares han padecido los golpes de la delincuencia. Apenas el pasado 30 de septiembre cuatro soldados murieron y diez más resultaron heridos tras ser atacados por un comando armado cuando apoyaban en el traslado de una persona herida; el 1 de mayo de 2015 un helicóptero de la Fuerza Aérea fue derribado por el Cártel de Jalisco dejando una decena de muertos, entre ellos cinco militares. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/pena-nieto-militares-seguridad-publica/
Un comerciante fue asesinado por delincuentes que le dispararon por resistirse a un asalto en la Central de Abastos durante la madrugada de hoy; este es el segundo homicidio en menos de una semana, lo que generó una manifestación por la inseguridad en la zona. Un hombre fue ejecutado a balazos hoy en una de las bodegas de la Central de Abastos en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México; ésta, es la segunda víctima en menos de una semana lo que generó que una protesta de comerciantes en el lugar. Los acontecimientos ocurrieron antes de las 6:00 de la mañana en la bodega 149-l de la zona de Flores y Hortalizas. De acuerdo a las primeras versiones, por lo menos dos sujetos amagaron al comerciante, de aproximadamente 50 años, quien se resistió al atraco. Los agresores le dispararon en la cabeza, lo despojaron de sus pertenencias y huyeron. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó que el cuerpo de la víctima fue levantado y empezaron con las indagatorias del crimen para establecer las primeras líneas de investigación. Horas después del crimen varios comerciantes protestaron por la inseguridad en la zona. Con camiones bloquearon, por casi media hora, el acceso a la CEDA sobre el Eje 5 Sur y Baratillo. Los manifestantes pidieron mayores condiciones de seguridad, ya que, este es el segundo es el segundo homicidio violento que se registra en las. El pasado 30 de Septiembre asesinaron a un hombre, identificado como Miguel Ángel Montero Juárez. El cuerpo de la víctima, que también era comprador, fue hallado al costado de las escalinatas. El pasado 4 de agosto tres hombres con pistola en mano abordaron la unidad de la Ruta 11 que se dirigía a las Central de Abasto y amenazaron a los pasajeros. Un tripulante, de aproximadamente 40 años, se resistió al asalto y uno de los delincuentes le disparó. La víctima murió por la herida de bala en la cabeza. A principios de año dos personas resultaron heridas por arma de fuego, tras un asalto registrado en las inmediaciones de la Central de Abasto. Los hechos en el pasillo IJ, de la Central de Abasto, donde un par de comerciantes vendía naranjas y limones, en la bodega I43. Testigos informaron que varias personas intentaron asaltar a los comerciantes; sin embargo, las dos personas heridas se opusieron y fueron atacados a balazos por los delincuentes. Una de las víctimas recibió el impacto en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital para determinar su estado.
En diciembre pasado, también en la Central de Abastos, se registró un enfrentamiento entre dos bandas de presuntos asaltantes, dejando como saldo tres heridos y un muerto. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-10-2016/3101059
La CNDH emitió una recomendación dirigida al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por irregularidades en la inhumación de 119 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, municipio de Cuautla. El organismo consideró que hubo violaciones a los derechos de seguridad, cereza jurídica y a la verdad. En agosto pasado, un informe independiente también encontró una serie de anomalías en el trabajo de las autoridades.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al Fiscal estatal, Javier Pérez Durón y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla por las irregularidades cometidas en la inhumación de las fosas en la comunidad de Tetelcingo, en Morelos.
De a cuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, los cadáveres inhumanos fueron colocados en fosas con condiciones de clandestinidad, como lo hace el crimen organizado.
Indicó que la inhumación se llevó a cabo sin apego a protocolos y sin que en 20 casos se realizaran acciones para saber las causas de la muerte.
En 44 casos, dijo, se advirtieron indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en dar continuidad a la investigación a fondo de las circunstancias en las que perdieron la vida y dar con el paradero de los probables responsables de la muerte, para ser juzgados por la autoridad competente.
“En 44 casos se advirtieron indicios de muertes violentas. La autoridad fue omisa en dar continuidad a la investigación”, puntualizó.
La CNDH señaló que en 15 de las carpetas de investigación iniciadas, no hay registro de necropsia a los cadáveres previo a su inhumación.
“El Estado deberá de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para dar cumplimiento al punto Recomendatorio Segundo dirigido a la FGE y como parte de las medidas de satisfacción de la reparación del daño y en concordancia a la Recomendación emitida por la Comisión Estatal”, explicó el organismo.
Mencionó que la disculpa pública deberá ajustarse a los estándares internacionales, es decir, “una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades”.
La CNDH solicitó al Gobierno de Graco Ramírez determinar las responsabilidades oficiales de los servidores públicos que intervinieron en los hechos acreditados en el caso, con el objetivo de que deslindar las responsabilidades administrativas y/o penales y que se sancione a los responsables de las irregularidades y/o los delitos cometidos en contra de los actores relacionados para que dichas conductas no queden impunes.
La Comisión señaló también violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de “inadecuada procuración de justicia y violación al derecho a la verdad”.
En su recomendación, la CNDH pidió al Gobernador de Morelos brindar la reparación integral del daño, así como una compensación o indeminización a los familiares de cuatro víctimas.
Exhortó a que en un plazo de seis meses, en coordinación con las autoridades municipales se recabe toda la información de los terrenos en lo que se advierta que han sido autorizados como panteones de manera irregular.
En agosto pasado, un informe independiente realizado en las fosas ilegales de la Fiscalía de Morelos en Tetelcingo encontró una serie de anomalías en el trabajo de las autoridades para inhumar los 117 cuerpos que fueron extraídos el pasado mayo.
El activista Javier Sicilia apuntaló que existía la necesidad de que se esclarezca si hay una tercera fosa, después de que la misma Fiscalía de Morelos hablara de alrededor de 150 personas enterradas en el municipio de Cuautla.
“Cuando vemos las fosas de los Zetas, y a Graco Ramírez decir las fosas son comunes, pues no nos extrañaría saber de dónde aprendieron a hacerlas”, dijo en esa ocasión Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
El informe “Fosas clandestinas de Tetelcingo: Interpretaciones preliminares” encontró que del total de restos en el sitio, sólo ocho fueron debidamente identificadas por la Fiscalía. Además, a cinco de los cadáveres no se les práctico la necropsia de ley.
De los 119 restos, el 14 por ciento de los cuerpos fueron encontrados incompletos, y se estima que el 31 por ciento fue víctima de algún tipo de violencia.
De los hallados, el 37 por ciento eran hombres, el 7 mujeres, y el resto no pudo fue establecido. No se descarta que la Fiscalía haya participado en algunas de las muertes. La suspicacia vino a partir de que el 75 por ciento de las personas con herida de bala fueron enterradas sin que se abriera una carpeta de investigación.
La identificación de las personas tampoco fue una prioridad, sólo 68 de los 117 cuerpos contaban con una botella en la cual se debieron haber detallado sus datos personales. Muchas de éstas, estableció el informe, no eran de la calidad adecuada y se habían deteriorado.
