El megaproyecto inmobiliario My Residence, que se construye en la capital del estado en un predio donado por el gobierno de Puebla al Consejo Coordinador Empresarial, se encuentra en la mira de la Secretaría Hacienda y de la PGR. Resulta que éste y otros enormes proyectos habitacionales y comerciales forman parte de una investigación sobre rutas y redes de complicidad por presunto lavado de dinero. Los empresarios que encabezan esas multimillonarias inversiones han sido avalados desde 2011 por el gobernador Rafael Moreno Valle.
PUEBLA, PUE: En la zona más cara del estado, Lomas de Angelópolis, se levanta un lujoso complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos, habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Es el opulento Distrito Sonata, donde se inaugurará, en diciembre, el hotel más grande de Puebla y se estrenará en 2017 la torre residencial más elevada de México, Nubola Tower, de 198 metros de altura, en cuya cúspide habrá helipuerto, muro para escalar y una alberca semiolímpica que tendrá como fondo los volcanes.
En el Distrito Sonata, una zona de concepto walking distance (a poca distancia) que por su exclusividad es comparado a menudo con Miami, se levantan Sonata Towers, dos inmensas torres de departamentos, y Luxory Corner, también habitacional, junto a Plaza Jazz y STW Plaza, donde se venden las marcas más costosas del mundo.
Todos estos desarrollos han sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28 de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto My Residence, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El gobernador panista Rafael Moreno Valle colocó la primera piedra de ese proyecto de Blueicon, que a cambio de la inversión se quedó como dueño de los 6 mil metros cuadrados del terreno que fue donado al CCE, en 2004, por el exmandatario priista Melquiades Morales, cuando el actual era secretario de Finanzas.
“Les agradezco que estén invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My Residence”, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya prosperidad se cimenta, sin embargo, en actividades criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP).
En efecto, Blueicon Technology, S.A. de C.V. –que ya incursionó también en la realización de películas con Blueicon Films– es sólo una de las al menos 12 empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico, según las investigaciones de la PGR y la SHCP, cuyos principales accionistas son Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez.
Conforme a la indagatoria C.I./PGR/UEAF/0001/2015-04, a la que este semanario tuvo acceso, ambos personajes comenzaron en 2011 una inaudita expansión en el ramo de la construcción en la zona más exclusiva de la Angelópolis, localizada en el municipio de San Andrés Cholula, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 20 años.
La súbita prosperidad de ambos empresarios de Puebla coincide con el inicio del gobierno de Moreno Valle, en febrero de 2011, cuyo primer secretario de Infraestructura fue Antonio Gali Fayad, gobernador electo.
Según las investigaciones de la PGR y de la SHCP que están en curso y que iniciaron en enero de 2015, los implicados han realizado operaciones con dinero sucio, “utilizando instituciones del sistema financiero con el objeto de ocultar el origen y el destino de dichos recursos ilícitos, además de buscar darles una apariencia de legitimidad”.
Este esquema de operación se materializa mediante la constitución de numerosas empresas, “que sirven como fachada para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero”, compañías que no tienen una operación comercial que sustente los recursos que manejan y que además tampoco cumplen con el pago de impuestos por los recursos operados.
Inclusive una de las empresas propiedad de los implicados, Tan Inn Salón, S.A. de C.V. –que proporciona servicio de bronceado corporal–, hizo, en junio de 2013, una transferencia de recursos a la empresa Agua Bendita, de Colombia, propiedad de Jorge Alberto Saldarriaga, hijo de Ivonne María Escaf Saldarriaga, presa en Estados Unidos acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, que las inició a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en enero de 2015, los desarrollos inmobiliarios de Blueicon en el Distrito Sonata sólo se explican con recursos producto de actividades criminales.
“Los implicados, utilizando diversas (personas) morales, despliegan una operativa a través de la cual incorporan recursos económicos al sistema financiero nacional mediante múltiples actos que posteriormente utilizan para la construcción de complejos inmobiliarios, particularidades que aunadas a la falta de cumplimiento en obligaciones de carácter fiscal, así como a la vinculación trasnacional de los sujetos mencionados en actividades criminales, de manera fundada permiten establecer que los recursos utilizados para tal efecto tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objeto de ocultar su origen y destino, generando todo ello una afectación al bien jurídico tutelado por el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.”
Dueños o testaferros
En una de poquísimas investigaciones de la PGR y la SHCP sobre operaciones con dinero de origen presuntamente criminal, y cuyo desenlace es incierto, los dos principales implicados en el caso, De Lope Francés y Hernández Martínez, no pertenecen a la élite empresarial de Puebla, pese a los cientos de millones de pesos que manejan desde 2012.
Hernández Martínez es un personaje desconocido y De Lope Francés se sabe que fue reconocido por Vicente Fox, en 2001, como joven emprendedor que, a partir de los 16 años, había tenido modestos negocios vendiendo pins, portarretratos de madera y por un tiempo dueño de un verificentro en Puebla.
En 2010, según un perfil publicado en la revista Expansión, tenía tres negocios: Publicidad Estudiantil Lofran, comercializadora de publicidad universitaria –en libretas regaladas en colegios–; El Súper Negocio en Casa, una empresa multinivel para vender abarrotes y medicamentos, y Facture Ya, vendedora de software a pequeñas y medianas empresas para elaborar facturas electrónicas.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la PGR y la SHCP, es en 2011 cuando comienza la espectacular expansión de los negocios de De Lope Francés –de 36 años– y su socio, que en cuatro años se han convertido en los principales constructores de desarrollos de lujo en la zona más cara de Puebla.
Para la PGR, De Lope Francés y Hernández Martínez podrían no ser los verdaderos dueños del dinero, sino sólo prestanombres o testaferros, por lo que, desde el 10 de junio de 2015, un juez autorizó la intervención de uno de sus números telefónicos y, en agosto de ese año, pidió autorización para intervenir otros seis números con el fin de identificar a todos los implicados en la presunta trama criminal:
“(Con la intervención telefónica) se estaría en condiciones de conocer la identidad de las personas que sin desarrollar esas funciones (dirigentes), son utilizados como testaferros, es decir, los individuos que con pleno conocimiento de su actuar delictivo fueron registrados ante las instituciones financieras y autoridad fiscal como accionistas en la adquisición en la constitución de las personas morales de mérito, aportando únicamente sus identidades y el curso de actos necesarios para conseguir un doble propósito: el anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la realización de personas colectivas que a la postre son utilizadas para realizar las operaciones ya aludidas.”
Las investigaciones de la PGR lograron acreditar que De Lope Francés y Hernández Martínez constituyeron 47 empresas, en las que están registrados como accionistas y/o representantes legales, compartiendo cargos de dirección en 12 de ellas. Seis de las 47 reportan como actividad el ramo de la construcción y siete la comercialización de equipos de cómputo y software.
Firmada por el agente del Ministerio Público Christian Axel Salas Jurado, adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, la solicitud dirigida al juez segundo de Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, es para la intervención telefónica de dos números de Hernández Martínez y De Lope Francés.
También se solicitó intervenir otros cuatro números telefónicos de tres de las empresas: Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, S.A. de C.V., Facturar en Línea, S. de R.L. de C.V., y Blueicon Technology, S.A. de C.V., aunque también están vinculadas a la investigación Blueicon MMP, S.A. de C.V., Centro Comercial Sonata, S.A. de C.V., Inmobiliaria Sonata, S.A. de C.V., Centro Comercial 2H, S.A. de C.V., Departamento FHM, S.A. de C.V., y Tan INN Salón, S.A. de C.V.
La PGR supone que, además De Lope Francés y Hernández Martínez, hay otros implicados que “estén siendo destinatarios de los recursos obtenidos, ello a fin de distribuirlos a diversos grupos delictivos aún desconocidos por esta autoridad ministerial”.
Millones y millones
La PGR inició la averiguación luego de que, el 14 de enero del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó la denuncia, que detalla la manera anómala de operar de las empresas de los dos empresarios poblanos y también porque no pagaron impuestos.
Y un dato llamó su atención: el 11 de julio de 2013, la empresa Tan Inn Salón, de la que Hernández Martínez es accionista y administrador único y De Lope Francés es accionista y comisario, hizo una transferencia electrónica a una empresa de Colombia por 112 mil 619 pesos.
La empresa destinataria se llama Agua Bendita y su propietario es Jorge Alberto Saldarriaga Escaf, hijo de Ivonne María Escaf de Saldarriaga, “persona que en el mes de noviembre de 2000 fue extraditada a Estados Unidos de Norteamérica al estar acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína por la vía marítima”.
Las investigaciones sobre los sospechosos iniciaron a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP identificó que “las empresas constituidas por los indiciados, las cuales operan grandes cantidades de dinero, han omitido el pago de impuestos atinentes, con la clara finalidad de no alertar a la autoridad hacendaria, máxime que se encuentran imposibilitados para justificar dichos ingresos”.
Por ejemplo, Blueicon Technology, S.A. de C.V., de la que es accionista Hernández Martínez, maneja recursos que no tienen sustento:
“Está desarrollando diversos proyectos inmobiliarios dentro del complejo denominado Distrito Sonata, ubicado en Lomas de Angelópolis, Puebla, desarrollos que concentran grandes espacios comerciales y residenciales, y al comparar ingresos del balance contable de la empresa con las dimensiones y espacios edificados resulta inexplicable y desproporcional, ya que los activos reportados no alcanzan ni para la compra de los terrenos y mucho menos para las obras realizadas, en razón de dichas compraventas suman más de 55 millones 85 mil 490 pesos, cantidad liquidada el 26 de noviembre de 2013, causando especial interés que de la propia página en internet de dicha empresa se desprende que se comenzó con la construcción de estos complejos desde el año 2012, es decir, un año antes de la compra de los citados terrenos.”
Añade la indagatoria de la PGR, iniciada a petición de la SHCP:
“La empresa Blueicon Technology, S.A. de C.V., se constituyó en fecha 4 de julio de 2011, en el cual reportó no haber tenido ingresos representativos, pero en la declaración de impuestos correspondiente a 2012 la sociedad manifestó tener un inventario de activos por 19 millones 988 mil 837 pesos y para el ejercicio 2013 el mismo ascendió a 206 millones 870 mil 240 pesos, sin identificar el origen de los recursos que provocaron el aumento y sin localizarse ingresos generados por la persona moral derivados de sus actividades, aunado a que del 19 de abril de 2012 al 16 de mayo de 2014 se identificaron ingresos vías trasferencias electrónicas SPEIS sin que dichos activos fueran reportados en la declaración de impuestos ateniente.”
Añade: “(…) Los imputados, a través de diversas personas jurídicas colectivas, de las que son accionistas y/o representantes legales, desplegaron operaciones utilizando los servicios de instituciones que integran el sistema financiero y en el ámbito comercial, que al ser analizadas conjuntamente con el resto de los datos permitieron establecer de manera fundada y motivada que los recursos económicos implicados tienen un origen ilícito y que las conductas se realizaron pretendiendo ocultar el origen y destino de los mismos, aunado a que no pueden justificar el origen lícito de esos activos, pues no corresponden a los que la sociedad mercantil BLUE ICON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., reporta a la autoridad hacendaria, sin que se conozca otra fuente de ingresos lícitos de la citada empresa”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457581/emerge-lavado-dinero-en-la-puebla-moreno-valle
ZACATECAS, Zac: Transportistas e integrantes de organizaciones sociales determinaron mantener el bloqueo en las instalaciones de la minera Peñasquito-Goldcorp, después de que se suspendió la orden judicial para desalojarlos.
Dicha suspensión se decretó al comprobarse que los trabajadores y directivos de la empresa no estaban secuestrados, como se planteó en la denuncia que interpuso la minera canadiense.
Mientras tanto, decenas de elementos de la Policía Estatal enviados por el gobierno permanecen en el lugar, frente a los accesos a Peñasquito, en el municipio de Mazapil, donde están concentradas más de 300 personas afectadas por la minería.
Los inconformes reclaman a Goldcorp el incumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos con la comunidad, como la preferencia a los contratistas locales para el acarreo del mineral y la construcción de un hospital.
Dichos acuerdos firmados por la empresa hace siete años, cuando adquirieron tierras ejidales para la operación de la minera en Mazapil, uno de los municipios más alejados y marginados del territorio zacatecano.
El pasado lunes 3, el director de Asuntos Corporativos y Seguridad para Latinoamérica de Goldcorp, Michael Harvey, anunció que se cerrarían las operaciones en Peñasquito, la más grande mina de oro a cielo abierto en esta región, con el argumento de que las personas que mantenían el bloqueo en sus instalaciones tenían secuestrados a más de 700 trabajadores y se estaban perdiendo millones de dólares por esa situación.
El directivo dijo que ya habían presentado denuncias penales en contra de los responsables del bloqueo, lo que derivó en una orden judicial de desalojo que iba a cumplimentarse el martes 4, con el respaldo de policías ministeriales y estatales.
Ese día, los agentes encabezados por el propio secretario de Seguridad Pública estatal, general Froylán Carlos Cruz, arribaron a Peñasquito, acompañando a personal del Juzgado y el Ministerio Público.
Sin embargo, el desalojo se frustró después de constatarse que no había tal secuestro de personal.
A pesar de eso, el gobernador Alejandro Tello Cristerna advirtió que su administración no será rehén “de chantajes y falsos líderes” que habrían politizado el tema, e incluso dio por hecho –el mismo martes– que se había desalojado a los manifestantes “con saldo blanco”.
“Están en su derecho, pero la autoridad tiene que hacer que se cumpla la ley, si es necesario, hasta las últimas consecuencias. Si se tiene que girar una orden de aprehensión, por muy famoso que sea el líder, tengan la certeza de que en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna se hará… Alejandro Tello está del lado de la ley y no me dejaré manipular, aunque traten de medir fuerzas con la autoridad. Yo no busco eso, lo único que buscaré es que se respete la ley”, subrayó.
Felipe Pinedo, asesor político de transportistas y ejidatarios, tachó de torpe al gobernador por esa postura, y aseguró que el plantón –que hoy cumplió diez días– continuará para que la minera cumpla con los compromisos que tiene pendientes con los habitantes de las comunidades aledañas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457764/afectados-mineria-mantienen-bloqueo-en-penasquito-goldcorp
CIUDAD DE MÉXICO: Según el artículo 28 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM vigente en 1991, los sinodales designados por la Universidad Panamericana (UP) eran los responsables de aceptar y revisar el contenido de la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto denominada “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”.
De acuerdo con información de Aristegui Noticias, lo anterior es parte de la respuesta de la UNAM a la “consulta técnica” que la institución privada realizó tras la publicación del reportaje “EPN, de plagiador a Presidente”, en el cual se concluye que al menos 28.8 por ciento de la tesis presidencial fue plagiada a distintos autores.
La respuesta de la UNAM a la UP fue elaborada por la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), Manola Giral Lozano, en un documento al cual tuvo acceso Aristegui Noticias, con fecha del pasado 12 de septiembre, y que consta de tres hojas y ocho puntos diferentes.
En el punto séptimo del oficio dirigido por la UNAM al representante legal de la Panamericana, Adrián Omar Pichardo Jiménez, la DGIRE también reconoce que conforme a la normativa vigente en 1991, una vez que una persona ha aprobado su examen profesional para otorgar el título de Licenciado de Derecho a una persona, ya no existe una norma o disposición posterior que permita revisarlo de forma posterior.
La “consulta técnica” enviada por la UP a la UNAM está planteada en términos negativos, es decir, antes de que la Universidad Nacional emitiera cualquier respuesta, la premisa de la escuela privada es que “no existe normatividad o reglamentación que regule o sancione los hechos narrados” en el documento recibido por la UNAM, dice la nota publicada por el portal Aristegui Noticias.
La revisión de la UP a la tesis de Peña Nieto admitía que el texto del entonces pasante de Derecho contenía decenas de “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”, es decir, plagio a diversos autores.
Ante la pregunta en sentido negativo, la UNAM responde textual: “efectivamente, una vez aprobado el examen profesional para obtener el título de Licenciado en Derecho, siguiendo el procedimiento antes descrito, no existe disposición que permite su posterior revisión, ya que dicho acto produce efectos jurídicos correspondientes”.
Sin embargo, la UNAM es muy clara en cuanto al deslinde de responsabilidades, puesto que en el punto ocho del documento, la titular de DGIRE, Manola Giral, insiste en que conforme al Estatuto General de la UNAM vigente en 1991, correspondía a la universidad incorporada sancionar cualquier violación grave cometida por cualquiera de sus alumnos a la legislación universitaria.
“Cabe señalar también que, según el Estatuto General de la UNAM, vigente desde las fechas que se refieren (1991), únicamente son responsables por faltas a la Legislación Universitaria los miembros del personal académico y los alumnos, por las causas graves de responsabilidad previstas en el artículo 95 del mismo ordenamiento. En consecuencia, cualquier asunto o falta a la normatividad cometida por un alumno del sistema incorporado, queda fuera de la jurisdicción de la legislación universitaria y de los órganos encargados de velar por su cumplimiento”, señala la respuesta de la UNAM a la UP.
Incluso, dice Aristegui Noticias, la DGIRE agrega que los alumnos de las instituciones incorporadas no se consideraban alumnos de la Universidad Nacional “para los efectos y obligaciones correspondientes”, puesto que las escuelas privadas estaban obligadas en 1991 a emitir un reglamento interno para someter a sus alumnos a las disposiciones internas emanadas de estos.
Por lo que se refiere a la tesis y al examen profesional, la UNAM le señala a la Panamericana que le correspondía a los planteles y escuelas incorporadas autorizar y registrar los temas de tesis o tesina de sus alumnos, además de advertir que también le correspondía a la UP designar a un asesor o director de tesis, mismo que era responsable de que el trabajo escrito reuniera los requisitos necesarios para ser aceptado y aprobado.
El director de la tesis de Enrique Peña Nieto fue el actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien atribuyó los plagios a “errores de imprenta”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457718/sinodales-la-up-los-responsables-revisar-la-tesis-pena-nieto-unam
Ciudad de México. La asociación civil Conciencia Cívica, que representa legalmente a decenas de colonos inconformes con la construcción de la miniciudad que incluirá áreas industrial, comercial, hotelera y de vivienda y será edificada en los próximos meses en el terreno de 450 mil metros cuadrados que hasta 2012 albergó la planta de Kodak en el municipio jalisciense de Zapopan, solicitó a las oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atraigan la investigación sobre la posible contaminación de ese terreno con metales pesados, informó el abogado Salvador Cosío Gaona, presidente de la agrupación.
Dijo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene documentos fehacientes que demuestran que el terreno está contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y cadmio.
En entrevista con La Jornada, Cossío refirió que la delegación de la Profepa en el estado de Jalisco “no garantiza la independencia que se requiere para realizar una investigación objetiva y apegada a derecho, pues se está poniendo del lado del municipio”.
Cosío Gaona agregó que con base en un informe de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado de Jalisco (Sedamet), obtenido por la vía de Transparencia, se confirmó que la constructora Quest Media, que dirige el empresario Jorge Gómez Vivanco, no cuenta con una manifestación de impacto ambiental (MIA), la cual debe expedir el alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro.
El litigante acusó que existe una actitud del gobierno municipal, que encabeza Lemus, de permitir a toda costa el desarrollo habitacional, comercial, industrial y hotelero, y de denostar a quienes señalan la falta, diciendo que se trata de “artimañas” para entorpecer el desarrollo.
“Hay interés personal del presidente municipal Pablo Lemus en este asunto. Él fue parte de los gestores de esta licencia inicial en la pasada administración municipal, siendo empresario, sin olvidar que fue director de la Coparmex en Jalisco”, dijo Cosío Gaona.
“Sostengo que es ilegal cualquier trabajo de construcción que se realice en ese terreno (de la Kodak), altamente contaminado con metales pesados. El alcalde Pablo Lemus incurrió en diversos delitos y ya lo denunciamos ante la fiscalía correspondiente”, añadió Cosío Gaona.
En la edición del 22 de agosto pasado La Jornada dio a conocer el contenido de un memorando elaborado por la dirección de ecología del municipio de Zapopan, que advierte a las autoridades de esa alcaldía que el terreno de 450 mil metros cuadrados es altamente tóxico.
El estudio refiere que esos metales pesados tendrán considerable impacto en el ambiente de la región y graves repercusiones en la salud de los futuros habitantes.
“Este informe busca ir alertando sobre los posibles avances de los trabajos de gestión de los desarrolladores ante este ayuntamiento, en la dirección general de obras públicas y en las áreas de planeación y control territorial.
Se indica por ello que se ponga especial atención en el estudio de impacto ambiental, “pues lo encontrado en el terreno pone en riesgo la salud pública”, refiere el documento enviado el 11 de noviembre de 2014 a la presidencia municipal de Zapopan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/exigen-estudio-ambiental-de-antiguos-terrenos-de-kodak-en-zapopan-1
Ocotlán, Jalisco. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que la captación de inversión extranjera y el dinamismo que ha registrado la economía interna ha permitido que en la actualidad se haya alcanzado una tasa de desempleo de cuatro por ciento, la cual es la más baja desde 2008 lo que expresa además que en esta administración se han creado, según la ultima cifra del Inegi, 2 millones 300 mil empleos.
No obstante, el mandatario reconoció que “no hemos crecido lo que podíamos haber crecido, en mayor dimensión y en mayor proporción".
Pero en el entorno global, donde se observa el crecimiento y desaceleración en las economías de varios países, "podemos ver que México está creciendo, su dinamo interno también está creciendo”, señaló.
Durante la inauguración de la nueva planta de formulas lácteas de la empresa Nestlé, el mandatario mencionó que la nueva inversión de la empresa suiza de 245 millones de dólares forma parte ya de los 120 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en este sexenio, cifra que supera en 40 por ciento la captada durante la pasada administración.
Ante representantes de la empresa, el presidente dijo que esta captación de inversiones obedece en gran parte a las reformas estructurales que se han impulsado en los últimos años,
“No es retórica” insistir en ello, agregó, por lo que celebró que previamente el representante de la empresa, Laurent Freixe, haya aludido a estos cambios como una forma para que el país atrajera mayor inversión.
“Esto no es casual, México sin duda hoy viene a consolidarse como un destino confiable en el mundo, precisamente a partir de cambios estructurales que hemos impulsado, como pareciera una retórica recurrente, pero es que no hay que perder de vista y agradezco mucho que sean las empresas que están invirtiendo que así lo testimonien.
“Por que no bastará con que el gobierno de la República pueda decirlo y lo recuerde a su sociedad casi todos los días, sino el mayor testimonio, lo que mayor crédito da a esto que hemos difundido ampliamente, el por qué México se coloca como un destino confiable”.
El mandatario destacó que se han captado inversiones responsables, no sólo rentables y sustentables, sino también que se han vinculado con otros programas sociales para revertir la pobreza en México, como la Cruzada contra el hambre.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/desempleo-se-ubica-en-4-el-mas-bajo-desde-2008-pena
CIUDAD DE MÉXICO: La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), llamó a declarar el próximo lunes a José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, por las declaraciones en las que aseguró que los hijos del capo se deslindaban del ataque al Ejército el pasado 30 de septiembre en Culiacán.
Así lo dio a conocer Andrés Granados, miembro también de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa:
“Al licenciado José Refugio le llegó un requerimiento por parte de SEIDO, donde lo están solicitando para que declare con respecto a ese tema. Nosotros sentimos que quieren saber cómo fue la fuente, quieren que se les diga quién es la fuente”, señaló.
En entrevista con Radio Fórmula, el litigante explicó que ayer, en la última visita que hizo a su defendido en el penal de Ciudad Juárez, no se habló sobre el ataque a los soldados en Culiacán.
“Nada más comentamos lo que se dijo en la Revista Proceso, lo que manifiestan ellos, y lo que me dijo mi compañero José Refugio, que le habían hecho llegar a él un comunicado en donde se deslindaban los hijos del señor Guzmán, de eso nada más hablamos”.
Y dijo que la conversación entre ellos fue enfocada a su situación médica, y no se habló más del tema, “hasta le comenté: ‘al licenciado José Refugio le llegó un requerimiento por parte de SEIDO donde le están solicitando que declare sobre ese tema’”, mencionó.
Un día después del ataque en el que murieron cinco soldados en Culiacán, el abogado José Refugio Rodríguez afirmó a Proceso que los hijos del capo quisieron hacer pública la postura de que no tuvieron ninguna relación con los hechos, ante los señalamientos del comandante de la Novena Zona Miltar, el general Alfonso Duarte, quien el mismo día de los hechos afirmó que se sospechaba de la participación de Alfredo e Ivan Guzmán Salazar, hijos del primer matrimonio de Guzmán Loera con Alejandrina Salazar.
“Los hijos de Joaquín (Guzmán Loera) Iván y Alfredo se deslindan de los lamentables hechos en que perdieron la vida los militares en cobarde emboscada. Ellos solicitan una investigación objetiva e imparcial en el esclarecimiento de los hechos y lamentan el fallecimiento de los militares en el cumplimiento de su deber”, señaló el abogado José Refugio Rodríguez el pasado 1 de octubre.
A pregunta expresa de por qué los hijos del narcotraficante necesitaban deslindarse de estos hechos, Rodríguez señaló: “A nadie le gusta ser perseguido del gobierno por algo que no hizo”. Los hijos de Guzmán Loera habrían enviado el mensaje: “cuando detuvieron a su papá no hicieron eso, menos ahora”.
“Ojalá no se haga una cacería de brujas en la que abusen de su poder (los militares) saciando su venganza por el dolor de los compañeros caídos”, dijo el abogado. Cuestionado de cómo había tenido contacto con los hijos de El Chapo afirmó que fue a través de un familiar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457733/seido-cita-a-abogado-chapo-deslinde-hijos-ataque-a-ejercito
WASHINGTON: El gobierno de Enrique Pena Nieto, fracasa en sus intentos por encubrir la verdad de lo ocurrido hace dos años en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los 43 estudiantes de escuela normal de Ayotzinapa, denuncia el periódico estadunidense The New York Times.
En uno de sus editoriales con el título: Dos años después de la desaparición de los estudiantes mexicanos, el poderoso e influyente periódico apunta que como parte del encubrimiento de los hechos, el gobierno de México escudó a Tomas Zeron de Lucio, sacándolo de la PGR para nombrarlo en un puesto importante en Los Pinos, luego de que ha sido señalado por expertos independientes como manipulador de lo ocurrido a los normalistas.
Pese a las dudas respecto a la verdad histórica que intenta imponer el gobierno de Pena Nieto sobre los 43 normalistas, The New York Times informa a su vez que la presidencia de Barack Obama, por medio del Departamento de Estado, decidió certificar a México en materia de derechos humanos para continuar financiando en su totalidad la parte correspondiente al año fiscal 2016 de la llamada Iniciativa Mérida, dedicada a combatir al narcotráfico mexicano.
“Calladamente el Departamento de Estado, el mes pasado notificó al Congreso (estadunidense) que después de deliberaciones considerables decidió certificar a México, porque ha hecho avances suficientes sobre la defensa de los derechos humanos que justifican la entrega de todo el paquete de ayuda por unos 155 millones de dólares”, revela el diario estadunidense en su editorial.
En el 2015, el gobierno de Obama desertificó en materia de derechos humanos al gobierno de Peña Nieto, y lo castigó con la retención del 15% del financiamiento de la Iniciativa Mérida.
“La justificación del Departamento de Estado, que hasta hace poco salió a la luz, está lejos de ser convincente”, se lee en el editorial.
En entrevista con el New York Times y para fortalecer el mensaje editorial, el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, consideró que el gobierno de Peña Nieto no ha logrado los progresos necesarios para contener la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“Al contrario, hemos visto un patrón de fallas de investigación, de destrucción de evidencias, de amenazas a testigos y de encubrimientos para proteger a policías y militares abusivos y corruptos”, declaró el poderoso senador al New York Times.
En coincidencia con lo denunciado por el legislador estadunidense, el editorial apunta que están los “intentos fallidos” del gobierno de Peña Nieto para ofrecer una versión creíble sobre lo ocurrido hace dos años con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“En abril (pasado) un grupo de expertos internacionales (GIEI) denunció que funcionarios mexicanos manipularon, desestimaron y fabricaron evidencias; elevando con ello las posibilidades de que cometieron actos de encubrimiento”, indica el New York Times.
Como parte de las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el editorial hace el énfasis en la visita de Zerón de Lucio, al río Cocula, hecho que incrementó las suspicacias sobre el encubrimiento gubernamental para ocultar la verdad sobre la masacre de los 43 estudiantes.
“Fue una filmación realizada el 28 de octubre de 2014 que muestra a Tomas Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de investigación Criminal de la Procuraduría General de la Republica (PGR), cerca de un río; no lejos del lugar en el que desaparecieron los estudiantes.
“La filmación incluye imágenes de una bolsa que contenía restos humanos quemados. En la narrativa oficial, el gobierno clama que buceadores de la Marina encontraron los restos en el río, el día anterior a la filmación”, destaca el editorial de uno de los periódicos de Estados Unidos más influyentes en el mundo.
Para rematar y fortalecer su opinión sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, The New York Times apunta que el pasado mes de septiembre la PGR anunció la renuncia de Zerón de Lucio, sin dar explicaciones sobre las discrepancias que existen sobre la filmación en el río Cocula y las otras investigaciones sobre lo ocurrido con los normalistas.
“Parece inverosímil que el gobierno dé una explicación al respecto. Horas después de la renuncia de Zerón de Lucio, el presidente Peña Nieto lo designó en un puesto rimbombante en el Consejo de Seguridad Nacional; movimiento que parece ser para proteger a Zerón de Lucio, por este momento, para que rinda cuentas sobre sus actos (en Cocula)”, concluyó el editorial del New York Times.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457721/fracasa-gobierno-de-pena-en-su-intento-por-encubrir-la-verdad-sobre-ayotzinapa-nyt
“Solicito, a nombre de toda mi generación, que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX), revoque la propuesta de no ejercicio de acción penal enviada por la Agente del Ministerio Público (MP), Rocío Adriana Cerón Méndez”, dijo a Desinformémonos, Eduardo Ochoa Rivera, integrante del comité organizador de la fiesta de graduación de más de 900 alumnas y alumnos de la carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fueron, “defraudados por 900 mil pesos” por la empresa Punto y Coma Eventos, a través de su representante y dueño Luis Fernando Sánchez Martínez.
Alumnas y alumnos de la generación 2013-2016, de dicha universidad, denunciaron el fraude del que fueron víctimas el año pasado. “El 17 de octubre de 2015 y previas pláticas firmamos el contrato para una fiesta para mil 300 personas. Pagamos mes con mes hasta julio de este año en que Sánchez Martínez nos dijo que no tenía el dinero de la fiesta ni como responder. Hay un daño económico para nosotros y nuestras familias que ahorraron durante un año, hay un daño moral por el fraude y todo el desgaste derivado del proceso legal y el daño irreparable de no haber podido celebrar nuestra graduación”.
Luisa Amanda Rivero, abogada en Rivero y Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien es una de las representantes legales de las y los estudiantes, explicó a Desinformémonos, que desde agosto se presentaron pruebas que considera: “oportunas, pertinentes e importantes para demostrar que además el fraude se hizo con dolo”, ya que, abundó, existen otras denuncias interpuestas una en la Delegación Benito Juárez y otra en la Delegación Cuauhtémoc.
Ochoa refiere que han tenido comunicación con al menos dos escuelas que afirman haber sido víctimas del mismo delito por la misma empresa. Una es la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y la otra es la Universidad Tres Culturas.
Aunque existen también las “entrevistas”, antes llamadas declaraciones, que las y los estudiantes hicieron en la delegación Benito Juárez en julio de 2015, la MP, Cerón, bajo el argumento de que en los registros de investigación que obran en la carpeta son: “incumplimiento de contrato”, se trata, dice, de competencia civil y no penal. “Nosotros como abogados, estamos claros por lo que atacamos ambas vías, tanto la penal como la civil”, aclaró.
Por su parte, Ochoa consideró que determinar la no acción penal es un acto de “violación a su deber de investigar y de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia al actuar, con esta decisión, a favor del señor Sánchez”, por lo que también solicitó a la PGJ CDMX, ordene se sigan con las investigaciones y se desahoguen las pruebas que las víctimas presentaron para acreditar el delito de fraude.
Con estos hechos, acusó Rivero, “ya se han violado el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, el deber de investigar, y a la debida diligencia”.
Por otro lado, señalan las y los graduados, que la empresa Punto y Coma Eventos, ofrece sus servicios, para la organización de fiestas de graduación, con un permiso brindado por el Patronato Universitario, quienes siguen otorgando licencia, para utilizar la marca (escudo), de la Universidad en los artículos de graduación que ofrece.
Al respecto, Rivero señaló que el patronato debe hacer una revisión para garantizar la seguridad de las y los estudiantes que contratan servicios de estas empresas que cuentan con el aval de la Universidad por lo que dicha instancia tendría que confirmar las garantías que las empresas brindan para seguridad del alumnado.
Por lo anterior, solicitaron a la UNAM que tome medidas de prevención de este tipo de delitos en perjuicio del patrimonio de las y los estudiantes. Al Patronato Universitario y a la Dirección General del Patrimonio Universitario, solicitan que: “implemente mecanismos más rigurosos y cuidadosos al momento de celebrar convenios con empresas productoras y comerciantes para la legal explotación de las marcas de la Institución, a fin de que brinden real y efectiva seguridad a los alumnos al momento de contratar y adquirir paquetes y/o artículos de graduación”.
Los hechos se dieron el 17 de octubre de 2015, con la firma del contrato de servicios con la empresa, las y los estudiantes comienzan con los preparativos y pagos para la fiesta de graduación que se celebraría el 21 de julio de 2016 en el Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas. El 10 de julio de 2016, Luis Fernando Sánchez Martínez comenzó evadir comunicación con el Comité Organizador de la fiesta, integrado por Erika Rodríguez Bortolotti, Hugo Aguilera Serrano y Eduardo Ochoa Rivera; por lo que el 15 de julio se pusieron en contacto con la encargada de organización de eventos del Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas, quien les manifestó que la fecha para su celebración no estaba programada y que en ningún momento se hizo algún anticipo para la misma.
Ante tal situación el 16 de julio de 2016, el Comité, en representación de las y los alumnos se presentaron ante la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez a denunciar el delito de fraude cometido por Luis Fernando Sánchez Martínez, representante y dueño de la empresa Punto y Coma Eventos, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación 03187/07-2016 de la cual hasta ahora y a pesar de que los representantes jurídicos han presentado pruebas, se decide el no ejercicio de la acción penal, por lo que hoy las y los estudiantes hacen el llamado a las autoridades para revocar la propuesta de no ejercicio de acción penal y seguirán actuando de manera conjunta para acceder a la justicia.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: YUNUHEN RANGEL.
LINK: https://desinformemonos.org/egresados-de-la-unam-victimas-de-fraude-llaman-a-procuraduria-capitalina-a-revocar-propuesta-de-no-ejercicio-de-accion-penal/
Desde el pasado 29 de septiembre fue reportada la desaparición de cuatro jóvenes en Boca del Río, Veracruz; la Fiscalía estatal descartó que se trate de un secuestro.
Los casos de la desaparición de jóvenes universitarios y de una familia originaria de Querétaro son los episodios más recientes respecto a la inseguridad que golpea a Veracruz.
Familiares dejaron de tener noticias sobre la ubicación de Génesis (22 años), Leobardo (24 años) y Octavio (22 años) desde el pasado 29 de septiembre.
Uno de los últimos indicios que se tuvo, según el medio Milenio, es que habían estado en casa de Génesis, y que luego salieron rumbo a una plaza comercial en Boca del Río.
El diario Reforma, en tanto, indicó que fueron vistos por última vez al abordar un taxi.
Las autoridades locales abrieron una investigación a partir del 1 de octubre.
Génesis Deyanira Urrutia Ramírez es estudiante de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Veracruzana.
Leobardo Arroyo ya se tituló como contador, y es egresado de la Universidad Veracruzana. Mientras que Octavio García Baruch estudio ingeniería bioquímica en el Instituto Tecnológico de Veracruz.
La Fiscalía de Veracruz indicó en un comunicado que abrió una investigación paralela sobre el caso del joven Andrés García Aguilar, cuya desaparición podría estar conectada con la de los otros tres jóvenes, ya que también ocurrió el 29 de septiembre.
El fiscal de la entidad, Luis Ángel Bravo, según un comunicado emitido el pasado 4 de octubre, descartó la hipótesis de que haya sido un secuestro, “al no existir, desde la fecha en que ocurrieron los hechos, una exigencia de rescate a cambio de su libertad”.
En su boletín, la Fiscalía de Veracruz señaló que en el caso “hay elementos posiblemente vinculados con delincuencia organizada”.
Al respecto el padre de Génesis, Édgar Urrutia, dijo al diario Reforma que una de las líneas de investigación de las autoridades es que el crimen organizado esté involucrado con las desapariciones. Esto porque uno de los jóvenes de los que no se sabe su paradero, Octavio García, tiene antecedentes penales.
De acuerdo con el diario, García fue detenido en 2012, por la sospecha de que tenía vínculos con una banda de secuestradores.
En entrevista con Radio Fórmula este jueves 6 de octubre, la hermana de Octavio, Dovianid Carranza Baruch, dijo que su hermano estuvo preso 8 días, pero que nadie lo señaló como responsable, así que recuperó su libertad.
Ese hecho de la detención, según Carranza Baruch, se dio después de que un grupo de personas se los llevara y los amarrara, tanto a ella como a Octavio, amenazándolos y pidiendo dinero.
Carranza Baruch mencionó que otro de sus hermanos, Gustavo, también está desaparecido, desde hace un año.
Este jueves ella pidió ayuda de las autoridades. Dice que tiene miedo, y que tanto ella como Octavio habían pensado en pedir asilo en otro país.
En Veracruz está el antecedente de enero pasado, cuando cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales.
El caso de una familia de Querétaro
Desde el inicio de septiembre pasado también se dio la desaparición de una familia de tres integrantes, originaria de Querétaro, al acudir a Salinas, municipio de Alvarado, Veracruz, donde tienen una casa en la playa.
La familia está conformada por una mujer, María Dolores, su esposo y su hija de 19 años.
Juan Pedro Pérez, hermano de María Dolores, indicó a Radio Fórmula que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Alvarado.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó en su cuenta de Twitter el pasado 13 de septiembre que se tenían “avances muy importantes” en la investigación, pero que la Fiscalía no podía revelar los datos. Hasta este jueves 6 de octubre, no había un reporte oficial al respecto.
En otro punto del estado, Coatzacoalcos, ciudadanos han pedido ayuda a las autoridades federales, ante diferentes crímenes que han padecido, entre ellos el secuestro.
“Estamos muy asustados por la situación que vivimos en el sur de Veracruz”, dijo Eduardo Campos, vocero de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servytur Coatzacoalcos, en entrevista con Televisa.
En una conferencia el miércoles pasado, autoridades informaron sobre la detención de tres presuntos integrantes de una banda vinculada con al menos 12 casos de secuestro en Coatzacoalcos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/universitarios-familia-desaparecidos-veracruz/
Una encuesta del INEGI sobre inseguridad en septiembre indicó que 71.9% de los habitantes de ciudades en México siente temor a ser víctima de algún delito.
La percepción sobre inseguridad en las ciudades mexicanas va en aumento.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, en septiembre pasado el 71.9% de los habitantes de ciudades dijo sentir temor a ser víctima de algún delito.
En junio pasado, ese porcentaje de personas mayores de 18 años fue de 70%.
Y en septiembre de 2015 fue de 68%.
En cuanto a las ciudades donde hay percepción más alta de inseguridad, los datos septiembre de la ENSU dieron estos resultados.
1.- Ecatepec de Morelos, Estado de México (95.3% dijo sentirse inseguro en esa ciudad)
2.- Región oriente de la Ciudad de México, que incluye a las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco (94.2%)
3.- Coatzacoalcos, Veracruz (93.4%)
4.- Acapulco, Guerrero (93.3%)
5.- Villahermosa, Tabasco (90.7%)
“Las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor son: Mérida, Tepic, San Francisco de Campeche, Puerto Vallarta y Durango con 33.2, 35.7, 35.7, 41.9 y 42%, respectivamente”, apuntó el INEGI.
En cuanto a diferentes sitios de la vida cotidiana en las ciudades, el 79.6% de la población de 18 años y más manifestó sentirse inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública.
El 71.7% en el transporte público, el 65.9% en el banco y 62.5% en las calles que habitualmente usa.
Respecto a la proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, los datos son: consumo de alcohol en las calles (65.7%), robos o asaltos (62.9%), vandalismo (54.4%), venta o consumo de drogas (42.4%), bandas violentas o pandillerismo (36.9%) y disparos frecuentes con armas (33.3%).
“La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población”, indicó el INEGI.
“Así mismo, el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía”, agregó.
Los datos que presenta el estudio son los resultados de encuestas en 15,300 viviendas. Se aplicó en 47 ciudades de interés, más las cuatro regiones de la Ciudad de México (Norte, Sur, Oriente y Poniente).
“El tamaño de la muestra garantiza un nivel de confianza en los resultados del 90%”, precisó el INEGI.
Aquí puedes consultar el comunicado completo con los resultados del estudio:
Encuesta del INEGI sobre inseguridad en ciudades by http://www.animalpolitico.com on Scribd
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/ciudades-inseguridad-encuesta/
Los activistas impidieron que la PGR empezara con los peritajes en Nochixtlán, ya que, denuncian no llevaban el equipo necesario y pretenden excluir cien testimonios.
A más de tres meses del desalojo violento en Nochixtlán, técnicos de la Procuraduría General de la Republica (PGR) regresaron para comenzar con los peritajes de la investigación pero activistas les impidieron, nuevamente, realizar las diligencias porque -denunciaron- los funcionarios llegaron sin equipo necesario para levantar testimonios y evidencias.
Tres meses y medio después, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) regresaron este jueves a Nochixtlán para iniciar los trabajos de investigación en la zona donde ocurrió el enfrentamiento que dejó ochos personas muertas.
El pasado 19 de junio, se produjo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el municipio oaxaqueño de Asunción Nochixtlán en el marco de las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que dejó un saldo de ocho muertos -la mayoría por impacto de bala- y un centenar de heridos, según cifras oficiales. Integrantes del Comité de Víctimas y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recibieron a los peritos y al Agente del Ministerio Público federal.
Hace unas semanas, activistas y docentes de la CNTE impidieron entrar a los peritos y exigieron copia de la investigación -la cual les fue entregada el lunes- y participar en los trabajos periciales.
Hoy el personal de la PGR llegó a la zona, encabezados por el Director General de Control de Averiguaciones Previas, Jorge Nader Kuri para empezar con la indagatoria.
En el lugar ya los esperaba el Comité de Victimas de Nochixtlán, activistas y maestros disidentes.
Los funcionarios dialogaron con diferentes líderes como Maclovio Marcial Aguilar de la Coordinadora Estatal de Trabajares de la Educación de Oaxaca(CTEO), integrantes del Comité de Víctimas, y activistas Arturo Peimbert de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). En la reunión, que duró dos horas, estuvieron también representantes de la ONU y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, no llegaron a ningún acuerdo y los activistas no permitieron la diligencia, ya que, acusaron que la PGR pretendía excluir los testimonios de cien heridos y familiares de las víctimas. Además de que llegaron sin el equipo necesario para realizarlo e incumplieron acuerdos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-10-2016/3101113
Se trata de la octava persona sentenciada en el llamado caso Heaven, que conmocionó al sociedad capitalina, y los implicados suman hasta el momento una condena acumulada de 4 mil 160 años.
Un juez mexicano condenó a 520 años de reclusión a un involucrado en el secuestro de 13 jóvenes en un bar de la Ciudad de México en 2013 y su posterior asesinato, informó hoy la Fiscalía capitalina.
“El juez 25 Penal dictó sentencia de 520 años de prisión a José Horacio Villegas Arteaga, responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de 13 personas privadas de la libertad en el bar Heaven en 2013”, indico la institución en un boletín.
Se trata de la octava persona sentenciada en el llamado caso Heaven, que conmocionó al sociedad capitalina, y los implicados suman hasta el momento una condena acumulada de 4.160 años.
Al condenado se le impuso además una multa de 5 millones de pesos (unos 260 mil dólares).
“Quedó asentado en el expediente que el sentenciado no podrá recibir los sustitutos de pena de prisión y suspensión condicional, debido a que la condena decretada excede el término establecido”, agregó el boletín.
Hasta el momento se ha dictado sentencia a ocho de los 22 implicados en la desaparición a plena luz del día de 13 personas, entre ellas un menor de edad, que se encontraban en el bar Heaven, ubicado en la céntrica colonia Juárez, el 26 de mayo de 2013.
En agosto de ese año, la Fiscalía mexicana anunció el hallazgo de una fosa clandestina en un terreno del municipio de Tlalmanalco, en el centro del país, con restos humanos que resultaron ser de los jóvenes.
Las dos primeras sentencias se emitieron en septiembre y diciembre de 2015, contra cinco imputados con una condena acumulada de 2.600 años de prisión.
La tercera resolución llegó en julio de este año contra dos responsables sentenciados a 1.040 años de reclusión.
La fiscalía capitalina remarcó que el expediente continúa abierto para los 14 imputados restantes.
FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-10-2016/3101107
Alejandra Barrales, presidenta del PRD explicó que la manifestación tenía el objetivo de reclamar la forma en la que el Presidente Enrique Peña Nieto redujo el presupuesto en el campo, la salud educación e infraestructura, además del sesgo partidista en el reparto de recursos.
Ciudadanos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus dirigentes marcharon este jueves hacia Los Pinos para manifestar su inconformidad ante los recortes presentados en el presupuesto de egresos 2017, presentado por el Gobierno federal.
La presidenta del partido, Alejandra Barrales anunció, en su cuenta de Twitter, que los manifestantes serían recibidos por una una comisión para crear una mesa del diálogo en torno a sus denuncias por el Presupuesto.
Barrales explicó previamente que la manifestación tenía el objetivo de reclamar la forma en la que el Presidente Enrique Peña Nieto redujo el presupuesto en el campo, la salud educación e infraestructura, además del sesgo partidista en el reparto de recursos.
Este día, publicó en Twitter que los recortes al presupuesto deja sin recursos a millones de mexicanos en Michoacán, Morelos y la Ciudad de México.
En otro tuit se lee: “Este presupuesto pretende quitarle recursos a temas tan importantes que le duelen a la gente como lo son el tema de salud, de seguridad”.
La secretaria general Beatriz Mojica, Carlos Sotelo y Alejandro Sánchez Camacho, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional encabezaron la marcha que inició en el Ángel de la Independencia. Aunque los dirigentes se integraron a partir de la Estela de Luz. Según datos de los organizadores, alrededor de 5 mil personas se dieron cita para apoyar al partido.
Ayer, Gobernadores del PPRD y la dirigente nacional del partido se reunieron con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribeña a fin de revisar el Paquete Fiscal 2017, principalmente acerca de las partidas que destinarán a los estados de la República.
Los mandatarios estatales buscan que las partidas federales que se destinan a las entidades se aumenten, de tal manera que sea un 25 por ciento de la recaudación nacional lo destinado a estados y municipios, y un 75 por ciento se concentre en el Gobierno de la República.
En la reunión se acordó realizar mesas de trabajo con el fin de revisar el presupuesto asignado para cada estado, pues a decir de la líder del PRD, en la asignación de presupuesto de para 2017, hubo un sesgo partidista.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-10-2016/3101110
El caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora de Audiencias Públicas de Ciudad de Juárez, quien con 36 años de edad pretendió obtener su jubilación develó una crisis de fondo en las arcas municipales.
Por el cambio de administración municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se duplicaron en tres meses las solicitudes de jubilación de los trabajadores del gobierno local. Sin embargo, el Fondo de Pensiones está en quiebra.
En junio pasado –durante el mes que se llevaron a cabo los comicios locales–, la coordinadora de la Comisión de Regidores del Trabajo y Previsión Social, Cristina Paz Almaza, informó que existían 20 trámites de jubilación en proceso de ser revisados, pero para septiembre había 40 solicitudes.
La razón del aumento es que el presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, planea desaparecer el puesto de seis directores municipales (de 24 a 18), explicó la vocera de la comisión, la regidora Norma Alicia Sepúlveda.
“Hay una inquietud muy grande respecto a la próxima administración, que se ha generado al manejar que habrá un recorte de personal importante porque quieren desaparecer alrededor de seis dependencias. Eso genera un malestar natural entre los empleados, y aquellos que tienen el derecho (de jubilarse) lo ejercen y nosotros no nos podemos negar a que ejerzan un derecho que han adquirido como empleados”, detalló la funcionaria local en entrevista.
Las causas del Fondo en quiebra
El Fondo de Pensiones para trabajadores del gobierno municipal de Ciudad Juárez está en quiebra técnica. En 2 años se han tomado 710 millones de pesos del gasto corriente para pagar los sueldos de los empleados retirados.
Además, también hay servidores públicos menores de 40 años –que cumplen con 15 años de antigüedad– que han aprovechado la pobre reglamentación y se han jubilado para recibir la pensión vitalicia.
Como el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años que solicitó jubilarse de su cargo en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
De acuerdo con datos oficiales a marzo de 2016, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez cuenta con 9 mil 747 funcionarios municipales, de los cuales 2 mil 635 están jubilados o pensionados, es decir, el 27 % de la nómina.
Cada mes, el gasto total en sueldos de jubilados y pensionados alcanza los 19 millones 322 mil 186 pesos, en tanto que las aportaciones mensuales de los empleados municipales en activo es de apenas 1 millón 582 mil 540 pesos.
Entre la nómina de los funcionarios retirados, se encuentra la pensión mensual para un ex trabajador por 81 mil 657 pesos; una cantidad mayor al sueldo del Presidente Municipal, que percibe 67 mil 600 pesos mensuales.
El Ayuntamiento de Ciudad de Juárez ha decidido ocultar los nombres, cargos y periodos de actividad de los empleados jubilados y pensionados por “protección de datos personales”, por lo que es imposible saber quiénes están siendo subvencionados con el Fondo; aun así es posible constatar en la página de transparencia del Municipio las cantidades que reciben mensualmente.
Lo que es un hecho es que el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora municipal de Audiencias Públicas quien presentó su trámite de jubilación con tan solo 36 años de edad, destapó una problemática de fondo gestada desde hace más de 20 años
La historia del Fondo
Desde 1988, el reglamento de “Jubilaciones por Antigüedad para el Municipio de Ciudad Juárez” establece la creación de un Fideicomiso para depositar las aportaciones de trabajadores y del Gobierno local para el fondo de retiro de los empleados municipales.
En 2015, el Fondo de Pensiones se declaró en quiebra técnica, por lo que se tomaron 365.4 millones de pesos del gasto corriente para pagar las pensiones correspondientes a los empleados municipales retirados; un año antes, en 2014, se destinaron al Fondo 344.6 millones en el Presupuesto de Egresos.
Por lo anterior, el Gobierno Municipal puso en marcha este 2016 una estrategia para tratar de “subsanar” al Fondo, con miras a su autosustentabilidad.
En diciembre de 2015, la administración municipal de Javier González Mocken comenzó negociaciones con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) para incrementar las aportaciones de los empleados.
En el mes de marzo, el SUTM y el Municipio alcanzaron un acuerdo en cuanto al saneamiento del Fondo, en el que estipula que a cada trabajador municipal se le retendrá el 4% de su salario, en tanto que el Municipio aportará la misma cantidad por empleado; anteriormente, las aportaciones de los trabajadores y del Municipio eran del 2%.
El caso de Lizbeth Alonso: la gota que derramó el vaso
En el mes de junio salió a la luz pública el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años de edad, que solicitó jubilarse.
Alonso Carreón pretendía jubilarse con una pensión del 55 % de su último sueldo mensual devengado (38 mil 480 pesos), por lo que recibiría 21 mil 164 pesos cada mes, de manera vitalicia.
De acuerdo con los documentos del trámite de jubilación presentado ante la Comisión de regidores de Trabajo y Previsión Social, la exfuncionaria ingresó al Municipio en junio del año 2000.
Alonso Carreón (quien laboró en la Unidad especial de atención de adicciones, la Oficina Municipal de Atención al Migrante y la Dirección de Turismo) ocupó en última instancia la Coordinación de Audiencias Públicas.
En febrero de este año presentó su renuncia para postularse como candidata del PRI a la diputación local del Distrito 07; La ex candidata no regresó a su puesto, debido a que su cargo fue desaparecido de la administración municipal.
Tras su derrota electoral, Alonso Carreón presentó su expediente laboral a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento para tramitar su jubilación.
En el mes de septiembre, Cristina Paz Almanza, coordinadora de la Comisión conformada en Cabildo, y Julio Alejandro Gómez, secretario de la misma, firmaron la solicitud de jubilación y la turnaron a la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Norma Sepúlveda, vocal de la comisión, se opuso a firmar el documento.
De acuerdo con El Diario de Juárez, en el expediente de la ex coordinadora de Audiencias Públicas consta que “se dio de baja el 21 de octubre de 2010 y el 21 de abril de 2012 presentó una renuncia voluntaria”. Sin embargo, no existen documentos que comprueben su reingreso al trabajo en este periodo.
El caso de Lizbeth Alonso Carreón conmocionó a los juarenses, al grado que el presidente municipal, Javier González Mocken, calificó al caso como “una polémica mediática” y anunció que no firmará la jubilación de exfuncionaria “tenga o no la razón jurídica”.
A la par del caso de Lizbeth Alonso, se presentaron las solicitudes de jubilación de tres empleadas municipales más, con 17 y 15 años de antigüedad en el Municipio, adscritas a la Dirección de Tecnologías de Información.
Anilú Flores Delgado, jefa de la Dirección con 17 años de antigüedad; Margarita Meléndez Fernández, asistente administrativa con 17 años de labores y María Guadalupe Cárdenas Navarro, programadora con 15 años. Las tres presentaron sus solicitudes ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Todas las funcionarias pudieron presentar su solicitud por estar bajo el régimen del reglamento de 1988, antes de las reformas efectuadas en 2005.
El origen de la problemática
El reglamento de pensiones y jubilaciones que permitía retirarse del cargo con 15 años de antigüedad, entró en vigor el 14 diciembre de 1988.
El artículo 7 del reglamento estipula, en su artículo 7, que los trabajadores podrán solicitar su jubilación, cobrando una pensión vitalicia del 55 % del último sueldo devengado.
En agosto de 2004, el Cabildo de Juárez aprobó una serie de modificaciones a los artículos 4, 6 y 7 del Reglamento; en el artículo 7 se agregó que los trabajadores municipales con intenciones de jubilarse, además de cumplir con un mínimo de 15 años de antigüedad, deberían acreditar tener al menos 60 años de edad.
No obstante, dichas modificaciones, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 2005, no fueron aplicables a Lizbeth Alonso, dado que entraron en vigor casi 5 años después de su alistamiento como trabajadora municipal.
El 5 de abril de este año, el Cabildo de Juárez aprobó el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, que incluye nuevos ‘candados’ para el otorgamiento de pensiones por jubilación, e incrementa las aportaciones de los trabajadores y del Municipio al Fondo de Pensiones.
El nuevo reglamento estipula que serán sujetos a pensionarse los trabajadores municipales que tengan como mínimos 60 años de edad y acrediten 25 años de trabajo.
En ese caso, la pensión alcanzaría el 85 por ciento del último sueldo devengado, u únicamente los trabajadores que acrediten 30 años laborados en el Municipio podrán acceder a una pensión mensual del 100 % de su último sueldo.
La edad para jubilarse es de 20 años, con una pensión del 75 % del último sueldo cobrado, únicamente para trabajadores de Instituciones de Seguridad Pública.
Aun con las modificaciones al reglamento, resulta imposible conocer el número total de funcionarios municipales que han solicitado su jubilación por contar con 15 años de antigüedad. Lo único cierto es que el Fondo de Jubilaciones se encuentra colapsado y las autoridades locales ocultan información argumentado la “protección de datos personales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/YOCIUDADANO.COM.MX
AUTOR: FAVIA LUCERO, MIGUEL SILERIO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/fondo-jubilados-ciudad-juarez-esta-quiebra-retirar-menores-40-anos/
