jueves, 6 de octubre de 2016

Gamboa la libra: Profepa multará a arrendador y piloto por aterrizaje en arrecife

De acuerdo con la dependencia, no hubo daños a los ecosistemas ni alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multará al arrendador y al piloto del helicóptero, así como al propietario y patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros del Parque Nacional Arrecife Alacranes, el pasado 30 de septiembre.

La dependencia indicó en un comunicado que la nave fue rentada por el empresario Emilio Díaz Castellanos, y los pasajeros, entre ellos el senador Emilio Gamboa Patrón, no tienen responsabilidad del hecho.

“De acuerdo con la indagatoria que hicieron sus inspectores en el estado de Yucatán, no hubo daños a los ecosistemas ni alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación, refugio o reproducción de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la Isla”, mencionó.

Recordó que derivado de una inspección, realizada del 3 al 5 de octubre, se estableció que el helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, de la empresa Heliservicios, aterrizó en la zona núcleo de esa área natural protegida donde sólo está permitido el aterrizaje con fines de manejo, vigilancia, investigación o emergencia.

Comunicado de Profepa: 

CONFIRMA PROFEPA VIOLACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS POR SUCESOS EN PARQUE NACIONAL ARRECIFE ALACRANES

+ Inspección señala que no hubo afectaciones a los ecosistemas ni destrucción de sitios de anidación o refugio de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la isla.

+ Emplazará a un procedimiento administrativo ante violaciones a la LGEEPA, su Reglamento y el Programa de Manejo que prohíbe dichas actividades en esa área natural protegida.

+ Aplicará sanciones a arrendador y piloto del helicóptero así como al dueño y el patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impondrá multas al arrendador y al piloto del helicóptero, así como al propietario y patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros del Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA), respectivamente, el pasado 30 de septiembre.

La indagatoria a cargo de inspectores de la PROFEPA en el estado de Yucatán señala que no hubo daños a los ecosistemas ni la alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación, refugio o reproducción de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la isla.

Como resultado de una inspección realizada, del día 3 al 5 de octubre, a denuncia presentada en redes sociales y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se estableció que el helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, de la empresa Heliservicios, arrendada por el empresario Emilio Díaz Castellanos, aterrizó en la zona núcleo de esa área natural protegida (subzona de uso restringido), donde sólo está permitido el aterrizaje con fines de manejo, vigilancia, investigación o emergencia.

Por su parte, el yate “Maharani”, propiedad del citado empresario, tampoco debió navegar en dicho sitio para embarcar a los pasajeros, lo que actualiza una segunda violación legal y administrativa, de acuerdo a las restricciones que impone entre otras disposiciones la LGEEPA, su Reglamento y el Programa de Manejo, para ese tipo de actividades.

Cabe señalar que el navío al mando de Javier Ricardo Rosel Manzano, contaba con permiso para ingresar al Parque Nacional.

A mayor abundamiento, como lo establecen los términos de su Programa de Manejo, en dicho Parque Nacional marítimo, sólo están permitidos aterrizajes o embarques en la denominada Isla Pérez, cercana a la Isla Blanca o Pájaros, lugar donde se registró el incidente.

Los incumplimientos señalados están estipulados de conformidad con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento y el programa de manejo. Lo anterior, en virtud de que no está permitido el aterrizaje de aeronaves ni el fondeo de embarcaciones para el ascenso de pasajeros en esa isla.

Asimismo, esta dependencia federal señala que ante los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, se emplazará a un procedimiento al arrendador y piloto del helicóptero así como al propietario y el patrón del yate, para en su caso aplicar multas que oscilan entre 50 y 50,000 unidades de medida.

La inspección de la PROFEPA a la Isla Blanca o Pájaros incluyó la evaluación tanto de los ecosistemas marino y terrestre, con especial atención en la zona de aterrizaje y embarque, en atención de una denuncia en redes sociales y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales (CONANP).

El Parque Nacional Arrecife Alacranes fue decretado el 19 de julio de 1996 con una superficie de 333,786 ha, se caracteriza por ser un área importante de sitios de anidación y descanso de aves marinas que cruzan la ruta del Golfo de México, su riqueza biológica consiste en la presencia de 116 especies de aves, 136 de peces, 24 especies de tiburones y 34 de corales.

En su interior existen cinco islas arenosas (Isla Pájaros o Blanca, Isla Chica, Isla Perez, Isla Muertos o Desertora e Isla Desterrada), Isla Pérez y sus alrededores son los sitios más utilizados por los pescadores, turistas e investigadores.


En el Parque Nacional se permiten tan sólo actividades turísticas y recreativas como el buceo libre y autónomo, la pesca deportiva y el senderismo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/gamboa-la-libra-profepa-multara-a-arrendador-y-piloto-por-aterrizaje-en-arrecife/

Militares emboscados solicitaron auxilio de municipales, estatales y federales; los dejaron solos: Priego

"Los pusieron en un estado de indefensión claro, porque el personal militar únicamente traía armas semiautomáticas, ¿cómo iban a poder competir contra lanzagranadas, lanzacohetes, Barrett?", preguntó.

César Gutiérrez Priego, especialista en derecho militar, indicó que tras la emboscada del pasado viernes contra elementos militares que trasladaban a un presunto delincuente en Sinaloa, presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el próximo lunes, “porque se han vulnerado los derechos humanos del personal militar”.

En entrevista para Aristegui CNN, señaló: “Aquí hay un hecho trascendente muy importante: cuando el personal militar se traslada, empieza un enfrentamiento, se da una refriega y nos damos cuenta que los miembros de la delincuencia organizada están mejor armados, tienen mayor capacidad, tienen un número superior de elementos, y el personal militar solicita el auxilio con base a la situación que está enfrentando en ese momento, recordemos que existe un C-4, recordemos que hay autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales. Y ninguna de esas autoridades llegó a prestar auxilio a los miembros del Ejército Mexicano”. 

Sostuvo que por ello existe una “clara violación a los derechos humanos del personal militar… porque nadie los asistió, porque los dejaron solos, y por omisión existe responsabilidad de esas autoridades”.

“Fue por miedo o por complicidad”, reconoció, “pero el chiste es que no hubo el apoyo que se tuvo que haber dado”.

Lo que busca, adelantó, es que la CNDH emita recomendaciones al Ejército, con el fin de que realice una investigación por violación de los derechos fundamentales del personal militar.

Recordó que la misma CNDH ha emitido recomendaciones a la Sedena, que han sido aceptadas, para delimitar el uso de determinado tipo de armamento, porque “en el uso de la fuerza… constantemente había un posible abuso en el uso de la fuerza”.

Sin embargo, lo que terminó pasando es que “los pusieron en un estado de indefensión claro, porque (en la emboscada) el personal militar únicamente traía armas semiautomáticas, ¿cómo iban a poder competir contra lanzagranadas, lanzacohetes, Barrett?”.

Expuso que habrá pequeñas manifestaciones en las oficinas de derechos humanos de los estados de la República, también el próximo lunes.

“Creo que llegó el momento de ser solidarios con las fuerzas armadas de este país. Y no sólo de serlo sino de demostrárselo”, dijo.

Además de la gran cantidad de armas en poder de los sicarios en los hechos referidos, tiene el registro de más de 25 camionetas blindadas, y “el C-4 no percibió absolutamente nada” ni ninguna autoridad “se dio cuenta que estaban sucediendo esas cosas”.

“Es como poner a un asaltante con una metralleta, y nosotros tenemos una resortera”, comparó.

“Se encontraba desprotegido el personal militar… se tuvo que replegar… esperando a que pudieran llegar esos famosos refuerzos que nunca llegaron”, lamentó.

“No llegaron ni siquiera los bomberos a apagar el fuego”, lamentó.


Por último, aseguró que tendría que ser reformado el mandato constitucional para que el Ejército y la Marina, con un mejor armamento, pudieran realizar funciones de seguridad pública, en las cuales tanto soldados como marinos partcipan desde el sexenio de Felipe Calderón.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/militares-emboscados-solicitaron-auxilio-de-municipales-estatales-y-federales-los-dejaron-solos-priego/

Reportan como desaparecido a exedil de Múgica, Michoacán

NUEVA ITALIA, Mich: Casimiro Quezada Casillas, expresidente municipal de Múgica, fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado sábado, cuando departía una cerveza con amigos en la cabecera municipal de Nueva Italia.

Sus familiares lo vieron por última vez, conviviendo con amigos en un establecimiento denominado “La Curva”, de donde se retiró a las 23:00 horas.

El local se ubica sobre la carretera que une los municipios de Múgica y Gabriel Zamora, que en los últimos días ha sido escenario de diversos enfrentamientos entre presuntos sicarios con policías estatales y soldados.

Familiares del exedil priista ya presentaron denuncia ante el Ministerio Público, por su desaparición y ahora es bucsado por la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas.

Quezada Casillas tiene 41 años de edad y gobernó en el periodo 2012-2015 el municipio de Múgica, una de las localidades donde surgieron los grupos de autodefensa que combatieron al cártel de Los Caballeros Templarios.

En 2014, autodefensas acusaron a Quezada Casillas de mantener vínculos con Enrique Plancarte Solís El Kike, uno de los cuatro principales líderes de Los Caballeros Templarios que radicaba en Múgica, en la cabecera municipal de Nueva Italia.

El 31 de marzo del 2014, autoridades federales informaron del abatimiento de El Kike en el estado de Querétaro, sin embargo, habitantes de la tierra caliente de Michoacán aún dudan de su muerte.

El 12 de enero de ese año, los grupos de autodefensa ingresaron a Múgica, donde se apoderaron de diversas residencias propiedad de El Kike y de otros miembros de Los Caballeros Templarios.

Días antes, Casimiro Quezada encabezó una marcha en Tierra Caliente en contra del surgimiento y expansión de las autodefensas.


Autoridades mantienen como línea de investigación la posibilidad de que el exedil priista haya sido “levantado” por alguna de las organizaciones de narcotraficantes que se disputan el control de la tierra caliente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457739/reportan-como-desaparecido-a-exedil-de-mugica-michoacan

Mancera reprocha trato desigual a estados por presupuesto 2017

CIUDAD DE MÉXICO: El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera acusó al gobierno federal de no tener un trato “justo ni parejo” entre las entidades del país por el recorte en el Paquete Presupuestal  2017 y regresó a sus advertencias al decir que la afectación a la Ciudad de México provocaría desaceleración de la economía nacional.


En conferencia, tras reunirse con legisladores del PRD en la Cámara de Diputados, comparó la asignación de recursos para proyectos en el Estado de México contra la ausencia de éstos para la capital del país:

“Lo que hemos corroborado y lo que también hemos insistido y aquí lo acabamos de reforzar es, por ejemplo, esto que viene para el tren México-Toluca (la capital mexiquense) primera etapa: 17 mil 840 millones, y el Metro en cero. Entonces, yo no entiendo cuál ha sido el criterio para dotar a esa obra de 18 mil millones y para dejar al Metro en cero. Nada más de sistema de movilidad a sistema de movilidad, el Metro tiene un camino andado y probado de sobra”.


Sin mencionar a la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila, sucesor del ahora presidente Enrique Peña Nieto, siguió: “Eso es lo que no entendemos, con vialidades que están haciendo para atravesar y comunicar algunos cerros. Ese es el punto”.

Mancera Espinosa reiteró que no “aflojará el pie, hasta que la Ciudad de México pueda ser tratada con justicia, con lo que le corresponde. No estamos pidiendo de más, no queremos un trato preferencial, no queremos un trato distinto a las demás entidades”.

No obstante, advirtió que si se aprueba el recorte de alrededor de 10 mil millones de pesos para “fondos prioritarios” como lo plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría frenarse haber consecuencias nacionales.

“Si se frena la Ciudad de México se va a frenar la economía nacional. Entonces, si nosotros tenemos una desaceleración de la economía de la Ciudad de México por afectaciones presupuestales podemos tener una desaceleración también de la economía nacional”.

Explicó que si se realiza el recorte, “la Ciudad de México tendrá que funcionar, nosotros tendremos que hacer todas las adecuaciones para darle garantía a la ciudadanía de funcionamiento.


“Pero es claro que el riesgo no solamente es local, es nacional”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457770/mancera-reprocha-trato-desigual-a-estados-presupuesto-2017

Solicita INE a Fiscalía de Morelos peritaje sobre firma de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Fiscalía General de Morelos el peritaje que realizó a la firma que habría plasmado Cuauhtémoc Blanco, en el supuesto contrato para aceptar la postulación como alcalde de Cuernavaca, informó el consejero electoral Enrique Andrade.

En entrevista en el marco del Foro de la Democracia Latinoamericana, organizado por el INE, Andrade dijo que la Fepade y el Instituto Electoral de Morelos siguen por su parte las investigaciones sobre el uso y destino de los recursos que habría utilizado el Partido Social Demócrata (PSD) en esa entidad.

“Y ahora lo que estamos justamente solicitando es que a partir de la información que da la Fiscalía (General) de Morelos, pedir que nos den esa última información (el peritaje a la firma) y, que en su caso, nos digan si hay alguna novedad por parte de ellos”, anotó.

Andrade González indicó –de acuerdo con Notimex– que solicitarán también a la Fepade conocer “cómo va el avance de sus propias investigaciones, es decir, este procedimiento depende también de terceros de que nos estén informando también lo que ellos están investigando”.

Respecto a si el exfutbolista debe dejar su cargo para dar paso a las indagaciones, comentó que no es necesario, dado que en México existe el principio de que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, aunque se dijo cierto de que este caso se resolverá antes de que concluya el año.

A pregunta expresa, dijo que al INE lo que le interesa es la fiscalización de los recursos del Partido Social Demócrata en Morelos, a fin de saber el uso y destino que se le dio a los mismos.

Para ello, anotó, “se está contactando al partido político en Morelos y se está contactando a las dos personas que supuestamente estuvieron involucradas en la firma del contrato que supuestamente serían Cuauhtémoc Blanco y los señores (Roberto Carlos y Julio) Yáñez”.

Entonces el INE tiene que investigar, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, si los recursos involucrados forman parte de sus prerrogativas o no.


Recordó que la UTF inició un procedimiento el 29 de agosto, en tanto que se han realizado algunas diligencias para determinar qué camino se siguió en este asunto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457774/solicita-ine-a-fiscalia-morelos-peritaje-firma-cuauhtemoc-blanco

Puebla está entre los primeros lugares en feminicidios en el país

Puebla es el noveno estado con mayor número de feminicidios en México, indicó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mientras que para la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la PGR (Fevimtra), es el segundo lugar en trata de mujeres a nivel nacional y de acuerdo con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el primer lugar en casos de mujeres desaparecidas.

La “Red Retoño” recordó lo anterior al contabilizarse en Puebla el feminicidio número 66 en lo que va del año y el cuarto en cinco días.

Puebla se encuentra entre un grupo de 17 estados que no cuentan con obligatoriedad de emitir y aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género del feminicidio, y a pesar de que desde 2013 se cuenta con el tipo penal del asesinato a mujeres, sólo existe una sentencia al respecto.

Ante la situación de violencia extrema por los crímenes de odio contra la mujer, la Red exigió al gobierno estatal atender las obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar las agresiones por género, así como demandó la activación urgente de la alerta de violencia contra la mujer.

En promedio, cada día siete mujeres y niñas mueren en México por la violencia de género, lo que posiciona al país en el número 16 a nivel mundial, recordó la Red.


De acuerdo con el OCNF, el Estado de México ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres, seguido de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/puebla-esta-entre-los-primeros-lugares-en-feminicidios-en-el-pais/

Reformas detonarán el crecimiento en México: Meade en Washington

Ciudad de México. En el primer día de actividades de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió en Washington con ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales para discutir los retos de la economía global.

En su gira de trabajo, Meade Kuribreña abordó temas de relevancia para las economías de los países emergentes, como las perspectivas de bajo crecimiento mundial y los efectos que ello genera en la economía mexicana.

Además, se refirió a las políticas adecuadas para elevar el crecimiento económico y a las alianzas entre los gobiernos y el sector privado para trabajar en colaboración y promover un mayor impulso económico a nivel internacional, al tiempo que se revive la colaboración internacional y el comercio global.

Meade Kuribreña abordó con homólogos y gobernadores de bancos centrales los retos de largo plazo que implican menor productividad y crecimiento.

Trabajar en conjunto sector privado y gobiernos con el objetivo de generar mayor inversión y empleos, son ejes rectores de las economías emergentes, sostuvo el titular de Hacienda, quien afirmó que “México vive su mejor momento en el que el impulso a las reformas estructurales detonarán mayor crecimiento”.

La noche de este jueves, Meade Kuribreña se reunirá con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, con quien abordará temas relevantes relacionados con la economía internacional.

José Antonio Mede Kuribreña asistirá a una cena de trabajo organizada por el G20, una sesión en donde asisten los Ministros y Gobernadores de bancos centrales de los países que integran el Grupo para discutir la situación de la economía global, los impuestos y medidas para frenar el lavado de dinero.


Se trata de un evento en el que se discuten temas relevantes relacionados con la economía internacional y la agenda de temas financieros del G20.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/las-reformas-impulsan-el-crecimiento-en-mexico-meade-en-washington

Las lealtades en el Ejército y la emboscada en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO: Las imágenes son las de una derrota dolorosa para cualquier milicia en el mundo: efectivos del Ejército mexicano asesinados y dos camiones militares calcinados en una emboscada, en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Como en Siria, en Iraq o Afganistán. Sólo que esta no es guerra ideológica, sino una guerra económica por el control del narcotráfico en México.


Es una guerra en la que se disputan rutas, mercados y la hegemonía de las preciadas mercancías que han dejado ganancias para muchos; incluida en la economía formal y para quienes son parte de los poderes formales del país.

Tienen razón los familiares de los cinco militares asesinados y la decena de heridos en demandar apoyo de la ciudadanía. Lo mismo, las organizaciones y activistas que a raíz del ataque se pronunciaron en contra de que los delincuentes impongan su ley y el miedo a la sociedad.


Pero de eso a las amenazas del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, de responder que el Ejército “va con todo” para responder a la emboscada de “las bestias criminales” hay una gran distancia, la misma que separa a un Estado criminal de aquellos donde hay transparencia y rendición de cuentas de los actos de sus autoridades; las de los militares incluidas.

La pregunta es si el jefe del general, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea el presidente Enrique Peña Nieto, está de acuerdo con esta respuesta o si los mandos militares están mandándose solos, por encima del poder civil.

Cuando Felipe Calderón abrazó la causa de la guerra al narcotráfico, la primera respuesta de la delincuencia fue en su propia tierra: una emboscada a una patrulla del 12º Batallón de Infantería en Carácuaro, Michoacán, el 1 de mayo de 2005. Entre las tres víctimas mortales reportadas por el Ejército estaba un jefe militar, el coronel Antioco Hernández Morales, anticipando el escalamiento del conflicto interno en México.

La respuesta del Ejército fue en los mismos términos que ahora advirtió el general secretario: persecución y terror entre los pobladores de Carácuaro y Nocupétaro, de acuerdo con los testimonios recogidos por la revista Proceso. Fuera de los testimonios periodísticos, nada se supo de lo que pasó en ese territorio controlado entonces por la Familia Michoacana.

Justo 10 años después, el 1 de mayo de 2015, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército mexicano, fue derribado en Jalisco en un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra derrota para el Ejército, ya bajo el actual general secretario.

Pero ante ese fracaso, la respuesta del general Cienfuegos no fue como la de ahora. ¿Por qué? No fue porque hayan dejado de responder violentamente. Tal vez porque el fallido operativo para detener al líder de ese grupo, Nemesio Oseguera, lo coordinó el Ejército. O tal vez porque hay una recomposición en la hegemonía del narcotráfico en México, en un posible escenario de ascenso del CJNG y disminución del Cártel de Sinaloa.

A las pocas horas del ataque al convoy de militares el viernes pasado, que de acuerdo con el Ejército traía herido a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, luego de un enfrentamiento con los propios militares en la sierra de Badiraguato, los jefes militares locales señalaron a los hijos de El Chapo Guzmán.

El comandante de la Tercera Región Militar, el general Alfonso Duarte Múgica, y el coordinador de Seguridad Pública del Estado, el general Moisés Melo García, quien fue jefe militar en Sinaloa y Durango –es decir, conocedor del Triángulo Dorado de las drogas–, apuntaron como probables responsables a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sorprendió la prisa del señalamiento, aunque los acusados negaron pronto cualquier responsabilidad.

Durante los dos sexenios panistas, el Ejército no pudo detener a El Chapo, a pesar de que Sinaloa es uno de los terrenos que mejor conocen los militares desde los años 70, cuando encabezaron la Operación Cóndor. Ésta, por cierto, terminó por favorecer a Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

En los años de la esplendorosa fuga de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se consolidó como una empresa multinacional del narcotráfico. Apenas hacía un año que Guzmán Loera se había fugado del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando en el verano de 2002 fue desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército, al descubrirse que sus elementos cuidaban la producción de mariguana en Badiraguato y Mocorito, en la sierra de Sinaloa.


Una respuesta violenta, en la lógica irracional de la venganza por parte del Estado, además de infligir más dolor al país, sólo serviría para seguir el juego de buenos y malos en esta prolongada guerra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457716/las-lealtades-en-ejercito-la-emboscada-en-sinaloa

Se alebresta el sindicalismo “charro”

Los sindicatos cercanos al poder respingaron por una propuesta de reforma de justicia laboral planteada por el gobierno federal. Envueltos en la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, los corporativistas en realidad abogan por la opacidad y por mantener los privilegios que les da el actual sistema. En contraparte, expertos y sindicalistas independientes consideran que el planteamiento puede traer beneficios a la fuerza productiva…

Por primera vez en lo que va del sexenio, el sindicalismo “charro” –es decir, el sometido al poder en turno– se manifestó en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto que, por presiones internacionales derivadas de la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico, propuso una nueva reforma de justicia laboral.

Sin embargo, su protesta no es para apoyar los derechos de los trabajadores, sino para no perder sus privilegios, particularmente los llamados “contratos de protección” (negociados a espaldas de los trabajadores), el “tripartismo” en los juicios laborales (que da mucho poder a los “sindicatos blancos” en las pugnas contractuales) y la existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción.

En contraparte, líderes de gremios no alineados y abogados de lo laboral celebran la iniciativa peñista –presentada la semana antepasada– porque implica ventajas para los trabajadores. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados Unidos y no por la larga exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos.

El año pasado, Washington presionó al gobierno de México para que acabara con la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal (Proceso 2050). Así, durante 12 meses, la administración peñanietista preparó sigilosamente una nueva reforma laboral, como parte de la “iniciativa de justicia cotidiana”.

Estas modificaciones son necesarias para que México se ajuste a los criterios del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (conocido como TPP y recientemente firmado) y pueda ser parte de la zona de libre comercio más amplia del mundo, junto a otras 11 naciones.

El abogado laboralista Arturo Alcalde confirmó que contar con un sistema de justicia laboral sustentado en un árbitro imparcial, como se propone en la iniciativa que actualmente debate el Congreso, es un reclamo de la izquierda y de la sociedad civil desde hace muchos años.

Benjamín Davis, de la AFL-CIO, explica que la reforma puede paliar la diferencia salarial entre Estados Unidos y México: “Porque si uno ve las cifras, la brecha salarial no se ha cerrado. Si uno hace un comparativo, en 1974, en la industria manufacturera, un trabajador mexicano ganaba 15% de lo que obtenía un estadunidense, y en 2015, 16%”. Considera positiva esta propuesta, además, porque combate la contratación de protección.

Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicato de telefonistas, se dijo sorprendido “gratamente” por la propuesta de justicia laboral, porque retoma banderas enarboladas por la izquierda desde hace años: “La propuesta hace un nuevo diseño de la aplicación de la justicia laboral. Primero desaparece las Juntas de Conciliación y abre el espacio en el ámbito judicial para que sea ahí donde se diriman los conflictos laborales, lo que hace posible la aplicación del estado de derecho”.

La postura divergente

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso del Trabajo (CT) expresó su rechazo a la propuesta de justicia cotidiana.

La misiva, firmada por Abel Domínguez Rivero, presidente de la Comisión Ejecutiva del CT, solicitó el archivo de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Ahí defiende el tripartismo: “La parte tripartita, surgida entre trabajadores, organismos sindicales y cámaras empresariales, ha llevado a cabo una marcada paz laboral”.

Para el CT, el planteamiento de justicia laboral no mejora las condiciones de empleo de los trabajadores discapacitados ni protege los derechos de los niños o ancianos trabajadores: “Es totalmente falso (…) ya que aunque se indique que existe el desarrollo de su trabajo sin acto peligroso y seguro, es una gran mentira”. Critica también que en la propuesta se hable del diálogo entre los factores de producción.

Los cambios que se introdujeron en la justicia laboral, se asienta en el texto, son una falacia porque no han mejorado la estabilidad laboral de los empleados ni de los patrones “por las cargas impositivas que el propio gobierno está imponiendo”.

Los corporativistas afirman que con la propuesta peñista los trabajadores no tendrán acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ni a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Cuestionan, finalmente, si el mandatario también pretende desaparecer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por los privilegios

La propuesta trastoca muchos intereses creados por el sindicalismo “charro”, que sustenta su negocio en la red de influencias que tiene con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, afirma en entrevista Arturo Alcalde, abogado de lo laboral.

“Efectivamente, la propuesta trastoca muchos intereses creados. En primer lugar el charrismo tradicional, que controla la inmensa o casi la totalidad de las representaciones obreras que no son producto de la votación auténtica de los trabajadores. Y es lo mismo con el sector empresarial: los abogados dedicados a los contratos de protección se están movilizando para impedir este cambio”, agrega.

El especialista, paralelamente, reprocha la carta del CT, donde también se critica la corrupción del Poder Judicial. “¿Quién es más corrupto? O sea, ¿quién tira la primera piedra?”.

“Lo que el CT está planteando es que las juntas dependan del Poder Ejecutivo en un esquema de falso tripartismo, que tiene su origen en el corporativismo, en el fascismo italiano del control de los factores de la producción. Esto no sólo perjudica a los trabajadores, sino también a las empresas”, abunda.

Alcalde lamenta que se haya propuesto que la Constitución de la Ciudad de México mantenga las Juntas de Conciliación con el esquema tripartita, y que sean “órganos autónomos constitucionales, lo cual significaría fortalecer el corporativismo”.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, “me alegaba problemas de presupuesto. No niego que pueda haber problemas de presupuesto, pero eso es otro asunto. Al final, que él entienda que para aplicar el estado de derecho las juntas deben desaparecer”.

La cuestión laboral en la Ciudad de México, agrega, debe revisarse porque es preocupante que todos los sindicatos del gobierno central están afiliados a la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), que es priista.

El abogado laboral Alfonso Bouzas está de acuerdo con lo anterior: “Las juntas son un lastre para los trabajadores, pues crean jueces de lo laboral, crean una nueva carrera profesional y un instituto de registro de sindicatos, entre otros puntos.

“Cuando menos se abre la posibilidad de darle un golpe al corporativismo sindical, a los sindicatos de a mentiritas, entre otros puntos”, indicó en entrevista.

Las propuestas

La iniciativa peñanietista propone evitar los mecanismos dilatorios tan frecuentes en las querellas laborales, incorporarlas a un sistema de juicios orales y modificar los requerimientos y plazos de cumplimiento de los amparos indirectos.

Los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo, además, sólo tendrán validez “si se constata la voluntad de los trabajadores de pertenecer a un sindicato y suscribir un contrato colectivo”. También busca “prever mecanismos de consulta previa a los trabajadores en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo (y) establecer la noción de legitimidad y representatividad para contar con sindicatos auténticos en las empresas”.


Otro punto se refiere a cambiar el estatus de los servidores de las juntas para que sean considerados trabajadores de confianza, así como que se incluya un Fondo para la Mejora de Justicia Cotidiana Laboral Federal en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un órgano auditor para mejorar la administración de las juntas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457715/se-alebresta-sindicalismo-charro

Ejecutan a cinco hombres en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO: La violencia continúa en Sinaloa, donde la madrugada de este jueves se registró una balacera en el municipio de Escuinapa, con un saldo de cinco personas muertas.


De acuerdo con el diario Noreste, la balacera se registró alrededor de la una de la madrugada en la comunidad de Palmillas, al sur del municipio.

El múltiple homicidio ocurrió a la salida de la comunidad, junto a un puesto de camarón ubicado a un costado de la carretera Federal México 15.

De acuerdo con testimonios de vecinos los hombres ejecutados platicaban junto al puesto de venta de camarones cuando llegaron hombres armados y los acribillaron para después huir.

Fueron los vecinos quienes dieron aviso a la policía y hasta el lugar se trasladaron agentes de distintas corporaciones, así como elementos del Ejército.

En minutos la zona fue abarrotada con policías y militares que acordonaron el área donde estaban los cuerpos de las víctimas. Luego llegaron peritos de la Procuraduría General de Justicia para realizar las investigaciones de campo.

Luego de más de tres horas de labores periciales, el agente del Ministerio Público solicitó que los cuerpos fueran llevados al Semefo de Mazatlán donde seguirán con las investigaciones.

Hasta el momento se desconoce el nombre de las víctimas y el posible móvil del múltiple asesinato, solo se dijo que tenían su domicilio en Palmillas.


Este hecho se registra a una semana de un enfrentamiento entre bandas rivales en la comunidad La Ciénega, también en el municipio de Escuinapa, que dejó un saldo de cinco muertos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457726/ejecutan-a-cinco-hombres-en-sinaloa

Diputados atenderán en “riguroso orden” casos de juicio político

Ciudad de México. En su primera reunión de trabajo, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados definió el procedimiento para atender las 352 solicitudes de juicio político presentadas.

El PRD alertó sobre el riesgo de que el PRI agote los tiempos para que expiren las denuncias, porque la mayoría de los señalados pertenecen a ese instituto político.

“Tenemos que hacer las cosas con sensatez, para que esto no sea un espacio de jaloneo político”, después de que el tricolor plantea que la revisión de las solicitudes “se haga en orden cronológico y eso desde luego sería controlar la impunidad, porque cuando revisemos el (caso) más cercano, habrá prescrito seguramente”, explicó el diputado Rafael Hernández Soriano, integrante de la subcomisión.

Las denuncias de juicio político se realizarán en dos etapas. En la primera, serán estudiadas y resueltas “por riguroso orden” las correspondientes a las legislaturas LIX, LX, LXI (que abarcan de 2003 a 2012), y en una segunda etapa, una vez agotada la anterior, las LXII y LXIII (2012-2018).

“La subcomisión procurará que las denuncias notoriamente improcedentes se resuelvan en un mismo acto, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal”, establece el acuerdo.

La Junta Directiva podrá acordar cuantas reuniones considere necesarias para el correcto desahogo de las etapas citadas. La subcomisión contará con 30 días hábiles, contados a partir de que se apruebe el orden del día, para el análisis de las denuncias inscritas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOS, JOSÉ A. RÓMAN.

Idóneos, los 21 candidatos al TEPJF: Comisión del Senado

Ciudad de México. La Comisión de Justicia del Senado declaró que los 21 candidatos a integrar la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son idóneos para el cargo y pueden elegirse, ello a pesar de que legisladores del PT e independientes expusieron que algunos no reúnen los requisitos y otros tienen nexos con partidos.

El presidente de la comisión, el panista Fernando Yunes, reconoció que ese organismo sólo tiene capacidad para definir la idoneidad de los candidatos y es la Junta de Coordinación Política del Senado la que decidirá quiénes serán finalmente los siete magistrados que conformen el TEPJF.

Los perredistas Angélica de la Peña y Benjamín Robles Montoya resaltaron la importancia de que se elijan con responsabilidad a los magistrados y se eviten decisiones “premeditadas o de candidatos sin capacidad”.

El senador del PT, David Monreal lamentó que la comisión no se hubiera atrevido a rechazar a dos de las ternas, cuyos integrantes tienen nexos partidistas o apoyos tanto de la Suprema Corte como de actuales magistrados del Tribunal Electoral, “que buscan continuar en los cargos a través de personajes vinculados directamente a ellos”.

La senadora independiente Martha Tagle consideró también que la comisión debió ser más puntual y lamentó que sólo dos mujeres podrán integrarse al Tribunal Electoral.

La perredista de la Peña coincidió con ello aunque resaltó que no es por decisión del Senado sino de la Suprema Corte, que envió dos ternas conformadas exclusivamente por mujeres.

Ambas legisladoras y el senador Monreal coincidieron en que debe también ser muy puntual los años para los que habrán de elegir a los siete magistrados, toda vez que los periodos son de tres, seis y nueve años.


De la Peña y Tagle resaltaron que es importante que la selección que habrá el Senado a las dos mujeres que habrán de ocupar el cargo de magistrado no se les elija por el menor periodo sino por seis o nueve años.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/idoneos-los-21-candidatos-al-tepjf-comision-del-senado

Emerge el lavado de dinero en la Puebla de Moreno Valle

El megaproyecto inmobiliario My Residence, que se construye en la capital del estado en un predio donado por el gobierno de Puebla al Consejo Coordinador Empresarial, se encuentra en la mira de la Secretaría Hacienda y de la PGR. Resulta que éste y otros enormes proyectos habitacionales y comerciales forman parte de una investigación sobre rutas y redes de complicidad por presunto lavado de dinero. Los empresarios que encabezan esas multimillonarias inversiones han sido avalados desde 2011 por el gobernador Rafael Moreno Valle.

PUEBLA, PUE: En la zona más cara del estado, Lomas de Angelópolis, se levanta un lujoso complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos, habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

Es el opulento Distrito Sonata, donde se inaugurará, en diciembre, el hotel más grande de Puebla y se estrenará en 2017 la torre residencial más elevada de México, Nubola Tower, de 198 metros de altura, en cuya cúspide habrá helipuerto, muro para escalar y una alberca semiolímpica que tendrá como fondo los volcanes.

En el Distrito Sonata, una zona de concepto walking distance (a poca distancia) que por su exclusividad es comparado a menudo con Miami, se levantan Sonata Towers, dos inmensas torres de departamentos, y Luxory Corner, también habitacional, junto a Plaza Jazz y STW Plaza, donde se venden las marcas más costosas del mundo.

Todos estos desarrollos han sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28 de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto My Residence, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El gobernador panista Rafael Moreno Valle colocó la primera piedra de ese proyecto de Blueicon, que a cambio de la inversión se quedó como dueño de los 6 mil metros cuadrados del terreno que fue donado al CCE, en 2004, por el exmandatario priista Melquiades Morales, cuando el actual era secretario de Finanzas.

“Les agradezco que estén invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My Residence”, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya prosperidad se cimenta, sin embargo, en actividades criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP).

En efecto, Blueicon Technology, S.A. de C.V. –que ya incursionó también en la realización de películas con Blueicon Films– es sólo una de las al menos 12 empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico, según las investigaciones de la PGR y la SHCP, cuyos principales accionistas son Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez.

Conforme a la indagatoria C.I./PGR/UEAF/0001/2015-04, a la que este semanario tuvo acceso, ambos personajes comenzaron en 2011 una inaudita expansión en el ramo de la construcción en la zona más exclusiva de la Angelópolis, localizada en el municipio de San Andrés Cholula, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 20 años.

La súbita prosperidad de ambos empresarios de Puebla coincide con el inicio del gobierno de Moreno Valle, en febrero de 2011, cuyo primer secretario de Infraestructura fue Antonio Gali Fayad, gobernador electo.

Según las investigaciones de la PGR y de la SHCP que están en curso y que iniciaron en enero de 2015, los implicados han realizado operaciones con dinero sucio, “utilizando instituciones del sistema financiero con el objeto de ocultar el origen y el destino de dichos recursos ilícitos, además de buscar darles una apariencia de legitimidad”.

Este esquema de operación se materializa mediante la constitución de numerosas empresas, “que sirven como fachada para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero”, compañías que no tienen una operación comercial que sustente los recursos que manejan y que además tampoco cumplen con el pago de impuestos por los recursos operados.

Inclusive una de las empresas propiedad de los implicados, Tan Inn Salón, S.A. de C.V. –que proporciona servicio de bronceado corporal–, hizo, en junio de 2013, una transferencia de recursos a la empresa Agua Bendita, de Colombia, propiedad de Jorge Alberto Saldarriaga, hijo de Ivonne María Escaf Saldarriaga, presa en Estados Unidos acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, que las inició a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en enero de 2015, los desarrollos inmobiliarios de Blueicon en el Distrito Sonata sólo se explican con recursos producto de actividades criminales.

“Los implicados, utilizando diversas (personas) morales, despliegan una operativa a través de la cual incorporan recursos económicos al sistema financiero nacional mediante múltiples actos que posteriormente utilizan para la construcción de complejos inmobiliarios, particularidades que aunadas a la falta de cumplimiento en obligaciones de carácter fiscal, así como a la vinculación trasnacional de los sujetos mencionados en actividades criminales, de manera fundada permiten establecer que los recursos utilizados para tal efecto tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objeto de ocultar su origen y destino, generando todo ello una afectación al bien jurídico tutelado por el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.”

Dueños o testaferros

En una de poquísimas investigaciones de la PGR y la SHCP sobre operaciones con dinero de origen presuntamente criminal, y cuyo desenlace es incierto, los dos principales implicados en el caso, De Lope Francés y Hernández Martínez, no pertenecen a la élite empresarial de Puebla, pese a los cientos de millones de pesos que manejan desde 2012.

Hernández Martínez es un personaje desconocido y De Lope Francés se sabe que fue reconocido por Vicente Fox, en 2001, como joven emprendedor que, a partir de los 16 años, había tenido modestos negocios vendiendo pins, portarretratos de madera y por un tiempo dueño de un verificentro en Puebla.

En 2010, según un perfil publicado en la revista Expansión, tenía tres negocios: Publicidad Estudiantil Lofran, comercializadora de publicidad universitaria –en libretas regaladas en colegios–; El Súper Negocio en Casa, una empresa multinivel para vender abarrotes y medicamentos, y Facture Ya, vendedora de software a pequeñas y medianas empresas para elaborar facturas electrónicas.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la PGR y la SHCP, es en 2011 cuando comienza la espectacular expansión de los negocios de De Lope Francés –de 36 años– y su socio, que en cuatro años se han convertido en los principales constructores de desarrollos de lujo en la zona más cara de Puebla.

Para la PGR, De Lope Francés y Hernández Martínez podrían no ser los verdaderos dueños del dinero, sino sólo prestanombres o testaferros, por lo que, desde el 10 de junio de 2015, un juez autorizó la intervención de uno de sus números telefónicos y, en agosto de ese año, pidió autorización para intervenir otros seis números con el fin de identificar a todos los implicados en la presunta trama criminal:

“(Con la intervención telefónica) se estaría en condiciones de conocer la identidad de las personas que sin desarrollar esas funciones (dirigentes), son utilizados como testaferros, es decir, los individuos que con pleno conocimiento de su actuar delictivo fueron registrados ante las instituciones financieras y autoridad fiscal como accionistas en la adquisición en la constitución de las personas morales de mérito, aportando únicamente sus identidades y el curso de actos necesarios para conseguir un doble propósito: el anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la realización de personas colectivas que a la postre son utilizadas para realizar las operaciones ya aludidas.”

Las investigaciones de la PGR lograron acreditar que De Lope Francés y Hernández Martínez constituyeron 47 empresas, en las que están registrados como accionistas y/o representantes legales, compartiendo cargos de dirección en 12 de ellas. Seis de las 47 reportan como actividad el ramo de la construcción y siete la comercialización de equipos de cómputo y software.

Firmada por el agente del Ministerio Público Christian Axel Salas Jurado, adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, la solicitud dirigida al juez segundo de Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, es para la intervención telefónica de dos números de Hernández Martínez y De Lope Francés.

También se solicitó intervenir otros cuatro números telefónicos de tres de las empresas: Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, S.A. de C.V., Facturar en Línea, S. de R.L. de C.V., y Blueicon Technology, S.A. de C.V., aunque también están vinculadas a la investigación Blueicon MMP, S.A. de C.V., Centro Comercial Sonata, S.A. de C.V., Inmobiliaria Sonata, S.A. de C.V., Centro Comercial 2H, S.A. de C.V., Departamento FHM, S.A. de C.V., y Tan INN Salón, S.A. de C.V.

La PGR supone que, además De Lope Francés y Hernández Martínez, hay otros implicados que “estén siendo destinatarios de los recursos obtenidos, ello a fin de distribuirlos a diversos grupos delictivos aún desconocidos por esta autoridad ministerial”.

Millones y millones

La PGR inició la averiguación luego de que, el 14 de enero del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó la denuncia, que detalla la manera anómala de operar de las empresas de los dos empresarios poblanos y también porque no pagaron impuestos.

Y un dato llamó su atención: el 11 de julio de 2013, la empresa Tan Inn Salón, de la que Hernández Martínez es accionista y administrador único y De Lope Francés es accionista y comisario, hizo una transferencia electrónica a una empresa de Colombia por 112 mil 619 pesos.

La empresa destinataria se llama Agua Bendita y su propietario es Jorge Alberto Saldarriaga Escaf, hijo de Ivonne María Escaf de Saldarriaga, “persona que en el mes de noviembre de 2000 fue extraditada a Estados Unidos de Norteamérica al estar acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína por la vía marítima”.

Las investigaciones sobre los sospechosos iniciaron a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP identificó que “las empresas constituidas por los indiciados, las cuales operan grandes cantidades de dinero, han omitido el pago de impuestos atinentes, con la clara finalidad de no alertar a la autoridad hacendaria, máxime que se encuentran imposibilitados para justificar dichos ingresos”.

Por ejemplo, Blueicon Technology, S.A. de C.V., de la que es accionista Hernández Martínez, maneja recursos que no tienen sustento:

“Está desarrollando diversos proyectos inmobiliarios dentro del complejo denominado Distrito Sonata, ubicado en Lomas de Angelópolis, Puebla, desarrollos que concentran grandes espacios comerciales y residenciales, y al comparar ingresos del balance contable de la empresa con las dimensiones y espacios edificados resulta inexplicable y desproporcional, ya que los activos reportados no alcanzan ni para la compra de los terrenos y mucho menos para las obras realizadas, en razón de dichas compraventas suman más de 55 millones 85 mil 490 pesos, cantidad liquidada el 26 de noviembre de 2013, causando especial interés que de la propia página en internet de dicha empresa se desprende que se comenzó con la construcción de estos complejos desde el año 2012, es decir, un año antes de la compra de los citados terrenos.”

Añade la indagatoria de la PGR, iniciada a petición de la SHCP:

“La empresa Blueicon Technology, S.A. de C.V., se constituyó en fecha 4 de julio de 2011, en el cual reportó no haber tenido ingresos representativos, pero en la declaración de impuestos correspondiente a 2012 la sociedad manifestó tener un inventario de activos por 19 millones 988 mil 837 pesos y para el ejercicio 2013 el mismo ascendió a 206 millones 870 mil 240 pesos, sin identificar el origen de los recursos que provocaron el aumento y sin localizarse ingresos generados por la persona moral derivados de sus actividades, aunado a que del 19 de abril de 2012 al 16 de mayo de 2014 se identificaron ingresos vías trasferencias electrónicas SPEIS sin que dichos activos fueran reportados en la declaración de impuestos ateniente.”


Añade: “(…) Los imputados, a través de diversas personas jurídicas colectivas, de las que son accionistas y/o representantes legales, desplegaron operaciones utilizando los servicios de instituciones que integran el sistema financiero y en el ámbito comercial, que al ser analizadas conjuntamente con el resto de los datos permitieron establecer de manera fundada y motivada que los recursos económicos implicados tienen un origen ilícito y que las conductas se realizaron pretendiendo ocultar el origen y destino de los mismos, aunado a que no pueden justificar el origen lícito de esos activos, pues no corresponden a los que la sociedad mercantil BLUE ICON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., reporta a la autoridad hacendaria, sin que se conozca otra fuente de ingresos lícitos de la citada empresa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457581/emerge-lavado-dinero-en-la-puebla-moreno-valle

Afectados por minería mantienen bloqueo en Peñasquito-Goldcorp

ZACATECAS, Zac: Transportistas e integrantes de organizaciones sociales determinaron mantener el bloqueo en las instalaciones de la minera Peñasquito-Goldcorp, después de que se suspendió la orden judicial para desalojarlos.

Dicha suspensión se decretó al comprobarse que los trabajadores y directivos de la empresa no estaban secuestrados, como se planteó en la denuncia que interpuso la minera canadiense.

Mientras tanto, decenas de elementos de la Policía Estatal enviados por el gobierno permanecen en el lugar, frente a los accesos a Peñasquito, en el municipio de Mazapil, donde están concentradas más de 300 personas afectadas por la minería.

Los inconformes reclaman a Goldcorp el incumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos con la comunidad, como la preferencia a los contratistas locales para el acarreo del mineral y la construcción de un hospital.

Dichos acuerdos firmados por la empresa hace siete años, cuando adquirieron tierras ejidales para la operación de la minera en Mazapil, uno de los municipios más alejados y marginados del territorio zacatecano.

El pasado lunes 3, el director de Asuntos Corporativos y Seguridad para Latinoamérica de Goldcorp, Michael Harvey, anunció que se cerrarían las operaciones en Peñasquito, la más grande mina de oro a cielo abierto en esta región, con el argumento de que las personas que mantenían el bloqueo en sus instalaciones tenían secuestrados a más de 700 trabajadores y se estaban perdiendo millones de dólares por esa situación.

El directivo dijo que ya habían presentado denuncias penales en contra de los responsables del bloqueo, lo que derivó en una orden judicial de desalojo que iba a cumplimentarse el martes 4, con el respaldo de policías ministeriales y estatales.

Ese día, los agentes encabezados por el propio secretario de Seguridad Pública estatal, general Froylán Carlos Cruz, arribaron a Peñasquito, acompañando a personal del Juzgado y el Ministerio Público.

Sin embargo, el desalojo se frustró después de constatarse que no había tal secuestro de personal.

A pesar de eso, el gobernador Alejandro Tello Cristerna advirtió que su administración no será rehén “de chantajes y falsos líderes” que habrían politizado el tema, e incluso dio por hecho –el mismo martes– que se había desalojado a los manifestantes “con saldo blanco”.

“Están en su derecho, pero la autoridad tiene que hacer que se cumpla la ley, si es necesario, hasta las últimas consecuencias. Si se tiene que girar una orden de aprehensión, por muy famoso que sea el líder, tengan la certeza de que en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna se hará… Alejandro Tello está del lado de la ley y no me dejaré manipular, aunque traten de medir fuerzas con la autoridad. Yo no busco eso, lo único que buscaré es que se respete la ley”, subrayó.


Felipe Pinedo, asesor político de transportistas y ejidatarios, tachó de torpe al gobernador por esa postura, y aseguró que el plantón –que hoy cumplió diez días– continuará para que la minera cumpla con los compromisos que tiene pendientes con los habitantes de las comunidades aledañas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457764/afectados-mineria-mantienen-bloqueo-en-penasquito-goldcorp

Sinodales de la UP eran los responsables de revisar la tesis de Peña Nieto: UNAM

CIUDAD DE MÉXICO: Según el artículo 28 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM vigente en 1991, los sinodales designados por la Universidad Panamericana (UP) eran los responsables de aceptar y revisar el contenido de la tesis de licenciatura del presidente Enrique Peña Nieto denominada “El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”.

De acuerdo con información de Aristegui Noticias, lo anterior es parte de la respuesta de la UNAM a la “consulta técnica” que la institución privada realizó tras la publicación del reportaje “EPN, de plagiador a Presidente”, en el cual se concluye que al menos 28.8 por ciento de la tesis presidencial fue plagiada a distintos autores.

La respuesta de la UNAM a la UP fue elaborada por la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), Manola Giral Lozano, en un documento al cual tuvo acceso Aristegui Noticias, con fecha del pasado 12 de septiembre, y que consta de tres hojas y ocho puntos diferentes.

En el punto séptimo del oficio dirigido por la UNAM al representante legal de la Panamericana, Adrián Omar Pichardo Jiménez, la DGIRE también reconoce que conforme a la normativa vigente en 1991, una vez que una persona ha aprobado su examen profesional para otorgar el título de Licenciado de Derecho a una persona, ya no existe una norma o disposición posterior que permita revisarlo de forma posterior.

La “consulta técnica” enviada por la UP a la UNAM está planteada en términos negativos, es decir, antes de que la Universidad Nacional emitiera cualquier respuesta, la premisa de la escuela privada es que “no existe normatividad o reglamentación que regule o sancione los hechos narrados” en el documento recibido por la UNAM, dice la nota publicada por el portal Aristegui Noticias.

La revisión de la UP a la tesis de Peña Nieto admitía que el texto del entonces pasante de Derecho contenía decenas de “reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía”, es decir, plagio a diversos autores.

Ante la pregunta en sentido negativo, la UNAM responde textual: “efectivamente, una vez aprobado el examen profesional para obtener el título de Licenciado en Derecho, siguiendo el procedimiento antes descrito, no existe disposición que permite su posterior revisión, ya que dicho acto produce efectos jurídicos correspondientes”.

Sin embargo, la UNAM es muy clara en cuanto al deslinde de responsabilidades, puesto que en el punto ocho del documento, la titular de DGIRE, Manola Giral, insiste en que conforme al Estatuto General de la UNAM vigente en 1991, correspondía a la universidad incorporada sancionar cualquier violación grave cometida por cualquiera de sus alumnos a la legislación universitaria.

“Cabe señalar también que, según el Estatuto General de la UNAM, vigente desde las fechas que se refieren (1991), únicamente son responsables por faltas a la Legislación Universitaria los miembros del personal académico y los alumnos, por las causas graves de responsabilidad previstas en el artículo 95 del mismo ordenamiento. En consecuencia, cualquier asunto o falta a la normatividad cometida por un alumno del sistema incorporado, queda fuera de la jurisdicción de la legislación universitaria y de los órganos encargados de velar por su cumplimiento”, señala la respuesta de la UNAM a la UP.

Incluso, dice Aristegui Noticias, la DGIRE agrega que los alumnos de las instituciones incorporadas no se consideraban alumnos de la Universidad Nacional “para los efectos y obligaciones correspondientes”, puesto que las escuelas privadas estaban obligadas en 1991 a emitir un reglamento interno para someter a sus alumnos a las disposiciones internas emanadas de estos.

Por lo que se refiere a la tesis y al examen profesional, la UNAM le señala a la Panamericana que le correspondía a los planteles y escuelas incorporadas autorizar y registrar los temas de tesis o tesina de sus alumnos, además de advertir que también le correspondía a la UP designar a un asesor o director de tesis, mismo que era responsable de que el trabajo escrito reuniera los requisitos necesarios para ser aceptado y aprobado.


El director de la tesis de Enrique Peña Nieto fue el actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien atribuyó los plagios a “errores de imprenta”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457718/sinodales-la-up-los-responsables-revisar-la-tesis-pena-nieto-unam

Piden que oficina central de Profepa intervenga en Zapopan

Ciudad de México. La asociación civil Conciencia Cívica, que representa legalmente a decenas de colonos inconformes con la construcción de la miniciudad que incluirá áreas industrial, comercial, hotelera y de vivienda y será edificada en los próximos meses en el terreno de 450 mil metros cuadrados que hasta 2012 albergó la planta de Kodak en el municipio jalisciense de Zapopan, solicitó a las oficinas centrales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atraigan la investigación sobre la posible contaminación de ese terreno con metales pesados, informó el abogado Salvador Cosío Gaona, presidente de la agrupación.

Dijo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene documentos fehacientes que demuestran que el terreno está contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y cadmio.

En entrevista con La Jornada, Cossío refirió que la delegación de la Profepa en el estado de Jalisco “no garantiza la independencia que se requiere para realizar una investigación objetiva y apegada a derecho, pues se está poniendo del lado del municipio”.

Cosío Gaona agregó que con base en un informe de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado de Jalisco (Sedamet), obtenido por la vía de Transparencia, se confirmó que la constructora Quest Media, que dirige el empresario Jorge Gómez Vivanco, no cuenta con una manifestación de impacto ambiental (MIA), la cual debe expedir el alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro.

El litigante acusó que existe una actitud del gobierno municipal, que encabeza Lemus, de permitir a toda costa el desarrollo habitacional, comercial, industrial y hotelero, y de denostar a quienes señalan la falta, diciendo que se trata de “artimañas” para entorpecer el desarrollo.

“Hay interés personal del presidente municipal Pablo Lemus en este asunto. Él fue parte de los gestores de esta licencia inicial en la pasada administración municipal, siendo empresario, sin olvidar que fue director de la Coparmex en Jalisco”, dijo Cosío Gaona.

“Sostengo que es ilegal cualquier trabajo de construcción que se realice en ese terreno (de la Kodak), altamente contaminado con metales pesados. El alcalde Pablo Lemus incurrió en diversos delitos y ya lo denunciamos ante la fiscalía correspondiente”, añadió Cosío Gaona.

En la edición del 22 de agosto pasado La Jornada dio a conocer el contenido de un memorando elaborado por la dirección de ecología del municipio de Zapopan, que advierte a las autoridades de esa alcaldía que el terreno de 450 mil metros cuadrados es altamente tóxico.

El estudio refiere que esos metales pesados tendrán considerable impacto en el ambiente de la región y graves repercusiones en la salud de los futuros habitantes.

“Este informe busca ir alertando sobre los posibles avances de los trabajos de gestión de los desarrolladores ante este ayuntamiento, en la dirección general de obras públicas y en las áreas de planeación y control territorial.


Se indica por ello que se ponga especial atención en el estudio de impacto ambiental, “pues lo encontrado en el terreno pone en riesgo la salud pública”, refiere el documento enviado el 11 de noviembre de 2014 a la presidencia municipal de Zapopan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/exigen-estudio-ambiental-de-antiguos-terrenos-de-kodak-en-zapopan-1