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Exigen con paro destituir a directora del Hospital Psiquiátrico de Yucatán

MÉRIDA, Yuc: Personal médico y administrativo del Hospital Psiquiátrico de Yucatán paralizó hoy labores en protesta por el despotismo con que acusan los trata su directora, Analia Carrillo Durán, por lo que exigen su destitución.

Carrillo Durán asumió el cargo apenas el pasado 26 de enero, según sus detractores apalancada por la directora del Consejo de Salud Mental de la Secretaría de Salud federal, Virginia González Torres.

Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipales e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, se presentó en el nosocomio para tratar de mediar en el conflicto. No fructificó el intento.

“Necesitamos gente con conocimientos, experiencia y que tenga la sensibilidad para poder tratar a los compañeros, darles su lugar a los médicos, no ordenando ni tronando los dedos o amenazando”, comentó el líder gremial respecto del problema.

Y adelantó que harán llegar un oficio a González Torres solicitándole un diálogo para enterarla de las inconformidades y necesidades del hospital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.

INE hará “bitácora de la impunidad” del Partido Verde: Alfredo Figueroa

La petición de retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México fue declarada infundada el miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa, lamentó la decisión del Tribunal Electoral de no retirarle el registro al Partido Verde y sostuvo que no son aceptables las conductas de ese instituto político.

Apuntó que, no obstante, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral que integre “un registro sistematizado de sanciones del PVEM como medida preventiva, que sirva como elemento de análisis contextual en caso de que en los próximos procesos electorales federales se imputen nuevamente conductas similares a dicho partido político”, como si se tratara una “bitácora de la impunidad”.

En entrevista para Aristegui Noticias, aseveró que se confirma un deterioro institucional, tras revisar una “resolución plagada de contradicciones, que carece de todo sustento, que deja un halo de dudas respecto el proceder de la sala superior”.


Agregó que el “tema esencial tiene que ver con la corrupción política”, pues “hay un conjunto de casos que pueden advertirse, de carácter sistemático, en donde cada vez que el Partido Verde decide emprender un conjunto de conductas contrarias a la Constitución termina siendo o exonerado o disminuidas las sanciones o no visto los procesos que tienen que ver con el uso de los tiempos comerciales”.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/ine-hara-bitacora-de-la-impunidad-del-partido-verde-alfredo-figueroa/

En proceder de UP ante tesis de Peña, “el plagio tiene permiso”: Gil Antón

El presidente, "con la única pero la peor de las sanciones", sostiene.

El presidente Enrique Peña Nieto no será sancionado por la Universidad Panamericana ni por la UNAM, tras comprobarse que plagió parte de su tesis de licenciatura, pero sí resentirá la sanción social que establece que “no tiene palabra propia”, aseveró Manuel Gil Antón, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.

En entrevista para Aristegui Noticias expuso su pensar sobre el caso revelado en agosto pasado por este sitio de noticias: 

“Hay ocasiones en que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que frente a un atropello a la inteligencia, frente a una muy evidente falta de decoro intelectual, el hecho de que no se pueda hacer nada, en lugar de que la cosa desaparezca, le echa más luz al daño que produce.

“Me quiero explicar: desde el comunicado de la Universidad Panamericana en que… se dice: después de revisar el texto de la tesis del señor Enrique Peña Nieto, advertimos que en efecto usó ideas que no eran de él, sin citarlas, o bien, usó ideas ajenas y no puso nada en la bibliografía

“En términos muy sencillos la Panamericana dice: la tesis tiene elementos que conforman lo que llamamos, en castellano, plagio… que ocurre cuando se copian textualmente sin entrecomillar para referir que son textuales y sin citarlas.

“La Panamericana dice: reconozco al hacer este estudio que ocurrió el plagio, vamos a hacer una consulta a la UNAM, y la UNAM lo que dice es que eso es responsabilidad de la Panamericana, porque el que la escuela esté incorporada no significa que la universidad que da la incorporación a la otra, en este caso la UNAM a la Panamericana, tenga que sustituir a la Panamericana en hacer las cosas bien. Y a mí me parece que, entonces, la UNAM dice: no tengo ningún recurso legal aplicable a este caso. Y la Panamericana termina su comunicado… diciendo evidentemente hay plagio, hay textos que no son del autor y que hace pasar como tales, pero es un hecho consumado, tampoco puedo hacer nada.

Para Gil Antón, aunque pudiera no haber un marco para retirar el título o generar algún tipo de sanción, “queda totalmente a la luz que se ha cometido uno de los peores delitos, una de las peores acciones de hurto, que es robar las ideas, aprovechar vacíos legales, obtener con ello un certificado falso y después quedar refugiado en la ausencia de estructuras legales para resolverlo”.

“En consecuencia, la única pero la peor de las sanciones que quedan para el ahora presidente de la República es que para todos… no tiene palabra propia, sino en el momento en el que toma y recibe de parte de una institución autorizada la licencia para ejercer una profesión, lo está haciendo falseando sus palabras”, sentenció.

“Entonces, el hecho es consumado, queda claro que no hay sanción legal posible… la única que queda es la sanción social absolutamente ya clara: no tiene palabra propia, quien abusando de las frases huecas como ‘error tipográfico’, ‘error metodológico’, a sabiendas que usó lo que no era propio o bien encargó a otro que hiciera como de él lo que nunca redactó”, abundó.

Para el académico se trata de una “enorme, enorme vergüenza la que corresponde a nosotros imputar al autor de esta flagrante violación a la honradez, a la ética, a la decencia intelectual y en ese sentido me parece que la investidura presidencial queda dañada profundamente, ante quien no merece tenerla”.

“Una universidad más allá de cualquier registro en un sistema, una universidad debe buscar la dignidad, la coherencia, la búsqueda la verdad”, apuntó.

Si la UP “fuese un sitio en el que se procurara el cultivo del conocimiento, sería esperar una reacción que correspondiese a la decencia, a tener cierto pudor… más bien lo que ofrece en este caso es la extensión de certificados”.

Si no es posible evitarlo el plagio, porque es “muy difícil de detectar”, que “se tenga el valor civil” de retirar el título, como lo ha hecho el Colegio de México, “puede que no esté estrictamente en los ordenamientos legales, pero está en la mejor tradición de la cultura occidental con respecto al conocimiento”.

“La Panamericana no creo que vaya a hacer eso porque ya tuvo oportunidad de hacerlo y cuando reconoce que en efecto hay plagio pero que no puede hacer nada porque ocurrió hace mucho tiempo… lo que está diciendo es que no va a hacer nada porque no le conviene, no le interesa y no está centrado su proyecto educativo en el apego a la ética fundamental de un trabajo intelectual”, acotó.

La UP tuvo “miedo de reconocer que, como cualquier otra institución educativa, eso puede ocurrir y que cuando ocurra hay que hacer algo y ese algo es reconocer que eso es incorrecto y que la única facultad que puede tener, sea esta o no perfectamente establecida en un decreto legal, lo único que puede hacer… hay que retirar la licencia, igual que en el caso del Colegio de México… ante la evidencia, ante la verdad, ante el hecho consumado”.

“Ante hechos consumidos se puede asumir con integridad las consecuencias o decir: como es un hecho consumado ya ni modo. Y ese ni modo lastima el proyecto de llamarse Universidad a la Panamericana”, estableció.

En tanto, la UNAM le dice a la Panamericana hazte cargo, refirió.

Y cuando la UP reconoce que hay problemas pero no se puede hacer cargo porque no tiene reglamento que lo prevea, lo que hace es eludir ser universidad; “uno puede pensar que esa es la razón de fondo para no actuar, me parece que no actuaría aún en caso de que no fuese presidente de la República. Me parece que no actuaría porque rehúye a lo que debe ser lo central de un proyecto educativo universitario, que es la búsqueda de la verdad”.

“Al no hacerlo porque es el presidente de la República lo que hace es echar más luz sobre la opacidad de su proceder”, agregó.

La peor sanción a la larga en la historia humana es cuando la impunidad se erige como una regla o un hecho en la convivencia humana, sostuvo.

Y queda “el descrédito que la sociedad hará de la veracidad de la actitud del señor Enrique Peña Nieto, es una sanción… muy fuerte, incluso es más fuerte porque legalmente no hay nada que hacer”.

“Lo único que queda es decir: es un hecho, sabemos que así fue, se aprovechó que hay vacíos legales y falta de claridad en los procedimientos. Refugiado en ello queda en pie el título, desde su lógica formal, pero en el fondo, lo que habría que hacer es con todo respeto, pedirle a don Edmundo Valadés que nos prestara la licencia para modificar el título de aquel extraordinario cuento de La muerte tiene permiso. Lo que se ha establecido ahora con este proceder es que podemos decir que en México el plagio tiene permiso. Y cuando en una sociedad el plagio tiene permiso ese permiso es hermano cercanísimo, gemelo, de que la impunidad tiene permiso, de que el hurto de las cosas tiene permiso, que escamotear la verdad tiene permiso”, expuso.

“La sanción social es fuerte en el sentido de decir: mienten. Y hay que transformar no solamente los reglamentos sino cambiar la sociedad, cambiar nuestro sistema institucional, para que la impunidad y el plagio no tengan permiso sino que tengan consecuencias”, añadió.

Finalmente, Gil Antón reconoció el periodismo de investigación practicado a la hora de revisar la tesis del hoy presidente de México.

“No presentó una tesis, presentó un documento fraudulento. Me parece que es una circunstancia que no podemos dejar fuera de su parentesco con la cantidad tan grande de actos no legales, alegales o francamente ilegales, que por argucias o habilidad en el manejo de cierta terminología jurídica quedan sin sanción, aparentemente”, indicó.

“Lo que queda claro es que un periodismo de investigación que se atreve a quitar el velo de lo que caracteriza a esta clase política en general, que es su falta de credibilidad, es el que hoy ha salido con toda la razón y con la cara digna”, destacó.


“Todo esto configura sinceramente que a falta de un estado de derecho en muchísimos aspectos de la vida nacional, es un gran aliado (el periodismo) para poder seguir viéndonos a la cara y que se atreva a denunciar lo que sucede, a sabiendas de que por ello puede tener consecuencias y consecuencias adversas que no tiene el que cometió el delito. Eso ennoblece al oficio periodístico y eso mismo echa una gran capa de opacidad a una universidad que se dice estar al servicio de la verdad y a una persona que si algo tiene que tener como presidente es capacidad de tener credibilidad en sus palabras; desde hace tiempo eso no sucede, hoy en día a mí como ciudadano no me da ninguna seguridad lo que exprese quien ostenta la Presidencia”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/en-mexico-el-plagio-tiene-permiso-gil-anton/

Defensa pide a magistrado que Mireles sea trasladado a Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO: La defensa de José Manuel Mireles Valverde pidió al magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito el traslado del exlíder de las autodefensas de Michoacán del Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, a una prisión michoacana.

“Nuestro cliente tiene que estar lo más cercano al lugar donde llevan su proceso porque es un derecho humano y va directamente enfocado a lo que es el debido proceso, además es un derecho sin el cual la justicia no es pronta ni expedita. ¿Qué tiene que estar haciendo (Mireles) en Hermosillo cuando su asunto se lleva en Uruapan?”, señaló Ignacio Mendoza, uno de los abogados, a Aristegui Noticias.

De acuerdo con el portal, el pasado 8 de marzo, en un oficio dirigido al juez Quinto de Distrito en Michoacán, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero Durán, consideró pertinente que el exlíder de autodefensas –detenido el 27 de junio de 2014 por portación ilegal de arma de uso exclusivo del ejército– continúe recluido en Sonora.

En el documento de dicho órgano –que depende de la Comisión Nacional de Seguridad– se afirma que Mireles comenzó a manifestar “conductas antisociales” desde los 12 años, edad a la que fue detenido por la policía municipal de Tepalcatepec y posteriormente estuvo preso tres años y ocho meses por delitos contra la salud en Uruapan, en 1968.

Asimismo, indica que el exlíder de las autodefensas presenta rasgos de personalidad como ansiedad, egocentrismo, dificultad para las relaciones afectivas, tendencia a la fantasía, dificultad para controlar sus impulsos, sobreestimación de sus capacidades intelectuales, entre otros, que hacen de él una figura que vulnera la estabilidad social y la seguridad.

Al respecto, el defensor comentó que el juez “no debe tomar en cuenta la contestación del gobierno federal porque es una opinión nada más”.

El oficio señalado refiere que las conclusiones se encuentran sustentadas en una partida jurídica emitida por el Cefereso número 11 y en estudios clínicos y criminológicos emitidos por un Consejo Técnico Interdisciplinario, documentos a los que, según la defensa de Mireles, nunca tuvieron acceso.

“El problema es que esas periciales nunca llegaron al juzgado, si no llegan al juzgado el juez no puede valorarlas y la defensa se ve imposibilitada en ejercer su derecho a la contradicción. Nosotros debimos conocerlas para poder establecer, por medio de otros peritajes, que se equivocaron”, aseguró Mendoza.

El abogado señaló que el estado de salud de Mireles es estable y se le ha proporcionado atención adecuada.

El pasado 11 de julio, el conductor del programa televisivo “Sin Censura Media” de Chicago, Vicente Serrano, aseguró que José Manuel Mireles Valverde no había obtenido su libertad a causa de “magistrados timoratos y un sistema judicial mexicano falta de huevos”.

Durante la transmisión de su programa preguntó al auditorio –estadunidense y mexicano–: “A dos años de la detención del exvocero Mireles, ¿es un preso político? ¿Debería salir de prisión? Desde esta trinchera informativa  yo digo que sí y ya”.

Serrano entrevistó a Ignacio Mendoza Jiménez, abogado del exlíder de las autodefensas, quien aseguró: “No me vine muy contento de Guadalajara porque todavía noto en el magistrado esa decisión de los juzgadores timoratos y agachones; si me perdonan, de magistrados sin decisión propia, y muy temerosos de resolver un caso que tiene impacto nacional.

“Lo que tiene miedo el magistrado es a ‘encuerar’ con su decisión al sistema político mexicano, que en este caso como en muchos otros, no supo abordar la problemática de los autodefensa, no supo cómo hacerlo políticamente y menos jurídicamente. Ese es el temor que tiene”, dijo Ignacio Mendoza en la entrevista.

“Desde hace días por los cambios que se le hicieron al Código Penal, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, ya no es un delito mayor”, aseguró entonces, y recordó que de ese delito está acusado Mireles y muchos autodefensas.


En aquella ocasión, el conductor de “Sin censura Media”, Vicente Serrano, sentenció: “Si en esta semana no se pronuncia una decisión del gobierno federal a este exhorto de la defensa favor de Mireles Valverde y de los autodefensas detenidos de seguir su proceso en libertad condicional, quedaría confirmado que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene presos políticos en las cárceles del país. ¿O no?”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457743/defensa-pide-a-magistrado-mireles-sea-trasladado-a-michoacan

Indagará CEDH de Tabasco posible participación de policías en secuestro de migrantes

VILLAHERMOSA, Tab: La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investigará la denuncia de La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes de Tenosique, sobre la participación de policías del municipio de Cárdenas en el secuestro y extorsión de migrantes.

Pedro Calcáneo Argüelles, presidente de la CEDH, adelantó que se reunirá con integrantes de La 72 para que formalicen ante esa institución la denuncia y se abra un expediente de queja para indagar los hechos.

Dijo que en lo que va del año, la CEDH no tiene registrada ni una sola denuncia por secuestro de migrantes en Tabasco.

Mediante un comunicado, el Hogar Refugio La 72 denunció la forma en que delincuentes y policías de Cárdenas secuestran y extorsionan a migrantes que transitan por ese municipio.

Detalló que en la Central de Autobuses de Cárdenas “los criminales mantienen informantes las 24 horas que identifican a las personas migrantes y los entregan o canalizan a la policía municipal”.

Luego de “esta corporación los entrega al crimen organizado, no sin antes extorsionarlos y quitarles dinero. En las casas de seguridad o centros donde los mantienen privados de su libertad”.

Y bajo una fuerte tortura psicológica y física, existe toda una infraestructura y división del trabajo, “desde las personas que hacen la comida, hasta aquellas que los curan de las torturas”.

Una vez que han recibido el pago del rescate de parte de los familiares de migrantes, “les dan dinero para que regresen, no sin antes advertirles que cualquier denuncia significará la muerte, pues tienen gente en toda la zona: Tenosique, Palenque, Salto de Agua, Chontalpa, Villahermosa, Cárdenas, etcétera”, añadió.

El organismo defensor de los migrantes, que encabeza Fray Tomás González Castillo, informó que en lo que va de 2016 han documentado ocho secuestros masivos de migrantes en Cárdenas y han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR), dependencias que “no han hecho absolutamente nada” para castigar a los responsables.

Han dejado en la “impunidad” a los policías involucrados en los plagios, deploró La 72 y añadió que ya se puede hablar “de una cronología de la ignominia”.

Agregó que, además, en los últimos días han recibido testimonios de mujeres que son violadas y hombres asaltados “con violencia impresionante”, quienes, adicionalmente, han sido privados de su libertad por varias horas.

En tanto, el aseguramiento de migrantes en Tabasco por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) creció 50 por ciento del mes de julio a agosto.

Según el último reporte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en julio fueron asegurados mil 290 y mil 812 en agosto. En abril, mil 936 y en mayo mil 910.

De enero a agosto, fueron asegurados en la entidad 13 mil 399 migrantes, para seguir en el tercer lugar nacional detrás de Chiapas (47 mil 161) y Veracruz (14 mil 658).

La mayoría son centroamericanos, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.


En los primeros ocho meses de 2016 fueron asegurados 116 mil 312 migrantes indocumentados en todo el país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457765/indagara-cedh-tabasco-posible-participacion-policias-en-secuestro-migrantes

Cozumel y Solidaridad, al borde de la quiebra

CANCUN, Q.Roo: La herencia de Roberto Borge Angulo no se limitó a una deuda pública de 22 mil millones de pesos, la segunda más alta del país, también a los municipios los dejó al borde de la quiebra, particularmente Solidaridad (Playa del Carmen) –donde se ubica el mayor número de cuartos hoteleros de la entidad– y Cozumel, el principal puerto de cruceros del territorio nacional.

Ambas localidades estuvieron gobernadas por los priistas Mauricio Góngora y Fredy Marrufo, exsecretarios estatales Hacienda, muy cercanos al exgobernador Félix González Canto.

La panista Perla Tun Pech y la expriista Cristina Torres son ahora las alcaldesas de Cozumel y Solidaridad, respectivamente.

Hasta hace tres trienios, Solidaridad era un municipio con finanzas sanas, gracias a los recursos propios derivados del impuesto predial que se cobra a hoteles en la Riviera Maya.

Actualmente la deuda de ese municipio con apenas 220 mil habitantes alcanza los mil 800 millones de pesos, lo que lo coloca con el gravamen per cápita más alto del país, y su deuda bancaria asciende a 754 millones de pesos, según el exregidor Orlando Muñoz.

Cristina Torres recibió el ayuntamiento –anteriormente presidido por Filiberto Martínez y Rafael Kantún (interino)– con pasivos por 517 millones de pesos. Pero, de acuerdo con Muñoz, habría otros 800 o mil millones de pesos en deuda con proveedores.

A iniciativa del exalcalde interino Rafael Castro, el cabildo anterior aprobó la reestructuración de la deuda y la contratación de nuevos pasivos bancarios por mil 030 millones de pesos, acción avalada por la legislatura dentro de llamado Paquete de Impunidad.

No obstante, la nueva alcaldesa logró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negara la autorización de ese crédito por falta de transparencia en el origen de los montos.

De acuerdo con el exregidor perredista Orlando Muñoz, la nueva administración requiere hacer una profunda investigación en las áreas de Tesorería y Desarrollo Urbano.

Y es que la gestión del exalcalde interino Rafael Kantún, dijo, acabó en crisis en lo que a servicios públicos se refiere, en particular la recolección de basura, por los adeudos de la Comuna con el concesionario del relleno sanitario.

Cristina Gómez indicó que el próximo martes 11 dará a conocer el diagnóstico oficial de la situación económica de la Comuna, pero adelantó que la deuda es mucho mayor a los mil 030 millones de pesos que pretendió reestructurar su antecesor Rafael Castro, y advirtió que tendrá dificultades para hacer frete al gasto corriente.

Para el servicio de recolección de basura y su disposición final, que está sujeto a concesión, se requieren 10 millones semanales, y en seguridad pública cinco millones de pesos al mes en gastos operativos.

Frente a esa problemática, la alcaldesa indicó que iniciará sendos programas de disciplina financiera y de mayor recaudación, aunque abrió la posibilidad de recurrir a un crédito a corto plazo, a pagar en seis meses, para atender los compromisos de fin de año.

Cozumel, otro municipio ‘quebrado’

De acuerdo con los estados financieros de la Comuna isleña, el exalcalde Fredy Marrufo heredó de su antecesor, Aurelio Joaquín, una deuda de 250 millones de pesos, pero él la aumentó a 429 millones 903 mil 644 pesos, con lo que la nueva alcaldesa Perla Tun recibió un municipio con graves problemas financieros.

“Estamos recibiendo municipio quebrado, devastado, saqueado, con arcas vacías”, dijo Tun el apsado sábado 1, cuando asumió el cargo.

Y culpó directamente a sus antecesores: Juan Carlos González Hernández, primo hermano del exgobernador Félix González; Aurelio Joaquín González, y Fredy Marrufo.

La alcaldesa precisó que además de la deuda bancaria, en Cozumel hay pasivos con proveedores por 48 millones de pesos. Y solo a la concesionaria del servicio de limpia, Promotora Ambiental de la Laguna (Pasa), se le deben 14 millones de pesos, de los cuales la mitad procede del trienio de Aurelio Joaquín, puntualizó.

A los medios locales, añadió, se les adeuda seis millones de pesos por convenios publicitarios. Además, agregó, en el proceso de entrega-recepción se descubrió que el exalcalde no los había enterado de una “bodega llena de equipos antimotines”.

Frente a tal panorama, Perla Tun anunció un plan de emergencia para enfrentar la complicada situación financiera de la comuna cozumeleña, que incluye “la reestructuración todas las oficinas”.

“Estamos en una situación de contingencia”, dijo la alcaldesa, y reconoció que dicho plan implica el despido de personal. Esta medida, dijo, no se tomó anteriormente, pese a la pesada carga burocrática, “porque nadie quiere cargar con el costo político”.

Actualmente la nómina de la Comuna es de entre ocho y diez millones de pesos quincenales, que según Tun “está muy inflada” y “hay exceso de personal”.

Por ello, anticipó que entre 15 y 20% de los burócratas de la comuna isleña serán despedidos.

De igual manera, anunció que suprimirá los convenios de publicidad, por los cuales su antecesor pagaba cinco millones de pesos al mes a medios de comunicación.

El panorama es más complejo, dijo, porque en marzo y abril del próximo año se empezará a pagar capital del último crédito bancario que contrató el cabildo anterior.

La también empresaria y expresidenta local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anticipó que iniciará procedimientos contra los responsables del quebranto de la Comuna, “sin que signifique una cacería de brujas”.

Tras subrayar que “hubo una corrupción muy fuerte”, denunció que como consecuencia de los ajustes ha recibido amenazas que van en el sentido de desestabilizar su gobierno.

“Dicen que nos van a sacar muertitos en los próximos días, pero no nos dan miedo las amenazas”, apuntó, y pidió un plazo de seis meses para empezar a dar resultados.

El ayuntamiento de Othón P. Blanco, donde se ubica Chetumal, la capital del estado, que también incluye la franja fronteriza con Belice, también enfrenta una situación financiera difícil, con el agravante de que no es un destino turístico y sus ingresos dependen de participaciones federales y estatales.

El exalcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui dejó una deuda de 480 millones de pesos a su sucesor, Luis Torres Llanes, un expriista que ganó con las siglas del PAN y el PRD.

Torres Llanes señaló que todavía están en proceso de revisión las cuentas que le entregó su antecesor. “Aún estamos viendo lo de los proveedores, pues de repente nos llegan personas que dicen que se les debe”.

El alcalde sostuvo que recibió un gobierno en crisis, pero admitió que esta obligado “poco a poco ir a estabilizando el gobierno”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Gamboa la libra: Profepa multará a arrendador y piloto por aterrizaje en arrecife

De acuerdo con la dependencia, no hubo daños a los ecosistemas ni alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multará al arrendador y al piloto del helicóptero, así como al propietario y patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros del Parque Nacional Arrecife Alacranes, el pasado 30 de septiembre.

La dependencia indicó en un comunicado que la nave fue rentada por el empresario Emilio Díaz Castellanos, y los pasajeros, entre ellos el senador Emilio Gamboa Patrón, no tienen responsabilidad del hecho.

“De acuerdo con la indagatoria que hicieron sus inspectores en el estado de Yucatán, no hubo daños a los ecosistemas ni alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación, refugio o reproducción de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la Isla”, mencionó.

Recordó que derivado de una inspección, realizada del 3 al 5 de octubre, se estableció que el helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, de la empresa Heliservicios, aterrizó en la zona núcleo de esa área natural protegida donde sólo está permitido el aterrizaje con fines de manejo, vigilancia, investigación o emergencia.

Comunicado de Profepa: 

CONFIRMA PROFEPA VIOLACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS POR SUCESOS EN PARQUE NACIONAL ARRECIFE ALACRANES

+ Inspección señala que no hubo afectaciones a los ecosistemas ni destrucción de sitios de anidación o refugio de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la isla.

+ Emplazará a un procedimiento administrativo ante violaciones a la LGEEPA, su Reglamento y el Programa de Manejo que prohíbe dichas actividades en esa área natural protegida.

+ Aplicará sanciones a arrendador y piloto del helicóptero así como al dueño y el patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impondrá multas al arrendador y al piloto del helicóptero, así como al propietario y patrón de la embarcación que realizaron acciones de aterrizaje y embarque en la Isla Blanca o Pájaros del Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA), respectivamente, el pasado 30 de septiembre.

La indagatoria a cargo de inspectores de la PROFEPA en el estado de Yucatán señala que no hubo daños a los ecosistemas ni la alteración o destrucción de sitios de anidación y alimentación, refugio o reproducción de especies de vida silvestre o a los arrecifes coralinos de la isla.

Como resultado de una inspección realizada, del día 3 al 5 de octubre, a denuncia presentada en redes sociales y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se estableció que el helicóptero Bell 412, matrícula XA-EHP, de la empresa Heliservicios, arrendada por el empresario Emilio Díaz Castellanos, aterrizó en la zona núcleo de esa área natural protegida (subzona de uso restringido), donde sólo está permitido el aterrizaje con fines de manejo, vigilancia, investigación o emergencia.

Por su parte, el yate “Maharani”, propiedad del citado empresario, tampoco debió navegar en dicho sitio para embarcar a los pasajeros, lo que actualiza una segunda violación legal y administrativa, de acuerdo a las restricciones que impone entre otras disposiciones la LGEEPA, su Reglamento y el Programa de Manejo, para ese tipo de actividades.

Cabe señalar que el navío al mando de Javier Ricardo Rosel Manzano, contaba con permiso para ingresar al Parque Nacional.

A mayor abundamiento, como lo establecen los términos de su Programa de Manejo, en dicho Parque Nacional marítimo, sólo están permitidos aterrizajes o embarques en la denominada Isla Pérez, cercana a la Isla Blanca o Pájaros, lugar donde se registró el incidente.

Los incumplimientos señalados están estipulados de conformidad con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento y el programa de manejo. Lo anterior, en virtud de que no está permitido el aterrizaje de aeronaves ni el fondeo de embarcaciones para el ascenso de pasajeros en esa isla.

Asimismo, esta dependencia federal señala que ante los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre, se emplazará a un procedimiento al arrendador y piloto del helicóptero así como al propietario y el patrón del yate, para en su caso aplicar multas que oscilan entre 50 y 50,000 unidades de medida.

La inspección de la PROFEPA a la Isla Blanca o Pájaros incluyó la evaluación tanto de los ecosistemas marino y terrestre, con especial atención en la zona de aterrizaje y embarque, en atención de una denuncia en redes sociales y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales (CONANP).

El Parque Nacional Arrecife Alacranes fue decretado el 19 de julio de 1996 con una superficie de 333,786 ha, se caracteriza por ser un área importante de sitios de anidación y descanso de aves marinas que cruzan la ruta del Golfo de México, su riqueza biológica consiste en la presencia de 116 especies de aves, 136 de peces, 24 especies de tiburones y 34 de corales.

En su interior existen cinco islas arenosas (Isla Pájaros o Blanca, Isla Chica, Isla Perez, Isla Muertos o Desertora e Isla Desterrada), Isla Pérez y sus alrededores son los sitios más utilizados por los pescadores, turistas e investigadores.


En el Parque Nacional se permiten tan sólo actividades turísticas y recreativas como el buceo libre y autónomo, la pesca deportiva y el senderismo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/gamboa-la-libra-profepa-multara-a-arrendador-y-piloto-por-aterrizaje-en-arrecife/

Militares emboscados solicitaron auxilio de municipales, estatales y federales; los dejaron solos: Priego

"Los pusieron en un estado de indefensión claro, porque el personal militar únicamente traía armas semiautomáticas, ¿cómo iban a poder competir contra lanzagranadas, lanzacohetes, Barrett?", preguntó.

César Gutiérrez Priego, especialista en derecho militar, indicó que tras la emboscada del pasado viernes contra elementos militares que trasladaban a un presunto delincuente en Sinaloa, presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el próximo lunes, “porque se han vulnerado los derechos humanos del personal militar”.

En entrevista para Aristegui CNN, señaló: “Aquí hay un hecho trascendente muy importante: cuando el personal militar se traslada, empieza un enfrentamiento, se da una refriega y nos damos cuenta que los miembros de la delincuencia organizada están mejor armados, tienen mayor capacidad, tienen un número superior de elementos, y el personal militar solicita el auxilio con base a la situación que está enfrentando en ese momento, recordemos que existe un C-4, recordemos que hay autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales. Y ninguna de esas autoridades llegó a prestar auxilio a los miembros del Ejército Mexicano”. 

Sostuvo que por ello existe una “clara violación a los derechos humanos del personal militar… porque nadie los asistió, porque los dejaron solos, y por omisión existe responsabilidad de esas autoridades”.

“Fue por miedo o por complicidad”, reconoció, “pero el chiste es que no hubo el apoyo que se tuvo que haber dado”.

Lo que busca, adelantó, es que la CNDH emita recomendaciones al Ejército, con el fin de que realice una investigación por violación de los derechos fundamentales del personal militar.

Recordó que la misma CNDH ha emitido recomendaciones a la Sedena, que han sido aceptadas, para delimitar el uso de determinado tipo de armamento, porque “en el uso de la fuerza… constantemente había un posible abuso en el uso de la fuerza”.

Sin embargo, lo que terminó pasando es que “los pusieron en un estado de indefensión claro, porque (en la emboscada) el personal militar únicamente traía armas semiautomáticas, ¿cómo iban a poder competir contra lanzagranadas, lanzacohetes, Barrett?”.

Expuso que habrá pequeñas manifestaciones en las oficinas de derechos humanos de los estados de la República, también el próximo lunes.

“Creo que llegó el momento de ser solidarios con las fuerzas armadas de este país. Y no sólo de serlo sino de demostrárselo”, dijo.

Además de la gran cantidad de armas en poder de los sicarios en los hechos referidos, tiene el registro de más de 25 camionetas blindadas, y “el C-4 no percibió absolutamente nada” ni ninguna autoridad “se dio cuenta que estaban sucediendo esas cosas”.

“Es como poner a un asaltante con una metralleta, y nosotros tenemos una resortera”, comparó.

“Se encontraba desprotegido el personal militar… se tuvo que replegar… esperando a que pudieran llegar esos famosos refuerzos que nunca llegaron”, lamentó.

“No llegaron ni siquiera los bomberos a apagar el fuego”, lamentó.


Por último, aseguró que tendría que ser reformado el mandato constitucional para que el Ejército y la Marina, con un mejor armamento, pudieran realizar funciones de seguridad pública, en las cuales tanto soldados como marinos partcipan desde el sexenio de Felipe Calderón.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/militares-emboscados-solicitaron-auxilio-de-municipales-estatales-y-federales-los-dejaron-solos-priego/

Reportan como desaparecido a exedil de Múgica, Michoacán

NUEVA ITALIA, Mich: Casimiro Quezada Casillas, expresidente municipal de Múgica, fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado sábado, cuando departía una cerveza con amigos en la cabecera municipal de Nueva Italia.

Sus familiares lo vieron por última vez, conviviendo con amigos en un establecimiento denominado “La Curva”, de donde se retiró a las 23:00 horas.

El local se ubica sobre la carretera que une los municipios de Múgica y Gabriel Zamora, que en los últimos días ha sido escenario de diversos enfrentamientos entre presuntos sicarios con policías estatales y soldados.

Familiares del exedil priista ya presentaron denuncia ante el Ministerio Público, por su desaparición y ahora es bucsado por la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas.

Quezada Casillas tiene 41 años de edad y gobernó en el periodo 2012-2015 el municipio de Múgica, una de las localidades donde surgieron los grupos de autodefensa que combatieron al cártel de Los Caballeros Templarios.

En 2014, autodefensas acusaron a Quezada Casillas de mantener vínculos con Enrique Plancarte Solís El Kike, uno de los cuatro principales líderes de Los Caballeros Templarios que radicaba en Múgica, en la cabecera municipal de Nueva Italia.

El 31 de marzo del 2014, autoridades federales informaron del abatimiento de El Kike en el estado de Querétaro, sin embargo, habitantes de la tierra caliente de Michoacán aún dudan de su muerte.

El 12 de enero de ese año, los grupos de autodefensa ingresaron a Múgica, donde se apoderaron de diversas residencias propiedad de El Kike y de otros miembros de Los Caballeros Templarios.

Días antes, Casimiro Quezada encabezó una marcha en Tierra Caliente en contra del surgimiento y expansión de las autodefensas.


Autoridades mantienen como línea de investigación la posibilidad de que el exedil priista haya sido “levantado” por alguna de las organizaciones de narcotraficantes que se disputan el control de la tierra caliente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457739/reportan-como-desaparecido-a-exedil-de-mugica-michoacan

Mancera reprocha trato desigual a estados por presupuesto 2017

CIUDAD DE MÉXICO: El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera acusó al gobierno federal de no tener un trato “justo ni parejo” entre las entidades del país por el recorte en el Paquete Presupuestal  2017 y regresó a sus advertencias al decir que la afectación a la Ciudad de México provocaría desaceleración de la economía nacional.


En conferencia, tras reunirse con legisladores del PRD en la Cámara de Diputados, comparó la asignación de recursos para proyectos en el Estado de México contra la ausencia de éstos para la capital del país:

“Lo que hemos corroborado y lo que también hemos insistido y aquí lo acabamos de reforzar es, por ejemplo, esto que viene para el tren México-Toluca (la capital mexiquense) primera etapa: 17 mil 840 millones, y el Metro en cero. Entonces, yo no entiendo cuál ha sido el criterio para dotar a esa obra de 18 mil millones y para dejar al Metro en cero. Nada más de sistema de movilidad a sistema de movilidad, el Metro tiene un camino andado y probado de sobra”.


Sin mencionar a la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila, sucesor del ahora presidente Enrique Peña Nieto, siguió: “Eso es lo que no entendemos, con vialidades que están haciendo para atravesar y comunicar algunos cerros. Ese es el punto”.

Mancera Espinosa reiteró que no “aflojará el pie, hasta que la Ciudad de México pueda ser tratada con justicia, con lo que le corresponde. No estamos pidiendo de más, no queremos un trato preferencial, no queremos un trato distinto a las demás entidades”.

No obstante, advirtió que si se aprueba el recorte de alrededor de 10 mil millones de pesos para “fondos prioritarios” como lo plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría frenarse haber consecuencias nacionales.

“Si se frena la Ciudad de México se va a frenar la economía nacional. Entonces, si nosotros tenemos una desaceleración de la economía de la Ciudad de México por afectaciones presupuestales podemos tener una desaceleración también de la economía nacional”.

Explicó que si se realiza el recorte, “la Ciudad de México tendrá que funcionar, nosotros tendremos que hacer todas las adecuaciones para darle garantía a la ciudadanía de funcionamiento.


“Pero es claro que el riesgo no solamente es local, es nacional”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457770/mancera-reprocha-trato-desigual-a-estados-presupuesto-2017

Solicita INE a Fiscalía de Morelos peritaje sobre firma de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Fiscalía General de Morelos el peritaje que realizó a la firma que habría plasmado Cuauhtémoc Blanco, en el supuesto contrato para aceptar la postulación como alcalde de Cuernavaca, informó el consejero electoral Enrique Andrade.

En entrevista en el marco del Foro de la Democracia Latinoamericana, organizado por el INE, Andrade dijo que la Fepade y el Instituto Electoral de Morelos siguen por su parte las investigaciones sobre el uso y destino de los recursos que habría utilizado el Partido Social Demócrata (PSD) en esa entidad.

“Y ahora lo que estamos justamente solicitando es que a partir de la información que da la Fiscalía (General) de Morelos, pedir que nos den esa última información (el peritaje a la firma) y, que en su caso, nos digan si hay alguna novedad por parte de ellos”, anotó.

Andrade González indicó –de acuerdo con Notimex– que solicitarán también a la Fepade conocer “cómo va el avance de sus propias investigaciones, es decir, este procedimiento depende también de terceros de que nos estén informando también lo que ellos están investigando”.

Respecto a si el exfutbolista debe dejar su cargo para dar paso a las indagaciones, comentó que no es necesario, dado que en México existe el principio de que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, aunque se dijo cierto de que este caso se resolverá antes de que concluya el año.

A pregunta expresa, dijo que al INE lo que le interesa es la fiscalización de los recursos del Partido Social Demócrata en Morelos, a fin de saber el uso y destino que se le dio a los mismos.

Para ello, anotó, “se está contactando al partido político en Morelos y se está contactando a las dos personas que supuestamente estuvieron involucradas en la firma del contrato que supuestamente serían Cuauhtémoc Blanco y los señores (Roberto Carlos y Julio) Yáñez”.

Entonces el INE tiene que investigar, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, si los recursos involucrados forman parte de sus prerrogativas o no.


Recordó que la UTF inició un procedimiento el 29 de agosto, en tanto que se han realizado algunas diligencias para determinar qué camino se siguió en este asunto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457774/solicita-ine-a-fiscalia-morelos-peritaje-firma-cuauhtemoc-blanco

Puebla está entre los primeros lugares en feminicidios en el país

Puebla es el noveno estado con mayor número de feminicidios en México, indicó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mientras que para la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la PGR (Fevimtra), es el segundo lugar en trata de mujeres a nivel nacional y de acuerdo con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el primer lugar en casos de mujeres desaparecidas.

La “Red Retoño” recordó lo anterior al contabilizarse en Puebla el feminicidio número 66 en lo que va del año y el cuarto en cinco días.

Puebla se encuentra entre un grupo de 17 estados que no cuentan con obligatoriedad de emitir y aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género del feminicidio, y a pesar de que desde 2013 se cuenta con el tipo penal del asesinato a mujeres, sólo existe una sentencia al respecto.

Ante la situación de violencia extrema por los crímenes de odio contra la mujer, la Red exigió al gobierno estatal atender las obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar las agresiones por género, así como demandó la activación urgente de la alerta de violencia contra la mujer.

En promedio, cada día siete mujeres y niñas mueren en México por la violencia de género, lo que posiciona al país en el número 16 a nivel mundial, recordó la Red.


De acuerdo con el OCNF, el Estado de México ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres, seguido de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/puebla-esta-entre-los-primeros-lugares-en-feminicidios-en-el-pais/

Reformas detonarán el crecimiento en México: Meade en Washington

Ciudad de México. En el primer día de actividades de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió en Washington con ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales para discutir los retos de la economía global.

En su gira de trabajo, Meade Kuribreña abordó temas de relevancia para las economías de los países emergentes, como las perspectivas de bajo crecimiento mundial y los efectos que ello genera en la economía mexicana.

Además, se refirió a las políticas adecuadas para elevar el crecimiento económico y a las alianzas entre los gobiernos y el sector privado para trabajar en colaboración y promover un mayor impulso económico a nivel internacional, al tiempo que se revive la colaboración internacional y el comercio global.

Meade Kuribreña abordó con homólogos y gobernadores de bancos centrales los retos de largo plazo que implican menor productividad y crecimiento.

Trabajar en conjunto sector privado y gobiernos con el objetivo de generar mayor inversión y empleos, son ejes rectores de las economías emergentes, sostuvo el titular de Hacienda, quien afirmó que “México vive su mejor momento en el que el impulso a las reformas estructurales detonarán mayor crecimiento”.

La noche de este jueves, Meade Kuribreña se reunirá con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, con quien abordará temas relevantes relacionados con la economía internacional.

José Antonio Mede Kuribreña asistirá a una cena de trabajo organizada por el G20, una sesión en donde asisten los Ministros y Gobernadores de bancos centrales de los países que integran el Grupo para discutir la situación de la economía global, los impuestos y medidas para frenar el lavado de dinero.


Se trata de un evento en el que se discuten temas relevantes relacionados con la economía internacional y la agenda de temas financieros del G20.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/06/las-reformas-impulsan-el-crecimiento-en-mexico-meade-en-washington

Las lealtades en el Ejército y la emboscada en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO: Las imágenes son las de una derrota dolorosa para cualquier milicia en el mundo: efectivos del Ejército mexicano asesinados y dos camiones militares calcinados en una emboscada, en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Como en Siria, en Iraq o Afganistán. Sólo que esta no es guerra ideológica, sino una guerra económica por el control del narcotráfico en México.


Es una guerra en la que se disputan rutas, mercados y la hegemonía de las preciadas mercancías que han dejado ganancias para muchos; incluida en la economía formal y para quienes son parte de los poderes formales del país.

Tienen razón los familiares de los cinco militares asesinados y la decena de heridos en demandar apoyo de la ciudadanía. Lo mismo, las organizaciones y activistas que a raíz del ataque se pronunciaron en contra de que los delincuentes impongan su ley y el miedo a la sociedad.


Pero de eso a las amenazas del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, de responder que el Ejército “va con todo” para responder a la emboscada de “las bestias criminales” hay una gran distancia, la misma que separa a un Estado criminal de aquellos donde hay transparencia y rendición de cuentas de los actos de sus autoridades; las de los militares incluidas.

La pregunta es si el jefe del general, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea el presidente Enrique Peña Nieto, está de acuerdo con esta respuesta o si los mandos militares están mandándose solos, por encima del poder civil.

Cuando Felipe Calderón abrazó la causa de la guerra al narcotráfico, la primera respuesta de la delincuencia fue en su propia tierra: una emboscada a una patrulla del 12º Batallón de Infantería en Carácuaro, Michoacán, el 1 de mayo de 2005. Entre las tres víctimas mortales reportadas por el Ejército estaba un jefe militar, el coronel Antioco Hernández Morales, anticipando el escalamiento del conflicto interno en México.

La respuesta del Ejército fue en los mismos términos que ahora advirtió el general secretario: persecución y terror entre los pobladores de Carácuaro y Nocupétaro, de acuerdo con los testimonios recogidos por la revista Proceso. Fuera de los testimonios periodísticos, nada se supo de lo que pasó en ese territorio controlado entonces por la Familia Michoacana.

Justo 10 años después, el 1 de mayo de 2015, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército mexicano, fue derribado en Jalisco en un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra derrota para el Ejército, ya bajo el actual general secretario.

Pero ante ese fracaso, la respuesta del general Cienfuegos no fue como la de ahora. ¿Por qué? No fue porque hayan dejado de responder violentamente. Tal vez porque el fallido operativo para detener al líder de ese grupo, Nemesio Oseguera, lo coordinó el Ejército. O tal vez porque hay una recomposición en la hegemonía del narcotráfico en México, en un posible escenario de ascenso del CJNG y disminución del Cártel de Sinaloa.

A las pocas horas del ataque al convoy de militares el viernes pasado, que de acuerdo con el Ejército traía herido a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, luego de un enfrentamiento con los propios militares en la sierra de Badiraguato, los jefes militares locales señalaron a los hijos de El Chapo Guzmán.

El comandante de la Tercera Región Militar, el general Alfonso Duarte Múgica, y el coordinador de Seguridad Pública del Estado, el general Moisés Melo García, quien fue jefe militar en Sinaloa y Durango –es decir, conocedor del Triángulo Dorado de las drogas–, apuntaron como probables responsables a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sorprendió la prisa del señalamiento, aunque los acusados negaron pronto cualquier responsabilidad.

Durante los dos sexenios panistas, el Ejército no pudo detener a El Chapo, a pesar de que Sinaloa es uno de los terrenos que mejor conocen los militares desde los años 70, cuando encabezaron la Operación Cóndor. Ésta, por cierto, terminó por favorecer a Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

En los años de la esplendorosa fuga de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se consolidó como una empresa multinacional del narcotráfico. Apenas hacía un año que Guzmán Loera se había fugado del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando en el verano de 2002 fue desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército, al descubrirse que sus elementos cuidaban la producción de mariguana en Badiraguato y Mocorito, en la sierra de Sinaloa.


Una respuesta violenta, en la lógica irracional de la venganza por parte del Estado, además de infligir más dolor al país, sólo serviría para seguir el juego de buenos y malos en esta prolongada guerra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457716/las-lealtades-en-ejercito-la-emboscada-en-sinaloa

Se alebresta el sindicalismo “charro”

Los sindicatos cercanos al poder respingaron por una propuesta de reforma de justicia laboral planteada por el gobierno federal. Envueltos en la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, los corporativistas en realidad abogan por la opacidad y por mantener los privilegios que les da el actual sistema. En contraparte, expertos y sindicalistas independientes consideran que el planteamiento puede traer beneficios a la fuerza productiva…

Por primera vez en lo que va del sexenio, el sindicalismo “charro” –es decir, el sometido al poder en turno– se manifestó en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto que, por presiones internacionales derivadas de la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico, propuso una nueva reforma de justicia laboral.

Sin embargo, su protesta no es para apoyar los derechos de los trabajadores, sino para no perder sus privilegios, particularmente los llamados “contratos de protección” (negociados a espaldas de los trabajadores), el “tripartismo” en los juicios laborales (que da mucho poder a los “sindicatos blancos” en las pugnas contractuales) y la existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción.

En contraparte, líderes de gremios no alineados y abogados de lo laboral celebran la iniciativa peñista –presentada la semana antepasada– porque implica ventajas para los trabajadores. Sólo lamentaron que se hiciera realidad por la presión de Estados Unidos y no por la larga exigencia de justicia de los trabajadores mexicanos.

El año pasado, Washington presionó al gobierno de México para que acabara con la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal (Proceso 2050). Así, durante 12 meses, la administración peñanietista preparó sigilosamente una nueva reforma laboral, como parte de la “iniciativa de justicia cotidiana”.

Estas modificaciones son necesarias para que México se ajuste a los criterios del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (conocido como TPP y recientemente firmado) y pueda ser parte de la zona de libre comercio más amplia del mundo, junto a otras 11 naciones.

El abogado laboralista Arturo Alcalde confirmó que contar con un sistema de justicia laboral sustentado en un árbitro imparcial, como se propone en la iniciativa que actualmente debate el Congreso, es un reclamo de la izquierda y de la sociedad civil desde hace muchos años.

Benjamín Davis, de la AFL-CIO, explica que la reforma puede paliar la diferencia salarial entre Estados Unidos y México: “Porque si uno ve las cifras, la brecha salarial no se ha cerrado. Si uno hace un comparativo, en 1974, en la industria manufacturera, un trabajador mexicano ganaba 15% de lo que obtenía un estadunidense, y en 2015, 16%”. Considera positiva esta propuesta, además, porque combate la contratación de protección.

Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicato de telefonistas, se dijo sorprendido “gratamente” por la propuesta de justicia laboral, porque retoma banderas enarboladas por la izquierda desde hace años: “La propuesta hace un nuevo diseño de la aplicación de la justicia laboral. Primero desaparece las Juntas de Conciliación y abre el espacio en el ámbito judicial para que sea ahí donde se diriman los conflictos laborales, lo que hace posible la aplicación del estado de derecho”.

La postura divergente

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso del Trabajo (CT) expresó su rechazo a la propuesta de justicia cotidiana.

La misiva, firmada por Abel Domínguez Rivero, presidente de la Comisión Ejecutiva del CT, solicitó el archivo de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Ahí defiende el tripartismo: “La parte tripartita, surgida entre trabajadores, organismos sindicales y cámaras empresariales, ha llevado a cabo una marcada paz laboral”.

Para el CT, el planteamiento de justicia laboral no mejora las condiciones de empleo de los trabajadores discapacitados ni protege los derechos de los niños o ancianos trabajadores: “Es totalmente falso (…) ya que aunque se indique que existe el desarrollo de su trabajo sin acto peligroso y seguro, es una gran mentira”. Critica también que en la propuesta se hable del diálogo entre los factores de producción.

Los cambios que se introdujeron en la justicia laboral, se asienta en el texto, son una falacia porque no han mejorado la estabilidad laboral de los empleados ni de los patrones “por las cargas impositivas que el propio gobierno está imponiendo”.

Los corporativistas afirman que con la propuesta peñista los trabajadores no tendrán acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores (ISSSTE), al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ni a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Cuestionan, finalmente, si el mandatario también pretende desaparecer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por los privilegios

La propuesta trastoca muchos intereses creados por el sindicalismo “charro”, que sustenta su negocio en la red de influencias que tiene con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, afirma en entrevista Arturo Alcalde, abogado de lo laboral.

“Efectivamente, la propuesta trastoca muchos intereses creados. En primer lugar el charrismo tradicional, que controla la inmensa o casi la totalidad de las representaciones obreras que no son producto de la votación auténtica de los trabajadores. Y es lo mismo con el sector empresarial: los abogados dedicados a los contratos de protección se están movilizando para impedir este cambio”, agrega.

El especialista, paralelamente, reprocha la carta del CT, donde también se critica la corrupción del Poder Judicial. “¿Quién es más corrupto? O sea, ¿quién tira la primera piedra?”.

“Lo que el CT está planteando es que las juntas dependan del Poder Ejecutivo en un esquema de falso tripartismo, que tiene su origen en el corporativismo, en el fascismo italiano del control de los factores de la producción. Esto no sólo perjudica a los trabajadores, sino también a las empresas”, abunda.

Alcalde lamenta que se haya propuesto que la Constitución de la Ciudad de México mantenga las Juntas de Conciliación con el esquema tripartita, y que sean “órganos autónomos constitucionales, lo cual significaría fortalecer el corporativismo”.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, “me alegaba problemas de presupuesto. No niego que pueda haber problemas de presupuesto, pero eso es otro asunto. Al final, que él entienda que para aplicar el estado de derecho las juntas deben desaparecer”.

La cuestión laboral en la Ciudad de México, agrega, debe revisarse porque es preocupante que todos los sindicatos del gobierno central están afiliados a la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), que es priista.

El abogado laboral Alfonso Bouzas está de acuerdo con lo anterior: “Las juntas son un lastre para los trabajadores, pues crean jueces de lo laboral, crean una nueva carrera profesional y un instituto de registro de sindicatos, entre otros puntos.

“Cuando menos se abre la posibilidad de darle un golpe al corporativismo sindical, a los sindicatos de a mentiritas, entre otros puntos”, indicó en entrevista.

Las propuestas

La iniciativa peñanietista propone evitar los mecanismos dilatorios tan frecuentes en las querellas laborales, incorporarlas a un sistema de juicios orales y modificar los requerimientos y plazos de cumplimiento de los amparos indirectos.

Los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo, además, sólo tendrán validez “si se constata la voluntad de los trabajadores de pertenecer a un sindicato y suscribir un contrato colectivo”. También busca “prever mecanismos de consulta previa a los trabajadores en emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo (y) establecer la noción de legitimidad y representatividad para contar con sindicatos auténticos en las empresas”.


Otro punto se refiere a cambiar el estatus de los servidores de las juntas para que sean considerados trabajadores de confianza, así como que se incluya un Fondo para la Mejora de Justicia Cotidiana Laboral Federal en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un órgano auditor para mejorar la administración de las juntas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/457715/se-alebresta-sindicalismo-charro