CIUDAD DE MÉXICO: El INAI consideró que la información migratoria sobre la visita del candidato republicano estadunidense Donald Trump a México es “confidencial” por referirse a “datos personales”, y por ello no respondió a la solicitud realizada desde el 7 de septiembre por el senador Luis Humberto Fernández, del PRD.
En un comunicado de prensa, Fernández recordó que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó que le respondieran cinco dudas sobre la estancia de Trump el pasado 31 de agosto, cuando visitó Los Pinos y sostuvo un polémico encuentro con el primer mandatario Enrique Peña Nieto.
¿Pasó Trump el filtro de revisión, como lo considera el artículo 37 de la Ley de Migración? ¿Fue debidamente revisado y registrado por la autoridad migratoria el señor Trump? ¿Cuál fue la calidad migratoria con la que el señor Trump ingresó al país, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Migración? Si fuera el caso, ¿existió una “dispensa especial” para que Trump ingresara al país el 31 de agosto? ¿Con qué argumento le fue otorgada y quién la autorizó?, cuestionó el legislador.
En su respuesta, el pasado 7 de octubre el INAI resolvió “que no puede contestar la solicitud de información al catalogarla como confidencial por referirse a datos personales”.
El senador Fernández se quejó porque el gobierno “difundió a través de filtraciones periodísticas información que hoy etiqueta como confidencial, en la que aparecen los nombres y números de pasaporte, lo que constituye un delito”.
Para el legislador perredista persiste la duda de “si Donald Trump pasó o no el filtro migratorio como lo señala la ley o, de manera acomedida, oficiosa o agachona se le selló el pasaporte a bordo del avión. Lo que sigue sin aclararse es quién y por qué esta solicitud de dispensa”.
Fernández insistió en que no estaban pidiendo datos personales sino información “sobre el procedimiento, no sobre la persona”.
Además de esta duda, queda pendiente resolver “quién pagó la visita del señor Trump, y si constituyó una aportación en especie a su campaña”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458186/confidencial-informacion-migratoria-visita-trump-a-los-pinos-inai
En el otorgamiento de los contratos están implicadas cuatro dependencias del gobierno de Javier Duarte, que pudieran estar involucradas en posibles hechos de corrupción y desvío de recursos públicos.
El Órgano Fiscalizador Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz identificó 55 nuevo contratos que el gobierno de Javier Duarte concedió a una red de empresas fantasma, y que se suman a los 73 que reveló una investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.
El ORFIS confirmó además que no hay evidencia de que los productos presuntamente comprados con recursos públicos llegaran a los beneficiarios.
Así lo revela un apartado especial del Informe de la Cuenta Pública 2015 que el ORFIS entregó al Congreso de Veracruz la semana pasada, y al que Animal Político tuvo acceso; el informe se hará público una vez que lo aprueben los diputados locales.
El documento incluye los resultados de una verificación hecha por los auditores locales a 25 empresas contratistas del gobierno estatal, lo que dio paso a una denuncia penal ante la Fiscalía de Veracruz por posibles actos de corrupción.
En total, de acuerdo con el dictamen del ORFIS, son 131 contratos los que tres dependencias y una entidad del gobierno veracruzano dieron este grupo de compañías que no existen en sus domicilios fiscales y cuyos accionistas tampoco son empresarios. El monto total de dichos contratos asciende a casi 950 millones de pesos provenientes de las arcas locales.
Esta investigación tendrá una segunda fase, luego que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un mayor número de empresas involucradas y confirmó la inexistencia de todas ellas tras el plazo legal que se les dio para respondieran al llamado del fisco.
En su resumen del caso, los auditores estatales explican que, el pasado 21 de junio, se tomó conocimiento de las declaraciones hechas por el jefe del SAT Aristóteles Núñez en el sentido de que 25 compañías contratistas del gobierno de Veracruz sufrieron la cancelación de su registro fiscal luego de que no se les localizó en su domicilio.
Dicho hallazgo, subraya el ORFIS, se realizó luego de que Animal Político publicó que estas empresas recibieron 73 contratos de parte de las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Educación y del Sistema de Desarrollo infantil (DIF), entre los años 2012 y 2014.
El reporta explica que “en su momento” se realizaron las auditorías a los procesos de licitación y adjudicación directa del gobierno en las cuentas públicas de esos años, sin que se detectaran irregularidades. La verificación se hizo sobre los documentos entregados por el gobierno, no con verificaciones en el terreno.
“Se evaluó en los términos del artículo 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, sin que de la revisión se detectaran irregularidades documentales en los procesos de licitación y/o adjudicación”, indicó el ORFIS.
Tras la confirmación del SAT de irregularidades en las empresas contratistas, el 25 de julio el Auditor General envió el oficio OFS/3722/07/2016 a la Dirección de Auditoría de Poderes Estatales para que se llevara a cabo un nuevo análisis pero esta vez de todos los procesos de adjudicación concedidos por el gobierno de Javier Duarte en favor de las empresas no localizadas.
El 15 de agosto la referida dirección presentó sus resultados en el documento denominado: “Dictamen derivado de las investigaciones realizadas por un medio informativo y de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado”.
En ese documento no se detallan los resultados del dictamen pero se establece que sirvió de base para que un día después se presentara una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables.
“En la denuncia se mencionan 131 contratos realizados con el Gobierno del Estado en tres dependencias y una entidad, por un importe detectado de 940.2 millones de pesos, en la que se presume que los bienes motivo de los citados contratos no fueron entregados a los respectivos beneficiarios”.
Como pruebas en la denuncia se incluyó el referido dictamen, además de las auditorías realizadas en los años anteriores, los hallazgos realizados hasta ese momento por el SAT y la investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.
Esta es la primera denuncia de tipo penal presentada por el ORFIS en contra de dependencias del gobierno estatal por lo menos de la última década. Las denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos se habían concentrado en los municipios.
De forma paralela a la indagatoria penal, el ORFIS indicó que el 30 de junio pasado se giró el oficio número OFS/3275/06/2016 dirigido al titular de la Contraloría del Estado para que se realizara una investigación dentro de su ámbito de competencia. Además se le instruyó suspender los pagos pendientes en caso de que los hubiera, hasta que no se verificara la existencia real de los bienes contratados.
Los resultados de esta indagatoria administrativa aún no se conocen.
Múltiples delitos
Entre el 24 y el 26 de mayo Animal Político publicó un reportaje dividido en tres partes en donde se evidenció que el gobierno estatal dio 73 contratos a una red de compañías inexistentes. Hoy se sabe que fueron más de 130; dichas empresas no existen en sus domicilios fiscales y sus accionistas no son empresarios sino personas de bajos recursos.
Las dependencias involucradas no entregaron documentos que confirmaran que los insumos comprados fueran entregados a la población.
Las investigaciones que distintas instancias llevan a cabo por este caso están relacionadas con varios tipos de ilícitos.
En el caso de las empresas que son personas morales, el SAT identificó posibles delitos del tipo fiscal que van desde la no localización del domicilio fiscal, hasta declaraciones de impuestos que no corresponden con los ingresos facturados. Esto derivó en 32 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Producto de esas averiguaciones la PGR obtuvo de un juez una primera orden de aprehensión en contra de una persona cuya identidad no se ha revelado, mientras que hay dos procesos ya iniciados ante jueces federales.
De forma paralela el SAT dio un plazo a 30 compañías involucradas y una persona física para entregar documentos que avalen su existencia y operaciones, lo que no ocurrió. Producto de ello se presentará una nueva denuncia penal en PGR contra las dependencias involucradas de Veracruz que avalaron facturas que amparan operaciones inexistentes.
La denuncia interpuesta por el ORFIS en la Fiscalía de Veracruz es por posible desvío de recursos y hechos de corrupción contra los funcionarios que resulten responsables. Ese expediente continúa en integración.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/auditoria-veracruz-empresas-fantasma-duarte/
Según un estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la CNDH, pudieron prevenir la masacre de 72 migrantes, ya que sabían que los Zetas habían convertido a San Fernando en un "campo de exterminio".
El 21 de agosto de 2010, al menos 74 migrantes indocumentados fueron secuestrados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando viajaban a bordo de dos vehículos hacia la frontera con Estados Unidos. Al día siguiente, todos, excepto dos, fueron asesinados.
Tal como se ha logrado reconstruir a partir de investigaciones judiciales, periodísticas y testimonios de los sobrevivientes, al menos ocho hombres armados pertenecientes al Cártel de Los Zetas interceptaron al grupo de migrantes cuando viajaba por carretera. Tras someterlos, fueron trasladados primero a un inmueble en el que pernoctaron, y al día siguiente a un rancho, donde todos fueron ejecutados mediante disparos en la cabeza. Los cuerpos quedaron abandonados a la intemperie.
Ese no fue el final de la tragedia: luego comenzó para los familiares de las víctimas un largo peregrinar en busca de los restos de sus seres queridos, manipulados tan deficientemente por las autoridades estatales y federales que, al menos en un caso comprobado, se entregó el cuerpo de un ciudadano brasileño a una familia de Honduras y por ello, hasta la fecha, prevalecen dudas en torno a la correcta identificación del resto de las víctimas.
Tal como explica el estudio “En el Desamparo” (http://eneldesamparo.colmex.mx/), publicado este domingo por El Colegio de México, la masacre de San Fernando fue el parteaguas que permitió “meter en la agenda nacional e internacional el viacrucis vivido por los migrantes que cruzan México”, presas no sólo de las autoridades migratorias que los extorsionan, asaltan, golpean y deportan, sino también de las bandas del crimen organizado, que los esclavizan, asesinan o secuestran para cobrar rescates a sus familias, ya sea en sus países de origen o en Estados Unidos.
Sin embargo, destaca el estudio, a seis años de que la masacre fue perpetrada, todas las instituciones públicas involucradas en la investigación del caso y en la atención a las víctimas han fracasado en su labor.ç
Todos sabían
La noche del 21 de agosto de 2010, señala la narración que hace uno de los sobrevivientes, ecuatoriano, para la televisión de su país, “nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas (…) nos sacaron del carro y nos metieron a otro carro. Llevó a una casa, ahí nos amarró de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenía una noche. Siguiente, para amanecer domingo, nos llevó a otra casa (…) una casa vieja que estaba llena de hierba por adentro, ahí nos botaron adentro (…) y vendaron los ojos (…) ellos estaban bien armados (…) no nos pidieron nada, sólo dijeron ‘quieres trabajar con nosotros?’, y nadie quiso trabajar con ellos (…) sólo eso y no nos dijo nada más”.
Según el segundo sobreviviente, de nacionalidad hondureña, luego de que se negaran a sumarse a Los Zetas, los migrantes fueron enfilados boca abajo e hincados.
“Yo estuve hincado, escuché las balas de aquí arriba a abajo, por todos lados disparaban, disparaban, a un lado estaba un amigo, a él le disparaban, ahí sentí, está matando, y después me disparó a mí (…) a todos mató (…) Seguían disparando a otros, yo me hice que estuve muerto, para que no me dieran más balazos y de ahí ya se fueron”.
La matanza pudo ser denunciada debido al hecho fortuito de que hubo dos víctimas sobrevivientes; sin embargo, subraya el estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pudieron prevenirla, ya que, de forma previa, sabían del control criminal que Los Zetas ejercían en la zona, y de la especial vulneración que en este contexto sufrían las personas migrantes.
Para el año 2010, señala el estudio coordinado por Sergio Aguayo, el municipio tamaulipeco de San Fernando era “un campo de exterminio”, a raíz de la guerra iniciada un año antes entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, por el control de esta localidad, surcada por dos importantes carreteras que llevan a los puentes fronterizos de Reynosa y Matamoros.
En sólo cuatro años, explica el estudio, en el Valle de San Fernando se triplicaron los homicidios, al pasar de 12.8 casos por cada 100 mil habitantes en 2009, a 29.6 para el año siguiendo –cuando fue cometida la masacre de los 72 migrantes–, y siguieron aumentando hasta llegar a 47.9 homicidios por cada 100 mil habitantes para 2012.
La estadística sobre casos de desaparición forzada también dejan ver el contexto de violencia en el que se enmarcó la masacre: en los años previos a 2009, en el Valle de San Fernando no se tenía registro de ninguna persona desaparecida; sin embargo, a partir de 2010 hubo una explosión en el número de casos, ese año se dieron 39.50 desapariciones por cada 100 mil habitantes, que aumentaron a 49.74 para 2011 y alcanzaron su punto más alto en 2013, con 51.21 desapariciones por cada 100 mil personas.
De cero a 51, sólo en tres años.
“La CNDH y las demás instituciones federales, estatales y municipales sabían de la situación cada vez más crítica de las personas migrantes en su cruce por México –señala el estudio del Colmex–, y no tomaron las medidas adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de actos”.
Peor aún: “El hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando en 2011, con 196 cadáveres, dio cuenta de que la situación no mejoraba, y que las autoridades seguían sin tomar medidas para prevenir estas graves violaciones a derechos humanos”, situación que prevalece hasta la fecha.
Defensores de derechos, violadores de derechos
En diciembre de 2013, más de tres años después de los hechos, y sin haber contactado nunca a los deudos de las 72 víctimas mortales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó los resultados de sus investigaciones en torno a la masacre, a través de su Recomendación 80/2013.
En ella, la CNDH concluyó que, debido a las deficientes investigaciones, y al incorrecto manejo de los cuerpos recuperados, las autoridades mexicanas (estatales y federales) violaron los derechos de las víctimas a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno, al honor, a la privacidad y a protección de sus datos de identidad.
El Colegio de México, sin embargo, detectó distintas deficiencias en la Recomendación 80/2013, así como en el proceder en general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En primera instancia, la investigación de la CNDH “no señala en ningún momento violaciones a los derechos a la vida y a la integridad” de las víctimas que fueron secuestradas y asesinadas, por grupos criminales que operaban en San Fernando, y en otros importantes puntos de Tamaulipas, con el aval de autoridades.
De hecho, se subraya, la CNDH no abordó en su Recomendación las responsabilidades de las instituciones que fomentaron la operación del crimen organizado en San Fernando, o de las autoridades que lo fomentaron por omisión.
“La CNDH –señala el estudio– en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión y/o aquiesencia de funcionarios públicos en la masacre”, esto a pesar de que, durante sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó evidencias de que las autoridades municipales estaban subordinadas al crimen organizado, y también de que esa subordinación era conocida por autoridades estatales y federales.
Además, aunque la CNDH reconoció que las autoridades estatales y federales cometieron anomalías durante el manejo de los restos y la investigación del homicidio en masa, las recomendaciones emitidas para revertir estas fallas fueron redactadas de tal forma que puedan acatarse sólo mediante la emisión de oficios, es decir, sin que en realidad se tomen acciones concretas.
“La forma en la que la CNDH redacta recomendaciones –denuncia el estudio del Colmex– limita los posibles efectos positivos que pudieran llegar a tener (…) y es utilizada por las autoridades como una excusa para no tomar medidas verdaderamente efectivas”, además de que “es notable la facilidad con la cual la CNDH consideraba que sus recomendaciones habían sido cumplidas”.
Un ejemplo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le recomendó a la Procuraduría General de la República que “se instruya a quien corresponda, a efectos de que se tomen medidas necesarias para que los agentes de esa institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”.
La PGR dio por atendida la recomendación, emitiendo un oficio ordenando que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas. Eso fue todo lo que hizo para garantizar que toda víctima del delito sea adecuadamente atendida.
La razón que la PGR expuso para no hacer nada más que emitir un oficio fue que “la interpretación y el alcance de de cada punto recomendatorio es de aplicación estricta y no puede ampliarse ni modificarse su contenido”.
En términos prácticos, apunta el estudio, las recomendaciones de la CNDH “fueron regaños públicos sin consecuencia alguna”.
Prueba de ello es que “no hubo seguimiento para verificar si se estaba haciendo (lo recomendado por la CNDH) y si con ello se mejoraba la situación de las víctimas”.
La negativa de la Comisión a investigar la responsabilidad de las autoridades en la masacre de San Fernando, concluye el estudio de El Colegio de México, genera “la impresión de que (la CNDH) se autocensuró”, y de que “desgraciadamente, en los casos analizados no ha cumplido con sus funciones de manera eficiente, y no ha tenido presente a las víctimas”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/cndh-masacre-migrantes-san-fernando-colmex/
Televisa, la televisora más importante de América Latina ya ha elegido al próximo presidente de México, mejor dicho, a la próxima presidenta, la señora esposa de Felipe Calderón.
La empresa propiedad de Emilio Azcárraga ha entrado de lleno a la precampaña del 2018 iniciada con bastante anticipación, ante el desgobierno de Enrique Peña Nieto.
Televisa quiere apuntalar las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala, la mujer del rebozo, la mujer que carga a su espalda los excesos autoritarios de su marido, el ex Presidente Felipe Calderón, la mujer, cuyo pasado al lado de su cónyuge la convierte en cómplice del sexenio más sangriento en la historia reciente de México.
Acostumbrada a dirigir el destino de los mexicanos, Televisa quiere repetir su estrategia propagandística a favor de su gallo, más bien, de su gallina. Ya le funcionó con Enrique Peña Nieto y esa empresa está decidida a promover sus métodos a favor de la democracia dirigida para luego obtener todos los beneficios que ya sabemos.
Para empezar, le está dedicando importante espacio “noticioso” en horario estelar. Media hora a ella y a Rafael Moreno Valle Rosas, el Gobernador de Puebla y con la ausencia de su contrincante, Ricardo Anaya.
El madruguete de la señora Zavala parece tener efecto. Voces importantes en el Partido Acción Nacional se definen a su favor y critican que Anaya sea juez y parte. Las posibilidades de Moreno Valle son casi nulas.
Aún así, nada está totalmente claro en el PAN. Zavala tiene dentro acérrimos enemigos y puede ser que no la dejen llegar a la candidatura, pero ella se prepara en todo caso para lanzarse de manera “independiente”.
Es una candidata fuerte. Tal vez, por eso Televisa, sin importar las siglas del partido, ha decidido apoyarla. Lo cual genera un grave detalle a su cuestionada carrera hacia la Presidencia.
Y que mejor que la ficción-realidad para hacerle propaganda a Margarita Zavala. El mes próximo, Televisa, lanzará su nueva telenovela “La Candidata” que aborda la vida de una mujer, esposa del presidente que decide buscar la presidencia.
El culebrón tipo Televisa producido por Gisselle González, esta protagonizado por la actriz Silvia Navarro que interpreta el papel de Regina Bárcenas y el actor Víctor González.
La trama, si se le puede llamar así, cuenta la historia de una mujer que descubre que su esposo, el presidente, es un corrupto y decide declararle la guerra participando en política.
No es la primera vez que Televisa entra en la contienda electoral. En el caso de Peña Nieto, recordemos que The Guardian publicó como en junio de 2012 durante la campaña presidencial, Televisa creó una unidad secreta para impulsar el triunfo del candidato del PRI a la presidencia.
De acuerdo a una serie de documentos, pudimos darnos cuenta que la empresa de Emilio Azcárraga había elegido a su gallo y lo favoreció a través del llamado “equipo Handcock” encargados de supervisar videos para hacer propaganda a favor del ex Gobernador del Estado de México.
La copias de los contratos firmados y el supuesto plan de trabajo encabezado por Alejandra Lagunes, la actual jefa de los peñabots en la presidencia de la República. El diario demostró que Televisa apoyó a Peña Nieto desde 2009 con una venta de espacios y cobertura disfrazada de “noticias” a favor del candidato priísta y contra Andrés Manuel López Obrador.
Para el 2018 el enemigo a vencer sigue siendo López Obrador y la misma Margarita Zavala no ha escatimado palabras para señalarlo así y asegurar que le “puede” ganar al candidato de Morena.
Las apuestas ya están arrancando y la empresa Mientoski, digo Mitofski, conocida por sus mentiras disfrazadas de encuestas, dice que efectivamente Zavala le ganaría a López Obrador.
En la guerra contra el candidato de Morena se apuntan muchos más, además de los mismos de siempre: Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y el mismo Felipe Calderón y su esposa. También los acompañan los dueños de México, un grupo de empresarios empeñados en no dejar que López Obrador se siente en la Silla del Águila. Eso acabaría con los privilegios de todos.
Finalmente, la candidatura de Margarita Zavala representa los intereses de ellos y en particular los de su marido empeñado en seguir gobernando a través de su esposa.
Alargar el sexenio de Felipe Calderón sería sencillamente una nueva tragedia para México. Los panistas esperan el triunfo de Hillary Clinton para apuntalar a su candidata, pero francamente las diferencias son abismales.
¿Realmente alguien en su sano juicio cree que Margarita Zavala tiene capacidad para gobernar?… Algunos panistas y Televisa lo creen firmemente. La empresa ha visto la posibilidad de manipular a su antojo a la esposa de Calderón, así como ya lo hizo con Peña Nieto. ¿Estamos los mexicanos dispuestos a que Televisa elija nuevamente al presidente de México?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102214
“Soy consciente de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está quedando muy pequeña frente a la desgracia”, contestó Jaime Rochín a tres mujeres cuyos familiares desaparecieron en Coahuila, tierra de los Zetas. “No les está llegando y se requiere otra cosa. Yo dejo la presidencia este domingo. No sé qué vaya a pasar en poco tiempo. Yo sé que lo que buscan es una institución más justa… pero. Bueno, perdón que las abandone, pero tengo que pagar el hospital [donde estaba internada su hija por amibiasis], sino no la dejan salir”, finalizó. Horas después se la pasó agradeciendo en Twitter las felicitaciones por su estancia en el cargo que dejó ayer. Mientras tanto, Rosario Villanueva, Yolanda Morani y Rosario Morales siguen buscando la verdad y a sus hijos y hermano. Los pretextos para no investigar y encontrarlos, dijeron, es la falta de presupuesto y personal.
Las consecuencias de esta larga guerra en México han aplastado y rebasado la capacidad de las autoridades para darle justicia a las familiares de víctimas de desapariciones forzadas, por lo que se encuentran en el desamparo. El país está lleno de fosas clandestinas, pero no hay suficiente personal ni presupuesto, coincidieron tres mujeres coahuilenses que han perdido a sus hijos y un hermano, durante una plática con Jaime Rochín, hasta ayer presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El Colegio de México (Colmex) acababa de presentar un informe sobre la omisión del Estado para reparar a las víctimas de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Coahuila, y de la desaparición de familias en Allende, Coahuila.
–Esta problemática nos rebasó tanto al país. Nos está aplastando –afirmó Rosario Villanueva, madre de Óscar, entregado por la policía de Coahuila a Los Zetas.
–Nos sorprendió. No había elementos. La propia CEAV está absolutamente superada porque el problema tiene unas dimensiones mucho mayores –contestó el funcionario Rochín. Momentos antes, al concluir la presentación del reporte, Rosario y Yolanda Morani se pararon y le gritaron que se pusiera a trabajar para que les devuelvan a sus hijos ya sea vivos o muertos.
Yolanda dijo en entrevista con este sitio que se ha enfrentado con las trabas de todas las autoridades, no solo de la CEAV.
“Hay mucha simulación. Nos dicen que sí, pero no cuándo. No actúan. Los expedientes están sin resultados, sin investigación ni operativos en campo. Los buscan a través de oficios. Nuestros hijos no son papel. Es necesario salir a campo”, denunció sosteniendo la foto de su hijo Jan Jeremeel, un ejecutivo de ventas.
Como parte de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), les han dado mapas, rutas e información de dónde pueden encontrarlos.
“Pero no hacen investigación; no buscan. No hay personal, dicen. Eso es lo que dijo el 10 de mayo de este año la Procuradora Arely Gómez: que no hay presupuesto, hay pocos ministerios públicos federales y no hay dinero. De las fosas que estamos encontrando las familias no identifican los cuerpos porque ‘es muy caro’ ni hay personal forense suficiente en el país”, contó la mujer.
“Los muertos siguen aflorando con estas aguas y aires. Siguen apareciendo huesos. No los buscan. No hay intención con la excusa de que no hay presupuesto. Para las campañas políticas sí hay millones de pesos. Qué lástima. Nuestros hijos son seres humanos, mexicanos que aportaron con sus impuestos. No me explico por qué no los buscan”, expuso Yolanda.
Rosario Morales, una mujer que busca a su hermano sordo desparecido en Coahuila, tierra de los Zetas, se acercó al encuentro informal con el entonces titular de la CEAV para narrarle parte del infierno que ha vivido por cuatro años.
Su hermano Martín Morales desapareció el 12 de febrero del 2012 en el municipio de Piedras Negras. Iba con cuatro amigos. Estaban trabajando. Ellos son sordos. Tenía una esposa y dos hijas, quienes también desean volver a verlo.
Hasta diciembre del 2015 pasaron el caso a la Fiscalía y, apenas hace un mes, las autoridades locales le pidieron a Rosario… esperar más.
–Déme 15 días. Estoy empapándome de la información y le llamo por teléfono –le dijo una licenciada.
No aguardó más y fue a presionar.
–¿Ya tienen una línea de investigación, algo?
Nada.
La semana pasada, la CEAV le marcó por teléfono para que fueran a la Ciudad de México por equipo auditivo que al final no sirvió. La esposa de su hermano y sus dos hijas también son sordas.
Les pedió un psicólogo para su sobrina más grande.
–No hay personal que hable con personas sordas –le respondieron.
–Señorita, van a ser cinco años y todavía no puede encontrar a alguien que pueda dar asesoría a mi sobrina –contestó.
“PERDÓN QUE LAS ABANDONE”
Después de escuchar a Rosario Morales, el funcionario Jaime Rochín pidió a un asistente tomarle sus datos para “hacer un escrito por lo pronto”. Prometió “hablarle al Gobernador” Rubén Moreira, quien también ya va de salida.
Rosario Villanueva, sentada a lado de Rochín, le había contado anteriormente que, según declaraciones de los policías que entregaron a los muchachos a un grupo de Los Zetas, el grupo criminal los mató y quemó con diésel.
“Cosas horribles que no se han comprobado. Si es real lo que declararon, díganos dónde. Mínimo señales de incendio debe haber. Pensamos que existe la posibilidad de que los tengan trabajando”, le contó con una voz tenue, proveniente de un rostro triste. Pero no vencido. Fue ella quien gritó frente a todos los presentes en la conferencia de prensa: “no dejaremos de buscarlos”.
–Hay un punto que quiero comentar… –añadió Rosario Villanueva después de la intervención de Rosario Morales sobre su hermano.
–Perdón. Las voy a interrumpir. El Comisionado Rochín tiene a su hija de nueve años en el hospital. La tiene que ir a sacar. Me van a disculpar… –dijo una asistente del funcionario público frente a Yolanda y las dos Rosarios, mujeres que llevan años buscando a su hijo y hermano.
–A ver déjame ver cómo va eso… –afirmó Rochín viendo su celular.
–Le dio una amibiasis… –añadió la asistente.
–Pero a ver… ¿ahí es falta de atención para personas con discapacidad? –continuó Rochin sobre el caso de la esposa e hijas del hermano de Rosario.
–A parte de buscar a nuestros familiares desaparecidos –dijo Rosario Villanueva ignorando la interrupción– nos damos cuenta de los daños colaterales. Felipe Calderón no se imaginó la dimensión de los daños colaterales. Nuestros niños… hay una infinidad de niños abandonados. Sus madres se tienen que dedicar a trabajar para darles de comer a sus hijos y ellos están viviendo… La bola de nieve ya creció tanto que nos está aplastando. ¿En quién pensamos?, ¿en buscar a los desaparecidos o en cuidar a los niños de los daños colaterales?
–Permíteme un momento… porque sí tengo que ir a pagar el hospital –contestó Jaime Rochín, hasta ayer titular del CEAV–. Pero… yo lo que les puedo decir es… todos estos dolores que ustedes están viviendo día a día… Soy consciente de que la CEAV está quedando muy pequeña frente a la desgracia. No les está llegando y se requiere otra cosa. Yo dejo la presidencia hoy [domingo]. No sé qué vaya a pasar en poco tiempo. Lo que sí les digo es que seré el primer impulsor y ustedes ayúdenos a presionarlos: en una semana se aprueba una ley que evita la revictimización que hace la CEAV al pedir facturas; evita que solo atendamos casos federales. Hoy Sergio Aguayo se comprometió con el gobierno de Coahuila a crear un nuevo modelo de atención a víctimas.
Que les informen. Se abrió un fondo de emergencia para víctimas de desaparición. Con eso se evita por lo menos mucho de la tramitología burocrática. Mientras se aprueba la reforma, que puede ser en un mes, que tengan este fondo. Yo sé que lo que buscan es una institución más justa… pero. Bueno, perdón que las abandone, pero tengo que pagar el hospital, sino no dejan salir al chamaco –finalizó y se paró de la mesa.
Yolanda Morani Sáez también estuvo presente al final de la charla. Ella tuvo que desplazarse de Coahuila a Guanajuato por recibir amenazas. Es madre de Jan Jeremeel Fernández, un ejecutivo de ventas de una compañía de seguros, desaparecido el 19 de diciembre del 2008 por militares del área de inteligencia en Torreón.
De acuerdo con la madre, un convoy de dos camionetas con 15 encapuchados entraron a la cárcel de Torreón, mataron a los militares que acababan de llevarse a su hijo y se llevaron a nueve presos federales.
Durante estos ocho años ha estado investigando a militares y autoridades.
“El Ministerio Federal de la Unidad de búsqueda dijo que hay funcionarios involucrados. Sabemos que la licenciada Claudia González, delegada de la PGR en ese entonces, fue detenida por colusión con los Zetas”, contó.
“Necesitamos que los estados que están alrededor de Coahuila se coordinen porque el Gobernador no puede hacer todo y sabemos que los trasladaban a otros lugares. Mientras que los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí no cooperen y mientras que las autoridades federales no quieran buscarlos no vamos a encontrarlos”, sugirió Yolanda.
“SE LE TEME A LA VERDAD”: VILLORO
Las tres familiares de víctimas de desaparición cargaban el retrato de cada ser que dejaron de ver de la noche a la mañana; que les fue arrebatado durante esta guerra contra el narcotráfico. Buscan a sus familiares y la verdad de lo que sucedió.
De acuerdo con el escritor y periodista Juan Villoro, presente durante la revelación del informe “En el desamparo” donde participó, los casos de San Fernando y Allende son algo que “por desgracia abarca a todo el país”. En eso coincidieron el resto de los ponentes.
“Estamos ante un proceso de sustitución por parte de un grupo de la sociedad civil y de investigadores del Colmex para subsanar lo que no hace el Estado, lo que permite la impunidad”, dijo.
“Es esencial conocer lo que pasó para establecer una sanación social a través de la memoria. Es muy importante que en la medida de lo posible conozcamos lo ocurrido. Hay demasiados desaparecidos en este país y ni siquiera hay un recuento cabal de la cantidad de víctimas de la violencia”, añadió el académico.
“¿Basta la reparación simbólica? Por supuesto que no. Esto tiene que ser un primer paso. En los dos casos analizados vemos claramente una convivencia entre criminales y autoridades; vemos una demora en la actuación no solamente de autoridades estatales, sino federales; vemos omisiones. El manejo de los datos y restos ha escapado a todos los protocolos internacionales autorizados. No hay ninguna posibilidad de solucionar un caso si se actúa de tal manera que al pretender investigar se está simultáneamente destruyendo la evidencia. Se investiga a partir de de declaraciones y reportes periodísticos, es decir, a partir de subjetividades. No hay una cadena lógica de investigación”, desarrolló Villoro.
Finalmente, concluyó, “no es difícil ejercer la verdad en un país como México. Este trabajo también es una exploración del uso social de la verdad. Cómo se prefiere ocultar lo que ha ocurrido por ser problemático e incluso reconocer su gravedad y no se esclarece por temor a que eso cause un problema mayor. Desde el punto de vista moral, se le teme a la verdad porque parecería que puede debilitar el cuerpo social. A veces se considera conveniente no decir todo para no causar mayores daños. La verdad es una de las mayores fortalezas sociales que podemos tener por dolorosa y difícil que sea. La primera condición para superar el horror es conocerlo. Es el paso esencial para trascender lo que ha sucedido y no vuelva a suceder”.
El informe determinó que la única constante son los huecos y los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos…
“En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por el académico Sergio Aguayo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102148
El ex Gobernador Ángel Aguirre, quien fue obligado a tomar licencia luego de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, reapareció en un evento perredista en donde adelantó que se presentará periódicamente en el estado a hacer política rumbo al 2018.
El ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero reapareció en Acapulco durante una reunión con militantes perredistas de la corriente Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), funcionarios municipales y el senador priista Sofío Ramírez Hernández. El ex mandatario adelantó que se presentará periódicamente en el estado en actividades políticas y declaró que se debe saber qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace dos años.
Para el proceso electoral del 2018 participará en un “rol modesto”, de acuerdo a lo señalado por Aguirre Rivero, quien calificó como “un gobernador muy esforzado” a Héctor Astudillo Flores, al hablar del primer año de gobierno: “porque gobernar Guerrero, no es una tarea fácil” dijo.
En la reunión, un desayuno en el Vips de Galerías Acapulco, estuvieron el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal PRD e integrante de IPG, Demetrio Saldívar Gómez; el regidor Quetzalcóatl Vladimir Beciez Romero; la directora municipal de Violencia Intrafamiliar en Acapulco, Lucina Victoriano Aguirre; también llegó al lugar el secretario de Desarrollo Social, Víctor Aguirre Alcaide, quien estuvo solamente un rato.
También el ex secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve; la regidora de Eduardo Neri, Yanet Cerón Leyva, y el consejero nacional del PRD, Jesús Silva.
También estuvo el senador, ahora priista, Sofío Ramírez, quien después en una llamada telefónica a El Sur dijo que llegó con el ex gobernador –a cuyo grupo político pertenece– saludó a los asistentes pero luego se retiró del lugar y no participó en la reunión con perredistas.
El pasado 11 de junio, El Sur publicó que 10 diputados locales del PRD se habían reunido con el ex gobernador, en una plática de “amigos” y en la que pidieron de que se mantenga cerca del partido.
Aguirre Rivero renunció al PRD el 11 de febrero de 2015, tres meses después de haber pedido licencia a su cargo como gobernador obligado por la crisis política abierta por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
“Nunca me he ido, la verdad es que he venido con frecuencia al estado, siempre lo hago de manera prudente, principalmente he ido a la región de donde soy originario, a Costa Chica, a mi tierra Ometepec. Hoy me plantearon algunos amigos este encuentro, desayuno, y lo hice con el mayor de los afectos, de manera abierta, clara y de manera transparente”, dijo el gobernador a reporteros sobre su regreso a la actividad política.
Abundó que no había tenido actividades públicas por prudencia, que desde hace dos años que dejó el cargo de gobernador, luego de la desaparición de los 43 normalistas ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, desde entonces se encuentra radicando en la Ciudad de México, pero “espero estar con mayor periodicidad en el estado, siempre con el ánimo de ayudar y de no de confrontar”.
Sostuvo que el político “no se retira hasta que se muere, es como ustedes, ¿a poco el periodista se retira en algún momento? No, hasta el último día, a veces no actuando directamente, pero siempre con esa convicción”.
En el caso de su hijo Ángel Aguirre Herrera, dijo que estuvo un tiempo fuera del país haciendo una maestría, que regresó y es cierto que ha tenido actividades con la corriente Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) en Acapulco, donde vio frustradas sus aspiraciones a ser el candidato a alcalde del PRD luego de que su padre fuera obligado a solicitar licencia al cargo por el caso Ayotzinapa.
Le preguntaron sobre como se veía en las elecciones de 2018, y el ex gobernador respondió que no sabía, porque pensar en ese proceso electoral es algo “impredecible, pero desde luego en función de cómo se vayan dando las condiciones, seguramente habrá la oportunidad de algún rol modesto e importante, cuando se venga el proceso histórico”.
Explicó que le llama histórico porque “hoy no se ve nada claro, si usted me preguntan quién creo yo que pueda ser el próximo presidente o presidenta de la República, no sabría decirles, entonces vamos a ver como evoluciona, quiénes presentan algún programa. Son muchos factores que tenemos que analizar en su momento”.
Aclaró que actualmente no milita en ningún partido, pero afirmó que tiene amigos en muchos partidos y mencionó al gobernador Héctor Astudillo Flores, al recién nombrado subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, “no se olviden que tengo una militante de 35 años en el PRI y después encabecé una coalición de izquierda, que fue triunfadora, y que en el último momento se unió el PAN. No me siento etiquetado”.
Detalló que “ahora mismo (ayer) voy a recibir a un dirigente del PAN, esta semana comí con el licenciado Luis Walton (Aburto), dirigente de Movimiento Ciudadano. Aquí, en este desayuno, nos hemos encontrado con expresiones diversas del PRD”.
“Me he reunido con el senador Sofío Ramírez, que es más que un amigo que milita en el PRI, de modo tal que para mí no es importante en qué partido militen, en todo caso lo que creo que debemos cuidar es siempre la manera de unificar esfuerzos, para trabajar por el estado, sin fijarse, sin ver de qué partido son”, puntualizó el ex gobernador.
DEBE SABER DONDE ESTÁN LOS 43
Respecto al segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el defenestrado gobernador dijo: “Creo que la exigencia de todos los mexicanos sigue siendo que nos digan dónde están, porque se ha dicho que la Procuraduría General de la República (PGR) ha detenido a la mayor parte de los autores materiales”.
Sin embargo, dijo que la gran pregunta es ¿dónde están los muchachos? “Creo que es una asignatura pendiente, en la que todos estamos interesados que se conozca la verdad y se castigue a quienes tengan todo tipo de responsabilidad”.
El ex gobernador recordó que él acudió “voluntariamente” a la PGR a declarar hace tiempo y “recordarán que cuando presente mi licencia, dije que a partir de ese momento me ponía a disposición de las autoridades federales, estatales y de cualquier otra índole, y aquí estamos, ni me he ido fuera del país, ni me ido fuera de Guerrero”.
En otros temas, del primer año de la administración del gobernador Héctor Astudillo, Aguirre Rivero dijo que es “prematuro hacer un balance”, pero ha visto un gobernador “esforzado, creo que está rompiendo un récord de visitar 81 municipios en su primer año. Obviamente gobernar Guerrero no es un tarea fácil y lo único que puedo decir es que, como guerrerense, le deseo lo mejor, que le vaya bien porque Guerrero nos necesita”.
Del nombramiento de Juárez Cisneros como subsecretario de Gobernación, declaró que “yo lo saludo, porque el que un guerrerense ocupe una cartera tan importante, seguramente que va a contribuir a desvanecer algunos de los conflictos que hoy se viven en la entidad y estoy convencido de que la llegada de René (Juárez) ayudará a traer mejores cosas para el estado”.
A pregunta sobre el caso de los Hughes, que fueron detenidos por actos de corrupción y lavado de dinero, respondió que “no conozco cual sea su estatus jurídico”.
ENCAUZAR UNIDAD DE IZQUIERDAS: DEMETRIO
El secretario general del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, dijo que los perredistas tenían una reunión de evaluación sobre la afiliación de militantes al partido y que llegó Aguirre Rivero, lo invitaron a sentarse y habló de “seguir en Polo Progresista, que busca encauzar la unidad de las izquierdas, nos comentó y nosotros seguimos en el PRD haciendo lo propio”.
Abundó que “nosotros saludamos que un hombre como Ángel Aguirre siga manifestándose y está preocupado por buscar la unidad de las izquierdas. Eso nos alienta y la meta de 2018 es impulsar los esfuerzos de todos y cada uno”.
Saldívar Gómez aclaró que no es agenda de partido, “nosotros nos estamos reuniendo, como lo puedes ver, como perredistas tenemos todo el derecho del mundo, como cualquier expresión lo puede hacer. En IPG estamos haciendo un balance de la afiliación al partido”, en los municipios y es una reunión que hubo de expresión política.
Por su parte, el regidor Quetzalcoált Vladimir Beciez Romero dijo que fue una reunión de “amigos” del ex gobernador de Costa Chica, Acapulco, Costa Grande, La Unión, Eduardo Neri, personas de IPG y fue un desayuno “cálido, a muchos guerrerenses les inyecta nuevos ánimos ver al gobernador democráticamente electo”.
Explicó que Aguirre Rivero tiene una vida política propia, “estaremos como sus amigos y colaboradores” y sobre los que estaban presentes en la reunión, dijo que era como “amigos” más allá de un proyecto político, “yo desconozco cual sea su intención, pero él tiene todo los derechos políticos, como todo ciudadano, y estará haciendo vida más allá de lo político”.
Beciez Romero dijo “seguramente (Aguirre Rivero) nos ayudará, a mí como regidor a varias de las regidoras, nos ayudará a gestionar cosas para el pueblo de Guerrero”.
El senador priista Sofío Ramírez, en una llamada a El Sur, negó que participó en la reunión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero con perredistas de IPG.
Explicó que acompañó al ex gobernador desde su casa hasta el restaurante, “por eso es como llegue ahí” y que entró al restaurante con Aguirre Rivero por “atención” y “cortesía” que después de tres minutos, luego de que saludó a los perredistas se retiró.
“No estuve en el desarrollo de la reunión, y en el supuesto de que IPG me invitara, no iba asistir, porque yo no milito en el PRD”, declaró el senador. Al tiempo que aclaró que no apoyará ninguna precandidatura de esa corriente política, porque “yo renuncié al PRD y actualmente milito en el PRI”.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102279
Ciudad de México. Padres de familia de cuatro escuelas primarias del Distrito federal demandaron la reinstalación inmediata de los 28 docentes cesados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) por participar en el paro de labores convocado por el magisterio disidente contra la reforma educativa.
En conferencia de prensa, los voceros de los padres de las primarias “Alfredo E. Uruchurtu”, “José López Portillo y Rojas”, “Ricardo Flores Magón” y “Leonardo Bravo”, indicaron que se realizarán guardias constantes durante toda la jornada escolar para permitir el acceso a los maestros despedidos e impedir el ingreso a los planteles de los nuevos profesores enviados por la SEP.
En la rueda de prensa, que se efectuó esta mañana a las afueras de la primaria “Leonardo Bravo”, ubicada en Calzada de los Misterios, esquina con Río Consulado, y donde fueron cesados 11 profesores, los padres demandaron un diálogo directo con las autoridades educativas federales “para que nos tomen en cuenta, pues no estamos de acuerdo con esas medidas donde lo que menos importan son los niños”.
Argumentaron que los estudiantes ya mantienen lazos afectivos con sus profesores, por lo que un cambio un vez iniciado el ciclo escolar “tiene consecuencias sicológicas para los niños”.
Se informó que en los cuatro planteles se realizarán estas guardias con el fin de que los profesores cesados, quienes no recibirían pago alguno, continúen dando cátedra.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/demandan-a-sep-reinstalacion-de-28-maestros-cesados
Nogales, Arizona. Más de seis mil 500 inmigrantes indocumentados han muerto en la frontera de Estados Unidos con México desde 1998, como consecuencia de las estrategias de militarización implementadas en esta zona por el gobierno estadunidense.
Así lo reveló el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, que tiene su sede en Tucson, Arizona, al exponer sobre la muerte y desaparición de inmigrantes.
Agregó que la tercera parte de esas muertes, unas dos mil 400, ocurrió en la frontera de Arizona con México.
La exposición fue una de más de una veintena, ofrecidas por los diferentes grupos, en el marco del “Encuentro en la Frontera”, organizado aquí este fin de semana por el grupo interreligioso de derechos humanos School of Americas Watch (SOA Watch).
El encuentro de tres días, dedicado a denunciar la militarización de la región fronteriza y la criminalización de los migrantes y refugiados, reúne a más de 500 activistas de derechos humanos, provenientes de todo Estados Unidos.
SOA Watch efectúa el encuentro en sustitución de su tradicional protesta anual con la que exige el cierre de una escuela de entrenamiento militar dedicada a capacitar a los ejércitos de Latinoamérica en el Fuerte Benning, en Georgia.
De acuerdo con el Centro Colibrí para los Derechos Humanos, las estrategias de vigilancia establecidas por Estados Unidos en la frontera con México desde mediados de la década de 1990 bajo la teoría de “prevención y desaliento”, no han desanimado a los inmigrantes a cruzar la frontera.
“En vez de ello han canalizado las rutas de inmigración hacia áreas remotas y peligrosas del desierto, provocando que sus intentos de cruce sean más peligrosos y mortales”, dijo Reyna Airbi, representante del grupo.
Las consecuencias han sido un importante aumento en la muerte de inmigrantes indocumentados, dijeron representantes del grupo al exponer el tema.
“Antes del 2000, el promedio de inmigrantes que morían cada año en la frontera de Arizona era de 12. Sin embargo, del 2000 al 2014 el promedio se incrementó en más de 10 veces a unas 165 muertes por año”, señaló Airbi.
El área del desierto de Arizona pasó a convertirse en el corredor de cruces más transitado y mortal de toda la frontera, aunque en años recientes también se ha registrado un importante aumento de muertes de inmigrantes en el valle sur de Texas.
El Centro Colibrí para los Derechos Humanos ha recabado más de dos mil 500 informes de inmigrantes desaparecidos en su intento de cruzar la frontera, que han sido reportados por sus familiares.
Por otro lado, cientos de restos de cuerpos de presuntos indocumentados han sido encontrados en el desierto y permanecen sin ser identificados, clasificados como “desconocidos” en las morgues de los condados fronterizos.
Tan sólo la Oficina del Médico Forense del condado de Pima, en Tucson, mantiene “almacenados” restos de unos 900 presuntos inmigrantes indocumentados.
“La crisis de muertes y desapariciones de inmigrantes en la frontera es compleja”, señalaron los representantes del Centro Colibrí.
Los datos para encontrar e identificar a las personas, son escasos. No existe un procedimiento uniforme para manejar los casos de los inmigrantes y las políticas varían de región en región, lo que provoca con frecuencia el mal manejo de los restos, generando que se pierda para siempre la oportunidad de identificarlos, indicó el grupo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: NOTIMEX.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/mas-de-6-mil-500-migrantes-han-muerto-en-frontera-eu-mexico
Monserrat Yael desapareció el pasado 8 de octubre en Ciudad Azteca, Estado de México, entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas y en la que, según organizaciones civiles, suman más de 900 mujeres desaparecidas, la mayoría menores de edad, en lo que va del año.
Monserrat Yael Gutiérrez Robles, de 17 años de edad, salió de su casa en Ecatepec, Estado de México, el pasado sábado para dirigirse a su trabajo en Chapultepec, al que nunca llegó.
La joven fue vista por última vez alrededor de las 13:00 horas en la zona de Ciudad Azteca.
Familiares y amigos de Monserrat reportaron su desaparición desde ayer, sin que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) haya activado una alerta para lograr su localización.
La desaparición de Monserrat Yael se da a 18 días de que Karen Rebeca Esquivel Espinosa de los Monteros, de 19 años, y Adriana Hernández, de 52, fueran raptadas en el municipio de Naucalpan, mismo en el que el 25 de septiembre sus cuerpos fueron hallados al interior de dos maletas.
Samia Charleen León Rivera, de 22 años y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), era, hasta este momento, una de las recientes víctimas a quien se logró localizar con vida el pasado miércoles.
En los últimos días, en el Estado de México comenzó a denunciarse la desaparición de varias jóvenes, algunas menores de edad y la mayoría ocurridas en Naucalpan y Ecatepec,que para 2014 ocupaba, junto con Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer lugar nacional de feminicidios, según un informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El órgano federal reportó que, de 2005 a 2014, en la entidad desaparecieron 4 mil 281 mujeres. Mientras que el Observatorio Nacional del Feminicidio refiere que de enero de 2015 a junio de 2016 se reportó la desaparición de 2 mil 043 mujeres.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102433
En punto de las seis de la tarde se realizarán dos marchas de manera simultánea en los puertos de Veracruz y Xalapa para exigir justicia por los asesinatos de los cuatro jóvenes de Boca del Río. Académicos, colectivos, estudiantes y sociedad civil están convocando a las movilizaciones. Bajo la consigna: “No más desaparecidos, asesinatos ni feminicidios”, solicitarán al Gobernador Javier Duarte seguridad para los jóvenes en Veracruz. Al menos, 950 casos de desaparición se han registrado en el sexenio del priista, de esos, 699 eran jóvenes de 17 a 19 años de edad.
Los asesinatos de cuatro jóvenes veracruzanos ha generado conmoción e indignación por parte de estudiantes, académicos, colectivos y sociedad civil, quienes este lunes alistan una movilización en los puertos de Veracruz y Xalapa para exigir justicia.
En el puerto de Veracruz, la movilización dará inicio a las 18:00 horas y partirá del Tranvía del Recuerdo, en la calle Independencia.
La página de Facebook “Hasta Encontrarte Génesis” confirmó la manifestación pacífica para pedir justicia por este crimen.
“Agradecemos el apoyo de la comunidad #HastaEncontrarteGénesis y a pesar de la noticia, SE CONFIRMA la marcha pacífica el día lunes 10 de la tarde saliendo del tranvía en la ciudad de Veracruz. El más sentido pésame a familiares y amigos”, se lee en el muro de la página.
Los convocantes a esta movilización son estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana. Piden a los asistentes acudir vestidos de blanco.
Alrededor de las 10 de la mañana de este día, alumnos de la Universidad Veracruzana rindieron homenaje a Génesis Urrutia, estudiante de esa institución.
De manera simultánea se realizará otra marcha en la ciudad de Xalapa con la consigna: “No más Feminicidios, asesinatos y desaparecidas”.
Un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana organizaron una concentración que dará inicio a las 18 horas en la plaza Lerdo para exigir al gobierno de Javier Duarte de Ochoa tome acciones para frenar las desaparición de jóvenes y feminicidios.
En ambas protestas los organizadores esperan contar con el apoyo de los colectivos de desaparecidos: Solecito Veracruz, Por la Paz Xalapa y Familiares Enlaces Xalapa.
El sábado, tres de los cuatro jóvenes que desaparecieron el pasado 29 de septiembre en Boca del Río fueron hallados sin vida, informó la Fiscalía de Veracruz.
Los cuerpos de los tres jóvenes fueron arrojados el día viernes 07 de octubre sobre un paraje carretero de Paso del Macho, junto a ellos los restos de otros tres muchachos, dos del sexo masculino y otro femenino. Los seis occisos fueron repartidos en nueve bolsas de plástico. Las piernas de uno con la cabeza del otro compartieron espacio. Un combinado de extremidades que obligó a la Fiscalía General solicitar peritos de todo el estado para resolver el rompecabezas humano.
De acuerdo con el diario BlogExpediente, el cuerpo del cuarto joven desaparecido pudo haber sido encontrado ayer, con las mismas características que las otras tres víctimas, según fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Andrés García Aguilar desapareció el mismo día y en la misma ciudad que Octavio García Baruch, Génesis Deyanira Urrutia Ramírez y Leobardo Arroyo Prado, cuyos cuerpos se encontraron en bolsas de plástico abandonadas en un paraje del municipio de Camarón de Tejeda.
Las tres primeras víctimas fueron identificadas por sus familiares la tarde del sábado, mientras autoridades del estado continuaban con la búsqueda de García Aguilar, según informó la misma Fiscalía.
Este lunes, la Fiscalía de Veracruz confirmó que los cadáveres encontrados pertenecen a los cuatro jóvenes que estaban desaparecidos y que fueron hallados junto con el cuerpo de un taxista.
El Fiscal estatal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo a Milenio Televisión que uno de los hombres tenía antecedentes penales, pero que no había ningún vínculo confirmado con su desaparición.
Veracruz, uno de los estados más violentos del país, ha registrado oleadas de desapariciones. En algunas de ellas han estado involucrados policías locales y cárteles del narcotráfico.
7 MIL HOMICIDIOS DOLOSOS
De acuerdo con un recuento de Blog Expediente, cuando la entidad era gobernada por Patricio Chirinos Calero, 1992-1980, el capo José Albino Quintero Meraz operaba en Veracruz, pero sin agredir ni matar a la población civil. Con Miguel Alemán Velazco, de igual manera.
Incluso, Quintero Meraz se convirtió en vecino de Miguel Alemán en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río… hasta que años después lo aprehendió el General Roberto Vadillo, comandante de la zona militar de “Las Bajadas” y fue internado en el penal de Almoloya, donde luego de cumplir condena ya alcanzó la libertad.
Con Fidel Herrera Beltrán, llegaron los cárteles, pero operaron con bajo perfil, traficando droga de sur a norte del país, sin que nadie hablara, salvo excepciones (la hija y el yerno de la académica y escritora, María Esther Hernández Palacios, hija de Aureliano Hernández Palacios, rector de la UV y procurador de Justicia), de una población civil secuestrada, desaparecida y/o ejecutada.
Pero con Javier Duarte, se ha llegado a la descomposición social y económica total y absoluta.
Los cárteles y cartelitos siguen traficando droga. Pelean entre ellos por la jugosa plaza local, Veracruz mudado en consumidor de estupefacientes. Pero ahora, niños, mujeres y anciano son las víctimas.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo, al cierre del año 2015 se registraron en la entidad 7 mil homicidios dolosos.
De los años 2005 al 2015 han habido mil 800 desaparecidos, de los cuales 950 se dieron en el sexenio de Duarte de Ochoa.
De esos 950, 699 eran jóvenes de 17 a 19 años de edad.
“A DUARTE NO LE INTERESAN LOS DESAPARECIDOS”
“Sé que el padre de Génesis y de los otros dos chicos atraviesan un momento de duelo, pero es evidente que autoridades y criminales no quisieron otro caso como el de Tierra Blanca. Están en su derecho de solicitar que la Gendarmería Nacional llegué al Puerto de Veracruz, es una zona estudiantil y ahí se quedan los amigos de sus hijos”, dijo a Blog Expediente Aracely Salcedo Jiménez, líder del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba.
De acuerdo con Aracely Salcedo, esa había sido la intención del señor Édgar Urrutia, padre de Génesis Deyanira hasta antes del 08 de octubre, cuando la tragedia lo embistió con la aparición de su hija sobre la carretera Camarón de Tejeda, Paso del Macho Veracruz.
“Yo estuve en contacto con el señor Édgar, él me decía que yo no sabía qué más hacer. Me dijo que quería ir a hablar con Javier Duarte, pero yo le dije que no tenía caso, porque él todo el sexenio fue indolente con el tema de las desapariciones. Ya va de salida y no le interesa nada más. Habíamos quedado de intentar con el Gobierno federal, pero ya no se pudo” comparte la madre de Rubí Salcedo, desaparecida en Orizaba desde el año 2012.
Pero, además, la defensora de los derechos humanos recomienda a su homólogo que haga valer su derecho como víctima y solicite apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y peritos independientes, pues asegura la muerte de los tres universitarios le desprendió una serie de cuestionamientos.
“¿Cuántos días tenían de haber sido asesinados los chicos? ¿Dónde los tuvieron? ¿De dónde apareció tanta pinche arena de mar dentro de las bolsas donde fueron abandonados?” Por la experiencia que tengo en estos casos no es descabellado pensar que a los chicos los desenterraron por la presión mediática y, sobre todo, la que ejercieron los estudiantes” compartió Salcedo Jiménez.
Preguntas similares fueron expuestas al Director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, quien se limitó a contestar que tales datos no le corresponden, que sería la Fiscalía General del Estado quien expondría todos los detalles en un comunicado. A la fecha el crimen no ha sido esclarecido a la opinión público.
“La Fiscalía y el gobierno del Estado de Veracruz ya no podía con el movimiento de los estudiantes y la sociedad, se sumaron personas de todo el país. Ahí hay algo muy turbio, ya querían darle carpetazo. No dudo que las mismas autoridades pidieran a los criminales que ya arrojaran los cuerpos” abundó Aracely Salcedo.
De acuerdo con la entrevistada, las sospechas se desencadenaron al juzgar las fotografías expuestas por los medios de las prendas de los jóvenes asesinados, arena humedecida sobre las prendas de Génesis Urrutia, Leobardo Arroyo Arano y Octavio García Baruch.
“Desafortunadamente los familiares de desaparecidos nos enfrentamos contra un monstruo que ha dejado crecer nuestro Gobernador, el crimen organizado. Un monstruo corrupto cuyas autoridades saben quiénes son los perpetradores de nuestros hijos”.
La mujer que increpó al máximo ejecutivo de Veracruz, comparte que 48 horas previas al descubrimiento de los seis cadáveres en el municipio de Paso del Macho se entrevistó con Édgar Urrutia, padre de Génesis, quien desconfiado le compartió dos frases de elementos de la Fiscalía General sobre el caso de los cuatro estudiantes desaparecidos.
“Me dijo que a ocho días de investigación las líneas de investigación estaban por agotarse, pero que no se preocupara pues llegaría alguna noticia. Y no mintieron. A las 48 horas aparecieron muertos. Dime quién puede confiar en personas como ellos” se pregunta la madre con una sonrisa sarcástica.
Finalmente, a nombre del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, la madre sugirió a los tres deudos acercarse con peritos independientes y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que los hechos criminales se resuelvan en su totalidad por expertos antropológicos y periciales.
“Son tantos casos en el colectivo y en el estado que una vez que aparecen los cuerpos se olvidan de investigar los motivos de los decesos y, bueno, de la justicia ya ni hablamos porque de eso no tenemos en Veracruz” finaliza la activista orizabeña.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102290
