CIUDAD DE MÉXICO: El vocero de Morena, César Yáñez, precisó que esta mañana presentarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la demanda contra el diario The Wall Street Journal (WSJ) por daño moral.
Se peleará esa demanda, porque la nota del diario estadunidense fue una infamia contra la honestidad del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.
Yáñez destacó que no hay un monto de dinero específico de la reclamación, sin embargo, recalcó, esos recursos “no serán ni vendrán a los bolsillos de Andrés Manuel o de la familia, sino destinados para los hijos de los migrantes”.
Añadió: “El día de hoy en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, serán los tribunales mexicanos que darán cuenta de esta denuncia por daño moral, la vamos a pelear. Este es un caso en donde creemos que bien vale la pena poner un límite, poner un hasta aquí, y será la autoridad la que determine.
“Nosotros aportaremos los elementos que comprueban que los departamentos de Andrés Manuel fueron donados desde 2005 y no se incurre en ninguna responsabilidad, o no es responsabilidad de Andrés Manuel el que aparezcan o no en el Registro Público de la Propiedad”.
Además, el vocero de Morena informó que Julio Scherer Ibarra los representará en esta demanda por daño moral contra el tabasqueño.
El pasado 28 de septiembre, el diario WSJ difundió una nota donde señaló que el excandidato presidencial omitió dos departamentos en su declaración 3de3 que presentó en agosto pasado.
Con el título: “López Obrador omitió activos en su declaración”, el diario estadunidense destacó que el líder de izquierda, “uno de los principales aspirantes a la presidencia de México en 2018”, se sumó recientemente “a un número creciente de políticos mexicanos que presentan una declaración completa de sus bienes, una consecuencia de la presión pública generada por una serie de escándalos de conflicto de intereses que han marcado a la administración del presidente Enrique Peña Nieto”.
Añadió: “La presentación de López Obrador fue el equivalente de una declaración de la pobreza: dijo que no tenía una cuenta corriente o tarjeta de crédito, y que ganaba solamente US$32.000 al año como jefe de su propio partido político, el Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. También afirmó que no tenía otras propiedades o automóviles”.
Pero de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, sostuvo, el excandidato presidencial omitió dos apartamentos en la Ciudad de México adquiridos mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Los documentos vistos por The Wall Street Journal “muestran que López Obrador compró los dos apartamentos adyacentes de 76 metros cuadrados cada uno en el vecindario de Coyoacán en 2002, y por los que pagó alrededor de US$109.000 en 2002”, reveló el rotativo.
El texto cita a Max Kaiser, experto en la lucha contra la corrupción del Instituto Mexicano por la Competitividad, quien afirmó que “es una ofensa a la transparencia y la honestidad. Tenía la obligación de declarar los apartamentos en su declaración (…) La gente espera que sea coherente con su retórica”.
Ese mismo día, César Yáñez lamentó lo publicado por WSJ y subrayó que, efectivamente, el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. El problema –apuntó– es que hay un juicio testamentario y por eso su nombre sigue apareciendo en el Registro Público de la Propiedad.
“Yo creo que no hay nota, no le busquen, (López Obrador) es el hombre más transparente, es el hombre más auscultado, es el hombre al que le han querido colgar todos los santos, todos los daños”, puntualizó Yáñez.
“No hay nada que ocultar y es juicio testamentario”, resaltó el vocero de Morena, luego de explicar que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no dejó testamento cuando falleció en 2003.
Además dijo que explicó a detalle al corresponsal del diario estadunidense que el tabasqueño tenía 50% de derecho a una herencia, la heredó y posteriormente cedió los derechos, lo cual forma parte de un juicio, no sólo de ese departamento, sino de otras propiedades que quedaron para sus hijos.
“Le expliqué, me dijo: ‘es que no aparecen en el Registro Público de la Propiedad y para mí lo que cuenta es que aparecen en el Registro Público, y a mí los abogados me dicen’. Le dije: allá lo que te digan los abogados, pero la verdad, no hay nada que ocultar y es juicio testamentario”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458131/demandara-morena-al-wsj-ante-tribunal-superior-justicia-la-cdmx
CIUDAD DE MÉXICO: El empresario lechero Pedro Zaragoza Fuentes acusó a Eduardo Osorio Chong, hermano del titular de la Secretaría de Gobernación, de tráfico de influencias, intimidación e invención de pruebas en un conflicto legal entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza.
En un desplegado de prensa publicado en el diario El Universal, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Zaragoza Fuentes destaca que en México se ha hablado mucho sobre el debido proceso y el daño que causa a la imagen del país en el mundo que funcionarios públicos “y algunos de sus familiares cometen prácticas ilícitas y reprobables, por lo que los integrantes del gabinete presidencial son los primeros obligados a respetar el marco legal”.
En este sentido, pide la intervención de Peña Nieto y López Valdez para que cesen “las acciones de presión, intimidación y tráfico de influencias que realiza en mi contra el abogado Eduardo Osorio Chong, hermano de su secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), y que los asuntos legales en los que se me ha indebidamente involucrado, sean resueltos por autoridades competentes, con imparcialidad, apegados al debido proceso y con respeto pleno a mis derechos humanos”.
En su escrito, el empresario asegura que hace cuatro años inició un conflicto legal entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza, esencialmente en contra de Jorge Humberto Zaragoza Fuentes, quien contrató los servicios de Eduardo Osorio Chong.
Desde entonces, apunta, “mi hijo, Pedro Zaragoza Delgado, y yo, hemos sufrido todo tipo de acoso y amenazas para privarnos de nuestro patrimonio y de nuestra libertad”.
Señala que el exprocurador de Justicia de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, cuyo hijo Edgar Higuera Beltrán es socio de Eduardo Osorio Chong, “inventa delitos y confecciona averiguaciones previas en nuestra contra, utilizando toda la estructura oficial y presionando a autoridades judiciales” en la entidad “para que seamos detenidos, con el argumento de que tiene instrucciones que provienen del ‘centro’”.
Luego de destacar que el Ejecutivo federal “ha dado pruebas fehacientes de la importancia que reviste para su gobierno la transparencia y la adecuada impartición de justicia”, le solicita “su firme intervención a efecto de que no se permita que la figura de los ‘hermanos incómodos’ vuelva a manchar la historia de México y de nuestro sistema político-democrático”.
Zaragoza también denuncia la indolente actitud del presidente Enrique Peña Nieto al ignorar su queja. Y asegura que desde el 18 de agosto del año pasado presentó una carta-denuncia en las oficinas del Ejecutivo federal sin obtener respuesta hasta ahora.
En el desplegado aparecido este lunes, el empresario lechero demanda al gobernador Mario López que intervenga “para que cesen los actos que viene ejerciendo en nuestra contra el (ex)procurador de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, mismos que hemos denunciado ante el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos local y ante la PGR, particularmente por las presiones que ejerce contra el magistrado penal Ángel Gutiérrez Villarreal para que ordene la reaprehensión de mi hijo Pedro Zaragoza, por una improcedente ‘extorsión telefónica’”.
Finaliza: “La imagen de su gobierno en materia de transparencia y combate a la corrupción no debe alterarse por un caso como el referido, que involucra a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien debería de abstenerse de incurrir en un conflicto de intereses favoreciendo a su hermano”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458149/acusan-trafico-influencias-e-intimidacion-a-hermano-incomodo-osorio-chong
CIUDAD DE MÉXICO: Enrique Ochoa Reza y Francisco Javier García López comparten algo más que su militancia priista: ambos fueron “trabajadores de mando” en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –el primero como director general, el segundo como gerente de Desarrollo Social– y los dos renunciaron a sus cargos antes de cumplir tres años.
Sin embargo Karime Slim Ruíz, directora del Área de Dictámenes de la CFE desde hace siete años, les dio a ambos un trato distinto:
El pasado 13 de mayo, negó a García López un dictamen que le permitiera cobrar una liquidación casi millonaria. Argumentó que no tenía derecho a ello debido a que renunció a su cargo y laboró menos de tres años en la CFE.
Cuatro meses más tarde, la misma funcionaria firmó el dictamen que otorgó a Ochoa Reza su liquidación de un millón 206 mil 271 pesos, pese que su situación laboral era idéntica a la de García López.
La liquidación que cobró Ochoa Reza al renunciar a la CFE fue cinco veces mayor a la que le correspondía, revelaron a Apro y los demás integrantes de la alianza Méxicoleaks el pasado 25 de septiembre, en una investigación realizada con base en documentos obtenidos a través de su plataforma digital.
El actual presidente del PRI negó que su liquidación fuera irregular, aseguró que se apegó a la normativa de la empresa. Pero los oficios con los que García López fue dado de baja en la CFE, obtenidos por este semanario, desmienten a Ochoa Reza.
Idénticos
Ochoa Reza laboró dos años con 155 días en la empresa productiva del Estado y presentó a Enrique Peña Nieto su renuncia el pasado 7 de julio para postularse a la presidencia del PRI.
García López trabajó dos años con 29 días en la gerencia de Desarrollo Social de la CFE y el pasado 1 de abril entregó una carta de renuncia con carácter irrevocable “por así convenir a mis intereses”.
Karime Slim Ruiz realizó los trámites para dar de baja a García López, los cuales quedaron plasmados en dos oficios de una cuartilla cada uno. En el segundo –número 232.1 –KSR- 0847, fechado el 13 de mayo pasado–, planteó: “observándose que por la antigüedad que generó (2 años 29 días), no ha (sic) lugar a la emisión de dictamen alguno, por lo que únicamente se deberá proceder al pago de las prestaciones devengadas a la fecha de su renuncia, misma con la que debe operar su baja”.
El día anterior, la funcionaria redactó el “Aviso de baja de Personal Público de Mando” número 232.21-KSR-0844. En el apartado “Causa de Baja”, Slim Ruíz anotó: “Renuncia (no procede dictamen)”.
Mes y medio después, el 8 de julio, la misma Slim Ruíz firmó el dictamen T.L. 49/2016, que determinó la liquidación de Ochoa Reza en un millón 206 mil 271 pesos netos, equivalente a 253 salarios diarios, pese que éste había renunciado a la dirección general de manera voluntaria, e incluso pública, pues subió en Twitter su carta de renuncia dirigida a Peña Nieto.
El dictamen precisó que la liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza” y representa “una gratificación especial por los servicios prestados, equivalente a la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando vigente”.
La CFE calculó el monto del finiquito de Ochoa Reza con base en la fracción segunda del artículo 33 de este manual –que refiere a los casos de liquidación–, pero en realidad le debió aplicar la fracción primera del mismo artículo, el cual trata de los casos de separación voluntaria.
De acuerdo con esta fracción primera, la CFE debe 20 salarios diarios por cada año trabajado al funcionario que se separa del cargo de manera voluntaria. La fracción también establece pagos extras por antigüedad, siempre y cuando el servidor público cumplió más de tres años en su cargo, lo que no fue el caso de Ochoa Reza.
La fracción segunda, por su parte, garantiza al funcionario que fue separado de su cargo una liquidación de 120 salarios diarios, más 55 salarios diarios por año trabajado.
Al aplicarse la fracción primera, el finiquito de Ochoa Reza hubiera alcanzado 231 mil 118 pesos netos, equivalentes a 48.49 salarios diarios. Gracias a la fracción segunda, la CFE le pagó una liquidación equivalente a 253 salarios diarios.
El pasado jueves 23 septiembre, integrantes de la alianza Méxicoleaks cuestionaron a Ochoa Reza y a dos abogados de la CFE –Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa, respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado General– sobre la regularidad de la liquidación.
Los abogados afirmaron que el proceso de liquidación fue legal y apegado al manual. Insistieron que las fracciones primera y segunda del artículo 33 no se excluyen e incluso se complementan.
Pero los oficios de Karime Slim Ruiz demuestran que el manual no permite la interpretación de los abogados. La funcionaria sostuvo que, por renunciar a su cargo, el caso de García López no ameritaba dictamen alguno.
Ochoa Reza reconoció durante la entrevista que su renuncia fue una separación voluntaria. Añadió que él solo fue un “sujeto pasivo” en el proceso de liquidación.
Planteó: “Es una normatividad que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad (…) En ese sentido, yo no tuve ningún trato preferencial”.
El mismo día que se publicó la investigación, denunció una campaña mediática dirigida en su contra y aseveró que los reportajes en los distintos medios fueron “historias falsas”.
Reviro
Enrique Humberto Jiménez Vázquez y Jaime Castelán Olguín, respectivos gerente y subgerente de Relaciones Laborales de la CFE, ignoraron los oficios de Slim Ruiz: el 16 de mayo, apenas tres días después que la funcionaria negara la emisión de un dictamen de liquidación en beneficio de García López, redactaron el dictamen T.L. 75/2016 S.P.M.
Jiménez y Castelán otorgaron a García López una liquidación de 908 mil 289 pesos brutos–alrededor de 635 mil pesos netos–, con base en la fracción segunda del artículo 33. Por renunciar, según la fracción primera, le correspondían 112 mil 825 pesos netos; seis veces menos de lo que la CFE le pagó.
El 16 de agosto, Castelán integró un nuevo “Aviso de baja de personal permanente” de García López –con número 232.21 –KSR- 1475–, el cual resultó prácticamente idéntico al que había elaborado Slim Ruiz cuatro meses antes.
Sin embargo, en el apartado “Causa de baja” del nuevo oficio, Castelán sustituyó “Renuncia (no procede dictamen)” por “Terminación de la relación laboral No 75/2016 S.P.M.”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458163/las-liquidaciones-a-modo-en-la-cfe
Ciudad de México. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, respaldó el paquete económico para 2017 presentado por el Ejecutivo y destacó que aún en un ambiente de alta volatilidad e incertidumbre global, México continúa creciendo por arriba del promedio de los países de la OCDE, y la razón de su deuda con respecto de la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es la mitad con respecto al de otros países desarrollados.
Gurría Treviño subrayó los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda por presentar un presupuesto responsable ante las dificultades que se viven a nivel mundial y consideró que el presupuesto responde a uno de los entornos económicos más inciertos y complejos que México ha tenido.
Aseguró que con el blindaje que se tiene, una línea de crédito disponible por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de unos 80 mil millones de dólares, acumulación de reservas y un manejo responsable de las finanzas públicas se “va a tener una cantidad de municiones y de pólvora para poder hacerle frente a la especulación”.
José Ángel Gurría afirmó que México ha respondido de manera importante y oportuna a estas amenazas que vienen de fuera “con ajustes en el gasto público y con la adecuación de su política monetaria con la reciente alza en sus tasas de interés”.
Después de sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Hacienda , José Antonio Meade, el secretario general de la OCDE reconoció que el principal problema que viven los países tanto desarrollados como los emergentes es la falta de confianza de la población en los organismos gubernamentales o en las instituciones y en la democracia.
Describió dos temas como "accidentes" por el impacto que generó a nivel mundial y que mostraron la falta de confianza y de interés por parte de las sociedades y en especial de la población más joven.
"El primero fue el Brexit, la mayoría de los jóvenes no votaron y permitieron que otros decidieran por ellos. El segundo fue el acuerdo de paz en Colombia, el cual no se dio por una falta de participación, con apenas 37 por ciento de la población”.
Mencionó que "México ha sido de los países que más consultas ha hecho a la OCDE para mejorar prácticas de anticorrupción".
Afirmó: "Sí nos preocupa (la corrupción) porque es uno de los temas de gobernabilidad de todos los países de la OCDE. Se debe hablar más de la transparencia y la integridad. No es un tema exclusivo de México porque no hay ningún país que tenga el monopolio de la ética y la virtud".
Gurría Treviño indicó que a solicitud de las autoridades mexicanas han trabajado en el diseño de las licitaciones que hace México, como son las de la CFE y Pemex, ISSSTE, IMSS, y ahora en la de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
En su oportunidad, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, informó que en el Paquete Económico del 2017, ya se tiene contemplado recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
"El sistema se integra por dos componentes, algunas que ya existen y que tienen presupuesto de más de 9 mil millones de pesos, y otros que deberán integrase y que ya cuentan con presupuesto."
Meade, al hablar sobre las medidas para enfrentar la actual incertidumbre mundial , dijo que la línea flexible de crédito flexible del FMI se suma a los diferentes elementos prudenciales que tiene México , desde el paquete fiscal hasta la política de coberturas y acumulación de reservas.
Destacó que México es el país que tiene mejor gestionada su deuda con tasas, en pesos y plazos. Mientras que el paquete económico manda señales de certidumbre.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ, ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/la-ocde-respalda-paquete-economico-de-shcp
Ciudad de México. Al comparecer ante la ALDF, Héctor Serrano Cortés titular de la Secretaría de Movilidad, Transporte y Vialidad, indicó que la ciudad recibirá financiamiento por un millón de dólares con el fin de elaborar un proyecto ejecutivo para transformar el corredor Eje 8 Sur y establecer la circulación de transporte público eléctrico, 22 kilómetros de carril confinado y compartido con bicicletas bajo el esquema Bus-Bici.
El proyecto busca beneficiar a alrededor de 133 mil usuarios y 290 mil habitantes de proximidad básicamente de las delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa y conectar 4 líneas del Metro, por medio de 12 estaciones, una línea de Metrobús y la Línea A del Servicio de Transporte Eléctrico. Tras señalar que a la fecha se ha realizado la sustitución de mil 188 microbuses por 288 nuevos autobuses, afirmó que continuará la modernización del transporte público concesionado y se cumplirá con el compromiso, de que al término de esta administración en la Ciudad de México no circulará un microbús más
Con la entrada en operación de la Línea 6 del Metrobús salieron de circulación y fueron chatarrizados, 296 microbuses que cumplieron su vida útil, los cuales fueron sustituidos por 86 unidades articuladas y biarticuladas con nueva tecnología, asimismo mediante el Programa de Chatarrización para la sustitución de unidades obsoletas entre septiembre de 2015 y 2016 se compactaron mil 484 vehículos y mediante operativos para detectar unidades irregulares otros mil 423 unidades, indicó.
Estos programas de sustitución han contribuido a la reducción de los niveles de gases contaminantes en la capital del país y la zona conurbada, además que han permitido a los usuarios una mejor experiencia de viaje, añadió el funcionario al comparecer ante la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/cdmx-recibira-financiamiento-de-un-mdd-para-proyecto-de-movilidad
“Esto se va a caer, no hay fundamentos jurídicos para mantener a Luis Fernando en prisión”, afirma a Desinformémonos, Roberto López, integrante de los Otroz Abogados, colectivo que acompaña jurídicamente al activista de 22 años, condenado a 33 años y cinco meses de prisión, a pagar una multa de 519 mil 815 pesos y a la reparación del daño que asciende a poco más de ocho millones de pesos.
Luis Fernando Sotelo Zambrano, fue detenido el 5 de noviembre de 2014, acusado de la quema de la terminal y de un autobus del Metrobús en Ciudad Universitaria. El pasado 20 de septiembre fue sentenciado por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y daño a propiedad privada.
Luego de la sentencia dictada por el Juez 32 Penal de la Ciudad de México, actualmente el caso del joven activista se encuentra en segunda instancia.
La familia y abogados interpusieron el recurso de apelación: “En estos momentos está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmar, modificar o revocar la sentencia a todas luces desmedida, desproporcionada e injusta, contra el activista detenido cuando se encontraba repartiendo información sobre presos políticos de otros estados y en exigencia de justicia para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos”, afirma Roberto López.
El Tribunal de la Ciudad de México “tiene la obligación de hacer su trabajo de manera objetiva e imparcial, reconsiderar y hacer un análisis apegado a lo que establece la ley”, asegura Roberto, quien junto con el abogado Héctor González, representan a Luis Fernando. “Si el Tribunal quiere demostrar que el Poder Judicial de la Ciudad es imparcial, tendrá que decretar la libertad absoluta de Luis Fernando porque no existen fundamentos que acrediten su responsabilidad en los hechos ocurridos. Y por el contrario si refrenda o modifica la sentencia, seguirá demostrando que no es autónomo y que depende de las decisiones del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, en cuyo gobierno ha tenido como práctica encarcelar a estudiantes y jóvenes”.
En caso de tener una respuesta desfavorable por parte del Tribunal de la Ciudad de México, su defensa acudirá a los tribunales federales, a través del amparo directo, “no queremos que disminuya la pena, queremos su libertad absoluta pues Luis Fernando no cometió el delito, si bien los hechos se presentaron, Luis Fernando no es quien personal ni materialmente lo cometió”, asegura su defensa.
Roberto López afirma también que aunque se disminuyera la pena hasta un mínimo de cinco años, lo que haría imposible que Luis Fernando recupere su libertad es la desmedida reparación del daño, misma que fue apelada por el Ministerio Público y una de las empresas con la mira a que se incremente.
A decir de su abogado, existe un modus operandi que criminaliza y que ha declarado la guerra a los estudiantes, a la juventud, a todo aquel que se manifiesta y se organiza, a quienes salen a las calles, “hay leyes de movilidad, del uso de la fuerza pública, para contener las expresiones y el descontento social. Desafortunadamente el número de jóvenes, estudiantes y de gente de la ciudadanía que no tiene nada que ver y que es detenida en las manifestaciones ha incrementado en diversas partes del país. Los policías detienen de forma indiscriminada, fabrican delitos, procesan de manera injusta y de esa forma buscan mandar un ‘mensaje ejemplar’ a todo aquel que decida protestar y manifestarse”.
En el caso de Luis Fernando se ha procurado cuidar los intereses empresariales de la empresa Corredor F417M, dueña del Metrobús; de Promotora de Negocios, dueña de las cámaras; Promotora Inbursa, dueña de los torniquetes y las maquinas, y del Gobierno de la Ciudad de México a costa de la libertad de un joven activista, reitera Roberto López.
El chofer del Metrobús, quien en un primer momento acusó a Luis Fernando de manera muy directa; en la ampliación de su declaración, aclaró que jamás vio a las personas que subieron al Metrobús pues estaban cubiertos de la cara y que no sabía el nombre, como aseguró en un primer momento, sin embargo este testimonio fue ignorado por el juez y sólo tomó en cuenta su primer declaración.
Sergio Pérez, quien también fue acusado por los mismo hechos que Luis y quien fuera liberado, logró acreditar que se encontraba en el Instituto de Biología y no en el lugar en el que decían los policías y el chofer, “eso tampoco fue tomado en cuenta por el juez”.
“No se puede condenar a una persona así, si no hay imparcialidad, agotaremos las instancias federales pues estamos convencidos de que hubo una incorrecta valoración de las pruebas, se alteraron los hechos y se omitieron muchas pruebas”, sabemos que hay una política criminal del gobierno llegó para quedarse pero a pesar de que ellos tienen todo para fabricar los delitos y para dictar sentencias, con la verdad, arrancaremos la libertad de Luis Fernando y de otros presos políticos en México, concluye el abogado.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/no-hay-fundamentos-para-mantener-a-luis-fernando-en-prision-los-otroz-abogados/
Desde el año pasado se han hallado más de 4 mil fragmentos óseos en un terreno despoblado de Coahuila, donde la violencia por el narcotráfico azota a los habitantes del estado norteño, indicaron autoridades y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Hasta ahora, los restos se relacionan con los cuerpos de tres personas, y son producto de una práctica del cartel Los Zetas, que queman los cuerpos con combustible, apuntaron las organizaciones.
Los hallazgos de los fragmentos óseos se encontraron en un terreno llamado ejido Patrocinio, situado en las laderas de un cerro del municipio de San Pedro de las Colonias. Expertos forenses afirman que los huesos encontrados tienen varios años de antigüedad, de acuerdo a sus estudios.
Silvia Ortiz, familiar de una joven desaparecida y vocera de Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (VIDA), indicó que “en ese lugar ‘cocinaban’ a la gente”, en referencia al método utilizado por los grupos delictivos para desaparecer los restos de sus víctimas a través de la calcinación.
“Hacia finales de esta semana se realizó un operativo de tres días en los cuales se encontraron más restos óseos, superando los 4 mil”, dijo Ortiz, para quien el ejido Patrocinio es un “punto de exterminio por la condición de los huesos”, sostuvo Ortiz.
Desde 2006, cuando inició la “guerra contra el narcotráfico” por el gobierno de Felipe Calderón, más de 170 mil personas han sido asesinadas, mientras que más de 28 mil han sido reportadas desaparecidas en México.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/hasta-ahora-van-4-mil-fragmentos-oseos-hallados-en-coahuila/
CIUDAD DE MÉXICO: El INAI consideró que la información migratoria sobre la visita del candidato republicano estadunidense Donald Trump a México es “confidencial” por referirse a “datos personales”, y por ello no respondió a la solicitud realizada desde el 7 de septiembre por el senador Luis Humberto Fernández, del PRD.
En un comunicado de prensa, Fernández recordó que mediante la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó que le respondieran cinco dudas sobre la estancia de Trump el pasado 31 de agosto, cuando visitó Los Pinos y sostuvo un polémico encuentro con el primer mandatario Enrique Peña Nieto.
¿Pasó Trump el filtro de revisión, como lo considera el artículo 37 de la Ley de Migración? ¿Fue debidamente revisado y registrado por la autoridad migratoria el señor Trump? ¿Cuál fue la calidad migratoria con la que el señor Trump ingresó al país, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Migración? Si fuera el caso, ¿existió una “dispensa especial” para que Trump ingresara al país el 31 de agosto? ¿Con qué argumento le fue otorgada y quién la autorizó?, cuestionó el legislador.
En su respuesta, el pasado 7 de octubre el INAI resolvió “que no puede contestar la solicitud de información al catalogarla como confidencial por referirse a datos personales”.
El senador Fernández se quejó porque el gobierno “difundió a través de filtraciones periodísticas información que hoy etiqueta como confidencial, en la que aparecen los nombres y números de pasaporte, lo que constituye un delito”.
Para el legislador perredista persiste la duda de “si Donald Trump pasó o no el filtro migratorio como lo señala la ley o, de manera acomedida, oficiosa o agachona se le selló el pasaporte a bordo del avión. Lo que sigue sin aclararse es quién y por qué esta solicitud de dispensa”.
Fernández insistió en que no estaban pidiendo datos personales sino información “sobre el procedimiento, no sobre la persona”.
Además de esta duda, queda pendiente resolver “quién pagó la visita del señor Trump, y si constituyó una aportación en especie a su campaña”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458186/confidencial-informacion-migratoria-visita-trump-a-los-pinos-inai
En el otorgamiento de los contratos están implicadas cuatro dependencias del gobierno de Javier Duarte, que pudieran estar involucradas en posibles hechos de corrupción y desvío de recursos públicos.
El Órgano Fiscalizador Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz identificó 55 nuevo contratos que el gobierno de Javier Duarte concedió a una red de empresas fantasma, y que se suman a los 73 que reveló una investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.
El ORFIS confirmó además que no hay evidencia de que los productos presuntamente comprados con recursos públicos llegaran a los beneficiarios.
Así lo revela un apartado especial del Informe de la Cuenta Pública 2015 que el ORFIS entregó al Congreso de Veracruz la semana pasada, y al que Animal Político tuvo acceso; el informe se hará público una vez que lo aprueben los diputados locales.
El documento incluye los resultados de una verificación hecha por los auditores locales a 25 empresas contratistas del gobierno estatal, lo que dio paso a una denuncia penal ante la Fiscalía de Veracruz por posibles actos de corrupción.
En total, de acuerdo con el dictamen del ORFIS, son 131 contratos los que tres dependencias y una entidad del gobierno veracruzano dieron este grupo de compañías que no existen en sus domicilios fiscales y cuyos accionistas tampoco son empresarios. El monto total de dichos contratos asciende a casi 950 millones de pesos provenientes de las arcas locales.
Esta investigación tendrá una segunda fase, luego que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un mayor número de empresas involucradas y confirmó la inexistencia de todas ellas tras el plazo legal que se les dio para respondieran al llamado del fisco.
En su resumen del caso, los auditores estatales explican que, el pasado 21 de junio, se tomó conocimiento de las declaraciones hechas por el jefe del SAT Aristóteles Núñez en el sentido de que 25 compañías contratistas del gobierno de Veracruz sufrieron la cancelación de su registro fiscal luego de que no se les localizó en su domicilio.
Dicho hallazgo, subraya el ORFIS, se realizó luego de que Animal Político publicó que estas empresas recibieron 73 contratos de parte de las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Educación y del Sistema de Desarrollo infantil (DIF), entre los años 2012 y 2014.
El reporta explica que “en su momento” se realizaron las auditorías a los procesos de licitación y adjudicación directa del gobierno en las cuentas públicas de esos años, sin que se detectaran irregularidades. La verificación se hizo sobre los documentos entregados por el gobierno, no con verificaciones en el terreno.
“Se evaluó en los términos del artículo 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, sin que de la revisión se detectaran irregularidades documentales en los procesos de licitación y/o adjudicación”, indicó el ORFIS.
Tras la confirmación del SAT de irregularidades en las empresas contratistas, el 25 de julio el Auditor General envió el oficio OFS/3722/07/2016 a la Dirección de Auditoría de Poderes Estatales para que se llevara a cabo un nuevo análisis pero esta vez de todos los procesos de adjudicación concedidos por el gobierno de Javier Duarte en favor de las empresas no localizadas.
El 15 de agosto la referida dirección presentó sus resultados en el documento denominado: “Dictamen derivado de las investigaciones realizadas por un medio informativo y de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado”.
En ese documento no se detallan los resultados del dictamen pero se establece que sirvió de base para que un día después se presentara una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP/261/2016-VII. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables.
“En la denuncia se mencionan 131 contratos realizados con el Gobierno del Estado en tres dependencias y una entidad, por un importe detectado de 940.2 millones de pesos, en la que se presume que los bienes motivo de los citados contratos no fueron entregados a los respectivos beneficiarios”.
Como pruebas en la denuncia se incluyó el referido dictamen, además de las auditorías realizadas en los años anteriores, los hallazgos realizados hasta ese momento por el SAT y la investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.
Esta es la primera denuncia de tipo penal presentada por el ORFIS en contra de dependencias del gobierno estatal por lo menos de la última década. Las denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos se habían concentrado en los municipios.
De forma paralela a la indagatoria penal, el ORFIS indicó que el 30 de junio pasado se giró el oficio número OFS/3275/06/2016 dirigido al titular de la Contraloría del Estado para que se realizara una investigación dentro de su ámbito de competencia. Además se le instruyó suspender los pagos pendientes en caso de que los hubiera, hasta que no se verificara la existencia real de los bienes contratados.
Los resultados de esta indagatoria administrativa aún no se conocen.
Múltiples delitos
Entre el 24 y el 26 de mayo Animal Político publicó un reportaje dividido en tres partes en donde se evidenció que el gobierno estatal dio 73 contratos a una red de compañías inexistentes. Hoy se sabe que fueron más de 130; dichas empresas no existen en sus domicilios fiscales y sus accionistas no son empresarios sino personas de bajos recursos.
Las dependencias involucradas no entregaron documentos que confirmaran que los insumos comprados fueran entregados a la población.
Las investigaciones que distintas instancias llevan a cabo por este caso están relacionadas con varios tipos de ilícitos.
En el caso de las empresas que son personas morales, el SAT identificó posibles delitos del tipo fiscal que van desde la no localización del domicilio fiscal, hasta declaraciones de impuestos que no corresponden con los ingresos facturados. Esto derivó en 32 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Producto de esas averiguaciones la PGR obtuvo de un juez una primera orden de aprehensión en contra de una persona cuya identidad no se ha revelado, mientras que hay dos procesos ya iniciados ante jueces federales.
De forma paralela el SAT dio un plazo a 30 compañías involucradas y una persona física para entregar documentos que avalen su existencia y operaciones, lo que no ocurrió. Producto de ello se presentará una nueva denuncia penal en PGR contra las dependencias involucradas de Veracruz que avalaron facturas que amparan operaciones inexistentes.
La denuncia interpuesta por el ORFIS en la Fiscalía de Veracruz es por posible desvío de recursos y hechos de corrupción contra los funcionarios que resulten responsables. Ese expediente continúa en integración.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/auditoria-veracruz-empresas-fantasma-duarte/
Según un estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la CNDH, pudieron prevenir la masacre de 72 migrantes, ya que sabían que los Zetas habían convertido a San Fernando en un "campo de exterminio".
El 21 de agosto de 2010, al menos 74 migrantes indocumentados fueron secuestrados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando viajaban a bordo de dos vehículos hacia la frontera con Estados Unidos. Al día siguiente, todos, excepto dos, fueron asesinados.
Tal como se ha logrado reconstruir a partir de investigaciones judiciales, periodísticas y testimonios de los sobrevivientes, al menos ocho hombres armados pertenecientes al Cártel de Los Zetas interceptaron al grupo de migrantes cuando viajaba por carretera. Tras someterlos, fueron trasladados primero a un inmueble en el que pernoctaron, y al día siguiente a un rancho, donde todos fueron ejecutados mediante disparos en la cabeza. Los cuerpos quedaron abandonados a la intemperie.
Ese no fue el final de la tragedia: luego comenzó para los familiares de las víctimas un largo peregrinar en busca de los restos de sus seres queridos, manipulados tan deficientemente por las autoridades estatales y federales que, al menos en un caso comprobado, se entregó el cuerpo de un ciudadano brasileño a una familia de Honduras y por ello, hasta la fecha, prevalecen dudas en torno a la correcta identificación del resto de las víctimas.
Tal como explica el estudio “En el Desamparo” (http://eneldesamparo.colmex.mx/), publicado este domingo por El Colegio de México, la masacre de San Fernando fue el parteaguas que permitió “meter en la agenda nacional e internacional el viacrucis vivido por los migrantes que cruzan México”, presas no sólo de las autoridades migratorias que los extorsionan, asaltan, golpean y deportan, sino también de las bandas del crimen organizado, que los esclavizan, asesinan o secuestran para cobrar rescates a sus familias, ya sea en sus países de origen o en Estados Unidos.
Sin embargo, destaca el estudio, a seis años de que la masacre fue perpetrada, todas las instituciones públicas involucradas en la investigación del caso y en la atención a las víctimas han fracasado en su labor.ç
Todos sabían
La noche del 21 de agosto de 2010, señala la narración que hace uno de los sobrevivientes, ecuatoriano, para la televisión de su país, “nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas (…) nos sacaron del carro y nos metieron a otro carro. Llevó a una casa, ahí nos amarró de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenía una noche. Siguiente, para amanecer domingo, nos llevó a otra casa (…) una casa vieja que estaba llena de hierba por adentro, ahí nos botaron adentro (…) y vendaron los ojos (…) ellos estaban bien armados (…) no nos pidieron nada, sólo dijeron ‘quieres trabajar con nosotros?’, y nadie quiso trabajar con ellos (…) sólo eso y no nos dijo nada más”.
Según el segundo sobreviviente, de nacionalidad hondureña, luego de que se negaran a sumarse a Los Zetas, los migrantes fueron enfilados boca abajo e hincados.
“Yo estuve hincado, escuché las balas de aquí arriba a abajo, por todos lados disparaban, disparaban, a un lado estaba un amigo, a él le disparaban, ahí sentí, está matando, y después me disparó a mí (…) a todos mató (…) Seguían disparando a otros, yo me hice que estuve muerto, para que no me dieran más balazos y de ahí ya se fueron”.
La matanza pudo ser denunciada debido al hecho fortuito de que hubo dos víctimas sobrevivientes; sin embargo, subraya el estudio de El Colegio de México, las autoridades estatales, federales, municipales, e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pudieron prevenirla, ya que, de forma previa, sabían del control criminal que Los Zetas ejercían en la zona, y de la especial vulneración que en este contexto sufrían las personas migrantes.
Para el año 2010, señala el estudio coordinado por Sergio Aguayo, el municipio tamaulipeco de San Fernando era “un campo de exterminio”, a raíz de la guerra iniciada un año antes entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, por el control de esta localidad, surcada por dos importantes carreteras que llevan a los puentes fronterizos de Reynosa y Matamoros.
En sólo cuatro años, explica el estudio, en el Valle de San Fernando se triplicaron los homicidios, al pasar de 12.8 casos por cada 100 mil habitantes en 2009, a 29.6 para el año siguiendo –cuando fue cometida la masacre de los 72 migrantes–, y siguieron aumentando hasta llegar a 47.9 homicidios por cada 100 mil habitantes para 2012.
La estadística sobre casos de desaparición forzada también dejan ver el contexto de violencia en el que se enmarcó la masacre: en los años previos a 2009, en el Valle de San Fernando no se tenía registro de ninguna persona desaparecida; sin embargo, a partir de 2010 hubo una explosión en el número de casos, ese año se dieron 39.50 desapariciones por cada 100 mil habitantes, que aumentaron a 49.74 para 2011 y alcanzaron su punto más alto en 2013, con 51.21 desapariciones por cada 100 mil personas.
De cero a 51, sólo en tres años.
“La CNDH y las demás instituciones federales, estatales y municipales sabían de la situación cada vez más crítica de las personas migrantes en su cruce por México –señala el estudio del Colmex–, y no tomaron las medidas adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de actos”.
Peor aún: “El hallazgo de las fosas clandestinas en San Fernando en 2011, con 196 cadáveres, dio cuenta de que la situación no mejoraba, y que las autoridades seguían sin tomar medidas para prevenir estas graves violaciones a derechos humanos”, situación que prevalece hasta la fecha.
Defensores de derechos, violadores de derechos
En diciembre de 2013, más de tres años después de los hechos, y sin haber contactado nunca a los deudos de las 72 víctimas mortales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó los resultados de sus investigaciones en torno a la masacre, a través de su Recomendación 80/2013.
En ella, la CNDH concluyó que, debido a las deficientes investigaciones, y al incorrecto manejo de los cuerpos recuperados, las autoridades mexicanas (estatales y federales) violaron los derechos de las víctimas a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno, al honor, a la privacidad y a protección de sus datos de identidad.
El Colegio de México, sin embargo, detectó distintas deficiencias en la Recomendación 80/2013, así como en el proceder en general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En primera instancia, la investigación de la CNDH “no señala en ningún momento violaciones a los derechos a la vida y a la integridad” de las víctimas que fueron secuestradas y asesinadas, por grupos criminales que operaban en San Fernando, y en otros importantes puntos de Tamaulipas, con el aval de autoridades.
De hecho, se subraya, la CNDH no abordó en su Recomendación las responsabilidades de las instituciones que fomentaron la operación del crimen organizado en San Fernando, o de las autoridades que lo fomentaron por omisión.
“La CNDH –señala el estudio– en ningún momento aborda la obligación del Estado de prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible participación, omisión y/o aquiesencia de funcionarios públicos en la masacre”, esto a pesar de que, durante sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recabó evidencias de que las autoridades municipales estaban subordinadas al crimen organizado, y también de que esa subordinación era conocida por autoridades estatales y federales.
Además, aunque la CNDH reconoció que las autoridades estatales y federales cometieron anomalías durante el manejo de los restos y la investigación del homicidio en masa, las recomendaciones emitidas para revertir estas fallas fueron redactadas de tal forma que puedan acatarse sólo mediante la emisión de oficios, es decir, sin que en realidad se tomen acciones concretas.
“La forma en la que la CNDH redacta recomendaciones –denuncia el estudio del Colmex– limita los posibles efectos positivos que pudieran llegar a tener (…) y es utilizada por las autoridades como una excusa para no tomar medidas verdaderamente efectivas”, además de que “es notable la facilidad con la cual la CNDH consideraba que sus recomendaciones habían sido cumplidas”.
Un ejemplo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le recomendó a la Procuraduría General de la República que “se instruya a quien corresponda, a efectos de que se tomen medidas necesarias para que los agentes de esa institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito”.
La PGR dio por atendida la recomendación, emitiendo un oficio ordenando que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas. Eso fue todo lo que hizo para garantizar que toda víctima del delito sea adecuadamente atendida.
La razón que la PGR expuso para no hacer nada más que emitir un oficio fue que “la interpretación y el alcance de de cada punto recomendatorio es de aplicación estricta y no puede ampliarse ni modificarse su contenido”.
En términos prácticos, apunta el estudio, las recomendaciones de la CNDH “fueron regaños públicos sin consecuencia alguna”.
Prueba de ello es que “no hubo seguimiento para verificar si se estaba haciendo (lo recomendado por la CNDH) y si con ello se mejoraba la situación de las víctimas”.
La negativa de la Comisión a investigar la responsabilidad de las autoridades en la masacre de San Fernando, concluye el estudio de El Colegio de México, genera “la impresión de que (la CNDH) se autocensuró”, y de que “desgraciadamente, en los casos analizados no ha cumplido con sus funciones de manera eficiente, y no ha tenido presente a las víctimas”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/cndh-masacre-migrantes-san-fernando-colmex/
Televisa, la televisora más importante de América Latina ya ha elegido al próximo presidente de México, mejor dicho, a la próxima presidenta, la señora esposa de Felipe Calderón.
La empresa propiedad de Emilio Azcárraga ha entrado de lleno a la precampaña del 2018 iniciada con bastante anticipación, ante el desgobierno de Enrique Peña Nieto.
Televisa quiere apuntalar las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala, la mujer del rebozo, la mujer que carga a su espalda los excesos autoritarios de su marido, el ex Presidente Felipe Calderón, la mujer, cuyo pasado al lado de su cónyuge la convierte en cómplice del sexenio más sangriento en la historia reciente de México.
Acostumbrada a dirigir el destino de los mexicanos, Televisa quiere repetir su estrategia propagandística a favor de su gallo, más bien, de su gallina. Ya le funcionó con Enrique Peña Nieto y esa empresa está decidida a promover sus métodos a favor de la democracia dirigida para luego obtener todos los beneficios que ya sabemos.
Para empezar, le está dedicando importante espacio “noticioso” en horario estelar. Media hora a ella y a Rafael Moreno Valle Rosas, el Gobernador de Puebla y con la ausencia de su contrincante, Ricardo Anaya.
El madruguete de la señora Zavala parece tener efecto. Voces importantes en el Partido Acción Nacional se definen a su favor y critican que Anaya sea juez y parte. Las posibilidades de Moreno Valle son casi nulas.
Aún así, nada está totalmente claro en el PAN. Zavala tiene dentro acérrimos enemigos y puede ser que no la dejen llegar a la candidatura, pero ella se prepara en todo caso para lanzarse de manera “independiente”.
Es una candidata fuerte. Tal vez, por eso Televisa, sin importar las siglas del partido, ha decidido apoyarla. Lo cual genera un grave detalle a su cuestionada carrera hacia la Presidencia.
Y que mejor que la ficción-realidad para hacerle propaganda a Margarita Zavala. El mes próximo, Televisa, lanzará su nueva telenovela “La Candidata” que aborda la vida de una mujer, esposa del presidente que decide buscar la presidencia.
El culebrón tipo Televisa producido por Gisselle González, esta protagonizado por la actriz Silvia Navarro que interpreta el papel de Regina Bárcenas y el actor Víctor González.
La trama, si se le puede llamar así, cuenta la historia de una mujer que descubre que su esposo, el presidente, es un corrupto y decide declararle la guerra participando en política.
No es la primera vez que Televisa entra en la contienda electoral. En el caso de Peña Nieto, recordemos que The Guardian publicó como en junio de 2012 durante la campaña presidencial, Televisa creó una unidad secreta para impulsar el triunfo del candidato del PRI a la presidencia.
De acuerdo a una serie de documentos, pudimos darnos cuenta que la empresa de Emilio Azcárraga había elegido a su gallo y lo favoreció a través del llamado “equipo Handcock” encargados de supervisar videos para hacer propaganda a favor del ex Gobernador del Estado de México.
La copias de los contratos firmados y el supuesto plan de trabajo encabezado por Alejandra Lagunes, la actual jefa de los peñabots en la presidencia de la República. El diario demostró que Televisa apoyó a Peña Nieto desde 2009 con una venta de espacios y cobertura disfrazada de “noticias” a favor del candidato priísta y contra Andrés Manuel López Obrador.
Para el 2018 el enemigo a vencer sigue siendo López Obrador y la misma Margarita Zavala no ha escatimado palabras para señalarlo así y asegurar que le “puede” ganar al candidato de Morena.
Las apuestas ya están arrancando y la empresa Mientoski, digo Mitofski, conocida por sus mentiras disfrazadas de encuestas, dice que efectivamente Zavala le ganaría a López Obrador.
En la guerra contra el candidato de Morena se apuntan muchos más, además de los mismos de siempre: Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox y el mismo Felipe Calderón y su esposa. También los acompañan los dueños de México, un grupo de empresarios empeñados en no dejar que López Obrador se siente en la Silla del Águila. Eso acabaría con los privilegios de todos.
Finalmente, la candidatura de Margarita Zavala representa los intereses de ellos y en particular los de su marido empeñado en seguir gobernando a través de su esposa.
Alargar el sexenio de Felipe Calderón sería sencillamente una nueva tragedia para México. Los panistas esperan el triunfo de Hillary Clinton para apuntalar a su candidata, pero francamente las diferencias son abismales.
¿Realmente alguien en su sano juicio cree que Margarita Zavala tiene capacidad para gobernar?… Algunos panistas y Televisa lo creen firmemente. La empresa ha visto la posibilidad de manipular a su antojo a la esposa de Calderón, así como ya lo hizo con Peña Nieto. ¿Estamos los mexicanos dispuestos a que Televisa elija nuevamente al presidente de México?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102214
“Soy consciente de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está quedando muy pequeña frente a la desgracia”, contestó Jaime Rochín a tres mujeres cuyos familiares desaparecieron en Coahuila, tierra de los Zetas. “No les está llegando y se requiere otra cosa. Yo dejo la presidencia este domingo. No sé qué vaya a pasar en poco tiempo. Yo sé que lo que buscan es una institución más justa… pero. Bueno, perdón que las abandone, pero tengo que pagar el hospital [donde estaba internada su hija por amibiasis], sino no la dejan salir”, finalizó. Horas después se la pasó agradeciendo en Twitter las felicitaciones por su estancia en el cargo que dejó ayer. Mientras tanto, Rosario Villanueva, Yolanda Morani y Rosario Morales siguen buscando la verdad y a sus hijos y hermano. Los pretextos para no investigar y encontrarlos, dijeron, es la falta de presupuesto y personal.
Las consecuencias de esta larga guerra en México han aplastado y rebasado la capacidad de las autoridades para darle justicia a las familiares de víctimas de desapariciones forzadas, por lo que se encuentran en el desamparo. El país está lleno de fosas clandestinas, pero no hay suficiente personal ni presupuesto, coincidieron tres mujeres coahuilenses que han perdido a sus hijos y un hermano, durante una plática con Jaime Rochín, hasta ayer presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El Colegio de México (Colmex) acababa de presentar un informe sobre la omisión del Estado para reparar a las víctimas de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Coahuila, y de la desaparición de familias en Allende, Coahuila.
–Esta problemática nos rebasó tanto al país. Nos está aplastando –afirmó Rosario Villanueva, madre de Óscar, entregado por la policía de Coahuila a Los Zetas.
–Nos sorprendió. No había elementos. La propia CEAV está absolutamente superada porque el problema tiene unas dimensiones mucho mayores –contestó el funcionario Rochín. Momentos antes, al concluir la presentación del reporte, Rosario y Yolanda Morani se pararon y le gritaron que se pusiera a trabajar para que les devuelvan a sus hijos ya sea vivos o muertos.
Yolanda dijo en entrevista con este sitio que se ha enfrentado con las trabas de todas las autoridades, no solo de la CEAV.
“Hay mucha simulación. Nos dicen que sí, pero no cuándo. No actúan. Los expedientes están sin resultados, sin investigación ni operativos en campo. Los buscan a través de oficios. Nuestros hijos no son papel. Es necesario salir a campo”, denunció sosteniendo la foto de su hijo Jan Jeremeel, un ejecutivo de ventas.
Como parte de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUNDEC), les han dado mapas, rutas e información de dónde pueden encontrarlos.
“Pero no hacen investigación; no buscan. No hay personal, dicen. Eso es lo que dijo el 10 de mayo de este año la Procuradora Arely Gómez: que no hay presupuesto, hay pocos ministerios públicos federales y no hay dinero. De las fosas que estamos encontrando las familias no identifican los cuerpos porque ‘es muy caro’ ni hay personal forense suficiente en el país”, contó la mujer.
“Los muertos siguen aflorando con estas aguas y aires. Siguen apareciendo huesos. No los buscan. No hay intención con la excusa de que no hay presupuesto. Para las campañas políticas sí hay millones de pesos. Qué lástima. Nuestros hijos son seres humanos, mexicanos que aportaron con sus impuestos. No me explico por qué no los buscan”, expuso Yolanda.
Rosario Morales, una mujer que busca a su hermano sordo desparecido en Coahuila, tierra de los Zetas, se acercó al encuentro informal con el entonces titular de la CEAV para narrarle parte del infierno que ha vivido por cuatro años.
Su hermano Martín Morales desapareció el 12 de febrero del 2012 en el municipio de Piedras Negras. Iba con cuatro amigos. Estaban trabajando. Ellos son sordos. Tenía una esposa y dos hijas, quienes también desean volver a verlo.
Hasta diciembre del 2015 pasaron el caso a la Fiscalía y, apenas hace un mes, las autoridades locales le pidieron a Rosario… esperar más.
–Déme 15 días. Estoy empapándome de la información y le llamo por teléfono –le dijo una licenciada.
No aguardó más y fue a presionar.
–¿Ya tienen una línea de investigación, algo?
Nada.
La semana pasada, la CEAV le marcó por teléfono para que fueran a la Ciudad de México por equipo auditivo que al final no sirvió. La esposa de su hermano y sus dos hijas también son sordas.
Les pedió un psicólogo para su sobrina más grande.
–No hay personal que hable con personas sordas –le respondieron.
–Señorita, van a ser cinco años y todavía no puede encontrar a alguien que pueda dar asesoría a mi sobrina –contestó.
“PERDÓN QUE LAS ABANDONE”
Después de escuchar a Rosario Morales, el funcionario Jaime Rochín pidió a un asistente tomarle sus datos para “hacer un escrito por lo pronto”. Prometió “hablarle al Gobernador” Rubén Moreira, quien también ya va de salida.
Rosario Villanueva, sentada a lado de Rochín, le había contado anteriormente que, según declaraciones de los policías que entregaron a los muchachos a un grupo de Los Zetas, el grupo criminal los mató y quemó con diésel.
“Cosas horribles que no se han comprobado. Si es real lo que declararon, díganos dónde. Mínimo señales de incendio debe haber. Pensamos que existe la posibilidad de que los tengan trabajando”, le contó con una voz tenue, proveniente de un rostro triste. Pero no vencido. Fue ella quien gritó frente a todos los presentes en la conferencia de prensa: “no dejaremos de buscarlos”.
–Hay un punto que quiero comentar… –añadió Rosario Villanueva después de la intervención de Rosario Morales sobre su hermano.
–Perdón. Las voy a interrumpir. El Comisionado Rochín tiene a su hija de nueve años en el hospital. La tiene que ir a sacar. Me van a disculpar… –dijo una asistente del funcionario público frente a Yolanda y las dos Rosarios, mujeres que llevan años buscando a su hijo y hermano.
–A ver déjame ver cómo va eso… –afirmó Rochín viendo su celular.
–Le dio una amibiasis… –añadió la asistente.
–Pero a ver… ¿ahí es falta de atención para personas con discapacidad? –continuó Rochin sobre el caso de la esposa e hijas del hermano de Rosario.
–A parte de buscar a nuestros familiares desaparecidos –dijo Rosario Villanueva ignorando la interrupción– nos damos cuenta de los daños colaterales. Felipe Calderón no se imaginó la dimensión de los daños colaterales. Nuestros niños… hay una infinidad de niños abandonados. Sus madres se tienen que dedicar a trabajar para darles de comer a sus hijos y ellos están viviendo… La bola de nieve ya creció tanto que nos está aplastando. ¿En quién pensamos?, ¿en buscar a los desaparecidos o en cuidar a los niños de los daños colaterales?
–Permíteme un momento… porque sí tengo que ir a pagar el hospital –contestó Jaime Rochín, hasta ayer titular del CEAV–. Pero… yo lo que les puedo decir es… todos estos dolores que ustedes están viviendo día a día… Soy consciente de que la CEAV está quedando muy pequeña frente a la desgracia. No les está llegando y se requiere otra cosa. Yo dejo la presidencia hoy [domingo]. No sé qué vaya a pasar en poco tiempo. Lo que sí les digo es que seré el primer impulsor y ustedes ayúdenos a presionarlos: en una semana se aprueba una ley que evita la revictimización que hace la CEAV al pedir facturas; evita que solo atendamos casos federales. Hoy Sergio Aguayo se comprometió con el gobierno de Coahuila a crear un nuevo modelo de atención a víctimas.
Que les informen. Se abrió un fondo de emergencia para víctimas de desaparición. Con eso se evita por lo menos mucho de la tramitología burocrática. Mientras se aprueba la reforma, que puede ser en un mes, que tengan este fondo. Yo sé que lo que buscan es una institución más justa… pero. Bueno, perdón que las abandone, pero tengo que pagar el hospital, sino no dejan salir al chamaco –finalizó y se paró de la mesa.
Yolanda Morani Sáez también estuvo presente al final de la charla. Ella tuvo que desplazarse de Coahuila a Guanajuato por recibir amenazas. Es madre de Jan Jeremeel Fernández, un ejecutivo de ventas de una compañía de seguros, desaparecido el 19 de diciembre del 2008 por militares del área de inteligencia en Torreón.
De acuerdo con la madre, un convoy de dos camionetas con 15 encapuchados entraron a la cárcel de Torreón, mataron a los militares que acababan de llevarse a su hijo y se llevaron a nueve presos federales.
Durante estos ocho años ha estado investigando a militares y autoridades.
“El Ministerio Federal de la Unidad de búsqueda dijo que hay funcionarios involucrados. Sabemos que la licenciada Claudia González, delegada de la PGR en ese entonces, fue detenida por colusión con los Zetas”, contó.
“Necesitamos que los estados que están alrededor de Coahuila se coordinen porque el Gobernador no puede hacer todo y sabemos que los trasladaban a otros lugares. Mientras que los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí no cooperen y mientras que las autoridades federales no quieran buscarlos no vamos a encontrarlos”, sugirió Yolanda.
“SE LE TEME A LA VERDAD”: VILLORO
Las tres familiares de víctimas de desaparición cargaban el retrato de cada ser que dejaron de ver de la noche a la mañana; que les fue arrebatado durante esta guerra contra el narcotráfico. Buscan a sus familiares y la verdad de lo que sucedió.
De acuerdo con el escritor y periodista Juan Villoro, presente durante la revelación del informe “En el desamparo” donde participó, los casos de San Fernando y Allende son algo que “por desgracia abarca a todo el país”. En eso coincidieron el resto de los ponentes.
“Estamos ante un proceso de sustitución por parte de un grupo de la sociedad civil y de investigadores del Colmex para subsanar lo que no hace el Estado, lo que permite la impunidad”, dijo.
“Es esencial conocer lo que pasó para establecer una sanación social a través de la memoria. Es muy importante que en la medida de lo posible conozcamos lo ocurrido. Hay demasiados desaparecidos en este país y ni siquiera hay un recuento cabal de la cantidad de víctimas de la violencia”, añadió el académico.
“¿Basta la reparación simbólica? Por supuesto que no. Esto tiene que ser un primer paso. En los dos casos analizados vemos claramente una convivencia entre criminales y autoridades; vemos una demora en la actuación no solamente de autoridades estatales, sino federales; vemos omisiones. El manejo de los datos y restos ha escapado a todos los protocolos internacionales autorizados. No hay ninguna posibilidad de solucionar un caso si se actúa de tal manera que al pretender investigar se está simultáneamente destruyendo la evidencia. Se investiga a partir de de declaraciones y reportes periodísticos, es decir, a partir de subjetividades. No hay una cadena lógica de investigación”, desarrolló Villoro.
Finalmente, concluyó, “no es difícil ejercer la verdad en un país como México. Este trabajo también es una exploración del uso social de la verdad. Cómo se prefiere ocultar lo que ha ocurrido por ser problemático e incluso reconocer su gravedad y no se esclarece por temor a que eso cause un problema mayor. Desde el punto de vista moral, se le teme a la verdad porque parecería que puede debilitar el cuerpo social. A veces se considera conveniente no decir todo para no causar mayores daños. La verdad es una de las mayores fortalezas sociales que podemos tener por dolorosa y difícil que sea. La primera condición para superar el horror es conocerlo. Es el paso esencial para trascender lo que ha sucedido y no vuelva a suceder”.
El informe determinó que la única constante son los huecos y los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos…
“En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por el académico Sergio Aguayo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102148
