MONTERREY, NL: Un sobrino del capo Osiel Cárdenas Guillen, exjefe del Cártel del Golfo, habría sido asesinado a tiros el sábado 8, al sur de esta capital.
De acuerdo con fuentes oficiales, Manuel Pérez Castro fue ejecutado la noche de ayer, alrededor de las 19 horas, cuando llegaba a su domicilio en la colonia Residencial La Escondida, acompañado de su esposa y dos hijos pequeños.
La víctima conducía un automóvil Mercedes Benz oscuro. Cuando se detuvo en la caseta de vigilancia del inmueble se le emparejó un vehículo Jetta gris, y por el lado del copiloto un hombre le disparó con un arma corta directo al cuello.
Herido, Pérez todavía manejó su auto unos 100 metros, hasta que perdió el conocimiento e impactó a unidad, lo que ocasionó lesiones leves a sus acompañantes.
Los ocupantes del Jetta huyeron por la Carretera Nacional y hasta ahora no han sido localizados.
En publicaciones de internet relacionadas con el crimen organizado se menciona que Manuel, Manny, era hijo de Mario Cárdenas Guillen, el M-1, hermano de Osiel, quien actualmente purga una condena por narcotráfico en Estados Unidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458165/ejecutan-en-monterrey-a-supuesto-sobrino-del-capo-osiel-cardenas-guilen
OAXACA, Oax: Con bloqueos carreteros, tomas de oficinas educativas y casetas de peaje, así como con una concentración en el zócalo de esta ciudad, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) reactivó sus acciones por la abrogación de las reformas estructurales.
Mientras que la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) bloqueó los accesos a la oficina de inventarios del Instituto Estatal de Educación Pública estatal, ubicado en el Fraccionamiento La Cascada.
Maestros y padres de familia bloquearon la carretera panamericana 190 Oaxaca-Tehuantepec en inmediaciones de Soledad de las Salinas, precisamente en el tramo El Gramal-Totolapa, para exigir al presidente municipal, Alberto Quero, que se abran las escuelas de nivel básico en Nejapa de Madero con docentes de la Sección 22.
Los inconformes cuentan con el respaldo del sector Tlacolula para que la autoridad municipal les devuelva los edificios de preescolar, primaria y secundaria donde fueron expulsados los maestros por no iniciar este ciclo escolar en la fecha oficial.
“Que ya se abran las escuelas de nivel básico en Nejapa de Madero, Yautepec, Oaxaca con docentes de la XXII”, se lee en la pancarta que fue colocada en el centro del bloqueo carretero donde fueron colocadas unidades de transporte para evitar el paso vehicular.
Los profesores exigen al alcalde Alberto Quero les devuelvan los edificios de preescolar, primaria y secundaria; de los cuales fueron expulsados durante el paro que hicieron al inicio de este ciclo escolar.
De igual forma, en la Región de la Mixteca se acciona en las casetas de peaje en la carretera Oaxaca-México donde se deja el paso libre y cuotas “voluntarias”.
Y en la capital continúa la toma de las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública y se reforzó el plantón en el zócalo de esta ciudad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458155/seccion-22-reactiva-sus-protestas-contra-las-reformas-estructurales
El derecho a la privacidad que garantizan las Constituciones de los países de América Latina está amenazado por actores públicos y privados que utilizan la tecnología para conocer aspectos de la vida privada de las personas, concluye un reporte de la Electronic Frontier Foundation (EFF).
La legislación que regula la vigilancia de las comunicaciones en México no cumple con los estándares de derechos humanos, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y, en particular, a los defensores de derechos humanos y periodistas, concluye un reporte de la Electronic Frontier Foundation (EFF), que analiza las debilidades de estas leyes en países de América Latina.
El estudio que se publica a nivel internacional este lunes, y del cual Aristegui Noticias presenta un adelanto, señala: el derecho a la privacidad que garantizan las constituciones de todos los países latinoamericanos está amenazado por actores públicos y privados que utilizan la tecnología para conocer aspectos de la vida privada de las personas.
El documento reconoce que es legítimo que el Estado use la tecnología para perseguir el crimen y garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero se debe reconocer que estos procesos son “altamente invasivos” y pueden implicar “graves riesgos a los derechos humanos”.
En México, el derecho a la privacidad está en riesgo porque durante la última década se ampliaron “de manera exponencial las capacidades técnicas y legales para la vigilancia de las comunicaciones”, sin acompañarlas de los contrapesos adecuados, sostiene el documento.
EL PANORAMA DE LATINOAMÉRICA
La EFF presenta un reporte que compara las legislaciones de países latinoamericanos sobre vigilancia de comunicaciones privadas y en cada caso destaca los retos y debilidades.
MÉXICO: DERECHOS HUMANOS EN RIESGO
El análisis sobre México, elaborado por Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), sostiene que las leyes mexicanas no cumplen los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos sobre la Vigilancia de las Comunicaciones, elaborados por organizaciones internacionales.
Se trata de 13 principios que se dieron a conocer en julio de 2013, después de que Edward Snowden filtró a medios de comunicación los complejos mecanismos tecnológicos que utiliza en gobierno de Estados Unidos para espiar a sus propios ciudadanos.
Los principios son:
- Legalidad
- Objetivo Legítimo
- Necesidad
- Idoneidad
- Proporcionalidad
- Autoridad Judicial Competente
- Debido Proceso
- Notificación del Usuario
- Transparencia
- Supervisión Pública
- Integridad de las Comunicaciones y Sistemas
- Garantías para la Cooperación Internacional
- Garantías contra el Acceso ilegítimo y Recurso Efectivo
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/vigilancia-de-comunicaciones-privadas-en-al-incumple-estandar-internacional/
La Sedena informó que la tripulación del helicóptero estaba conformada por dos tenientes pilotos aviadores, así como un teniente coronel de Caballería que viajaba como observador aéreo, perdiendo lamentablemente la vida el piloto y el observador, resultando herido el copiloto quien fue trasladado vía aérea a un hospital de Ciudad Victoria.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que dos militares murieron y uno resultó herido tras el desplome de un helicóptero en el ejido Constitución del 17, en Tamaulipas, frente al Aeropuerto de Victoria “Pedro J. Méndez”.
En un comunicado, la Sedena detalló que el helicóptero MD-530F, matrícula 1134 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un accidente aéreo a 8 kilómetros al este de Ciudad Victoria.
La aeronave despegó a las 14:21 horas, tiempo local, del Aeropuerto Internacional de la capital del estado, para realizar un vuelo de reconocimiento, sin embargo, éste perdió contacto a las 16:30 horas.
“La tripulación del helicóptero estaba conformada por dos tenientes pilotos aviadores, así como un teniente coronel de Caballería que viajaba como observador aéreo, perdiendo lamentablemente la vida el piloto y el observador, resultando herido el copiloto quien fue trasladado vía aérea a un hospital de Ciudad Victoria”, informó la dependencia.
De acuerdo con los primeros reportes, tras la caída de la aeronave el piloto solicitó auxilio a través del radio, pues él y otras dos personas, supuestamente policías estatales, habían resultado heridos.
Fuentes extraoficiales informaron que el helicóptero habría derribado con algún objeto contundente desde una brecha, sin embargo, la Sedena aseguró que se trató de una falla técnica.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102485
Una empresa de Ricardo Arturo San Román Dunne vendió al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado: la maquinaria fue vendida desde EU a 240 mdp y en México se pagaron 485 mdp con recursos entregados por el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
Enrique Peña Nieto es un político que gusta mezclar negocios públicos con relaciones personales. En la biografía del mandatario no está sólo la ‘”casa blanca” y el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, con sus millonarios contratos. Otras historias rozan al mandatario. Ahora, su amistad y compadrazgo con la familia San Román, del Estado de México, apuntan al Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la controvertida constructora española OHL.
El 27 de diciembre de 2005, cuando llevaba unos meses como gobernador del Estado de México, Peña Nieto adquirió a una empresa de Roberto San Román Widerkehr una residencia en el club de golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, como reveló The Wall Street Journal en enero de 2015.
El valor de esa mansión fue de 5.6 millones de pesos, tiene una superficie de 2 mil 138 metros cuadrados y 850 metros cuadrados de construcción.
Ese mismo mes, la cercanía de Peña Nieto con la familia San Román escaló a un compadrazgo bajo las leyes de la Iglesia católica: Roberto San Roman Dunne, hijo de San Román Widerkehr, se convirtió en padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del ahora presidente.
La revista Quién difundió, aquel mes, una foto de la ceremonia oficiada en la diócesis de Atlacomulco. La recepción incluso se llevó a cabo en los jardines del Hotel del Rey en Ixtapan de la Sal, propiedad de los San Román.
En octubre de 2007, el Gobierno mexiquense lanzó la licitación para construir una de las obras emblemáticas de la administración de Peña Nieto: el Viaducto Bicentenario o Viaducto Elevado, que corre sobre el Anillo Periférico Norte.
La obra fue ganada por la española OHL, en abril de 2008. Una de sus obligaciones como parte de la concesión era adquirir y operar dos barreras móviles que permitieran modificar el sentido de la circulación vehicular en el Viaducto para aligerar la carga vehicular en horas pico.
Dicho equipo fue suministrado por la empresa estadounidense Barrier Systems, perteneciente a Lindsay Corporation, uno de los corporativos del magnate norteamericano Warren Buffet.
Sin embargo, OHL lo compró a través de una empresa intermediaria con un nombre casi idéntico al de la empresa estadounidense: Operadora Barrier Systems de México S.A. de C.V. Una compañía no reconocida como proveedor o subsidiaria oficial.
Esa razón social fue registrada en diciembre de 2007 en la Ciudad de México, unas semanas después de que el Gobierno de Peña Nieto publicó la licitación para construir el Viaducto Elevado.
Uno de los dueños de la empresa pertenece a la familia San Román.
Las máquinas vendidas por Barrier Systems a la empresa de San Román tuvieron un precio de 19.6 millones de dólares, unos 240 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento. El precio que OHL pagó por la maquinaria a la empresa de los amigos de Peña Nieto, fue de 485 millones de pesos, de acuerdo con reportes financieros de la empresa.
Es decir, las mismas máquinas fueron pagadas al doble del precio original.
La licitación
El 23 de octubre de 2007, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno mexiquense, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, lanzó las bases de licitación para construir el Viaducto Elevado, del Toreo de Cuatro Caminos hasta el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Un requisito de la licitación, decía: “Desde el inicio de la construcción y como parte del Proyecto en su primera etapa, se deberá adquirir y poner en operación dos unidades vehiculares ‘removedoras de barrera intercarriles’, incluidas dichas barreras (…) que permitan manipular el sentido de circulación vehicular en carriles de contraflujo”. El propósito era aligerar el tráfico durante las horas pico.
Una de las empresas que se registró en la licitación, fue la española OHL. Esta compañía ya había ganado, en 2003, otra de las grandes obras realizadas en el Estado de México: el Circuito Exterior Mexiquense.
Sin embargo, ésta última empresa con esa razón social, no existe. Tampoco aparece como una subsidiaria o representante oficial de Barrier Systems, en Estados Unidos.
En realidad, OHL compró las barreras móviles a la empresa Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V., propiedad de Ricardo Arturo San Román Dunne y sus socios Jorge Antonio Huau Rachner y Alberto Chapa García.
Dicha empresa, de acuerdo con el Registro de Comercio de la Ciudad de México, fue creada el 11 de diciembre de 2007, siete semanas después de que el Gobierno mexiquense lanzó la licitación.
A través de un correo electrónico, la española confirmó a Aristegui Noticias la operación: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V.”.
La compañía agregó que no tenía conocimiento “sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems”, de Estados Unidos.
El 18 de abril de 2008, el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México declaró ganador a OHL del concurso público para construir el Viaducto Bicentenario.
La concesión de la vía rápida a favor de OHL tiene una duración de 30 años, es decir, concluirá en 2038. La inversión para la construcción y operación de la obra, de acuerdo con el fallo, es superior a los 15 mil millones de pesos.
Desde antes que se lanzara la licitación, el entonces titular de transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo a El Universal:
“El proyecto contempla una barrera móvil en la parte baja para los que vienen de Cuautitlán hacia el Toreo puedan circular con mayor rapidez. Pensamos abrir un carril adicional con una barrera móvil que va a ser a cargo del proyecto; es una máquina que cuesta bastante carito y que va moviendo la barrera en 15 minutos a una velocidad muy rápida y abre un carril adicional para los coches que vienen de allá para acá”.
Ruiz Esparza actualmente es el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal.
Los reportes en EU de Barrier Systems
Barrier Systems de Estados Unidos propiedad del magnate Warren Buffet emite reportes públicos trimestrales en EU. En los informes correspondientes a 2009, dio cuenta de una operación en México.
“Se ha adjudicado un contrato por aproximadamente el 19.6 millones de dólares para proveer máquinas de barrera y barrera de transferencias móviles para un tramo de una autopista en la Ciudad de México”, dice un reporte de abril de 2009.
En ese mismo comunicado, se informó que Rick Parod, presidente y jefe ejecutivo de Lindsay Corporation de la cual es subidiaria Barrier, expresó: “Estamos encantados con la oportunidad de ofrecer una solución, en parte, a los problemas de congestión del tráfico que enfrenta la Ciudad de México.
La compra de las barreras móviles se retrasó durante los siguientes meses. En julio, la empresa reportó: “El proyecto de barrera móvil de la Ciudad de México continúa retrasado hasta la resolución de problemas entre el contratista y el gobierno local. En este punto, la Compañía no puede estimar cuándo o si se resolverán los problemas entre el contratista y el gobierno local”.
El 19 de agosto de ese mismo año, la empresa dio a conocer que había recibido el depósito inicial del proyecto en México y esperaba comenzar el proyecto en el primer trimestre de 2010.
Pero el depósito coincidió con un movimiento que realizó Gerardo Ruiz Esparza a favor de OHL para el Circuito Exterior Mexiquense.
El Circuito Mexiquense y OHL
El 7 de agosto de 2009, doce días antes de que Barrier Systems, en Estados Unidos, recibiera el anticipo pactado por las barreras móviles, el entonces secretario de Comunicaciones del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, firmó el acuerdo 01/2009 con OHL, CON el cual modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense.
Bajo este acuerdo, el Gobierno de Peña Nieto entregó como contraprestación un total de 850 millones de pesos a favor de OHL, los cuáles se etiquetaron así: 500 millones para la “adquisición de maquinaría especializada para la gestión de tráfico”.
Todo indica que OHL pudo haber adquirido las barreras móviles con los recursos que le autorizó el Gobierno de Peña Nieto, a través de Gerardo Ruiz Esparza, a cargo del Circuito Exterior Mexiquense y, en consecuencia, a los usuarios de esa vía rápida y al erario mexiquense.
Los otros 350 millones de pesos que dio el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por el hoy presidente, fueron usados por OHL para construir el Museo Torres Bicentenario, en el Paseo Tollocan, de Toluca. Esta obra fue construida por Grupo Higa, el consorcio que construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto.
Un reporte de Lindsay Corporation y Barrier Systems, en Estados Unidos, dio cuenta que la entrega de las barreras móviles concluyó en 2010: “Las ganancias de infraestructura aumentaron principalmente debido al aumento de ingresos de las barreras móviles, como resultado del proyecto de carretera de la Ciudad de México completado en la primera mitad del año fiscal 2010”.
Aristegui Noticias tiene en su poder la lista de pedimentos de importación entre Barrier Systems, de EU, y la empresa llamada casi igual propiedad de San Román. La empresa estadounidense estuvo enviando pieza por pieza las partes de las barreras móviles a lo largo de 2009 y 2010.
Las máquinas, en el olvido
En mayo de 2015, el diario El Universal dio cuenta que las máquinas compradas por OHL, a través de la concesión del Viaducto Bicentenario, estaban en el olvido.
La nota daba cuenta de las declaraciones hechas, en 2009, por el Manuel Ortíz García, entonces director estatal de aeropuertos y autopistas de cuota del Estado de México. El funcionario declaró: “El removedor barrera tuvo un costo de 400 millones de pesos,. (…) Estos removedores sólo operaron de forma fugaz en la zona de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, mientras que en Naucalpan nunca operaron para ampliar carriles de circulación en horas pico”.
El texto del periódico incluso dio cuenta que en 2014, el entonces secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena, aseguró que la maquinaría pertenecía al Gobierno mexiquense y pedía a OHL que lo entregara.
Unas fotos entregadas a Aristegui Noticias daban cuenta que las máquinas estaban abandonadas en un bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense, en la zona de Ecatepec, muy cerca del Centro Comercial Las América.
Días después, este medio acudió a la zona, pero ya estaba rodeada por una valla y en el interior sólo quedaba una máquina.
Para este reportaje se consultó a Barrier Systems de Estados Unidos, al Gobierno mexiquense y a la familia San Román, pero no han dado respuesta.
La empresa española dijo: “OHL México adquirió el equipo a Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. Sobre las condiciones de la operación entre Operadora Barrier Systems de México S.A. De C.V. y Barrier Systems (de EU)”.
La oficina de Ruiz Esparza, en la SCT, informó: “La adquisición de las máquinas especializadas para la gestión de tráfico, fue derivada de la necesidad de contar con equipos para mover barreras separadoras de carriles y poder hacer carriles reversibles o en contraflujo en cualquier vialidad donde fuera necesario, con el fin de garantizar un tránsito más ágil”.
Aunque el acuerdo 01/2009 fue firmado por Ruiz Esparza, su oficina dijo que “la modificación a la concesión y los equipos son responsabilidad del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM)”.
La piedra de la corrupción
En julio pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció disculpas a los ciudadanos por la compra de la casa blanca, de Sierra Gorda 150, a un contratista de su Gobierno. Aseguró que cometió actos que lastimaron a la investidura presidencial.
Apenas este miércoles 28 de septiembre, durante su participación en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia, Peña Nieto volvió a pronunciarse sobre la corrupción:
“El tema de la corrupción, está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos, no hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar para beneficio de una sociedad que repito es más exigente”.
Sin embargo, hasta ahora se desconocía que la familia San Román, a la cual Peña Nieto está unido por amistad y compadrazgo, resultó beneficiada con un negocio millonario, soportado con recursos públicos a través de una triangulación de recursos entre la española OHL y el Gobierno del Estado de México, cuando él fue gobernador .
La familia San Román es la misma que vendió a Peña Nieto una residencia en un club de golf en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, donde suele descansar los fines de semana, al lado de su familia y amigos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: RAFAEL CABRERA, IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/epn-y-los-san-roman-una-amistad-a-costa-del-erario/
El pasado 7 de octubre, fueron descubiertos tres mil 147 restos humanos, cifra que durante el fin de semana aumento a 4 mil cien. Ante tal situación, la PGJE aseguró que las osamentas fragmentadas pertenecen sólo a tres personas. No obstante, Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios contradijo las afirmaciones de las autoridades coahuilenses, pues señaló que la Policía Científica ha procesado dichos restos con los que se obtuvieron 100 perfiles genéticos, de los cuales sólo han identificado a 15 personas.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Coahuila aseguró que los más de 4 mil restos humanos localizados en ejido de Patrocinio, municipio de San Pedro, pertenecen sólo a tres personas. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, afirmó que las autoridades estatales cuentan con 100 perfiles genéticos de dichas osamentas.
El pasado 7 de octubre, activistas descubrieron tres mil 147 restos humanos, cifra que durante el fin de semana aumento a 4 mil cien, los cuales, presuntamente, fueron enterrados por miembros del crimen organizado, en dicho lugar.
Ante tal situación, la PGJE publicó un comunicado en el cual aseguró que las osamentas fragmentadas, con “un alto grado de carbonización y calcinación”, pertenecen sólo a tres personas, y que es precisamente a esa segmentación, resultado de “una descalcificación en el hueso, originada por la exposición a altas temperaturas inducidas por el uso de hidrocarburos, así como a factores ambientales”, lo que hacer pensar que los restos pertenecen a cientos de personas.
La dependencia argumento que las condiciones en las que fueron encontrados los restos “puede resultar que un gran número de fragmentos que se encuentren en un lugar”, pero puede que “pertenezcan a un solo hueso o a una misma persona”.
No obstante, Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios contradijo las afirmaciones de las autoridades coahuilenses, pues señaló que la Policía Científica ha procesado los restos recién descubiertos en Patrocinio, mismos con los que se obtuvieron 100 perfiles genéticos, de los cuales hasta el momento se han identificado a 15 personas.
En entrevista telefónica para el programa Despierta con Loret, detalló que que no han encontrado cuerpos completos, sino fragmentados, y que no sabe a cuántas personas podrían corresponder, situación que, precisó, hará más difícil identificarlos ya que algunos huesos fueron quemados, y que se convierte en un problema muy serio en México, pero en particular en Coahuila, porque no hay capacidad humana ni técnica para identificar este tipo de restos.
Chamberlin también indicó que las fosas recién descubiertas en San Pedro son campos de exterminio, así como las localizadas en Allende, Piedras Negras y en ranchos cercanos a Parras, también han descubierto fragmentos, la cuales no son las únicas en Coahuila ni en el noreste de México.
Asimismo dijo que hay una deuda de la procuración de justicia en México porque sólo investigan hasta dar con los autores materiales pero que si rascaran un poquito más, descubrirían que en muchos casos hay policías locales involucrados en estos crímenes
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102473
Los cuerpos de seis hombres fueron hallados al interior de una camioneta, con placas de circulación del estado de Tabasco, en una comunidad de Ciudad Isla, Veracruz. Hasta el momento ninguna víctima ha sido identificada y se desconoce las condiciones en que fueron ejecutados.
A unas horas de que velaran los cuerpos de los cuatro jóvenes desaparecidos y asesinados en Boca del Río, Veracruz, caso que motivó la movilización de cientos de personas, esta tarde se localizaron otros seis cuerpos en el interior de una camioneta abandonada en la carretera Isla-Santiago Tuxtla.
Los cuerpos fueron descubiertos por lugareños de la comunidad El Tesoro, a quienes les llamó la atención que el vehículo, una camioneta Plymouth, modelo Gran Voyager, color roja y placas de circulación WSR2587 de Tabasco, estuviera abandonado en un área de potrero.
Al lugar arribó personal ministerial y forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), que al abrir el vehículo descubrió los cuerpos de seis hombres.
En un comunicado, la FGE detalló que al interior de la camioneta se halló una tarjeta de circulación expedida por las autoridades de Tabasco, con domicilio en La Venta, así como una credencial de elector con domicilio en Huimanguillo, también de la entidad vecina.
“Por este hecho se dio inicio a la respectiva carpeta de investigación en la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, cuyo personal realiza las diligencias que conlleven a la identificación de los cuerpos”.
Hasta el momento se desconoce en qué condiciones se encontraron los cuerpos, los cuales fueron retirados uno a uno y trasladados al SEMEFO de Ciudad Isla. Ningún cuerpo ha sido reclamado legalmente.
El pasado viernes, los cuerpos de Octavio García Baruch, Génesis Deyanira Urrutia Ramírez y Leobardo Arroyo Prado, reportados como desaparecidos desde el 29 de septiembre, fueron hallados al interior de bolsas de plástico que estaban abandonadas en el municipio de Camarón de Tejeda.
Las víctimas fueron identificadas por sus familiares al día siguiente, cuando corrió el rumor de que Génesis Deyanira, alumna destacada de la Universidad Veracruzana, había sido localizada con vida en la Ciudad de México.
Los tres jóvenes salieron a divertirse la noche del jueves 29 de septiembre en Boca del Río, cuando, según vecinos, sujetos armados los interceptaron en la calle. Mientras que otras versiones señalan que fueron sacados de la casa de uno de ellos por la fuerza.
Con estas personas ejecuciones, la cifra de personas ejecutadas suma al menos 30 en lo que va de un octubre violento para Veracruz.
El pasado fin de semana fueron encontrados otros 12 ejecutados, 5 en el desmembrados, en municipio de Camarón de Tejeda, otros dos en el de Emiliano Zapata y cuatro en el de Uxpanapa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-10-2016/3102557
Ciudad de México. La Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo y familiares de un grupo de militares interpusieron esta mañana una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que denunciaron violaciones a las garantías fundamentales de los soldados que fueron muertos y heridos el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, por un grupo del crimen organizado.
La inédita acción busca revertir la recomendación del organismo nacional que “restringe” el uso de armas de alto poder por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, además de señalar que no existe hasta el momento una reglamentación que regule la participación de los militares en las tareas de seguridad pública. Ha habido una total omisión por parte del Legislativo y del Ejecutivo, por igual.
Al presentar la queja, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo, explicó que tras la recomendación de la CNDH los militares han tenido que restringir el uso de sus armas, con lo cual, en muchos casos, han quedado en abierta desventaja ante el crimen organizado, como se mostró en los recientes hechos ocurridos en Culiacán, donde murieron cinco elementos militares y otros diez resultaron heridos.
Además, explicó que la denuncia se debe a que hay pruebas suficientes para señalar que el convoy militar que fue emboscado, cuando trasladaban a un presunto criminal para ser atendido, no recibieron apoyo ni ayuda de ninguna de las autoridades federales, estatales y municipales, pese a que hubo una alerta solicitando apoyo.
Incluso, denunció que ni siquiera acudió el cuerpo de bomberos a sofocar el fuego de las unidades militares.
A las afueras de la CNDH se montó una ofrenda floral por los militares caídos, y la queja fue recibida en la Oficialía de Partes del organismo nacional.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/presentan-queja-en-cndh-por-ataque-contra-militares-en-culiacan
Ciudad de México. El juez federal Guillermo Campos ordenó este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) que ponga a disposición del síndico de la quiebra de Ficrea, Javier Navarro, los inmuebles asegurados por esa dependencia que habían sido cedidos por la sociedad financiera popular (Sofipo) para pagar a ahorradores defraudados por Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de la intermediaria.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, que ordenó el aseguramiento provisional de los inmuebles, puede impugnar el fallo y pedir a un tribunal colegiado de circuito que modifique la sentencia.
Se trata de 28 inmuebles que fueron cedidos por Olvera en diciembre de 2014 para que Ficrea pudiera cubrir parte de los adeudos de sus ahorradores.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/ordenan-a-pgr-entregar-inmuebles-de-ficrea-para-pago-a
CIUDAD DE MÉXICO: El vocero de Morena, César Yáñez, precisó que esta mañana presentarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la demanda contra el diario The Wall Street Journal (WSJ) por daño moral.
Se peleará esa demanda, porque la nota del diario estadunidense fue una infamia contra la honestidad del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.
Yáñez destacó que no hay un monto de dinero específico de la reclamación, sin embargo, recalcó, esos recursos “no serán ni vendrán a los bolsillos de Andrés Manuel o de la familia, sino destinados para los hijos de los migrantes”.
Añadió: “El día de hoy en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, serán los tribunales mexicanos que darán cuenta de esta denuncia por daño moral, la vamos a pelear. Este es un caso en donde creemos que bien vale la pena poner un límite, poner un hasta aquí, y será la autoridad la que determine.
“Nosotros aportaremos los elementos que comprueban que los departamentos de Andrés Manuel fueron donados desde 2005 y no se incurre en ninguna responsabilidad, o no es responsabilidad de Andrés Manuel el que aparezcan o no en el Registro Público de la Propiedad”.
Además, el vocero de Morena informó que Julio Scherer Ibarra los representará en esta demanda por daño moral contra el tabasqueño.
El pasado 28 de septiembre, el diario WSJ difundió una nota donde señaló que el excandidato presidencial omitió dos departamentos en su declaración 3de3 que presentó en agosto pasado.
Con el título: “López Obrador omitió activos en su declaración”, el diario estadunidense destacó que el líder de izquierda, “uno de los principales aspirantes a la presidencia de México en 2018”, se sumó recientemente “a un número creciente de políticos mexicanos que presentan una declaración completa de sus bienes, una consecuencia de la presión pública generada por una serie de escándalos de conflicto de intereses que han marcado a la administración del presidente Enrique Peña Nieto”.
Añadió: “La presentación de López Obrador fue el equivalente de una declaración de la pobreza: dijo que no tenía una cuenta corriente o tarjeta de crédito, y que ganaba solamente US$32.000 al año como jefe de su propio partido político, el Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. También afirmó que no tenía otras propiedades o automóviles”.
Pero de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, sostuvo, el excandidato presidencial omitió dos apartamentos en la Ciudad de México adquiridos mientras fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Los documentos vistos por The Wall Street Journal “muestran que López Obrador compró los dos apartamentos adyacentes de 76 metros cuadrados cada uno en el vecindario de Coyoacán en 2002, y por los que pagó alrededor de US$109.000 en 2002”, reveló el rotativo.
El texto cita a Max Kaiser, experto en la lucha contra la corrupción del Instituto Mexicano por la Competitividad, quien afirmó que “es una ofensa a la transparencia y la honestidad. Tenía la obligación de declarar los apartamentos en su declaración (…) La gente espera que sea coherente con su retórica”.
Ese mismo día, César Yáñez lamentó lo publicado por WSJ y subrayó que, efectivamente, el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. El problema –apuntó– es que hay un juicio testamentario y por eso su nombre sigue apareciendo en el Registro Público de la Propiedad.
“Yo creo que no hay nota, no le busquen, (López Obrador) es el hombre más transparente, es el hombre más auscultado, es el hombre al que le han querido colgar todos los santos, todos los daños”, puntualizó Yáñez.
“No hay nada que ocultar y es juicio testamentario”, resaltó el vocero de Morena, luego de explicar que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no dejó testamento cuando falleció en 2003.
Además dijo que explicó a detalle al corresponsal del diario estadunidense que el tabasqueño tenía 50% de derecho a una herencia, la heredó y posteriormente cedió los derechos, lo cual forma parte de un juicio, no sólo de ese departamento, sino de otras propiedades que quedaron para sus hijos.
“Le expliqué, me dijo: ‘es que no aparecen en el Registro Público de la Propiedad y para mí lo que cuenta es que aparecen en el Registro Público, y a mí los abogados me dicen’. Le dije: allá lo que te digan los abogados, pero la verdad, no hay nada que ocultar y es juicio testamentario”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458131/demandara-morena-al-wsj-ante-tribunal-superior-justicia-la-cdmx
CIUDAD DE MÉXICO: El empresario lechero Pedro Zaragoza Fuentes acusó a Eduardo Osorio Chong, hermano del titular de la Secretaría de Gobernación, de tráfico de influencias, intimidación e invención de pruebas en un conflicto legal entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza.
En un desplegado de prensa publicado en el diario El Universal, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Zaragoza Fuentes destaca que en México se ha hablado mucho sobre el debido proceso y el daño que causa a la imagen del país en el mundo que funcionarios públicos “y algunos de sus familiares cometen prácticas ilícitas y reprobables, por lo que los integrantes del gabinete presidencial son los primeros obligados a respetar el marco legal”.
En este sentido, pide la intervención de Peña Nieto y López Valdez para que cesen “las acciones de presión, intimidación y tráfico de influencias que realiza en mi contra el abogado Eduardo Osorio Chong, hermano de su secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), y que los asuntos legales en los que se me ha indebidamente involucrado, sean resueltos por autoridades competentes, con imparcialidad, apegados al debido proceso y con respeto pleno a mis derechos humanos”.
En su escrito, el empresario asegura que hace cuatro años inició un conflicto legal entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza, esencialmente en contra de Jorge Humberto Zaragoza Fuentes, quien contrató los servicios de Eduardo Osorio Chong.
Desde entonces, apunta, “mi hijo, Pedro Zaragoza Delgado, y yo, hemos sufrido todo tipo de acoso y amenazas para privarnos de nuestro patrimonio y de nuestra libertad”.
Señala que el exprocurador de Justicia de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, cuyo hijo Edgar Higuera Beltrán es socio de Eduardo Osorio Chong, “inventa delitos y confecciona averiguaciones previas en nuestra contra, utilizando toda la estructura oficial y presionando a autoridades judiciales” en la entidad “para que seamos detenidos, con el argumento de que tiene instrucciones que provienen del ‘centro’”.
Luego de destacar que el Ejecutivo federal “ha dado pruebas fehacientes de la importancia que reviste para su gobierno la transparencia y la adecuada impartición de justicia”, le solicita “su firme intervención a efecto de que no se permita que la figura de los ‘hermanos incómodos’ vuelva a manchar la historia de México y de nuestro sistema político-democrático”.
Zaragoza también denuncia la indolente actitud del presidente Enrique Peña Nieto al ignorar su queja. Y asegura que desde el 18 de agosto del año pasado presentó una carta-denuncia en las oficinas del Ejecutivo federal sin obtener respuesta hasta ahora.
En el desplegado aparecido este lunes, el empresario lechero demanda al gobernador Mario López que intervenga “para que cesen los actos que viene ejerciendo en nuestra contra el (ex)procurador de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, mismos que hemos denunciado ante el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos local y ante la PGR, particularmente por las presiones que ejerce contra el magistrado penal Ángel Gutiérrez Villarreal para que ordene la reaprehensión de mi hijo Pedro Zaragoza, por una improcedente ‘extorsión telefónica’”.
Finaliza: “La imagen de su gobierno en materia de transparencia y combate a la corrupción no debe alterarse por un caso como el referido, que involucra a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien debería de abstenerse de incurrir en un conflicto de intereses favoreciendo a su hermano”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458149/acusan-trafico-influencias-e-intimidacion-a-hermano-incomodo-osorio-chong
CIUDAD DE MÉXICO: Enrique Ochoa Reza y Francisco Javier García López comparten algo más que su militancia priista: ambos fueron “trabajadores de mando” en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –el primero como director general, el segundo como gerente de Desarrollo Social– y los dos renunciaron a sus cargos antes de cumplir tres años.
Sin embargo Karime Slim Ruíz, directora del Área de Dictámenes de la CFE desde hace siete años, les dio a ambos un trato distinto:
El pasado 13 de mayo, negó a García López un dictamen que le permitiera cobrar una liquidación casi millonaria. Argumentó que no tenía derecho a ello debido a que renunció a su cargo y laboró menos de tres años en la CFE.
Cuatro meses más tarde, la misma funcionaria firmó el dictamen que otorgó a Ochoa Reza su liquidación de un millón 206 mil 271 pesos, pese que su situación laboral era idéntica a la de García López.
La liquidación que cobró Ochoa Reza al renunciar a la CFE fue cinco veces mayor a la que le correspondía, revelaron a Apro y los demás integrantes de la alianza Méxicoleaks el pasado 25 de septiembre, en una investigación realizada con base en documentos obtenidos a través de su plataforma digital.
El actual presidente del PRI negó que su liquidación fuera irregular, aseguró que se apegó a la normativa de la empresa. Pero los oficios con los que García López fue dado de baja en la CFE, obtenidos por este semanario, desmienten a Ochoa Reza.
Idénticos
Ochoa Reza laboró dos años con 155 días en la empresa productiva del Estado y presentó a Enrique Peña Nieto su renuncia el pasado 7 de julio para postularse a la presidencia del PRI.
García López trabajó dos años con 29 días en la gerencia de Desarrollo Social de la CFE y el pasado 1 de abril entregó una carta de renuncia con carácter irrevocable “por así convenir a mis intereses”.
Karime Slim Ruiz realizó los trámites para dar de baja a García López, los cuales quedaron plasmados en dos oficios de una cuartilla cada uno. En el segundo –número 232.1 –KSR- 0847, fechado el 13 de mayo pasado–, planteó: “observándose que por la antigüedad que generó (2 años 29 días), no ha (sic) lugar a la emisión de dictamen alguno, por lo que únicamente se deberá proceder al pago de las prestaciones devengadas a la fecha de su renuncia, misma con la que debe operar su baja”.
El día anterior, la funcionaria redactó el “Aviso de baja de Personal Público de Mando” número 232.21-KSR-0844. En el apartado “Causa de Baja”, Slim Ruíz anotó: “Renuncia (no procede dictamen)”.
Mes y medio después, el 8 de julio, la misma Slim Ruíz firmó el dictamen T.L. 49/2016, que determinó la liquidación de Ochoa Reza en un millón 206 mil 271 pesos netos, equivalente a 253 salarios diarios, pese que éste había renunciado a la dirección general de manera voluntaria, e incluso pública, pues subió en Twitter su carta de renuncia dirigida a Peña Nieto.
El dictamen precisó que la liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza” y representa “una gratificación especial por los servicios prestados, equivalente a la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando vigente”.
La CFE calculó el monto del finiquito de Ochoa Reza con base en la fracción segunda del artículo 33 de este manual –que refiere a los casos de liquidación–, pero en realidad le debió aplicar la fracción primera del mismo artículo, el cual trata de los casos de separación voluntaria.
De acuerdo con esta fracción primera, la CFE debe 20 salarios diarios por cada año trabajado al funcionario que se separa del cargo de manera voluntaria. La fracción también establece pagos extras por antigüedad, siempre y cuando el servidor público cumplió más de tres años en su cargo, lo que no fue el caso de Ochoa Reza.
La fracción segunda, por su parte, garantiza al funcionario que fue separado de su cargo una liquidación de 120 salarios diarios, más 55 salarios diarios por año trabajado.
Al aplicarse la fracción primera, el finiquito de Ochoa Reza hubiera alcanzado 231 mil 118 pesos netos, equivalentes a 48.49 salarios diarios. Gracias a la fracción segunda, la CFE le pagó una liquidación equivalente a 253 salarios diarios.
El pasado jueves 23 septiembre, integrantes de la alianza Méxicoleaks cuestionaron a Ochoa Reza y a dos abogados de la CFE –Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa, respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado General– sobre la regularidad de la liquidación.
Los abogados afirmaron que el proceso de liquidación fue legal y apegado al manual. Insistieron que las fracciones primera y segunda del artículo 33 no se excluyen e incluso se complementan.
Pero los oficios de Karime Slim Ruiz demuestran que el manual no permite la interpretación de los abogados. La funcionaria sostuvo que, por renunciar a su cargo, el caso de García López no ameritaba dictamen alguno.
Ochoa Reza reconoció durante la entrevista que su renuncia fue una separación voluntaria. Añadió que él solo fue un “sujeto pasivo” en el proceso de liquidación.
Planteó: “Es una normatividad que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad (…) En ese sentido, yo no tuve ningún trato preferencial”.
El mismo día que se publicó la investigación, denunció una campaña mediática dirigida en su contra y aseveró que los reportajes en los distintos medios fueron “historias falsas”.
Reviro
Enrique Humberto Jiménez Vázquez y Jaime Castelán Olguín, respectivos gerente y subgerente de Relaciones Laborales de la CFE, ignoraron los oficios de Slim Ruiz: el 16 de mayo, apenas tres días después que la funcionaria negara la emisión de un dictamen de liquidación en beneficio de García López, redactaron el dictamen T.L. 75/2016 S.P.M.
Jiménez y Castelán otorgaron a García López una liquidación de 908 mil 289 pesos brutos–alrededor de 635 mil pesos netos–, con base en la fracción segunda del artículo 33. Por renunciar, según la fracción primera, le correspondían 112 mil 825 pesos netos; seis veces menos de lo que la CFE le pagó.
El 16 de agosto, Castelán integró un nuevo “Aviso de baja de personal permanente” de García López –con número 232.21 –KSR- 1475–, el cual resultó prácticamente idéntico al que había elaborado Slim Ruiz cuatro meses antes.
Sin embargo, en el apartado “Causa de baja” del nuevo oficio, Castelán sustituyó “Renuncia (no procede dictamen)” por “Terminación de la relación laboral No 75/2016 S.P.M.”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458163/las-liquidaciones-a-modo-en-la-cfe
Ciudad de México. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, respaldó el paquete económico para 2017 presentado por el Ejecutivo y destacó que aún en un ambiente de alta volatilidad e incertidumbre global, México continúa creciendo por arriba del promedio de los países de la OCDE, y la razón de su deuda con respecto de la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es la mitad con respecto al de otros países desarrollados.
Gurría Treviño subrayó los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda por presentar un presupuesto responsable ante las dificultades que se viven a nivel mundial y consideró que el presupuesto responde a uno de los entornos económicos más inciertos y complejos que México ha tenido.
Aseguró que con el blindaje que se tiene, una línea de crédito disponible por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de unos 80 mil millones de dólares, acumulación de reservas y un manejo responsable de las finanzas públicas se “va a tener una cantidad de municiones y de pólvora para poder hacerle frente a la especulación”.
José Ángel Gurría afirmó que México ha respondido de manera importante y oportuna a estas amenazas que vienen de fuera “con ajustes en el gasto público y con la adecuación de su política monetaria con la reciente alza en sus tasas de interés”.
Después de sostener una reunión de trabajo con el Secretario de Hacienda , José Antonio Meade, el secretario general de la OCDE reconoció que el principal problema que viven los países tanto desarrollados como los emergentes es la falta de confianza de la población en los organismos gubernamentales o en las instituciones y en la democracia.
Describió dos temas como "accidentes" por el impacto que generó a nivel mundial y que mostraron la falta de confianza y de interés por parte de las sociedades y en especial de la población más joven.
"El primero fue el Brexit, la mayoría de los jóvenes no votaron y permitieron que otros decidieran por ellos. El segundo fue el acuerdo de paz en Colombia, el cual no se dio por una falta de participación, con apenas 37 por ciento de la población”.
Mencionó que "México ha sido de los países que más consultas ha hecho a la OCDE para mejorar prácticas de anticorrupción".
Afirmó: "Sí nos preocupa (la corrupción) porque es uno de los temas de gobernabilidad de todos los países de la OCDE. Se debe hablar más de la transparencia y la integridad. No es un tema exclusivo de México porque no hay ningún país que tenga el monopolio de la ética y la virtud".
Gurría Treviño indicó que a solicitud de las autoridades mexicanas han trabajado en el diseño de las licitaciones que hace México, como son las de la CFE y Pemex, ISSSTE, IMSS, y ahora en la de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
En su oportunidad, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, informó que en el Paquete Económico del 2017, ya se tiene contemplado recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
"El sistema se integra por dos componentes, algunas que ya existen y que tienen presupuesto de más de 9 mil millones de pesos, y otros que deberán integrase y que ya cuentan con presupuesto."
Meade, al hablar sobre las medidas para enfrentar la actual incertidumbre mundial , dijo que la línea flexible de crédito flexible del FMI se suma a los diferentes elementos prudenciales que tiene México , desde el paquete fiscal hasta la política de coberturas y acumulación de reservas.
Destacó que México es el país que tiene mejor gestionada su deuda con tasas, en pesos y plazos. Mientras que el paquete económico manda señales de certidumbre.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ, ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/la-ocde-respalda-paquete-economico-de-shcp
Ciudad de México. Al comparecer ante la ALDF, Héctor Serrano Cortés titular de la Secretaría de Movilidad, Transporte y Vialidad, indicó que la ciudad recibirá financiamiento por un millón de dólares con el fin de elaborar un proyecto ejecutivo para transformar el corredor Eje 8 Sur y establecer la circulación de transporte público eléctrico, 22 kilómetros de carril confinado y compartido con bicicletas bajo el esquema Bus-Bici.
El proyecto busca beneficiar a alrededor de 133 mil usuarios y 290 mil habitantes de proximidad básicamente de las delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa y conectar 4 líneas del Metro, por medio de 12 estaciones, una línea de Metrobús y la Línea A del Servicio de Transporte Eléctrico. Tras señalar que a la fecha se ha realizado la sustitución de mil 188 microbuses por 288 nuevos autobuses, afirmó que continuará la modernización del transporte público concesionado y se cumplirá con el compromiso, de que al término de esta administración en la Ciudad de México no circulará un microbús más
Con la entrada en operación de la Línea 6 del Metrobús salieron de circulación y fueron chatarrizados, 296 microbuses que cumplieron su vida útil, los cuales fueron sustituidos por 86 unidades articuladas y biarticuladas con nueva tecnología, asimismo mediante el Programa de Chatarrización para la sustitución de unidades obsoletas entre septiembre de 2015 y 2016 se compactaron mil 484 vehículos y mediante operativos para detectar unidades irregulares otros mil 423 unidades, indicó.
Estos programas de sustitución han contribuido a la reducción de los niveles de gases contaminantes en la capital del país y la zona conurbada, además que han permitido a los usuarios una mejor experiencia de viaje, añadió el funcionario al comparecer ante la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: BERTHA TERESA RAMÍREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/10/cdmx-recibira-financiamiento-de-un-mdd-para-proyecto-de-movilidad
“Esto se va a caer, no hay fundamentos jurídicos para mantener a Luis Fernando en prisión”, afirma a Desinformémonos, Roberto López, integrante de los Otroz Abogados, colectivo que acompaña jurídicamente al activista de 22 años, condenado a 33 años y cinco meses de prisión, a pagar una multa de 519 mil 815 pesos y a la reparación del daño que asciende a poco más de ocho millones de pesos.
Luis Fernando Sotelo Zambrano, fue detenido el 5 de noviembre de 2014, acusado de la quema de la terminal y de un autobus del Metrobús en Ciudad Universitaria. El pasado 20 de septiembre fue sentenciado por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública y daño a propiedad privada.
Luego de la sentencia dictada por el Juez 32 Penal de la Ciudad de México, actualmente el caso del joven activista se encuentra en segunda instancia.
La familia y abogados interpusieron el recurso de apelación: “En estos momentos está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmar, modificar o revocar la sentencia a todas luces desmedida, desproporcionada e injusta, contra el activista detenido cuando se encontraba repartiendo información sobre presos políticos de otros estados y en exigencia de justicia para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos”, afirma Roberto López.
El Tribunal de la Ciudad de México “tiene la obligación de hacer su trabajo de manera objetiva e imparcial, reconsiderar y hacer un análisis apegado a lo que establece la ley”, asegura Roberto, quien junto con el abogado Héctor González, representan a Luis Fernando. “Si el Tribunal quiere demostrar que el Poder Judicial de la Ciudad es imparcial, tendrá que decretar la libertad absoluta de Luis Fernando porque no existen fundamentos que acrediten su responsabilidad en los hechos ocurridos. Y por el contrario si refrenda o modifica la sentencia, seguirá demostrando que no es autónomo y que depende de las decisiones del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, en cuyo gobierno ha tenido como práctica encarcelar a estudiantes y jóvenes”.
En caso de tener una respuesta desfavorable por parte del Tribunal de la Ciudad de México, su defensa acudirá a los tribunales federales, a través del amparo directo, “no queremos que disminuya la pena, queremos su libertad absoluta pues Luis Fernando no cometió el delito, si bien los hechos se presentaron, Luis Fernando no es quien personal ni materialmente lo cometió”, asegura su defensa.
Roberto López afirma también que aunque se disminuyera la pena hasta un mínimo de cinco años, lo que haría imposible que Luis Fernando recupere su libertad es la desmedida reparación del daño, misma que fue apelada por el Ministerio Público y una de las empresas con la mira a que se incremente.
A decir de su abogado, existe un modus operandi que criminaliza y que ha declarado la guerra a los estudiantes, a la juventud, a todo aquel que se manifiesta y se organiza, a quienes salen a las calles, “hay leyes de movilidad, del uso de la fuerza pública, para contener las expresiones y el descontento social. Desafortunadamente el número de jóvenes, estudiantes y de gente de la ciudadanía que no tiene nada que ver y que es detenida en las manifestaciones ha incrementado en diversas partes del país. Los policías detienen de forma indiscriminada, fabrican delitos, procesan de manera injusta y de esa forma buscan mandar un ‘mensaje ejemplar’ a todo aquel que decida protestar y manifestarse”.
En el caso de Luis Fernando se ha procurado cuidar los intereses empresariales de la empresa Corredor F417M, dueña del Metrobús; de Promotora de Negocios, dueña de las cámaras; Promotora Inbursa, dueña de los torniquetes y las maquinas, y del Gobierno de la Ciudad de México a costa de la libertad de un joven activista, reitera Roberto López.
El chofer del Metrobús, quien en un primer momento acusó a Luis Fernando de manera muy directa; en la ampliación de su declaración, aclaró que jamás vio a las personas que subieron al Metrobús pues estaban cubiertos de la cara y que no sabía el nombre, como aseguró en un primer momento, sin embargo este testimonio fue ignorado por el juez y sólo tomó en cuenta su primer declaración.
Sergio Pérez, quien también fue acusado por los mismo hechos que Luis y quien fuera liberado, logró acreditar que se encontraba en el Instituto de Biología y no en el lugar en el que decían los policías y el chofer, “eso tampoco fue tomado en cuenta por el juez”.
“No se puede condenar a una persona así, si no hay imparcialidad, agotaremos las instancias federales pues estamos convencidos de que hubo una incorrecta valoración de las pruebas, se alteraron los hechos y se omitieron muchas pruebas”, sabemos que hay una política criminal del gobierno llegó para quedarse pero a pesar de que ellos tienen todo para fabricar los delitos y para dictar sentencias, con la verdad, arrancaremos la libertad de Luis Fernando y de otros presos políticos en México, concluye el abogado.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/no-hay-fundamentos-para-mantener-a-luis-fernando-en-prision-los-otroz-abogados/
Desde el año pasado se han hallado más de 4 mil fragmentos óseos en un terreno despoblado de Coahuila, donde la violencia por el narcotráfico azota a los habitantes del estado norteño, indicaron autoridades y miembros de organizaciones no gubernamentales.
Hasta ahora, los restos se relacionan con los cuerpos de tres personas, y son producto de una práctica del cartel Los Zetas, que queman los cuerpos con combustible, apuntaron las organizaciones.
Los hallazgos de los fragmentos óseos se encontraron en un terreno llamado ejido Patrocinio, situado en las laderas de un cerro del municipio de San Pedro de las Colonias. Expertos forenses afirman que los huesos encontrados tienen varios años de antigüedad, de acuerdo a sus estudios.
Silvia Ortiz, familiar de una joven desaparecida y vocera de Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (VIDA), indicó que “en ese lugar ‘cocinaban’ a la gente”, en referencia al método utilizado por los grupos delictivos para desaparecer los restos de sus víctimas a través de la calcinación.
“Hacia finales de esta semana se realizó un operativo de tres días en los cuales se encontraron más restos óseos, superando los 4 mil”, dijo Ortiz, para quien el ejido Patrocinio es un “punto de exterminio por la condición de los huesos”, sostuvo Ortiz.
Desde 2006, cuando inició la “guerra contra el narcotráfico” por el gobierno de Felipe Calderón, más de 170 mil personas han sido asesinadas, mientras que más de 28 mil han sido reportadas desaparecidas en México.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/hasta-ahora-van-4-mil-fragmentos-oseos-hallados-en-coahuila/
