La tercera imagen en 15 días de asaltos armados a plena luz, ahora en Circuito, en la CdMx

Esta mañana, un automovilista fue asaltado cuando permanecía atorado en el tráfico, ahora en carriles del Circuito Interior en la Ciudad de México. Es la tercera vez en 15 días que este delito es captado por ciudadanos. Otro asalto similar ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando dos hombres cometieron dos asaltos a conductores que permanecían varados en los carriles laterales de Periférico, casi al cruce con Paseo de la Reforma. También, el 5 de octubre pasado, otro delincuente fue exhibido en redes sociales cuando asaltaba al conductor de una camioneta BMW, en la esquina de Periférico y la Calle Aguascalientes, en Álvaro Obregón.

Los asaltos a automovilistas en la Ciudad de México no cesan. Otro robo con violencia fue captado por ciudadanos y subido a la red esta mañana, es la tercera vez en 15 días que se registra este delito en la capital del país.

Poco después de las 07:00 horas un usuario de Twitter subió a la red social una fotografía en la que se muestra a un hombre con chamarra azul y gorra que asaltaba a la persona que conducía una camioneta Audi color negro.

“Asalto en circuito interior a la altura del metro Juanacatlán ahorita”, reportó el civil y arrobó a la Secretaría de Seguridad Pública para denunciar el hecho. Nuevamente la imagen se vitalizó entre cibernautas que radican, principalmente, en la ciudad de México.

Las patrullas DF711C1 de la colonia Roma y la unidad DF707P2 de Tacubaya, acudieron para atender el reporte, respondió la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Pública vía Twitter.

El pasado 26 de Septiembre un conductor captó a dos criminales que asaltaban, al mismo tiempo, dos vehículos que estaban casi detenidos por el tráfico en la lateral del Periférico sin importar la larga fila y que estaban a plena luz del día. La foto rápidamente se popularizó.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, respondió, en su momento, que los atracos en el Periférico se debían a un “efecto cucaracha” en el que los delincuentes dejaron otras zonas donde se han aplicado operativos.

Tres días después del robo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJEDF) informó sobre la captura de dos hombres, uno menor de edad, señalados como los asaltantes que atracaron a dos automovilistas en el Anillo Periférico, y que fueron captados en la imagen que se viralizó en redes sociales. La detención fue justo en el momento en que asaltaban a otro automovilista en la colonia Daniel Garza, aseguraron las autoridades.

El 5 de Octubre la Senadora panista Mariana Gómez del Campo difundió un video a través de su cuenta de Twitter donde se observó el momento en que un sujeto asalta a un automovilista en la lateral del Anillo periférico, a la altura de la avenida Toluca.

Dos días después, el 7 de octubre, la PGJE informaba sobre la detención de otro presunto asaltante de automovilistas en Periférico. En Huixquilucan, Estado de México, policías detuvieron a cuatro personas que viajaban en un automóvil Chevrolet Aveo color plata con reporte de robo.

“En las investigaciones se encontró que uno de ellos estaba involucrado en el delito de robo a conductor de vehículos en las colonias Daniel Garza y Constituyentes, en la delegación Miguel Hidalgo, en donde aprovechaba el tráfico vehicular para asaltar a los conductores, hechos que quedaron captados en cámaras de videovigilancia” señaló la Procuraduría.

6 DE CADA 10 PRESENCIA UN ASALTO

El robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión siguen siendo los delitos más frecuentes en el país, pues representaron el 24.2 por ciento del total de los delitos ocurridos durante 2015, de acuerdo la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

De acuerdo con el Inegi, la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2015 fue de 35 mil 497, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2014 que fue de 41 mil 655 y en 2013 que fue de 41 mil 563.

En México el 71.9 por ciento de la población mayor 18 años considera que ‘vivir en su ciudad es inseguro’ de acuerdo a la encuesta mensual nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al mes de septiembre del 2016.

En la Ciudad de México el 87 por ciento del norte de la entidad ve riesgosa la zona en la que habita; 86 por ciento, en el sur; 91 por ciento, en el oriente, y 78 por ciento de habitantes del poniente se sienten inseguros.

La encuesta también revela que, durante el tercer trimestre de 2016 seis de cada diez habitantes han presenciado un robo o asalto.

“La proporción de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fueron: consumo de alcohol en las calles (65.7 por ciento), robos o asaltos (62.9 por ciento), vandalismo (54.4 por ciento), venta o consumo de drogas (42.4 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (36.9 por ciento) y disparos frecuentes con armas (33.3 por ciento)”, señaló el Inegi.

La inseguridad ha obligado a modificar hábitos y estilo de vida de los ciudadanos. Según la citada encuesta, el 61 por ciento de la población manifestó que en el penúltimo trimestre de 2016 modificó sus hábitos respecto a uso de joyas u objetos de valor, tarjetas de crédito o dinero por temor a ser víctima de algún delito.

En tanto, el 56.4 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a dejar que sus hijos salgan solos, salir de su casa a altas horas de la noche (40 por ciento), y hasta visitar a parientes o amigos (32.3 por ciento).

Mientras que el gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia, de acuerdo a la última medición ENVIPIDE 2016, ha presentado un incremento de 17.7 por ciento en 2015 conrespecto del estimado en 2014, según la

Entre las principales medidas tomadas estuvieron: cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas.

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7 por ciento a nivel nacional durante 2015, mientras que en 2014 fue de 92.8 por ciento.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102652

PRI: nido de corruptazos

CIUDAD DE MÉXICO: El PRI es un nido de corrupción. Lo habitan al menos 900 corruptos. La cifra es de Enrique Ochoa Reza, su gesticulador presidente, cuando asegura que 99.99% de los nueve millones de militantes priistas son honestos. Es más creíble que sea al revés tomando en cuenta la rapiña en la historia casi centenaria de este partido.

Pero en el periodo reciente, Enrique Peña Nieto es uno de esos 900 corruptos y Ochoa Reza es otro si, como define la Real Academia de la Lengua, la corrupción es “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Sólo por la Casa Blanca, Peña encaja en esta sucia práctica y Ochoa Reza, puesto por él en el PRI, también. Y no sólo por la liquidación de 1.2 millones de pesos que cobró tras renunciar voluntariamente como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino porque más de 20 de sus colaboradores cobraron –también de manera irregular– una cantidad superior a los 16 millones de pesos.

Este abuso se llama, simple y llanamente, corrupción. Pero la biografía de Ochoa Reza está asociada a la mentira –juró no ser priista cuando quería ser consejero electoral– y a otros cochupos: Fue clave para la exoneración de Peña en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en marzo de 2011, por la campaña de radio y televisión en el país que violó la Constitución.

La revista Proceso revela en su número 2084 que circula esta semana, los nombres y las cantidades de secretarias, asistentes y asesores de Ochoa Reza que recibieron jugosas liquidaciones de la CFE, pese a que en muchos casos no cumplían siquiera un año de antigüedad, en un proceso claramente deshonesto.

En la lista de beneficiarios se encuentran su secretaria particular, Myrna Yvet Torres Camacho, quien con sólo nueve meses de antigüedad recibió dos liquidaciones por más de dos millones de pesos; la jefa de la oficina, Edith Nájera Andrade, quien cobró un millón 332 mil por dos años y medio de antigüedad, y Claudia Pastor Badilla, jefa jurídica, quien, con dos años y cinco meses en el puesto, obtuvo un millón 108 mil.

Otros fueron Octavio Ernesto Alejo Nava, jefe administrativo, quien trabajó un año, pero recibió una liquidación de 887 mil pesos; el asesor Ángel Artemio Meixueiro González, quien cobró un millón 279 mil por dos años y medio de antigüedad, y el vocero, Jorge Alberto Pérez Zamudio, quien con menos de un año cobró 418 mil 762 pesos.

Con sólo 110 mil pesos más mesurado fue el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, nieto del fundador de ese partido, Plutarco Elías Calles, y responsable de sancionar las conductas de corrupción de sus militantes, una “cruzada” que Ochoa Reza ha emprendido siendo él mismo… un corrupto.

La propia documentación oficial de la CFE acredita cosas chuecas en las decisiones para liquidar a funcionarios y, sobre todo, dejan claro que Ochoa Reza cobró una liquidación que no merecía, porque había trabajado sólo dos años con 155 días.

En efecto, la misma funcionaria que avaló la liquidación de Ochoa Reza, Karime Slim Ruiz, directora del Área de Dictámenes de la CFE, le negó ese beneficio a Francisco Javier García López, un gerente que renunció en marzo y que tenía dos años con 29 días de antigüedad.

Slim Ruiz realizó los trámites para dar de baja a García López, los cuales quedaron plasmados en dos oficios. En el segundo –número 232.1 -KSR- 0847, fechado el 13 de mayo–, planteó: “observándose que por la antigüedad que generó (dos años 29 días), no ha (sic) lugar a la emisión de dictamen alguno, por lo que únicamente se deberá proceder al pago de las prestaciones devengadas a la fecha de su renuncia, misma con la que debe operar su baja”.

Con Ochoa Reza sí procedió el dictamen y, por tanto, Ochoa Reza recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos, pese que su situación laboral era idéntica a la de García López.


Y sin embargo, en otra acción totalmente oscura, pese al dictamen para no recibir liquidación, y cinco meses después de haber renunciado voluntariamente, García López recibió su liquidación: Casi un millón de pesos. Hoy acompaña a Ochoa Reza, junto con otros beneficiarios de liquidaciones millonarias, en el PRI…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458204/pri-nido-corruptazos

Empresarios piden al Congreso un Presupuesto para el crecimiento del país

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, subrayó que ante un escenario de desaceleración económica global “apelan a la sensibilidad" en favor del crecimiento del país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó al Poder Legislativo a que en la aprobación de la Ley de Ingresos 2017 identifique y aproveche las alternativas viables que puedan estimular la inversión, la creación de empleos y el mercado interno, así como evitar cualquier medida que inhiba la actividad económica.

En su mensaje semanal a sus afiliados y a la opinión pública, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, subrayó que ante un escenario de desaceleración económica global “apelan a la sensibilidad de los legisladores federales para que actúen en consecuencia” en favor del crecimiento del país.

Dijo que hay consenso sobre las tendencias desfavorables, tanto para el cierre de este año como para 2017, ya que las perspectivas de la encuesta a especialistas del Banco de México son similares a las del Fondo Monetario Internacional, ambas de la semana pasada, en torno a que no se espera un crecimiento mayor a 2.1 por ciento en 2016, ni superior a 2.4 por ciento en 2017.

Argumentó que a eso se suma el pronóstico para Estados Unidos que fue el que más bajó, desde la estimación previa de agosto, de 2.1 a 1.6 por ciento, por lo que se vuelve aún más importante conservar y reforzar la reactivación del consumo interno en el país.

Para Castañón, México necesita fortalecerse internamente, vía el ajuste de las variables macroeconómicas claves para blindarse de la volatilidad lo más posible y asegurarse las mejores condiciones posibles para el crecimiento, más allá de la debilidad que persiste en la economía global.

Insistió en que en la Ley de Ingresos 2017 hay que conservar y reforzar los aspectos positivos planteados en la iniciativa del Ejecutivo Federal.

Asimismo, eliminar o enmendar los que tendrían efectos contractivos y añadir medidas que puedan impulsar la actividad económica, sin menoscabo de la salud de las finanzas públicas y del ajuste que hay que realizar.


“El llamado que hacemos a los legisladores es muy concreto: agotemos las opciones que tenemos para estimular y favorecer la inversión, el empleo y el poder adquisitivo, y sobre todo el ahorro de las familias. Evitemos todo gravamen o medida que desacelere el crecimiento, sobre todo hoy, que es imperativo reforzar los crecimientos internos”, enfatizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/empresarios-piden-al-congreso-un-presupuesto-para-el-crecimiento-del-pais/

Otorga CFE 16 millones en liquidaciones a colaboradores del líder del PRI

Cuando se conoció la liquidación que obtuvo de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza habló de honradez; presumió incluso que él solamente se benefició de un “trámite interno ya establecido”. Sin embargo, documentos consultados por Proceso revelan que el paquetazo de liquidaciones benefició a más de una veintena de colaboradores de Ochoa y significaron una erogación cercana a los 16 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO: La honradez de Enrique Ochoa Reza quedó bajo sospecha por la liquidación de 1.2 millones de pesos que cobró tras renunciar voluntariamente como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para presidir el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero este abuso no fue el único: sus principales colaboradores recibieron, también de manera irregular, jugosos finiquitos.

Los 24 beneficiarios de estas liquidaciones y privilegios en la CFE –que suman casi 16 millones de pesos –fueron secretarias, abogados, administrativos y asesores de Ochoa Reza, entre ellos el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, nieto de Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Nacional Revolucionario, precursor del Revolucionario Institucional, y responsable de sancionar las conductas de corrupción de sus militantes.

Documentos obtenidos por el reportero acreditan que, igual que en el caso de Ochoa Reza –autodenominado cruzado contra la corrupción en el PRI–, los funcionarios de alto nivel de la CFE no sólo no cumplían con la antigüedad para tener derecho a una liquidación, sino que renunciaron voluntariamente, pero la obtuvieron y la cobraron. Varios de ellos ya trabajan en ese partido.

Por ejemplo, la secretaria particular de Ochoa Reza, Myrna Yvet Torres Camacho, tenía sólo nueve meses de antigüedad en ese cargo en la CFE –del 15 de octubre de 2015 al 13 de julio de este año– y recibió dos liquidaciones por más de 2 millones de pesos: Una por un millón 263 mil y la otra por 832 mil pesos.

La jefa de la oficina de Ochoa Reza, Edith Nájera Andrade, también obtuvo una liquidación generosa: con dos años y medio de antigüedad –del 17 de febrero de 2014 al 18 de julio de este año–, recibió una liquidación de un millón 332 mil pesos.

Y la abogada Claudia Pastor Badilla, jefa de la Coordinación Nacional Jurídica, con dos años y cinco meses en el puesto, obtuvo un finiquito de un millón 108 mil pesos, como consta en los documentos oficiales de la CFE.

Uno de los principales asesores de Ochoa Reza, el exdiputado federal Ángel Artemio Meixueiro González, tenía una antigüedad de dos años y medio como jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la CFE, pero cobró un millón 279 mil pesos de liquidación, un poquito más del millón 206 mil que obtuvo, también ya libres de impuestos, su jefe.

Hay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier García López, renunció al cargo el 2 de abril de este año –“por así convenir a mis intereses”, explicó–, y con dos años y 29 días de antigüedad no tenía derecho a liquidación, según la jefa del Departamento de Dictámenes de la CFE, Karime Slim Ruiz.

Sin embargo, este funcionario entró en el mismo paquete de liquidaciones de Ochoa Reza, en agosto, y recibió 908 mil 289 pesos. Exdiputado priista de Oaxaca, García López es actualmente coordinador de Giras y Eventos del Comité Ejecutivo Nacional del (CEN) del PRI.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458029/otorga-cfe-16-millones-en-liquidaciones-a-los-colaboradores-del-lider-del-pri

Exonerados, los funcionarios procesados por la fuga de “El Chapo”

Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga, los funcionarios penitenciarios de más alto rango presuntamente responsables de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015, finalmente fueron exonerados de todo cargo. La decisión la tomó el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, el mismo que los había consignado al principio, luego de un intercambio de información con Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto.

CIUDAD DE MÉXICO: En común acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) y un juez federal exoneraron a quienes se perfilaban como los principales responsables de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015:  Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga.

A pesar de que inicialmente habían sido consignados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR por ser los funcionarios de más alto rango en el manejo directo de los penales federales en el país, ambos libraron la prisión y cualquier otro proceso penal.

Hernández Mora sólo fue cesado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), mientras que Uribe Arriaga se mantiene como director general de Administración del órgano, donde una de sus tareas es la de contratar los servicios de seguridad periféricos y subterráneos en las cárceles federales, lo que omitió en el caso del penal del Altiplano.

De acuerdo con documentos judiciales conocidos por este semanario, Hernández Mora y Uribe Arriaga fueron advertidos de esa falla cuando El Chapo ya estaba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, de donde el capo sinaloense escapó a través de un túnel de casi kilómetro y medio el 11 de julio de 2015, aunque fue recapturado siete meses después.

La gracia para Hernández Mora y Uribe Arriaga se concretó en un intercambio de información entre la SEIDO, a cargo entonces de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo, a quien el Poder Judicial de la federación le dejó hacerse cargo de los procesos penales contra todos los implicados en la fuga en julio del 2015.

Muñoz Vázquez pertenece al entorno del presidente Enrique Peña Nieto. Trabajó en la PGR con el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y dejó de ser subprocurador horas antes de que el juez decretara la formal prisión contra los funcionarios ahora procesados.

Lo que ocurrió después con Hernández Mora y Uribe Arriaga fue algo más que suerte. Al entonces comisionado del OADPRS no lo pudo sostener quien lo promovió para hacerse cargo de los penales federales, Monte Alejandro Rubido García, quien lo tuvo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al inicio del actual gobierno, aunque su relación en esa instancia viene desde el sexenio de Felipe Calderón.

Casi dos meses después de la fuga, Rubido también tuvo que dejar el cargo como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que dependen tanto las prisiones federales como la Policía Federal. Todas esas instancias están bajo el mando de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Uribe Arriaga tenía mejor respaldo: el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ha trabajado desde los años noventa, pasando por el gobierno del estado de Hidalgo y ahora como jefe de la seguridad en el país (Proceso 2030 y 2052). Pese al desprestigio internacional que la fuga representó para su gobierno, Peña Nieto mantuvo en su cargo al exgobernador de Hidalgo, quien ahora busca ser precandidato presidencial del PRI.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/458030/exonerados-los-funcionarios-procesados-la-fuga-chapo

Enardecido por emboscada a militares, el Ejército se despliega en Badiraguato

Tras la emboscada del 30 de septiembre contra un convoy del Ejército en Culiacán, la institución castrense advirtió que iría con todo para dar con los responsables del ataque. Estos visos de “venganza” –como los considera en esta sección el investigador Erubiel Tirado– comienzan a tomar forma con la reciente instalación de un puesto militar en Badiraguato, donde los cárteles de Los Chapos y de los Beltrán Leyva libran una encarnizada guerra por el control de la zona. El semanario estatal Ríodoce comparte a Proceso nuevos detalles de la emboscada y de la vista a Mazatlán de Enrique Peña Nieto, quien, según fuentes consultadas por ese medio informativo, ordenó atacar sin distingos todas las estructuras del Cártel de Sinaloa.

CULIACÁN, Sin: Un destacamento del Ejército está apostado de nueva cuenta en la sierra de Badiraguato, donde el cártel de los Guzmán y el de los Beltrán Leyva se disputan la zona desde mediados de mayo, lo que provocó el desplazamiento de familias enteras en la sierra del norte de Sinaloa.

Esa guerra, negada al principio por el gobierno de Sinaloa, derivó la semana antepasada en un cruento ataque contra un convoy militar en el acceso a Culiacán cuando trasladaba a un presunto delincuente herido.

En rueda de prensa, Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, confirmó que después de la emboscada en la capital el Ejército colocó nuevamente su campamento en el poblado de Huixiopa, Badiraguato, el mismo que había sido recuperado en las últimas semanas por la gente de Joaquín Guzmán Loera.


Dos semanas antes del ataque a los militares, Ríodoce informó que, tras fuertes enfrentamientos que dejaron un número indeterminado de muertos, en Huixopa y Badiraguato la gente de los Guzmán había logrado recuperar el territorio que estaba ocupado por los Beltrán Leyva,

Corte parejo, la consigna del gobierno 

La llegada del presidente Enrique Peña Nieto y su comitiva a Mazatlán el miércoles 5 no sólo tuvo como propósito visitar a los militares heridos en la emboscada del 30 de septiembre, a raíz de la cual también murieron cinco soldados, sino también para pedir cuentas al gobierno estatal, pues los informes sobre la gran corrupción que impera en las corporaciones policiacas locales son conocidos en Los Pinos.

Acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; del comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Arturo Duarte Múgica, y el gobernador Mario López Valdez, el presidente Peña Nieto recorrió el Hospital Militar, donde habló con los heridos.

Luego vino la reunión privada. Y los reclamos por la falta de coordinación derivada de la gran corrupción en el seno de las corporaciones policiacas.

Las autoridades castrenses expusieron que el propósito del ataque fue rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, el segundo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien presuntamente lo envió a la sierra con apoyos financieros y armamento para Aureliano Guzmán Loera, El Guano, quien encabeza la defensa de aquella zona contra los Beltrán Leyva.

Cuando le informaron al presidente que las policías estatales y municipales trabajan para el crimen organizado, él volteó a ver al secretario de la Defensa, quien respondió: “Sí. Ya tenía conocimiento de eso”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO/RÍODOCE.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/458028/enardecido-por-emboscada-a-militares-el-ejercito-se-despliega-en-badiraguato

Wikileaks revela el interior de campaña de Clinton: pugnas y preocupación por Sanders

Este lunes, el sitio Wikileaks filtró un intercambio de correos entre John D. Podesta, coordinador de campaña de Hillary Clinton y miembros cercanos de su equipo, detalló The New York Times.

Los mensajes ponen al descubierto que la demócrata comenzó a plantear su posible candidatura dos años antes del anuncio ofical, hecho en abril de 2015.

“El género será un gran campo y motivador de voluntades, pero no cerrará el trato”, escribió en 2014, Robby Mook, quien se convertiría en director de la campaña.

La filtración reveló, además, conflictos al interior del equipo demócrata, preocupación por una posible candidatura del vicepresidente Joe Biden y por el sorpresivo éxito de Bernie Sanders entre los jóvenes.

“El mensaje necesita ser más positivo, enérgico, esperanzador“, escribió un asesor a Podesta, tras el triunfo del nominado demócrata en la votación primaria de New Hampshire.

“Bernie está diciendo que podemos cambiar el mundo. El mensaje de ella es ‘No, no podemos, porque…'”, explicó.

En los correos también se detalla el enfrentamiento entre Chelsea Clinton, hija de la demócrata, y el asesor de alto nivel, Douglas J. Band, por los “límites borrosos” entre la Fundación Clinton y la consultora de Band, Teneo.

También se detalla el cuidadoso proceso de preparación detrás de cada mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Clinton. En una ocasión, cuatro asesores debatieron cómo redactar el tuit donde la demócrata habló por primera vez del uso de un servidor privado para sus correos.


Wikileaks ya había publicado una filtración previa de los correos de Podesta este viernes, en la que se detallaban discursos pagados de Hillary Clinton ante ejecutivos importantes de Wall Street. En estos encuentros, la demócrata alabó el sistema de “comercio abierto, fronteras abiertas”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mundo/wikileaks-revela-el-interior-de-campana-de-clinton-pugnas-y-preocupacion-por-sanders/

Pide Peña Nieto no regatear logros en materia de educación

Reconoce sin embargo, al inaugurar tres universidades tecnológicas, que todavía hay rezagos en la cobertura de educación media superior y todavía más en el nivel superior.

México ha logrado un gran avance en la cobertura de educación media superior, pues del año 2012 a la fecha, pasó de 68 a 79 por ciento, destacó este lunes en Ramos Arizpe, Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar tres universidades tecnológicas, el mandatario dijo que aunque todavía hay rezagos en la cobertura de la educación media superior y todavía más en el nivel superior, no se deben regatear los logros que ha obtenido su gobierno en el terreno de la educación.

Al aceptar preguntas de estudiantes de las universidades tecnológicas, recordó que la meta para el final de su gobierno es alcanzar 80 por ciento en la cobertura en nivel medio superior, para que los jóvenes encuentren mayores espacios de realización personal.

Afirmó que su gobierno busca ser un facilitador para que las próximas generaciones tengan más oportunidades para realizarse, tras señalar que ha habido resistencias de quienes estaban acostumbrados a otros paradigmas y recibir beneficios.

En este sentido, sostuvo que gracias a los cambios estructurales, cada vez son menos los jóvenes que migran a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir, y que desde hace cinco años, son más los mexicanos que regresan de esa nación por encontrar más oportunidades de realización en su país natal.

Acompañado por los secretarios de Educación, Aurelio Nuño, y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, el Ejecutivo federal subrayó que está decidido a no claudicar y mantenerse firme en seguir impulsando la transformación del país.


Luego de destacar las ventajas del modelo BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), Peña Nieto respondió preguntas de los estudiantes, algunas en inglés, acerca de las oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral nacional al terminar sus estudios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/pide-pena-nieto-no-regatear-logros-en-materia-de-educacion/

Familiares de desaparecidos de Coahuila reclaman a Peña en acto oficial

CIUDAD DE MÉXICO: Familiares de personas desaparecidas de Coahuila se manifestaron afuera de la Universidad Politécnica de Ramos Arispe, donde el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un acto oficial, y le reclamaron atención a la búsqueda de las víctimas.


“Queremos que nos escuche Peña Nieto, que se interese por esta exigencia de la localización de los desaparecidos que hay en Coahuila que son muchos y no hemos recibido respuestas ni del gobierno estatal ni del gobierno federal. Por eso estamos aquí con esta exigencia”, dijo Diana Iris, una de las inconformes, según el diario Vanguardia.

“Por una búsqueda incanzable (sic). Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, decían las pancartas que los manifestantes llevaron para llamar la atención del mandatario federal, pero el esfuerzo fue en vano.

Eran integrantes de las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) y de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) que libraron un filtro colocado por el Estado Mayor Presidencial y se instalaron sobre la carretera Saltillo-Monterrey.

No obstante, sólo se acercó personal del área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, de acuerdo con el diario local.

Los manifestantes demandaron la “identificación certera de los 458 cuerpos no identificados que están en fosas comunes y los más de 15 mil restos óseos (en resguardo de la Policía Científica y Procuraduría General de la República) que se han encontrado en los operativos realizados en los últimos años, sólo en nuestro estado”.

Mediante un comunicado, Fuundec aseguró que las familias de desaparecidos saben que la cantidad de evidencias “rebasa la capacidad de las instituciones responsables de la identificación y, por tanto, la necesidad de realizar convenios de colaboración con laboratorios e instituciones nacionales e internacionales que nos apoyen en esta importante tarea”.

Agregó que sus integrantes demandan “una Ley de Exhumaciones e Identificaciones de Personas Desaparecidas en Coahuila.

Según los manifestantes, hace 15 días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó la ciudad de Torreón y pactó una reunión para discutir el tema. Sin embargo, el encuentro no se ha realizado.


En contraste, este lunes en distintas avenidas de la capital de Coahuila fueron colocados anuncios espectaculares con el mensaje “Peña: Gracias por la paz”, acompañados del escudo nacional y el símbolo del gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458199/familiares-desaparecidos-coahuila-reclaman-a-pena-en-acto-oficial

Revelan que célula de Los Rojos asesinó a dos normalistas de Ayotzinapa

CHILPANCINGO, Gro: Los cinco presuntos asesinos de Jonathan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, ambos normalistas de Ayotzinapa, forman parte de una célula al servicio del grupo criminal Los Rojos que opera en esta capital, indicaron fuentes oficiales.

Incluso, las mismas fuentes consultadas por Apro señalaron que el jefe de esta banda es un sujeto identificado como La Niña, quien actualmente se encuentra prófugo junto a otros miembros de esta pandilla al servicio de la delincuencia organizada.

Este hecho contrasta con la versión del gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien asegura que la ejecución de los estudiantes se trató de un asalto cometido por delincuentes comunes a los que ahora les imputan varios atracos y el homicidio de al menos 13 personas en esta capital cometidos de agosto a septiembre, entre ellos dos universitarios, un juez de paz, un niño y un trabajador del Poder Judicial.

Incluso, uno de los inculpados –identificado como Israel– estuvo preso en la cárcel de esta capital acusado por robo simple y es cuñado de otro de los detenidos por el caso del múltiple crimen cometido el martes 4, abundaron las fuentes que pidieron el anonimato por seguridad.

Por su parte el juez de control Celso Ubaldo de la Sancha dictó prisión preventiva a cuatro de los cinco jóvenes acusados por la Fiscalía General del estado (FGE) de asesinar a dos normalistas de Ayotzinapa.

Durante la audiencia inicial realizada esta tarde en la primera sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), al sur de esta capital, también se concedió la ampliación del término legal para definir si los imputados quedan sujetos a proceso o son liberados por falta de elementos de prueba.

La prórroga legal fue solicitada por el agente del Ministerio Público del fuero común, argumentando que durante estos días va a realizar “investigaciones complementarias” para sustentar las acusaciones contra los presuntos homicidas.

Hasta ahora, las imputaciones de la FGE están basadas en la declaración de dos testigos identificados como el chofer de un vehículo de transporte público y el propietario de un auto particular que, tras el múltiple crimen ocurrido el martes 4 al oriente de esta capital, fue obligado a trasladar a los criminales a la colonia Sección Séptima, ubicada al extremo poniente, indicó la autoridad ministerial.

En la audiencia donde estuvo presente este reportero, el agente del Ministerio Público del fuero común desmintió la versión oficial del vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, quien afirmó que los delincuentes huyeron corriendo luego de asaltar y ejecutar a los dos normalistas, así como al profesor Juventino Carranza Tejacal.

Al respecto, el representante de la FGE señaló que los inculpados escaparon a bordo de “un auto tipo Tsuru” hacia la ciudad de Chilpancingo, llegaron a la colonia Ampliación Revolución y mataron al conductor de una unidad de transporte público identificado como Marco Antonio Organista Lorenzo.

Luego interceptaron al ahora testigo de la Fiscalía, quien se desplazaba en un auto negro tipo Sonic, y los cinco inculpados lo obligaron a que los llevara al otro extremo de la capital, donde finalmente escaparon.

Antes de esta afirmación de la autoridad ministerial sobre la mecánica de los hechos, la versión oficial del gobierno de Héctor Astudillo Flores ya había sido puesta en duda.

En la edición 2084 de Proceso que circula esta semana se publicó el reportaje titulado Asesinato de normalistas, “estrategia de exterminio”, donde un sobreviviente del asalto entrevistado por este reportero afirmó que los primeros baleados fueron los dos normalistas, quienes nunca opusieron resistencia. Añadió que los criminales huyeron en un auto azul y una camioneta roja, y no corriendo, como afirmó el gobierno estatal.

Por su parte, los cuatro inculpados identificados como Israel, Carlos, Ismael y Antonio fueron asistidos legalmente por dos defensores públicos, y durante la audiencia inicial se limitaron a escuchar las imputaciones del Ministerio Público y solicitaron la ampliación del plazo legal para preparar su defensa.

El juez de control que lleva este caso, Celso Ubaldo de la Sancha, es conocido porque en febrero pasado liberó por falta de pruebas a tres hombres acusados del secuestro y homicidio de la joven Anahí Ramírez Ambrosio, quien tenía 24 años cuando fue asesinada en marzo de 2015 en la colonia La Trinchera de la cabecera municipal de Huitzuco.

Entre los inculpados estaban dos familiares del exalcalde priista de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, durante el periodo 2012-2015.

Mientras que la situación del quinto inculpado se va a resolver en el sistema de justicia penal para adolescentes.

Las acusaciones de tortura

Esta mañana la esposa de Israel, uno de los cinco señalados como responsables en el crimen de los normalistas y la ola de violencia en esta capital, denunció que los agentes ministeriales incurrieron en actos de tortura y allanamiento de morada.

Dijo que la noche del viernes 7 agentes ministeriales irrumpieron de manera violenta en su domicilio ubicado al norte de esta capital y se llevaron por la fuerza a su marido, argumentando que sólo querían que los llevara a la casa de su cuñado Antonio –otro de los detenidos– y que al día siguiente lo iban a dejar libre.

No obstante, la mujer que cargaba a su hija de un año señaló que su esposo ya no regresó a la casa, pensó que había sido desaparecido y tres días después se enteró que estaba detenido al ver su foto en medios de comunicación.


La joven acudió esta mañana a la sede del Poder Judicial donde solicitó asesoría y señaló que su esposo ya había estado preso en la cárcel de esta capital acusado de robo simple, informaron fuentes oficiales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458250/revelan-celula-los-rojos-asesino-a-dos-normalistas-ayotzinapa

Investiga PGR más de 3 mil números telefónicos por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: La procuradora general de la República, Arely Gómez, afirmó que el expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue abierto y “se siguen concentrando todos los esfuerzos para esclarecer los sucesos” del 26 y 27 de septiembre de 2014, además de que se ha profundizado en el “rastreo” de llamadas entrantes y salientes de “más de 3 mil 220 números telefónicos”.

Entre esos números se encuentran los de los normalistas desaparecidos, los de diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de seguridad pública. “De hecho, se hizo una solicitud a las compañías telefónicas para que no fueran a borrar ninguno de éstos, porque ellos cada dos años borran y estamos en esto”, abundó.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, Gómez expresó su confianza en que este rastreo de llamadas dé resultados ministeriales pronto, y presumió que se ha cumplido con “93% de las 940 peticiones” realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero no especificó cuáles hacen falta.

“¿Por qué no se han cumplido? Porque hay alguna que está en la NASA, otra en el FBI, otra en el Departamento de Justicia. Y todo esto toma tiempo, pero las cumpliremos antes de que termine el año”, se comprometió Gómez al responder al senador David Monreal, del PT.

Sobre las últimas 20 recomendaciones, incluyendo el segundo informe del GIEI, la procuradora afirmó que “todas se están trabajando” y “todas se van a cumplir”.

Entre las acciones relevantes está la de seguir la línea de investigación sobre la policía municipal de Huitzuco. Han declarado 70 policías municipales y “se están indagando otros aspectos para verificar si hubo alguna intervención de ellos”.

En relación con la línea de investigación sobre El Caminante, como posible autor intelectual de los hechos ocurridos en Iguala, la procuradora afirmó que “estamos investigando la identidad de él, y este sujeto ya tenemos hoy que tuvo contacto con 11 policías de Iguala”.

Sobre las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gómez indicó que fueron aceptadas y se atienden en coordinación con esta institución.

Para el rastreo de llamadas, aseguró que se utilizan tecnologías “de última generación”, como es el sistema LIDAR para que, en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, se ubiquen posibles lugares en donde puedan localizar fosas clandestinas.

Gómez insistió a lo largo de su comparecencia que se realizan “acciones concretas” para proteger derechos humanos y abandonar prácticas que transgreden la ley. En el tema del arraigo, la procuradora informó que esta medida se redujo en 98% y que el número de testigos protegidos disminuyó en 94%.

Sobre los indicios de corrupción en la propia PGR, Gómez indicó que durante su periodo (1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016) se consignaron 156 averiguaciones previas por la comisión de presuntos delitos y se ejerció acción penal contra 209 personas.

Presumió que al 18 de junio pasado se alcanzó “el 100% de implementación del nuevo sistema de justicia penal”.

Durante el debate con los senadores, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, cuestionó a la funcionaria sobre las fosas clandestinas encontradas en Coahuila, con 3 mil 147 restos humanos, aparentemente enterrados por el crimen organizado.

La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, señaló como un acierto que Tomás Zerón saliera de la PGR porque es el artífice de “el gran error de la PGR de querer tergiversar lo que aconteció en Ayotzinapa y contra los 43 estudiantes”.

De la Peña preguntó también sobre los casos de Tanhuato, Tlatlaya, Nochixtlán, San Fernando, así como las recientes fosas clandestinas halladas en Coahuila.

Cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre los expedientes de los crímenes contra periodistas, Arely Gómez afirmó que la Fiscalía Especial de la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión contaba con 220 averiguaciones previas sin resolver y que las mismas se han ido presentando ante el juez.

“El hecho de que tengamos tan pocas consignaciones, también implica toda la normatividad que existe en el proceso penal y en el proceso a cuando uno ya presenta ante el juez la consignación”, explicó la procuradora.

Afirmó que la fiscalía especial ha incrementado en 26% el ejercicio de la acción penal y comentó que en los casos de homicidios a periodistas en Veracruz, “no todos los casos nos llegan a la Federación”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/458261/investiga-pgr-3-mil-numeros-telefonicos-caso-ayotzinapa

Presupuesto del INE, “racional y congruente” con situación del país: Lorenzo Córdova

Dijo que no hay margen para recortarlo "a menos que se quiera cancelar alguna de las áreas prioritarias" y que no pedirán dinero para nueva sede.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que el presupuesto que el organismo solicitó para el año 2017 “es racional y congruente con la situación que atraviesa el país” y que no hay margen para recortarlo “a menos que se quiera cancelar alguna de las áreas prioritarias”.

“El INE, en el presupuesto para 2017, ha pretendido actuar con mucha responsabilidad, entendiendo la situación del país, y se ha planteado un presupuesto con una disminución del cinco por ciento en términos reales respecto de lo que se pidió para 2016”, comentó.

“El INE no le jugó a presentar un presupuesto abultado para poder administrar eventuales recortes que le hicieran al mismo en la Cámara de Diputados”, agregó.

Córdova indicó que el instituto organizará cuatro elecciones locales el año próximo, entre ellas la del Estado de México, cuyo padrón es el más grande y en septiembre de 2017 comenzará con los preparativos de los comicios de 2018.

Con respecto a las obras de infraestructura que se construirán en las instalaciones del INE, como la edificación de dos torres, Córdova Vianello dijo que los recursos para ello corresponden al presupuesto de 2016.

“Eso es importante decirlo, ese dinero ya se autorizó, ya se entregó y se está ejerciendo, no se está pidiendo, ni vamos a pedir un peso más para la ampliación de la sede central del instituto”, aseguró.


Comentó que la construcción de los edificios tiene un propósito de racionalidad presupuestal, que es dejar de gastar alrededor de 100 millones de pesos anuales en rentas.

FUENTE: ARISTEGUI NTOCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/presupuesto-del-ine-racional-y-congruente-con-situacion-del-pais-lorenzo-cordova/

‘Los Zetas’, detrás de tragedias de San Fernando y Allende

El estudio, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, académico de El Colmex, pide buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas y que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias.

Las policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, estaban bajo el mando de “Los Zetas” cuando integrantes de esa organización criminal cometieron las masacres y desapariciones multitudinarias registradas en esos municipios durante los años 2010 y 2011, destaca un informe elaborado por El Colegio de México con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El reporte “En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, agrega que los alcaldes de ambos ayuntamientos eran figuras prácticamente decorativas o inexistentes, puesto que ninguna autoridad municipal alzó la voz o presentó algún tipo de denuncia para tratar de contrarrestar el control que ejercían “Los Zetas” sobre sus cuerpos policiacos.

El estudio fue coordinado por el académico Sergio Aguayo. A lo largo de un resumen ejecutivo y ocho anexos o reportes complementarios se reconstruye la actuación que tuvieron las diferentes autoridades antes y después de dos tragedias: 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición de al menos 42 personas en la localidad de Allende, Coahuila.

El documento exhibe principalmente las complicidades y debilidades de las autoridades municipales, pero también demuestra omisiones e indiferencia de los gobiernos estatales hacías las víctimas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no salen mejor parados, ya sea por la discrecionalidad del anterior ombudsman o por los graves conflictos internos que marcan la operación del segundo organismo autónomo.

El informe es muy claro en cuanto a la complicidad de las policías municipales en el caso de los 72 migrantes que fueron ejecutados en San Fernando por negarse a engrosar las filas de Los Zetas o en el caso de las 34 casas y fincas que fueron arrasadas en Allende por las disputas internas al interior de ese grupo delictivo. El secuestro y desaparición de familias enteras incluyó a mujeres y menores de edad. que llevaban el apellido Garza.

“En 2010 y 2011, los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías de San Fernando y a los 20 de Allende. Sin embargo, los agentes de involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar o combatir a los delincuentes”, apunta el informe.

En el documento también se advierte que los funcionarios municipales de ambas localidades incumplieron con su obligación de denunciar de forma inmediata los secuestros y desapariciones de decenas de personas dentro de sus territorios, dejando en el desamparo a las víctimas y a sus familias.


Los alcaldes de San Fernando y Allende argumentaron por separado que no contaban con ninguna información de las tragedias ocurridas dentro de los territorios que gobernaban en ese momento.

Omisiones e indiferencia de los gobernadores

El reporte elaborado por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México también hace señalamientos concretos sobre losgobernadores en funciones al momento de la tragedia: Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Jorge Juan Torres López en Coahuila.

Por lo que respecta a San Fernando, Tamaulipas, se indica que el entonces gobernador, Egidio Torre Cantú, se negó a reconocer la gravedad del problema y y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación y ya no realizó ninguna acción de prevención o de combate a la célula criminal de “Los Zetas” que operaba en ese lugar.

En el caso de Coahuila, el informe señala que el gobernador interino en 2011, Jorge Juan Torres López, actualmente prófugo por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos de América, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.

La Procuraduría General de Justicia de Coahuila solo ha dado por desaparecidas a 42 personas en Allende, pero una cifra extraoficial sobre este evento, proporcionada por un sicario que se convirtió en testigo protegido de la justicia norteamericana, habla de 300 víctimas, cantidad que incluiría a residentes de municipios colindantes como Piedras Negras, Múzquiz, Nava y Zaragoza en Coahuila.

El reporte agrega que la actuación del gobierno de Coahuila se modificó sustancialmente con la llegada a la gubernatura de Rubén Moreira Valdéz, quién se comprometió con las familias de las víctimas a investigar el caso.

La indiferencia de los ex gobernadores Egidio Torre y Jorge López para actuar en ambos eventos lleva al informe a cuestionar sobre la incompetencia o vinculación de sus respectivas administraciones con el crimen organizado, situación que se agrava por la falta de investigación de las procuradurías locales y las instancias federales que han intervenido.

Procuradurías omisas, descuidadas, lentas

El informe sobre el desamparo de las víctimas añade que las Procuradurías de Tamaulipas y Coahuila casi no han desarrollado labores de investigación para llegar a la verdad de los hechos, debido a que los fiscales se limitan a construir imputaciones en contra de los involucrados con el apoyo de pruebas testimoniales y confesiones autoinculpatorias.


Las omisiones de la procuraduría tamaulipeca incluyen un descuido evidente al momento de levantar y resguardar los cuerpos de los 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando, lo que dificultó la identificación de las víctimas y provocó errores al momento de entregar los restos a sus familiares.

Por lo que se refiere a la tragedia de Allende, el documento confirma que la Procuraduría de Coahuila no investigó de manera inmediata por la desaparición masiva de personas. En los días y semanas posteriores al hecho ocurrido entre el 18 y 20 de marzo del 2011, cuando se llevaron al mayor número de víctimas, las autoridades solo realizaron una visita ocular y recabaron un testimonio entre la población.

Las primeras declaraciones ministeriales y diligencias formales sobre este evento, se realizaron hasta el año 2014, es decir, tres años después.

La ineficiencia y falta de actuación no se limita sólo a los gobiernos municipales y estatales, puesto que en el caso de San Fernando, Tamaulipas, la comisión local de derechos humanos se negó a investigar los hechos de manera independiente. En el caso de Allende, fue la CNDH quien se negó a intervenir a favor de las víctimas, por lo que nunca ejerció su facultad de atracción para revisar posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

Debido a la deficiente actuación de gobernadores, organismos de derechos humanos y procuradurías, el reporte concluye que las víctimas de San Fernando, Tamaulipas, y las de Allende, Coahuila, no han recibido un trato adecuado a nivel municipal y estatal.

La pasividad del gobierno federal en Allende y San Fernando

Las tragedias de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, tuvieron lugar en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuyo nombre apenas aparece en el reporte del Colegio de México. Sin embargo, el documento sí advierte que la presencia del crimen organizado en ambas regiones fue producto de la omisión y pasividad de dependencias federales.

A pesar de esta primera conclusión, el estudio reconoce que existe un gran vacío sobre el papel que desempeñaron instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército Mexicano, por lo que el Colegio de México planea una segunda etapa de la investigación para tratar de entender la pasividad del gobierno federal frente al dominio de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas.

La CNDH tampoco sale bien librada en el informe, derivado de que si titular al momento de ambas tragedias, Raúl Plascencia, tardó tres años en emitir una recomendación para el caso San Fernando, excluyendo decenas de pruebas y autocensurando el alcance de su señalamientos; mientras que en el caso de las desapariciones forzadas de Allende hasta la fecha no ha iniciado una investigación sobre la violación a los derechos humanos de las víctimas.

“La CNDH no cumplió con su obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de investigarlas para contribuir a que hubiera justicia y reparaciones. Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013”, detalla el informe.


Una de las principales debilidades en el trabajo de la CNDH es que no se interesó en los vínculos del crimen organizado con la policía municipal de San Fernando, pese a que existen documentos y declaraciones de que al menos 16 agentes locales participaron en la masacre de los 72 migrantes, señala el reporte.

Por lo que respecta a Allende, se resalta que el organismo ni siquiera inició una investigación de oficio como ocurrió en San Fernando. La responsabilidad principal de las omisiones en que incurrió la CNDH se atribuye a su anterior titular, Raúl Plascencia, quien llegó al cargo muy cuestionado por diversos actores. El análisis añade que su sucesor en el cargo, Luis Raúl Gónzalez Pérez, tampoco ha dado continuidad a estas investigaciones.

Pero más allá de sus titulares, el informe cuestiona que la CNDH no haya ejercido su facultad de calificar como graves las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en San Fernando y Allende, decisión que habría dado a las víctimas y a la sociedad mayores recursos para exigir la verdad y obtener la reparación del daño a las víctimas.

“Nos parece ilógico que ni Raúl Plascencia ni Luis Raúl González hayan calificado como graves a San Fernando y a Allende. Lo hecho por los Zetas elevó el listón de las barbaries. El Estado ni previno ni actuó con la celeridad que se merecían ambos casos”, enfatiza el reporte.

Sobre el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se concluye que ha sido incapaz de dar buena atención positiva a las víctimas de San Fernando, mientras que a las de Allende ni siquiera las considera, puesto que no tienen ningún expediente sobre el segundo caso. Uno de sus problemas principales es la confrontación y división entre los comisionados, situación que se reconoce al interior del organismo.

Pese a todos los hallazgos negativos, el reporte concluye con tres recomendaciones básicas para mejorar la atención a las víctimas en el país: reestructurar a profundidad los organismos destinados a este fin como la propia CEAV, mejorar los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad para que haya mayor empatía entre las partes y favorecer la búsqueda de la verdad en todos lo casos de violaciones a derechos humanos.


Sólo con el cumplimiento de estos enunciados, señala el reporte, se podrán entender las lecciones dejadas por los casos de San Fernando y Allende, desde la penetración del crimen organizado en todos los sectores de la sociedad como ocurrió con Los Zetas, hasta la autonomía aparente de los alcaldes que responden más a los grupos delictivos que a los gobernadores de sus propios estados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/los-zetas-detras-de-tragedias-de-san-fernando-y-allende-informe-especial/

Venganza y chantaje político en la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.


Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIARDO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458129/venganza-chantaje-politico-en-la-sedena