CIUDAD DE MÉXICO: La Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza informó que al menos siete personas, seis de ellos mexicanos, han muerto a manos de agentes estadunidenses en supuestos incidentes de defensa propia desde 2010.
Se trata de José Antonio Elena Rodríguez, Guillermo Arévalo Pedroza, Juan Pablo Pérez Santillán, José Alfredo Yáñez Reyes, Ramsés Barrón Torres, Sergio Adrián Guereca y Carlos Lamadrid.
El pasado fin de semana, la organización constituida por familiares de personas que han perdido la vida a manos de los agentes fronterizos conmemoró el cuarto aniversario de la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, un adolescente de 16 años que fue acribillado a balazos en Nogales, en el estado mexicano de Sonora, por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a través de la frontera.
El joven fue recordado por cientos de activistas de derechos humanos que asistieron al “Encuentro en la Frontera”, una convergencia de tres días organizada en Nogales, Arizona, por el grupo “School of Americas Watch” (SOA Watch), para manifestarse en contra de la “militarización” de la región fronteriza, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia Notimex.
Elena Rodríguez murió la noche del 10 de octubre de 2012, después de terminar de jugar al baloncesto con los amigos de su barrio en Nogales.
El adolescente se dirigía caminando solo hacia su casa por la Calle Internacional, una vía que corre paralela a la valla que limita la frontera, cuando el agente Lonnie Ryan Swartz le disparó en 11 ocasiones a través de la cerca fronteriza.
Los disparos fueron efectuados desde una pequeña colina en el lado estadunidense que se eleva a una altura e 12 a 15 metros sobre nivel de la calle, de lado mexicano.
La autopsia mostró que casi la totalidad de las balas impactaron el cuerpo de José Antonio desde atrás. El adolescente falleció sobre la banqueta de la calle aproximadamente a cuatro cuadras de su casa.
Swartz fue acusado el año pasado de homicidio en segundo grado y su juicio está programado para iniciar el próximo 7 de noviembre en una corte federal de Tucson, Arizona.
Swartz también enfrenta una demanda civil interpuesta por la familia de Elena Rodríguez, bajo el argumento de que el agente fronterizo violó los derechos civiles del adolescente cuando disparó a través de la valla fronteriza de Nogales, causándole la muerte.
Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años, murió el 12 de septiembre de 2012 cuando celebraba el cumpleaños de su hija en un picnic familiar en la orilla del Río Bravo, en el lado mexicano, cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban vigilancia a bordo de una lancha patrullera le dispararon dos balazos, cuando presuntamente fueron atacados a pedradas por varias personas desde el lado mexicano.
Juan Pablo Pérez Santillán, de 30 años de edad, perdió la vida el 7 de julio de 2012, cuando fungía como vigilante en un puesto de observación para los migrantes que cruzan a nado el Río Bravo para ingresar a territorio estadunidense, cerca del puente internacional que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.
Agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararon desde el lado estadunidense, luego de que supuestamente fueron atacados a pedradas.
José Alfredo Yáñez Reyes de 40 años, murió el 21 de junio de 2011 en Tijuana, Baja California, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza que trataban de detener a tres hombres fueron atacados con piedras y palos por gente que intervino cerca del muro fronterizo para impedir las aprehensiones.
Los agentes dispararon y alcanzaron a Yáñez Reyes en la cabeza, provocándole la muerte. La familia presentó una demanda por homicidio culposo en una corte federal, que está en curso.
Ramsés Barrón Torres, de 17 años de edad, falleció el 5 de enero de 2011 en Nogales, Sonora, a manos de un agente que disparó a través de la valla fronteriza al lado estadunidense.
El agente de la Patrulla Fronteriza dijo que disparó contra gente que le lanzó piedras, pero familiares del joven aseguraron que él probablemente estaba cruzando la frontera para visitar a su novia en Nogales, Arizona.
El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos penales contra el agente. La familia no presentó una demanda civil.
Sergio Adrián Guereca, de 15 años, falleció el 7 de junio de 2010, cuando el agente fronterizo Jesús Mesa Jr. trató de detener a varios jóvenes que intentaban cruzar la frontera a través del lecho seco del Río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Mesa dijo que estaba rodeado de gente que le lanzaba piedras cuando disparó, le dio a Guereca en la cabeza y lo mató. Videos captados por varios testigos muestran a Mesa en un terraplén en el lado estadunidense sin estar rodeado o enfrentar amenaza alguna.
Los videos muestran que Guereca no estaba lanzando piedras cuando le dispararon. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra el agente fronterizo.
Una demanda civil presentada por la familia de la víctima fue desestimada por falta de jurisdicción por una Corte Federal de Texas.
Una séptima víctima, el estadunidense Carlos Lamadrid, de 19 años de edad, fue muerto por un agente de la patrulla Fronteriza de cuatro balazos en la espalda en la comunidad de Douglas, Arizona, el 21 de marzo de 2011, cuando subía una escalera para brincar el muro fronterizo y regresar a México.
El agente que disparó, identificado como Lucas Tidwell, no ha sido procesado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458318/agentes-la-patrulla-fronteriza-han-matado-a-seis-mexicanos-2010
CIUDAD DE MÉXICO: En la “revisión de rutina” que realizaron elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, en la sede de la Policía Ministerial de Culiacán, Sinaloa, a 35 elementos les aseguraron sus teléfonos celulares.
Según publicó el semanario Ríodoce en su sitio web, trascendió que durante las nueve horas que militares mantuvieron sitiado el inmueble, los 35 ministeriales fueron interrogados.
Las Fuerzas Especiales llegaron alrededor de las 18:30 horas a bordo de ocho patrullas con 50 elementos para realizar una revisión de rutina al padrón de armas de fuego que se extendió hasta las 3:30 de la madrugada de este martes, lapso en el que agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) habrían realizado el interrogatorio sin llevarse a ningún detenido.
Según Ríodoce, a los agentes se les preguntó dónde estuvieron durante la madrugada del 30 de septiembre, cuando fue emboscado el convoy militar donde cinco soldados fallecieron y 10 más resultaron heridos. A todos les confiscaron sus teléfonos y les solicitaron remover contraseñas con la promesa de regresarles los aparatos en 15 días.
El operativo
Alrededor de las 18:30 horas, desplegados sobre el bulevar Emiliano Zapata, los militares de los llamados GAFES bloquearon totalmente la vialidad lateral poniente-oriente, mientras los agentes ministeriales llegaban al recinto.
Algunos estaban francos, otros de permiso, algunos de servicio y otros uniformados; unos iban en sandalias y pantalones cortos, y algunas mujeres en leggins y ropa deportiva, otras iban con ropa casual pero todos entraron a la sede de la Policía Ministerial con sus armas en mano. Les dijeron que se trataba de una revisión de rutina.
En una hora el lugar se llenó de policías, militares y reporteros. El ambiente era tenso, reportó Ríodoce.
Durante el operativo, Héctor Ochoa Polanco, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Culiacán fue abordado por los periodistas pero se negó a hacer cualquier declaración.
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, titular de la Policía Ministerial se limitó a decir en un noticiero local: “Ellos puede hacer las (revisiones) que quieran, está en la ley”.
Hacia las 2:35 horas, un agente ministerial informó que en cuestión de media hora acabaría todo, y así fue. A las 3:00 horas salió un contingente de militares del interior del edificio.
En 10 minutos abandonaron la zona. Subieron a las patrullas militares y partieron rumbo al poniente sobre el bulevar Zapata.
El convoy regresó en 15 minutos, dos de los vehículos entraron por la puerta del inmueble y alrededor de las 3:30 horas volvieron a salir con los agentes de la SEIDO en su interior. Ninguna autoridad dio declaración sobre el operativo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458270/confiscan-celulares-a-35-ministeriales-durante-operativo-militar-en-culiacan
CIUDAD DE MÉXICO: Benjamín Grajeda Regalado, especializado en temas de seguridad, operaciones marítimas, antidrogas e inteligencia, fue nombrado nuevo titular de la División de Gendarmería, en sustitución de Manelich Castilla Craviotto, quien funge como Comisionado General de la Policía Federal.
Dentro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Grajeda Regalado fue titular del Grupo Técnico Operativo de Atención a Ciclos Productivos y Director General de Planeación y Logística en la División de Gendarmería.
Es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina Armada de México, institución en la que alcanzó el grado de Capitán de Fragata.
De acuerdo con un comunicado emitido por la CNS, el nuevo titular de la División de Gendarmería recibió especialización gerencial y operativa en temas de seguridad, tales como el Curso de Operaciones Marítimas y Antidrogas, impartido por el SEAL Team Four en Estados Unidos de América y el Curso avanzado de Inteligencia, impartido en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
Ha ocupado puestos directivos o de mando en órganos de gobierno e instituciones como la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Comandante o Segundo Comandante en diversas unidades de infantería en la Secretaría de Marina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458322/benjamin-grajeda-regalado-nuevo-titular-la-division-gendarmeria
Ciudad de México. Habitantes de Coyoacán clausuraron de manera simbólica las obras de construcción de dos torres de 20 pisos de altura, que albergarán alrededor de 300 departamentos de lujo, sobre la avenida Periférico Sur 5146, para exigir a las autoridades que se cancele este proyecto que agudizará el desabasto de agua en la zona.
Los manifestantes reclamaron al Sistema de Aguas de la ciudad México (Sacmex) dar la factibilidad de servicios a los nuevos desarrollos inmobiliarios, a pesar de la escasez del líquido que enfrentan.
“Desde hace mes y medio hemos tenido problemas graves en el suministro de agua, nuestras cisternas se vaciaron completamente, pides apoyo a todas las autoridades, pero nadie te hace caso, tuvimos que cooperarnos entre todos para comprar pipas en las que invertimos 10 mil pesos”, expuso la señora Belinda Patiño, de la unidad habitacional Villas del Pedregal.
A la falta de agua, añadieron, se suma los problemas de movilidad. “Sobre la lateral ya no hay horas pico, todo el tiempo están los asentamientos viales, no hay como entrar o salir”, exclamó Iraní Olmedo, otra de las vecinas.
Frente a las obras del desarrollo conocido como Be Grand Alto Pedregal, la constructora exhibe la manifestación de construcción y la resolución administrativa en materia de impacto ambiental.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/exigen-vecinos-de-coyoacan-alto-a-obra-inmobliaria
Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su página de internet el juicio intestamentario de 2003 –que promovió tras la muerte de su primera esposa, Rocío Beltrán, con quien se casó por el régimen de bienes mancomunados- y la escritura pública donde cedió desde 2005 todos sus bienes a sus hijos.
Los documentos los hizo públicos tras presentar una demanda por daño moral en contra del diario estadunidense The Wall Street Journal, el cual publicó que el presidente nacional de Morena no incluyó en su declaración patrimonial dos departamentos de la Ciudad de México.
Los contratos de donación y la adjudicación de bienes para José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán fueron hechos ante el Notario Público Número 27 de Villahermosa, Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
La primera cónyuge del líder de Morena poseía un predio rústico de alrededor de 16 hectáreas, ubicado en la ranchería “Francisco Javier Mina” del municipio de Teapa, Tabasco; un predio urbano con construcción de casa de 127.60 metros cuadrados, ubicada en el mismo ayuntamiento.
También era copropietaria, junto con su esposo, de otro bien inmueble de 160 metros cuadrados, ubicado en la zona de vivienda media de la Comisión para el Desarrollo Urbano “Tabasco 2000” y de los departamentos 301 y 302 del edificio con número 57 de la calle de Odontología, en la colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, Ciudad de México.
Andrés Manuel López Obrador y su primogénito José Ramón, como albacea de la sucesión intestamentaria de su madre, adjudicaron a Gonzalo la casa de “Tabasco 2000”; a Andrés Manuel, los departamentos de Copilco; y para José Ramón, el predio de la ranchería “Francisco Javier Mina” y la casa de Teapa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/amlo-publica-documentos-para-aclarar-donacion-de-bienes
CHILPANCINGO. Gro: El gobierno de Héctor Astudillo Flores elaboró un informe donde atribuye a 16 jefes criminales la ola delictiva que azota y mantiene postrada la entidad frente al narco.
El informe de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), en poder de Apro, refiere que estos grupos delictivos tienen presencia en cinco de las siete regiones de la entidad.
Los 16 presuntos delincuentes son definidos por la SSP, que encabeza el general brigadier en activo, pedro Almazán Cervantes, como “objetivos criminales relevantes”, “prófugos de la justicia” y señalados de “propiciar” la violencia e incidencia delictiva de alto impacto en Guerrero, refiere el informe oficial elaborado en agosto pasado.
Destaca el hecho de que algunos criminales tienen antecedentes de formación en las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas; otros se encuentran presos y la mayoría está confrontado por el control de las plazas.
No obstante, los jefes criminales señalados por el gobierno de Astudillo están unidos por una red de complicidades con políticos y empresarios en la entidad que ha sido exhibida públicamente.
El informe de la SSP del gobierno actual prácticamente coincide con un reporte elaborado en septiembre de 2015 por la Fiscalía General del estado (FGE), de la anterior administración que fue entregado al gobierno federal, como se dio a conocer a detalle en el reportaje publicado en enero pasado, titulado “En Guerrero, impunidad garantizada” (Proceso 2048).
A pesar de ello, Astudillo se ha caracterizado por expresar su respaldo en público a políticos vinculados con los líderes de las bandas delictivas señalados en su propio informe, como el caso del perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes de la banda de Los Ardillos, Celso y Antonio Ortega.
Así como el alcalde priista de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis, señalado por mandos castrenses como lavador de activos del grupo de Los Granados; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, vinculado con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, actualmente preso y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero de Los Beltrán Leyva en Acapulco.
Los responsables de la violencia
El informe de la SSP de la administración astudillista refiere que en el puerto de Acapulco operan nueve de los criminales plenamente identificados, entre ellos uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), José El Tete Galeana, preso desde 2013 en la cárcel de Las Cruces.
Así como miembros del grupo antagónico del cártel de los Beltrán Leyva, como el exmilitar, Víctor El Erizo Piza Nogueda, y el excomandante de la Policía Ministerial estatal, Juan Pita Calderón, quien estando activo en la corporación fue encarcelado en 2003 acusado por los delitos de secuestro y extorsión en agravio de un empresario procedente de República Dominicana identificado como Santiago Francisco Maldonado.
En la región Centro, el gobierno estatal ubica a dos delincuentes como los responsables de la violencia en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa identificados como Zenén Nava Sánchez El Chaparro, jefe de un reducto de la banda de Los Rojos; y Antonio Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos, afincado en el municipio de Quechultenango y hermano del expresidente del Congreso local y actual dirigente perredista, Bernardo Ortega.
El informe de la SSP indica que en la región Norte sigue operando el exsoldado y exsecretario de Seguridad del municipio de iguala, Felipe Flores Velázquez, pieza clave en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; así como Walter Deloya La Medusa, quien es considerado como jefe de plaza en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
Mientras que en la región de Tierra Caliente, refiere que los objetivos del gobierno de Astudillo son: Raybel Jacobo Almonte El Tequilero y Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga, jefe del grupo delictivo La Familia.
Ambos delincuentes tienen una larga historia documentada públicamente sobre sus nexos con políticos, policías y militares de la zona, así como también con empresarios de negro historial como Carlos Ahumada Kurtz, quien de acuerdo a fuentes oficiales es socio de Hurtado Olascoaga y propietario de la oscura minera Beneficiadora de Minerales Temixco, ubicada en el municipio Arcelia y que hasta la fecha sigue cerrada tras un secuestro masivo de trabajadores a finales de agosto.
El 20 de septiembre, Apro dio a conocer que desde la década de los ochenta, Ahumada Kurtz incursionó en el sector minero en Guerrero con el apoyo del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu. En aquella época, Ahumada instaló una planta de beneficio llamada La Suriana en el poblado de Achotla, municipio de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente de la entidad, indican reportes oficiales consultados por esta agencia.
Por su parte, la SSP afirma que en la región de Costa Grande opera Salvador El Chava Granados Vargas, afincado en el poblado de San Luis la loma de Tecpan de Galeana y vinculado con el actual alcalde priista de este municpio, Leopoldo Soberanis, quien desde 2013 ha sido acusado en reiteradas ocasiones por mandos de la Marina de presuntos nexos con el narcotráfico, quienes lo ubican como “lavador” de activos del grupo Los Granados.
No obstante, la jerarquía priista protege a Soberanis, quien incluso fue nombrado por el gobernador Héctor Astudillo como miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Estos son los 16 jefes criminales que de acuerdo al gobierno de Astudillo, son los responsables de la ola delictiva que azota la entidad que ocupa los primeros lugares en incidencia delincuencial.
A pesar que desde la pasada administración estatal, autoridades federales civiles y militares, así como las de Guerrero, saben quiénes, cómo operan y cuál es su ámbito de influencia, nadie detiene a los integrantes de estas bandas delictivas y la impunidad sigue en el gobierno de Astudillo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458298/astudillo-atribuye-violencia-en-guerrero-a-16-jefes-criminales
CIUDAD DE MÉXICO: Representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad Iberoamericana acusaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de “simular” transparencia y apropiarse de documentación relacionada con 14 casos graves de violaciones a derechos humanos que conmocionaron a México y al mundo entero.
Los señalamientos se hicieron en una sesión especial del pleno del INAI desarrollada en el Centro Cultural Tlatelolco, durante la presentación de la plataforma de internet www.memoriayverdad.mx.
La iniciativa surgió a partir de un acuerdo de colaboración entre el INAI y organizaciones como Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Durante la presentación, el comisionado Francisco Javier Acuña reconoció el espacio emblemático de Tlatelolco para presentar la plataforma destinada a divulgar información pública sobre “acontecimientos trágicos e intolerables, que nos acongojan”.
Acto seguido, Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, y Denise González, de la Ibero, revelaron en sus discursos que el INAI incumplió con los acuerdos previos de garantizar total transparencia en el manejo de la información, además de que excluyó de una lista original de 15 casos, el de la Guardería ABC al poner en duda de que se tratara de un asunto de graves violaciones a derechos humanos.
Los casos de los que se cuenta con alguna información en la plataforma se refieren a la Guerra Sucia, la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, la represión a normalistas de Ayotzinapa en 2011, las fosas de San Fernando de 2011, las fosas de Caderyta, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Apatzingán.
El criterio establecido para considerar inicialmente 15 casos fue que existiera una declaratoria de graves violaciones a derechos humanos emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) o un pronunciamiento del propio INAI.
Pérez Garrido fue la primera en señalar que la plataforma “no cumple a cabalidad con los objetivos delineados hace un año”. Además, dijo que el proyecto tiene “irregularidades”, lo que resulta relevante en el actual contexto político de crisis de derechos humanos, con “150 mil muertos, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados, de lo que poco se sabe en un país con 98% de impunidad”.
Denise González anunció que la Ibero no firmaría la declaratoria de lanzamiento de la plataforma, en tanto que emplazó a los comisionados a “convocar al grupo de participantes para recuperar los ideales del proyecto original”.
Ana Cristina Ruelas explicó que de las mil 300 solicitudes de información de ciudadanos que llegaron al INAI relacionadas con 15 casos, en 50% de las respuestas de las instituciones del Estado “no dicen nada o declaran la inexistencia de información o reserva de la misma”. El resto, dijo, “es información fragmentada que requiere de un contexto o de otros documentos para ser útil en la construcción de verdades”.
La representante de Artículo 19 para México y América Central contó que ante la falta de información pública útil, las organizaciones que confiaron en el INAI consiguieron al menos 266 archivos fotográficos y dos terabites de documentos digitalizados del Archivo General de la Nación (AGN) que la semana pasada fueron bajados de la plataforma www.memoriayverdad, bajo el argumento de la protección de datos personales.
Al señalar que del archivo fotográfico entregado, sólo 13 fotos se conservaron en la plataforma, Ruelas reveló que toda la información del Caso ABC en su conjunto fue bajado del portal, una vez que los comisionados del INAI consideraron que la muerte de 49 niños obedeció “a un accidente por causas fortuitas”, a pesar de que la SCJN señaló que se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Aun cuando los comisionados admitieron el sentido de la opinión de la SCJN, insistieron en quitar la información con el argumento de que “habían recibido algunas solicitudes expresas de víctimas indeterminadas” para que no se hiciera pública la documentación.
“INAI tiene miedo”
En entrevista posterior, Ana Cristina Ruelas dijo que toda la información obtenida por las organizaciones civiles quedó en manos del INAI y ahora “no se puede ver” bajo el alegato de protección de datos personales.
Agregó que en una primera etapa se hizo un “barrido de 20 mil solicitudes de información de 2003 a la fecha que ha recibido el INAI, de las cuales se seleccionaron tres mil 800; de ellas, mil 300 están relacionadas con los 15 casos y dos mil 500 con las temáticas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, información tampoco está en la plataforma”.
Entonces, explicó que “la idea es emplazar a los comisionados, no queremos tener una ruptura con el INAI, lo que queremos es que cumpla con principio de la plataforma, además de que la institución debe ser garante de transparencia y deben de desclasificar archivos, asunto en el que sólo el INAI está facultado. Queremos que permanezca en el proyecto”.
Para la directora de Artículo 19, los comisionados del INAI “tienen miedo” y han decidido “formar parte del sistema político de ocultamiento. Les interesa más complacer a los funcionarios públicos que a los sociedad”.
En un comunicado firmado por las organizaciones y la universidad participante en la plataforma, explicaron que además del tema de la Guardería ABC, los comisionados incurrieron en “el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de datos personales, que configura una manea de censura”, al prohibir la difusión de fotografías y videos, así como “una actuación opaca del Instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos”.
Añadieron que “las divisiones políticas y burocráticas que aquejan al Instituto se reflejaron en una torpe coordinación del mismo para cumplir acuerdos”, en tanto que “las decisiones unilaterales y opacas del Pleno amenazaron el proyecto en más de una ocasión”.
Las organizaciones insistieron en hacer un llamado al INAI y a sus comisionados para retomar el camino trazado “y traducir en hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a derechos humanos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458334/acusan-al-inai-simular-transparencia-en-casos-violacion-a-derechos-humanos
El año pasado la Comisión Federal de Electricidad otorgó a la consultora Bain and Company dos contratos para elaborar un plan de negocios a cinco años y “acompañar” la transición de empresa eléctrica de Estado a empresa productiva del Estado. Lo raro es que meses antes había defendido públicamente la reforma energética porque así más compañías podrían “aportar su experiencia” al sector. Finalmente, éste le aportó a la consultora casi 500 millones de pesos en dos contratos, otorgados por la CFE de Ochoa Reza sin licitación.
CIUDAD DE MÉXICO: La revista Forbes de México publicó, el 7 de abril de 2015, un artículo de Juan Carlos Gay, Rodrigo Rubio y Eduardo Hütt, socios de la empresa de consultoría Bain and Company, en el que combatían los “mitos” sobre la reforma energética, a la que elogiaban:
“Después de décadas en que México operó en uno de los marcos regulatorios más restrictivos para las industrias petrolera y eléctrica, las reformas aprobadas generarán nuevas oportunidades, no sólo para México y sus 123 millones de habitantes, sino también para compañías del sector privado, nacionales y extranjeras, que ahora podrán aportar su capacidad, tecnología y capital al sector energético.”
Sabían lo que escribían: un mes antes, el 4 de marzo, la empresa de su propiedad había firmado un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 16 millones de pesos con el fin de elaborar su plan de negocios para los próximos cinco años, que entregaron en sólo seis semanas.
Y unos meses después, en octubre del año pasado, la CFE, que entonces encabezaba Enrique Ochoa Reza, entregó a esa misma empresa otro contrato por 33.4 millones… de dólares.
El tipo de cambio de ese mes fue de poco menos de 15 pesos por dólar, de manera que el monto del contrato ascendió a 475 millones 488 mil pesos. Los dos contratos, otorgados por Ochoa Reza por asignación directa –sin licitación–, suman casi 500 millones de pesos.
Fue un negocio redondo para Bain and Company: con el primer contrato elaboró el plan de negocios de la CFE, y con el segundo lo implementó como parte del Programa de Transformación de esta empresa del Estado tras la reforma energética. Así, una entidad pública se puso en manos de una empresa privada.
En sólo ocho meses de este año, de enero a agosto, la CFE pagó 308 millones 740 mil pesos con 20 centavos a la empresa, correspondientes al segundo contrato, que según la documentación oficial concluirá en diciembre de 2016…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458297/ochoa-reza-otorgo-jugosos-contratos-sin-licitacion
Familiares de los estudiantes que aparecieron muertos el 7 de octubre en Veracruz, denuncian las autoridades no investigaron las llamadas de los jóvenes, ni les entregaron todos los videos que registraron las cámaras del C-4 en la zona donde se les vio con vida por última vez.
El pasado 7 de octubre las autoridades de investigación confirmaron la noticia que, otra vez, pone el foco en el estado de Veracruz como una de las entidades mexicanas con mayores problemas de violencia en el país. Ese día, la Fiscalía General del Estado informó que, tras varios días de labores de búsqueda, encontró los restos de tres jóvenes universitarios que habían desaparecido el 29 de septiembre en el municipio de Boca del Río.
Se trata de un nuevo caso de desaparición y asesinato de jóvenes en la entidad que gobierna Javier Duarte, aunque no ha sido el único en lo que va de año. Ya en enero de este 2016 cinco jóvenes atrajeron la atención del país tras sufrir una desaparición forzada a manos de policías estatales en Tierra Blanca. Mientras que en el mes de abril otros tres jóvenes fueron desaparecidos por la policía local en Papantla.
En este nuevo caso, las autoridades tardaron unos días en dar con los jóvenes sin vida, pero familiares denuncian negligencias en las tareas de investigación, como que aún no se hayan entregado todos los videos de las cámaras de vigilancia de la zona donde desaparecieron. En Animal Político te exponemos las claves del caso.
Desaparecieron rumbo a un centro comercial
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los jóvenes Génesis Urrutia, de 22 años; Leobardo Arroyo, de 24; y Octavio García Baruch, de 22, desaparecieron el 29 de septiembre, cuando sus familiares dejaron de tener contacto con ellos, situación que denunciaron el 1 de octubre.
Según versiones de los familiares, los tres jóvenes desaparecieron mientras se dirigían a un centro comercial en Boca del Río, luego de que estuvieran en casa de Génesis.
El cuarto joven desaparecido
Ese mismo día, la Fiscalía abrió una investigación paralela sobre el caso del joven Andrés García Aguilar, cuya desaparición podría estar también ligada a la de los tres jóvenes, puesto que también ocurrió el 29 de septiembre.
Descartan secuestro, apuntan al crimen organizado
El 4 de octubre, tres días después de la denuncia de los familiares, el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, descartó el secuestro como móvil de la desaparición de los jóvenes, puesto que no existió una exigencia de rescate a cambio de su libertad. En cambio, el fiscal anunció que involucraría en la investigación a la Procuraduría General de la República (PGR) “por existir elementos posiblemente vinculados con delincuencia organizada”.
¿Y las últimas llamadas? Las lagunas en la investigación
Familiares denunciaron que hasta el momento no les han entregado la sábana de las últimas llamadas que hicieron los jóvenes.
Esbeidy Arroyo, hermana de Leobardo Arroyo, explicó en entrevista con Animal Político que durante los primeros días de la investigación solicitaron a la Fiscalía el registro de llamadas del teléfono celular de su familiar, “para checar cuál fue su última ubicación antes de desaparecer”.
“Pero las sábanas de las llamadas de mi hermano nunca llegaron”, lamentó Esbeidy. “Y en ese entonces, cuando mi hermano aún estaba desaparecido, era un dato muy importante para nosotros, porque con la triangulación de los teléfonos podíamos obtener un perímetro donde poder empezar a buscarlos, ya que no sabíamos ni por dónde empezar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/videos-desaparecen-llamadas-sin-investigar-las-claves-del-caso-los-3-jovenes-asesinados-veracruz/
Según el estudio del Colmex, el operativo para la desaparición masiva y coordinada de personas en Allende fue una venganza de dos líderes del cártel de Los Zetas, en complicidad con policías municipales.
En el municipio de Allende, Coahuila, más de 300 personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre enero de 2011 y agosto de 2012, a manos del Cártel de Los Zetas, como parte de un operativo selectivo de exterminio.
El número se trata de una especulación, de un dato no confirmado, que fue difundido por las mismas personas que perpetraron estas acciones. El “operativo” criminal para la desaparición masiva de familias en Allende, por el contrario, es un hecho innegable.
A la fecha, sólo 42 de esas desapariciones forzadas han logrado ser documentadas. Sin embargo, existen fuertes indicios de que las víctimas son muchas más de las cuantificadas formalmente, y que el área afectada trasciende las fronteras del municipio de Allende.
Sólo en un fin de semana, del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas se llevaron a 26 personas, todas de la misma familia, de apellido Garza. El resto de las víctimas documentadas comparten, en su mayoría, el mismo apellido.
Las víctimas fueron extraídas de sus viviendas por comandos de Los Zetas, sin importar si tenían relación o no con los supuestos traidores, sólo por llevar el apellido Garza, y no hubo distingos: raptaron a hombres, mujeres, niños, adultos mayores, e incluso a amigos y empleados.
En otros casos, las víctimas fueron secuestradas por elementos de la Policía Municipal, para entregarlas después al grupo delictivo.
Luego de raptar a las víctimas de sus viviendas, los inmuebles fueron incendiados y algunos demolidos con maquinaria pesada por personas al servicio de Los Zetas, que antes había ordenado a los bomberos del municipio no atender ningún llamado de auxilio.
La venganza
Según el estudio En el Desamparo, publicado el domingo 9 de octubre por El Colegio de México, y que analiza la averiguación previa iniciada a nivel estatal por estos hechos, el operativo para la desaparición masiva y coordinada de personas en Allende fue una venganza de dos líderes del cártel de Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, en contra de tres desertores de la organización a los que consideraban traidores.
Las familias de los desertores (que hoy son testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos) fueron objeto de la venganza, que implicó la toma de localidades enteras para poder raptar a las víctimas previamente seleccionadas de sus casas, lugares de trabajo o en la vía pública.
Este operativo criminal, según la averiguación previa, duró al menos 14 meses, dejó más de 40 viviendas destruidas y a sus moradores desaparecidos.
Se presume que las 26 personas raptadas entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 fueron asesinadas en dos de los ranchos de la misma familia Garza, y luego sus cuerpos incinerados. Sobre el paradero de las restantes 16 personas desaparecidas entre enero de 2011 y agosto de 2012 no se tiene ninguna pista.
La magnitud de estos hechos, el número de víctimas y la complicidad de autoridades locales, sin embargo, no fueron suficiente motivo de interés para las autoridades federales, por lo que las investigaciones del caso quedaron, y así se mantienen hasta la fecha, en manos del gobierno estatal… y durante los siguientes tres años a partir de los hechos prácticamente nada se hizo.
Tal como destaca el estudio de El Colegio de México, coordinado por Sergio Aguayo, las autoridades ministeriales de Coahuila sólo acudieron a Allende en 2011 en una ocasión, para realizar una “visita ocular”, sin obtener ningún dato relevante, y sin recabar evidencias físicas.
Lo único que reportaron los dos agentes que en esa ocasión acudieron al municipio de Allende fue que, tal como señalaba la denuncia recibida, al menos seis inmuebles habían sido afectados con disparos de arma de fuego en sus fachadas y con rastros de fuego. Luego, los dos agentes se retiraron del lugar.
No fue sino hasta el año 2014 que a Allende llegó el primer perito ministerial, para intentar recuperar muestras forenses, pero luego de tres años de deterioro y falta de resguardo, sólo pudo hallar 66 fragmentos de hueso no reconocibles, y 68 piezas dentales, en los puntos en los que supuestamente fueron incinerados los cuerpos de algunas víctimas.
Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna acción orientada a determinar la identidad de las personas a las que corresponden dichos restos.
“El expediente de la averiguación previa –destaca el estudio del Colmex– demuestra que la investigación no se llevó a cabo de acuerdo con los estándares internacionales aplicables a graves violaciones a derechos humanos, ni tampoco los aplicables de forma específica a casos de desaparición forzada.”
La primera denuncia de las desapariciones selectivas, de hecho, es ejemplo de la poca eficacia de las autoridades estatales: “En la primera denuncia, presentada dos meses después de los hechos, había un claro señalamiento sobre la desaparición de un gran número de personas, a manos del grupo criminal de Los Zetas. Asimismo, se indicaba la ubicación de restos calcinados de una persona, en un rancho. A pesar de esta información tan grave, las autoridades ministeriales no actuaron de forma pronta para buscar a la familia del denunciante”.
Peor aún: pocos meses después de reportar las desapariciones, la denunciante fue también raptada y desaparecida.
Lectura ampliada
A pesar de que durante 2012 siguieron recibiendo denuncias sobre desapariciones selectivas, sólo hasta 2014, con un nuevo gobernador (Rubén Moreira) las autoridades de Coahuila emprendieron realmente labores de campo para intentar determinar la identidad y el paradero de las víctimas desaparecidas en Allende, lo que llevó a la captura de tres policías municipales que confesaron haber participado en la desaparición de integrantes de la familia Garza, incluidos menores de edad, por órdenes de Los Zetas.
Pese a ello, destaca el estudio del Colmex, la investigación tampoco alcanza en esta segunda fase los estándares deseados y, hasta la fecha, algunos puntos identificados por vecinos de la zona como lugares en donde asesinaron e incineraron a víctimas, siguen sin ser revisados por el Ministerio Público.
De hecho, el estudio destaca que “el expediente se compone casi en su totalidad de declaraciones testimoniales y ministeriales, y no existe un mayor trabajo de investigación”.
El expediente judicial, además, tampoco contempla “un análisis del contexto en el que ocurrieron las desapariciones, ni de los patrones sistemáticos que permitieron y explican su comisión”, esto, a pesar de que “desde una perspectiva más amplia, las dimensiones de la tragedia son mucho mayores (…) la venganza cubrió el norte de Coahuila, donde allende sería sólo uno de los municipios afectados (…) con una duración mayor a marzo de 2011, con un mayor número de criminales involucrados y, sobre todo, de víctimas”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/desaparicion-masiva-en-allende-coahuila-quedo-en-el-olvido-institucional-colmex/
Después de leer a Dostoievsky afirmar que si Dios no existiera todo estaría permitido, Jean Paul Setre reflexionaba sobre el desamparo en el que está envuelta la existencia humana. Su conclusión era tan contundente como angustiante: “el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre”.
Poco ganaríamos debatiendo si Dios existe o no, lo que es indiscutible es la condena social que tenemos de reinventarnos como seres humanos, en lo individual y en nuestros diferentes colectivos. Entonces, la pregunta clave se responde con el resultado de esa condena. El informe “En el desamparo” que presentaron de la mano el Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no podría tener mejor título. Revela la opacidad de expedientes judiciales, la niebla que cubre las masacres pero sobre todo, la negligencia del Estado. Hace evidentes las formas en las que el hombre se ha ido inventando.
Con la pluma de los Dr. Sergio Aguayo y el especialista en derechos humanos Jacobo Dayan, se describe la brutalidad de dos tragedias: Allende, Coahuila (marzo del 2011) en donde coincidieron cientos de desapariciones forzadas y San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010) en donde se perpetró el asesinato masivo de 72 migrantes. Lo dicen con todas sus letras: estos dos hechos fueron perpetrados por la organización criminal de Los Zetas.
Después de una revisión exhaustiva de expedientes encontraron un sinfín de contradicciones por parte de las autoridades implicadas en la investigación. Para el nivel de violencia experimentado en San Fernando, nos ofrecen cifras escalofriantes que efectivamente demuestran que “ese municipio tamaulipeco, era en 2010 un campo de exterminio”. Comparan el 2009 en el que se presentaron casi 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, con el 2010 en donde los homicidios se incrementaron a 100.5 por cada 100 mil habitantes.
Los autores del informe demuestran como las averiguaciones en el caso de Allende replican las debilidades típicas del sistema penal mexicano, de modo que las investigaciones se reducen a presentación de testigos que den testimonios inculpatorios. Advierten entonces las consecuencias de no poder probar la veracidad de los dichos: “No hay precisión para determinar los hechos, es complicado asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparación del daño a las víctimas”.
Otra de las evidencias documentadas en este Informe, es el papel del Estado como perpetuador de la impunidad y por lo tanto como operador de complicidad. Uno de los obstáculos que debieron sortear fue el acceso a la información, en donde les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, así como por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Coahuila y el CEAV les proporcionaron acervos de los hechos, encontraron omisiones y errores garrafales.
El informe describe omisiones por parte del Estado en el seguimiento de las dos tragedias. Por lo que respecta a los hechos de Allende, la CNDH durante la administración de Raúl Plasencia “hizo una investigación sobre la masacre, pero nunca se interesó por entender el papel jugado por la policía y los gobiernos municipales”. Nos relatan después cómo fue que el Gobierno de Estados Unidos a través del cónsul se interesó por las fosas clandestinas tras los rumores de que dos de los cuerpos correspondían a ciudadanos estadounidenses. De aquí se deriva la conclusión de que hubo colaboración directa de policías municipales con los zetas. A esto se suman una nota escueta de la SIEIDO que parafrasea a un delincuente “Los policías y agentes de tránsito de San Fernando ayudaban a la organización de los zetas”.
La narrativa de las investigaciones obligó a los autores del Informe a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué papel jugaron los gobiernos locales, el Gobierno federal y los organismos autónomos de derechos humanos?
En su respuesta, señalan las negaciones y la ineficiencia de Torre Cantú en Tamaulipas y las omisiones e insuficiencias del Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila. Concluyen que “las víctimas de San Fernando y en, menor medida, las de Allende no recibieron el trato adecuado de parte de los gobiernos de los estados”. Por lo que se refiere a la CNDH afirman que no cumplió con sus obligaciones para prevenir la violación de derechos humanos. En actos constantes de autolimitación favoreció la impunidad de los crímenes. En el caso del Gobierno federal, se preguntan cuál fue la racionalidad tras la pasividad ante el control ejercido por los zetas en esa zona. No hay datos que la justifiquen.
El desamparo de las víctimas y sus familiares rebasó el abandono y se consolidó en omisiones voluntarias que inevitablemente nos hacen sentir en carne propia el miedo, la angustia y la desolación que implica carecer de protección y defensa cuando los criminales tienen de su lado a las autoridades. ¿Son sólo los habitantes de Coahuila y los de Tamaulipas quienes viven a expensas del crimen y la obcecación de las autoridades? ¿Hay algún camino para impedir la institucionalización de este desamparo?
Por lo pronto, este informe es un diagnóstico elaborado desde la academia y la sociedad civil que da luz para que, condenados a inventarnos a nosotros mismos, reconstruyamos un Estado que ampare la vida y arrope los derechos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAITE AZUELA (OPINIÓN).
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102573
Un cráneo fue dejado junto con un pedazo de pastel sobre una caseta telefónica ubicada en la colonia Los Picos en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, lo que generó temor entre algunos vecinos de la zona.
El hallazgo ocurrió durante la mañana de hoy en la casilla que está ubicada en la esquina de las calle Eje 5 Sur, Santa María la Purísima de la colonia Los Picos.
La osamenta, dejada junto con un pedazo de pastel, estaba en dos bolsas: dentro de una de color negro cubierta con otra de color blanco de una cadena de restaurantes. Algunos vecinos, indicaron que vieron el bulto desde temprano, pero fue hasta que el cráneo quedó descubierto cuando lo reportaron a la policía municipal.
Agentes preventivos acordonaron la escena. Personal de Servicios Periciales acudió para el levantamiento del resto, confirmó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102766
Organizaciones de Coahuila calificaron el hallazgo de tres mil 500 restos óseos en el ejido Patrocinio como un campo de exterminio y exigieron a los gobiernos federal y de Coahuila informar qué pasó en ese lugar, quiénes son los responsables de esta masacre y de quiénes son los restos localizados ahí. Homero Ramos Gloria, Procurador de justicia estatal, señaló a Los Zetas como los autores de los asesinatos y desaparición de cuerpos. Pero, como en su momento con la masacre de Allende, no parece muy proclive a aceptar lo que dicen las familias: que esos campos fueron escenario de una tragedia humanitaria de grandes dimensiones.
Organizaciones y colectivos que buscan a personas desaparecidas en Coahuila calificaron el hallazgo de tres mil 500 restos óseos en el ejido Patrocinio como un campo de exterminio y exigieron a los gobiernos federal y estatal identificar los fragmentos encontrados y explicar qué pasó en ese lugar y quiénes son los responsables de esa masacre.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila aseguró en un comunicado que las osamentas fragmentadas encontradas en el ejido de Patrocinio, municipio de San Pedro, estaban con “un alto grado de carbonización y calcinación” y pertenecían sólo a tres personas.
Sin embargo, este martes, Homero Ramos Gloria, Procurador de justicia estatal, dijo que habían encontrado seis perfiles genéticos en el terreno. es decir, al menos ya reconoció otros tres cuerpos.
En entrevista para Despierta con Loret, el funcionario dijo quePatrocinio “es un paraje muy solitario”. Explicó que la zona donde se encontraron los más de tres mil restos humanos abarca un área de cinco hectáreas.
“En el terreno se han realizado siete visitas de trabajo conjuntas entre las autoridades”, explicó.
Indicó que las investigaciones han arrojado fracciones de restos óseos de 5 o 6 milímetros y molares de personas. “Hay evidencia de que algunas fueron combustionadas”, mencionó.
El Procurador estimó que podría haber entre tres y seis perfiles genéticos más entre los tres mil restos de huesos. Señaló a Los Zetas como los autores de los asesinatos y desaparición de cuerpos en el terreno de Patrocinio.
El funcionario dijo que tienen conocimiento de tres lugares que se usan para la desaparición de cuerpos en Coahuila: Piedras Negras, Allende y Patrocinio.
Dijo que hay 27 autoridades detenidas por los hechos y 17 más se encuentran en proceso.
Es decir, ya dio por investigado y concluido el caso.
Silvia Ortiz, representante y líder del Grupo Vida en Torreón, consideró que el Estado busca minimizar los hallazgos de restos óseos encontrados, pues sin ir lejos, agregó, el pasado domingo hallaron dos colmillos, dos muelas y 9 piezas dentales en un nuevo operativo de búsqueda en el lugar.
“Que chinguen a su madre”, expresó Ortiz en entrevista para Vanguardia cuando se le preguntó por la postura del Gobierno del Estado respecto que los presuntos restos humanos pertenecen únicamente a tres personas.
“Son una cantidad de restos que se han recogido en diferentes puntos del ejido que no pueden ser de tres personas nada más”, dijo Silvia Ortiz.
Sobre las declaraciones del subprocurador de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, respecto a que la mayoría de los probables responsables estarían muertos o detenidos, Silvia Ortiz exigió que le presentaran a los detenidos y dieran nombres.
En una entrevista para Univisión, la señora Ortiz y su esposo Óscar Sánchez Viesca, ambos padres de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, “Fanny” – quien desaparecieron en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 4 de noviembre de 2004–, declaró que desde hace más de un año realizan recorridos en Patrocinio y han denunciado a las autoridades los restos óseos que han encontrado.
“Nosotros desde hace más de un año hemos venido a este ejido de El Patrocinio, aquí ya hemos hecho 14 búsquedas de campo y hemos entregado a las autoridades muchísimos restos óseos… hemos denunciado el horror de este campo de exterminio y hasta un año después es que no están escuchando”, narró al medio Óscar Sánchez Viesca.
El Patrocinio, de acuerdo con una investigación de Univisión, es un ejido que por muchos años fue ocupado por Los Zetas para literalmente deshacerse de sus víctimas de múltiples y dolorosas maneras.
“En una extensión de aproximadamente dos kilómetros de largo y 80 metros de ancho se extendió el horror, ya que el canal de riego ubicado en la zona fue utilizado para verter los restos humanos que este grupo delictivo sin piedad deshizo durante años sin que ninguna autoridad se lo impidiera”, expone el medio en una nota firmada por Darwin Franco.
Iris García, miembro de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), declaró que los restos encontrados en Patrocinio representan un campo de exterminio y puso en duda la capacidad de la Policía Científica para identificarlos.
“Nos queda la duda de que todos estos hallazgos se los lleva la Policía Científica de Coahuila porque no tienen capacidad para identificar. Se están amontonando en bodegas estos fragmentos con el riesgo de perder evidencias y contaminar los hallazgos, se comprometieron a hacer convenios con laboratorios internacionales para aligerar la identificación de estos hallazgos que han recolectado”, dijo al diario Vanguardia Diana Iris García, miembro de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
No es la primera vez que se acusa a los hermanos Moreira, Rubén y Humberto, de esconder las dimensiones de la tragedia en Coahuila. Con 11 años en el poder, los dos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen una fuerte conexión con el actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE. SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102735
Durante el mandato de Jorge Herrera Caldera (2010-2016) la deuda se disparó y ahora hay un quebranto financiero, acusó el secretario de Finanzas de Durango.
Durango tiene una deuda de 14 mil 995 millones de pesos, y ante el quebranto financiero se pedirá ayuda al gobierno federal, indicó la administración del mandatario estatal José Aispuro Torres.
En un comunicado, el gobierno de Aispuro indicó que con el ex gobernador priista Jorge Herrera Caldera las obligaciones financieras de la entidad crecieron 500%.
“El ex gobernador Jorge Herrera Caldera (2010-2016) de manera irresponsable dejó comprometido el presupuesto de la entidad hasta el año 2038 y endeudó a los duranguenses por 14 mil 995 millones de pesos, el equivalente a cuatro sexenios”, indicó el secretario de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina.
De aquí a diciembre, agregó, el gobierno de Durango “enfrentará compromisos financieros por un monto superior a los 4 mil millones de pesos y de éstos sólo el 50 por ciento está disponible en las arcas del erario”.
Esto, dijo Díaz Medina, generará de entrada un déficit de 2 mil 064 millones de pesos.
“Vamos contra todos los responsables del quebranto financiero”, mencionó.
“Por indicaciones del gobernador Aispuro Torres, se ha iniciado una revisión detallada de la actuación de los servidores públicos en todos los niveles de la Administración Pública Estatal”, agregó.
Ante el nivel de deuda, el gobierno estatal informó sobre tres medidas:
1.- Solicitar al gobierno federal recursos extraordinarios para hacer frente a las obligaciones financieras.
2.- La realización de una revisión detallada sobre las empresas que están reclamando pagos, e iniciar un proceso de renegociación con las instituciones financieras.
3.- Priorizar el uso adecuado del gasto, y aplicar un programa de austeridad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/durango-15-mmdp-deuda-aispuro-caldera/
En un año, el gobierno de Javier Duarte desvió recursos que superan los 14 mil millones de pesos; auditores descubren nuevas empresas inexistentes, facturas falsas y supuestos beneficiarios de cobijas y despensas que nunca recibieron los apoyos.
El gobierno de Javier Duarte repitió hasta 2015 el mismo patrón para desviar recursos: contratos a empresas fantasma, adquisición de supuestos productos para poblaciones marginadas o damnificadas que nunca llegaron a sus beneficiarios, emisión de facturas que amparan operaciones falsas.
La auditoría de la Cuenta Pública 2015 de Veracruz descubrió que el año pasado se desviaron más de 400 millones de pesos con este modus operandi, que coincide plenamente con el utilizado en 2012, 2013 y 2014 para desaparecer casi mil millones como lo documentó Animal Político en un reportaje publicado en mayo pasado.
De acuerdo con el Informe de Resultados de la auditoría entregado por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) al Congreso Estatal –y del que este medio tiene una copia–, este es uno de los múltiples desvíos de recursos detectados en al menos 27 dependencias y seis partidas de fondos federales y locales bajo la administración de Javier Duarte.
El monto total de todo el quebranto en 2015 en Veracruz supera los 14 mil 300 millones de pesos, cantidad que sobrepasa –por ejemplo– el presupuesto total del estado de Tlaxcala en 2016, que fue de 14 mil 262 millones de pesos; también representa casi la totalidad de recursos que tendrá la PGR en 2017: 15 mil millones de pesos.
El Informe de la ORFIS detalla la falta de comprobación del gasto de miles de millones de pesos que representan un posible fraude a la Hacienda Pública veracruzana.
De los 14 mil 322 millones presuntamente desviados en Veracruz, el 98.3 por ciento corresponde a recursos cuya administración o reparto eran responsabilidad de la administración de Javier Duarte; el dinero restante, poco más de 200 millones, son probables desvíos en 57 municipios.
La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz recibió el pasado viernes, 7 de octubre, el informe de resultados con las anomalías detectadas. Una vez que sea revisado y aprobado, se dará luz verde al ORFIS para que imponga las sanciones correspondientes y las denuncias contra los funcionarios que resulten responsables.
8 de cada 10 pesos de la Sedesol Veracruz con irregularidades
En su revisión de la cuenta pública 2015, los auditores detectaron posibles desvíos en cinco secretarías. El mayor desfalco corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz: supera los 403 millones de pesos. En promedio hubo irregularidades en 8 de cada 10 pesos revisados en Sedesol Veracruz.
El desfalco está relacionado con recursos que Sedesol-Veracruz reporta haber invertido en beneficio de poblaciones marginadas o afectadas por fenómenos naturales, pero que la investigación arroja que no es verdad o no es posible de comprobar.
Por ejemplo, los auditores revisaron tres facturas por un monto de 36 millones cuyos conceptos fueron la compra de 200 mil cobertores y 55 mil despensas. Los documentos de comprobación de Sedesol indicaban que estos productos fueron repartidos a beneficiarios de once municipios pero cuando se acudió a verificar, los pobladores negaron haber recibido algo.
Además, las facturas que amparan esas compras resultaron falsas pues no estaban registrados y/o avaladas por Hacienda.
Dentro de estas mismas adquisiciones, la auditoría descubrió que en los domicilios fiscales de 10 de las empresas contratistas no existe en realidad la empresa ni el representante legal. Hay 30 contratos en donde no existe ninguna evidencia de que beneficiarios recibieran los supuestos apoyos.
Esta mecánica de irregularidades coincide con las reveladas en una investigación de Animal Político publicada en mayo pasado correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, donde se detectó que Sedesol Veracruz dio más de 40 contratos a empresas fantasma por conceptos como cobijas materiales o despensas, sin que haya pruebas de que beneficiarios los recibieron. Por estas irregularidades el ORFIS ya presentó una denuncia penal.
En la revisión de la Cuenta Pública 2015, el reporte de los auditores también arroja un desvío superior a los 800 mil pesos en el Fideicomiso FONDEN Veracruz destinado a la adquisición de apoyos para población damnificada. Las irregularidades están relacionadas a pagos duplicados a proveedores relacionados con emergencias por lluvias.
Millonario desfalco en pensiones
De los desvíos detectados en dependencias y organismos estatales más de la mitad –2 mil 943 millones– corresponden a irregularidades en el Instituto de Pensiones del Estado.
De acuerdo con el informe oficial, se detectaron 12 irregularidades distintas en el manejo de los recursos en este instituto cuya misión es garantizar el pago de sus pensiones y jubilaciones a los trabajadores retirados. La revisión abarcó el 60 por ciento de los recursos del instituto.
El probable fraude de mayor cuantía se ubica Fideicomiso del Fondo de Reserva F/745357, diseñado para garantizar el apoyo y préstamo económico a los trabajadores. Ahí simplemente hay un faltante de dos mil 700 millones de pesos sin que exista una justificación aparente.
A esto se suman un traspaso de 180 millones de pesos que se debió hacer al Instituto de Pensiones tras la firma de un convenio el 25 de agosto pasado, sin que eso haya ocurrido.
El reclamo por la falta de pago a los pensionados ya ha generado diversas manifestaciones públicas en los últimos meses. Por citar un ejemplo, el pasado 1 de agosto cientos de pensionados marcharon en Xalapa para presentar una denuncia penal en la Fiscalía del Estado por demoras de más de seis meses en los pagos.
Luego del Instituto de Pensiones el mayor desfalco se ubica en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz en donde solo en 015 se detectó un posible fraude por más de 430 millones de pesos. Si se toma en cuenta que se auditó el gasto de 541 millones de esta secretaría, significa que hubo irregularidades en 8 de cada 10 pesos revisados.
Fraude en deudas y apoyos federales
El reporte del ORFIS destaca un daño patrimonial superior a nueve mil millones de pesos vinculado con el manejo de seis partidas específicas a cargo del gobierno estatal central de Veracruz. El monto más significativo corresponde a seis mil 136 millones relacionados con el financiamiento de la deuda pública de la entidad.
De acuerdo con los auditores la administración de Duarte adquirió diversos créditos con bancos privados para cubrir los adeudos pero no existe evidencia documental de a donde fue a parar el dinero
“Asimismo, no fueron presentados los expedientes de la planeación, ejecución, control y supervisión de la aplicación de los recursos obtenidos en los créditos señalados para inversión pública productiva, por lo que no existe certeza que los créditos hayan sido aplicados para los fines en que fueron autorizados por el H. Congreso del Estado” indica el informe de la auditoría.
A esto se suma también mil 439 millones de pesos de recursos etiquetados para el pago de múltiples proveedores pero de los que no hay comprobación al respecto.
El gobierno de Veracruz no solo registra opacidad en sus recursos propios sino también en los federales que le correspondería aplicar o repartir. Por ejemplo, el ORFIS reporta que la administración de Javier Duarte no ha confirmado el destino de 504 millones de pesos de subsidios federales destinados al fortalecimiento de los municipios.
Por otra parte, los auditores detectaron un faltante de más de 146 millones de pesos también de recursos federales que el gobierno estatal debió destinar para apoyar programas de salud, educación, desarrollo social, infraestructura, entre otros.
A esto se suman casi diez millones de pesos más relacionados con distintos retiros y operaciones bancarias y con efectivo cuyo destino no pudieron comprobar en las auditorías los funcionarios de Veracruz.
Daño en múltiples frentes
El informe del ORFIS reporta además de los casos mencionados, el posible daño patrimonial por recursos faltantes en 20 instancias más. En el caso de las secretarías, además de la de Desarrollo Social se descubrieron irregularidades en el manejo de recursos en las secretarías de Educación, Infraestructura y Obras Públicas, Finanzas y Planeación y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.
Los auditores también registraron posibles desvíos en seis fideicomisos estatales entre ellos el que se puso en marcha para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 en donde se registran faltantes por casi dos millones de pesos.
Entre los 16 órganos descentralizados en donde el ORFIS reporta desvíos figuran el Instituto Veracruzano del Deporte, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, los Servicios de Salud de Veracruz, el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, entre otros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/duarte-veracruz-empresas-fantasma-desvio-recursos/
