Tras la publicación del reportaje "EPN y los San Román: una amistad a costa del erario", el Gobierno mexiquense y la filial de la constructora en México se adjudicaron la propiedad de las máquinas de barreras móviles vendidas a través de una empresa propiedad de un amigo de Enrique Peña Nieto.
El gobierno del Estado de México y la empresa OHL México afirmaron, por separado, que son los legítimos propietarios de dos máquinas de barreras móviles que fueron adquiridas por la compañía de origen español para coadyuvar en la construcción del Viaducto Bicentenario.
La contradicción entre las autoridades mexiquenses y la constructora OHL se dio en diferentes correos electrónicos enviados a Aristegui Noticias con motivo de la elaboración del reportaje “EPN y los San Román: una amistad a costa del erario”, el cual documenta que la familia San Román Dunne creó una empresa con el fin de revender maquinaria a OHL al doble de su precio original, para utilizarla en el Viaducto Elevado.
En un correo enviado la noche del domingo por el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, Alejandro Echegaray Suárez, a Aristegui Noticias, se afirma que el sistema integrado por dos máquinas para colocar barreras móviles, tal y como se publicó en el reportaje, “pasó a ser propiedad” del gobierno estatal debido a la figura de contraprestación”.
La nota aclaratoria agrega que las dos máquinas que integran el sistema de gestión de tráfico ya está en manos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), un organismo descentralizado creado en 2001 para el manejo de la infraestructura de comunicación en dicha entidad federativa.
“El sistema de gestión del tráfico pasó a ser propiedad del Gobierno del Estado de México debido a la figura de contraprestación, una vez que el SAASCAEM reconoció la inversión del sistema de gestión de tráfico, y es el Gobierno del Estado de México quien puede utilizarlo en las vialidades que considere necesario para ayudar al mejoramiento del tráfico en la entidad”, explicó el gobierno de Eruviel Ávila.
Por su parte, OHL México afirmó que la adquisición del sistema de gestión de tráfico vehicular se hizo con recursos de la propia constructora, por lo que ambas maquinarias son de su propiedad. El correo electrónico fue enviado a Aristegui Noticias el pasado 27 de septiembre, previo a la publicación del reportaje.
“OHL México no ha realizado ninguna venta de dichas características al Gobierno del Estado de México. Esta fue una inversión realizada por parte de la empresa con recursos propios y son propiedad de la misma”, explicó la filial mexicana de la empresa.
Las dudas sobre la propiedad de las dos máquinas de barreras móviles no sólo se derivan de las contradicciones entre ambas partes. La propia maquinaria tiene los emblemas de la empresa contratista y de las autoridades locales en uno de sus costados.
En uno de los extremos, se pueden observar los círculos tricolores y el slogan “Compromiso, gobierno que cumple” que caracterizaron a la administración de Enrique Peña Nieto como Gobernador. En el otro extremo, se puede observar el logotipo de una figurilla prehispánica que forma parte de la imagen corporativa de OHL México.
El lunes, este medio envió una serie de nuevas preguntas al Gobierno de Eruviel Ávila y a OHL México, pero no se obtuvo respuesta.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/edomex-y-ohl-se-contradicen-ambos-se-atribuyen-maquinas-del-viaducto-elevado/
En un correo electrónico enviado a Aristegui Noticias, el Gobierno mexiquense confirmó los puntos revelados en el reportaje "EPN y los San Román: una amistad a costa del erario", aunque dejó varios cuestionamientos sin responder.
El gobierno del Estado de México envió un correo electrónico a Aristegui Noticias en el que confirma cada punto presentado en el reportaje EPN y los San Román: una amistad a costa del erario, publicado este domingo.
El comunicado, firmado por Alejandro Echegaray Suárez, coordinador general de Comunicación Social, incluye cinco puntos y una serie de fotografías de las máquinas, exactamente las mismas que se presentaron en el material periodístico.
Aristegui Noticias presenta los cinco puntos y algunas precisiones editoriales:
“1. La compra del sistema de gestión de tráfico fue realizada por la empresa OHL y no por el Gobierno del Estado de México; se hizo a petición de la autoridad para buscar alternativas que ayudaran a mitigar el tráfico en vialidades de la entidad”.
Así lo afirma el reportaje: la compra la hizo OHL, no el gobierno estatal. El objetivo de las barredoras era “operar desde el inicio de la construcción y como parte del proyecto en su primera etapa”, como dicen las bases de licitación del viaducto elevado y no “buscar alternativas que ayudaran a mitigar el tráfico en vialidades de la entidad”, como ahora dice el comunicado.
“2. Ni el Gobierno del Estado de México ni el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) conocen ni conocieron quiénes son los dueños de la empresa que vendió el sistema de gestión de tráfico, conocido como Barrier System, a la empresa concesionaria OHL”.
Precisamente, el reportaje revela que Barrier System de México fue la empresa creada por un integrante de la familia San Román, cercana al presidente Enrique Peña Nieto en su vida personal, para vender el sistema al doble de su precio original.
“3. En la nota se hace referencia a la compra de un equipo a la empresa Barrier System de México SA de CV; sin embargo, le informo que fueron dos los sistemas de barreras que fueron adquiridos, mismos de los que le anexo fotografías.”
El reportaje indica claramente que el sistema está integrado por dos máquinas. El gobierno mexiquense usa los mismos términos (sistema, para referirse a las dos máquinas) en el punto cuatro de su comunicado.
“4.- El sistema de gestión del tráfico pasó a ser propiedad del Gobierno del Estado de México debido a la figura de contraprestación, una vez que el SAASCAEM reconoció la inversión del sistema de gestión de tráfico, y es el Gobierno del Estado de México quien puede utilizarlo en las vialidades que considere necesario para ayudar al mejoramiento del tráfico en la entidad”.
El gobierno mexiquense no aclaró cómo se implementó la figura de contraprestación; aunque la convocatoria dice claramente que el sistema se utilizará para el Viaducto Bicentenario, que es una concesión para “construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento”.
“5.- Actualmente se analizan opciones para utilizar el sistema de barreras móviles, tanto en el Circuito Exterior Mexiquense como en otras vialidades donde se tienen las necesidades y condiciones para su operación, como se hizo en el Bulevar Manuel Ávila Camacho (Periférico norte), utilizándolo durante la construcción del “Viaducto Elevado” para apoyar el flujo vehicular en la zona.”
En su respuesta, el Gobierno no argumenta por qué en 2009 modificó el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense para otorgar a OHL un monto adicional de hasta 500 millones de pesos para adquirir sistemas de control de tráfico requeridos para otra obra, es decir, para la construcción del Viaducto Bicentenario. No queda claro el sustento legal para ligar dos concesiones diferentes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1110/mexico/gobierno-del-edomex-confirma-reportaje-sobre-pena-ohl-y-los-san-roman/
MORELIA, Mich: Un call center de presuntos delincuentes que se dedicaban al secuestro virtual y era operado desde diferentes centros penitenciarios, fue desarticulado por elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), adscrita a la Procuraduría de Michoacán, en coordinación con sus homólogos de Tamaulipas y del Estado de México.
En el operativo se pudo rescatar a una michoacana enganchada que fue a dar hasta el estado de Tamaulipas mediante amenazas de los supuestos criminales y obligada así a mantenerse oculta en una vivienda.
Los ministeriales michoacanos trabajaron en el caso y esto los llevó hasta la referida entidad fronteriza, después de rastreos, incluso, en el Estado de México.
Hay tres reos probables responsables de dicha actividad delictiva.
Las autoridades michoacanas, tamaulipecas y mexiquenses descubrieron entonces que se trataba de secuestros virtuales que eran dirigidos desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Tamaulipas.
En esa cárcel ubicaron a tres internos que presuntamente encabezaban los secuestros virtuales y les aseguraron una importante cantidad de chips para celulares que usaban para la referida actividad delincuencial.
La víctima fue rescatada sana y salva durante el sábado anterior, en una casa ubicada justamente en Tamaulipas, donde tenía cerca de 40 días encerrada. La agraviada fue regresada con sus familiares en Michoacán, quienes denunciaron desde un principio la situación.
Ante lo ocurrido, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) exhortó a la gente a colgar el teléfono ante llamadas de cualquier número desconocido, aunque sea una lada local, toda vez que los delincuentes ya consiguen chips con ladas del estado para realizar el secuestro virtual pues así las víctimas no desconfían del número.
“En el secuestro virtual todo se puede evitar no respondiendo a números desconocidos o colgando una llamada”, subrayaron contactos allegados a la PGJE, y precisaron que se deben establecer códigos de seguridad en la familia para prevenir este tipo de ilícitos, como por ejemplo no permitir que menores de edad contesten llamadas, no brindar información personal a desconocidos y no dejarse llevar por llamadas hechas por “el tío”, “el padrino”, “el abuelo”, etcétera sin antes cerciorarse de que en realidad se trata de un pariente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458305/rescatan-a-joven-victima-secuestro-virtual-fue-llevada-michoacan-a-tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO: Con el objetivo de evitar su detención, Alma Delia Lira Sotelo, hermana de los presuntos narcotraficantes Alfonso El Atlante y Javier El Carnicero, presos en 2014 y 2015, respectivamente, presentó una demanda de amparo ante un juez federal de Baja California.
El juicio de garantías promovido por Alma Delia, señalada de ser operadora financiera del Cártel de Sinaloa en la frontera, fue radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en Tijuana, bajo el número 1504/2016, de acuerdo con información publicada por Zeta.
La mujer reclama de jueces penales de distrito una posible orden de detención en su contra y la ejecución que de la misma pudiese efectuar la Procuraduría General de la República y otras autoridades.
También señaló como acto reclamado la ficha (sanción administrativa) realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para congelar sus bienes o prohibirle relaciones comerciales o financieras en ese país, de fecha 23 de septiembre de 2016.
Según Zeta, la acción del gobierno estadunidense de incluir a Alma Delia Lira Sotelo y sus hermanos en la lista de cabecillas y empresas del narcotráfico ocurrió un año después de que publicó un reportaje en el que se señalan las actividades de lavado de dinero que realiza el Cártel de Sinaloa en Tijuana.
Junto con Omar Guadalupe Ayón Díaz, a Alma Delia se le vincula con el Centro Cambiario Titán, además de otras casas de cambio ubicadas en el fraccionamiento El Florido, en la Zona Este de la ciudad, en el Bulevar Insurgentes y otras establecidas sobre el Bulevar Agua Caliente.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expidió a nombre de la mujer la clave de identidad financiera 0CCBI0.
El juez de amparo que conoce de la petición de garantías formulada por Delia Lira le concedió la suspensión provisional del acto reclamado consistente en la posible orden de detención, a cambio de exhibir la cantidad de 5 mil pesos, mismos que ya fueron depositados a través de Bansefi.
Por otra parte, se le negó la suspensión provisional del acto reclamado a las autoridades estadunidenses.
La quejosa autorizó para representarle en el juicio de amparo al profesionista Humberto Valdez Ramos, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En tanto, el juzgador señaló el 3 de noviembre próximo para el desahogo de la audiencia constitucional.
Los hermanos de Alma Delia se encuentran presos. Alfonso El Atlante fue capturado en Zapopan, Jalisco, en septiembre de 2014, y El Carnicero en septiembre de 2015 en Baja California. A ambos se les señaló de ser líderes de una de las células que opera junto con la organización de Los Antrax en el control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos y lavado de dinero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458302/solicita-amparo-operadora-financiera-del-cartel-sinaloa-en-tijuana
OAXACA, Oax: El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, un policía y tres habitantes de Zimatlán fueron retenidos por gente armada de San Sebastián Nopalera, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Por esta razón se suspendieron los trabajos técnicos, debido a que “no hay las condiciones” en el área de conflicto entre la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, lo que ha dejado por lo menos 13 muertos, 70 heridos y decenas de desplazados.
Apenas el lunes 3 el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, se comprometió a acudir a la zona para buscar una solución definitiva al lío agrario y este martes se presentó una comisión de la Junta de Conciliación Agraria, de la Defensoría y ambas comunidades.
Sin embargo, alrededor de las 11:30 se suscitó una balacera en la agencia municipal Torralba de Juárez, perteneciente a San Sebastián Nopalera, por lo que la comisión se replegó a la comunidad de Zimatlán.
En la balacera la gente de Nopalera logró llevarse retenido al visitador de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, a un policía y a tres habitantes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
En septiembre pasado el agente municipal de Zimatlán, Hugolino Samuel Jiménez Hernández, denunció que un comando de San Sebastián Nopalera atacó a su comunidad, incursión violenta que dejó un muerto y dos heridos que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese atentado falleció Rubén Jiménez García, de 26 años.
Tras el ataque resultaron heridos Ana Magdalena Sánchez Medina, de 43 años, y Alberto Bautista Sánchez, de 35.
Las autoridades municipales acusaron a Flavio Sosa Villavicencio y Efraín Solano de ser los autores intelectuales de este ataque armado, ya que son asesores de la comunidad de San Sebastián Nopalera.
De igual forma, pidieron que la PGR mande a citar a ambos señalados por la desaparición forzada de Eleazar Asunción Sánchez Hernández, de 18 años; Marcelino Pedro Hernández Jiménez, de 39; Francisco Jiménez García, de 37, y Eufrosino Macario Hernández García, de 45 años.
A su vez, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, denunció que por el incumplimiento del gobierno mexicano a las medidas cautelares que emitió la CIDH se reavivó el conflicto entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.
Los residentes de ambos poblados coinciden en que por el burocratismo del gobierno estatal y la omisión de la Secretaría de Gobernación se rompió un acuerdo que poco a poco venían construyendo.
Las autoridades de Zimatlán denunciaron que el gobierno mexicano se comprometió a resolver el problema de la tenencia de la tierra, sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano Agrario Territorial y Urbano y el gobierno estatal no han cumplido.
Finalmente, los inconformes exigieron que el gobierno mexicano dé cumplimiento a los acuerdos que se comprometió ante la CIDH, según consta en la medida cautelar MC-102-10.
Por su parte, el agente municipal de Nopalera, Claudio Santiago Jiménez; el presidente de bienes ejidales Maximino Ramírez Bautista, y el de bienes comunales Hilario Caballero Bautista denunciaron que a pesar de poner voluntad y perseverancia para llegar a un acuerdo de paz duradero y definitivo, “hoy vemos con tristeza y frustración cómo la incapacidad y apatía del gobierno del estado terminó en una balacera”.
Mientras que integrantes de Comuna Oaxaca y autoridades auxiliares de Nopalera acusaron continuas agresiones armadas de un grupo paramilitar priista de Zimatlán.
El conflicto se recrudeció en 2009 y a la fecha ha dejado 13 personas fallecidas y unas 70 lesionadas, la mayoría de Nopalera, manifestaron.
Según los habitantes de Nopalera, desde diciembre de 2015 se encuentran aislados por gente de Zimatlán, debido a que abrieron con maquinaria una zanja, a fin de que no pudieran salir de la comunidad sus residentes, por lo que para efectuar diversos trámites deben utilizar caminos alternos y más lejanos al centro poblacional de Putla.
Y recordaron que hace tres años Nopalera aceptó dividir el ejido en disputa y ceder una parte a Zimatlán, e incluso había un convenio entre las partes, pese a que éste no se había formalizado ante las autoridades federales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458340/grupo-armado-retiene-a-cinco-personas-por-conflicto-agrario-en-oaxaca
Los diputados del PAN presentaron una denuncia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para que se investigue el uso de recursos públicos en el Estado de México con fines electorales, luego de que se denunciara la entrega de 6 mil tarjetas bancarias en Huixquilucan, Estado de México, por parte de la Sedesol. Los panistas le dijeron al Presidente Peña Nieto que “saque las manos” de las elecciones en la entidad que ha sido gobernada durante 80 años por el PRI y que el próximo año tendrá comicios para cambio de Gobernador. Mientras que el PRD y Morena exigieron el cese del titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda.
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le exigieron al Gobierno federal que “saque las manos” del proceso electoral del Estado de México y exigieron el cese de Luis Enrique Miranda Nava de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Lo anterior luego de que se diera a conocer la entrega de tarjetas bancarias y despensas a pobladores de Huixquiulucan, Estado de México, a través de la Sedesol.
“Le exigimos al Gobierno Federal que saque las manos del proceso electoral del Estado de México, que no se involucre, que no use mal el recurso público con este fin”, dijo el coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés Mendoza.
El panista denunció que a través de Luis Miranda Nava, titular de Sedesol, se está recurriendo a las viejas prácticas priistas que buscan retener el poder con dádivas a los ciudadanos “están entregando despensas, que están entregando tarjetas con recursos y que están operando políticamente, como ya lo hicieron con anterioridad”, aseguró Cortés Mendoza.
El PAN presentó una denuncia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que se investigue el uso de recursos de los programas sociales, que, acusaron, son usados como propaganda electoral y no con el objetivo que debería perseguir: apoyar a los ciudadanos en situación de pobreza.
“Le pedimos al Gobierno Federal que deje que, de forma libre, sean los mexiquenses los que decidan el futuro de su estado y no sea a través del uso de los programas sociales y de los recursos públicos; por eso denunciamos a Luis Miranda, porque no sabe de combatir la pobreza, pero sí sabe de operar políticamente”, dijo el coordinador de la bancada panista.
PRD Y MORENA PIDEN RENUNCIA DE MIRANDA NAVA
A su vez, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga demandó el cese del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y calificó como un hecho “grave” la intromisión de los gobiernos federal y estatal en el Estado de México.
Y anunció que presentarán una denuncia ante las autoridades estatales y advirtió que el Sol Azteca “no permitirá que la elección del Edomex se convierta en una elección de Estado”.
Agregó que se dijo en su momento, que era una mala señal que envió el Presidente al nombrar a Luis Enrique Miranda al frente de la Sedesol, “se esperaba que el operador político de la campaña de Peña Nieto llegaría a utilizar a la dependencia como una instrumento electoral para repartir dádivas, y lamentablemente hoy se confirma”.
Reiteró que se presentarán las evidencias recabadas a la autoridad para que ésta determine la sanción que corresponda.
Desde que se dio a conocer el nombramiento de nava Miranda al frente de la Sedesol fue duramente criticado por la oposición que vio en él un operador político más que un funcionario interesado en ayudar a los funcionarios más desprotegidos.
Legisladores de Morena coincidieron en la exigencia de que el Presidente Enrique Peña Nieto “saque las manos” de la elección en el Estado de México y que Luis Miranda Nava renuncia a su cargo en la Sedesol si quiere ser operador político del PRI.
César Cravioto Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exigió: “Bueno, un funcionario público no puede ser las veces de operador político de un partido, si quiere que renuncie a la Secretaría, además de ajustarse a las reglas electorales. No pueden andar repartiendo despensas en un proceso tan importante como la elección del Estado de México”.
Pidió además que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga su trabajo y verifique las acciones de los partidos. “El INE en lugar de andar pensando en hacer nuevas torres para sus oficinas, que se ponga a verificar lo que está pasando en el Estado de México”, consideró.
Por su parte, Rocío Nanle García, coordinadora de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, lamentó la designación de Miranda Nava y exigió que el Presidente Peña Nieto saque las manos del Estado de México. “Es lamentable que Enrique Peña Nieto haya designado a Miranda en Sedesol, porque no garantiza como funcionario equidad y buen desempeño en esa institución. Debe sacar las manos del Estado de México y dejar de actuar como operador electoral”, dijo la legisladora a SinEmbargo.
El domingo pasado, el diario Reforma reportó que el PRI regaló 6 mil tarjetas bancarias, con 2 mil 750 pesos, como parte de un “apoyo” en el evento Feria Integral de Servicios en Huixquilucan.
El acto fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Francisco Guzmán, y por el Gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, la cual, de acuerdo al primero, por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se debe atender como prioridad.
Además hubo distribución despensas de Diconsa, acciones que Francisco Guzmán aseguró, nada tienen que ver con algún acto electoral.
“Es un trabajo permanente donde ha sido siempre público el trabajo en equipo del Gobierno estatal con el Gobierno de la República”, dijo el funcionario.
El medio detalló que los beneficiarios procedentes de Huixquilucan, Naucalpan, San Juan Totoltepec, Nicolás Romero y Valle de Chalco, principalmente, arrobaron al evento en micros y camiones.
Ahí, se proyectó un video con un mensaje del Presidente de la República.
“Para mí es muy importante que sepas que me siento muy orgulloso de ser tu paisano y de seguir trabajando por el Estado de México, que tanto queremos. Sumando esfuerzos con el Gobernador Eruviel Ávila hemos incrementado recursos que se invierten en nuestro estado en acciones a favor de nuestra gente”, dijo el Mandatario en el video.
Mensaje que reafirmó Guzmán, a través de la orden de Peña Nieto le dio: “Y él me dijo: ‘Francisco, te encargo al Estado de México, tiene que tener una atencion prioritaria’”, relató el funcionario federal.
El diario volvió a preguntar si la entrega de monederos electrónicos de Banorte y despensas tuvieron alguna intención electoral en Edomex, a lo que el funcionario manifestó: “Estamos trabajando de manera institucional, ajeno a cualquier tipo de motivación electoral”, según explicó, “son acciones de carácter institucional que el Gobierno de la República realiza con otros estados”.
Para obtener dichas tarjeta los beneficiarios se inscribieron en una lista, para posteriormente recibir un “sticker” de identificación.
Después de recibir las tarjetas, los asistentes se formaron en la fila de las despensas, para las cuales no hubo necesidad de identificarse ni entregar ningun documento, por algunas personas se formaron dos veces, para después regresar a sus respectivos municipios en los mismos autobuses en los que llegaron.
En otro video compartido por Reforma, una mujer con un chaleco naranja de Sedesol le entrega un sobre a otra mujer y le dice: “Un apoyo único de 2 mil 700 pesos, puede pasar a checarlo al cajero a partir del lunes. Una vez que se retire, la tarjeta se cancela en automático y hasta ahí el compromiso del Gobernador Eruviel Ávila y de la Vocal”
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102825
Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, para revisar avances en la implementación de la reforma educativa, así como para impulsar la colaboración del organismos multinacional en la implementación y evaluación del nuevo 'Programa de Inclusión Digital', que será presentado en las próximas semanas.
En un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la OCDE podría acompañar los procesos de compras y adquisiciones para el citado programa, con el fin de" garantizar la máxima transparencia y legalidad en estos procesos".
Agregó que en la reunión a puerta cerrada también se destacó la "trascendencia de los cambios que se impulsan en la educación del país para darle viabilidad a un proyecto de nación para el siglo XXI".
Se analizaron los proyectos de colaboración vigentes entre ambas instituciones y exploraron nuevas oportunidades de cooperación en el futuro inmediato, para acompañar la implementación de la reforma educativa.
Además, agregó la SEP, se revisaron los avances en el estudio de National Skills Strategy que conduce la OCDE, a fin de armonizar los esfuerzos de formación de habilidades que llevan a cabo diversas instituciones gubernamentales. En los próximos meses, indicó, se dará a conocer el resultado del diagnóstico base y las recomendaciones de política pública.
En el encuentro también se acordó el impulso al fortalecimiento de la formación cívica en los nuevos planes y programas de estudio, como parte fundamental en la formación de ciudadanos críticos, participativos e informados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/revisan-sep-y-ocde-implementacion-de-la-reforma-educativa
CIUDAD DE MÉXICO: La Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza informó que al menos siete personas, seis de ellos mexicanos, han muerto a manos de agentes estadunidenses en supuestos incidentes de defensa propia desde 2010.
Se trata de José Antonio Elena Rodríguez, Guillermo Arévalo Pedroza, Juan Pablo Pérez Santillán, José Alfredo Yáñez Reyes, Ramsés Barrón Torres, Sergio Adrián Guereca y Carlos Lamadrid.
El pasado fin de semana, la organización constituida por familiares de personas que han perdido la vida a manos de los agentes fronterizos conmemoró el cuarto aniversario de la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, un adolescente de 16 años que fue acribillado a balazos en Nogales, en el estado mexicano de Sonora, por un agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a través de la frontera.
El joven fue recordado por cientos de activistas de derechos humanos que asistieron al “Encuentro en la Frontera”, una convergencia de tres días organizada en Nogales, Arizona, por el grupo “School of Americas Watch” (SOA Watch), para manifestarse en contra de la “militarización” de la región fronteriza, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia Notimex.
Elena Rodríguez murió la noche del 10 de octubre de 2012, después de terminar de jugar al baloncesto con los amigos de su barrio en Nogales.
El adolescente se dirigía caminando solo hacia su casa por la Calle Internacional, una vía que corre paralela a la valla que limita la frontera, cuando el agente Lonnie Ryan Swartz le disparó en 11 ocasiones a través de la cerca fronteriza.
Los disparos fueron efectuados desde una pequeña colina en el lado estadunidense que se eleva a una altura e 12 a 15 metros sobre nivel de la calle, de lado mexicano.
La autopsia mostró que casi la totalidad de las balas impactaron el cuerpo de José Antonio desde atrás. El adolescente falleció sobre la banqueta de la calle aproximadamente a cuatro cuadras de su casa.
Swartz fue acusado el año pasado de homicidio en segundo grado y su juicio está programado para iniciar el próximo 7 de noviembre en una corte federal de Tucson, Arizona.
Swartz también enfrenta una demanda civil interpuesta por la familia de Elena Rodríguez, bajo el argumento de que el agente fronterizo violó los derechos civiles del adolescente cuando disparó a través de la valla fronteriza de Nogales, causándole la muerte.
Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años, murió el 12 de septiembre de 2012 cuando celebraba el cumpleaños de su hija en un picnic familiar en la orilla del Río Bravo, en el lado mexicano, cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Agentes de la Patrulla Fronteriza que realizaban vigilancia a bordo de una lancha patrullera le dispararon dos balazos, cuando presuntamente fueron atacados a pedradas por varias personas desde el lado mexicano.
Juan Pablo Pérez Santillán, de 30 años de edad, perdió la vida el 7 de julio de 2012, cuando fungía como vigilante en un puesto de observación para los migrantes que cruzan a nado el Río Bravo para ingresar a territorio estadunidense, cerca del puente internacional que conecta Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.
Agentes de la Patrulla Fronteriza le dispararon desde el lado estadunidense, luego de que supuestamente fueron atacados a pedradas.
José Alfredo Yáñez Reyes de 40 años, murió el 21 de junio de 2011 en Tijuana, Baja California, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza que trataban de detener a tres hombres fueron atacados con piedras y palos por gente que intervino cerca del muro fronterizo para impedir las aprehensiones.
Los agentes dispararon y alcanzaron a Yáñez Reyes en la cabeza, provocándole la muerte. La familia presentó una demanda por homicidio culposo en una corte federal, que está en curso.
Ramsés Barrón Torres, de 17 años de edad, falleció el 5 de enero de 2011 en Nogales, Sonora, a manos de un agente que disparó a través de la valla fronteriza al lado estadunidense.
El agente de la Patrulla Fronteriza dijo que disparó contra gente que le lanzó piedras, pero familiares del joven aseguraron que él probablemente estaba cruzando la frontera para visitar a su novia en Nogales, Arizona.
El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos penales contra el agente. La familia no presentó una demanda civil.
Sergio Adrián Guereca, de 15 años, falleció el 7 de junio de 2010, cuando el agente fronterizo Jesús Mesa Jr. trató de detener a varios jóvenes que intentaban cruzar la frontera a través del lecho seco del Río Bravo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Mesa dijo que estaba rodeado de gente que le lanzaba piedras cuando disparó, le dio a Guereca en la cabeza y lo mató. Videos captados por varios testigos muestran a Mesa en un terraplén en el lado estadunidense sin estar rodeado o enfrentar amenaza alguna.
Los videos muestran que Guereca no estaba lanzando piedras cuando le dispararon. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra el agente fronterizo.
Una demanda civil presentada por la familia de la víctima fue desestimada por falta de jurisdicción por una Corte Federal de Texas.
Una séptima víctima, el estadunidense Carlos Lamadrid, de 19 años de edad, fue muerto por un agente de la patrulla Fronteriza de cuatro balazos en la espalda en la comunidad de Douglas, Arizona, el 21 de marzo de 2011, cuando subía una escalera para brincar el muro fronterizo y regresar a México.
El agente que disparó, identificado como Lucas Tidwell, no ha sido procesado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458318/agentes-la-patrulla-fronteriza-han-matado-a-seis-mexicanos-2010
CIUDAD DE MÉXICO: En la “revisión de rutina” que realizaron elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, en la sede de la Policía Ministerial de Culiacán, Sinaloa, a 35 elementos les aseguraron sus teléfonos celulares.
Según publicó el semanario Ríodoce en su sitio web, trascendió que durante las nueve horas que militares mantuvieron sitiado el inmueble, los 35 ministeriales fueron interrogados.
Las Fuerzas Especiales llegaron alrededor de las 18:30 horas a bordo de ocho patrullas con 50 elementos para realizar una revisión de rutina al padrón de armas de fuego que se extendió hasta las 3:30 de la madrugada de este martes, lapso en el que agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) habrían realizado el interrogatorio sin llevarse a ningún detenido.
Según Ríodoce, a los agentes se les preguntó dónde estuvieron durante la madrugada del 30 de septiembre, cuando fue emboscado el convoy militar donde cinco soldados fallecieron y 10 más resultaron heridos. A todos les confiscaron sus teléfonos y les solicitaron remover contraseñas con la promesa de regresarles los aparatos en 15 días.
El operativo
Alrededor de las 18:30 horas, desplegados sobre el bulevar Emiliano Zapata, los militares de los llamados GAFES bloquearon totalmente la vialidad lateral poniente-oriente, mientras los agentes ministeriales llegaban al recinto.
Algunos estaban francos, otros de permiso, algunos de servicio y otros uniformados; unos iban en sandalias y pantalones cortos, y algunas mujeres en leggins y ropa deportiva, otras iban con ropa casual pero todos entraron a la sede de la Policía Ministerial con sus armas en mano. Les dijeron que se trataba de una revisión de rutina.
En una hora el lugar se llenó de policías, militares y reporteros. El ambiente era tenso, reportó Ríodoce.
Durante el operativo, Héctor Ochoa Polanco, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Culiacán fue abordado por los periodistas pero se negó a hacer cualquier declaración.
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, titular de la Policía Ministerial se limitó a decir en un noticiero local: “Ellos puede hacer las (revisiones) que quieran, está en la ley”.
Hacia las 2:35 horas, un agente ministerial informó que en cuestión de media hora acabaría todo, y así fue. A las 3:00 horas salió un contingente de militares del interior del edificio.
En 10 minutos abandonaron la zona. Subieron a las patrullas militares y partieron rumbo al poniente sobre el bulevar Zapata.
El convoy regresó en 15 minutos, dos de los vehículos entraron por la puerta del inmueble y alrededor de las 3:30 horas volvieron a salir con los agentes de la SEIDO en su interior. Ninguna autoridad dio declaración sobre el operativo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458270/confiscan-celulares-a-35-ministeriales-durante-operativo-militar-en-culiacan
CIUDAD DE MÉXICO: Benjamín Grajeda Regalado, especializado en temas de seguridad, operaciones marítimas, antidrogas e inteligencia, fue nombrado nuevo titular de la División de Gendarmería, en sustitución de Manelich Castilla Craviotto, quien funge como Comisionado General de la Policía Federal.
Dentro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Grajeda Regalado fue titular del Grupo Técnico Operativo de Atención a Ciclos Productivos y Director General de Planeación y Logística en la División de Gendarmería.
Es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina Armada de México, institución en la que alcanzó el grado de Capitán de Fragata.
De acuerdo con un comunicado emitido por la CNS, el nuevo titular de la División de Gendarmería recibió especialización gerencial y operativa en temas de seguridad, tales como el Curso de Operaciones Marítimas y Antidrogas, impartido por el SEAL Team Four en Estados Unidos de América y el Curso avanzado de Inteligencia, impartido en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
Ha ocupado puestos directivos o de mando en órganos de gobierno e instituciones como la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Comandante o Segundo Comandante en diversas unidades de infantería en la Secretaría de Marina.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458322/benjamin-grajeda-regalado-nuevo-titular-la-division-gendarmeria
Ciudad de México. Habitantes de Coyoacán clausuraron de manera simbólica las obras de construcción de dos torres de 20 pisos de altura, que albergarán alrededor de 300 departamentos de lujo, sobre la avenida Periférico Sur 5146, para exigir a las autoridades que se cancele este proyecto que agudizará el desabasto de agua en la zona.
Los manifestantes reclamaron al Sistema de Aguas de la ciudad México (Sacmex) dar la factibilidad de servicios a los nuevos desarrollos inmobiliarios, a pesar de la escasez del líquido que enfrentan.
“Desde hace mes y medio hemos tenido problemas graves en el suministro de agua, nuestras cisternas se vaciaron completamente, pides apoyo a todas las autoridades, pero nadie te hace caso, tuvimos que cooperarnos entre todos para comprar pipas en las que invertimos 10 mil pesos”, expuso la señora Belinda Patiño, de la unidad habitacional Villas del Pedregal.
A la falta de agua, añadieron, se suma los problemas de movilidad. “Sobre la lateral ya no hay horas pico, todo el tiempo están los asentamientos viales, no hay como entrar o salir”, exclamó Iraní Olmedo, otra de las vecinas.
Frente a las obras del desarrollo conocido como Be Grand Alto Pedregal, la constructora exhibe la manifestación de construcción y la resolución administrativa en materia de impacto ambiental.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/exigen-vecinos-de-coyoacan-alto-a-obra-inmobliaria
Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su página de internet el juicio intestamentario de 2003 –que promovió tras la muerte de su primera esposa, Rocío Beltrán, con quien se casó por el régimen de bienes mancomunados- y la escritura pública donde cedió desde 2005 todos sus bienes a sus hijos.
Los documentos los hizo públicos tras presentar una demanda por daño moral en contra del diario estadunidense The Wall Street Journal, el cual publicó que el presidente nacional de Morena no incluyó en su declaración patrimonial dos departamentos de la Ciudad de México.
Los contratos de donación y la adjudicación de bienes para José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán fueron hechos ante el Notario Público Número 27 de Villahermosa, Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
La primera cónyuge del líder de Morena poseía un predio rústico de alrededor de 16 hectáreas, ubicado en la ranchería “Francisco Javier Mina” del municipio de Teapa, Tabasco; un predio urbano con construcción de casa de 127.60 metros cuadrados, ubicada en el mismo ayuntamiento.
También era copropietaria, junto con su esposo, de otro bien inmueble de 160 metros cuadrados, ubicado en la zona de vivienda media de la Comisión para el Desarrollo Urbano “Tabasco 2000” y de los departamentos 301 y 302 del edificio con número 57 de la calle de Odontología, en la colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, Ciudad de México.
Andrés Manuel López Obrador y su primogénito José Ramón, como albacea de la sucesión intestamentaria de su madre, adjudicaron a Gonzalo la casa de “Tabasco 2000”; a Andrés Manuel, los departamentos de Copilco; y para José Ramón, el predio de la ranchería “Francisco Javier Mina” y la casa de Teapa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/11/amlo-publica-documentos-para-aclarar-donacion-de-bienes
CHILPANCINGO. Gro: El gobierno de Héctor Astudillo Flores elaboró un informe donde atribuye a 16 jefes criminales la ola delictiva que azota y mantiene postrada la entidad frente al narco.
El informe de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), en poder de Apro, refiere que estos grupos delictivos tienen presencia en cinco de las siete regiones de la entidad.
Los 16 presuntos delincuentes son definidos por la SSP, que encabeza el general brigadier en activo, pedro Almazán Cervantes, como “objetivos criminales relevantes”, “prófugos de la justicia” y señalados de “propiciar” la violencia e incidencia delictiva de alto impacto en Guerrero, refiere el informe oficial elaborado en agosto pasado.
Destaca el hecho de que algunos criminales tienen antecedentes de formación en las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas; otros se encuentran presos y la mayoría está confrontado por el control de las plazas.
No obstante, los jefes criminales señalados por el gobierno de Astudillo están unidos por una red de complicidades con políticos y empresarios en la entidad que ha sido exhibida públicamente.
El informe de la SSP del gobierno actual prácticamente coincide con un reporte elaborado en septiembre de 2015 por la Fiscalía General del estado (FGE), de la anterior administración que fue entregado al gobierno federal, como se dio a conocer a detalle en el reportaje publicado en enero pasado, titulado “En Guerrero, impunidad garantizada” (Proceso 2048).
A pesar de ello, Astudillo se ha caracterizado por expresar su respaldo en público a políticos vinculados con los líderes de las bandas delictivas señalados en su propio informe, como el caso del perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes de la banda de Los Ardillos, Celso y Antonio Ortega.
Así como el alcalde priista de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis, señalado por mandos castrenses como lavador de activos del grupo de Los Granados; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, vinculado con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, actualmente preso y acusado por el gobierno federal de ser operador financiero de Los Beltrán Leyva en Acapulco.
Los responsables de la violencia
El informe de la SSP de la administración astudillista refiere que en el puerto de Acapulco operan nueve de los criminales plenamente identificados, entre ellos uno de los líderes del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), José El Tete Galeana, preso desde 2013 en la cárcel de Las Cruces.
Así como miembros del grupo antagónico del cártel de los Beltrán Leyva, como el exmilitar, Víctor El Erizo Piza Nogueda, y el excomandante de la Policía Ministerial estatal, Juan Pita Calderón, quien estando activo en la corporación fue encarcelado en 2003 acusado por los delitos de secuestro y extorsión en agravio de un empresario procedente de República Dominicana identificado como Santiago Francisco Maldonado.
En la región Centro, el gobierno estatal ubica a dos delincuentes como los responsables de la violencia en Chilpancingo, Tixtla y Chilapa identificados como Zenén Nava Sánchez El Chaparro, jefe de un reducto de la banda de Los Rojos; y Antonio Ortega Jiménez, líder del grupo Los Ardillos, afincado en el municipio de Quechultenango y hermano del expresidente del Congreso local y actual dirigente perredista, Bernardo Ortega.
El informe de la SSP indica que en la región Norte sigue operando el exsoldado y exsecretario de Seguridad del municipio de iguala, Felipe Flores Velázquez, pieza clave en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; así como Walter Deloya La Medusa, quien es considerado como jefe de plaza en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
Mientras que en la región de Tierra Caliente, refiere que los objetivos del gobierno de Astudillo son: Raybel Jacobo Almonte El Tequilero y Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga, jefe del grupo delictivo La Familia.
Ambos delincuentes tienen una larga historia documentada públicamente sobre sus nexos con políticos, policías y militares de la zona, así como también con empresarios de negro historial como Carlos Ahumada Kurtz, quien de acuerdo a fuentes oficiales es socio de Hurtado Olascoaga y propietario de la oscura minera Beneficiadora de Minerales Temixco, ubicada en el municipio Arcelia y que hasta la fecha sigue cerrada tras un secuestro masivo de trabajadores a finales de agosto.
El 20 de septiembre, Apro dio a conocer que desde la década de los ochenta, Ahumada Kurtz incursionó en el sector minero en Guerrero con el apoyo del exgobernador José Francisco Ruiz Massieu. En aquella época, Ahumada instaló una planta de beneficio llamada La Suriana en el poblado de Achotla, municipio de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente de la entidad, indican reportes oficiales consultados por esta agencia.
Por su parte, la SSP afirma que en la región de Costa Grande opera Salvador El Chava Granados Vargas, afincado en el poblado de San Luis la loma de Tecpan de Galeana y vinculado con el actual alcalde priista de este municpio, Leopoldo Soberanis, quien desde 2013 ha sido acusado en reiteradas ocasiones por mandos de la Marina de presuntos nexos con el narcotráfico, quienes lo ubican como “lavador” de activos del grupo Los Granados.
No obstante, la jerarquía priista protege a Soberanis, quien incluso fue nombrado por el gobernador Héctor Astudillo como miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Estos son los 16 jefes criminales que de acuerdo al gobierno de Astudillo, son los responsables de la ola delictiva que azota la entidad que ocupa los primeros lugares en incidencia delincuencial.
A pesar que desde la pasada administración estatal, autoridades federales civiles y militares, así como las de Guerrero, saben quiénes, cómo operan y cuál es su ámbito de influencia, nadie detiene a los integrantes de estas bandas delictivas y la impunidad sigue en el gobierno de Astudillo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458298/astudillo-atribuye-violencia-en-guerrero-a-16-jefes-criminales
CIUDAD DE MÉXICO: Representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la Universidad Iberoamericana acusaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de “simular” transparencia y apropiarse de documentación relacionada con 14 casos graves de violaciones a derechos humanos que conmocionaron a México y al mundo entero.
Los señalamientos se hicieron en una sesión especial del pleno del INAI desarrollada en el Centro Cultural Tlatelolco, durante la presentación de la plataforma de internet www.memoriayverdad.mx.
La iniciativa surgió a partir de un acuerdo de colaboración entre el INAI y organizaciones como Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Durante la presentación, el comisionado Francisco Javier Acuña reconoció el espacio emblemático de Tlatelolco para presentar la plataforma destinada a divulgar información pública sobre “acontecimientos trágicos e intolerables, que nos acongojan”.
Acto seguido, Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, y Denise González, de la Ibero, revelaron en sus discursos que el INAI incumplió con los acuerdos previos de garantizar total transparencia en el manejo de la información, además de que excluyó de una lista original de 15 casos, el de la Guardería ABC al poner en duda de que se tratara de un asunto de graves violaciones a derechos humanos.
Los casos de los que se cuenta con alguna información en la plataforma se refieren a la Guerra Sucia, la matanza de Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, la represión a normalistas de Ayotzinapa en 2011, las fosas de San Fernando de 2011, las fosas de Caderyta, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Apatzingán.
El criterio establecido para considerar inicialmente 15 casos fue que existiera una declaratoria de graves violaciones a derechos humanos emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) o un pronunciamiento del propio INAI.
Pérez Garrido fue la primera en señalar que la plataforma “no cumple a cabalidad con los objetivos delineados hace un año”. Además, dijo que el proyecto tiene “irregularidades”, lo que resulta relevante en el actual contexto político de crisis de derechos humanos, con “150 mil muertos, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados, de lo que poco se sabe en un país con 98% de impunidad”.
Denise González anunció que la Ibero no firmaría la declaratoria de lanzamiento de la plataforma, en tanto que emplazó a los comisionados a “convocar al grupo de participantes para recuperar los ideales del proyecto original”.
Ana Cristina Ruelas explicó que de las mil 300 solicitudes de información de ciudadanos que llegaron al INAI relacionadas con 15 casos, en 50% de las respuestas de las instituciones del Estado “no dicen nada o declaran la inexistencia de información o reserva de la misma”. El resto, dijo, “es información fragmentada que requiere de un contexto o de otros documentos para ser útil en la construcción de verdades”.
La representante de Artículo 19 para México y América Central contó que ante la falta de información pública útil, las organizaciones que confiaron en el INAI consiguieron al menos 266 archivos fotográficos y dos terabites de documentos digitalizados del Archivo General de la Nación (AGN) que la semana pasada fueron bajados de la plataforma www.memoriayverdad, bajo el argumento de la protección de datos personales.
Al señalar que del archivo fotográfico entregado, sólo 13 fotos se conservaron en la plataforma, Ruelas reveló que toda la información del Caso ABC en su conjunto fue bajado del portal, una vez que los comisionados del INAI consideraron que la muerte de 49 niños obedeció “a un accidente por causas fortuitas”, a pesar de que la SCJN señaló que se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Aun cuando los comisionados admitieron el sentido de la opinión de la SCJN, insistieron en quitar la información con el argumento de que “habían recibido algunas solicitudes expresas de víctimas indeterminadas” para que no se hiciera pública la documentación.
“INAI tiene miedo”
En entrevista posterior, Ana Cristina Ruelas dijo que toda la información obtenida por las organizaciones civiles quedó en manos del INAI y ahora “no se puede ver” bajo el alegato de protección de datos personales.
Agregó que en una primera etapa se hizo un “barrido de 20 mil solicitudes de información de 2003 a la fecha que ha recibido el INAI, de las cuales se seleccionaron tres mil 800; de ellas, mil 300 están relacionadas con los 15 casos y dos mil 500 con las temáticas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias, información tampoco está en la plataforma”.
Entonces, explicó que “la idea es emplazar a los comisionados, no queremos tener una ruptura con el INAI, lo que queremos es que cumpla con principio de la plataforma, además de que la institución debe ser garante de transparencia y deben de desclasificar archivos, asunto en el que sólo el INAI está facultado. Queremos que permanezca en el proyecto”.
Para la directora de Artículo 19, los comisionados del INAI “tienen miedo” y han decidido “formar parte del sistema político de ocultamiento. Les interesa más complacer a los funcionarios públicos que a los sociedad”.
En un comunicado firmado por las organizaciones y la universidad participante en la plataforma, explicaron que además del tema de la Guardería ABC, los comisionados incurrieron en “el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de datos personales, que configura una manea de censura”, al prohibir la difusión de fotografías y videos, así como “una actuación opaca del Instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos”.
Añadieron que “las divisiones políticas y burocráticas que aquejan al Instituto se reflejaron en una torpe coordinación del mismo para cumplir acuerdos”, en tanto que “las decisiones unilaterales y opacas del Pleno amenazaron el proyecto en más de una ocasión”.
Las organizaciones insistieron en hacer un llamado al INAI y a sus comisionados para retomar el camino trazado “y traducir en hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a derechos humanos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458334/acusan-al-inai-simular-transparencia-en-casos-violacion-a-derechos-humanos
El año pasado la Comisión Federal de Electricidad otorgó a la consultora Bain and Company dos contratos para elaborar un plan de negocios a cinco años y “acompañar” la transición de empresa eléctrica de Estado a empresa productiva del Estado. Lo raro es que meses antes había defendido públicamente la reforma energética porque así más compañías podrían “aportar su experiencia” al sector. Finalmente, éste le aportó a la consultora casi 500 millones de pesos en dos contratos, otorgados por la CFE de Ochoa Reza sin licitación.
CIUDAD DE MÉXICO: La revista Forbes de México publicó, el 7 de abril de 2015, un artículo de Juan Carlos Gay, Rodrigo Rubio y Eduardo Hütt, socios de la empresa de consultoría Bain and Company, en el que combatían los “mitos” sobre la reforma energética, a la que elogiaban:
“Después de décadas en que México operó en uno de los marcos regulatorios más restrictivos para las industrias petrolera y eléctrica, las reformas aprobadas generarán nuevas oportunidades, no sólo para México y sus 123 millones de habitantes, sino también para compañías del sector privado, nacionales y extranjeras, que ahora podrán aportar su capacidad, tecnología y capital al sector energético.”
Sabían lo que escribían: un mes antes, el 4 de marzo, la empresa de su propiedad había firmado un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 16 millones de pesos con el fin de elaborar su plan de negocios para los próximos cinco años, que entregaron en sólo seis semanas.
Y unos meses después, en octubre del año pasado, la CFE, que entonces encabezaba Enrique Ochoa Reza, entregó a esa misma empresa otro contrato por 33.4 millones… de dólares.
El tipo de cambio de ese mes fue de poco menos de 15 pesos por dólar, de manera que el monto del contrato ascendió a 475 millones 488 mil pesos. Los dos contratos, otorgados por Ochoa Reza por asignación directa –sin licitación–, suman casi 500 millones de pesos.
Fue un negocio redondo para Bain and Company: con el primer contrato elaboró el plan de negocios de la CFE, y con el segundo lo implementó como parte del Programa de Transformación de esta empresa del Estado tras la reforma energética. Así, una entidad pública se puso en manos de una empresa privada.
En sólo ocho meses de este año, de enero a agosto, la CFE pagó 308 millones 740 mil pesos con 20 centavos a la empresa, correspondientes al segundo contrato, que según la documentación oficial concluirá en diciembre de 2016…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458297/ochoa-reza-otorgo-jugosos-contratos-sin-licitacion
Familiares de los estudiantes que aparecieron muertos el 7 de octubre en Veracruz, denuncian las autoridades no investigaron las llamadas de los jóvenes, ni les entregaron todos los videos que registraron las cámaras del C-4 en la zona donde se les vio con vida por última vez.
El pasado 7 de octubre las autoridades de investigación confirmaron la noticia que, otra vez, pone el foco en el estado de Veracruz como una de las entidades mexicanas con mayores problemas de violencia en el país. Ese día, la Fiscalía General del Estado informó que, tras varios días de labores de búsqueda, encontró los restos de tres jóvenes universitarios que habían desaparecido el 29 de septiembre en el municipio de Boca del Río.
Se trata de un nuevo caso de desaparición y asesinato de jóvenes en la entidad que gobierna Javier Duarte, aunque no ha sido el único en lo que va de año. Ya en enero de este 2016 cinco jóvenes atrajeron la atención del país tras sufrir una desaparición forzada a manos de policías estatales en Tierra Blanca. Mientras que en el mes de abril otros tres jóvenes fueron desaparecidos por la policía local en Papantla.
En este nuevo caso, las autoridades tardaron unos días en dar con los jóvenes sin vida, pero familiares denuncian negligencias en las tareas de investigación, como que aún no se hayan entregado todos los videos de las cámaras de vigilancia de la zona donde desaparecieron. En Animal Político te exponemos las claves del caso.
Desaparecieron rumbo a un centro comercial
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los jóvenes Génesis Urrutia, de 22 años; Leobardo Arroyo, de 24; y Octavio García Baruch, de 22, desaparecieron el 29 de septiembre, cuando sus familiares dejaron de tener contacto con ellos, situación que denunciaron el 1 de octubre.
Según versiones de los familiares, los tres jóvenes desaparecieron mientras se dirigían a un centro comercial en Boca del Río, luego de que estuvieran en casa de Génesis.
El cuarto joven desaparecido
Ese mismo día, la Fiscalía abrió una investigación paralela sobre el caso del joven Andrés García Aguilar, cuya desaparición podría estar también ligada a la de los tres jóvenes, puesto que también ocurrió el 29 de septiembre.
Descartan secuestro, apuntan al crimen organizado
El 4 de octubre, tres días después de la denuncia de los familiares, el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, descartó el secuestro como móvil de la desaparición de los jóvenes, puesto que no existió una exigencia de rescate a cambio de su libertad. En cambio, el fiscal anunció que involucraría en la investigación a la Procuraduría General de la República (PGR) “por existir elementos posiblemente vinculados con delincuencia organizada”.
¿Y las últimas llamadas? Las lagunas en la investigación
Familiares denunciaron que hasta el momento no les han entregado la sábana de las últimas llamadas que hicieron los jóvenes.
Esbeidy Arroyo, hermana de Leobardo Arroyo, explicó en entrevista con Animal Político que durante los primeros días de la investigación solicitaron a la Fiscalía el registro de llamadas del teléfono celular de su familiar, “para checar cuál fue su última ubicación antes de desaparecer”.
“Pero las sábanas de las llamadas de mi hermano nunca llegaron”, lamentó Esbeidy. “Y en ese entonces, cuando mi hermano aún estaba desaparecido, era un dato muy importante para nosotros, porque con la triangulación de los teléfonos podíamos obtener un perímetro donde poder empezar a buscarlos, ya que no sabíamos ni por dónde empezar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/videos-desaparecen-llamadas-sin-investigar-las-claves-del-caso-los-3-jovenes-asesinados-veracruz/
