Su nombramiento es "un claro mensaje" para operar en favor del PRI, dijo el panista Luis Fernando Salazar a Luis Miranda Nava, titular de la dependencia, en su comparecencia ante el Senado.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, negó que los programas sociales de esta dependencia se utilicen con fines electorales y sostuvo que no beneficiará a ningún partido político en los próximos comicios locales y en los federales de 2018.
“No soy un operador electoral, soy un operador político. No vengo a favorecer a un partido determinado en ninguna elección. Soy orgullosamente mexiquense, también soy priista pero antes que nada soy mexicano y también respeto la ley”, indicó en su comparecencia ante el Senado por la glosa del IV Informe de Gobierno.
Señaló que los programas sociales están blindados y auditados, y “son perfectamente visibles y es imposible darles trato electoral”.
Ante la Comisión de Desarrollo Social, que preside la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, el funcionario fue cuestionado por integrantes de las bancadas sobre la política de la administración federal en el rubro.
El panista Luis Fernando Salazar le señaló que Acción Nacional ve su nombramiento como “un claro mensaje” de que llega a la Secretaría de Desarrollo Social para operar en favor del PRI. Además le narró sobre la entrega de despensas y tarjetas bancarias a ciudadanos en el municipio de Huixquilucan.
El senador del PRD, Rabindranath Salazar Solorio sostuvo que, durante esta administración, no se han registrado avances sustanciales en el tema de la pobreza; por el contrario, ésta se ha incrementado y se ha usado como medio de clientelismo y con fines electorales.
Igualmente, la legisladora panista, Rosa Adriana Díaz Lizama, expresó que México no necesita operadores políticos, sino hombres y mujeres con visión de Estado, comprometidos a realizar cambios significativos en políticas públicas para el bien común de los ciudadanos
En ese sentido Miranda Nava consideró oportuno establecer una mesa de diálogo con diputados y senadores y tener reuniones mensuales o quincenales para dar seguimiento a las metas de estos programas.
Precisó que Sedesol no disminuirá los gastos en desarrollo social, pero se va ser más eficiente en el gasto y a reducir aquellos no prioritarios, a fin de que esos recursos sean utilizados en proyecto sociales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/programas-sociales-no-se-utilizaran-con-fines-electorales-sedesol/
miércoles, 12 de octubre de 2016
Piden asilo en EU más de 11 mil migrantes
Tijuana, BC. Alrededor de 11 mil 300 personas, la mayoría haitianos, han llegado a Baja California para solicitar asilo político en Estados Unidos.
Del total, permanecen en la entidad entre cuatro y cinco mil migrantes, según el Instituto Nacional de Migración (Inami).
Él gobierno mexicano ha entregado 14 mil 800 permisos de tránsito a estos migrantes y se estima que alrededor de ocho mil cruzaron la frontera por California, luego de realizar su petición de asilo.
Esta población se encuentra en albergues y centros de apoyo a migrantes de Mexicali y Tijuana, pero según la delegación del Inami en Baja California, no se puede precisar su número exacto, “porque cambia todos los días”.
En Tijuana hay un número indefinido de migrantes que ocupan viviendas de un solo cuarto en el centro de la cuidad, por la cual pagan 20 dólares por día, mientras esperan su cita en la oficina de Migración de la garita de San Ysidro, California.
Las denominadas “cuarterías” son puntos de reunión donde conviven las familias migrantes, ya que la mayoría de mujeres y niños duermen y toman alguno de los alimentos diarios en albergues de la sociedad civil, sobre todo en el “Desayunador del Padre Chava”.
En Mexicali, cerca de 600 migrantes haitianos se encuentran en el albergue Alfa y Omega, también de la sociedad civil.
El delgado de migración Rodolfo Figueroa aclaró que esta población no se ha quedado en la entidad; es una población en movimiento, en tránsito, y la intención es respetar sus derechos humanos por lo que consultaron la experiencia de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM, por sus siglas en inglés).
Las estadísticas oficiales del martes 11 de octubre señalan un registro de tres mil 521 migrantes haitianos; de ellos, 221 menores de edad, 140 mujeres y 81 varones.
Durante el recorrido de la OIM por Tijuana se determinó buscar recursos para incrementar la capacidad de las organizaciones sociales y acelerar el número de personas que pueden traspasar la frontera, ya que se otorgan 110 citas al día por las garitas de San Ysidro y Calexico.
Para el representante en México de la OIM, Cristopher Gascón, este aceleramiento aún no preocupa, porque no se han rebasado las capacidades de atención en México, hasta el momento.
Señaló que hay que discutir con las autoridades estadunidenses la atención a los migrantes para disminuir la carga en la frontera de México, pues se trata de “un apoyo humanitario; nuestro trabajo es ayudar a organizar y obtener recursos” económicos para ello, además de detectar estructuras de organizaciones que se puedan mejorar y adecuar.
Explicó que la mayoría de estos migrantes salió de Haití después del terremoto de 2010, para dirigirse a Brasil donde obtuvieron visas de trabajo, pero ahora pretenden llegar a Estados Unidos.
El delegado regional del Inami comentó que esta migración atípica no terminará mañana y seguirá creciendo, pero confió en que concluya pronto y México sea “un lugar de paso” para los migrantes.
Dijo que existe flexibilidad en el Inami para que los migrantes que tienen documentos de salida, cuya vigencia es de 30 días, se regularicen para poder asistir a su cita en las garitas estadunidenses.
Dijo que es una decisión de los haitianos, “si quieren aprovechar para quedarse” en México.
Fuente: La Jornada
Autor: Antonio Heras
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/alrededor-de-11-mil-300-personas-pediran-asilo-en-eu
Investigan presuntas llamadas entre comandantes y 'cártel' de Sinaloa
Culiacán, Sin. El comandante de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, informó que inició una investigación sobre llamadas telefónicas filtradas a medios de comunicación, en la que comandantes de esta corporación avisan a grupos del cártel de Sinaloa de fuertes operativos de las fuerzas armadas.
En rueda de prensa, Aguilar Iñiguez, dijo que el comandante Jorge Constantino Sajarópulos, uno de los supuestos protagonistas de la llamada, rechazó ser la persona de la grabación y aseguró que se trata de una llamada editada.
“Él dice que él no es, que se niega, que es un video editado, no quisiera caer en la controversia porque van a decir que soy juez y parte, que como trabaja conmigo lo quiero proteger, de ninguna manera, se investiga y es una autoridad independientemente de nosotros la que investiga eso”, dijo.
Los dos audios que fueron publicados en la red social Youtube el 11 de octubre revelan una conversación en la que supuestamente participan el comandante Luis Ernesto Gallardo Quintero, subdirector operativo de la Policía Ministerial en el sur del estado, con Óscar Martínez Larios, El Gabito, un operador del cártel de Sinaloa en esa región.
En la llamada, el comandante le alerta a El Gabito sobre un próximo operativo en la zona serrana de El Rosario y poblados como Cacalotán y Aguaverde.
Gallardo Quintero recomienda que “muevan a los plebes… muevan armas, muevan todo lo que tengan. Se va a hacer un operativo, van a peinar toda la sierra, igual en Cacalotán, igual en Aguaverde, para que muevan a todos sus plebes porque van a estar tres días, muevan la tienda, mueva las motos, mueva camionetas, mueva armas, mueva lo que tengan, ¿eh?. En Cacalotán mueva sus plebes porque va a ser por aire, escondan todo lo que tengan, van marinos, soldados, ministeriales y municipales, pero lo fuerte va para la sierra”, expresa.
La otra llamada es protagonizada por Jorge Sajarapulos Corona, comandante de la Policía Ministerial y quien hasta hace unos meses era director de la Policía Municipal de Rosario, y un supuesto cabecilla del cártel de Sinaloa, José Luis Martínez Larios, conocido como El Monstruo oEl 51.
En el audio, supuestamente Sajarapulos Corona le informa a Martínez Larios la detención de un enemigo, durante un operativo en El Palmarito, Rosario, al sur de Sinaloa. “Con la novedad que ya nos chingamos al Salido, el del Palmarito”, dice quien se identifica como comandante.
Aguilar Iñiguez aseguró que las conversaciones son investigadas y en caso de encontrarse responsables se deslindarían sanciones. “Todo eso se inicia un procedimiento, la procuraduría siempre que hay ese tipo de situaciones inicia un procedimiento para darle seguimiento y checar que no haya dudas de que estas personas están siendo señaladas, si tienen responsabilidad, inmediatamente se actúa”, enfatizó.
Fuente: La Jornada
Autor: Javier Váldez Cárdenas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/investigan-presuntas-llamadas-entre-comandantes-y-cartel-de-sinaloa
Encapuchados intentan incendiar Metrobús en UNAM
Ciudad de México. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó el intento de incendio de una unidad del servicio de Metrobús y reconoció la labor del conductor de ese convoy, quien con su reacción evitó daños mayores.
En su cuenta @SeGobCDMX en Twitter, la dependencia capitalina indicó que el “Conato de incendio provocado a unidad de @MetrobusCDMX frente a CU puso en riesgo integridad de personas, lo cual es inadmisible”, además de que esa protesta “encuentra uno de sus límites y pierde toda legitimidad”.
En la misma red social la secretaría expresó su reconocimiento al conductor de la unidad, quien con su oportuna actuación usó el extintor y evitó mayores daños; el fuego fue controlado.
La Agencia de Gestión Urbana, a su vez, dio a conocer cortes a la circulación en la avenida de los Insurgentes Sur, desde el Anillo Periférico hasta Joaquín Gallo.
A quienes van de sur a norte sugirió transitar por Paseo del Pedregal, en tanto que en sentido contrario ya se ha reabierto la circulación.
El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, Metrobús, reportó más temprano que están cerradas la estaciones Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria y Perisur.
Por ello se han organizado dos circuitos: el primero que va de Indios Verdes a Doctor Gálvez y el segundo recorre desde El Caminero hasta Villa Olímpica.
Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/intento-de-incendio-de-metrobus-durante-protesta-en-unam
Si hay voluntad, destino de los 43 “se puede saber”: ex integrante del GIEI
"Falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura" cometida contra los detenidos por el caso Ayotzinapa, dijo Claudia Paz y Paz.
El caso Iguala-Ayotzinapa “puede esclarecerse. Si se cuenta con la voluntad, el destino final de los estudiantes normalistas se puede saber. Y si las investigaciones se encausan se puede no sólo esclarecer la totalidad de los hechos sino determinar la totalidad de los responsables“, aseveró Claudia Paz y Paz, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que hay líneas de investigación pendientes por agotar, sobre la posible participación de otras autoridades en los hechos -municipales, estatales, federales o militares-, así como un “tema indispensable” que es “reconocer que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula”.
En ese sentido, retomó el video expuesto por el GIEI en abril pasado, en el que se observa a Tomás Zerón -entonces director de la Agencia de Investigación Criminal- en las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, junto con uno de los presuntos responsables del asesinato de normalistas, lo cual no quedó registrado en el expediente el día que ocurrió.
“Es en el lugar (el Río San Juan) donde aparentemente aparece un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes (desaparecidos)… siembra una serie de dudas: qué estaban haciendo ahí, por qué no se registró en el expediente, por qué no se avisó al Equipo de Antropólogos Argentinos… estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos”, acotó.
Indicó que debido a que no tiene acceso a la investigación actualmente, no puede valorar qué tan bien se han cumplido las recomendaciones que hizo el GIEI en abril.
No obstante, apuntó que aún “falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura (de los detenidos), pues hay fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados pudieron haber sufrido tortura”.
Aseveró que se debería saber si hay alguna persona procesada por estas investigaciones sobre la tortura a los procesados, “¿hay algún resultado concreto?, preguntó.
Y recomendó investigar la posible obstrucción de justiciaen este caso.
Señaló que aún hay personas prófugas relacionadas con los hechos, como Felipe Flores, director de la policía de Iguala cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 2014.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/si-hay-voluntad-destino-de-los-43-se-puede-saber-ex-integrante-del-giei-en-cnn/
El caso Iguala-Ayotzinapa “puede esclarecerse. Si se cuenta con la voluntad, el destino final de los estudiantes normalistas se puede saber. Y si las investigaciones se encausan se puede no sólo esclarecer la totalidad de los hechos sino determinar la totalidad de los responsables“, aseveró Claudia Paz y Paz, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que hay líneas de investigación pendientes por agotar, sobre la posible participación de otras autoridades en los hechos -municipales, estatales, federales o militares-, así como un “tema indispensable” que es “reconocer que el destino final de los estudiantes no fue el basurero de Cocula”.
En ese sentido, retomó el video expuesto por el GIEI en abril pasado, en el que se observa a Tomás Zerón -entonces director de la Agencia de Investigación Criminal- en las inmediaciones del Río San Juan, de Cocula, junto con uno de los presuntos responsables del asesinato de normalistas, lo cual no quedó registrado en el expediente el día que ocurrió.
“Es en el lugar (el Río San Juan) donde aparentemente aparece un fragmento de hueso que permite identificar a uno de los estudiantes (desaparecidos)… siembra una serie de dudas: qué estaban haciendo ahí, por qué no se registró en el expediente, por qué no se avisó al Equipo de Antropólogos Argentinos… estamos hablando de la posibilidad de la comisión de hechos delictivos”, acotó.
Indicó que debido a que no tiene acceso a la investigación actualmente, no puede valorar qué tan bien se han cumplido las recomendaciones que hizo el GIEI en abril.
No obstante, apuntó que aún “falta saber los resultados de investigaciones sobre tortura (de los detenidos), pues hay fuertes evidencias de que un número considerable de los procesados pudieron haber sufrido tortura”.
Aseveró que se debería saber si hay alguna persona procesada por estas investigaciones sobre la tortura a los procesados, “¿hay algún resultado concreto?, preguntó.
Y recomendó investigar la posible obstrucción de justiciaen este caso.
Señaló que aún hay personas prófugas relacionadas con los hechos, como Felipe Flores, director de la policía de Iguala cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 2014.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1210/mexico/si-hay-voluntad-destino-de-los-43-se-puede-saber-ex-integrante-del-giei-en-cnn/
Alumnos de la 'Voca' 5 reiniciarán clases en sedes alternas
Ciudad de México. Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) reiniciarán clases entre el jueves y vienes en sedes alternas.
Por tercer día consecutivo, personal académico, de apoyo y asistencia a la educación así como representantes de las secciones 11 y 60 del SNTE, se reunieron con el secretario general del IPN, Julio Gregorio Mendoza y Ricard Sánchez , director de la Dirección de Educación Media Superior (DEMS).
Acordaron que este jueves los estudiantes del turno vespertino asistirán a clases en instalaciones del Instituto Leonardo Bravo que se ubica en calle Ezequiel Montes 115-116, colonia Tabacalera.
Los del turno matutino harán lo propio a más tardar el viernes en una sede alterna que está por definirse. Los jóvenes que integran el Colectivo de la Asamblea General Interna de la Voca 5, y quienes mantienen tomado el plantel desde hace una semana no asistieron a la mesa de diálogo.
Fuente: La Jornada
Autor: César Arellano García
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/reiniciaran-clases-alumnos-del-centro-de-estudios-cientificos-y-tecnologicos
Javier Duarte paga 100 mdp a Teletón y aparece en noticiero de Televisa
Un día antes de la entrevista que concedió el gobernador veracruzano Javier Duarte este 12 de octubre a Carlos Loret de Mola, el secretario de Finanzas de su administración se comprometió con Fernando Landeros, director de la Fundación Teletón, a liquidar los 100 millones de pesos pendientes por el mantenimiento del Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) de Poza Rica, inaugurado en 2010.
Así lo reveló el propio Landeros al periodista Ciro Gómez Leyva, en entrevista con Radio Fórmula, al señalar que recibió ayer a media mañana “una llamada bastante sorpresiva, pero bastante esperanzadora”, porque “la próxima semana íbamos a recibir noticias positivas de la forma en que iban a ser los pagos respecto al adeudo con el CRIT de Poza Rica que superan los 100 millones de pesos”.
En agosto pasado, Landeros denunció públicamente que había 22 CRIT del país en riesgo por el incumplimiento de las aportaciones de los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Durango, donde hubo elección de gobernadores este año.
VIDEO: https://youtu.be/3MkdVkMqNzE
En el caso de Veracruz, el Informe Financiero Anual de diciembre de 2015, disponible en la página de internet de Teletón, informa de la existencia de un déficit de 48 millones 64 mil 286 pesos, ya que los gastos sumaron 50 millones 975 mil pesos y los ingresos totales fueron de sólo dos millones 911 mil 180 pesos, “95% menos de los ingresos de 2014”.
Agrega: “La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón”, según el reporte de Ángel René Zavaleta, director del CRIT de Poza Rica.
Según el mismo reporte financiero, 78% de los gastos totales (40 millones de pesos) es el costo directo en servicios asistenciales a niños con discapacidad y familiares y 19% (9.7 millones de pesos) son gastos en “depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias” y 3% (1.4 millones de pesos) en gastos de administración.
En octubre de 2014, el Comité de los Derechos para las Personas Discapacitadas de la ONU publicó un polémico informe de 7 cuartillas con duras críticas al Teletón, impulsado por Televisa y otros medios de comunicación, ya que encubrió “donaciones en especie” del erario a nombre de una opaca filantropía.
El mismo comité criticó la falta de transparencia en el manejo de las donaciones y, especialmente, de los recursos provenientes de los gobiernos estatales.
En diciembre de 2014, el Teletón no alcanzó a cubrir la meta, pero a unos cuantos días del maratón televisivo –el 8 de diciembre–, el primer mandatario Enrique Peña Nieto destacó en Boca del Río su “orgullo” hacia Televisa y hacia la Fundación Teletón.
Ahora, Javier Duarte solicitó licencia al Congreso estatal y lo anunció en entrevista en Televisa, después de varias semanas de intensa y dura cobertura crítica de los principales espacios informativos de esta empresa al gobernador veracruzano.
Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/458503/javier-duarte-paga-100-mdp-a-teleton-aparece-en-noticiero-televisa-video
Investigan a 21 policías de Chiapas por secuestro exprés de migrantes
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) dio a conocer que inició una carpeta de investigación en contra de 21 elementos de la policía municipal de Chiapa de Corzo por el delito de secuestro exprés en agravio de 19 migrantes centroamericanos.
Entre los elementos investigados se encuentra el hermano gemelo del alcalde del municipio, Héctor Gómez Grajales.
En conferencia de prensa, el procurador Raciel López Salazar precisó que el C4 (Control, Comando, Comunicación y Cómputo) recibió ayer una denuncia ciudadana donde se informaba que un grupo de personas, entre ellas varias mujeres y niños, fue bajado de un camión de turismo y subido a unas patrullas de la policía municipal de Chiapa de Corzo.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron a verificar la denuncia y detectaron que en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encontraban escondidas varias personas provenientes de Centroamérica.
Los detenidos manifestaron que eran originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, y señalaron que el autobús en el que viajaban para llegar a la frontera de México con Estados Unidos fue interceptado por policías.
Destacaron que después de admitir que no contaban con documentos migratorios que les permitieran transitar legalmente por el país, los policías municipales los obligaron a descender del autobús y luego los trasladaron en tres patrullas a las instalaciones policiacas, donde fueron encerrados en un cuarto.
También relataron que los uniformados les pidieron nombres y números telefónicos de sus familiares en sus países de origen y en Estados Unidos, con la finalidad de exigirles 3 mil pesos por cada uno para dejarlos en libertad.
Ante esos hechos, efectivos del grupo interinstitucional aprehendieron a 21 policías municipales y los pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes.
Durante su captura, los 21 policías custodiaban a 19 migrantes centroamericanos, siete de ellos menores de edad.
Según las primeras investigaciones, el hermano de Héctor Gómez Grajales, alcalde de Chiapa de Corzo, quien además fungió como subdirector de la policía municipal, habría ordenado la detención de los migrantes.
López Salazar destacó que el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes integró la carpeta de investigación con el objetivo de solicitar a la juez de Control la audiencia inicial para calificar la legal detención en flagrancia de los uniformados por el delito de secuestro exprés.
De acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el secuestro exprés en Chiapas está previsto en el artículo 9, y quien lo comete podría alcanzar una pena de 50 años de prisión, agravándose por ser integrantes de una institución de seguridad.
Luego de conocer la detención de su hermano y los otros 20 policías, el alcalde de Chiapa de Corzo se deslindó de los actos cometidos, y dijo que serán las autoridades correspondientes quienes determinarán si existe o no responsabilidad por parte de los uniformados.
“Chiapa de Corzo se ha caracterizado por ser una comunidad segura, es por ello que reitero mi compromiso de seguir trabajando a favor de la seguridad y desarrollo en el municipio, y de colaborar con las instituciones de seguridad y protección para combatir la delincuencia”, sostuvo, y aclaró que el municipio se encuentra resguardado por elementos de la policía municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458531/investigan-a-21-policias-chiapas-secuestro-expres-migrantes
Entre los elementos investigados se encuentra el hermano gemelo del alcalde del municipio, Héctor Gómez Grajales.
En conferencia de prensa, el procurador Raciel López Salazar precisó que el C4 (Control, Comando, Comunicación y Cómputo) recibió ayer una denuncia ciudadana donde se informaba que un grupo de personas, entre ellas varias mujeres y niños, fue bajado de un camión de turismo y subido a unas patrullas de la policía municipal de Chiapa de Corzo.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron a verificar la denuncia y detectaron que en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encontraban escondidas varias personas provenientes de Centroamérica.
Los detenidos manifestaron que eran originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, y señalaron que el autobús en el que viajaban para llegar a la frontera de México con Estados Unidos fue interceptado por policías.
Destacaron que después de admitir que no contaban con documentos migratorios que les permitieran transitar legalmente por el país, los policías municipales los obligaron a descender del autobús y luego los trasladaron en tres patrullas a las instalaciones policiacas, donde fueron encerrados en un cuarto.
También relataron que los uniformados les pidieron nombres y números telefónicos de sus familiares en sus países de origen y en Estados Unidos, con la finalidad de exigirles 3 mil pesos por cada uno para dejarlos en libertad.
Ante esos hechos, efectivos del grupo interinstitucional aprehendieron a 21 policías municipales y los pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes.
Durante su captura, los 21 policías custodiaban a 19 migrantes centroamericanos, siete de ellos menores de edad.
Según las primeras investigaciones, el hermano de Héctor Gómez Grajales, alcalde de Chiapa de Corzo, quien además fungió como subdirector de la policía municipal, habría ordenado la detención de los migrantes.
López Salazar destacó que el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes integró la carpeta de investigación con el objetivo de solicitar a la juez de Control la audiencia inicial para calificar la legal detención en flagrancia de los uniformados por el delito de secuestro exprés.
De acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el secuestro exprés en Chiapas está previsto en el artículo 9, y quien lo comete podría alcanzar una pena de 50 años de prisión, agravándose por ser integrantes de una institución de seguridad.
Luego de conocer la detención de su hermano y los otros 20 policías, el alcalde de Chiapa de Corzo se deslindó de los actos cometidos, y dijo que serán las autoridades correspondientes quienes determinarán si existe o no responsabilidad por parte de los uniformados.
“Chiapa de Corzo se ha caracterizado por ser una comunidad segura, es por ello que reitero mi compromiso de seguir trabajando a favor de la seguridad y desarrollo en el municipio, y de colaborar con las instituciones de seguridad y protección para combatir la delincuencia”, sostuvo, y aclaró que el municipio se encuentra resguardado por elementos de la policía municipal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458531/investigan-a-21-policias-chiapas-secuestro-expres-migrantes
Ordenan a la PGR informar de grupos terroristas asentados en México: INAI
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) deberá buscar y dar a conocer el nombre de los grupos terroristas asentados en el país, las organizaciones nacionales o trasnacionales a las que pertenecen, así como los delitos, crímenes o atentados provocados en o desde México, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, al presentar el asunto ante el Pleno, dijo que el tema es de alta relevancia para para México, como para todo el mundo, toda vez, que el terrorismo es un fenómeno que se caracteriza por la tragedia y el sufrimiento que genera en lo individual, en lo colectivo y lo social.
“Según el índice Global de Terrorismo 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, en este rubro México ocupa el lugar número 44 de 162 países, principalmente por el impacto de nuestro país en relación con Estados Unidos y América Latina”, manifestó Kurczyn, de acuerdo con un comunicado del Instituto.
El INAI explicó que en respuesta a un particular que solicitó esos datos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la PGR, vía la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; de la Agencia de Investigación Criminal; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y de la Dirección General de Comunicación Social, indicó que tras una búsqueda en sus archivos, bases de datos físicas y electrónicas, no localizó información que atienda las características de lo requerido.
Y precisó que se cuenta con cero registros de alguna expresión documental que enliste grupos terroristas asentados en México, así como de cualquier dato adicional que se derive de esa idea central. En ese sentido, hizo referencia al Criterio 18/13, considerando que no era necesario declarar formalmente la inexistencia.
En el análisis del caso, dijo el INAI, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos expuso que si bien la PGR realizó la búsqueda en las unidades competentes para conocer de la información requerida, ésta se efectuó con un criterio restringido, ya que el Criterio 18/13 no resulta aplicable, toda vez que de la lectura de la solicitud de acceso, no se desprende que el interés del particular sea obtener información de naturaleza estadística o cuantitativa.
Aunado a lo anterior, señala, tras la localización de información pública, se pudo constatar que el sujeto obligado ha proporcionado diversos datos, en atención a otras solicitudes, en los que ha dado cuenta de la cantidad de probables responsables detenidos e indiciados por el presumible delito de terrorismo, desglosado por entidad federativa, sexo y rangos de edades; números de averiguaciones previas y probables responsables detenidos por el delito de terrorismo de 2006 a 2015; así como las cantidades de armas aseguradas de 2005 a 2015, entre las que se encuentran las utilizadas para actos terroristas.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado diversas denuncias ante la PGR, relacionadas con el delito de financiamiento al terrorismo.
En ese sentido, el sujeto obligado tiene facultades para conocer de probables responsables que han sido detenidos por el delito de terrorismo, las averiguaciones previas que se han abierto para investigar tales tipos penales, por lo que es posible que conozca las conductas cometidas, así como los crímenes provocados y, en su caso, si los presuntos responsables pertenecen a algún grupo terrorista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458446/pgr-debe-informar-grupos-terroristas-asentados-en-mexico-inai
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, al presentar el asunto ante el Pleno, dijo que el tema es de alta relevancia para para México, como para todo el mundo, toda vez, que el terrorismo es un fenómeno que se caracteriza por la tragedia y el sufrimiento que genera en lo individual, en lo colectivo y lo social.
“Según el índice Global de Terrorismo 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, en este rubro México ocupa el lugar número 44 de 162 países, principalmente por el impacto de nuestro país en relación con Estados Unidos y América Latina”, manifestó Kurczyn, de acuerdo con un comunicado del Instituto.
El INAI explicó que en respuesta a un particular que solicitó esos datos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la PGR, vía la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; de la Agencia de Investigación Criminal; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y de la Dirección General de Comunicación Social, indicó que tras una búsqueda en sus archivos, bases de datos físicas y electrónicas, no localizó información que atienda las características de lo requerido.
Y precisó que se cuenta con cero registros de alguna expresión documental que enliste grupos terroristas asentados en México, así como de cualquier dato adicional que se derive de esa idea central. En ese sentido, hizo referencia al Criterio 18/13, considerando que no era necesario declarar formalmente la inexistencia.
En el análisis del caso, dijo el INAI, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos expuso que si bien la PGR realizó la búsqueda en las unidades competentes para conocer de la información requerida, ésta se efectuó con un criterio restringido, ya que el Criterio 18/13 no resulta aplicable, toda vez que de la lectura de la solicitud de acceso, no se desprende que el interés del particular sea obtener información de naturaleza estadística o cuantitativa.
Aunado a lo anterior, señala, tras la localización de información pública, se pudo constatar que el sujeto obligado ha proporcionado diversos datos, en atención a otras solicitudes, en los que ha dado cuenta de la cantidad de probables responsables detenidos e indiciados por el presumible delito de terrorismo, desglosado por entidad federativa, sexo y rangos de edades; números de averiguaciones previas y probables responsables detenidos por el delito de terrorismo de 2006 a 2015; así como las cantidades de armas aseguradas de 2005 a 2015, entre las que se encuentran las utilizadas para actos terroristas.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado diversas denuncias ante la PGR, relacionadas con el delito de financiamiento al terrorismo.
En ese sentido, el sujeto obligado tiene facultades para conocer de probables responsables que han sido detenidos por el delito de terrorismo, las averiguaciones previas que se han abierto para investigar tales tipos penales, por lo que es posible que conozca las conductas cometidas, así como los crímenes provocados y, en su caso, si los presuntos responsables pertenecen a algún grupo terrorista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458446/pgr-debe-informar-grupos-terroristas-asentados-en-mexico-inai
Cae secuestro en 25%: Osorio Chong
Jojutla, Mor. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que entre 2008 y 2012 México vivió un incremento “muy significativo” de los delitos de secuestro y extorsión, por “una frontal guerra (que) le llamaban contra la delincuencia organizada”, pero que consideró carecía de sustancia, y dijo que a partir de 2014, cuando se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, el número de plagios se ha reducido 25 por ciento.
Durante la inauguración del sexto Congreso Internacional de la Lucha Contra el Secuestro y la Extorsión, que se realiza en Jojutla, Morelos, Osorio Chong señaló que “para enfrentar un tema como el secuestro, para enfrentar cualquier problema, primero hay que reconocerlo, primero hay que saber en dónde está y cómo está”, y reconoció que al inicio de esta administración federal seguía en aumento la incidencia delictiva en el delito de secuestro.
El titular de Gobernación refirió que se tendría una tasa de incidencia cero de casos de secuestro “fortaleciendo las instituciones, actuando de manera conjunta, frontal, castigando a los delincuentes. Esa es la mejor manera en que se puede recordar a quienes han sido víctimas, esa es la mejor manera de hablarle de frente a la sociedad que ha sido agraviada y así lo vamos a seguir haciendo”.
Asimismo, Osorio Chong aprovechó para “reconocer a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, instituciones sólidas que protegen, que defienden, incluso con su vida, a las y a los mexicanos. A ellos, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo para que sigan adelante en la protección, en la vida y en la seguridad de las y de los mexicanos”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/201csignificativo201d-aumento-del-secuestro-entre-2008-y-2012-chong
Durante la inauguración del sexto Congreso Internacional de la Lucha Contra el Secuestro y la Extorsión, que se realiza en Jojutla, Morelos, Osorio Chong señaló que “para enfrentar un tema como el secuestro, para enfrentar cualquier problema, primero hay que reconocerlo, primero hay que saber en dónde está y cómo está”, y reconoció que al inicio de esta administración federal seguía en aumento la incidencia delictiva en el delito de secuestro.
El titular de Gobernación refirió que se tendría una tasa de incidencia cero de casos de secuestro “fortaleciendo las instituciones, actuando de manera conjunta, frontal, castigando a los delincuentes. Esa es la mejor manera en que se puede recordar a quienes han sido víctimas, esa es la mejor manera de hablarle de frente a la sociedad que ha sido agraviada y así lo vamos a seguir haciendo”.
Asimismo, Osorio Chong aprovechó para “reconocer a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, instituciones sólidas que protegen, que defienden, incluso con su vida, a las y a los mexicanos. A ellos, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo para que sigan adelante en la protección, en la vida y en la seguridad de las y de los mexicanos”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.
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Plantea CCE pacto nacional por la seguridad pública
Ciudad de México. Ante el incremento en los niveles de inseguridad en el país la cúpula empresarial hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a establecer un pacto por la seguridad pública que incluya la aprobación de todas las iniciativas encaminadas a combatir la corrupción e impunidad; el despliegue de más policías para abatir los índices delincuenciales y el brindar mayor certeza legal a las fuerzas armadas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón pidió al Ejecutivo que a cuatro años de gobierno se haga un análisis de la estrategia y los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, los cuales, dijo, no han funcionado y deben cambiarse.
En una conferencia en la que estuvieron presentes los dirigentes de las principales cámaras empresariales del país Castañón aseguró que es urgente revisar la estrategia de seguridad del país ante el incremento en el número de homicidios, robos en carreras, linchamientos, tomas de fábricas y bloqueos, pero también ante el incremento de las manifestaciones sociales de protesta contra las medidas del gobierno que, dijo, representan un riesgo a la gobernabilidad del país y es un fenómeno que no debe dejarse crecer.
"El incremento de los linchamientos, los saqueos y las manifestaciones en las calles está generando un clima de ingobernabilidad, por eso es el llamado a los presidentes municipales a la coordinación con sus gobiernos de los estados y del gobierno federal. Es estructural no dejar crecer este fenómeno social que se ha venido incrementando en los últimos tres años", comentó.
Castañón también hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas y demandó al Congreso a aprobar una Ley de seguridad interior que brinde mayor certidumbre jurídica a las fuerzas armadas, pues criticó que en ocasiones parece que las instituciones defienden más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas.
"Es momento cerrar filas en apoyo de quienes día a día arriesgan su vida por el país", puntualizó el dirigente.
Recordó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el costo de la inseguridad y el delito alcanzó una cifra de 236 mil millones de pesos en 2015, lo que representa 1.2 por ciento del PIB, aunque según estimaciones de los empresarios las afectaciones pueden llegar a 9 por ciento del producto si se contemplan los costos que reportan los afiliados a las cámaras.
El presidente del CCE dijo que los empresarios pedirán a los legisladores que coloquen en su agenda prioritaria la aprobación de medidas seguridad pública, las cuales dijo, se han venido politizando y posponiendo.
Al poder Judicial le solicitan que redoble los esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio con un programa puntual que reavive la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En el pronunciamiento, efectuado en el Club de Industriales, estuvieron presentes entre otros, Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); Mario Vela Berrondo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis); Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), y Rodrigo Alpizar, vicepresidente de la Confedración de Cámaras Industriales (Concamin).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/urgente-revisar-estrategia-de-seguridad-publica-cce
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón pidió al Ejecutivo que a cuatro años de gobierno se haga un análisis de la estrategia y los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, los cuales, dijo, no han funcionado y deben cambiarse.
En una conferencia en la que estuvieron presentes los dirigentes de las principales cámaras empresariales del país Castañón aseguró que es urgente revisar la estrategia de seguridad del país ante el incremento en el número de homicidios, robos en carreras, linchamientos, tomas de fábricas y bloqueos, pero también ante el incremento de las manifestaciones sociales de protesta contra las medidas del gobierno que, dijo, representan un riesgo a la gobernabilidad del país y es un fenómeno que no debe dejarse crecer.
"El incremento de los linchamientos, los saqueos y las manifestaciones en las calles está generando un clima de ingobernabilidad, por eso es el llamado a los presidentes municipales a la coordinación con sus gobiernos de los estados y del gobierno federal. Es estructural no dejar crecer este fenómeno social que se ha venido incrementando en los últimos tres años", comentó.
Castañón también hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas y demandó al Congreso a aprobar una Ley de seguridad interior que brinde mayor certidumbre jurídica a las fuerzas armadas, pues criticó que en ocasiones parece que las instituciones defienden más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas.
"Es momento cerrar filas en apoyo de quienes día a día arriesgan su vida por el país", puntualizó el dirigente.
Recordó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el costo de la inseguridad y el delito alcanzó una cifra de 236 mil millones de pesos en 2015, lo que representa 1.2 por ciento del PIB, aunque según estimaciones de los empresarios las afectaciones pueden llegar a 9 por ciento del producto si se contemplan los costos que reportan los afiliados a las cámaras.
El presidente del CCE dijo que los empresarios pedirán a los legisladores que coloquen en su agenda prioritaria la aprobación de medidas seguridad pública, las cuales dijo, se han venido politizando y posponiendo.
Al poder Judicial le solicitan que redoble los esfuerzos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio con un programa puntual que reavive la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En el pronunciamiento, efectuado en el Club de Industriales, estuvieron presentes entre otros, Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); Mario Vela Berrondo, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis); Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), y Rodrigo Alpizar, vicepresidente de la Confedración de Cámaras Industriales (Concamin).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS MIRANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/12/urgente-revisar-estrategia-de-seguridad-publica-cce
Si en Patrocinio ardían cuerpos a diario, eso tiene nombre: campo de exterminio: buscadoras
En el ejido Patrocinio quemaban y desaparecían personas todos los días, afirma Grupo Vida, una de las cuatro organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en Coahuila. Aunque el Gobierno de la entidad afirme que los 3 mil 488 restos óseos encontrados ahí pertenecen sólo a seis cuerpos; las víctimas son “muchas más”. Además, los familiares exigen que partidos dejen de dar “uso político a los desaparecidos”.
En el Ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, Coahuila, un área desértica de cinco hectáreas, todos los días ardían cuerpos para desaparecerlos, se trata de una zona de exterminio, dijo Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, de la organización Grupo Vida.
En entrevista con SinEmbargo, la “buscadora” que ha dirigido las visitas de los familiares a Patrocinio desde hace casi dos años, afirmó que los habitantes del ejido han dicho a las familias de los desaparecidos, que en ese lugar circulaban camionetas todas las noches y se “quemaba gente a diario”.
Aún así, las autoridades no hicieron nada.
Y ahora resulta, comentó también Yolanda Morán Isais, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), que ahora los miembros de partidos nos buscan para hacer uso político de nuestros familiares.
De acuerdo con la activista, en el ejido se llegaron a observar hasta 90 tambos de 200 litros de capacidad, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila sólo logró recuperar dos de ellos. Por su parte, en sus búsquedas los familiares encontraron varios tambos destrozados.
La organización escarba y busca restos óseos en el lugar desde hace un año y 10 meses. El 28 de abril de 2015 las familias de desaparecidos encontraron restos humanos, algunos con tejidos, que podrían corresponder, sólo ese hallazgo, a tres personas.
Pero no fueron los únicos. Desde ese momento a la fecha el grupo de familiares que conforma Grupo Vida –alrededor de 50 personas– visitó el lugar en 14 ocasiones más y encontró, en todas las visitas, restos óseos en distintos puntos.
CIFRAS POCO CLARAS PARA LAS ONGS
El pasado 7 de octubre se descubrieron en el lugar mil 147 restos humanos, cifra que en unos días aumentó a 3 mil 488. La Procuraduría de la entidad afirmó, en un comunicado, que esos fragmentos pertenecen a tres personas. Hoy las autoridades estatales, según los diarios locales, han reconocido que se trata de seis perfiles genéticos.
En su primer comunicado, la dependencia de justicia estableció que los restos tienen “un alto grado de carbonización y calcinación” y que “puede resultar que un gran número de fragmentos que se encuentren en un lugar […] pertenezcan a un solo hueso o a una misma persona”.
Ayer, Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, contradijo esa afirmación debido a que la Policía Científica procesó los restos y descubrió 100 perfiles genéticos, que pertenecen a 15 personas.
Sin embargo, la activista Silvia Ortiz de Sánchez aseveró que la información que presentó Michael Chamberlin no corresponde a los datos que la Policía Científica les ha dado a los familiares.
“Hasta la fecha no tienen 100 perfiles. A nosotros nos han dicho que tienen dos. Entonces le están mintiendo a él o a nosotros, es lo que puedo decir”, precisó.
USO POLÍTICO DE LOS DESAPARECIDOS
En Coahuila hay cuatro organizaciones de familiares de desaparecidos: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), Grupo Vida y los grupos que buscan en Piedras Negras y Allende.
Silvia Ortiz, de Grupo Vida, y Yolanda Morán Isais, de Fundec, coincidieron en que, ante la jornada electoral del próximo año en la entidad, los partidos buscan “utilizar” a los desaparecidos para sacar raja política.
“Ahora resulta que otros partidos que no son el del Gobernador [Rubén Moreira Valdez del Partido Revolucionario Institucional] le están tirando respecto al caso. No se me hace justo. Toda la Comarca Lagunera y Coahuila sabía que Grupo Vida ha caminado buscando a sus desaparecidos, y hasta ahorita voltearon a vernos. Vieron la oportunidad de acercarse y decir ‘los vamos a ayudar’. Quieren aprovecharse del dolor de las familias”, dijo Ortiz de Sánchez Viesca.
Yolanda Morán le puso nombre al partido y habló del Partido Acción Nacional (PAN) en concreto.
Silvia de Sánchez concluyó con una petición: “Nosotros invitamos a la Procuraduría a caminar en enero de 2015 casi a rastras, ahora trabajamos de manera coordinada con el Gobierno. Lo único que queremos es que la Policía Científica Forense, que le corresponde a [Enrique] Peña Nieto, termine ese laboratorio para que se puedan hacer los ADN de todas las personas, no nada más de los de Patrocinio, de todo el estado”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102817
En el Ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, Coahuila, un área desértica de cinco hectáreas, todos los días ardían cuerpos para desaparecerlos, se trata de una zona de exterminio, dijo Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, de la organización Grupo Vida.
En entrevista con SinEmbargo, la “buscadora” que ha dirigido las visitas de los familiares a Patrocinio desde hace casi dos años, afirmó que los habitantes del ejido han dicho a las familias de los desaparecidos, que en ese lugar circulaban camionetas todas las noches y se “quemaba gente a diario”.
Aún así, las autoridades no hicieron nada.
Y ahora resulta, comentó también Yolanda Morán Isais, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), que ahora los miembros de partidos nos buscan para hacer uso político de nuestros familiares.
“Hay que recordar qué es un campo de exterminio: la palabra exterminio es cuando quieren desaparecer por completo a una persona o varias. El estado en el que se encuentran los fragmentos en Patrocinio, calcinados y en pedacitos, refleja que se trata de una zona de exterminio”, consideró Ortiz de Sánchez Viesca.
De acuerdo con la activista, en el ejido se llegaron a observar hasta 90 tambos de 200 litros de capacidad, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila sólo logró recuperar dos de ellos. Por su parte, en sus búsquedas los familiares encontraron varios tambos destrozados.
La organización escarba y busca restos óseos en el lugar desde hace un año y 10 meses. El 28 de abril de 2015 las familias de desaparecidos encontraron restos humanos, algunos con tejidos, que podrían corresponder, sólo ese hallazgo, a tres personas.
Pero no fueron los únicos. Desde ese momento a la fecha el grupo de familiares que conforma Grupo Vida –alrededor de 50 personas– visitó el lugar en 14 ocasiones más y encontró, en todas las visitas, restos óseos en distintos puntos.
“En el hallazgo del 28 de abril, ahí se dijo que pertenecía posiblemente a tres secuencias anatómicas. Sería irresponsable de mi parte decir cuántos cuerpos puede haber ahí, pero no son tres o cuatro. Son muchísimos más”, dijo Silvia, madre de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, quien desapareció en Torreón, Coahuila, hace ya más de 11 años. Fanny, como la llamaban su familia y amigos, tenía entonces 16 años.
CIFRAS POCO CLARAS PARA LAS ONGS
El pasado 7 de octubre se descubrieron en el lugar mil 147 restos humanos, cifra que en unos días aumentó a 3 mil 488. La Procuraduría de la entidad afirmó, en un comunicado, que esos fragmentos pertenecen a tres personas. Hoy las autoridades estatales, según los diarios locales, han reconocido que se trata de seis perfiles genéticos.
En su primer comunicado, la dependencia de justicia estableció que los restos tienen “un alto grado de carbonización y calcinación” y que “puede resultar que un gran número de fragmentos que se encuentren en un lugar […] pertenezcan a un solo hueso o a una misma persona”.
Ayer, Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, contradijo esa afirmación debido a que la Policía Científica procesó los restos y descubrió 100 perfiles genéticos, que pertenecen a 15 personas.
Sin embargo, la activista Silvia Ortiz de Sánchez aseveró que la información que presentó Michael Chamberlin no corresponde a los datos que la Policía Científica les ha dado a los familiares.
“Hasta la fecha no tienen 100 perfiles. A nosotros nos han dicho que tienen dos. Entonces le están mintiendo a él o a nosotros, es lo que puedo decir”, precisó.
“Lo que yo pido al Gobierno es que se recuperen todos los restos de Patrocinio, porque el tiempo está pasando, se están dañando los restos; es un lugar abierto y pasan animales. Queremos que se hagan las pruebas de ADN a los restos idóneos, porque sabemos que a todos se les pueden hacer. Por eso es tan importante cribar la tierra, porque una muelita o algún pedacito de hueso sirven para las pruebas”, explicó.
USO POLÍTICO DE LOS DESAPARECIDOS
En Coahuila hay cuatro organizaciones de familiares de desaparecidos: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), Grupo Vida y los grupos que buscan en Piedras Negras y Allende.
Silvia Ortiz, de Grupo Vida, y Yolanda Morán Isais, de Fundec, coincidieron en que, ante la jornada electoral del próximo año en la entidad, los partidos buscan “utilizar” a los desaparecidos para sacar raja política.
“Ahora resulta que otros partidos que no son el del Gobernador [Rubén Moreira Valdez del Partido Revolucionario Institucional] le están tirando respecto al caso. No se me hace justo. Toda la Comarca Lagunera y Coahuila sabía que Grupo Vida ha caminado buscando a sus desaparecidos, y hasta ahorita voltearon a vernos. Vieron la oportunidad de acercarse y decir ‘los vamos a ayudar’. Quieren aprovecharse del dolor de las familias”, dijo Ortiz de Sánchez Viesca.
Yolanda Morán le puso nombre al partido y habló del Partido Acción Nacional (PAN) en concreto.
“Tenemos siete años trabajando con desaparecidos y ahorita los políticos del PAN en Coahuila están hablando de Patrocinio. Tenemos siete años pidiendo que nos den atención, ¿por qué hasta ahorita están saliendo los panistas a querer hablar con nosotros? Nosotros estuvimos en el Senado de la República tratando de hablar con ellos. Les pedimos ayuda cuando estaba [Felipe] Calderón en 2008, fuimos a tocarles la puerta […] No queremos que ningún partido de ningún color agarre el tema de los desparecidos: son personas, no son animales”, dijo.
Silvia de Sánchez concluyó con una petición: “Nosotros invitamos a la Procuraduría a caminar en enero de 2015 casi a rastras, ahora trabajamos de manera coordinada con el Gobierno. Lo único que queremos es que la Policía Científica Forense, que le corresponde a [Enrique] Peña Nieto, termine ese laboratorio para que se puedan hacer los ADN de todas las personas, no nada más de los de Patrocinio, de todo el estado”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2016/3102817
César Duarte ocultaba “depa de lujo” en oficinas de gobierno; la recámara fue desmantelada
De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Gobierno de la Zona Norte de Chihuahua, el departamento estaba en las oficinas estatales y nadie se había dado cuenta; aún así, pese a lo lujoso de la instalación, hay goteras y la construcción se encuentra en mal estado.
De acuerdo con El Diario, Un departamento de lujo, que supuestamente fue usado por el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue hallado y desmantelado en las oficinas estatales. Así lo informó el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte del estado, Ramón Galindo Noriega.
El departamento estaba en las oficinas estatales y contaba con lujosos muebles, tales como una televisión gigante y sillones forrados de piel. De igual manera contaba con un escritorio, libreros, alfombras y lámparas; un piso de madera color café oscuro y un jardín vertical con plantas naturales en las paredes.
De acuerdo con el medio chihuahuense, Galindo Noriega dio a conocer que el inmueble contaba con un elevador exclusivo, una puerta de emergencia y un despacho. Declaró también que ese tipo de lujos no correspondían al nivel de vida de la gente de Ciudad Juárez.
El funcionario agregó que al momento de hacer el relevo de subsecretario, el departamento fue desmantelado. Sin embargo, la zona cuenta con goteras, lo que indica que está mal hecha pese a lo costosa.
“Ese espacio va a convertirse en área de trabajo y para empezar se va a ampliar el espacio de la Secretaría de Economía, que ahora va a tener su sede en Ciudad Juárez”, dijo Ramón Galindo Noriega.
El Diario informó también que el nuevo jefe del Registro Público de la Propiedad, Rubén Trejo Ortega, advirtió que muchos de los documentos resguardados en las oficinas estatales corren el riesgo de “echarse a perder” por las goteras en el edificio. Dijo que hay trabajadores que tiene que estar sacando cubetas con agua.
A raíz de esto, Galindo pidió a la Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que se revisen las instalaciones para eliminar las goteras y filtraciones de agua.
El subsecretario agregó que en ese lugar hay una serie de espacios, algunos bastante disimulados, que conectaban con el despacho del subsecretario y que nadie se imaginaba que existen.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3103061
De acuerdo con El Diario, Un departamento de lujo, que supuestamente fue usado por el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue hallado y desmantelado en las oficinas estatales. Así lo informó el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte del estado, Ramón Galindo Noriega.
El departamento estaba en las oficinas estatales y contaba con lujosos muebles, tales como una televisión gigante y sillones forrados de piel. De igual manera contaba con un escritorio, libreros, alfombras y lámparas; un piso de madera color café oscuro y un jardín vertical con plantas naturales en las paredes.
De acuerdo con el medio chihuahuense, Galindo Noriega dio a conocer que el inmueble contaba con un elevador exclusivo, una puerta de emergencia y un despacho. Declaró también que ese tipo de lujos no correspondían al nivel de vida de la gente de Ciudad Juárez.
El funcionario agregó que al momento de hacer el relevo de subsecretario, el departamento fue desmantelado. Sin embargo, la zona cuenta con goteras, lo que indica que está mal hecha pese a lo costosa.
“Ese espacio va a convertirse en área de trabajo y para empezar se va a ampliar el espacio de la Secretaría de Economía, que ahora va a tener su sede en Ciudad Juárez”, dijo Ramón Galindo Noriega.
El Diario informó también que el nuevo jefe del Registro Público de la Propiedad, Rubén Trejo Ortega, advirtió que muchos de los documentos resguardados en las oficinas estatales corren el riesgo de “echarse a perder” por las goteras en el edificio. Dijo que hay trabajadores que tiene que estar sacando cubetas con agua.
A raíz de esto, Galindo pidió a la Subsecretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que se revisen las instalaciones para eliminar las goteras y filtraciones de agua.
El subsecretario agregó que en ese lugar hay una serie de espacios, algunos bastante disimulados, que conectaban con el despacho del subsecretario y que nadie se imaginaba que existen.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3103061
Así endeudó Duarte a Chihuahua: El PRI autorizó, Videgaray lo vio y Aspe lo operó… y se llevó su parte
Para 2012, al final de la elección de Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.
Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.
Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.
Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.
La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.
Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.
“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.
“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.
El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.
Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.
Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.
Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.
En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.
LA MANO DE EVERCORE
Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.
Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.
Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).
La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.
“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.
El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.
Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.
“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.
Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.
La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.
Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.
“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.
También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.
“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.
Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.
“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.
“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.
LÍDER EN “REESTRUCTURAS”
El Gobierno del Estado de Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes dependencias de la administración pública.
De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos con las dos anteriores administraciones federales panistas.
Pero en lo que va del sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos; es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.
Como en otros contratos obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
También en este sexenio, Evercore incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por la Reforma Energética.
Pero es en el negocio de las reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”, rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.
“El equipo de Finanzas Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.
“El EFPI asesora a los Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.
DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”
Antes de empezar a trabajar con Peña Nieto en 2005, como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, Videgaray trabajó en Protego precisamente como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.
Todos estos procedimientos de “reestructura” de deudas, comenta a SinEmbargo Diego Díaz, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro de los marcos legales.
Pero, de acuerdo con el Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.
“Evercore es una banca de tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El 11 de febrero pasado, Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también trabaja Evercore.
El punto de acuerdo fue presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.
En su argumentación, el legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando así el registro oficial de los pasivos.
Tal conversión, agrega Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de Deuda Pública de esa entidad.
En Chihuahua se registra un procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros “financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como establece el decreto 1370.
“Los financiamientos que se lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.
“El destino de los recursos de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido, en su origen, inversiones público privadas (…) Los recursos provenientes de los financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de pago”, insiste el documento.
El 6 de julio pasado, la legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.
Y fue esta transformación del decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.
Los datos de Hacienda sobre la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con 12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.
También, que fue en 2013, el año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese año en 41 mil 678.2 millones de pesos.
Sin embargo, y pese a que en 2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin mayor aumento.
En los presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna anualmente alrededor de 300 millones.
El egreso destinado al Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado “Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500 millones de pesos.
Este medio solicitó información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su directora jurírida, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban entrevistas por “políticas internas”.
“SEÑAL DE RIESGO”
Tener acceso a recursos públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.
Un ejemplo de la “reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de pesos, contraídos con Bancomer.
En un cuadro sobre el desempeño financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales, 405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.
“Con base en los criterios establecidos en la estructura (…) el fideicomiso sería capaz de garantizar las obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al servicio anual de la deuda”, dice el boletín.
Pero comprometer así los ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas de cualquier administración pública.
“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.
“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3102818
Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.
Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.
Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.
Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.
La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.
Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.
“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.
“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.
El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.
Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.
Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.
Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.
En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.
LA MANO DE EVERCORE
Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.
Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.
“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que (…) afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren al amparo de este decreto (…) el derecho a percibir hasta el cien por ciento de las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.
Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).
La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.
“He seguido este Fideicomiso Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.
“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.
El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.
Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.
“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.
Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.
La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.
Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.
“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.
También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.
“Ahí hay, por supuesto, una corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.
“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.
Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.
“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.
“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.
LÍDER EN “REESTRUCTURAS”
El Gobierno del Estado de Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes dependencias de la administración pública.
De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos con las dos anteriores administraciones federales panistas.
Pero en lo que va del sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos; es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.
Como en otros contratos obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación, coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
También en este sexenio, Evercore incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por la Reforma Energética.
Pero es en el negocio de las reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”, rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.
“El equipo de Finanzas Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la página.
“El EFPI asesora a los Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.
DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”
Antes de empezar a trabajar con Peña Nieto en 2005, como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Gobierno del Estado de México, Videgaray trabajó en Protego precisamente como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.
Todos estos procedimientos de “reestructura” de deudas, comenta a SinEmbargo Diego Díaz, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro de los marcos legales.
Pero, de acuerdo con el Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.
“Evercore es una banca de tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Uno de sus accionistas es Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y ex jefe del que fue Secretario de Hacienda poco más de cuatro años con Peña Nieto. Imagine las conexiones que tienen en el mercado bursátil y la información privilegiada para que obtengan ganancias”, agrega.
El 11 de febrero pasado, Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también trabaja Evercore.
El punto de acuerdo fue presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.
En su argumentación, el legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando así el registro oficial de los pasivos.
Tal conversión, agrega Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de Deuda Pública de esa entidad.
“Así, aprovechando esas reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su administración a la empresa privada Evercore-Protego”, explica el documento.
En Chihuahua se registra un procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros “financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como establece el decreto 1370.
“Los financiamientos que se lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas, toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.
“El destino de los recursos de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido, en su origen, inversiones público privadas (…) Los recursos provenientes de los financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de pago”, insiste el documento.
El 6 de julio pasado, la legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.
Y fue esta transformación del decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.
“En caso de que la Reestructura de los Financiamientos se implemente por cualquier tipo de financiamiento, distinto a la emisión de valores a ser colocados en el mercado de valores, siempre y cuando dicho financiamiento cuente con la fuente de pago a que se hace referencia en el presente decreto, este no constituirá deuda total financiera, según dicho concepto fue acordado con los acreedores del Estado en términos de la operación de reestructura y refinanciamiento de la deuda pública del Estado implementada con fundamento en el decreto número 1370/2013”, dice del decreto de autorización para el más reciente crédito.
Los datos de Hacienda sobre la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con 12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.
También, que fue en 2013, el año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese año en 41 mil 678.2 millones de pesos.
Sin embargo, y pese a que en 2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin mayor aumento.
En los presupuestos de Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna anualmente alrededor de 300 millones.
El egreso destinado al Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado “Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500 millones de pesos.
Este medio solicitó información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su directora jurírida, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban entrevistas por “políticas internas”.
“SEÑAL DE RIESGO”
Tener acceso a recursos públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.
“Para su posicionamiento como inversionista, aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de Peña Nieto, como el actual Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a principios de siglo fue director del área de Finanzas Públicas de Protego-Evercore”, estableció el Diputado en su punto de acuerdo de febrero pasado.
Un ejemplo de la “reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de pesos, contraídos con Bancomer.
En un cuadro sobre el desempeño financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales, 405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.
“Con base en los criterios establecidos en la estructura (…) el fideicomiso sería capaz de garantizar las obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al servicio anual de la deuda”, dice el boletín.
Pero comprometer así los ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas de cualquier administración pública.
“Las cinco entidades federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua (228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.
“Los porcentajes de los primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones financieras”, agrega.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-10-2016/3102818
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