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Bajamar, entre puestas de sol y una bomba de tiempo

Desconocen pobladores riesgos y plan de contingencia de gasera. Después de instalar su planta, filial de Sempra Energy inicia consulta sobre impacto social requerida por Sener. El proyecto, rechazado en EU.

Ensenada, BC: Desde las casas de Bajamar el paisaje marino es espectacular. El tono plateado durante las puestas de sol hizo de esta franja costera un corredor turístico. Así estaba considerado en la ley, desde Tijuana hasta Ensenada.

Hoy, algunos de los que compraron una casa cerca del polígono conocido como Costa Azul, no sólo miran el mar, sino dos enormes contenedores de gas.

Martha Castellanos, presidenta de la Asociación de Usuarios del Complejo Turístico Costa Bajamar AC, está indignada. Hace un par de meses la gasera Energía Costa Azul (ECA), propiedad de IEnova, filial de la estadunidense Sempra Energy, envió a Manuel Morales Mercado, representante de la empresa Environmental Resources Management (ERM), para escuchar sus opiniones sobre la planta porque necesita presentar un estudio de impacto social a fin de obtener un permiso de la Secretaría de Energía (Sener) y reconvertir sus procesos industriales.

IEnova intentó convertir esa planta en uno de los principales puntos de exportación: importaría gas licuado por mar y luego lo llevaría por un gasoducto a Estados Unidos. El esquema no funcionó porque a medio camino se aumentó la oferta de gas natural en ese país gracias a la explotación de gas de lutitas por medio de fractura hidráulica. Ahora planea invertir el proceso: recibirá gas del vecino país, lo licuará en las instalaciones de ECA y lo exportará por barco u otros medios.

Es casi un insulto que los manden después de que Sempra y el gobierno ya hicieron todo lo que han querido, soltó durante la reunión con Morales Mercado uno de los residentes de Bajamar, desarrollo habitacional de 700 viviendas que es el más cercano a la planta.

No hay quién nos compre

Los vecinos le recordaron que desde el principio se opusieron a la planta porque “es un peligro latente y no sabemos qué hacer si algo pasa en esos tanques.

¿Puedo esperar que sólo revienten los cristales de mi casa o que se queme? Nunca nos ha explicado cuáles son los riesgos de lo que procesa. Su discurso ha sido que con cumple todas las medidas de seguridad, pero ¿quién lo ha verificado? ¿Dónde está el dictamen de un tercero?

Castellanos reprochó: No conocemos un plan de evacuación en caso de siniestro, o qué pasaría con nosotros si queda bloqueada la carretera escénica, nuestra única salida.


Los colonos preguntaron al representante de ERM qué es el estudio de impacto social, y cuando les explicó que se trataba de recabar las opiniones y preocupaciones de los lugareños sobre la planta –en este caso por su reconversión–, uno de los vecinos dijo con ironía: Esta junta llega un poco tarde.

Relató que residía en California y compró una casa en esta zona de Ensenada para retirarse con tranquilidad. Ahora no sabemos cuál es nuestro futuro. Hemos visto los accidentes de Sempra en California, y aunque queremos vender para ir a un lugar seguro, no hay quién nos compre. Tu vida está en riesgo las 24 horas del día.

Después de la instalación de Sempra, en 2003, el gobierno autorizó otros proyectos que nada tienen que ver con turismo: Z Gas, un complejo que mueve y almacena gas licuado de petróleo, y actualmente se construye una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Es como tener la gasolina, la mecha y el cerillo juntos: una planta licuadora de gas, una expendedora y una chispa. ¿Y qué nos separa? Un cerco de púas, subraya Martha Castellanos.

El complejo habitacional y turístico Bajamar fue aprobado en 1974, con la posibilidad de extenderse hasta en 650 hectáreas. Sin embargo, en 2003 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a Sempra instalar su planta a un costado; hoy está modificando el proyecto original y los vecinos aseguran que, una vez más, está pasando sobre sus derechos con un estudio de impacto social a la medida.

Rodolfo Mellado, otro residente, preguntó al enviado de Sempra qué valor tiene su estudio, pues la empresa ha reducido cada vez que quiere la zona de amortiguamiento, y si alguien estuviera interesado en comprar en esa área, las casas estarían a 500 metros de la alambrada de Sempra.

También recordó que la compañía estadunidense nunca construyó la barda de retención que ofreció y tampoco las obras para paliar el impacto visual de sus tanques.

Los habitantes de Bajamar recriminaron al enviado que la planta se está haciendo en la zona de amortiguamiento, a costa de quienes viven o tienen terrenos a su alrededor.

Todas son tierras muertas. ¿Qué hacemos con ellas? No se puede construir. ¿Quién quiere vivir o pretender descansar junto a una bomba de tiempo? Esta planta no la pudieron construir en Estados Unidos porque Sempra no hace las cosas bien, expresó uno de los colonos.

Agregaron que tampoco saben qué ocurre con el agua que se usa en la planta y en qué condiciones se vierte al mar.

Recordaron que cada vez que han intentado plantear sus inquietudes a la empresa, ésta envía a sus abogados.


Es muy difícil tratar con una empresa que primero vino, construyó sus tanques y consiguió que el gobierno le hiciera un traje legal a la medida, se quejó uno de los lugareños.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIREYA CUÉÑLLAR.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/17/estados/029n1est

La Marina, a cargo de la seguridad en Coatzacoalcos

Xalapa, Ver. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que a partir de este lunes, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) se hará cargo de la seguridad y vigilancia en Coatzacoalcos, municipio ubicado al sur de la entidad.

Interrogado sobre por qué se tardó tanto el gobierno federal en atender este problema, dijo que –aunque había presencia de la Marina y el Ejercito en el sur de Veracruz– la Federación no había podido intervenir de lleno en la estrategia de combate a las bandas delictivas, porque “no había condiciones políticas”.

“Para que la coordinación surja y dé resultados tiene que haber condiciones políticas, por eso nosotros estamos haciendo el llamado a la cordura, a entender que ya pasó el proceso electoral, que sí alguien tiene que ver con algún tema del ejercicio personal en la administración pública, que lo enfrenta a la autoridad respectiva”, expuso.

“La ciudadanía no puede estar en este enfrentamiento de discursos, de posiciones que no ayudan a construir, para eso tenemos instituciones para que si hay alguna acción irregular, ahí se enfrenten”, planteó el funcionario federal.


Osorio Chong se pronunció por que haya una transición en buenos términos, y la Federación pueda seguir apoyando los esfuerzos, “nunca es tarde, debemos seguir por la ruta del entendimiento, a eso convocamos, y estaremos dando el apoyo y el respaldo que hemos dado hasta ahora”.





FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/17/la-marina-a-cargo-de-la-seguridad-en-coatzacoalcos

Apicultores mayas acusan a Monsanto ante Tribunal de La Haya

Muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, perdida dramática de hectáreas de selvas, son algunas de las afectaciones que apicultores mayas de Hopelchén, Campeche denunciaron contra Monsanto frente al Tribunal de La Haya, el pasado 15 y 16 de octubre.

Angélica Ek  y Feliciano Ucán, representantes del pueblo maya, aseguraron que el cultivo de soya y maíz transgénico por parte de Monsanto utilizando herbicida glifosato “altera la producción y calidad de la miel, a los montes, abejas, la salud de los agricultores, nuestro modo de vida, cultura y tradiciones, la vinculación sagrada con la naturaleza y el buen vivir”, afirma en un comunicado la organización no gubernamental Equipo Indignación, con sede en Campeche.

Los apicultores denunciarán al Estado Mexicano por otorgar los permisos a la empresa Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica con lo que se daña su ambiente y territorio.

A pesar de que en 2012 Angélica Ek y Feliciano Ucán junto con el Colectivo Apícola de los Chenes, organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y comunidades mayas, tanto de Campeche como de Yucatán, presentaron diversos amparos contra el permiso otorgado por las autoridades mexicanas la práctica continúa.

A dicho Tribunal acudieron representantes de diversos pueblos, con el objetivo de “visibilizar las violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas derivado de los productos que Monsanto desarrolla y comercializa en México, y para que la empresa y las autoridades se responsabilicen por las violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio”.


Los argumentos y conclusiones legales de los testimonios de los apicultores mayas “podrán servir como material de prueba y alegatos en los procedimientos que se hayan presentado o pretendan presentarse en el ámbito nacional por las víctimas; el Tribunal resaltará la necesidad de cambiar la ley internacional de manera que las personas que sufran violaciones a sus derechos humanos por empresas como Monsanto, puedan recurrir a vías legales, a través de las que puedan reclamar reparaciones  por esas afectaciones; además apelará a la conciencia de la ciudadanía y de los políticos acerca de las malas prácticas que la empresa desarrolla  y su impacto sobre el medio ambiente sano, la salud de las personas, los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas y  agroquímicos, ligado al derecho humano al agua y a la alimentación que se  ven vulnerados”  informan en el comunicado.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/apicultores-mayas-acusan-a-monsanto-ante-tribunal-de-la-haya/

Habrá paro nacional contra los feminicidios en México

El Paro Nacional contra los Feminicidios es convocado a través de redes sociales por activistas luego del asesinato de tres mujeres trans en menos de dos semanas, el incremento de los feminicidios en México y la impunidad en los casos.

A través de la convocatoria hacen un llamado para que el próximo 19 de octubre en los distintos estados del país se ocupen las plazas y espacios públicos para exigir el cese de los feminicidios y la violencia contra las mujeres; así como el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

El feminicidio de Paola ocurrido la madrugada del 30 de septiembre en la colonia Buenavista por un guardia de seguridad; el ataque en la casa de Itzel Durán que derivó en el asesinato de la joven de 19 años en Comitán, Chiapas el 8 de octubre y el feminicidio de la integrante de la Red de Jóvenes Trans, Alessa Flores, activista y trabajadora sexual encontrada muerta en un hotel de calzada de Tlalpan en la Ciudad de México el 13 de octubre con “indicios de estrangulamiento”, son algunos de los casos por los que hombres y mujeres se manifestarán.

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) arrojan que en la República Mexicana son asesinadas 7 mujeres al día. Muchas veces, a manos de sus propias parejas o familiares, y muchas otras, por personas no identificadas debido a la falta de resultados en las investigaciones.

El “Estudio de la implementación del tipo penal de Feminicidio en México: causas y consecuencias 2012-2013”, realizado por el OCNF, afirma que en 17 de los 31 estados donde está tipificado el delito, existen trabas que obstaculizan o hacen imposible su acreditación y para que desde un inicio las investigaciones se realicen por el delito de feminicidio; “es decir muchas veces el tipo penal cuenta con elementos subjetivos, se presta a las interpretaciones de los operadores jurídicos, etc. Como resultado de ello, de los 3,892 casos que fueron documentados por el OCNF entre el año 2012 y 2013, únicamente 613 (15.75%) fueron investigados como feminicidios”.

Por otra parte, si bien en estados con altos índices de feminicidios como Oaxaca, Chihuahua y Guanajuato, organizaciones sociales han solicitado la emisión de una alerta de género, está ha sido negada. De igual forme, en estados en los que se ha decretado como en Morelos o el Estado de México, la alerta de género de no es una garantía, ejemplo de ello son el feminicidio de una madre y su hija en Ecatepec, Estado de México ocurrido el sábado 15 de octubre.

El Paro Nacional contra los Feminicidios se une al Paro que se realizará también en Argentina luego del feminicidio de la jóven Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata, luego de que fue drogada con marihuana y cocaína, y violada sexualmente vía vaginal y anal.


El mismo 19 de octubre en México y Argentina se realizarán manifestaciones contra la violencia de género.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 16 OCTUBRE 2016.
LINK: https://desinformemonos.org/habra-paro-nacional-contra-los-feminicidios-en-mexico/

Ocho feminicidios en lo que va del año en Quintana Roo y “va al alza”: activista


La violencia contra mujeres en Quintana Roo “va al alza”, con Cancún y Playa del Carmen como lugares donde se registran más agresiones por cuestiones de género, afirmó Graciela Machuca Martínez, activista de la organización Maya Sin Fronteras.

Tan sólo en este año se dieron a conocer ocho feminicidios en el estado, mientras que entre 2006 y 2014 desaparecieron 51 niñas y adolescentes, de las cuales 45 fueron víctimas en Benito Juárez, cabecera municipal de Cancún, de acuerdo con los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

La activista señaló que en Quintana Roo la legislación no contempla al feminicidio como delito, sino que los crímenes contra mujeres se catalogan como “pasionales, culposos o dolosos, por lo tanto no los investigan con perspectiva de género”.

Manchuca Martínez aseguró que grupos políticos y religiosos son los que no quieren que se active la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, sin importar que varias organizaciones hayan solicitado su decreto ante el recrudecimiento de la violencia.

Por otra parte, denunció que no “hay un programa de gobierno encaminado a prevenir la violencia y protegernos”, por lo que las mujeres son vulnerables a nivel legal pues no existe una forma de protección contra los crímenes por cuestiones de género.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 15 OCTUBRE 2016.

Cherán “expulsó a delincuentes, políticos y policías”: BBC

El pueblo hoy puede presumir "que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones".

Cherán es un pueblo de Michoacán que se levantó contra talamontes en abril 2011 y, como parte de la defensa de su territorio, acabó expulsando a policías, políticos y delincuentes.

Su historia es retratada por la BBC de Londres, que muestra cómo un grupo de mujeres se organizaron para defender el pueblo, “cansadas de los homicidios y secuestros que ya eran rutina, así como de los cobros de extorsión a pequeños negocios que hacían hombres enmascarados”.

El levantamiento comenzó la madrugada del 15 de abril de 2011. Entonces, “las mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos”.

Posteriormente, “los políticos y la policía del pueblo fueron llevados rápidamente fuera de la localidad, pues las personas sospechaban que tenían arreglos con las redes criminales”, apunta la BBC.

“Los partidos políticos fueron prohibidos —y siguen estando— porque consideran que han causado división en la comunidad. Cada uno de los cuatro distritos de Cherán eligió a un representante para un concejo del pueblo”, agrega. 

Tras el levantamiento y el establecimiento de un nuevo orden, se establecieron puestos de control armados en las tres carreteras que llegan al poblado. Los mismos son vigilados “por miembros de la Ronda Comunitaria, una fuerza formada por hombres y mujeres de Cherán que detiene a cada vehículo para preguntar a sus ocupantes de dónde vienen y hacia dónde van”.

El medio señala que Cherán tiene su propio sistema de justicia para delitos menores, muchos de ellos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Las sanciones incluyen multas y trabajos comunitarios, como recolectar basura.

En tanto, “las violaciones a la ley que son graves son remitidas a la fiscalía del estado, pero Cherán puede decir que en el último año no ha habido asesinatos, secuestros o desapariciones”.


En contraste, en el resto de Michoacán la violencia no tiene freno. Por ello, Cherán no sólo es visto como una excepción, sino como un ejemplo.

REPORTAJE.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1710/mexico/cheran-expulso-a-delincuentes-politicos-y-policias-bbc/

Yunes sospecha que Duarte salió de Veracruz

En tanto, un empresario confiesa que pagaba una tarjeta a la esposa del hoy gobernador con licencia.

Aunque prometió quedarse en Veracruz, el gobernador con licencia de ese estado, Javier Duarte, habría salido del estado, indicó el próximo mandatario, Miguel Ángel Yunes.

En entrevista para Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, se le preguntó sobre el paradero de Duarte de Ochoa, ante lo que el gobernador electo dijo tener información no confirmada que apunta a que ya no está en Xalapa, Veracruz, y a que se fue solo con su esposa. “Él dijo que iría a Puebla. No sé realmente donde esté”, refirió.

En más sobre el tema, la mañana de este lunes en Despierta de Televisa, se dio a conocer un video en el que habla el empresario Moisés Mansur -señalado como prestanombres de Duarte-, quien admite que dio una tarjeta de crédito a Karime Macías, la esposa del priista.

“La tarjeta en su momento cuando la usó sí la pagué, porque no había otra manera…”, confesó el empresario.

En el mismo sentido, la semana pasada en Aristegui Noticias, Yunes adelantó que el primero de diciembre daría a conocer información que “va a cimbrar a México, porque iremos a fondo y en serio, de qué fue lo que pasó en Veracruz, de qué nivel fue la corrupción, que ya más o menos se tiene una dimensión, quiénes fueron los beneficiarios de esa corrupción”.


Acusó que se usaron diversos mecanismos “desde los más sofistifcados hasta los más burdos”, para desviar recursos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1710/mexico/yunes-sospecha-que-duarte-salio-de-veracruz/

Blindaje para Javier Duarte

La maquinaria de impunidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en marcha para proteger a su más preciado pez gordo: el Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.

No importa lo que se robó, no importan sus delitos, sus presuntos crímenes, no importa nada. Aquí lo que vale es lo que diga el presidente y si Enrique Peña Nieto dice que se le protege, se le protege, para eso están al servicio del partido, sus corruptas instituciones.

El caso de Javier Duarte es esperpéntico, pero también ilustrador. Exhibe en su real dimensión la impunidad total que cubre a los Gobernadores rateros. Existe toda una romería de ellos. En realidad no podríamos nombrar a un solo Gobernador que no haya robado. Todos tienen las manos manchadas de corrupción.

Y es que el PRI de Peña Nieto se ha convertido en una guarida donde caben todos, sin importar el partido. Desde Humberto Moreria, pasando por Roberto Borge, Yarrington, Rodrigo Medina, César Duarte, Carlos Romero Deschamps, Raúl y Carlos Salinas de Gortari, Arturo Montiel, Fidel Herrera, Jorge Emilio González Martínez, Carlos Hank Rhon, Rosario Robles, Genaro García Luna, Ángel Aguirre, Alejandra Sota, Andrés Granier, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa…. Y un largo etcétera.

A todos ellos les cubre el manto de impunidad priísta porque asistimos a la priisanización de los partidos. Todos son una mala copia corrupta del PRI. Y lo que verdaderamente importa es a ver quién roba más y quien goza de más impunidad.

Por lo pronto, la pantomima llamada Javier Duarte esta cubierta. El Gobernador con licencia dijo que dejaba el cargo por “amor” a Veracruz y para limpiar la “honorabilidad” de él y su familia corrupta utilizada como sus prestanombres para saquear del erario miles de millones de pesos.

No sabemos con exactitud cuanto dinero ha robado Duarte, pero la cifra puede superar los 50 mil millones de pesos. Tampoco sabemos si finalmente será enjuiciado, aunque todo indica que este vodevil va rumbo al 2018.

Duarte puede ser la tumba o la tabla salvavidas del PRI. Todo dependerá de cuánto dinero repartió a las arcas del partido y a los de arriba. Si la mancha de la corrupción se extiende a nivel federal, difícilmente la PGR actuará contra él y los suyos.

El Gobernador con licencia parece tener bien agarrados a los demás. La licencia que le otorgaron es una burla al estado de derecho, a la democracia a los veracruzanos. Y es también, una vergüenza para la procuradora Arely Gómez.

Pero dejémosles regodearse en el excremento de su sistema político y de justicia. Reflexionemos sobre este atroz panorama democrático entre comillas. ¿Qué vamos a hacer como sociedad civil para detener a estos hampones disfrazados de políticos? ¿Cómo vamos a retomar las riendas de nuestro país?

El desgobierno es tal, que a México le cuesta la lucha contra la corrupción el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1 billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos, según cifras del Banco de México, más todos los billones que se roban.

Como sigan así nos dejarán sin país. Si estos señores siguen en el poder: PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL… y todas las siglas habidas y por haber, se van a acabar a México al ritmo del nacimiento de más millones de pobres.

El simulacro de justicia ya no lo creemos. Ni siquiera el del panista ex Gobernador corrupto Guillermo Padrés, investigado por evasión fiscal y por la procedencia presuntamente ilícita de sus 450 caballos pura sangre valuados en más de 100 millones de pesos. De verdad, no tienen llenadera. Qué manera más ruin y mezquina de enriquecerse a costa del dinero de todos los mexicanos, qué patética forma de hacerse “ricos”.

Y el Gobernador con licencia Javier Duarte no está solo en su entramado corruptor. Lo acompañan: Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública, Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz; Flavino Ríos Alvarado, Gobernador interino, Amadeo Flores Espinosa, ex Fiscal y muchos políticos más de Veracruz y del gobierno federal.


La cloaca Javier Duarte apesta. Está llena de honorables personas, todos ellos ciudadanos que “aman” a México y buscan limpiar su honorabilidad. Ellas y ellos, gente decente, personas entregadas a la causa más noble: empobrecer aún más a México y a los mexicanos. Esta alcantarilla poco a poco quedará vacía. La PGR les dará protección para que huyan y gocen sus millones robados. Otros ni siquiera serán tocados con el pétalo de una investigación. Así las cosas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3104731

Reforma: OHL cobró al Gobierno dos veces un mismo equipo que después dejó arrumbado

La empresa OHL metió en el gasto como “inversión” 485 millones de pesos para la compra de maquinaria que actualmente está abandonadapero que cobra a gobierno al doble.

La empresa operadora de autopistas OHL México gastó 485 millones de pesos en adquirir dos maquinas removedoras, de las cuales obtiene doble rendimiento pero que actualmente están  abandonadas, informa Reforma.

Se tarda de dos máquinas removedoras de carriles, fabricadas por la empresa estadounidense Barrier Systems Inc, fueron adquiridas de la Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V, en la que figura como socio Ricardo San Román Dunne, cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, informa el medio capitalino.

Hace siete años se  firmó  el acuerdo 01/2009 al Título de Concesión, en donde la Entidad está obligada a comprar la maquinaria especial.  El gasto como parte de la inversión para las obras de en el Viaducto Bicentenario, y en el Circuito Exterior Mexiquense.

“Dichas cantidades serán reconocidas como parte de la inversión; a la fecha de este informe el importe acumulado por la compra de maquinaria especializada es por $485,415,168 y por obras adicionales $329,064,136”, señalan los estados financieros de Concesionaria Mexiquense, auditados por Deloitte.

“Para el resto de los conceptos de inversión total (liberación del derecho de vía, jardinería, supervisión de obra, ingeniero independiente, proyecto ejecutivo, seguros y fianzas, barrera movible, y sistema de peaje) el importe total fue de $1,909 millones”, explica el documento, que fue publicado por el Gobierno mexiquense en agosto, a pesar de tener carácter confidencial.

La empresa recupera dos veces el dinero que invirtió para la compra de la maquinaria, que está abandonada, y además está obtiene un rendimiento sobre cada una: 7 por ciento anual por el Viaducto y el 10 por ciento en el Circuito Exterior Mexiquense.

La empresa  Tecnología Aplicada Infraiber, ha acusado en múltiples ocasiones a OHL México de operar de manera fraudulenta. Paulo Díez Gargari, representante legal de Infraiber explica que la compra de la maquinaria fue inútil porque pues las características físicas del viaducto hacían innecesario mover las barreras centrales.


“En vez de mover la barrera central en el Periférico Norte, OHL propuso cambiar el sentido del tráfico en el viaducto elevado conforme a las horas de mayor afluencia” apunta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3104883

En el discurso, “van por Duarte”; en los hechos, no: ni hay titular en SFP, ni Fiscal Anticorrupción

Javier Duarte Ochoa pidió licencia al Gobierno de Veracruz para atender las denuncias en su contra por peculado y enriquecimiento ilícito. Su dimisión irrumpió sin que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, esté listo. No hay Secretario de la Función Pública y no hay Fiscal Anticorrupción, dos cargos vitales. Aletargada su instalación por su propia complejidad –involucra a siete instancias gubernamentales; además de la sociedad civil– el tiempo para el SNA corre en contra pues el cáncer de la corrupción avanza incontenible en los tres niveles de Gobierno. Los analistas ven que el caso Duarte pudo volverse ejemplar por no quedar impune, pero transcurrirá sin ese fortificado proyecto.

El primer gran caso de presunta corrupción en la presente Administración ocurre sin que esté instalado el Sistema Nacional Anticorrupción, el proyecto propuesto por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para aminorar ese mal que recorre los gobiernos municipal, estatal y federal, daña a la Nación con un 10 por ciento del Producto Interno Bruto y hace brotar escándalos de manera imparable.

Javier Duarte Ochoa anunció que pediría licencia al Congreso de Veracruz para dejar su cargo de Gobernador el 12 de octubre pasado, cuando le faltaban 50 días para concluir su administración. Su justificación fue que quiere estar en posibilidad de atender las denuncias y querellas en su contra por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. “Y Veracruz merece un Gobernador de tiempo completo”, dijo.

Pero, después de cuatro años de Gobierno, Peña Nieto carece del Sistema Nacional Anticorrupción, ofrecido en campaña y prometido en los primeros meses como Mandatario. El Sistema, un gran entramado de órganos que deberán coordinarse, por ahora le hacen falta los más vitales.

La Secretaría de la Función Pública –instancia creada por Miguel De la Madrid, rebautizada dos veces y desahuciada otras tantas– permanece sin titular después de que Virgilio Andrade Martínez renunció el 18 de julio de 2016. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, concebida para castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados moches y la colusión, entre otros delitos de daño a la Nación, simplemente no existe.

Ambas instancias son piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin ellas, el proyecto no podrá caminar.


PARSIMONIA ANTE LA IMPUNIDAD

Óscar Arredondo Pico, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, apunta que las designaciones son lo más importante para echar a andar el andamiaje. “La parsimonia y la tranquilidad con lo que lo están tomando es realmente preocupante. Para nombrar titular en la Función Pública sólo hace falta que el Ejecutivo federal envíe una terna al Senado… Para la Fiscalía hace falta que la Procuraduría General de la República la incorpore en su estructura orgánica”.

Duarte Ochoa no es el único Gobernador postulado por el PRI que en estos momentos enfrenta delitos relacionados con la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la mala administración que se ha reflejado en deudas públicas exorbitantes. Están también César Duarte de Chihuahua; Roberto Borge de Quintana Roo y Rodrigo Medina de Nuevo León.

Ante ese abanico de nombres, todos provenientes de su propio partido, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo el 17 de agosto de 2016: “No voy a meter la mano … Cada uno de ellos tendrá que enfrentar los señalamientos de que son sujetos, tendrán que enfrentar las investigaciones que hoy se están realizando y lo que está comprometido de parte de mi Gobierno es no solapar, no permitir que haya actos de corrupción y que si eventualmente alguien incurrió en un acto de estos que enfrente el peso de la Ley”.

El reloj corre en contra pero para armar por completo el aparato hacen falta el acuerdo de los actores. Son siete. La Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

El Sistema pretende agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité para que actúen de manera coordinada y alineados, por primera vez, con una Política Nacional Anticorrupción.

Para Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, la clave del sistema depende de la coordinación de estas instancias. En el consenso puede estar el avance o el letargo. El Investigador apunta que cada instancia debe hacer su trabajo y luego, aceptar la coordinación.

El caso de Duarte Ochoa se encuentra en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. El marco jurídico de esta unidad implica tres fiscalías, una contra el combate a la corrupción, otra de servidores públicos y otra contra la Administración de Justicia. En el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), la plataforma de datos abiertos donde puede revisarse la estructura orgánica de la Administración, no aparecen.

Aletargado por su propia complejidad, ni los miembros de organizaciones civiles que lo impulsan ni los observadores de la política mexicana ven que el Sistema Nacional Anticorrupción vaya a estar listo antes de 2018, el año en que concluirá la presente Administración y arrancará la siguiente.

Es decir, no será Enrique Peña Nieto quien conduzca las riendas del sistema en contra de los Gobernadores o servidores públicos que ahora enfrentan acusaciones por delitos relacionados con la corrupción cuando justo este ha sido el eje crítico de su gestión que hoy no pasa del 20 por ciento de aprobación, según las encuestas.
“El SNA es como un gran monstruo por complejo”, describe Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción en México. “Y esta complejidad ha mandado la imagen de que el aparato para atacar al cáncer de la corrupción está detenido y entonces, no puede hacerse nada. Y el cáncer crece, se ramifica, se vuelve poderoso. No debería esperarse a la instalación del sistema. Ahora mismo se puede hacer mucho con la normativa vigente de la Función Pública. Con esa, Javier Duarte debe ser investigado, por ejemplo”, expresa el también Coordinador de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sistema se sostiene en siete leyes, promulgadas por el Presidente Enrique Peña Nieto el 18 de julio pasado. Entre ellas está la misma Ley General del SNA –que marca su ruta de instalación– y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la 3de3.

Implica desde la creación de la Fiscalía anticorrupción y un tribunal federal especializado hasta el fortalecimiento de los órganos rectores de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción.

Es como un gigante en cuya cabeza estará un comité coordinador, presidido por un representante de la sociedad civil. Uno de los brazos será el secretariado ejecutivo que a su vez, estará a cargo de la Plataforma Digital Nacional y de las métricas de las políticas anticorrupción.

Después de la comparecencia de 15 hombres y mujeres postulados por instituciones educativas y organizaciones civiles, el Senado de la República aprobó el jueves pasado a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana. A partir de entonces, ya hay nombres y se dio el primer paso pues de esta comisión depende la integración del Comité de Participación Ciudadana.

Se eligió a Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Antonio Carlos Gómez Espiñeira y Viridiana Ríos Contreras para ocupar los lugares correspondientes a las organizaciones civiles.

Por las instituciones de Educación Superior y de Investigación fueron electos María Elena Morera Mitre,  Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa.


MUCHAS FISCALÍAS, PERO NINGUNA OPERA

“El Fiscal anticorrupción va a ser la persona más poderosa del país”, describe Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Lo dice porque el nuevo Fiscal deberá tener la capacidad intelectual y legal para conseguir el desmantelamiento de las redes en las que se sostiene la corrupción. Y no bastará –según el ordenamiento legal– con atrapar personajes, habrá que llegar a las cuentas bancarias, las propiedades ilícitas, los prestanombres, todo.

La reforma avalada en junio por el Senado de la República establece que la Fiscalía Anticorrupción será un un órgano de autonomía técnica y operativa. La misma reforma modificó el Código Penal Federal para tipificar los delitos en materia anticorrupción. Considera cárcel de hasta 14 años para diputados federales y locales que exijan tajadas a cambio de agilizar partidas presupuestales. El ordenamiento también incluye sanciones a quienes entreguen algún beneficio a servidores públicos y 12 años de prisión para particulares que mientan sobre su fortuna obtenida por concesiones públicas.

Esa es la Fiscalía planeada en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y será transitoria mientras la PGR logra transformarse en una Fiscalía General Nacional.

Por lo pronto, la PGR ya tiene una fiscalía de combate a la corrupción, creada en 2014, pero también carece de fiscal.

Antes de la revelación periodística de la “casa blanca”, el Presidente Peña Nieto se proponía desaparecer a la Secretaría de la Función Pública para sustituirla por una Comisión Nacional Anticorrupción, como prometió en campaña. En 2013, apenas con unos meses en el Gobierno, publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de la Ley de la Administración Pública para desmantelar a la dependencia. Pero no ocurrió. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y ahí se quedó en los cajones.

Ante la imposibilidad de la comisión, en 2014, mediante el Acuerdo A/011/14 en el Diario Oficial de la Federación quedó estipulado la creación de una Fiscalía Anticorrupción; pero desde entonces hasta el cierre de este texto, ha carecido de titular.


Algunas de las funciones de esa Fiscalía son solicitar a otros países información específica sobre algún funcionario mexicano bajo investigación, requerir datos de cualquier servidor o ex servidor público de orden estatal o municipal que pudiera estar involucrado en hechos de corrupción y hasta solicitar a las instituciones bancarias información del movimiento de recursos sospechosos, según el Manual de Organización de la PGR.



DECLARACIÓN PATRIMONIAL: LO QUE ELLOS QUIERAN

El gigante nació sin una de sus partes. La iniciativa ciudadana “Ley 3de3” que iba a ser uno de sus pies porque exigía que los servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y de impuestos fue expulsada del cuerpo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada Ley3de3 fuera aprobada. La propuesta implicaba que los funcionarios públicos hicieran públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal. Pero no pasó.

La madrugada del 15 de junio, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.

Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.

Esa misma madrugada se legisló para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, sea el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.

Por su parte, el Secretariado técnico tendrá a su cargo la evolución del patrimonio, la declaración de intereses y la declaración fiscal.

Es justo la inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales lo que ha puesto en jaque a varios políticos mexicanos, desde el Primer Mandatario, Enrique Peña Nieto; el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, hasta los candidatos que buscaron gubernaturas.

Pasaron cuatro años y el Presidente Enrique Peña Nieto no cumplió con el compromiso número uno de su lista firmada ante Notario Público en campaña. La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción encabezó esa lista y también fue el tema de algunos de sus discursos.

Justo en el PRI, en la XXX sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional para tomar protesta a nuevos consejeros que cumplieron con su periodo efectuada en 2012, el entonces aspirante presidencial dijo: “Hoy los mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas formas. En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad”.

Ese día, el PRI había reunido a su militancia. Estaban ahí candidatos a gobiernos estatales, a diputados y senadores; además de varios ex presidentes de partido.

Desde ese momento empezó a correr el reloj para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción. El entonces candidato no sólo hablaba de un nuevo rumbo para el país por un señalado combate a la corrupción, firmó ante Notario Público una lista de 266 compromisos cuyo punto número uno fue la creación de una comisión nacional anticorrupción.

Pasaban los meses y “corrupción” y “combate a la corrupción” se convirtieron en términos que el Primer Mandatario expulsó de su discurso.

En el mensaje alusivo de su Segundo Informe de Gobierno, un compendio de nueve mil 748 términos, mencionó una sola vez el término “corrupción”. Dijo: “Para fortalecer el sistema de justicia, la Reforma Política convierte a la Procuraduría General de la República en un nuevo órgano constitucional autónomo: la Fiscalía General de la República. De acuerdo con esta reforma, esta institución contará, entre otras, con dos fiscalías especializadas; una contra delitos electorales, y otra para combatir la (y aquí la mermada palabra) corrupción”.

En entrevista con un grupo de periodistas convocado por el Fondo de Cultura Económica, en agosto de 2014, el Presidente expuso: “La corrupción es un tema cultural que no es exclusivo de México”.

En noviembre de ese mismo año, el equipo de investigación de Aristegui Noticias publicó un reportaje en el que revelaba que el Presidente y su familia habitaban una lujosa mansión en las Lomas de Chapultepec, otorgada por el contratista del Gobierno federal, Juan Armando Hinojosa Cantú.

Cuando promulgó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio pasado, el Presidente incluyó en su discurso la palabra “perdón”. Lo dijo al reconocer que la información difundida sobre la llamada “casa blanca” causó gran indignación. “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón”.


Y hace poco, en la Semana Nacional de la Transparencia, volvió a hablar de corrupción. “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. Con esas palabras, el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a fijar su pensamiento sobre ese mal en el país. Poco proclive a la improvisación, ese día hizo una excepción y se despegó del discurso para hablar de los actos corruptos que en mucho han carcomido la estructura del país.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS/ LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3103743

Detienen en CDMX a un presunto responsable por el caso del asesinato de 2 curas en Veracruz

El presunto responsable por el caso del secuestro y asesinato de dos sacerdotes en Veracruz fue detenido tras estar implicado en el robo de un automóvil en la CDMX.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron este domingo 16 de octubre sobre la detención de un hombre por su presunto vínculo con el caso del secuestro y asesinato de dos sacerdotes en Veracruz.


Los cuerpos de ambos fueron encontrados el pasado 19 de septiembre, tras ser secuestrados. El Episcopado mexicano identificó a los sacerdotes asesinados como Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz.

En un comunicado, la Procuraduría de la capital mexicana detalló que el presunto responsable fue detenido junto a otra persona, después que cometieran un robo de auto en la delegación Azcapotzalco.

“Amagaron con un arma de fuego a sus víctimas, pero una acción oportuna de elementos policiacos, coordinada con los ofendidos, permitió su captura”, apuntó la Procuraduría.

“Los detenidos fueron asegurados el pasado 13 de octubre, después de haber despojado con violencia a una pareja de un automotor Nissan tipo Versa, color azul metálico”, agregó.

La pareja a la que asaltaron pidió ayuda a los policías de una patrulla,  y dieron la descripción de los agresores, y del automóvil en que escaparon.

Encontraron el vehículo robado, y además una de las víctimas logró rastrear uno de los teléfonos robados.

“Una vez localizado el automotor, observaron a dos hombres que caminaban sobre la calle Constitución y que coincidían con las características físicas de los detenidos, así como la vestimenta descrita por el agraviado”, detalló la Procuraduría.

“Al percatarse de la presencia policiaca, los individuos intentaron huir, por lo que se inició una persecución que tuvo como resultado la detención de uno de ellos, mientras que el segundo se aseguró con el apoyo de otra unidad policiaca en avenida San Isidro, dirección Centeotl, colonia Barrio Santa Lucía, en la misma demarcación”, agregó.

Los presuntos responsables fueron identificados por las víctimas del robo, y después las autoridades establecieron que uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión, con fecha 27 de septiembre de 2016, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.


Esta última por el caso del secuestro y asesinato de dos sacerdotes, “privados de su libertad por el ahora imputado”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/detenido-asesinato-sacerdotes-veracruz/

Las irregularidades en el caso del presunto ‘asesino de Valle Alto’

A partir de entrevistas y de una revisión del expediente, Animal Político documenta las inconsistencias en el caso de Yarold Leyte, bautizado por la prensa veracruzana como ‘El asesino de Valle Alto’.

A Yarold Christian Leyte Quintanar lo condenaron 32 años de cárcel tras confesar que asesinó en febrero de 2012, en un fraccionamiento ubicado en el puerto de Veracruz, a una empleada del banco ‘Compartamos’ porque no quería pagar una deuda de 30 mil pesos.

Tras la confesión, Yarold denunció que lo hizo obligado por la tortura aplicada por los policías de la extinta Agencia de Investigación Veracruzana (AVI), quienes lo obligaron a declararse culpable.

Los propios peritos forenses de la Procuraduría de Justicia de Veracruz confirmaron en el expediente numerosas inconsistencias en las investigaciones del caso, como contradicciones en la forma en que presuntamente Yarold mató a la víctima y posteriormente la cargó 25 metros hasta un departamento abandonado para simular un robo, sin dejar ni una gota de sangre en el trayecto aun cuando ésta fue apuñalada.

Además, el Ministerio Público nunca investigó las amenazas de muerte que recibió la trabajadora bancaria  días antes del asesinato, en palabras del propio hermano de la víctima.

A partir de entrevistas y de una revisión del expediente, Animal Político documentó las inconsistencias en el caso de Yarold Leyte, bautizado por la prensa veracruzana como ‘El asesino de Valle Alto’.

“En la AVI te vamos a hacer hablar”

La voz de Yarold Leyte sonaba algo entrecortada por las interferencias al otro lado del aparato telefónico. Originario de la Ciudad de México, habló con Animal Político desde un penal de Veracruz, donde lleva cumplidos 4 de los 32 años y medio a los que fue condenado por el asesinato de María Teresa G.G., empleada del banco Compartamos.

Sereno, el joven de 34 años narró que durante la “investigación exhaustiva” que hicieron los detectives sobre su caso, las cosas sucedieron de manera muy distinta a lo publicado por la prensa. Y que si bien es cierto que confesó el asesinato en su declaración ministerial, lo hizo bajo tortura.

Todo comenzó el 13 de marzo de 2012, sobre las 17 horas. Ese día los dos mismos agentes de la AVI que el 8 de marzo fueron a la casa de Yarold a hacerle unas preguntas “de rutina” sobre el homicidio ocurrido el 28 de febrero en una casa abandonada frente a su casa, se apersonan de nuevo en el domicilio y con la excusa de que no anotaron bien su número telefónico le pidieron acceder al inmueble sin una orden judicial para luego detenerlo.

Tras insistirle a los policías que era inocente y que no conocía a la víctima, estos le dijeron:

-Mira chavo, ya te fregaste. Sabemos que tú mataste a esa mujer porque le debías dinero.

Yarold les aseguró que no sabía de qué le hablan, porque que no tenía deudas con el banco donde trabaja la víctima.

-No te preocupes –le respondieron-. Allá en la AVI te vamos a hacer hablar.

“Si no la mataste tú, entonces la mató tu esposa”

En las instalaciones de la AVI los policías lo llevaron a una especie de “cobachita” que hace las veces de celda. Allí lo despojaron de su ropa. Le colocaron vendas en los brazos, en la cabeza, y en los ojos. Y lo tiraron al suelo para propinarle cachetadas y patadas por todo el cuerpo, además de darle toques eléctricos en la pierna izquierda y en los testículos.

Después de torturarlo, a Yarold lo llevaron “ante un comandante” que lo tranquilizó diciéndole que creía  que él no había  matado a María Teresa; acto seguido le exigió que le diera el número de teléfono de su esposa y su dirección. “Porque si no la mataste tú –le dijo-, entonces la mató ella”.

Yarold le marcó a su esposa, separados por problemas personales, para pedirle que se vieran en un punto de la ciudad. Ésta aceptó a regañadientes porque ya era tarde, y se trasladó hasta una calle con sus dos hijos, de seis y dos años de edad.

Yarold iba a bordo de una camioneta blanca y sin logotipos de la AVI, de la cual los agentes se bajaron para detener a su esposa, a la que trasladaron en otra camioneta dejando a los niños con una señora que paseaba por la zona.

De vuelta a la AVI, la pesadilla arrancó de nuevo. Yarold no podía ver a su esposa, pero sí la escuchaba llorar y gritar con cada cachetada que le daban los policías.

-Cuando estoy escuchando todo esto, el comandante me agarra la cabeza. Saca la pistola, corta cartucho y hunde el cañón en mi ojo derecho y me dice: ‘Mira, aquí tienes de dos moles: o te avientas la bronca y declaras que tú la asesinaste. O dos, ahorita mato a tu esposa y a tus tus hijos, y luego te mato a ti, te tiro al río en una bolsa, y te escribo un letrerito diciendo que eres un zeta’.


Con la presión en el ojo del cañón, Yarold se quebró y pidió que no le hicieran daño a su esposa e hijos. A cambio aceptaría declararse culpable.

¿La asfixió o le clavó un cuchillo?

Según el expediente judicial revisado por Animal Político, Yarold en su declaración ministerial incurrió en numerosas contradicciones que ponen en entredicho la “investigación exhaustiva” de los detectives.

Por ejemplo, Yarold no sabe cómo mató a la víctima. Según la causa penal 88/2012-V, el joven declaró que la víctima murió “por asfixia como consecuencia de una llave ‘china’” que le aplicó cuando María Teresa G. G. lo amenazó con un cortaúñas.

El Certificado de Necrocirugía emitido por el doctor Gustavo Amador Cerón, según consta en la foja 113 del expediente, estableció que la causa de muerte de la víctima fue “una herida cortante penetrante de abdomen” de unos 20 centímetros, aproximadamente, “que produjo exposición de vísceras con sección de las mismas y hemorragia aguda”.

Otra inconsistencia.

Aunque Yarold declaró que mató a la joven por asfixia, luego relató que tras un forcejeo entre él y la víctima ambos caen sobre una mesa de cristal que se rompe, lo que provoca que ella se clave un cristal roto en el abdomen y se haga cortaduras en la mano.

El perito criminalista de la propia Procuraduría, Ernesto Andrés Sánchez Castillo, concluyó en su dictamen que la herida de 20 centímetros no fue ocasionada por un cristal, sino por una lesión profunda ocasionada por “un arma punzo cortante”. Además, el médico legista no certificó ninguna lesión en las manos de la occisa.

Ni una gota de sangre

Yarold declaró que tras comprobar que la víctima no tenía signos vitales, la abandonó durante cuatro horas tirada en el suelo de su domicilio, dejando ésta un charco de sangre. Y que posteriormente cargó a la víctima y la trasladó al domicilio de enfrente que estaba abandonado para simular un asalto.

El perito de la Procuraduría estableció que esto tampoco es cierto. Ya que en el lugar del hallazgo del cadáver se localizó un charco de sangre de “2 metros y medio de longitud”, mientras que en la casa de Yarold no se encontró nada.

A las mismas conclusiones llegó el perito de la defensa, Miguel Ángel Cruz Hernández, quien dijo que no hay ninguna prueba de rastros de sangre en la banqueta, en la entrada de la casa, o afuera de la recámara de Yarold.

No tenía ninguna deuda

En un documento oficial del Banco Compartamos, integrado en la foja 190 del expediente, el gerente de la oficina de Servicios de la institución financiera, Raúl Hernández Durán, aseguró que Yarold no tenía ninguna deuda con ellos, por lo que la empleada María Teresa “no tenía asignado cobrarle deuda”.

Aparte, en la investigación de los hechos, no se señala la hora en que fue detenido Yarold, tampoco la hora en que fue presentado ante el Ministerio Público, ni la hora en que se tomó su declaración.

Sólo se precisó la fecha del 14 de marzo de 2012, y se certificó que se llevó a cabo una inspección del domicilio de Yarold a las 01.20 horas del 14 de marzo, lo cual, según el abogado defensor, esto implicaría que “todos estos hechos, la detención por elementos de la AVI, la presentación ante el MP, la toma de declaración y las diligencias de inspección ocular del domicilio, ocurrieron en un espacio de una hora y veinte minutos”.

No investigaron amenazas de muerte

Por último, la defensa de Yarold criticó que las autoridades no hayan investigado las amenazas que recibieron la víctima y su pareja día antes del homicidio.

Situación que fue revelada por el propio hermano de la víctima en su declaración rendida durante la diligencia de identificación del cadáver.

Ante estas inconsistencias, el abogado defensor de Yarold solicitó a un juez la libertad del inculpado, alegando que la única prueba en su contra era la confesión obtenida bajo tortura.

El juez no concedió la libertad, y el caso fue turnado a un tribunal federal colegiado, donde se estudia otro amparo interpuesto por la defensa para tratar de obtener la libertad del inculpado.


Mientras llega la resolución del amparo, Yarold -a quién no se le ha efectuado el Protocolo de Estambul para determinar si padeció tortura a manos de policías ministeriales veracruzanos-, continúa condenado a más de 30 años de cárcel por una investigación repleta de inconsistencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
TITULO ORIGINAL: Mira chavo ya te fregaste: las irregularidades en el caso del presunto ‘asesino de Valle Alto’
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/caso-yarold-leyte-presunto-asesino-valle-alto-plagado-irregularidades/

Juez que otorgó amparo a defensor del bosque en Edomex es asesinado en Metepec

El juez federal asesinado hoy por la mañana otorgó, en junio, un amparo al ecologista indígena, Idelfonso Zamora, lo que podría poner en libertad al defensor de bosques.

El juez federal, Vicente Antonio Bermudez Zacarias, quien recientemente otorgó un amparo al defensor indígena Ildelfonso Zamora, murió de un balazo en la cabeza luego de ser atacado mientras realizaba ejercicio en el fraccionamiento residencial Llano Grande en Metepec, Estado de México.

De acuerdo a los datos que dieron a conocer medios locales, el Juez del Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, fue agredido cerca de la calle  Árbol de la Vida, entre 5 de Febrero y Adolfo López Mateos cerca de las 8 de la mañana mientras corría por el sector.

Paramédicos llegaron hasta la zona del fraccionamiento exclusivo, atendieron al funcionario federal de 37 años y lo trasladaron  a la clínica número 251 del IMSS en donde murió tras el impacto.

La identidad fue reservada; sin embargo, al medio día de hoy, trascendió que la víctima era un juez federal identificado, preliminarmente como Antonio Bermudez.

Varias unidades de la Policía Municipal acudieron a la zona y acordonaron la calle Árbol de la Vida para el levantamiento de la evidencia balistica.

Los magistrados  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  guardaron un minuto de silencio para el funcionario al arrancar la sesión de hoy.


El Presidente Enrique Peña Nieto lamentó asesinato del juez federal en Metepec. Durante su discurso para inaugurar la 59 Reunión Internacional de Magistrados, el mandatario nacional condenó el crimen e  instruyó a Procurauría General de la Republica a atraer indagatoria y dar con responsables.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3104951

La buena: México tiene aún bono demográfico; la mala: el 51%, de 15 a 29 años, está en la pobreza

El 51 por ciento de la población que debe impulsar acciones para avanzar frente a la pobreza, vive en pobreza, es decir, los jóvenes. Las entidades en donde más se concentra esta población son: el Estado de México, en primer lugar con 2.1 millones de jóvenes en pobreza por ingresos; Veracruz, con 1.2 millones; Chiapas, con 1 millón; Puebla, con 980 mil jóvenes y Michoacán con 665 mil jóvenes en pobreza por ingresos, de acuerdo con cifras oficiales recopiladas por más de 60 organizaciones.

En México, 15.2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad vive en pobreza, lo que representa el 51 por ciento del bono demográfico del país, de acuerdo con cifras oficiales recopiladas por más de 60 organizaciones que integran la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este lunes, las organizaciones urgieron a los tres órdenes de gobierno a impulsar cambios para reducir la pobreza a la mitad para 2030, como México se comprometió en septiembre de 2015 cuando junto con otros 192 países se adhirió a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las entidades en donde más se concentra esta población son: el Estado de México, en primer lugar con 2.1 millones de jóvenes en pobreza por ingresos; Veracruz, con 1.2 millones; Chiapas, con 1 millón; Puebla, con 980 mil jóvenes y Michoacán con 665 mil jóvenes en pobreza por ingresos.

Las organizaciones mencionan que a pesar de que la salud ha mejorado con la inclusión de estudiantes que cursan nivel medio superior y superior en escuelas públicas, la calidad y el acceso efectivo a la salud, no son una realidad.
“Las cifras de analfabetismo se han reducido, sin embargo, la gran mayoría de los jóvenes sólo alcanzan la conclusión de la educación secundaria, hasta ahí llegan. Son 11 millones de jóvenes mayores de 18 y menores de 30 años de edad, sin educación media superior completa”, explicaron las organizaciones.
La asistencia escolar por edad pasa de casi cien por ciento a los 11 años y cae hasta el 40 por ciento en jóvenes a los 19, refiere Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Es decir, “todos” llegan a sexto de primaria, pero sólo cuatro de cada diez siguen en la escuela a la edad en que deberían estar cursando educación profesional.

La caída es muy clara, advirtieron las organizaciones, “mientras que a los 12 años, asisten casi todos a la escuela (96 por ciento), cuando cumplen 18 años, solo el 51 por ciento asiste a clases”.
“Después de cumplir 15 años y antes de cumplir 20, la mitad de los jóvenes quedan fuera del sistema educativo. Esto a pesar de que la matrícula de la educación media superior (EMS) se ha incrementado y la tasa de deserción se ha reducido”, destacaron las organizaciones.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza retoma datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal.

Ante este panorama, las organizaciones urgieron a los gobiernos emprender una acción en al menos tres aspectos: la economía para que sea productiva, pero también incluyente; en la política social para crear un sistema universal de protección social diseñado con enfoque de derechos, y en la gobernanza para que la sociedad confíe en que pagar sus impuestos es por su propia seguridad y prosperidad.

“Lograrlo implica que, desde ahora, se dé prioridad a la educación temprana de los niños desde su gestación y hasta los tres años de edad”, explicaron las organizaciones.
También demandaron que el desarrollo de oportunidades educativas para los jóvenes, las oportunidades productivas, es decir, generar industrias y empresas que den empleos bien remunerados.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza urgió al Gobierno generar opciones educativas flexibles de “segunda oportunidad” para jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo y ya no tienen la edad –ni las condiciones- para concluir y acreditar el nivel medio superior.
“Un paso puede ser abandonar los criterios de beneficiar con privilegias a unos cuantos desarrollando mega proyectos que se entregan a una sola concesión y pasar a impulsar las pequeñas y medianas empresas comprometidas en generar cadenas de valor”, propusieron.

Para alcanzar la meta, coincidieron las organizaciones, es urgente poner un alto a la improvisación y a las ocurrencias de funcionarios públicos que inventan programas sociales “sin ton ni son”, cuando existen metodologías y evaluaciones ya practicadas por organismos autónomos como el Coneval donde dice qué hay que hacer y qué no debemos repetir.

Actualmente el Coneval identifica 6 mil 751 programas sociales entre federales, estatales y municipales que generan dispersión y desperdicio de recursos. Buena parte de estos programas son diseñados con criterios paternalistas o clientelares, usados por políticos profesionales.


Los programas sociales, aconsejaron las organizaciones, “deben tener un enfoque de derechos”, al mismo tiempo que exigieron la creación de un padrón único y transparente como vía obligatoria de ingreso a los programas sociales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-10-2016/3104908