Por años, miles de mexicanos y centroamericanos han abandonado sus países de origen con el objetivo de llegar a Estados Unidos y conseguir, allá, un trabajo que les permita mejorar su calidad de vida. Esto, pese a que en el camino sean víctimas de discriminación, violencia laboral –con jornadas extenuantes y bajos salarios– o de abuso sexual. Pero todas esas vejaciones no son exclusivas de la migración “ilegal” sino que también se auspician bajo el Programa de Empleo Temporal, impulsado por Estados Unidos y México. Este método de contratación despertó múltiples problemas en Sinaloa, donde año con año se recluta a “mano de obra no calificada” para realizar diferentes trabajos por algunos meses al año. Tras permitir por mucho tiempo fraudes y maltrato de ambos países, trabajadores migrantes fundaron –hoy hace tres años– la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Sinaloenses. Ahí, pasaron de ser víctimas a ser defensores de los derechos laborales.
El señor Humberto Salinas, representante legal de Desarrollo Social Sin Fronteras, una agencia de reclutamiento, llegó de Nuevo León a Sinaloa. Buscó a personas de diferentes municipios que tuvieran algo en común: el sueño de tener un trabajo y una vida mejor.
Les narró “las maravillas” de laborar en Estados Unidos a través del Programa de Empleo Temporal y luego procedió al cobro de entre 100 y 200 dólares por persona para tramitarles su visa laboral. Pero el tipo se hizo humo… desapareció, dejando con deudas a cerca de 36 personas.
No sólo ese señor robó a los sinaloenses. Año con año los fraudes se repetían.
Lo que representó en un inicio la oportunidad para tener acceso a un mercado de trabajo en Estados Unidos, ganar más y mejorar la condición de vida, resultó en una serie de violaciones a los derechos laborales que no eran casos aislados, sino un patrón y una cadena de abusos que rozan incluso con la esclavitud.
Esto detonó la necesidad de tomar conciencia, aglutinar esfuerzos y generar una organización y resistencia estructurada mediante un espacio donde se desarrollaran acciones en defensa de los derechos humanos y también la generación de un mecanismo para el acceso a la justicia. Así nació, el 18 de octubre de 2013, la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Sinaloenses, donde de ser víctima el trabajador migrante amplió su identidad y pasó a ser también un defensor de los derechos laborales.
En 2013, la Coalición se creó con 29 trabajadores provenientes de Topolobampo y Los Mochis; actualmente hay 37 hombres y 21 mujeres. Históricamente se conformó con trabajadores de la industria del marisco, pero ahora hay mujeres que están trabajando en la industria de la limpieza en el sector turístico y como trabajadoras del hogar.
El Programa de Empleo Temporal inició operaciones luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1995. Ahí quedó establecido el permiso de “no inmigrante”, que permite a los ciudadanos de México y Canadá trabajar en Estados Unidos en una actividad preestablecida. El Consulado General de ese país expide para ello, visas H2A para empleados enfocados a la agricultura y H2B para quienes se dediquen a actividades como jardinería, servicios de limpieza o cuidadores.
Se trata de un permiso para contratar a trabajadores extranjeros para laborar en espacios que no son ocupados por estadounidenses.
Pero de acuerdo con los testimonios de los trabajadores, desde su inicio este programa ha tenido como común denominador el abuso y la discriminación por parte de autoridades de ambos países, así como por los patrones y el personal de las plantas en las que les toca trabajar.
A diferencia de la migración ilegal –en la que por lo regular los trabajadores buscan llegar a Estados Unidos y trabajar sólo por determinado tiempo y regresar a sus lugares de origen–, quienes se ampararon en este programa lo miran como su empleo formal y bien establecido.
“Por un lado los trabajadores tiene una necesidad inmediata que es la de trabajar y por lo que se van al otro lado. Pero no trabajan en cualquier condición. Hay una serie de derechos humanos laborales que están resguardados en instrumentos internacionales y nacionales que los Estados tienen la obligación de respetar. Justamente la Coalición está en el proceso de transitar de una defensa contra el fraude a también de luchar por llegar a un trabajo con condiciones justas: que el proceso de reclutamiento sea transparente, digno, que se apegue a derecho; que Estados Unidos reconozca el aporte que la mano de obra mexicana genera para la economía estadounidense y, además, que el Gobierno mexicano reconozca una serie de violaciones a sus connacionales y que sea una corresponsabilidad”, aseguró en entrevista Norma Cacho, coordinadora del área de Procesos Organizativos del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), organización que ha documentado el caso y asesorado a los trabajadores migrantes.
LA MIGRACIÓN LEGAL
“Hay una constante de explotación laboral y discriminación social en Estados Unidos. Arrastramos toda una historia de migración de México a EU que ha favorecido que la mano de obra mexicana sea fácilmente explotable, discriminada o incluso tratada en condiciones de semi esclavitud”, contó Norma en entrevista con SinEmbargo.
Los trabajadores mexicanos reciben allá un salario de 5 dólares, cuando acá la promesa fue que la paga eran 10 dólares.
En las plantas son divididos por hombres, que ganan por hora, y mujeres, que ganan por lo que hagan, por “destajo”. Ahí les son asignados los sitios donde van a vivir, que están entro dentro de sus sitios de trabajo. Según los testimonios de los trabajadores, las condiciones en que viven en esos remolques son infrahumanas y de hacinamiento.
El costo de la que es su “casa” por máximo siete meses, es descontado de su salario.
En medio de todo, la opción de decir que no se está de acuerdo con algo, es mínima o la última, ya que los patrones les quitan la visa, dejándolos en situación de indocumentado.
Tampoco hay ninguna prestación. El único apoyo que reciben es para el trámite de la visa y su salario.
Se ha observado también, un proceso diferenciado entre hombres y mujeres. Algunas se comparten: fraudes, condiciones de trabajo. Pero hay diferencias en salarios, cargas de trabajo, y riesgos a los que se enfrentan las mujeres, como “favores sexuales” durante el reclutamiento y en el trabajo, además de acoso sexual y psicológico.
Prodesc, en estos tres años de acompañamiento, sostiene que el factor que ha detonado la migración en la región, además del económico, es la violencia contra los pueblos, en este caso por el crimen organizado.
“En Sinaloa hay un estado de violencia que empuja a la gente no sólo a irse a Estados Unidos, sino inclusive salir de los municipios que han sido históricamente del narco. Topolobampo y los Mochis, al norte de Sinaloa, es una región sumamente golpeada por ese fenómeno y a eso se le suma la pobreza estructural de muchas de los habitantes”, expuso.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el número de sinaloenses en precariedad se incrementó entre 2012 y 2014.
En el 2012 había 1 millón 055 personas en pobreza en el estado, cifra que subió a 1 millón 167 mil 100 personas en 2014. La cantidad de sinaloenses en pobreza extrema de igual forma se elevó de 130 mil 200 personas en 2012 a 155 mil 800 personas en 2014.
“El programa de visas representó en un inicio la oportunidad para acceder a un mercado de trabajo, supuestamente en mejores condiciones, pero al final resultó en una serie de violaciones a los derechos laborales en un territorio que tradicionalmente se considera más avanzado”, agregó Cacho.
En este sentido, Greta Gómez Rico, responsable de comunicación de Prodesc, explicó que el reclutamiento en México lo hacen personas que trabajan para empleadores estadounidenses, lo que complicaría que los empleadores tengan conocimiento de lo que sucede en territorio mexicano.
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, los empleadores son legalmente responsables de fraudes o discriminación durante el proceso, “cuando se les notifica ellos alegan no saberlo y con ese desconocimiento se deslindan de la responsabilidad […] De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un trabajador es considerado así desde que comienza el proceso de reclutamiento, lo que implica que el Gobierno mexicano sí es jurídicamente responsable por los abusos que sufren en esa etapa”, comentó Gómez Rico.
Fueron estos fraudes, el principal detonante de la organización de las y los migrantes.
“Una primera toma de conciencia fue por una serie de fraudes que se dieron en el reclutamiento. A raíz de ello se detona un colectivo que se transformó en un proceso de defensa de derechos. En México hay una serie de agencias que tienen reclutadores que van a poblaciones marginadas y rurales donde hay problemas económicos, pero también personas con experiencia específica. Les ofrecen trámites para generar visas y pasaportes, que son gratis, pero los cobran indebidamente. No eran casos aislados; era un patrón. Sin embargo, cuando se deciden a denunciar los fraudes, los reclutadores los colocan en ‘listas negras’ lo cual les imposibilita que puedan volver a acceder al mercado laboral”, explicó Cacho.
UNA COALICIÓN DE TRABAJADORES
La Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Sinaloenses es un esfuerzo organizativo que el 18 de octubre cumple tres años de haberse constituido de manera formal.
En 2013, trabajadores de la región norte de Sinaloa, de los municipios Topolobambo, Gabriel Leyva y los Mochis, acudieron a trabajar a Luisiana, Estados Unidos, pelando camarón, actividad en la que ya tenían experiencia al provenir de una ciudad de mar. Entre ellos identificaron un patrón en cada uno de sus casos; una serie de violaciones a los derechos laborales de esta población en territorio mexicano que tenía que ver con el fraude económico desde que el reclutador –contratado por un empleador estadounidense– busca y engancha la mano de obra con engaños y les cobran por realizar los trámites de visado para llegar a Estados Unidos.
Ya en el escenario laboral prometido, también se dan una serie de violaciones que tienen que ver con jornadas laborales extensas, pago menor al prometido en México, además de cobros indebidos en el hospedaje, transporte y alimentación. “Esta serie de violaciones se daban de manera sistemática. Ellos iban con la esperanza de un trabajo en condiciones de una remuneración mejor y una mejora de vida que en su territorio de origen”, dijo Norma Cacho.
Paulatinamente, continuó, los trabajadores fueron tomando conciencia de esta serie de violaciones a sus derechos que no tenían sólo que ver con la mala fe del reclutador, sino que es toda una política sistemática de violación, de explotación de mano de obra mexicana y la responsabilidad de los empleadores de mandar reclutar sin regulación ni transparencia en el proceso de contratación que permite los ilícitos.
El 18 de octubre de 2013, los trabajadores conformaron la Coalición, un esfuerzo que no tiene precedencia en el escenario laboral en el país y en el ámbito de trabajadores migrantes trasnacionales, según lo define Prodesc.
El objetivo fue aglutinar esfuerzos y generar condiciones de organización y resistencia más estructurados, además de crear un espacio para desarrollar acciones en defensa de los derechos humanos y también la generación de un mecanismo para el acceso a la justicia.
Finalmente, ambas coinciden en que uno de los principales cambios que la Coalición ha logrado, es la manera en que hoy se miran a sí mismos cada uno de los trabajadores migrantes.
“El hecho de que un trabajador se autodenomine como defensor de derechos laborales y no sólo trabajador migrante temporal, es una identidad importante. Ha dado cohesión a la coalición. Se asumen como defensores no sólo contra su fraude, sino también del de sus compañeros en Sinaloa y de otras partes de México que también están llegando en malas condiciones. Es una problemática nacional”, expuso Cacho.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ DULE OLVERA, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2016/3104948.
