Policías de Tierra Blanca que levantaron a jóvenes de Playa Vicente laboraban con antecedentes penales y fueron reprobados en el examen de confianza, denunciaron los padres de las víctimas. Las evidencias ofrecidas por los familiares pudieran sentar evidencias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pues de acuerdo con madres integrantes de colectivos, el 70 por ciento de las desapariciones apuntan a funcionarios públicos como actores materiales.
Cinco policías detenidos por la desaparición forzada de los jóvenes en Tierra Blanca, en enero pasado, laboraban con antecedentes penales y sin haber acreditado los estándares de Control y Confianza, esa es la presunta omisión que han presentado los padres de las víctimas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Nabor Nava y Arturo Bermúdez Zurita, Secretario y Ex Secretario de Seguridad Pública en Veracruz.
“Arturo Bermúdez nombró a policías sabiendo que no habían acreditado los exámenes. Pero además los adiestró, les dio armas y poder. Tenía delincuentes trabajando con él. Así sea el ex Gobernador tiene que ser castigado porque destruyó a cinco familias”, demanda José Benítez Herrera, quien declaró a nombre de los cinco padres de Playa Vicente.
Blog Expediente tuvo acceso a la denuncia emitida por los padres de Playa Vicente ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, donde responsabilizan a cinco funcionarios y ex funcionarios de la SSP por haber expedido nombramientos de policías en favor de personas no acreditables:
1.- Arturo Bermúdez Zurita, Exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
2.- José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
3.- Roberto González Meza, Director General de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
4.- José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
5.- Xiomara Mirón Elizondo, Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
6.- Alejandro Contreras Uscanga, Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Según los argumentos presentados por los deudos, los funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habrían violado el artículo 139 del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al haber dado de alta a cinco ex elementos de la corporación, incluido el Subdelegado Regional de Tierra Blanca, no obstante que todos presentaban estándares de No Acreditados.
Se trata de los ex oficiales: René Pelayo Vidal, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Edgar Omar Ruíz Tecalco y Marcos Conde Hernández, todos recluidos en el penalices de media seguridad.
LOS POLICÍAS DE BERMÚDEZ Y NAVA
De acuerdo con el seguimiento a la evaluación en control de confianza y certificación del personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, todos los resultados de las evaluaciones, que se realizan cada dos años, son enviados al Secretario de Seguridad Pública, en ese entonces así sucedió con Arturo Bermúdez.
Pues bien, con base en el oficio SSPO/055/2016, los cinco policías acusados de desaparición forzada fueron contratados desde el año de 2013 por el hoy ex secretario de Seguridad Pública, no obstante que hasta el 11 de enero de 2016, el día de la desaparición de los cinco muchachos, aparecían como No Certificados.
Por su parte, Nabor Nava Holguín, entonces encargado de la Subsecretaria de Operaciones, era el jefe inmediato de Marcos Conde Hernández, ex delegado de Tierra Blanca, uno de los 22 integrados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Fue el actual Secretario de Seguridad quien llenó de poder al hoy recluido en Cosamaloapan, Veracruz.
A continuación, con base en el documento 0003/2016 se comprueba que cinco de los ocho policías detenidos presentaron órdenes de captura desde el año de 1999. Se ignora por qué continuaban laborando, pues según dicta el Estatus de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, debieron haber sido dados de baja.
1.- MARCOS CONDE HERNÁNDEZ
Actualmente recluido en el Penal de Cosamaloapan, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Conde Hernández Marcos
RFC: COHM730425LC9
Fecha de evaluación: 06 y 07 de agosto de 2015
Estatus: No certificado
En su primera declaración ante la fiscal Verónica Zavaleta García, narró su experiencia laboral a partir del mes de octubre de 2012, cuando la SSP lo contrató. Sin embargo, omitió su historial negativo, que data desde el año 1999.
Según el expediente 0003/ 2016. Para entonces ya laboraba en la extinta policía Intermunicipal en la zona Veracruz – Boca del Río. En el mismo año, Marcos Conde fue apresado por el delito de Abuso de Autoridad, antecedente penal 35/1999.
Posteriormente, el 12 de junio de 2012 en la Ciudad de Medellín, Veracruz, Marcos Conde fue descubierto con un arma calibre 40, no obstante que permanecía dado de baja de manera temporal; delito señalado como grave y sin derecho a libertad bajo fianza, de acuerdo con la Ley Federal de Armas.
Conde Hernández, fue trasladado al CEFERESO 5 de Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, donde se tiene registro que permaneció detenido hasta el 30 de julio de 2012. Sin embargo, Conde confesó ante la Fiscal Verónica Zavaleta García, que en el mes de octubre del mismo año 2012, fue afiliado al corporativo de la Policía Estatal.
Se desconoce la manera en que consiguió su libertad y más aún el contrato y la confianza de Arturo Bermúdez para llegar a nombrarlo delegado del regimiento octavo, en Tierra Blanca.
Actualmente, en el expediente de Conde, prevalecen dos órdenes vigentes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado, además de un señalamiento ante la Procuraduría General de la República por presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
2.- OMAR CRUZ SANTOS, ALIAS “EL MAMADINO”
Permanece detenido en el penal de San Andrés Tuxtla. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Cruz Santos Omar
RFC: CUSO790113UB5
Fecha de evaluación: 04 y 05 de agosto de 2015
Estatus: No certificado
Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue detenido por abuso a la autoridad.
Su ex compañero de trabajo, Rubén Pérez Andrade, quien relató el presunto fin de los cinco jóvenes playavicentinos, declaró saber que “El Mamadino”, había laborado en negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin detallar sus quehaceres.
Aunado a lo anterior, El Mamadino presenta en su informe policial homologado que fue agredido por impactos de bala en Ciudad Juárez, Chihuahua.
3.- RENÉ PELAYO VIDAL
Recluido en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Pelayo Vidal René
RFC: PEVR820118LMA
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado
4.- ÉDGAR OMAR RUÍZ TECALCO, ALIAS “LA PERRITA”
Recluido en el penal de Misantla, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/DJ/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Ruiz Tecalco Édgar Omar
RFC: RUTE830525KY4
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado
Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue denunciado en el año de 2013 por delitos contra la salud, caso 319/2013.
Al detenido, la señora Clara González Ramírez, lo señala como responsable del asesinato de su hijo, Egon Abad López González, de 23 años y del joven Rafael Thiel Vera, de 18 años, la madre, asegura tener un testigo de los hechos ocurridos el pasado 15 de enero de 2015, en Tierra Blanca, quien señala a Ruíz Tecalco como el responsable de haber entregado a los jóvenes con integrantes del crimen organizado.
5.- LUIS REY COLORADO LANDECHE
Recluido en el penal de Acayucan, Veracruz. De acuerdo con el oficio SSPO/DJ/055/2016, su estado hasta el 11 de enero de 2016 era:
Landeche Colorado Luis Rey
RFC: LACL8508164WA
Fecha de evaluación: 24 y 25 de septiembre de 2015
Estatus: No certificado
Es el resumen de cinco de los ocho policías que han sido detenidos por la desaparición forzada de Susana Tapia Garibo, de 16 años, José Benítez de la O, 24 años, Alfredo González Díaz 25 años, Mario Arturo Orozco Sánchez, 27 años y Bernardo Benítez Arróniz.
Una denuncia federal por parte de los deudos que abre brecha en Veracruz, que además se trata una diligencia que omitió la misma Fiscalía General del Estado. Ahora los padres esperan que sus argumentos sean tomados en cuenta por la PGR y los responsables paguen hasta con 12 años de cárcel y la inhabilitación para ser servidor público, según dicta la Ley general del sistema nacional de seguridad pública.
Pero además, las evidencias ofrecidas por los padres de Playa Vidente, pudieran sentar evidencias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, pues de acuerdo con madres integrantes de colectivos, el 70 por ciento de las desapariciones apuntan a funcionarios públicos como actores materiales.
“Yo aplaudiría que más gente fuera valiente y exigiera sus derechos, que se pusieran en el papel de víctimas y denunciaran. Como ese hijo de la chingada de Bermúdez era intocable todos le tienen miedo, pero él ahora es un ciudadano como yo y si cometió delitos debe de pagarlos”, abunda José Benítez Herrera.
Han pasado nueve meses desde la desaparición de los cinco muchachos en Tierra Blanca, con la última diligencia ante la PGR, José Benítez asegura que seguirán peleando hasta que los agresores de sus hijos cumplan con el castigo que les merece.
“Hay miedo, porque al declarar exponemos la vida nuestra, pero si no lo hacemos, ¿quién va a exigir justicia por nuestros hijos? Las consecuencias las conozco, pero no me voy a sentar en una esquina a llorar, ellos nos llenaron de infelicidad y si ahora nos pasa algo a nosotros, serán los únicos culpables”, sentencia el padre de Playa Vicente.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105719
Cinco personas fueron ejecutadas en una estética en Ciudad Juárez durante la mañana de hoy; con este asesinato múltiple suman 65 victimas de homicidios dolosos en la frontera en el mes de octubre, según las cifras de la misma Fiscalía Zona norte.
Cinco personas fueron acribilladas por sujetos con armas de fuego dentro de una estética ubicada en el Bulevar Zaragoza y Ejido Galeana, en la colonia Terrenos Nacionales, confirmó la Fiscalía Zona Norte por medio de su vocero, Alejandro Ruvalcaba, a SinEmbargo.
El funcionario detalló que agentes ministeriales acudieron al lugar para atender el reporte del homicidio múltiple, y en estos momentos, peritos de la Fiscalía embalan las evidencias en la escena del crimen.
Con este acontecimiento violento suman 62 personas ejecutadas en la frontera, de acuerdo a información brindada por la vocería de la FGE zona norte.
Una hora antes del múltiple asesinato en Terrenos Nacionales, sujetos armados asesinaron a un hombre y dejaron con heridas graves a un niño de 12 años. El ataque ocurrió en las calles José María Arteaga y Ramón Rayón, en la zona centro de dicha cuidad fronteriza.
La frontera ha presentado un aumento en los indicadores de homicidios. La organización Mesa de Seguridad, calificó al pasado mes de agosto como el mes con mayor número de asesinatos desde mayo de 2012 al documentar 56 casos; sin embargo, al registrar 62 homicidios en lo que va de octubre, es este mes el que se coloca como el más violento.
El primer repunte ocurrió precisamente entre junio y julio, después de la elección que ganó Cabada y cuando la cifra de 38 casos aumentó a 51; es decir, un 34 por ciento.
108 HOMICIDIOS EN EL ESTADO EN OCTUBRE: 45% MAS RESPECTO AL 2015
Por lo menos 108 homicidios dolosos son las que se contabilizan en lo que va del mes de octubre en el estado de Chihuahua, cifra 45% mayor respecto al número de homicidios correspondiente al mismo mes pero del año anterior, en donde octubre sumó en total 74 asesinatos.
En la frontera suman 62 homicidios en lo que va del año, incluidas las víctimas del reciente asesinato múltiple en Terrenos Nacionales, de acuerdo Alejandro Ruvalcaba, vocero de la FGE Zona norte. En ciudad Chihuahua conteos periodísticos acumulan por lo menos 40 víctimas, más las cuatro personas calcinadas en el enfrentamiento en ciudad Madera, otro hombre asesinado en la carretera Anahuac-Tacuba en ciudad Cuautémoc y un despachador de gasolina hallado muerto en ciudad Camargo a inicio de semana, se acumulan al menos 108 muertes por hechos violentos.
Mientras que el año 2015 cerró con un total de mil 151 homicidios dolosos en todo el estado, en el presente año, de enero a agosto del 2016, ya se han registrado 859 asesinatos en la Entidad.
En lo que va de este 2016, hasta el momento, el mes de junio es el que registra mayor número de asesinatos con un total de 128 homicidios, conforme al reporte mensual de victimas de homicidio doloso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .
Dichas estadísticas, mostradas hasta agosto, muestran el compartamiento a la alza en el año. De 20 homicidios que se registraron en enero, en febrero la cifra se disparó a 81 muertos. En Marzo registra 84 homicidios; abril, 109; mayo, 122; junio, 109; junio, 128 y agosto 136.
Alejandra Varela Ortiz del Observatorio Ciudadanos en la ciudad de Chihuahua, entrevistada por SinEmbargo
La declaración de la titular del Observatorio coincide con las cifras del SNSP, que muestran que en el mes de Octubre del 2013 se registraron 109 asesinatos de un total de mil 443 cometidos en todo el año.
Los datos proporcionados por la titular del Observatorio Ciudadano, muestran que que el indice de homicidios violentos es de 25.19 por cada 100 mil habitantes, lo que pone a Chihuahua 10 por ciento arriba de la media nacional.
La causa que dada a organismos como el Observatorio es el alza de violencia “que se debe a un ajuste entre los grupos criminales y a la venta de droga principalmente cocaína y cristal”, señaló la Varela Ortiz, quien aclaró que dicha explicación fue dada por las autoridades salientes en la última reunión que el Observatorio sostuvo con funcionarios de seguridad.
“Estamos trabajando para tener una reunión con las nuevas autoridades” comentó.
En el presente año, Chihuahua continúa dentro de los cinco primeros lugares del país con mayor número de asesinatos al registrar, tan sólo en el periodo de enero a agosto de 2016, un total de 859 homicidios; superado por estados como Veracruz que en el mismo tiempo registra 872 homicidios dolosos, Michoacán con 920, Guerrero con 1, 484 y, el Estado de México que presenta ¡el mayor número de asesinatos: 1, 514.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105721
Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora se encuentran prófugos de la justicia. El 29 de septiembre la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Guillermo Padrés por los delitos de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos y el 3 de octubre la Interpol emitió una orden de localización, sin que hasta la fecha sea localizado.
En el caso de Javier Duarte, su huida se dio después de que el 12 de octubre anunció la solicitud de licencia para separarse del cargo como gobernador de Veracruz para que las investigaciones por las acusaciones de corrupción en su contra se llevarán a cabo.
El anuncio fue realizado en el informativo televisivo Despierta de Carlos Loret y tres días después, un juez giró una orden de aprehensión contra Javier Duarte por delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.
Hubo una “intervención tardía” de la federación frente a la desaparición de gobernadores corruptos, aseguran activistas de Sonora y Veracruz. “Estamos viviendo un circo definitivamente, la ciudadanía sonorense vive un clima de enojo, hartazgo y burla, no sabemos qué más se necesita para poder acceder a la justicia. Además de la corrupción el gobierno de Padrés fue cerrado, omiso y sordo, como lo está siendo el gobierno de Claudia Pavlovich. Todos los gobernantes son corruptos, no hay para donde hacernos y ningún color nos ha servido. Quienes defendemos los derechos humanos y las víctimas que acompañamos no pedimos nada extraordinario, ni descubrir el hilo negro, esto es un clamor general de toda la ciudadanía”, afirmo a Desinformémos Martha Solorzano, integrante de la Asociación Esperanza contra la Desaparición y la Impunidad.
En el caso de Veracruz la activista Araceli González, integrante de la organización Equifonía, refiere que “nuevamente hubo omisión por parte de las dependencias federales en los problemas que se enfrentan en Veracruz. Incluso se han agravado, no hay una intervención oportuna ni contundente por parte del gobierno federal. Más que asumir la responsabilidad para atender las problemáticas más apremiantes en Veracruz optan por salidas y decisiones que son insuficientes e inadecuadas y quienes seguimos afectados somos la población Veracruzana”.
La activista veracruzana manifestó su preocupación por la seguridad, la vida y el acceso a la justicia para las mujeres. “Desde 2008 la organización Equifonía documentó el incremento de la desaparición de mujeres, violencia sexual y violencia feminicida y la desaparición de 800 mujeres. No ha habido atención adecuada, ni se ha otorgado la alerta de género, al contrario el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no es necesaria porque lo que se tiene que hacer es implementar políticas publicas, las cuales es evidente no se han implementado y que nos pone a las mujeres y a la población en general en un contexto de riesgo”, aseguro Araceli González.
Para las activistas las autoridades federales “deben hacer un análisis y acciones exhaustivas del contexto que se vive a nivel nacional y no sólo declaraciones cómodas. Es una burla que Padrés haya estado con amparos y amparos y ya que sale la orden no lo encuentran, no hay palabras para describir esto”, concluye Martha Solorzano.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ATZIRI ÁVILA.
LINK: https://desinformemonos.org/estamos-viviendo-un-circo-duarte-y-padres-huyen-las-problematicas-se-quedan-activistas/
Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo un evento político-cultural para exigir justicia por los hechos violentos en Nochixtlán, Oaxaca, sucedidos el 19 de junio de este año.
La CNTE se posicionará debajo del puente de la carretera en la que se los elementos de la policía federal y estatal atacaron a los maestros, integrantes de organizaciones sociales y habitantes de la comunidad, de los cuales 11 murieron y cientos resultaron heridos.
El evento, que tiene como propósito exigir justicia para las víctimas y sus familiares, así como no permitir que los hechos del 19 de junio queden en el olvido, iniciará a las 14 horas con la participación de pobladores, maestros, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La acción también tendrá como propósito continuar con la lucha de la CNTE contra la reforma educativa en el país, así como recordar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Por otra parte, el día de ayer en Oaxaca un grupo de profesores, familiares de las víctimas y lesionados por el enfrentamiento en Nochixtlán, retuvieron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, por la falta de cumplimiento a los acuerdos pactados en las distintas reuniones que él encabezó.
De acuerdo con testigos, los hechos sucedieron luego de que Campa y su equipo comieran en la casa de Patricia Jiménez, madre de una de las víctimas de los hechos en Nochixtlán.
La mañana del 19 de junio, la policía federal y estatal atacó a la población que participaba en el bloqueo de la carretera México-Oaxaca, en el crucero de Nochixtlán. Aunque la primera reacción del gobierno fue declarar que la policía acudió desarmada, las evidencias demostraron lo contrario, pues se utilizaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra la población.
Los pobladores permanecían en el bloqueo para apoyar las protestas magisteriales que emprendieron docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes a través de manifestaciones, pronunciamientos, campañas informativas y un paro laboral establecido en distintas entidades federativas llevaban a cabo en contra de la “imposición de una reforma educativa” y “a favor de la educación gratuita en México”.
El magisterio y la población asegura que el resultado fueron 11 personas asesinadas y más de 100 heridas mientras que las autoridades dicen que fueron 8 personas quienes perdieron la vida.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/cnte-realizara-acto-para-exigir-justicia-a-cuatro-meses-de-los-hechos-en-nochixtlan/
Domingo Pérez Álvaro, miembro tseltal adherido a la Sexta del ejido de San Sebastián Bachajón, Chiapas, y participante en el Congreso Nacional Indígena, fue agredido físicamente y posteriormente detenido a manos de un grupo del comisariado de Manuel Guzmán Álvaro, luego de que regresara de una visita penal en Playas de Catazajá.
Pérez Álvaro se encuentra en estado delicado por los fuertes golpes que recibió por parte de los simpatizantes de Guzmán Álvaro, quienes le reclamaron haber participado en un trabajo colectivo en tierras de la comunidad Bolom Ajaw, en Tumbalá, y por apoyar y colaborar con la Sexta de Bachajón, señaló la Sexta Bachajón en un comunicado.
“Despreciamos sus acciones de despojo que solamente vienen a confirmar sus acuerdos con el mal gobierno para entregar las tierras del ejido”, agregó.
Pérez Álvaro fue atacado cuando iba de regreso a su domicilio después de visitar a Santiago Moreno Pérez, preso político indígena desde el 2009 en Playas de Catazajá con cargos falsos que se le incriminaron para destituirlo de su puesto en el consejo de vigilancia autónomo.
La Sexta Bachajón responsabilizó a Manuel Guzmán Álvaro de las agresiones a Domingo Pérez, quien además es promotor de los derechos humanos a través de sus actividades en Chiapas, y rechazaron cualquier otro tipo de ataque contra los integrantes de la Sexta.
Desde su fundación, Pérez Álvaro trabaja con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el ejido de Bachajón, y además es partícipe en las actividades del Congreso Nacional Indígena, como la reciente celebración del 20 aniversario desde su conformación.
Domingo Pérez estuvo preso durante cinco meses en el 2011 en el CERESO 17 de Playas Catazajá por delitos que no cometió y con múltiples violaciones a sus derechos humanos, como respuesta única del gobierno contra la defensa de las tierras indígenas.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 18 OCTUBRE 2016.
LINK: https://desinformemonos.org/atacan-y-detienen-a-miembro-tseltal-adherido-a-la-sexta-bachajon/
Aun cuando ni el Poder Judicial ni la Procuraduría General de la República han confirmado que, efectivamente, existe una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el hecho de la comisión de los ilícitos no asombra a los mexicanos, sí llama la atención que finalmente, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, investigue, procese y pida sanción para un corrupto anidado en su partido el PRI.
Según la periodista Denise Maerker, el delito en investigación y origen de la orden de aprehensión sería el desvío de recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto de 500 millones de pesos, utilizando empresas fantasma para la adquisición de bienes.
Sin embargo los dineros que no han encontrado buen destino en la administración estatal de Veracruz se cuentan por miles de millones de pesos. A la ya deuda histórica de Javier Duarte con la Universidad Veracruzana que fue denunciada por la Rectora Sara Ladrón de Guevara, y que supera los dos mil millones de pesos, se suman otras que poco a poco y ya envalentonadas las víctimas, se atreven a señalar.
Por ejemplo, al Organismo Público Local Electoral, el Gobierno de Veracruz cuando aún estaba en las manos de Duarte de Ochoa, le debía 167 millones de pesos. A una veintena de empresas de créditos para trabajadores del Estado, de esos que los pagos se descuentan vía nómina y el Gobierno tiene la obligación de saldar, les debe mil 45 millones de pesos. Además, de acuerdo al Regidor Víctor Hugo Vázquez, del Ayuntamiento de Veracruz, el Gobierno del Estado le debe a ese municipio 150 millones de pesos.
Ya en totales, el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz, calcula que la deuda pública del Gobierno de Javier Duarte y hasta diciembre de 2015, asciende a los 64 mil 886 millones de pesos, pero que si se suman 35 mil millones de pesos de gasto federalizado sin comprobar, aquello podría llegar a los 99 mil millones de pesos en deuda pública. Por su parte la diputada panista del Congreso de Veracruz, Ana Cristina Ledezma, ha declarado que entre deuda bancaria, adeudos a proveedores, daño patrimonial, y recursos pendientes por transferir entre otros, el Gobierno de Javier Duarte debe más de 180 mil millones de pesos.
Todo eso, por supuesto, acumulado en los cinco años y meses que se mantuvo en el cargo de Ejecutivo Estatal. Deudas que fueron incrementando año con año ante la pasividad de Cabildos, la permisibilidad del Congreso y la condescendencia del Gobierno Federal, tanto del panista encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y cuanto más del priísta que maneja Enrique Peña Nieto.
Duarte fue un monstruo de la corrupción que entre todos los poderes y los ciudadanos, lo dejaron crecer. Las denuncias de corrupción, de transas, de irregularidad y venganzas, se consideraron serias en los últimos dos años. A excepción de los periodistas que con el asesinato de cada uno de los 17 periodistas que fueron muertos durante la administración del priísta, hicieron manifestaciones y denuncias diversas, los poderes del Estado guardaron silencio hasta hoy.
Dejar que los Gobernadores actúen con abusos, excesos y una conducta delictiva, sin considerar serias las denuncias ciudadanas, periodísticas, de la oposición, convierte a los otros poderes, al Legislativo y al Judicial, en cómplices de la irregularidad ¿Cuántas ocasiones los diputados de Veracruz tuvieron la oportunidad de llamar al Gobernador a rendir cuentas en cinco años y no lo hicieron? ¿Por qué en el Poder Judicial no se le dio seguimiento a las denuncias de ciudadanos afectados?
Los escenarios catastróficos de corrupción e irregularidades administrativas en un gobierno se pueden evitar. Baste la supervisión de los otros poderes y la denuncia ciudadana. La prensa libre siendo voz de las víctimas, replicando las denuncias anónimas, ciudadanas y legales, sobre los excesos, abusos y arbitrariedades.
En Baja California, como en muchos otros estados seguramente, la situación no es muy distinta. Antes del primer semestre de este 2016 y en el Semanario ZETA, a denuncia de profesores que no tenían recursos suficientes para administrar sus escuelas en el nivel básico, investigamos y denunciamos cómo el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, panista, por cierto, llevaba cerca de nueve meses sin pagar a las escuelas el subsidio conocido como Beca Progreso, instaurado cuando se prohibió a las escuelas cobrar cuotas a los padres de familia. La educación sería verdaderamente gratuita con el apoyo adicional del Gobierno del Estado. Pero nada, la administración de Vega debía más de 340 millones de pesos a las escuelas bajacalifornianas. La semana siguiente a la publicación periodística, a través de un boletín informaron que destinarían 70 millones de pesos para ese efecto, acumulándose la deuda.
Hace un par de semanas, también a raíz de una denuncia ciudadana, los periodistas investigaron otro adeudo del Gobierno del Estado de Baja California: 476 millones de pesos que no ha pagado a la Universidad Autónoma de Baja California. Del caso, no ha aparecido boletín donde el Gobierno se comprometa a saldar o aminorar la suma.
Si sumamos esas dos deudas, tendríamos que la administración de Francisco “Kiko” (así le gusta que le digan) Vega le debe, solo a instituciones educativas, más de 800 millones de pesos. La administración panista recién cumplió los tres años de gobierno, y ya acumula deudas. Esto sin contar las que pudiera tener con otras instancias o proveedores que no han denunciado los casos.
Pero bueno, del adeudo de Beca Progreso, hubo tímidos reclamos de algunos sectores de la sociedad civil, y muy pocos y muy silenciosos del Poder Legislativo, mientras que de los 476 millones que debe a la Universidad Autónoma de Baja California, sí hubo un reclamo por parte del Rector, una denuncia por parte de la fracción priísta en el Congreso del Estado, y la inclusión del tema en la tribuna de la Cámara de Diputados en los siguientes días.
Los diputados de oposición solicitaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid compareciera ante el Congreso para conocer el porqué del adeudo con la Universidad, sin embargo los diputados panistas, mayoría en esta cámara local, votaron contra esa iniciativa; se convirtieron en cómplices del Gobernador al “ayudarle” para que no rinda cuentas donde las tiene que rendir, el Congreso del Estado.
La sociedad denuncia los casos de abusos del Gobernador de Baja California, las transacciones comerciales, los convenios y las concesiones, las deudas, pero el Congreso del Estado lo protege, y el Gobierno Federal aún no lo alcanza ni a dimensionar (a pesar que es panista), ni a ver, por lo tanto no lo investigan.
En México hay muchos Duartes en potencia. Gobernadores que alejados de la administración federal, amañados con el Poder Legislativo y complacientes con el Poder Judicial, actúan con total impunidad abriendo así el margen para que el problema crezca a los niveles de Javier Duarte de Ochoa.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105627
Los productores de maíz en Irapuato, Guanajuato, denunciaron ante la Secretaría de Desarrollo Agroindustrial y Rural (Sdayr) y a la Federación una excesiva producción de maíz en el estado lo que podría provocar una considerable reducción en los precios.
Ante la posible excesiva producción de maíz en el estado, agricultores pidieron ayuda a la Secretaría de Desarrollo Agroindustrial y Rural (Sdayr) y a la Federación para evitar que se desplome el precio del grano; como alternativa buscan exportar 500 mil toneladas a Corea, pero no cuentan con infraestructura para traslado.
A la petición se unió Ignacio Soto Gutierrez, presidente del CEAG, quien detalló el problema al que se enfrentan:
“Se sembró más maíz que sorgo, la cosecha podría llegar a un millón 800 mil toneladas, esto nos traería 600, 700 mil toneladas más (que) el estado no puede acomodar. El Secretario (de Agricultura) José Calzada, nos presentó con gente de Corea, (para) ver la posibilidad de poder exportar (grano) cercano al medio millón (de toneladas) a Corea, la desventaja es que no están pegados a los medios de comunicación (transportación) más baratos que son los marítimos y mover la cosecha hacia Asia”.
La lejanía y el mar de por medio ocasionaría que no pudieran cumplir con la petición, porque hay que trasladar el grano por carreteras, aunado a ello solicitan a la Secretaría de Desarrollo Agroindustrial y Rural del estado, la federación, los ayude a trasladar el grano a las costas.
“Para que se mantuviera el precio de los granos, tal vez buscar en Aserca (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios) en un esquema, porque el estado no va a poder (requerir toda la producción, lo que) traería a la agricultura más desprotegida de este estado que son los productores de grano, la oportunidad de subirse a un Mercado en dólares y de exportación que raramente tienen ellos, trasformar esa desigualdad” indicó Enríquez.
Esta oportunidad que se puede extender a 10 años con Corea, ayudaría a meterse a la exportación en otros países, como Sudáfrica, Venezuela que tiene problemas económicos y están “desesperados” por el grano.
INSEGURIDAD
Otra queja fue la inseguridad que vive el sector. Ricardo León, de la Congeladora El Niño, pidió atender el problema de inseguridad. “Muchos de nosotros nos sentimos solos, entramos al campo con miedo”, por lo que solicitó que los programas se den para todos.
SECRETARIO PIDE TIEMPO: “DENME CHANC, TENGO 8 DÍAS”
Ante las exigencias de los productores, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, pidió que le den oportunidad de entrar en la dinámica de trabajo, porque tiene pocos días en el puesto que dejó Javier Usabiaga.
Esto, luego de aceptar una mesa de trabajo con los agricultores para la revisión del programa 2017 y poder informarles cuándo y dónde se abrirán las ventanillas de los diversos programas.
“Yo les pido de favor, denme ‘chance’ porque hay muchas cosas que se han venido arrastrando pero yo tengo 8 días y las cosas tienen que cambiar, si queremos llevárnoslas tranquilo con el agua hasta el cuello no nos preocupemos, pero de mí se acuerdan si las cosas no van a cambiar. Denme la oportunidad de poderle agarrar a estos temas”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/EDITH DOMÍNGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105681
Cuatro personas que trabajaron en el gobierno de Javier Duarte y estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas fantasma discuten el presupuesto 2017 al ser diputados federales.
Cuatro altos exfuncionarios de la administración del gobernador Javier Duarte que estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas fantasma o que encabezaban las dependencias involucradas, son ahora diputados federales con fuero y actualmente discuten el presupuesto para 2017 en San Lázaro.
Otro más que había dejado su curul para ser vocero del gobierno de Duarte ya anunció que presentará su renuncia para regresar al Congreso. En tanto, un subsecretario y extesorero que no ha vuelto a tener apariciones públicas tras ganar una elección como diputado local, protestará en noviembre como legislador estatal.
Las investigaciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la operación de compañías fantasma que recibieron contratos millonarios,descubrieron “inconsistencias relevantes” en la situación patrimonial de al menos seis funcionarios, entre ellos el hoy gobernador con licencia Javier Duarte,
Estas irregularidades consisten en que los funcionarios involucrados, cuyas identidades no se han confirmado – con excepción de la del gobernador sobre el que ya pesa una orden de aprehensión -, ostentan recursos e ingresos que no se justifican con los salarios que percibían como servidores públicos.
Animal Político pudo documentar la red de funcionarios que estuvieron detrás de la adjudicación de las empresas fantasma entre 2012 y 2014 y que hoy son, o están por ser, legisladores.
Algunos de ellos también han sido denunciados en otras posibles operaciones de desvío de recursos o por ser prestanombres del gobernador con licencia Javier Duarte.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Adolfo Mota Hernández
Era secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos contratos se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.
Mota Hernández actualmente es diputado federal por el Distrito 8 de Veracruz y pertenece a las comisiones de educación y de Gobernación en San Lázaro. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria del Congreso donde comenzó a revisarse el presupuesto para el próximo año.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Edgar Spinoso Carrera
Bajo su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz se firmaron los referidos contratos de la Secretaría de Educación con las empresas fantasma, y su firma aparece en los documentos.
En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación. Además fue denunciado por el gobernador electo Miguel Ángel Yúnes de pertenecer a una red de prestanombres de Javier Duarte.
Spinoso Carrera es actualmente diputado federal por el Distrito 07 y pertenece a seis comisiones distintas. Es integrante de la bancada del PVEM. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Noemí Guzmán Lagunes
Encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma; también se entregaron de manera directa.
Guzmán es diputada federal por el Distrito 09 y pertenece a las comisiones de Hacienda, Protección Civil y Comunicaciones. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Antonio Tarek Abdalá
Fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para las empresas fantasma por un monto que, según la auditoría de Veracruz, asciende a casi mil millones de pesos.
Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta Pública. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Alberto Silva Ramos
Silva era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz cuando esta dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de pesos, mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas. Empresas de la misma red “compitieron” entre ellas.
Silva es diputado federal por el Distrito 3. Asumió esa responsabilidad en agosto del año pasado pero luego pidió su baja temporal para incorporarse de nueva cuenta a la administración de Duarte, pero como vocero del mismo.
Luego de las elecciones estatales que perdió el PRI en junio Silva Ramos limitó sus declaraciones públicas hasta que el pasado 13 de octubre declaró que renunciará al cargo de director de comunicación. De acuerdo con fuentes legislativas, el próximo 31 de octubre Silva se reincorporará a San Lázaro para asumir de nuevo su cargo como diputado y mantener vigente su fuero.
Vicente Benítez González
Fue subsecretario de Desarrollo Social en el periodo en que se concedieron los contratos a empresas fantasma. Anunció el arranque de tiendas comunitarias que venderían varios de los productos adquiridos con estas empresas, pero dichas tiendas no existieron.
Benítez posteriormente fue nombrado Tesorero del Estado pero renunció tras el hallazgo de maletas con dinero en efectivo en el aeropuerto de Toluca. En marzo de 2014 volvió al gobierno como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación en relevo de Spinoso.
Actualmente Benítez es candidato electo a diputado local tras ser postulado por el Partido Nueva Alianza. Desde que ganó la elección su presencia pública ha sido nula. Este miércoles debe presentarse a recoger su constancia de mayoría en el órgano Electoral del Estado y en noviembre deberá rendir protesta.
El cargo como diputado local le concede a Benítez González fuero constitucional pero a nivel estatal. No lo protege de delitos federales graves.
Otros involucrados
Astrid Elias Mansur era la encargada del Despacho de Finanzas y Administración del DIF Estatal, cuando ese organismo entregó una decena de contratos a las empresas fantasma. Actualmente es la Directora de ese organismo estatal que encabeza Karime Macías, esposa de Duarte, denunciada por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes de colaborar en el desvío de recursos públicos.
El paradero de Karime Macías es desconocido al igual que el de Javier Duarte, de acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por Animal Político.
Juan Carlos Rodríguez García fue director jurídico de la Secretaría Desarrollo Social en el periodo de la asignación de contratos a empresas fantasma. El PRI le retiró sus derechos como militante, aunque él argumentó que se trataba de un homónimo pues no estaba afiliado a ese partido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/exfuncionarios-empresas-fantasma-veracruz/
Este jueves 20 de octubre está prevista la discusión en la ALDF de la ley de Amnistía que propone Morena; el PAN y el PRI la apoyan; el GDF se opone.
Mañana jueves 20 de octubre está previsto que se discuta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la propuesta de ley que busca conceder amnistía a todas las personas que fueron detenidas, procesadas, sentenciadas, o con orden de detención pendiente de ejecutar, por delitos imputados durante actos de protesta en la Ciudad de México (CDMX).
La iniciativa de Morena ya fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF el pasado 27 de septiembre. El PAN y el PRI en la ALDF reiteraron ayer su apoyo para que este jueves se discuta y apruebe la ley. Pero ésta continúa generando resistencias, especialmente en el gobierno de la CDMX, de extracción perredista, el cual considera la propuesta anticonstitucional.
En Animal Político te presentamos un análisis de las principales claves de la iniciativa, y de los puntos que el gobierno de la ciudad ha esgrimido en su contra.
¿Qué dice la iniciativa de Ley?
De aprobarse, la amnistía aplicaría para todos los ciudadanos contra quienes las autoridades de la ciudad emprendieron acciones penales por delitos como ataques a la paz pública, rebelión, motín, sabotaje o ataques a la autoridad, tras su participación en protestas en la Ciudad de México, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015.
Aunque durante la discusión del dictamen el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que quienes busquen la amnistía deben demostrar que sufrieron detenciones arbitrarias, el proyecto de ley finalmente estableció que la amnistía es incondicional para todos los detenidos en marchas en la ciudad, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015. No obstante, el diputado panista Ernesto Sánchez reiteró el pasado lunes que apoyarán la liberación de los presos, siempre y cuando estos hayan sido detenidos por manifestarse de manera pacífica, y no se comprobara la comisión de delitos.
El artículo 2 del proyecto de ley que puedes leer íntegro aquí, también establece que cualquier persona que se encuentre actualmente prófugo de la justicia “dentro o fuera del país” por delitos imputados tras su participación en protestas, también se beneficiarían de la amnistía.
Además, la iniciativa contempla que las autoridades deberán cancelar las órdenes de aprehensión pendientes, y que en los casos de imputados con causas abiertas, el juez deberá declarar el proceso terminado y ordenar la puesta en libertad.
¿A quién reconoce como víctimas?
La ley de amnistía reconoce como víctimas a quienes sufrieron detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, o fueron víctimas de algún delito, con motivo de su participación en movilizaciones y protestas en la fecha señalada. Asimismo, serán reconocidas como víctimas las personas que sufrieran en este contexto algún daño económico, físico, mental o emocional.
¿Quién determinará si hubo detención arbitraria?
El proyecto establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF será la encargada de revisar todos los casos “donde notoria y abiertamente existan violaciones a derechos humanos e inconsistencias que pongan en entredicho la aplicación de la justicia y el debido proceso”.
La Comisión podrá canalizar a las autoridades todos los casos en los que se demuestre la participación de servidores públicos en delitos contra las víctimas, y solicitar a la Secretaría de Gobierno de la CDMX medidas de reparación, como la creación de un programa de reinserción social para las víctimas, y de reinserción al estudio y al trabajo para las personas que fueron detenidas y/o sentenciadas.
Morena dice que se beneficiará a 500; el GDF dice que a 4
De aprobarse la amnistía, ésta sacaría automáticamente de la cárcel a cuatro personas que en la actualidad cumplen condena acusadas de haber cometido delitos durante diferentes protestas sociales.
Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, criticó que esta amnistía sería “una ley individual o particular” que beneficiaría únicamente a estas cuatro personas. Por lo que, dijo en conferencia de prensa el pasado 12 de octubre, sería una ley anticonstitucional.
Cuestionado al respecto, César Cravioto, coordinador del grupo parlamentario Morena en la ALDF, rechazó las críticas. “Eso es una mentira –dijo Cravioto en entrevista con Animal Político-. Con la amnistía se beneficiaría aproximadamente a 500 personas que sufrieron procesos totalmente ilegales, amañados, y sin sustento jurídico”.
Entre esas 500 personas –puntualizó el diputado-, estarían los cuatro presos y también todos los que “actualmente enfrentan un proceso penal fuera de la cárcel”.
Cuestionado sobre cómo llegaron a la conclusión de que 500 personas podrían beneficiarse de la amnistía, Cravioto precisó que es una cifra obtenida a partir del recuento de personas que fueron detenidas en protestas del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015, y que fue realizado en colaboración con abogados.
¿Quiénes son los 4 presos que podrían obtener la amnistía?
Jesse Alejandro Montaño, de 31 años, detenido antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013, en el Monumento a la Revolución, acusado de delitos contra la salud. Salió en libertad, pero fue detenido otra vez el 12 de junio de 2014 por subir a una megapantalla instalada con motivo del mundial 2014 en el Zócalo capitalino. La PGJDF lo acusó de ultrajes a la autoridad, portación de objetos aptos para agredir y posesión de mariguana. Sentenciado a 7 años y 7 meses de prisión.
Francisco Estrada, abogado coadyuvante de la defensa, explicó a Animal Político que pueden acreditar deficiencias en el caso. Por ejemplo, denunció, las autoridades capitalinas se negaron a revisar los videos ciudadanos y los captados por cámaras de seguridad, que “desmentirían las acusaciones”.
Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido el 13 de diciembre de 2014 durante una protesta contra el alza de las tarifas al Metro. Fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla y de haber quemado el árbol de una refresquera. Condenado a 5 años y 9 meses. Según el abogado Estrada, el joven de 19 años y estudiante del CCH-Vallejo, fue sentenciado con la única prueba de un video “editado” en el que no se puede distinguir con detalle quién se encuentra en la protesta.
Abraham Cortés Ávila, de 23 años, detenido en la marcha del 2 de octubre de 2013, durante una carga policial que dejó varios detenidos. Condenado a 5 años y 9 meses por portación de objeto apto para agredir, tentativa de homicidio y ataques a la paz pública. El abogado coadyuvante denunció siembra de pruebas, agresiones físicas y psicológicas durante su traslado al MP, entre otras irregularidades.
Luis Fernando Sotelo, estudiante y activista, sentenciado a 33 años y 5 meses. Acusado de incendiar un Metrobús en CU, el 5 de noviembre de 2014. También fue parte del movimiento de protesta contra el alza al pasaje del Metro. Sus abogados señalaron que fue condenado solo con la declaración del chofer del Metrobús.
Solo Peña Nieto tiene facultad para dar amnistías: GDF
Ahora bien, ¿la ALDF puede otorgar amnistías? Según Manuel Granados, consejero jurídico del GDF, no tiene facultad para ello, ya que en la capital del país quien concede indultos para delitos previstos en el Código Penal local es el presidente, Enrique Peña Nieto. No obstante, para Morena la respuesta a esta pregunta no la puede dar el Gobierno capitalino, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Animal Político buscó la opinión sobre esta iniciativa de Rebeca Peralta, diputada del PRD y presidenta de la comisión de penales en la ALDF, y de Leonel Luna Estrada, también diputado perredista y presidente de la comisión de gobierno en la ALDF, pero al momento de publicar esta nota no ofrecieron respuesta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/las-claves-la-iniciativa-busca-dar-amnistia-todos-los-detenidos-protestas-la-cdmx/
Oaxaca, Oax. Más de cinco mil integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) bloquean los tres principales accesos a la ciudad de Oaxaca, como parte de su jornada de lucha.
Al cumplirse seis días de paro, iniciado para exigir al gobernador del estado, Gabino Cué, que pague la deuda a terceros institucionales y no institucionales y entregue los uniformes correspondientes a este año, los trabajadores bloquean el crucero de Hacienda Blanca, en la carretera federal 190 en el tramo Oaxaca-México.
Otro grupo cerró también el crucero de Huayapan, en la intersección de la carretera 190 con la 175, tramo Oaxaca-Tuxtepec, y el aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán.
Los inconformes también cerraron las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicada en el centro de esta ciudad.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ ALFONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/19/trabajadores-de-salud-bloquean-accesos-a-oaxaca-capital
Activistas urbanos acusaron que en la Ciudad de México –gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa– prevalecen una serie de irregularidades como consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones administrativas realizadas a modo para beneficiar a las compañías inmobiliarias; además, dijeron, este desorden ha generado caos urbano y promueve la pérdida de áreas verdes y el suelo de conservación.
Autoridades que desarrollan normatividad a modo para favorecer a inmobiliarias están llevando a la Ciudad de México a una situación de colapso vial, gracias a “una ambición desmedida”, denunciaron vecinos de distintos puntos de la capital.
En conferencia de prensa, los inconformes acusaron que en la ciudad gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa existe una serie de irregularidades a consecuencia de cambios ilegales a los usos de suelo y otras decisiones que provocan caos urbano y promueven la pérdida de áreas verdes y suelo de conservación.
“La preocupación que tenemos sobre los usos de suelo es profunda: por un lado hay daños causados por los desarrolladores y, por el otro, por las autoridades que les dan permiso al hacer una normatividad a modo. Queremos denunciar una situación que se realiza en toda la ciudad y que genera inviabilidad, saturación y colapso. […] Si no detenemos pronto la ambición desmedida de los inmobiliarios y la negligencia y corrupción de las autoridades vamos a tener en la Ciudad de México otro caso como el de Sao Paulo Brasil”, acusó Enrique Pérez-Cirera, representante de de la organización Suma Urbana Poniente.
El activista urbano explicó que en la ciudad brasileña, la más grande de América del Sur, los habitantes invierten más de dos horas al día en promedio para trasladarse a sus empleos, allí, aseguró, “hoy no hay posibilidad de moverse de un lado a otro”.
En el caso de la capital mexicana, puso de ejemplo a la colonia Granadas, llamada también Nuevo Polanco, uno de los puntos de la ciudad más afectados por la entrada de obras inmobiliarias. De acuerdo con Pérez-Cirera esa colonia “es sólo la punta del iceberg de lo que las autoridades permiten en esta ciudad”.
“Las Granadas están ocurriendo en toda la ciudad y ameritan la atención pública y una respuesta eficaz del Jefe de Gobierno Miguel Mancera y de la Asamblea Legislativa de la CdMx”, urgió.
CDMX, AMENAZADA POR INMOBILIARIAS
Las áreas verdes y la salud de los habitantes de la Ciudad de México se han visto amenazadas por las múltiples obras inmobiliarias que se han ejecutado y se intentan construir en diversos puntos de la urbe, bajo el amparo del Gobierno local. Por ello, durante la conferencia y a través de un comunicado de prensa, cuatro activistas urbanos expusieron los casos que aquejan a las zonas en las que habitan.
Lourdes Rion, vecina de la delegación Álvaro Obregón, explicó que uno de los abusos más comunes ocurre bajo la figura del Polígono de Actuación, con la cual se promueven áreas urbanas en diversas zonas, “en resumen es liberar altura y construir más niveles a cambio de disminuir áreas de desplante, es decir, dejar más metros de construcción y número de viviendas, pero no es un cambio de uso de suelo”.
Asimismo, agregó que los Polígonos se pueden establecer en áreas de crecimiento consideradas como de reserva de programas vigentes, en terrenos sin construir, que cuentan con accesibilidad, en zonas donde se encuentra un potencial de mejoramiento, predios que tengan infraestructura viable de transporte, así como en áreas industriales deterioradas, entre otras.
Rion puso como ejemplo el proyecto ubicado sobre linderos del Periférico, en la delegación Álvaro Obregón, con una extensión de más de 225 metros de ancho por 119 metros de largo, con una superficie escriturada de 12 mil 421 metros cuadrados, el cual busca desarrollarse en un polígono irregular, ya que invade vía pública, colinda con zona de patrimonio y no con el Periférico, explicó.
“Los vecinos hemos podido detener y estar parando [la construcción] antes de que les otorguen una manifestación de obra. Gracias a que todas estas irregularidades se han presentado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la PAOT le ha dado seguimiento, nosotros hemos podido, durante siete años y hasta el momento, parar esta obra y seguimos trabajando”, dijo.
En su oportunidad, Claudia Pérez Verdia, coordinadora del Comité Ciudadano entrante de Lomas Bezares, destacó que otra de las irregularidades más comunes es la violación a los programas parciales de desarrollo (PPD) –antes Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC)–, los cuales establecen la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas específicas de la ciudad y tienen un carácter especial adaptado a las condiciones particulares de cada zona.
Uno de los muchos ejemplos de las violaciones a estos planes es el proyecto Reserva Bezares, construido entre 2003 y 2004 en los terrenos que anteriormente ocupaban los Laboratorios Syntex, comentó. Originalmente se construyeron sólo 40 viviendas de 146 proyectadas, debido a que, al parecer, por información que les fue proporcionada a los activistas, el proyecto original quebró.
Sin embargo, hace ocho años, dijo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) autorizó aumentar la densidad a 196 viviendas, lo cual representa un incremento del 34 por ciento; “fue ilegal, ya que no se presentaron estudios actualizados de Impacto Urbano y Ambiental”, denunció.
Hoy en día, acusó, dicha obra pretende reactivarse bajo el nombre de Proyecto Flow, el cual incluye otras 280 casas, lo cual incrementará en 65 por ciento el número de familias que habitan en la colonia, que pasaría de 500 a 825, con la misma infraestructura de servicios, por ejemplo, el drenaje que opera desde los años 40, cuando el número de familias no alcanzaba cien.
“Se agudizará el problema de la movilidad, con los consecuentes impactos sociales y ambientales. […] A pesar de lo anterior, las autoridades, tanto delegacionales, como la Seduvi pretenden apoyar a los desarrolladores para que construyan de manera ilegal”, denunció.
Y agregó que como ha ocurrido en Granadas, el Gobierno ha omitido su obligación de observar la densidad de los predios y ha permitido modificaciones no autorizadas en el PPD para la construcción de un mayor número de pisos. Además, aseveró, no se cumplió con la disposición de dejar 50 por ciento de área libre, la cual debe colindar con la zona habitacional de la colonia.
Aunado a ello, dijo, “se comete otra violación a la normatividad aplicable al realizar preventas de un desarrollo que todavía no cuenta, ni ha reunido los requisitos, autorizaciones y permisos necesarios, por lo que así lo establece la ley está en presencia de un delito clasificado penalmente que se conoce como fraude, en el que resultan responsables no sólo éstos, sino las autoridades que lo permitan, propicien, autoricen o toleren”.
“Violar el Plan Parcial de Desarrollo de la colonia Lomas de Bezares afecta directamente los valores ya señalados porque repercute en la densidad poblacional, en los servicios urbanos, en la movilidad y en la calidad de vida de los vecinos y de quienes transitan por la zona. Es responsabilidad de la autoridad velar por el bien común de los ciudadanos, por el respeto y aplicación de la ley y no por el beneficio de unos cuantos desarrolladores que una vez concluidas sus obras, desaparecen y no hay manera de obligarlos a asumir sus responsabilidades, igual sucede con las autoridades, pasan 3 ó 6 años y se van, mientras, los vecinos que llevamos viviendo algunos más de 50 años allí, nos quedamos a padecer las consecuencias de tanta irresponsabilidad e ilegalidad que cometen autoridades y desarrolladores”, abundó.
Por su parte, Adriana Bermeo, de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Parque Reforma Social recordó que las áreas verdes, el espacio público y los jardines privados son áreas que deben ser ampliadas y conservadas, bajo gestión adecuada por los beneficios ambientales que ofrecen a la capital.
No obstante, en la realidad que se vive en la CdMx, “los vecinos estamos indefensos y la ciudad se está quedando sin áreas verdes. Esta perdiendo su capacidad de absorber agua. No hay autoridad, no hay quien defienda las áreas verdes”, reclamó la también miembro del grupo Rescate de Barrancas del Poniente.
Prueba de ello, mencionó, es que el orden legal urbano se ha violentado en los cuatro planes parciales de Lomas de Chapultepec, a través de distintas violaciones mediante mecanismos entre los que destacan los amparos, como en el caso de la Torre Virreyes.
Mientras, planteó, las barrancas del poniente se han transformado en una “reserva territorial” para las autoridades, puesto que “cada día aparecen más dueños en sus bordes quienes casualmente obtienen uso de suelo habitacional multifamiliar aún en áreas decretadas como de Valor Ambiental, como en los casos de Paseo de los Príncipes 98, Montes Apalaches 525 y Cerro de Mayka. En todos ellos la propiedad se ha obtenido vía amparo y luego apelando a su ‘derecho’ obtienen el cambio de usos de suelo”.
Ante ello, urgió a proteger dichas áreas y definir las atribuciones de patrimonio ambiental y el territorio, quien está obligado a trabajar en ello, dijo, es la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx (Sedema). “Ya ha sido muy levantada la voz de que la Sedema es completamente omisa de manera generalizada. No han podido en la Asamblea Legislativa hacer cuestionamientos a la altura de su nivel de omisión”
Francisco Guerra, del grupo Nunca Palma 905, señaló que en todo el país se vive un “contexto surrealista y los niveles de sarcasmo se encuentran ya en un límite aberrante”, ya que, acusó, en el marco legal se permite autorizar una obra de una manera y al mismo tiempo algo totalmente contrario, por lo que los desarrolladores inmobiliarios se enfrentan a una “laguna legal perversa” que les permite trabajar para su beneficio y “la autoridad les justifica todo”.
“En la Ciudad de México, los ciudadanos poco a poco hemos ido perdiendo nuestros derechos fundamentales sobre nuestro entorno urbano. Hay leyes perversas diseñadas desde hace años para la corrupción, desde tiempos de Marcelo Ebrard”, dijo.
Por ello, pidió que las inmobiliarias cumplan con la ley. “Necesitamos gente que tenga compromisos con México y que los servidores públicos hagan su trabajo y no nos lo transfieran a nosotros, activistas urbanos, con la necesidad de defendernos en foros”, urgió.
Asimismo, el vocero expuso que el impacto de la legislación y corrupción en cambios de uso del suelo y “políticas erradas de densificación urbana” en la capital, además de propiciar el deterioro urbano, están provocando una crisis financiera bursátil mayor en México. Por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, señaló, existen “cambios radicales” en el uso del suelo, con lo que los predios habitacionales de tres o cuatro niveles en predios multifamiliares albergan en una manzana a más de medio millón de familias.
Aunado a ello, acusó que dicha densificación masiva se realiza sin el mejoramiento de la infraestructura en términos de vialidad, áreas verdes, servicios urbanos, escuelas, comercio, salud; además de las carencias en agua, drenaje y otros servicios, lo cual lleva a muchos propietarios a intentar vender su inmueble, “lo cual está resultando en una pérdida neta de la inversión […] Las inmobiliarias están destruyendo el sistema financiero nacional”, acusó.
De manera conjunta, los vecinos de la Ciudad de México manifestaron su exigencia de contar con una normatividad que garantice la calidad de vida, sin que se pierda el valor del patrimonio de cada ciudadano, derivados de la “anarquía y corrupción” que han prevalecido en el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-10-2016/3105347
El Diputado de la Asamblea Constituyente, Ismael Figueroa presentará hoy sus iniciativas ante el Senado, por lo que cientos de bomberos y rescatistas muestran su apoyo y marcha con él en la CdMx.
Cientos de integrantes El Heroico Cuerpo de Bomberos junto a rescatistas marchan sobre la Calzada de la Viga a la altura de Fray Servando, esto como apoyo al Diputado independiente constituyente Ismael Figueroa, quien encabeza la marcha.
La manifestación comenzó en la colonia Merced Balbuena donde se encuentra la Central de Bomberos y se dirige hacia la Antigua sede del Senado de la República en la colonia Centro de la CdMx.
La intención de la marcha es apoyar al Diputado en su entrega en el Senado de una propuesta para mejorar las condiciones laborales de los bomberos, así como a su institución.
Autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública, comenzaron a temprana hora a realizar lo cortes viales correspondientes, por su parte el Centro de Orientación Vial, en su cuenta Twitter señala que se tome como alternativa la Av. Industrial, Isabel la Católica y 5 de mayo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-10-2016/3105701
