CIUDAD DE MÉXICO: En medio de la actual escalada de asesinatos contra mujeres transgénero, un grupo de trabajadoras sexuales de esta comunidad, que laboran en la ciudad de Chihuahua, acaba de lograr que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua emitiera una recomendación a las autoridades de esa ciudad para que cesen sus arbitrarios operativos contra ellas.
Esta recomendación del viernes 7 es la primera en la que un ómbudsman estatal aboga por la comunidad transgénero, considerada la minoría más vulnerable y discriminada dentro del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI).
Mireya Rodríguez, directora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, la asociación civil que logró esta recomendación, cuenta a Proceso:
“En nuestra asociación estamos alrededor de 60 chicas trans que nos dedicamos al trabajo sexual en Chihuahua. Ya estábamos cansadas de tantas redadas, extorsiones, violencia y operativos policiacos del gobierno en contra nuestra. Por lo que decidimos acudir a quejarnos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.”
–¿Qué significa para ustedes esta recomendación?
–Nunca imaginamos que se fuera a dar. Es, sin duda, un logro muy importante para la comunidad trans, porque esta recomendación, de alguna manera, le advierte a los servidores públicos que no pueden atropellar impunemente nuestros derechos y que tampoco estamos totalmente indefensas, pues hay también instancias que nos defienden.
Mireya comenta que, concretamente, se quejaron ante la comisión estatal de un “operativo sanitario” realizado por el gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua el 6 de marzo de 2014.
Durante esa redada se arrestó a cinco trabajadoras sexuales transgénero –entre ellas Mireya– por no tener actualizado su registro otorgado por el Departamento de Regulación Sanitaria. Se les remitió a la Comandancia Sur, donde fueron víctimas de conductas transfóbicas y hostigamiento por parte de jueces, policías y médicos que se encontraban en ese centro de detención.
Comenta Mireya:
“Para poder salir libres, fuimos forzadas a realizarnos la prueba de VIH. Y ésta se nos aplicó con la misma lanceta, por lo que hubo un alto riesgo de contagio. Luego, el resultado de las pruebas se nos dio en voz alta. Son prácticas contrarias a las normas en la materia, para empezar porque no hubo un consentimiento informado de parte nuestra.”
Ante estos atropellos, agrega, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, donde no se les permitió interponer una denuncia penal contra los funcionarios que las sometieron a estos tratos degradantes.
Recibieron, sin embargo, apoyo del Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales “Arturo Díaz Betancourt”, el cual las ayudó a interponer su queja ante la comisión estatal, que finalmente emitió la recomendación 58/2016 a su favor.
Según el documento, efectivamente las trabajadoras sexuales fueron víctimas de “burla y escarnio” por parte de los servidores públicos, concluyendo que “existen evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica”.
Por tal motivo, le pide al alcalde de Chihuahua, Javier Alfonso Garfio Pacheco, que sancione a los funcionarios responsables y aplique “medidas administrativas” para “garantizar la no repetición de hechos como los que originan esta resolución”.
Discurso de odio
Los abogados del Consultorio Virtual que apoyaron a las víctimas, Laura Hernández García y Jorge Fernández Mendiburu, comentan por su lado:
“Fueron las propias chicas trans quienes tomaron la iniciativa, denunciaron el caso y lo llevaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros les dimos asesoría legal.”
–¿Es esta la primer vez que una comisión estatal emite una recomendación en defensa de la comunidad transgénero?
–Así es. No hay otra recomendación semejante, al menos hasta donde tenemos conocimiento. Aunque hace algunos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una muy general sobre crímenes de odio por homofobia y transfobia, pero lo hizo de manera muy limitada.
“Ahora, la recomendación de la comisión estatal es muy importante porque visibiliza los atropellos gubernamentales cometidos contra las mujeres trans, que son las más discriminadas y padecen los mayores actos de violencia de la comunidad LGBTTTI en México. Es tan deplorable su situación que sólo tienen un promedio de vida de 40 años.”
Los abogados acaban de enviar un informe del caso Chihuahua tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como al relator especial sobre Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez.
Dicho informe no sólo se limita al caso, sino que da un contexto más amplio sobre la represión y la discriminación institucionalizada contra esa comunidad tan vulnerable.
Por ejemplo, el informe asegura que “el asesinato de las mujeres transgénero es una práctica que queda impune, algunas veces cometida por los propios agentes de la policía o individuos que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano”.
La abogada Laura Hernández señala:
“La criminalización del trabajo sexual está institucionalizada, ya que la mayoría de los bandos de Policía y Buen Gobierno lo sancionan como falta administrativa.”
Y Fernández Mendiburu indica que, para colmo, ahora los asesinatos han aumentado debido al “discurso de odio” que está propagando la jerarquía católica y sus grupos de laicos, aglutinados en el Frente Nacional por la Familia. Comenta:
“Si de por sí ya estábamos en un contexto sistemático de discriminación y de agresiones, el discurso de odio de los grupos católicos le está echando más leña al fuego… Y ahora estamos viendo un recrudecimiento de asesinatos de mujeres trans.”
De acuerdo con la asociación civil Soy Humano, los crímenes por transfobia aumentaron 200% en las últimas semanas. Tan sólo en septiembre y lo que va de octubre, este organismo registró 11 asesinatos:
El 6 de septiembre fue asesinada en el puerto de Veracruz una joven trans de unos 20 años; el día 13 de ese mismo mes, en Xicotepec, Puebla, fue acribillada a tiros A. García, de 32 años, y el día 29, en la ciudad de Tijuana, otra mujer trans no identificada.
El 30 de septiembre, en la Ciudad de México Paola, de 25 años, fue acribillada. El sábado 8, en Comitán, Chiapas, con arma blanca fue asesinada Itzel, de 19 años. Dos días después, en Pénjamo, Guanajuato, fue asesinada por cuatro disparos de pistola Ariel, de 35 años.
El martes 11, en la ciudad de Chihuahua, también con una pistola, acribillaron a Cheva, de 55 años. El miércoles 12, en la Ciudad de México, en un hotel de paso asfixiaron a Alessa, de 25 años. El 14 de octubre, en Valle de Chalco, con una piedra le destrozaron la cabeza a una trans cuya identidad se desconoce.
Y el domingo 16 ocurrieron dos asesinatos más: uno en Acapulco, de una trans desconocida a la que le dieron seis balazos; y otro en Cancún, donde una víctima trans no identificada fue encontrada en un camino de terracería con cuatro balazos en el cuerpo.
