Octavio Martínez, secretario electoral del sol azteca, dijo que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre estaría en la cárcel con la nueva legislación.
Si no piden una disculpa pública, los senadores que comentaron ser “usuarios de trata”, Fernando Mayans y Luis Sánchez, podrían perder sus derechos como militantes del PRD, dijo en entrevista con Aristegui Noticias Octavio Martínez, secretario electoral del sol azteca. “El partido iniciaría ante el órgano jurisdiccional interno un procedimiento de sanción para ambos, en donde estamos solicitando la suspensión de sus derechos partidarios, lo que evitaría que pudieran ocupar cargos por nuestro instituto político en el futuro”, dijo. Martínez comentó que la ley que se discutía en el Senado al momento de que Mayans y Sánchez hicieron sus comentarios plantea atender con efectividad a las víctimas y perseguir a los perpetradores del crimen, como en el caso del ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. “Cuauhtémoc Gutiérrez estaría en prisión y no hubiese habido impunidad, por no existir precisión en la legislación hoy está gozando de impunidad y muy probablemente cometiendo esos ilícitos”, aseguró. Expresó que el caso la red de prostitución en las instalaciones del PRI capitalino, operada por Gutiérrez de la Torre, contribuyó a la redacción de la nueva legislación. “Fue un elemento que puso atención a las deficiencias de la Ley General de Trata y que estaban obligados a modificar”. Al ser cuestionado sobre si, además de exigirles una disculpa pública, en el PRD se investigará sobre si son o no “usuarios de trata” los senadores Mayans y Sánchez, el secretario electoral dijo: “no lo descartamos, ellos van a tener su garantía de audiencia en el marco del desahogo del recurso que vamos a iniciar ante el órgano interno y será uno de los temas que habrá de perseguir”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: MAURIZIO MONTES DE OCA. LINK: http://aristeguinoticias.com/3110/mexico/si-no-se-retractan-senadores-usuarios-de-trata-podrian-perder-derechos-en-el-prd/
"¿Quieren saber dónde está @Javier_Duarte? Aquí las coordenadas", tuiteó el religioso, quien señaló un municipio chiapaneco.
El sacerdote mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, aseguró que Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, estaría escondido en el rancho San Antonio, en el municipio de Viilaflores, Chiapas. En entrevista telefónica con reporteros veracruzanos, el religioso indicó que tiene fuentes fidedignas sobre su estancia en dicho rancho que, agregó, estaría custodiado por elementos del Ejército Mexicano. “Y si el gobierno federal no lo quiere decir, hay complicidad”, aseguró Solalinde Guerra. Solalinde dijo que si no ha dado parte a las autoridades federales es porque “ellos lo saben. Lo que hace falta es que haya voluntad política para que actúe”. Además, solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que actúe de manera inmediata con la captura del gobernador veracruzano con licencia, hoy prófugo de la justicia. “Que se rompa la impunidad; me duelen tantas cosas que han pasado con estos dos últimos gobernadores, me duele mucho, porque tanto como Fidel Herrera Beltrán, como su pupilo, Javier Duarte, han dañado a Veracruz y no solamente en cuestión de justicia, han estado vendiendo el estado poco a poco”, acusó.
En Twitter incluso publicó un mapa del lugar donde estaría Duarte:
CIUDAD DE MÉXICO: Los delitos de homicidio, robo a casa-habitación, robo a negocio, secuestro y violación cometidos durante los primeros nueve meses del año han aumentado y tienen a la Ciudad de México en focos rojos. De acuerdo con la medición de septiembre de la organización social Semáforo Delictivo –herramienta de rendición de cuentas y participación ciudadana–, el homicidio en la ciudad que gobierna Miguel Ángel Mancera se incrementó 7% de enero a septiembre pasados, comparado con el mismo periodo del año pasado, y 17% respecto a su propia media histórica. Basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la agrupación informó que tan sólo en septiembre se registraron 94 homicidios, cifra que representa un nuevo récord histórico. No obstante, la tendencia al alza inició desde abril del 2015. Los datos arrojaron también que el delito de homicidio se concentra en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que congregan 51% del total; seguidas por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Además, en lo que va de 2016 se han cometido 686 homicidios. De éstos, 81 se identifican como ejecuciones de crimen organizado, según datos de la empresa consultora Lantia Consultores. De acuerdo con esta medición, 12% de todos los asesinatos del año son causados por este factor. Robo a casa y negocio De acuerdo con el Semáforo Delictivo, el robo a casa-habitación aumentó 14%. Además, 54% de los hechos ocurrieron en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc. La tendencia en este delito también es ascendente, además de que en septiembre marcó un nuevo récord con 574 casos denunciados, cifra que no se alcanzaba desde el 2012. En cuanto al robo a negocio, tuvo un alza de 6% en los primeros nueve meses del año y 61% de los casos se concentraron en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán. Peor aún, en comparación con los casos a nivel nacional, la Ciudad de México se coloca en el tercer lugar con más robos a negocios con una tasa casi tres veces mayor a la nacional por cada 100 mil habitantes. Tan sólo en septiembre se denunciaron mil 406 casos, cifra que marcó un nuevo record histórico. En cuanto al resto de los delitos analizado por el Semáforo Delictivo, éstos mostraron reducciones en el año. No obstante, el delito de violación ha tenido focos durante los últimos cinco meses. No ocultar las cifras, piden Santiago Roel, director y fundador del Semáforo Delictivo, sugirió al gobierno de la Ciudad de México realizar reuniones públicas mensuales para evaluar los resultados con la presencia de organizaciones civiles y medios de comunicación, como lo hace en otras entidades. Y agregó: “el viejo paradigma de querer minimizar u ocultar el problema, o de tratar de manejarlo con estrategias mediáticas no funciona. Lo nuevo, lo verdaderamente efectivo, es compartir el problema, la información y las soluciones”.
De acuerdo con el directivo, existen delitos que no sólo de combaten con acciones policiacas, sino con prevención social; por ejemplo, la violencia familiar, las lesiones dolosas y la violación. Para ello, añadió, se necesita la participación de dependencias como el DIF, institutos de la Mujer, la Juventud, el Deporte y, así como las secretarías de Desarrollo Económico y Social. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/460798/cdmx-en-focos-rojos-5-delitos-segun-semaforo-delictivo
XALAPA, Ver: Con la férrea exigencia de que les liberen recursos para la nómina y la operatividad edilicia, alcaldes del PAN y del PRD acampan por tercer día en el Palacio de Gobierno, donde hasta el 12 de octubre Javier Duarte de Ochoa llevó las riendas del Estado. Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río e hijo del gobernador electo, reprochó que son más de 2 mil millones de pesos atorados a ediles del PAN y PRD. En rueda de prensa, acusó que el tesorero de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín es un “cínico” y un “burócrata enfermo”, pues aceptó que ese dinero se los depositó la Federación pero ellos se lo gastaron en otras cosas. Yunes Márquez acusó que el gobernador interino, Flavino Rios, ha tenido una actitud “cobarde” de no querer dar la cara. “Los ayuntamientos están colapsados, no hay dinero, y muchos alcaldes han tenido que despedir a gente de su confianza, son recursos de la Federación que los funcionarios estatales se robaron”, expresó Yunes Márquez. Ediles, regidores, síndicos y diputados locales electos y salientes han montado guardias en el Palacio de Gobierno. Al pernoctar en el inmueble, algunos políticos han optado por llevarse sus colchonetas y cobertores de los DIF Municipales para dormir en los pasillos del Palacio. “Les informo que Flavino Ríos no llegó, había quedado de venir a las 12 del día pero simple y sencillamente no llegó, nos dejó plantados a todos los alcaldes que estamos aquí, argumentando que no tiene solución que él no agarró ese dinero, cosa que es absolutamente falsa, claro que él sabe dónde quedó ese dinero, pero simple y sencillamente dijo que no venía, estamos aquí con todos los alcaldes, ya son casi 50 alcaldes, han estado llegando no sólo del PAN y del PRD, como decía hay alcaldes del PRI, del PT, del Cardenista, del AVE, de todos, están la verdad muy indignados porque ni siquiera se atreven a venir al Palacio de Gobierno”, insistió Yunes Márquez. En Veracruz, a 30 días de que concluya el sexenio, el estado atraviesa por una severa crisis financiera. El propio gobernador interino, Flavino Rios, admitió que necesita una “ayudadita” del gobierno federal con una ministración extraordinaria de 11 mil millones de pesos para poder solventar los pendientes más apremiantes. “El día de hoy nos informaron por ejemplo que municipios pequeños están ya cerrando las puertas, ya como Apazapan ya cerró ya no hay gobierno en Apazapan, ¿por qué?, porque no hay dinero. Es una locura lo que está pasando, es una irresponsabilidad, aquí estamos, no nos vamos a mover, hasta que no nos den una respuesta”. Actualmente, el que expriista, Javier Duarte dejo una deuda pública bancaria de 52 mil millones de pesos, más un pasivo revolvente con proveedores y contratistas por 13 mil millones de pesos. Yunes Márquez aseguró que mientras Javier Duarte se encuentra prófugo de la justicia, Veracruz ya “reventó” por el daño patrimonial inadmisible que se cometió por diversos funcionarios públicos. “Fíjense en Plaza Lerdo hay gente de Antorchistas, hay gente de otras organizaciones, están maestros, esto ya reventó porque no puede ser, la corrupción llegó a este grado y están dejando que Veracruz explote, eso no lo vamos a permitir”.
XALAPA, Ver: La Comisión de Vigilancia del Congreso local entregó el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al quinto año de gobierno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, donde se confirma un presunto daño patrimonial de 14 mil 220 millones 441 mil 220 pesos.
En sesión ordinaria, este procedimiento de consolidación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo detectó observaciones, irregularidades e inconsistencias por esa cantidad, que sobrepasa las cuatro cuentas públicas (juntas) de la primera mitad del sexenio de Duarte, actualmente prófugo de la justicia. Dentro del documento de 52 hojas y cuya copia tiene este reportero, el Órgano de Fiscalización (Orfis) encontró un daño patrimonial por 180 millones de pesos, según el pliego de observaciones FP-033-2015/006-DAÑ, dentro del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). En esa misma observación se encontró un impago al transferir a la reserva técnica del IPE más de dos mil 709 millones 60 mil 306 pesos. En el caso de los ayuntamientos, en 42 municipios se hallaron inconsistencias de un presunto daño patrimonial de 134 millones 252 mil 497 pesos. En el Informe de Resultados (documento en poder de Proceso), el Orfis advierte que en la observación número FP-014/2015/004 ADM, realizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el gobierno recibió 44 millones 530 mil 765 pesos como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), sin embargo, la dependencia no entregó reporte de la aplicación de los recursos y, en su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, ni tampoco la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta en el ejercicio fiscal. El destino de los 44 millones de pesos el Orfis los ignora. En el caso del Fondo Metropolitano –recursos federales para fortalecer las obras públicas en los ayuntamientos–, la administración de Duarte también cometió un presunto daño patrimonial de 215 millones 617 mil 945 pesos. En el área de prensa existe la observación número FP-027/2015/011ADM, donde se advierte que de 428 comprobantes fiscales para la “Difusión de Mensajes sobre Programas y Mensajes Gubernamentales”, 410 facturas carecían de soporte, orden de inserción y testigos presentados, como prueba documental, “por lo que no acreditan de manera fehaciente el ejercicio del gasto por un monto de 138 millones 610 mil 744 pesos”. Por si fuera poco, en un diagnóstico financiero del gobierno, el Orfis ataja que el gasto corriente se incrementó en 6.4% respecto del ejercido en 2014, pues de 56 mil 540 millones 900 millones etiquetados, finalmente se devengaron 67 mil 952 millones 500 mil pesos. En contraparte, para la amortización de la deuda pública se devengaron 3 mil 328 millones 100 mil pesos, lo que significó una reducción de 7.3% respecto al ejercicio 2014. Así, aunque Duarte presumía que había “austeridad” y que “se apretó el cinturón”, la realidad de los números dice otra cosa. Los diputados de oposición (PAN y PRD) llegaron a la conclusión de que hay un desvío global sexenal de 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, es decir que el gobierno de Duarte cometió daño patrimonial equivalente al presupuesto total de dos de los seis años que gobernó. En números coloquiales, el Órgano de Fiscalización, la Auditoria Superior de la Federación y las comisiones de Vigilancia y de Hacienda del Congreso local “desconocen” dónde están y en qué se gastaron 3.5 pesos de cada diez pesos del erario. En días pasados, los diputados locales panistas Ana Cristina Ledezma y Julen Rementería detallaron que la deuda pública bancaria ascendía a 48 mil 183 millones de pesos, que se suman a los 12 mil 877 millones de pasivo circulante por deudas con contratistas, proveedores, terceros institucionales y medios de comunicación, y 12 mil 775 millones de ministraciones pendientes de transferir a otros. De igual manera, más de mil 363 millones de juicios pendientes de resolución del gobierno central, alrededor de 38 mil 300 millones de cuentas pendientes por regularizar, 3 mil 568 millones de resolución de Fideicomisos, 5 mil 549 millones de un juicio perdido con Finamed, seis millones 395 mil de pasivo con la empresa Airbus Helicopters, dos mil 338 millones 700 mil pesos de adeudos con la Universidad Veracruzana, 5 mil 309 millones de adeudo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), más de 940 millones de pesos por las “empresas fantasma” que detectó la Procuraduría General de la República (PGR), así como 645 millones de pesos que, según el portal Animal Político, el gobierno de Duarte facturó sin que le prestaran servicios.
El jueves, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar la minuta; los magistrados deberán rendir protesta ante el pleno del Senado, y la reforma tendría que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor el viernes 4 de noviembre, cuando inicia el periodo del nuevo TEPJF.
Este jueves, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar la minuta que le remitió el Senado para ampliar el periodo de cuatro de los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ese mismo día tendrían que rendir protesta ante el pleno de la Cámara Alta, y la reforma deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor el viernes 4 de noviembre, cuando los magistrados inician sus funciones. Esto hace que el proceso sea “totalmente desaseado”, denunció el senador del PAN, Héctor Larios, quien junto con otros 10 legisladores de su partido votó en contra de esa reforma la semana pasada. La modificación permite que Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdez ocuparán el cargo por siete años cuando originalmente se les contempló para un periodo de tres. Mientras que Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, pasarán de seis a ocho años como magistrados. En entrevista con Aristegui Noticias, el panista argumentó que votó en contra pues el objetivo era que un tercio del Tribunal se renovara cada tres años y con este cambio, este órgano tendrá la misma conformación durante siete años.
Héctor Larios rechazó que por haber votado en contra haya recibido algún “llamado de atención” de su coordinador, Fernando Herrera. VIDEO:
El sábado, familiares de desaparecidos de NL realizaron un "homenaje a pie de fosa" y una misa en honor a los muertos cuyos restos fueron incinerados y abandonados en un predio del ejido Las Abejas, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.
El estado de salud de Raquel Romero apenas le da un poco de fuerza para seguir buscando a su hijo, Miguel Ángel Galo, pero no desiste y viaja kilómetros para llegar al sitio en donde cree que quizá fue asesinado. Hace cinco años se lo llevaron hombres armados cuando se encontraba en la esquina de su casa, en la colonia 10 de Marzo, conviviendo con otros jóvenes vecinos. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL), arribó el sábado pasado al Ejido las Abejas, localizado en el municipio de Salinas Victoria, a poco más de tres kilómetros de Monterrey y en donde en 2011 fueron encontrados 250 mil fragmentos de restos humanos. Derivado del hallazgo, según la información que la Procuraduría del estado les ha proporcionado, han sido identificadas 42 personas. Con la intención de rendir un homenaje a quienes murieron torturados y asesinados y con motivo de la celebración de Día de Muertos, FUNDENL arribó a Las Abejas, un lugar recóndito en medio de angostas brechas. Pero a pesar de que ya se tenía un protocolo previamente establecido con la Procuraduría, se toparon con que el ingreso a la finca estaba obstaculizado por una reja que contenía cintas amarillas que prohibían el paso y oficios de la Procuraduría fechados en 2015, que señalaban se trataba de un inmueble asegurado. Irma Leticia Hidalgo, quien es una de las coordinadoras de FUNDENL, reprobó la respuesta de las autoridades, asegurando que en anteriores ocasiones les habían permitido el paso y que incluso, el miércoles pasado no había sellos ni oficios. “Ellos sabían, acabamos de venir el miércoles con ellos y aparentemente querían cooperar, se mostraban convencidos de que teníamos que hacer esto (…). “¿Qué es lo que quieren esconder?, ¿por qué no quieren decir qué pasó aquí?, ¿qué esconden? A nosotros nos habían dicho que desde junio habían terminado de trabajar aquí”, externó Lety Hidalgo, como le dicen a la madre de Roy, a quien se llevaron de su casa en 2011. Decidieron realizar el acto en la parte externa del sitio al que ahora llaman “zona de exterminio”. En una de las camionetas en las que trasladaron a los miembros de FUNDENL y que fueron proporcionadas por la Procuraduría, se encontraba recostada Raquel Romero. Desde hace unos meses le fue detectado cáncer. Pero a pesar de que hay días que la enfermedad la tumba, el amor y la desesperación por encontrar a Miguel Ángel, la levantan. “Como ahorita yo estoy enferma, ya no puedo moverme para que sigan moviendo el caso de mi hijo, ya no puedo andar en todos lados y los de FUNDENL me han apoyado mucho gracias a Dios, ellos me ayudan, me informan cómo van”. Cuando se lo llevaron tenía 26 años, hace cinco años. Junto con él cargaron a otros nueve jóvenes en dos camionetas tipo Balzer y un Chevy blanco. “Ahí llegaron y los empezaron a subir, traían armas largas. Venía una mujer y un niño con ellos. En unas casas se metieron y sacaron a otros chavos”. Las indagaciones de Raquel y sus vecinos arrojan que en la misma colonia, una semana antes levantaron a otras 14 personas y dos semanas después a otro tanto, entre hombres y mujeres. Las sumas de los testigos y familiares dan la escalofriante cifra de 58 personas secuestradas en ese sector. No ha obtenido respuestas, no sabe en dónde está su hijo, las autoridades sólo le dijeron que existía una casa en la colonia Rubén Jaramillo, en la que resguardaban a los secuestrados por un tiempo y después se los llevaban a otro lado. De las personas desaparecidas en la 10 de Marzo, han sido localizados los fragmentos de tres de ellas en el Ejido Las Abejas, entre ellos Juan Carlos Treviño, quien era amigo cercano de su hijo. Raquel tiene a su cargo al hijo de 12 años de Miguel Ángel, quien considera que la búsqueda de su padre será infructuosa. “No le gusta hablar de esto, y cuando me ve que vengo para acá a veces me dice para qué lo busco, si sé que no lo voy a encontrar”. El joven se ha visto perturbado con la enfermedad de Raquel, que tras la desaparición de su padre, es lo único que le queda. Como un acto de reivindicación de la memoria de las víctimas, los familiares colocaron una cruz en la parte externa de la finca, flores, algunas fotografías de sus desaparecidos y colgaron campanitas cuyo sonido “traerá un mensaje celestial”. Se había anunciado que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, oficiaría una misa, pero canceló su participación. La ceremonia fue encabezada por el padre José Manuel Guerrero, quien leyó un mensaje del Monseñor. “Somos muchas y muchos quienes vemos en ustedes una esperanza muy firme de que las cosas tienen que cambiar en nuestro México, que no podemos ni debemos aceptar pasivamente la corrupción la indolencia y la injusticia que campean a lo largo y ancho de nuestra patria”, rezaba una parte del mensaje enviado por Vera. La guerra no ha terminado, consideró Lety Hidalgo, porque no hay diferencia de lo que se vivía en 2011, cuando la mayoría de los familiares de FUNDENL fueron desaparecidos. Señaló que la cantidad de desapariciones no ha bajado y las cifras de la Procuraduría lo confirman. “La situación la vemos muy grave, porque según el registro nacional de personas desaparecidas, de enero a junio 2016 en Nuevo León tienen denuncias de 42 personas desaparecidas y los datos de la Procuraduría son de 290 delitos de privación ilegal de la libertad”. Lety Hidalgo dijo que cuando Jaime Rodríguez Calderón tomó posesión como gobernador, les dio a conocer que existía un registro de más de 4 mil denuncias de desapariciones, de las cuales ya se habían localizado a poco más de mil. FUNDENL ha cumplido un año de que inició las búsquedas por sus propios medios, teniendo resultados positivos en la última expedición, pero la Procuraduría no actuó en la identificación de los restos hallados.
“Encontramos restos, los marcamos y aun cuando estaba el Ministerio Público, Fuerza Civil y gente de la Procuraduría, no quisieron actuar, que porque era un terreno según ellos propiedad privada, aun cuando les habíamos avisado con un mes de anticipación para que hicieran las gestiones”, denunció la coordinadora. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN/MELVA FRUTOS. LINK: http://aristeguinoticias.com/3110/mexico/rinden-homenaje-a-desaparecidos-en-nl/
Luego de ajustes a la propuesta de ingresos y egresos para 2017 enviada al Congreso por el Ejecutivo, el panorama no es nada alentador, pues el propio titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, pidió a las entidades y municipios acompañar al gobierno federal en el esfuerzo fiscal, lo que implica un apretón de cinturón para todos. Así, para 2017 habrá más deuda, menos crecimiento económico, gasolinas más caras, mayores beneficios fiscales para compañías petroleras privadas, menos recursos para programas sociales…
El miércoles 26 concluyó el primero de los dos actos de rito anual en que se ha convertido la negociación de los ingresos y egresos presupuestales para el año siguiente. Ese día, el Senado de la República aprobó sin cambios la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 que le envió la Cámara de Diputados; los legisladores de San Lázaro, a su vez, habían hecho lo propio la madrugada del viernes 21, pero que por efectos del “reloj parlamentario”, se consideró aprobada el jueves 20. Más allá de las cifras y los ajustes realizados a la propuesta del Ejecutivo, del 8 de septiembre último, pueden avizorarse algunas circunstancias que vivirá el país el próximo año: Más deuda, menos crecimiento económico, gasolinas más caras, mayores beneficios fiscales para compañías petroleras privadas, menos recursos para programas sociales, poco apoyo a la inversión productiva, opacidad en la contabilidad de las finanzas públicas y la continuación de los famosos “moches” para que los legisladores aprueben, sin remilgos y rápido, las propuestas de gasto del Ejecutivo federal. Las cifras previas y las definitivas. La propuesta original del gobierno era lograr ingresos en 2017 por un 4 billones 837 mil 512 millones 300 mil pesos. Ese monto es superior en 90 mil 566 millones 600 mil pesos, 1.9% nominal, al original propuesto para este año. Pero 73 mil 638 millones 300 mil pesos más, 1.5%, mayor al aprobado finalmente por el Congreso para 2016. El jueves 20, la Cámara de Diputados “decidió” agregarle a la propuesta original otros 51 mil 380 millones 200 mil pesos, para que finalmente los ingresos totales en 2017 ascendieran a 4 billones 888 mil 892 millones 500 mil pesos. Un aumento de 1.1% respecto de la propuesta del Ejecutivo.
CIUDAD DE MÉXICO: El martes 26 de octubre el PRI decidió expulsar de sus filas a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y determinó que no tocará –por ahora– a los seis diputados federales priistas veracruzanos que formaron parte de su gobierno estatal, sin embargo, adelantó que va por Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán. Enrique Ochoa Reza se placea por entidades repitiendo un discurso anticorrupción, incluso anunciando que en el PRI no se toleran esas actitudes, por lo que se creará una comisión que detecte corruptelas y megalomanías de futuros gobernadores. La ciudadanía ríe al escuchar sus discursos, al enterarse por la radio, televisión o prensa escrita, de los dichos priistas. Y efectivamente, son dichos que no van más allá de bravuconerías, palabras huecas. Nadie cree al priista de Insurgentes que “van” por Duarte de Ochoa, menos aún cuando el diario La Jornada de Veracruz reveló que, antes de huir, Ochoa Reza se entrevistó por media hora en el hotel donde daría una conferencia de prensa, con el hoy prófugo exgobernador. Apenas el viernes, durante su visita por Michoacán, el presidente nacional del PRI dijo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de su organización política “analiza expulsar a Fausto Vallejo Figueroa”; el motivo, el mismo que le imputaron a Duarte luego de que los medios de comunicación se convirtieron en el instrumento de la justicia “revelando con grandes investigaciones periodísticas” las propiedades, operadores políticos, financieros y jurídicos, de los delitos de Duarte. Fausto Vallejo está en la antesala de la expulsión de su partido bajo los cargos de “corrupción, enriquecimiento ilícito y falta de probidad”. Nadie cree las palabras de Ochoa Reza, pues él mismo incurrió en abuso al aceptar la millonaria liquidación, que, aunque el procedimiento figure en el reglamento de la Comisión Federal de Electricidad, es ilegítima, inmoral y éticamente reprochable en un país donde una pequeña de 10 años muere por desnutrición o una madre se suicida y mata a dos de sus hijos porque no le alcanza el sueldo para darles de comer. Tampoco se le cree a Ochoa Reza porque en el pasado reciente su partido ha creado monstruos políticos dedicados al abuso, enriquecidos durante su paso por las gubernaturas y, además, cínicos. Un ejemplo inmediato es Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto, exgobernador del Edomex y a quien se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo “Santuario”, de Valle de Bravo, casa en Careyes, ¡castillo! en Francia, cuentas millonarias de sus hijos hasta por 35 millones de pesos, propiedades de estos por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas. O se puede empezar por el propio Peña Nieto, con su casa en Ixtapan de la Sal o la mal lograda y millonaria Casa Blanca. Siguiendo con Michoacán. Cuando Fausto Vallejo, aquejado por un mal físico, pero sobre todo por el surgimiento de las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, se vio obligado a pedir permiso al cargo de gobernador en 2014, dejó a su secretario de Gobiernio en el cargo, Jesús Reya García; otro priista que al año fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Hoy está en prisión. La lista de gobernadores priistas es larga. Ahí esta, por ejemplo, Rodrígo Medina, de Nuevo León, quien ha logrado librar la acusación de peculado, pero sigue enfrentando proceso judicial por “ejercicio indebido de funciones”. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero la autoridad de “El Bronco”, el brabucón gobernador “independiente” actual, no ha podido comprobar. Está también Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a quien se le señala por haber desviado recursos públicos y dejar a la entidad con una deuda que alcanzará los 30 mil millones de pesos, según acusa la oposición . Uno más, que también dejó recientemente la gubernatura, es el priista de Colima Mario Anguiano Moreno, a quien la auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y 2015, por lo que ya le inició “juicio político”. La situación de los funcionarios y exfuncionarios colimenses es otro caso, donde los priistas, cuando se invaden sus parcelas de poder, pareciera que se atacan entre ellos. Recordemos que años antes de llegar Anguiano Moreno a la gubernatura estuvo Silverio Cavazos Cevallos, quien fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña recibió cuatro balazos ya habiendo concluido el cargo. No murió. Su sobrino, Samuel Rodríguez Moreno fue señalado como autor intelectual del homicidio del exgobernador Silverio, pero también de lavarle dinero al grupo criminal La Familia Michoacana. Recientemente fue también ejecutado. Y por si hicieran falta más problemas para los funcionarios colimenses priistas, el actual delegado del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, fue presentado ante el Procuraduría General de la República (PGR) tras encontrarlo en un sitio en el que la policía aseguró una maleta con alrededor de 20 kilogramos de droga, presuntamente cocaína, según reportó el reportero de Proceso, Pedro Zamora Briseño. El delegado federal de INAES fue traído a la Ciudad de México, aunque no se sabe si como testigo o como acusado. Él también trabajó en el gobierno del asesinado exgobernador Cavazos Ceballos y del baleado exgobernador Mario Anguiano. Si de gobernadores priistas, violadores de los derechos humanos se trata y destituidos, ahí está el temido Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, quien fue destituido del cargo luego del asesinato de campesinos en el Vado de Aguablancas. Cuando salió, en su lugar se impuso al entonces priista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien a la postre sería arropado por el PRD, llevado a la gubernatura y también destituido luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los abusos de poder, la corrupción, el robo al erario estatal, el lavado de dinero, entre otras cosas, no sólo se retratan mejor en el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahí está también el ex gobernador priista de Coahuila –ex dirigente nacional del PRI e impulsor de Peña Nieto a la Presidencia de la República– Humberto Moreira, a quien además, España lo ha vinculado con el grupo criminal de Los Zetas. Pero si de exgobernadores priistas investigados en otros países por sus presuntos lazos con el crimen organizado se trata, pues entre su catálogo el PRI tiene para escoger, ahí está el exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington, a quien Estados Unidos acusó en mayo de 2012 de lavar dinero de Los Zetas y del Cártel del Golfo, o su sucesor, también priista, Eugenio Hernández Flores, quien desde 2015 la Unión Americana lo acusó de lavar dinero del narcotráfico producto de Los Zetas. Aunque sorprendió que uno de los hombres buscados por las autoridades norteamericanas haya ido a votar tranquilamente durante las pasadas elecciones estatales del pasado 5 de junio en su tierra, Tamaulipas. Y como olvidar al exgobernador del PRI en Tabasco, Andrés Granier, preso por corrupción, fraude al fisco y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inolvidable un audio donde reveló no sólo su abuso, sino su desvergüenza, ahí presume de propiedades en Estados Unidos, en el país y de tener un guardarropa compuesto de ¡400 pares de zapatos y mil camisas! De todos los mencionados, ninguno está en prisión, aunque no hay que olvidar a quien llegó a la gubernatura de Quintana Roo en 1993, amigo de Carlos Salinas de Gortari y enemigo de Ernesto Zedillo, Mario Villanueva es el único procesado en México y preso en Estados Unidos por lavar dinero del Cártel del Juárez, fue detenido en 2001 luego de dos años de andar a salto de mata y extraditado al vecino país. Es el único exgobernador priista encarcelado. Existe otro gobernador del PRI, este sí en funciones, a quien se le ha vinculado en algunos medios de comunicación de estar muy cercano y atento a lo que pide el crimen organizado, pero no existe indagación abierta en su contra. Se trata de un priista cercano a Peña Nieto –como lo fue Javier Duarte– y que gobierna por la zona suroeste del país. Ante todas estas historias, es difícil que alguien crea en las palabras del presidente nacional del PRI, Ochoa Reza. Pero no sólo el PRI se pinta con gobernadores y exgobernadores corruptos. El PAN no se queda atrás, ahí está por ejemplo la desfachtez del exgobernador de Sonora, quien no sólo se construyó una presa para uso particular a costa de dejar sin el líquido a indígenas yaquis, sino que además es acusado, como Duarte, de desviar millones de pesos del erario estatal. Tampoco se puede olvidar uno del exgobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de compras simuladas, de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Pasó un par de años en la cárcel y ya se pasea de nuevo por las calles del estado diciendo que volverá a la política; está también Pablo Salazar Mendiguchia, exgobernador de Chiapas, quien siempre dijo que se le crearon delitos. Llegó a la gubernatura por PRD-PAN. Uno más es Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Morelos, se habló de desvió y de relación con el narcotráfico, en especial con la hija del operador financiero del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza, y aunque se le investigó, nada se pudo comprobar. Otro gobernador que llegó por el PRD fue el de Baja California, Narciso Agúndes Montaño, se le acusó de peculado, estuvo un algunos meses en prisión y salió libre, pero se le inhabilitó para por seis años luego de que se detectaron irregularidades en las ventas de terrenos en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos.
La lista de los ex gobernadores de PRI, PAN y PRD pudiera ser más amplia, sin embargo las componendas políticas entre los políticos han impedido que esta siga. Si no se investiga al Presidente, ¿por qué se ha de juzgar a todos los gobernadores que abusan, roban e imponen su ley?, se podrán preguntar muchos. Lo cierto es que con la llegada a la PGR de Raúl Cervantes, lo que menos se puede esperar justicia, pero sí negociaciones oscuras y relaciones truculentas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/460660/exgobernadores-priistas-abusadores-poder-a-cuantos-tendria-expulsar-pri
CIUDAD DE MÉXICO: Uno de los líderes de la célula de sicarios conocida como Los Antrax, del Cártel de Sinaloa, René Velázquez, “El Phoenix” o “Comandante Phoenix”, fue abatido por elementos del Ejército en un enfrentamiento en Culiacán. El semanario Riodoce dio a conocer que en total fueron tres las personas muertas. Los otros dos fueron identificados sólo como “El cholo pecas” y “El Cali”. “Hay tres heridos y seis detenidos, como saldo de este enfrentamiento entre militares y gatilleros, en la colonia Miguel Hidalgo, la madrugada de este domingo”, indica el semanario. En tanto, los heridos fueron identificados como José Carlos López Alanís, de la colonia Las Huertas; José Javier Gómez Armenta, de San Isidro, y Juan Carlos Ariztiga, de Las Quintas, quienes presuntamente son pistoleros de “El Cali” y a quienes se reporta graves. La refriega, dice Riodoce, fue alrededor de las 4:00 horas por la calle Miguel Hidalgo, entre Esteban Flores y Alejandro Quijano, cuando un convoy del Ejército Mexicano se encontró con varias camionetas en las que iban hombres armados. Al pretender huir de una revisión, los hombres dispararon y fue cuando los militares respondieron al fuego. Los gatilleros dejaron abandonadas tres camionetas y huyeron entre las casas, aunque algunos resultaron heridos. La información no ha sido confirmada por las autoridades, pero se presume que los presuntos gatilleros pertenecen al grupo Los Ántrax, que fundó Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”, preso en un penal de San Diego, California, acusado de narcotráfico.
“Existe un discurso de las autoridades de que ‘la paz regreso a la ciudad’, que la seguridad mejoró y que la economía está creciendo. Afirman que los feminicidios quedaron en el pasado o que son una ‘leyenda negra’, pero la realidad es otra. Tan sólo en Ciudad Juárez de 2010 a la fecha hemos registrado 806 feminicidios a mujeres de entre 15 a 29 años”, dijo a Desinformémonos Itzel González, integrante de la organización feminista Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Según el registro del Área de Monitoreo e Investigación de dicha organización, en el 64.7% de los feminicidios los cuerpos de las mujeres fueron encontrados en el espacio público y 32.4% dentro de sus hogares. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas. “El mayor número de feminicidios que hemos registrado en la historia reciente de la ciudad fue después del inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ de Felipe Calderón, en 2010 hubo 304 asesinatos de mujeres. En ese periodo registramos una tasa de 60 feminicidios por cada cien mil habitantes. La llegada de los militares y federales invisibilizó la violencia de género, todo era el narco, o atribuían los feminicidios a que las mujeres andaban involucradas con el crimen organizado”, afirma la activista. La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, conformada por 10 organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos a la salud, educación, desarrollo comunitario, derechos laborales y atienden a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, registró en 2014 45 feminicidios, 46 en 2015 y 33 en lo que va del 2016. La organización no gubernamental afirma que si bien existe una disminución en el número de asesinatos, prevalecen y se incrementan otros tipos de violencia poco visibilizadas. “Chihuahua es el estado que ocupa el segundo lugar de violaciones sexuales contra mujeres. Según los datos oficiales que obtuvimos a través de solicitudes de información para conocer la situación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, de 2010 al 10 junio de 2015 se presentaron 18 mil 123 denuncias por violencia intrafamiliar hacia mujeres de entre 18 a 35 años de edad. Tan sólo en 6.87% de los casos se inició un proceso judicial. En ese mismo periodo se presentaron 311 carpetas de hostigamiento sexual, de las cuales sólo se iniciaron 8 causas penales. Opuesto a ello se presentaron mil 144 denuncias en donde las víctimas eran hombres entre los 0 a los 17 años, es decir niños o adolescentes”, afima Itzel González, responsable del Monitoreo e Investigación. En Chihuahua existe la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y dos Centros de Justicia para las Mujeres, sin embargo la defensora considera que pese a ello la violencia e impunidad continúan . “Hay mucha simulación, las leyes e instancias que tenemos nacieron de origen sin presupuesto y ahora estamos batallando para que los tengan, estamos exigiendo que se etiqueten recursos para que los programas de la ley estatal se puedan implementar, que el Instituto de la Mujer tenga el presupuesto adecuado, que las propias instancias se puedan capacitar para que las autoridades conozcan las leyes que hay a favor de los derechos de las mujeres. Ciudad Juárez tiene el mayor número de recomendaciones en términos de violencia contra las mujeres por parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) sin embargo muchos funcionarios ni siquiera la conocen” asegura González.
Ciudad Juárez vive un cambio de gobierno a nivel municipal y estatal, “ante quienes seguiremos observando el desempeño, su labor y exigiendo acceso a la justicia para las mujeres asesinadas o víctimas de cualquier tipo de violencia. Vivimos un contexto de violencia exacerbada, no sólo asesinatos de mujeres sino de hombres también. Volvieron las balaceras en las colonias, asesinatos de alto impacto en las calles, asaltos y otro tipo de delitos que están aumentado. Regresamos a los niveles de antes de iniciada la lucha contra el narcotráfico, lo que evidencia la poca funcionalidad de la estrategia. Este fin de semana, en un lapso de 24 horas hubo 25 personas asesinadas, las mujeres siguen siendo afectadas y el contexto en el que viven, es terrible, por eso seguiremos visibilizando esa realidad porque la guerra continúa”, afirma Itzel González. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ATZIRI ÁVILA. LINK: https://desinformemonos.org/asesinatos-mujeres-ciudad-juarez-la-guerra-sigue/
Autoridades y organizaciones yaquis exigieron el respeto a la suspensión judicial que existe contra la construcción del gasoducto en la comunidad Loma de Bacum, donde las empresas violaron la orden en días pasados al comenzar las obras a través de la contratación de gente armada y “algunos de la propia tribu yaqui de diferentes pueblos”. Lo anterior, aseguraron, provocó enfrentamientos sociales que terminaron el pasado 21 de octubre con un muerto y decenas de heridos, sólo con el propósito de resguardar los trabajos de construcción del gasoducto. El mes de abril de este año, la comunidad yaqui de Loma de Bacum decidió iniciar una acción legal para hacer valer el respeto de sus sistemas normativos por parte de los responsables del gasoducto, por medio de la solicitud de la suspensión de las obras dentro del territorio colectivo. Esta medida fue otorgada en relación al territorio colectivo perteneciente a Loma de Bacum, sin especificar cuál era, lo que permitió el abuso de las empresas. Luego de que en el 2013 la Comisión Reguladora de Energía autorizara a la empresa “Gasoducto Aguaprieta” la instalación y operación de un ducto transportador de gas natural, que va desde el estado de Sinaloa y termina en la franja fronteriza del estado de Sonora, la Secretaría de Energía inició, dos años después, un proceso de consulta a la tribu yaqui, en razón de la afectación territorial a ejecutarse en las tierras ancestrales. Sin embargo, no hubo una consulta previa a los ocho pueblos yaquis, lo cual es un requisito necesario para iniciar la construcción de cualquier obra en su territorio. Además de la consulta, es obligatorio que los interesados obtengan el consentimiento de la tribu, lo cual nunca sucedió. Ante esto, la Secretaría de Energía decidió aplicar el proceso de consulta y consentimiento de manera individual a cada pueblo, y con ello debilitar la cohesión social y cultural de la tribu, lo que consiguió obtener el consentimiento de 7 de los 8 pueblos. “A partir de los últimos hechos las autoridades locales, municipales y estatales siguen presionando a la comunidad de Loma de Bacum para el desistimiento de la demanda interpuesta y a cambio se tendrá beneficio social. De lo contrario, seguiremos teniendo problemas”, aseguran.
Por esto, exigieron detener el proceso de consulta individual a cada pueblo yaqui, así como las estrategias tendientes a generar división entre los pueblos yaquis y evitar la confrontación de personas se este grupo indígena para labores de seguridad y custodia del gasoducto. Por último, demandaron medidas cautelares para la comunidad y el respeto al derecho fundamental a la Consulta previa, libre e informada, fundamentada en la normativa que amparan los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/yaquis-exigen-respeto-suspension-judicial-obras-del-gasoducto/
CIUDAD DE MÉXICO: El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, afirmó que se tiene que hacer justicia en los casos de corrupción en los que están involucrados los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y Sonora, Guillermo Padrés. “Exigimos que las autoridades continúen las investigaciones y se cumplan las órdenes de aprehensión; que se incauten los bienes y se regrese el dinero que se robaron”, subrayó en entrevista para Despierta con Carlos Loret. “Los corruptos deben terminar en la cárcel”, añadió. El priista destacó la necesidad de que se eche a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, “porque el PRI cree que el combate a la corrupción y a la impunidad debe ser institucional”. Ochoa Reza recordó la creación en el partido de una Comisión Anticorrupción que estará integrada por “al menos tres miembros del partido a propuesta del presidente de Comité Ejecutivo Nacional y tendrá al menos dos responsabilidades: la primera será revisar puntualmente las trayectorias y los perfiles de las mujeres y hombres que aspiren a ser candidatos del PRI, para que la ciudadanía tenga la opción de votar por perfiles de probada honestidad”. La segunda responsabilidad, detalló, será dar seguimiento a los resolutivos de instituciones del estado mexicano que su competencia sea la rendición de cuentas públicas o de actos de corrupción para que les den seguimiento a los gobiernos emanados tanto del PRI como de otros partidos políticos. Lo anterior, reconoció porque en los casos de Guillermo Padrés en Sonora, y Javier Duarte en Veracruz, no son nuevos, sino se “fueron avisándose a través de las instituciones del estado mexicano que había problemas, que estaban emergiendo problemas financieros, de abuso de recursos, debimos haber actuado de manera más oportuna”. Por ello llamó a una transformación institucional para prevenir, dar seguimiento y combatir de manera decidida la corrupción. Reconoció que el PRI tiene que hacer su mejor esfuerzo para transformar la imagen negativa que la sociedad tiene de sus políticos. Dijo que han sido rebasados por conductas y circunstancias de algunos militantes que se alejan de los principios y valores éticos que deben caracterizar a los miembros del partido. Por ello, dijo Enrique Ochoa, la comisión deberá levantar la bandera oportunamente para evitar que haya nuevos casos que se tornen en escándalos. En cuanto a los casos de César Duarte y Roberto Borge, rechazó que haya simulaciones y dijo que seguirán la investigación y serán resueltos antes de que termine el año. Dijo que el PRI no es “omiso a la voz de la sociedad. Ése fue el mensaje de las elecciones”, señaló al recordar que perdieron siete de 12 elecciones a gobernador. El líder nacional del PRI sostuvo que señalarán los actos de corrupción sin importar el partido del que provengan. Puso como ejemplo el caso de Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora de extracción panista, y recordó que el PAN recibió en su sede nacional al político, sin dar vista a las autoridades para que procedieran en su contra y dieran cumplimiento a la orden de aprehensión. Además, subrayó, “Padrés sigue siendo panista, nosotros expulsamos a Javier Duarte”. Enrique Ochoa Reza subrayó que no hay partido político libre de corrupción y mencionó que la declaración 3de3 de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sido analizada hasta por la prensa extranjera, porque fue presentada con “mentiras y vacíos de información”.
El líder nacional del PRI rechazó que tenga aspiraciones a contender por la presidencia de la República en 2018 y criticó que tanto Ricardo Anaya, dirigente del PAN, como López Obrador estén haciendo campaña con ese objetivo, porque, dijo, deben decidir si quieren ser cabezas de su partido o hacer campaña. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/460726/javier-duarte-guillermo-padres-deben-terminar-en-la-carcel-enrique-ochoa
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) desmintió la versión de que se habían encontrado a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. “A través de su Delegación en el estado de Jalisco, desmiente las publicaciones difundidas en redes sociales respecto del supuesto hallazgo de personas secuestradas y que pertenecerían a estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero”, señala en un comunicado. Además, precisa que los municipios de Sayula y Atoyac, se encuentran ubicados en la zona sur del estado, y no colindan con el de Michoacán como se señala en las notas informativas.
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de la protesta de alcaldes veracruzanos emanados del PRD, quienes tomaron el Palacio de Gobierno en Xalapa para exigir recursos que el gobierno estatal les adeuda de partidas federales destinadas a sus municipios, el gobernador interino, Flavino Ríos, afirmó que el estado no tiene para pagarles, por lo que está gestionando apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“El estado en este momento no tiene el recurso para entregárselo a ellos y eso se le s ha comunicado a ellos”, manifestó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Añadió que el total del adeudo es de 3 mil 300 millones de pesos y que una parte se iba a cubrir en octubre y otra parte en noviembre, pero “si ellos quieren que se les cubra todo, en caso de que nos apoye la Federación, pues va a ser prácticamente imposible”. Aunque Ríos reconoció que los alcaldes persiguen una causa justa, dijo que “no es con manifestaciones, con tomas de palacios como se resuelven los temas”, agregó al tiempo de invitar a los presidentes municipales a dialogar. “Estoy sugiriendo y proponiendo al gobierno federal, en caso de que nos den los recursos, que venga un interventor de la Secretaría de Hacienda para que sea él quien disperse el recurso y haya absoluta transparencia”. Ríos señaló que el secretario de Finanzas estatal atendió a los alcaldes inconformes, en una reunión que comenzó el viernes 28 y terminó la madrugada del sábado. “Ellos saben que nosotros estamos haciendo gestiones ante el gobierno federal para que nos apoyen”.
“Hace dos años supimos del asesinato a nuestra compañera Laura. Ella tenía 22 años cuando fue asesinada por otro joven en su departamento. Él argumentó que la había matado porque no sabía que ‘ella era hombre’, cuando en realidad ya habían estado antes juntos. Sólo pasó 15 días en la cárcel y después de pagar una fianza salió libre. La violencia, estigma, odio y discriminación es a lo que nos enfrentamos las mujeres trans y ya no podemos continuar así, dijo a Desinformémonos Ana Karen López Quintana, integrante de la organización Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, en el norte del país. En días recientes se hicieron públicos los feminicidios de tres mujeres trans. Paola en la madrugada del 30 de septiembre en la colonia Buenavista de la Ciudad de México a manos de un guardia de seguridad. Otro contra la joven de 19 años Itzel Durán, al interior de su casa Comitán, Chiapas el 8 de octubre y el feminicidio de la integrante de la Red de Jóvenes Trans, Alessa Flores, activista y trabajadora sexual asesinada en un hotel de calzada de Tlalpan en la Ciudad de México el 13 de octubre con “indicios de estrangulamiento”. El feminicidio de Paola, Itzel y Alessa fue uno de los motivos por los que decenas de mujeres salieron a las calles el 19 de octubre en diversas partes del país. “El incremento de los asesinatos contra mujeres trans evidencia una transfobia enorme, continúa López Quintana, mucha gente desconoce los procesos internos por los que las mujeres trans pasamos, son procesos físicos, psicológicos y emocionales para atrevernos a ser realmente quienes somos. En mi caso desde los 18 años supe que no estaba siendo realmente quien ahora soy, lo sabía desde la niñez y sufrí bullyng desde la primaria, pero fue hasta la mayoría de edad cuando decidí iniciar el proceso hormonal. No es una transformación de la noche a la mañana pero si un proceso que iniciamos para ser las personas con las que verdaderamente nos identificamos”, asegura la defensora de los derechos sexuales. Además de los asesinatos o “crímenes de odio”, las mujeres trans enfrentan otros tipos de violencia como el desconocimiento de su identidad, no son atendidas en los centros médicos porque el nombre de su identificación no coincide con su apariencia física, tampoco son matriculadas en los centros educativos por el mismo motivo y sus quejas o denuncias cuando acuden a realizarlas son rechazadas. “Existe un desconocimiento por parte de las autoridades, pareciera que no tenemos derechos, nos tachan de hombres vestidos de mujeres, te hacen mala cara y te ridiculizan pero somos parte de la sociedad y en mi caso no me voy a excluir, al contrario aquí estoy. Soy Ana Karen López Quintana y vamos a seguir luchando por el reconocimiento de nuestros derechos y el cese de todo tipo de violencia y agresiones en nuestra contra”, afirma la activista. En México no existe un registro oficial de los asesinatos contra la población trans, sin embargo se han documentado en diversas regiones del país en donde una característica continúa es la brutalidad y la violencia extrema con la que se comenten dichos delitos.
“No todas tenemos la misma suerte. Mi familia siempre me apoyó, tengo cuatro hermanos hombres que siempre están ahí, llevo 25 años siendo quien realmente soy, ya no me siento incomoda, ya no soy José del Carmen López Quintana. Sé que para otras mujeres es distinto, la propia familia las rechaza, por eso hay que seguir organizándonos, informando, cuestionando e incidiendo, la impotencia no nos puede frenar, tenemos que seguir gritando que ya no queremos el asesinato de ni una mujer más”, finaliza Ana Karen López Quintana. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ATZIRI ÁVILA. LINK: https://desinformemonos.org/muerte-estigma-odio-mujeres-trans/
El gobernador Flavino Ríos no llegó a la reunión con los alcaldes en el Palacio de Gobierno, por lo que éstos amagaron con no moverse de ahí hasta que no se les pague el 100% de los adeudos.
La toma del Palacio de Gobierno de Veracruz por parte de alcaldes cumple este lunes tres días, sin que éstos logren un acuerdo con el gobernador Flavino Ríos sobre la deuda que tiene el gobierno del estado con ellos. Este lunes Ríos y cerca de 50 alcaldes del PRD PAN, PRI y PT se reunirían en el Palacio de Gobierno al mediodía de este lunes 31 de octubre, sin embargo el gobernador no asistió. “El gobernador interino no se atreve a venir al Palacio de Gobierno a dar la cara a los alcaldes, es una cobardía total de su parte, es una irresponsabilidad. Tendría que venir a dialogar y conseguir de alguna manera el dinero para poder resarcir el daño a todos los municipios”, dijo el alcalde de Boca de Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. El gobernador Ríos dijo en entrevista con Denise Maerker para Radio Fórmula que pidió que se cambiara la sede de la reunión a la Casa Veracruz, pues el Cisen le informó que no había las condiciones de seguridad para realizarla en el Palacio de Gobierno, pero los alcaldes no aceptaron el cambio. Sobre las acusaciones de los alcaldes de que también el ahora gobernador está relacionado en los desvíos y la falta de pagos a los municipios, Flavino Ríos aseguró que él no participó en actos de corrupción y aunque él es militante del PRI “no todos somos iguales”. Desde el pasado viernes alcaldes del PRD tomaron el Palacio de Gobierno para exigir que se les paguen las participaciones federales que no les han sido entregadas. A los alcaldes de 19 municipios del PRD, el gobierno estatal les adeuda 473 millones, de acuerdo con Rogelio Franco presidente del comité estatal del Sol Azteca. Mientras que a los gobernantes del PAN se les adeudan aproximadamente 1,400 millones de pesos. “Aquí estamos y no nos vamos a mover hasta que nos den una respuesta”, dijo Yunes Márquez.
