Los estudiantes y empleados de la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes, ubicado en Naucalpan, Estado de México, están rodeados de un ambiente de inseguridad. El miércoles 12 de octubre fue secuestrada una alumna saliendo del plantel. Días antes otra había sido privada de su libertad mientras manejaba cerca de la zona. Otros estudiantes han sido asaltados en el puente peatonal que conecta con el plantel, cerca de las instalaciones o durante el trayecto. Ante esa situación, la comunidad estudiantil ha exigido el servicio de transporte escolar con diversas rutas. Aunque las autoridades accedieron después de dos reuniones y “mucha presión”, no hay horarios para la tarde y algunos estudiantes coincidieron en que la violencia sobrepasa las medidas de vigilancia implementadas por su escuela.
“Empezó a circular un mensaje donde decían que habían secuestrado a una estudiante afuera de las instalaciones de la escuela y se entró en pánico”, narró una joven de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Lomas Verdes. Semanas antes, otra alumna que manejaba su automóvil por la zona también fue privada de su libertad. Días después, cuatro sujetos asaltaron una tienda departamental a pocos metros de la entrada del plantel.
“No es la primera vez que se genera un ambiente de inseguridad por el que se tengan que hacer mesas redondas. Hace cuatro o cinco años, cuando la entrada a la universidad era en la calle de al lado, había robos, secuestro exprés y extorsiones. Es una situación que se está repitiendo a pesar de que tienen experiencias previas”, destacó Moisés, un estudiante que conversó con SinEmbargo. “No tienen las capacidades de reacción. La Directora de Operaciones prometió resolver el problema, pero mientras tanto, pidieron seguir yendo y pagando las colegiaturas para que las becas no se afecten”.
Moisés sabe sobre el caso de una persona a quien asaltaron hace un mes en el puente peatonal que cruza hacia la universidad. En la primera semana de septiembre a otro de sus compañeros, quien viajaba por la noche en su coche en la esquina del campus, lo amenazaron con una pistola y le quitaron sus pertenencias. Rodrigo, otro alumno del campus, ha estudiado durante casi cuatro años en la universidad, tiempo en que lo han asaltado cinco veces. En dos ocasiones, contó vía Facebook, en el transporte que toma para trasladarse hacia Avenida Periférico y tres veces durante el trayecto hacia su casa. A una alumna de Diseño la asaltaron junto con su amiga en Lomas Verdes hace dos semanas…
El mismo miércoles 12 de octubre en que la estudiante de noveno semestre fue secuestrada a unos pasos de la UVM, el gobierno mexiquense lanzó horas antes un programa de seguridad en el cual desplegó más de tres mil elementos del Ejército, la Marina y Policía Federal en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Chalco, Tecámac y Chimalhuacán, los ocho municipios con mayor incidencia de delitos. De enero a septiembre, en el Estado de México se han registrado 47 mil 260 robos; 2 mil 025 homicidios y 188 secuestros. Naucalpan tiene el reporte de más de 2 mil mujeres desaparecidas en 18 meses y los recientes feminicidios de Karen Esquivel y Adriana Hernández. Este lunes, la UVM hizo “un llamado urgente” al Comisionado de Seguridad, Renato Sales; al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; y al Presidente Municipal de Naucalpan, Edgar Olvera Higuera, para que incrementen las medidas de seguridad en la entidad, una de las que concentra los mayores delitos a nivel nacional.
“En los últimos meses, los miembros de esta comunidad universitaria han sido víctimas de diferentes tipos de delitos; somos testigos de una preocupación seria sobre la seguridad en sus viviendas, vías de comunicación y otros espacios de negocio y convivencia”, publicó la escuela en un desplegado en la prensa.
El 27 de octubre, publicó en Twitter el panista Olvera, hubo una reunión con autoridades de la UVM “para explicar acciones de seguridad en conjunto y salvaguardar el bienestar de su comunidad”. En entrevista con Radio Fórmula, declaró que recibió “uno de los 50 municipios con mayor índice de criminalidad y de incidencia delictiva”, por lo que han tomado medidas en materia de infraestructura y servicios públicos.
“Se firmó el Mando Único y se hizo la base de operaciones mixtas con el Ejército porque 2 mil 600 elementos de seguridad pública no pueden cuidar más de un millón de almas en el municipio de Naucalpan”, afirmó el Alcalde.
Edmundo Padilla, de la asociación civil Moviendo Naucalpan, afirmó que el ambiente de inseguridad se debe a “la falta de capacidad” del actual comisario, quien realiza “actos de corrupción” a través de las cuotas y no tiene un plan integral. El gobierno municipal culpa al estatal y federal a pesar de que la ley sostiene que la seguridad también es su responsabilidad, añadió. SinEmbargo solicitó una entrevista con el Rector de la UVM o con la Rectora del campus Lomas Verdes, pero el área de comunicación dijo que se encontraban “supervisando” un proceso de acreditación ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). De acuerdo con Moisés, todos los directivos les han solicitado ser cuidadosos al hablar con la prensa para “no dañar” la imagen de la UVM. Ha visto medios de comunicación llegar al plantel con cámaras, pero “por órdenes de la Rectora” impiden su entrada.
“Es irónico que salga este desplegado exigiendo la seguridad. Ya vieron que están sumamente rebasados. Trataron de hacer lo mejor que pudieron. Llamaron policías y dieron un curso sobre qué hacer ante un asalto”, dijo.
El encargado de comunicación de la institución académica envió a este sitio la postura de la institución, la cual también ha compartido a alumnos que han comentado su preocupación en la página de Facebook del plantel campus Lomas Verdes. Aunque la UVM ha adoptado “medidas preventivas” y ha sostenido reuniones con autoridades locales para pedir mayor seguridad, el comunicado resalta que la responsabilidad del campus en materia de seguridad “se limita a sus instalaciones y el perímetro alrededor de ellas”, ya que la seguridad de todos los ciudadanos es obligación “de las autoridades”.
“ME LLEGARON A TOCAR BALAZOS” El viernes 14 de octubre, dos días después del secuestro de una de sus alumnas, UVM campus Lomas Verdes organizó una reunión, a la cual no acudió la Rectora Graciela Romero Cambrón. De acuerdo con Moisés y otra estudiante, no se obtuvieron soluciones durante el encuentro. “Fue la Directora de operaciones, el Administrador del campus y el Director de seguridad privada. Ante la mala organización, los padres de familia de otras escuelas lograron entrar y fueron a reclamar al policía del Estado de México que asistió. Traía su discurso ya hecho y repetitivo. Pero cuando le preguntaron sobre solucionar el problema, no dio ninguna respuesta”, afirmó Moisés.
“No se llegó a nada porque muchos papás daban testimonio de lo que pasaba, pero la escuela se limitaba a decir que no podían hacer nada y que [el Gobernador] Eruviel no les hacía caso”, añadió otra alumna en entrevista.
Ese viernes, la UVM Lomas Verdes informó a la comunidad universitaria que contrató a dos elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan para vigilar la periferia del campus durante todo el día de lunes a sábado; y una patrulla de vigilancia privada realiza rondines. Además, expuso, cuentan con el apoyo de elementos de seguridad del municipio, incluyendo recorridos del Comisionado de la Secretaría de Seguridad municipal. Ahora todos los alumnos están obligados a ingresar al Campus con su credencial. No obstante, los estudiantes manifestaron su desacuerdo con las medidas y una alumna exigió que se aplique en todos los campus de la UVM. “La última clase debería terminar a las 8 o 9 de la noche a más tardar. Salir a las 10 es exponer a su comunidad. A mí me llegaron a tocar balazos afuera y asaltos a las 10, y no estaba tan terrible la situación. Piensen que no sólo es salir y ya. Es el trayecto a sus casas también”, escribió una usuario de Facebook. “Cómo es posible que teniendo el potencial de adquisición no alumbren donde está el estacionamiento viejo. La mayoría de sus estudiantes deambulan ahí y sería excelente ayuda que mantuvieran alumbrado toda esa calle desde la Av. Lomas Verdes”, expuso otra.
La madre de una alumna pidió brindar transporte de bajo costo “al menos dentro de las colonias de la zona. La policía de Naucalpan es más corrupta que los mismos maleantes”, dijo.
El 18 de octubre se llevó a cabo una segunda reunión en el auditorio del campus. Aunque esa vez se contó con la asistencia de la Rectora, ambos estudiantes contaron que se limitó a decir que “no era su culpa” lo que sucedía afuera del plantel y que tenía que acordar con los dueños porque ella no administraba el dinero. A raíz de ese encuentro, se contrataron diez elementos más de seguridad privada y tres patrullas. No obstante, Moisés cuestionó que los retenes son “muy aleatorios”, que los elementos del Ejército y de la Comisión Estatal de Seguridad solo “están media hora y se van”, y los policías municipales solo están parados platicando. EXIGEN TRANSPORTE ESCOLAR Una estudiante del plantel fue quien propuso poner transporte escolar por diversas rutas. El administrador aceptó “después de bastante presión”, sin embargo el servicio no se ofrecerá por la noche y no será gratuito. “Se propuso que salieran camiones de la universidad por diversas rutas para no ir solos y porque hay grupos que tienen clases hasta las 10 de la noche, hora en que ya no pasa el transporte público. Se dio respuesta hasta la semana pasada, pero solo lo pondrán para los que entran a las siete de la mañana y para los que salen máximo a las cuatro de la tarde. Están buscando una forma fácil de deslindarse del problema”, declaró una estudiante del campus. A partir del primero de noviembre comenzará el servicio en diferentes rutas y se ofrecerá 50 por ciento de descuento.
Aunque la mayoría aplaudió el anuncio, una usuario destacó: “Falta el horario de la tarde”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2016/3109921
La PGR asegura que cateó el rancho San Francisco, en Chiapas, después de que el padre Alejando Solalinde aseguró que allí estaba escondido el prófugo Gobernador con licencia, Javier Duarte; sin embargo no fue localizado, informó la autoridad en un comunicado.
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon el rancho San Francisco, en Chiapas, en busca del Gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa; sin embargo “no lo localizaron”, informó la dependencia en un comunicado oficial. Después de que el padre Alejando Solalinde aseguró que el prófugo Gobernador está escondido “en el rancho de su suegro”, ubicado cerca de la comunidad de Villa Flores, en el estado de Chiapas, la PGR, -afirma- realizó la revisión en el citado predio. “La Procuraduría General de la República informa que, en atención a las versiones divulgadas a través de las redes sociales, en las primeras horas del día de hoy, personal de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información consistente en que en ese lugar se encontraba oculto el gobernador con licencia Javier “N” y, en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en su contra” señala el boletín de prensa emitido hoy. Los policías no tuvieron complicaciones para ingresar puesto que trabajadores permitieron el acceso, señala la autoridad. También asevera que después de una “búsqueda minuciosa, no localizaron a Javier “N”, por lo que se retiraron a las 04:00 horas de esta misma fecha”. Ayer el Padre Solalinde publicó en su cuenta de Twitter una imagen de la geolocalización del rancho llamado San Francisco, y la acompaño con el siguiente texto: ¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”. Posteriormente, en conversación con Efe, Solalinde confirmó la denuncia que hizo a través de la red Twitter, donde escribió el mensaje “¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”, acompañado de una foto de la geolocalización en un mapa de una zona que corresponde a un rancho llamado San Francisco. El sacerdote aseguró que esta información la recibió de una persona que, al igual que en muchos otros casos, le confió los datos “por estar defendiendo derechos”. “Si es una fuente muy segura me cercioro y [en el caso de Duarte] puedo decir que sí; es una información que me dieron a mí”, añadió.
Afirmó que aunque él publicó la información, “al Gobierno le toca no andar ocultando más a esta persona”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110219
En los últimos dos años, la administración federal ha basado su política económica en la austeridad. Sin embargo, en este lapso las acciones muestran un comportamiento muy diferente al discurso, plantearon analistas económicas. Tanto la Presidencia de la República como varias secretarías de Estado insisten en conservar privilegios que no tienen nada qué ver con la realidad que viven millones de mexicanos, destacaron. También expusieron que, a pesar de que tienen trabajos bien pagado, con todas las prestaciones que la Ley otorga y además otros “apoyos” como automóviles, chóferes, seguros de gastos médicos, seguridad personal, despensa, celulares y hasta el pago de la tintorería, la alta burocracia es incapaz de solidarizarse en un momento en que el país está sumido en una crisis económica.
Luego de dos años de recortes presupuestales, de cancelación de obras públicas relevantes, de una deuda histórica, de un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento y con 53 millones de pobres, las alarmas de la economía mexicana están encendidas. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el discurso de “austeridad” y de “apretarse el cinturón”, que ha repetido el Gobierno federal en los últimos años, no ha tocado a la alta burocracia ni a la oficina y la casa donde vive y despacha el Presidente Enrique Peña Nieto. En tiempos de desafíos, con una deuda que esta administración ha disparado a niveles históricos, si hay un círculo que parece estar intacto ese es el de los altos funcionarios y quienes trabajan de forma más cercana con el Ejecutivo federal, ya que a pesar de las dificultades económicas del país casa año se han asignado un presupuesto mayor, destacan. Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Bravo Olivares, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidieron en que el actual Gobierno federal no sólo incurre en ilegalidad cuando endeuda de manera exorbitante al país, sino también en una falta de ética por los niveles de desigualdad social que se observan en México. El 28 de octubre pasado, la SHCP reconoció que en el tercer trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno federal se situó en 35.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.6 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.0 por ciento del PIB. La deuda de México alcanzó 35 por ciento del PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis de grandes dimensiones que no sólo afectó al país sino que contagió al resto del mundo.
De acuerdo con el Informe Trimestral del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Presidencia de la República gastó 11 millones de pesos más de lo que el Congreso de la Unión le aprobó para el ejercicio fiscal 2016. Además, la Secretaría de Turismo, actualmente comandada por Enrique de la Madrid Cordero, registró un gasto 50.7 por ciento mayor, seguido de la Secretaría de Función Público (SFP), ahora liderada por Arely Gómez González, con 50.5 por ciento más. En general, en todos los Ramos Administrativos, que son también todas las secretarías federales, el gasto tuvo una variación a la alza de 12.3 por ciento. Además, de acuerdo con el Informe Trimestral de la SHCP, el gasto de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, pasó de 837 mil 769 millones 370 mil 829 pesos a 872 mil 721 millones 372 mil 711 pesos, en rubros señalados como “Otros bienes inmuebles”, que no incluyen terrenos, viviendas y edificios no habitacionales. Ese gasto corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte [donde la cifra pasó de 66 mil 450 millones 748 mil 621 pesos a 69 mil 512 millones 757 mil 560 pesos], así como Equipo de Defensa y Seguridad [que aumentó de 18 mil 540 millones 348 mil 500 pesos a 23 mil 726 millones 054 mil 934 pesos–. Mientras tanto, el gasto total de las Empresas Productivas del Estado –las que más aportan a los ingresos fiscales de la hacienda pública– se redujo. El de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una variación real de -11.8 por ciento y el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de -0.2 por ciento. Las cifras de gasto, además, también revelan que estas empresas, pese a su delicada situación financiera, han gastado en rubros que no necesariamente tienen que ver con productividad. Por ejemplo, hay contratos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) para un “Evento fiesta de seguridad” de la CFE en el Manzanillo Holdings, por el que se pagaron 31 mil 400 pesos hace cuatro meses. El resto de las dependencias, también hacen gala de dispendio, si se revisan a detalles algunos de los contratos contenidos en el POT. En agosto pasado, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 47 mil 401 pesos para la presentación de la remodelación del Puerto de Veracruz en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana de la Avenida Paseo de la Reforma. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también pagó en mayo pasado 45 mil pesos por alimentos en la oficina, o en marzo, cuando erogó 39 mil 059 pesos por servicios de tintorería. La propia SHCP, dependencia que se encarga de administrar los recursos públicos, tanto ingresos como egresos, no se queda atrás: pagó 294 mil 151 pesos para la Celebración de la Reunión de Análisis de “la estrategia” –no se sabe cuál–, de acuerdo con lo que reporta el contrato ubicado en el POT. Los gastos de la burocracia no terminan ahí. Durante todo 2015, la Presidencia de la República y las 18 secretarías gastaron 11 millones de pesos diarios en publicidad, un total de 4 mil 055 millones 699 mil 689 pesos, de acuerdo con un corte realizado por SinEmbargo con base en solicitudes de transparencia. El último reporte de la Secretaría de la Función Pública, la Partida 33605 de Información en Medios Masivos, al 10 de agosto pasado, planteó que el gasto en el rubro fue de 724 millones 869 mil 521 pesos. Por otro lado está la seguridad social de la clase política. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda no propuso un aumento en el sueldo base de Enrique Peña Nieto, pero sí para dos de las prestaciones que el Estado le brinda al Presidente: su ayuda para despensa y el seguro de gastos médicos mayores. En conjunto, estos rubros le sumarán a sus percepciones brutas cerca de 13 mil 843 pesos, debido a que recibirá mil 200 pesos extras para Ayuda para despensa y 10 mil 315 pesos por Seguro de gastos médicos mayores. Así, la remuneración total del Primer Mandatario para 2017 será de 3 millones 002 mil 971 pesos. Es decir, que para el siguiente año el Primer Mandatario tendrá en ambos rubros 6 mil 780 pesos y 27 mil 935 pesos, respectivamente. La acción se repitió tanto para sus colaboradores como para otros órganos del Gobierno federal, como los vales de fin de año de los Secretarios de Estado, o también la gratificación de fin de año de Lorenzo Córdova Vianello, Comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras, la discusión sobre el salario mínimo de los trabajadores mexicanos –que está entre los más bajos en América Latina– toma fuerza por el anuncio del aumento que año con año anuncia la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Hace un año, con todo y la unificación de las dos zonas en que el país estaba divido, esos organismos decretaron un aumento de 2.94 pesos, para quedar en 73.04 pesos diarios. Ese salario se toma como referente para fijar prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional o el ahorro voluntario. ¿CUÁL CINTURÓN? Desde la perspectiva de Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, no se ve que los gobernantes estén recortando sus gastos y sus partidas personales. Sólo están cuidando a la burocracia, acto que agudizará una crisis política que ya se vive.
“Ya que no se van a apretar el cinturón deben acatarse al dinero al que se les dio. Ya es un aspecto moral, ético. Si el país está pasando en lo que yo considero una de las etapas más difíciles, realmente la crisis que vivimos es similar a las de los años 80, donde la crisis fue económica, política y social”, comentó Villarreal.
Todo se conjunta, expuso, en “la crisis económica –de la cual no hemos salido–, la crisis social que está vigente y ahora debemos añadir la crisis política”. Para Alfredo Bravo Olivares, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay algo aún más grave que la falsedad del discurso y son los ingresos extraordinarios que el reporte bimestral reporta de las secretarías, que se manejan con un presupuesto asignado.
“Es grave porque hay dos opciones: o se está enviando a gasto corriente los recursos que estaban destinados a otras áreas o te estás endeudando. Y esa deuda está sirviendo para financiar el gasto corriente”, consideró Bravo Olivares.
El problema, dice, es que están gastando más de lo que se presupuesto y lógicamente hay un desequilibrio que a la larga se convierte en la reducción o eliminación de otros programas o en deuda. Ambas cosas impactan a los contribuyentes. La respuesta a estos comportamientos sería un impedimento para que las secretarías y Presidencia pudieran rebasar su tope presupuestal; el encargado sería el Congreso de la Unión, pero no cuenta con mecanismos legales para poder llevar a cabo medidas de control sobre la base de la cuenta pública. El tiempo pasa y lo único que se logra hacer son observaciones. “Lo importante es que se pudiera actuar con el órgano de fiscalización que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que el Congreso pudiera intervenir. El dinero que ahorita están gastando de más impactará a otros programas en el futuro. El sector salud ha tenido una reducción en su gasto durante los últimos dos años y eso se traduce en clínicas que no sacan radiografías, sin equipo, no se pueden hacer análisis… ahí no hay para hacer gastos, pero en Presidencia de la República sí”, agregó. Para el economista, este “gasto discrecional” tiene también alcances legales, ya que se tiene que ver de dónde viene el dinero excedente o si se está incrementando la deuda, lo que resultaría ilegal. “Se supone que por eso tienen una asignación programática que tienen que respetar. Ya no es sólo que no sea ético, están cayendo en la ilegalidad y el uso que le están dando al presupuesto es por completo cuestionable, pero a fin de cuentas, se carece de una figura que investigue esos actos, los periodos fiscales siempre se terminan revisando casi dos años después y ya no sirve de nada. No hay un mecanismo de congruencia entre los mecanismos de evaluación y de control de la asignación de los recursos públicos”.
EL PRESUPUESTO AUSTERO DE 2017 El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 mostró mínimas variaciones en el gasto destinado a cada una de las secretarías, pero son cinco las dependencias que salieron peor libradas. Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tendrá una reducción en su presupuesto de 26.13 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 26.72 por ciento; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 20.71 por ciento; Pemex, de 18.05 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un recorte de 14.03 por ciento. A estas cinco dependencias, en conjunto, se les restaría un total de 384 mil 821 millones 013 mil 227 pesos, en caso de que este documento se apruebe así en los siguientes 15 días. Para Villareal Páez, el presupuesto para el año que viene contempla una serie de reducciones, no nada más en Presidencia sino también en rubros más sensibles y que tienen un mayor impacto social, como educación, salud o infraestructura en ciertas poblaciones, “normalmente, en los presupuestos anteriores se habían dejado intactos o con una partida presupuestal casi similar o un poco incrementada. Sin embargo, hoy día en términos generales el presupuesto contempla una serie de reducciones que van a tener definitivamente un impacto importante”, dijo.
“Yo no veo que se aprieten el cinturón, no sé de qué manera lo estén haciendo. Cualquier persona, a nivel de su presupuesto personal y familiar, nos reducimos gastos y nos apretamos el cinturón a la fuerza, pero el Gobierno federal no, no se ve de dónde. Independientemente de las reducciones, nos damos cuenta que constantemente hay aspectos de corrupción, fraudes, elevación del costo de las obras y entonces vemos que una cosa es el discurso y otra la realidad. No respetaron el presupuesto que se les otorgó”, sostuvo.
En entrevista con SinEmbargo, Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que lo que se ha visto reflejado en el ejercicio del presupuesto, tanto en el de 2015, en el que se hicieron los recortes y en el actual con los ajustes, existe, por un lado, una contracción importante en la inversión pública que es aquella que puede incentivar el crecimiento económico, y por otro lado, que existe una reasignación del gasto que quiere favorecer los servicios generales o los gastos de operación, como el dinero destinado a publicidad. “El problema que tiene la política fiscal en México va más allá de la reducción en los gastos de operación, ya que también existe un reducido espacio fiscal debido a la presión que existe para la asignación a pagos que se podrían considerar ineludibles como lo es la obra pública, las participaciones a los estados, las pensiones […] El recorte del Gobierno federal no es suficiente y el resto de las instituciones también deberían tener modificaciones a su gasto”, dijo Villa Juárez. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110132
Octavio Martínez, secretario electoral del sol azteca, dijo que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre estaría en la cárcel con la nueva legislación.
Si no piden una disculpa pública, los senadores que comentaron ser “usuarios de trata”, Fernando Mayans y Luis Sánchez, podrían perder sus derechos como militantes del PRD, dijo en entrevista con Aristegui Noticias Octavio Martínez, secretario electoral del sol azteca. “El partido iniciaría ante el órgano jurisdiccional interno un procedimiento de sanción para ambos, en donde estamos solicitando la suspensión de sus derechos partidarios, lo que evitaría que pudieran ocupar cargos por nuestro instituto político en el futuro”, dijo. Martínez comentó que la ley que se discutía en el Senado al momento de que Mayans y Sánchez hicieron sus comentarios plantea atender con efectividad a las víctimas y perseguir a los perpetradores del crimen, como en el caso del ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. “Cuauhtémoc Gutiérrez estaría en prisión y no hubiese habido impunidad, por no existir precisión en la legislación hoy está gozando de impunidad y muy probablemente cometiendo esos ilícitos”, aseguró. Expresó que el caso la red de prostitución en las instalaciones del PRI capitalino, operada por Gutiérrez de la Torre, contribuyó a la redacción de la nueva legislación. “Fue un elemento que puso atención a las deficiencias de la Ley General de Trata y que estaban obligados a modificar”. Al ser cuestionado sobre si, además de exigirles una disculpa pública, en el PRD se investigará sobre si son o no “usuarios de trata” los senadores Mayans y Sánchez, el secretario electoral dijo: “no lo descartamos, ellos van a tener su garantía de audiencia en el marco del desahogo del recurso que vamos a iniciar ante el órgano interno y será uno de los temas que habrá de perseguir”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: MAURIZIO MONTES DE OCA. LINK: http://aristeguinoticias.com/3110/mexico/si-no-se-retractan-senadores-usuarios-de-trata-podrian-perder-derechos-en-el-prd/
"¿Quieren saber dónde está @Javier_Duarte? Aquí las coordenadas", tuiteó el religioso, quien señaló un municipio chiapaneco.
El sacerdote mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, aseguró que Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, estaría escondido en el rancho San Antonio, en el municipio de Viilaflores, Chiapas. En entrevista telefónica con reporteros veracruzanos, el religioso indicó que tiene fuentes fidedignas sobre su estancia en dicho rancho que, agregó, estaría custodiado por elementos del Ejército Mexicano. “Y si el gobierno federal no lo quiere decir, hay complicidad”, aseguró Solalinde Guerra. Solalinde dijo que si no ha dado parte a las autoridades federales es porque “ellos lo saben. Lo que hace falta es que haya voluntad política para que actúe”. Además, solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que actúe de manera inmediata con la captura del gobernador veracruzano con licencia, hoy prófugo de la justicia. “Que se rompa la impunidad; me duelen tantas cosas que han pasado con estos dos últimos gobernadores, me duele mucho, porque tanto como Fidel Herrera Beltrán, como su pupilo, Javier Duarte, han dañado a Veracruz y no solamente en cuestión de justicia, han estado vendiendo el estado poco a poco”, acusó.
En Twitter incluso publicó un mapa del lugar donde estaría Duarte:
CIUDAD DE MÉXICO: Los delitos de homicidio, robo a casa-habitación, robo a negocio, secuestro y violación cometidos durante los primeros nueve meses del año han aumentado y tienen a la Ciudad de México en focos rojos. De acuerdo con la medición de septiembre de la organización social Semáforo Delictivo –herramienta de rendición de cuentas y participación ciudadana–, el homicidio en la ciudad que gobierna Miguel Ángel Mancera se incrementó 7% de enero a septiembre pasados, comparado con el mismo periodo del año pasado, y 17% respecto a su propia media histórica. Basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la agrupación informó que tan sólo en septiembre se registraron 94 homicidios, cifra que representa un nuevo récord histórico. No obstante, la tendencia al alza inició desde abril del 2015. Los datos arrojaron también que el delito de homicidio se concentra en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que congregan 51% del total; seguidas por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Además, en lo que va de 2016 se han cometido 686 homicidios. De éstos, 81 se identifican como ejecuciones de crimen organizado, según datos de la empresa consultora Lantia Consultores. De acuerdo con esta medición, 12% de todos los asesinatos del año son causados por este factor. Robo a casa y negocio De acuerdo con el Semáforo Delictivo, el robo a casa-habitación aumentó 14%. Además, 54% de los hechos ocurrieron en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc. La tendencia en este delito también es ascendente, además de que en septiembre marcó un nuevo récord con 574 casos denunciados, cifra que no se alcanzaba desde el 2012. En cuanto al robo a negocio, tuvo un alza de 6% en los primeros nueve meses del año y 61% de los casos se concentraron en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán. Peor aún, en comparación con los casos a nivel nacional, la Ciudad de México se coloca en el tercer lugar con más robos a negocios con una tasa casi tres veces mayor a la nacional por cada 100 mil habitantes. Tan sólo en septiembre se denunciaron mil 406 casos, cifra que marcó un nuevo record histórico. En cuanto al resto de los delitos analizado por el Semáforo Delictivo, éstos mostraron reducciones en el año. No obstante, el delito de violación ha tenido focos durante los últimos cinco meses. No ocultar las cifras, piden Santiago Roel, director y fundador del Semáforo Delictivo, sugirió al gobierno de la Ciudad de México realizar reuniones públicas mensuales para evaluar los resultados con la presencia de organizaciones civiles y medios de comunicación, como lo hace en otras entidades. Y agregó: “el viejo paradigma de querer minimizar u ocultar el problema, o de tratar de manejarlo con estrategias mediáticas no funciona. Lo nuevo, lo verdaderamente efectivo, es compartir el problema, la información y las soluciones”.
De acuerdo con el directivo, existen delitos que no sólo de combaten con acciones policiacas, sino con prevención social; por ejemplo, la violencia familiar, las lesiones dolosas y la violación. Para ello, añadió, se necesita la participación de dependencias como el DIF, institutos de la Mujer, la Juventud, el Deporte y, así como las secretarías de Desarrollo Económico y Social. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/460798/cdmx-en-focos-rojos-5-delitos-segun-semaforo-delictivo
XALAPA, Ver: Con la férrea exigencia de que les liberen recursos para la nómina y la operatividad edilicia, alcaldes del PAN y del PRD acampan por tercer día en el Palacio de Gobierno, donde hasta el 12 de octubre Javier Duarte de Ochoa llevó las riendas del Estado. Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río e hijo del gobernador electo, reprochó que son más de 2 mil millones de pesos atorados a ediles del PAN y PRD. En rueda de prensa, acusó que el tesorero de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín es un “cínico” y un “burócrata enfermo”, pues aceptó que ese dinero se los depositó la Federación pero ellos se lo gastaron en otras cosas. Yunes Márquez acusó que el gobernador interino, Flavino Rios, ha tenido una actitud “cobarde” de no querer dar la cara. “Los ayuntamientos están colapsados, no hay dinero, y muchos alcaldes han tenido que despedir a gente de su confianza, son recursos de la Federación que los funcionarios estatales se robaron”, expresó Yunes Márquez. Ediles, regidores, síndicos y diputados locales electos y salientes han montado guardias en el Palacio de Gobierno. Al pernoctar en el inmueble, algunos políticos han optado por llevarse sus colchonetas y cobertores de los DIF Municipales para dormir en los pasillos del Palacio. “Les informo que Flavino Ríos no llegó, había quedado de venir a las 12 del día pero simple y sencillamente no llegó, nos dejó plantados a todos los alcaldes que estamos aquí, argumentando que no tiene solución que él no agarró ese dinero, cosa que es absolutamente falsa, claro que él sabe dónde quedó ese dinero, pero simple y sencillamente dijo que no venía, estamos aquí con todos los alcaldes, ya son casi 50 alcaldes, han estado llegando no sólo del PAN y del PRD, como decía hay alcaldes del PRI, del PT, del Cardenista, del AVE, de todos, están la verdad muy indignados porque ni siquiera se atreven a venir al Palacio de Gobierno”, insistió Yunes Márquez. En Veracruz, a 30 días de que concluya el sexenio, el estado atraviesa por una severa crisis financiera. El propio gobernador interino, Flavino Rios, admitió que necesita una “ayudadita” del gobierno federal con una ministración extraordinaria de 11 mil millones de pesos para poder solventar los pendientes más apremiantes. “El día de hoy nos informaron por ejemplo que municipios pequeños están ya cerrando las puertas, ya como Apazapan ya cerró ya no hay gobierno en Apazapan, ¿por qué?, porque no hay dinero. Es una locura lo que está pasando, es una irresponsabilidad, aquí estamos, no nos vamos a mover, hasta que no nos den una respuesta”. Actualmente, el que expriista, Javier Duarte dejo una deuda pública bancaria de 52 mil millones de pesos, más un pasivo revolvente con proveedores y contratistas por 13 mil millones de pesos. Yunes Márquez aseguró que mientras Javier Duarte se encuentra prófugo de la justicia, Veracruz ya “reventó” por el daño patrimonial inadmisible que se cometió por diversos funcionarios públicos. “Fíjense en Plaza Lerdo hay gente de Antorchistas, hay gente de otras organizaciones, están maestros, esto ya reventó porque no puede ser, la corrupción llegó a este grado y están dejando que Veracruz explote, eso no lo vamos a permitir”.
XALAPA, Ver: La Comisión de Vigilancia del Congreso local entregó el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al quinto año de gobierno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, donde se confirma un presunto daño patrimonial de 14 mil 220 millones 441 mil 220 pesos.
En sesión ordinaria, este procedimiento de consolidación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo detectó observaciones, irregularidades e inconsistencias por esa cantidad, que sobrepasa las cuatro cuentas públicas (juntas) de la primera mitad del sexenio de Duarte, actualmente prófugo de la justicia. Dentro del documento de 52 hojas y cuya copia tiene este reportero, el Órgano de Fiscalización (Orfis) encontró un daño patrimonial por 180 millones de pesos, según el pliego de observaciones FP-033-2015/006-DAÑ, dentro del Instituto de Pensiones del Estado (IPE). En esa misma observación se encontró un impago al transferir a la reserva técnica del IPE más de dos mil 709 millones 60 mil 306 pesos. En el caso de los ayuntamientos, en 42 municipios se hallaron inconsistencias de un presunto daño patrimonial de 134 millones 252 mil 497 pesos. En el Informe de Resultados (documento en poder de Proceso), el Orfis advierte que en la observación número FP-014/2015/004 ADM, realizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el gobierno recibió 44 millones 530 mil 765 pesos como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), sin embargo, la dependencia no entregó reporte de la aplicación de los recursos y, en su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, ni tampoco la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta en el ejercicio fiscal. El destino de los 44 millones de pesos el Orfis los ignora. En el caso del Fondo Metropolitano –recursos federales para fortalecer las obras públicas en los ayuntamientos–, la administración de Duarte también cometió un presunto daño patrimonial de 215 millones 617 mil 945 pesos. En el área de prensa existe la observación número FP-027/2015/011ADM, donde se advierte que de 428 comprobantes fiscales para la “Difusión de Mensajes sobre Programas y Mensajes Gubernamentales”, 410 facturas carecían de soporte, orden de inserción y testigos presentados, como prueba documental, “por lo que no acreditan de manera fehaciente el ejercicio del gasto por un monto de 138 millones 610 mil 744 pesos”. Por si fuera poco, en un diagnóstico financiero del gobierno, el Orfis ataja que el gasto corriente se incrementó en 6.4% respecto del ejercido en 2014, pues de 56 mil 540 millones 900 millones etiquetados, finalmente se devengaron 67 mil 952 millones 500 mil pesos. En contraparte, para la amortización de la deuda pública se devengaron 3 mil 328 millones 100 mil pesos, lo que significó una reducción de 7.3% respecto al ejercicio 2014. Así, aunque Duarte presumía que había “austeridad” y que “se apretó el cinturón”, la realidad de los números dice otra cosa. Los diputados de oposición (PAN y PRD) llegaron a la conclusión de que hay un desvío global sexenal de 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, es decir que el gobierno de Duarte cometió daño patrimonial equivalente al presupuesto total de dos de los seis años que gobernó. En números coloquiales, el Órgano de Fiscalización, la Auditoria Superior de la Federación y las comisiones de Vigilancia y de Hacienda del Congreso local “desconocen” dónde están y en qué se gastaron 3.5 pesos de cada diez pesos del erario. En días pasados, los diputados locales panistas Ana Cristina Ledezma y Julen Rementería detallaron que la deuda pública bancaria ascendía a 48 mil 183 millones de pesos, que se suman a los 12 mil 877 millones de pasivo circulante por deudas con contratistas, proveedores, terceros institucionales y medios de comunicación, y 12 mil 775 millones de ministraciones pendientes de transferir a otros. De igual manera, más de mil 363 millones de juicios pendientes de resolución del gobierno central, alrededor de 38 mil 300 millones de cuentas pendientes por regularizar, 3 mil 568 millones de resolución de Fideicomisos, 5 mil 549 millones de un juicio perdido con Finamed, seis millones 395 mil de pasivo con la empresa Airbus Helicopters, dos mil 338 millones 700 mil pesos de adeudos con la Universidad Veracruzana, 5 mil 309 millones de adeudo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), más de 940 millones de pesos por las “empresas fantasma” que detectó la Procuraduría General de la República (PGR), así como 645 millones de pesos que, según el portal Animal Político, el gobierno de Duarte facturó sin que le prestaran servicios.
El jueves, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar la minuta; los magistrados deberán rendir protesta ante el pleno del Senado, y la reforma tendría que ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor el viernes 4 de noviembre, cuando inicia el periodo del nuevo TEPJF.
Este jueves, la Cámara de Diputados tendrá que aprobar la minuta que le remitió el Senado para ampliar el periodo de cuatro de los siete nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ese mismo día tendrían que rendir protesta ante el pleno de la Cámara Alta, y la reforma deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor el viernes 4 de noviembre, cuando los magistrados inician sus funciones. Esto hace que el proceso sea “totalmente desaseado”, denunció el senador del PAN, Héctor Larios, quien junto con otros 10 legisladores de su partido votó en contra de esa reforma la semana pasada. La modificación permite que Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdez ocuparán el cargo por siete años cuando originalmente se les contempló para un periodo de tres. Mientras que Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, pasarán de seis a ocho años como magistrados. En entrevista con Aristegui Noticias, el panista argumentó que votó en contra pues el objetivo era que un tercio del Tribunal se renovara cada tres años y con este cambio, este órgano tendrá la misma conformación durante siete años.
Héctor Larios rechazó que por haber votado en contra haya recibido algún “llamado de atención” de su coordinador, Fernando Herrera. VIDEO:
El sábado, familiares de desaparecidos de NL realizaron un "homenaje a pie de fosa" y una misa en honor a los muertos cuyos restos fueron incinerados y abandonados en un predio del ejido Las Abejas, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.
El estado de salud de Raquel Romero apenas le da un poco de fuerza para seguir buscando a su hijo, Miguel Ángel Galo, pero no desiste y viaja kilómetros para llegar al sitio en donde cree que quizá fue asesinado. Hace cinco años se lo llevaron hombres armados cuando se encontraba en la esquina de su casa, en la colonia 10 de Marzo, conviviendo con otros jóvenes vecinos. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL), arribó el sábado pasado al Ejido las Abejas, localizado en el municipio de Salinas Victoria, a poco más de tres kilómetros de Monterrey y en donde en 2011 fueron encontrados 250 mil fragmentos de restos humanos. Derivado del hallazgo, según la información que la Procuraduría del estado les ha proporcionado, han sido identificadas 42 personas. Con la intención de rendir un homenaje a quienes murieron torturados y asesinados y con motivo de la celebración de Día de Muertos, FUNDENL arribó a Las Abejas, un lugar recóndito en medio de angostas brechas. Pero a pesar de que ya se tenía un protocolo previamente establecido con la Procuraduría, se toparon con que el ingreso a la finca estaba obstaculizado por una reja que contenía cintas amarillas que prohibían el paso y oficios de la Procuraduría fechados en 2015, que señalaban se trataba de un inmueble asegurado. Irma Leticia Hidalgo, quien es una de las coordinadoras de FUNDENL, reprobó la respuesta de las autoridades, asegurando que en anteriores ocasiones les habían permitido el paso y que incluso, el miércoles pasado no había sellos ni oficios. “Ellos sabían, acabamos de venir el miércoles con ellos y aparentemente querían cooperar, se mostraban convencidos de que teníamos que hacer esto (…). “¿Qué es lo que quieren esconder?, ¿por qué no quieren decir qué pasó aquí?, ¿qué esconden? A nosotros nos habían dicho que desde junio habían terminado de trabajar aquí”, externó Lety Hidalgo, como le dicen a la madre de Roy, a quien se llevaron de su casa en 2011. Decidieron realizar el acto en la parte externa del sitio al que ahora llaman “zona de exterminio”. En una de las camionetas en las que trasladaron a los miembros de FUNDENL y que fueron proporcionadas por la Procuraduría, se encontraba recostada Raquel Romero. Desde hace unos meses le fue detectado cáncer. Pero a pesar de que hay días que la enfermedad la tumba, el amor y la desesperación por encontrar a Miguel Ángel, la levantan. “Como ahorita yo estoy enferma, ya no puedo moverme para que sigan moviendo el caso de mi hijo, ya no puedo andar en todos lados y los de FUNDENL me han apoyado mucho gracias a Dios, ellos me ayudan, me informan cómo van”. Cuando se lo llevaron tenía 26 años, hace cinco años. Junto con él cargaron a otros nueve jóvenes en dos camionetas tipo Balzer y un Chevy blanco. “Ahí llegaron y los empezaron a subir, traían armas largas. Venía una mujer y un niño con ellos. En unas casas se metieron y sacaron a otros chavos”. Las indagaciones de Raquel y sus vecinos arrojan que en la misma colonia, una semana antes levantaron a otras 14 personas y dos semanas después a otro tanto, entre hombres y mujeres. Las sumas de los testigos y familiares dan la escalofriante cifra de 58 personas secuestradas en ese sector. No ha obtenido respuestas, no sabe en dónde está su hijo, las autoridades sólo le dijeron que existía una casa en la colonia Rubén Jaramillo, en la que resguardaban a los secuestrados por un tiempo y después se los llevaban a otro lado. De las personas desaparecidas en la 10 de Marzo, han sido localizados los fragmentos de tres de ellas en el Ejido Las Abejas, entre ellos Juan Carlos Treviño, quien era amigo cercano de su hijo. Raquel tiene a su cargo al hijo de 12 años de Miguel Ángel, quien considera que la búsqueda de su padre será infructuosa. “No le gusta hablar de esto, y cuando me ve que vengo para acá a veces me dice para qué lo busco, si sé que no lo voy a encontrar”. El joven se ha visto perturbado con la enfermedad de Raquel, que tras la desaparición de su padre, es lo único que le queda. Como un acto de reivindicación de la memoria de las víctimas, los familiares colocaron una cruz en la parte externa de la finca, flores, algunas fotografías de sus desaparecidos y colgaron campanitas cuyo sonido “traerá un mensaje celestial”. Se había anunciado que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, oficiaría una misa, pero canceló su participación. La ceremonia fue encabezada por el padre José Manuel Guerrero, quien leyó un mensaje del Monseñor. “Somos muchas y muchos quienes vemos en ustedes una esperanza muy firme de que las cosas tienen que cambiar en nuestro México, que no podemos ni debemos aceptar pasivamente la corrupción la indolencia y la injusticia que campean a lo largo y ancho de nuestra patria”, rezaba una parte del mensaje enviado por Vera. La guerra no ha terminado, consideró Lety Hidalgo, porque no hay diferencia de lo que se vivía en 2011, cuando la mayoría de los familiares de FUNDENL fueron desaparecidos. Señaló que la cantidad de desapariciones no ha bajado y las cifras de la Procuraduría lo confirman. “La situación la vemos muy grave, porque según el registro nacional de personas desaparecidas, de enero a junio 2016 en Nuevo León tienen denuncias de 42 personas desaparecidas y los datos de la Procuraduría son de 290 delitos de privación ilegal de la libertad”. Lety Hidalgo dijo que cuando Jaime Rodríguez Calderón tomó posesión como gobernador, les dio a conocer que existía un registro de más de 4 mil denuncias de desapariciones, de las cuales ya se habían localizado a poco más de mil. FUNDENL ha cumplido un año de que inició las búsquedas por sus propios medios, teniendo resultados positivos en la última expedición, pero la Procuraduría no actuó en la identificación de los restos hallados.
“Encontramos restos, los marcamos y aun cuando estaba el Ministerio Público, Fuerza Civil y gente de la Procuraduría, no quisieron actuar, que porque era un terreno según ellos propiedad privada, aun cuando les habíamos avisado con un mes de anticipación para que hicieran las gestiones”, denunció la coordinadora. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN/MELVA FRUTOS. LINK: http://aristeguinoticias.com/3110/mexico/rinden-homenaje-a-desaparecidos-en-nl/
Luego de ajustes a la propuesta de ingresos y egresos para 2017 enviada al Congreso por el Ejecutivo, el panorama no es nada alentador, pues el propio titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, pidió a las entidades y municipios acompañar al gobierno federal en el esfuerzo fiscal, lo que implica un apretón de cinturón para todos. Así, para 2017 habrá más deuda, menos crecimiento económico, gasolinas más caras, mayores beneficios fiscales para compañías petroleras privadas, menos recursos para programas sociales…
El miércoles 26 concluyó el primero de los dos actos de rito anual en que se ha convertido la negociación de los ingresos y egresos presupuestales para el año siguiente. Ese día, el Senado de la República aprobó sin cambios la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 que le envió la Cámara de Diputados; los legisladores de San Lázaro, a su vez, habían hecho lo propio la madrugada del viernes 21, pero que por efectos del “reloj parlamentario”, se consideró aprobada el jueves 20. Más allá de las cifras y los ajustes realizados a la propuesta del Ejecutivo, del 8 de septiembre último, pueden avizorarse algunas circunstancias que vivirá el país el próximo año: Más deuda, menos crecimiento económico, gasolinas más caras, mayores beneficios fiscales para compañías petroleras privadas, menos recursos para programas sociales, poco apoyo a la inversión productiva, opacidad en la contabilidad de las finanzas públicas y la continuación de los famosos “moches” para que los legisladores aprueben, sin remilgos y rápido, las propuestas de gasto del Ejecutivo federal. Las cifras previas y las definitivas. La propuesta original del gobierno era lograr ingresos en 2017 por un 4 billones 837 mil 512 millones 300 mil pesos. Ese monto es superior en 90 mil 566 millones 600 mil pesos, 1.9% nominal, al original propuesto para este año. Pero 73 mil 638 millones 300 mil pesos más, 1.5%, mayor al aprobado finalmente por el Congreso para 2016. El jueves 20, la Cámara de Diputados “decidió” agregarle a la propuesta original otros 51 mil 380 millones 200 mil pesos, para que finalmente los ingresos totales en 2017 ascendieran a 4 billones 888 mil 892 millones 500 mil pesos. Un aumento de 1.1% respecto de la propuesta del Ejecutivo.
CIUDAD DE MÉXICO: El martes 26 de octubre el PRI decidió expulsar de sus filas a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y determinó que no tocará –por ahora– a los seis diputados federales priistas veracruzanos que formaron parte de su gobierno estatal, sin embargo, adelantó que va por Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán. Enrique Ochoa Reza se placea por entidades repitiendo un discurso anticorrupción, incluso anunciando que en el PRI no se toleran esas actitudes, por lo que se creará una comisión que detecte corruptelas y megalomanías de futuros gobernadores. La ciudadanía ríe al escuchar sus discursos, al enterarse por la radio, televisión o prensa escrita, de los dichos priistas. Y efectivamente, son dichos que no van más allá de bravuconerías, palabras huecas. Nadie cree al priista de Insurgentes que “van” por Duarte de Ochoa, menos aún cuando el diario La Jornada de Veracruz reveló que, antes de huir, Ochoa Reza se entrevistó por media hora en el hotel donde daría una conferencia de prensa, con el hoy prófugo exgobernador. Apenas el viernes, durante su visita por Michoacán, el presidente nacional del PRI dijo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de su organización política “analiza expulsar a Fausto Vallejo Figueroa”; el motivo, el mismo que le imputaron a Duarte luego de que los medios de comunicación se convirtieron en el instrumento de la justicia “revelando con grandes investigaciones periodísticas” las propiedades, operadores políticos, financieros y jurídicos, de los delitos de Duarte. Fausto Vallejo está en la antesala de la expulsión de su partido bajo los cargos de “corrupción, enriquecimiento ilícito y falta de probidad”. Nadie cree las palabras de Ochoa Reza, pues él mismo incurrió en abuso al aceptar la millonaria liquidación, que, aunque el procedimiento figure en el reglamento de la Comisión Federal de Electricidad, es ilegítima, inmoral y éticamente reprochable en un país donde una pequeña de 10 años muere por desnutrición o una madre se suicida y mata a dos de sus hijos porque no le alcanza el sueldo para darles de comer. Tampoco se le cree a Ochoa Reza porque en el pasado reciente su partido ha creado monstruos políticos dedicados al abuso, enriquecidos durante su paso por las gubernaturas y, además, cínicos. Un ejemplo inmediato es Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto, exgobernador del Edomex y a quien se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo “Santuario”, de Valle de Bravo, casa en Careyes, ¡castillo! en Francia, cuentas millonarias de sus hijos hasta por 35 millones de pesos, propiedades de estos por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas. O se puede empezar por el propio Peña Nieto, con su casa en Ixtapan de la Sal o la mal lograda y millonaria Casa Blanca. Siguiendo con Michoacán. Cuando Fausto Vallejo, aquejado por un mal físico, pero sobre todo por el surgimiento de las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, se vio obligado a pedir permiso al cargo de gobernador en 2014, dejó a su secretario de Gobiernio en el cargo, Jesús Reya García; otro priista que al año fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado y otros delitos relacionados con el narcotráfico. Hoy está en prisión. La lista de gobernadores priistas es larga. Ahí esta, por ejemplo, Rodrígo Medina, de Nuevo León, quien ha logrado librar la acusación de peculado, pero sigue enfrentando proceso judicial por “ejercicio indebido de funciones”. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero la autoridad de “El Bronco”, el brabucón gobernador “independiente” actual, no ha podido comprobar. Está también Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a quien se le señala por haber desviado recursos públicos y dejar a la entidad con una deuda que alcanzará los 30 mil millones de pesos, según acusa la oposición . Uno más, que también dejó recientemente la gubernatura, es el priista de Colima Mario Anguiano Moreno, a quien la auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y 2015, por lo que ya le inició “juicio político”. La situación de los funcionarios y exfuncionarios colimenses es otro caso, donde los priistas, cuando se invaden sus parcelas de poder, pareciera que se atacan entre ellos. Recordemos que años antes de llegar Anguiano Moreno a la gubernatura estuvo Silverio Cavazos Cevallos, quien fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña recibió cuatro balazos ya habiendo concluido el cargo. No murió. Su sobrino, Samuel Rodríguez Moreno fue señalado como autor intelectual del homicidio del exgobernador Silverio, pero también de lavarle dinero al grupo criminal La Familia Michoacana. Recientemente fue también ejecutado. Y por si hicieran falta más problemas para los funcionarios colimenses priistas, el actual delegado del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, fue presentado ante el Procuraduría General de la República (PGR) tras encontrarlo en un sitio en el que la policía aseguró una maleta con alrededor de 20 kilogramos de droga, presuntamente cocaína, según reportó el reportero de Proceso, Pedro Zamora Briseño. El delegado federal de INAES fue traído a la Ciudad de México, aunque no se sabe si como testigo o como acusado. Él también trabajó en el gobierno del asesinado exgobernador Cavazos Ceballos y del baleado exgobernador Mario Anguiano. Si de gobernadores priistas, violadores de los derechos humanos se trata y destituidos, ahí está el temido Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, quien fue destituido del cargo luego del asesinato de campesinos en el Vado de Aguablancas. Cuando salió, en su lugar se impuso al entonces priista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien a la postre sería arropado por el PRD, llevado a la gubernatura y también destituido luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los abusos de poder, la corrupción, el robo al erario estatal, el lavado de dinero, entre otras cosas, no sólo se retratan mejor en el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahí está también el ex gobernador priista de Coahuila –ex dirigente nacional del PRI e impulsor de Peña Nieto a la Presidencia de la República– Humberto Moreira, a quien además, España lo ha vinculado con el grupo criminal de Los Zetas. Pero si de exgobernadores priistas investigados en otros países por sus presuntos lazos con el crimen organizado se trata, pues entre su catálogo el PRI tiene para escoger, ahí está el exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington, a quien Estados Unidos acusó en mayo de 2012 de lavar dinero de Los Zetas y del Cártel del Golfo, o su sucesor, también priista, Eugenio Hernández Flores, quien desde 2015 la Unión Americana lo acusó de lavar dinero del narcotráfico producto de Los Zetas. Aunque sorprendió que uno de los hombres buscados por las autoridades norteamericanas haya ido a votar tranquilamente durante las pasadas elecciones estatales del pasado 5 de junio en su tierra, Tamaulipas. Y como olvidar al exgobernador del PRI en Tabasco, Andrés Granier, preso por corrupción, fraude al fisco y realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inolvidable un audio donde reveló no sólo su abuso, sino su desvergüenza, ahí presume de propiedades en Estados Unidos, en el país y de tener un guardarropa compuesto de ¡400 pares de zapatos y mil camisas! De todos los mencionados, ninguno está en prisión, aunque no hay que olvidar a quien llegó a la gubernatura de Quintana Roo en 1993, amigo de Carlos Salinas de Gortari y enemigo de Ernesto Zedillo, Mario Villanueva es el único procesado en México y preso en Estados Unidos por lavar dinero del Cártel del Juárez, fue detenido en 2001 luego de dos años de andar a salto de mata y extraditado al vecino país. Es el único exgobernador priista encarcelado. Existe otro gobernador del PRI, este sí en funciones, a quien se le ha vinculado en algunos medios de comunicación de estar muy cercano y atento a lo que pide el crimen organizado, pero no existe indagación abierta en su contra. Se trata de un priista cercano a Peña Nieto –como lo fue Javier Duarte– y que gobierna por la zona suroeste del país. Ante todas estas historias, es difícil que alguien crea en las palabras del presidente nacional del PRI, Ochoa Reza. Pero no sólo el PRI se pinta con gobernadores y exgobernadores corruptos. El PAN no se queda atrás, ahí está por ejemplo la desfachtez del exgobernador de Sonora, quien no sólo se construyó una presa para uso particular a costa de dejar sin el líquido a indígenas yaquis, sino que además es acusado, como Duarte, de desviar millones de pesos del erario estatal. Tampoco se puede olvidar uno del exgobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, acusado de compras simuladas, de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Pasó un par de años en la cárcel y ya se pasea de nuevo por las calles del estado diciendo que volverá a la política; está también Pablo Salazar Mendiguchia, exgobernador de Chiapas, quien siempre dijo que se le crearon delitos. Llegó a la gubernatura por PRD-PAN. Uno más es Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Morelos, se habló de desvió y de relación con el narcotráfico, en especial con la hija del operador financiero del Cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza, y aunque se le investigó, nada se pudo comprobar. Otro gobernador que llegó por el PRD fue el de Baja California, Narciso Agúndes Montaño, se le acusó de peculado, estuvo un algunos meses en prisión y salió libre, pero se le inhabilitó para por seis años luego de que se detectaron irregularidades en las ventas de terrenos en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos.
La lista de los ex gobernadores de PRI, PAN y PRD pudiera ser más amplia, sin embargo las componendas políticas entre los políticos han impedido que esta siga. Si no se investiga al Presidente, ¿por qué se ha de juzgar a todos los gobernadores que abusan, roban e imponen su ley?, se podrán preguntar muchos. Lo cierto es que con la llegada a la PGR de Raúl Cervantes, lo que menos se puede esperar justicia, pero sí negociaciones oscuras y relaciones truculentas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/460660/exgobernadores-priistas-abusadores-poder-a-cuantos-tendria-expulsar-pri
CIUDAD DE MÉXICO: Uno de los líderes de la célula de sicarios conocida como Los Antrax, del Cártel de Sinaloa, René Velázquez, “El Phoenix” o “Comandante Phoenix”, fue abatido por elementos del Ejército en un enfrentamiento en Culiacán. El semanario Riodoce dio a conocer que en total fueron tres las personas muertas. Los otros dos fueron identificados sólo como “El cholo pecas” y “El Cali”. “Hay tres heridos y seis detenidos, como saldo de este enfrentamiento entre militares y gatilleros, en la colonia Miguel Hidalgo, la madrugada de este domingo”, indica el semanario. En tanto, los heridos fueron identificados como José Carlos López Alanís, de la colonia Las Huertas; José Javier Gómez Armenta, de San Isidro, y Juan Carlos Ariztiga, de Las Quintas, quienes presuntamente son pistoleros de “El Cali” y a quienes se reporta graves. La refriega, dice Riodoce, fue alrededor de las 4:00 horas por la calle Miguel Hidalgo, entre Esteban Flores y Alejandro Quijano, cuando un convoy del Ejército Mexicano se encontró con varias camionetas en las que iban hombres armados. Al pretender huir de una revisión, los hombres dispararon y fue cuando los militares respondieron al fuego. Los gatilleros dejaron abandonadas tres camionetas y huyeron entre las casas, aunque algunos resultaron heridos. La información no ha sido confirmada por las autoridades, pero se presume que los presuntos gatilleros pertenecen al grupo Los Ántrax, que fundó Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”, preso en un penal de San Diego, California, acusado de narcotráfico.
