MORELIA, Mich: Ignacio Mendoza Jiménez, jefe del despacho de abogados que defiende al exvocero de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, reveló que éste será trasladado hoy del Cefereso número 11 de Hermosillo, Sonora, al penal federal número 4 de Nayarit, “El Rincón”.
Mendoza aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) le notificó que Mireles estaba “autorizado” para ser trasladado al penal de “Mil Cumbres” de Morelia, pero el gobierno de Michoacán opuso resistencia y pidió unos días, por lo que el cirujano será trasladado hoy de Hermosillo a Nayarit y de manera momentánea. “Fuimos notificados el lunes por la Secretaría de Gobernación que hoy trasladarían al doctor Mireles de Hermosillo al penal de “El Rincón”, en Nayarit, explicó el defensor del líder de las autodefensas. El defensor explicó que la decisión del gobierno responde a una petición de la defensa del preso que pedía que éste fuera trasladado al penal de “Mil Cumbres”, en Michoacán, “sin embargo este penal no estaba en condiciones todavía, según información del gobierno de Michoacán” y ahora hay que preguntar al gobierno de Michoacán ¿Cuántos días ocupará?”, dijo. Mendoza también informó que quienes defienden a José Manuel Mireles prevén que pueda regresar en poco tiempo a Michoacán: “Estamos en espera de que en unas semanas pueda estar en condiciones el penal de ‘Mil Cumbres’. Es un hecho, porque Gobernación está en inmejorable situación”, afirmó. Durante los últimos meses, en distintas ocasiones se informó que el gobierno de Michoacán ya había avalado que Mireles purgara su condena en un penal de Michoacán, sin embargo el traslado no se ha concretado. Mendoza Jiménez, comentó que por cuestiones de procedimiento y seguridad, no se les informó la hora en que el preso sería trasladado. El exsubprocurador de Morelia dijo que si la decisión del gobierno se concreta y Mireles vuelve a Michoacán, “hay posibilidad de plantear otras cosas”. “Se tiene que hablar ya de la liberación de Mireles y de las demás autodefensas”, consideró el abogado. Mireles Valverde fue arrestado el 27 de junio de 2014, acusado de portación ilegal de armas exclusivas del Ejército y de delincuencia organizada. Un juez desestimó los cargos por delincuencia organizada que pesaban contra el doctor Mireles, no obstante se negó a liberarlo bajo fianza por la portación de armas. Ignacio Mendoza explico también que sólo siete de los 70 autodefensas a los que el Juez Sexto de Distrito Horacio Ortiz González fijo fianza de 120 mil pesos ya fueron liberados pues la mayoría son de escasos recursos económicos y los que recobraron su libertad, el viernes pasado, tuvieron que pedir prestado a altos intereses y vender hasta lo que no tenían.
La tala será a través de un manejo forestal sustentable en 17 mil 785 hectáreas que también podrán explotar el turismo de bajo impacto con la construcción de hoteles, fraccionamientos y campos de golf.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que no permitirá que haya tala sin control en el Nevado de Toluca y que el gobierno federal sólo aprobó que haya un “manejo forestal sustentable” en 17 mil 785 hectáreas de esta reserva natural. Es decir, de acuerdo a la dependencia, ahora se permitirá la tala en el 32.59% del Área Natural Protegida, pero con permiso de la secretaría. En esa misma zona también se podrán construir hoteles, fraccionamientos y campos de golf, una vez que la misma autoridad eliminó el impedimento legal para desarrollar infraestructura inmobiliaria, comercial y turística en esta reserva natural. “El Programa de Manejo sí comprende el aprovechamiento forestal sustentable en la superficie señalada, pero con restricciones claramente establecidas por la legislación ambiental”, de acuerdo a la Semarnat. Eliminan restricción Desde octubre de 2013, el gobierno federal anunció que se impulsaría la actividad turística en el Nevado, sin embargo, también se adelantó que estas actividades serían restringidas a turismo de bajo impacto, y expresamente se planteó que “no se permitirá en ningún caso la edificación o construcción de fraccionamientos, de casas campestres, cabañas o bungalos residenciales, ni la edificación o construcción de hoteles, posadas o fincas de descanso, ni campos de golf” en esta reserva natural.
Esa restricción al desarrollo de infraestructura turística fue anunciada en noviembre de 2013, y estaba incluida en el “Borrador del Programa de Manejo” del Nevado de Toluca, hecho público en ese momento por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Dicho documento fue formalizado tres años después, el pasado 21 de octubre de 2016, pero en la versión que finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, fueron eliminadas las restricciones que prohibían el establecimiento de infraestructura turística y desarrollos inmobiliarios. En su versión final y oficial, el Programa de Manejo ya no hace ningún tipo de referencia a conceptos como “campos de golf” o “fraccionamientos” o “bungalos residenciales”, y al respecto de las actividades turísticas permitidas, sólo establece dos categorías: la primera de estas categorías aplica en todo el territorio del Nevado y es el “turismo de bajo impacto ambiental”, es decir, aquellas actividades recreativas “que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales originales”. Sin embargo, dentro de esta reserva natural existen al menos 22 centros poblacionales, agrupados en lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas denominó “Subzona de asentamientos humanos”, y que abarca en total 93 hectáreas del Nevado de Toluca.
En estos asentamientos humanos, la categoría autorizada es la de “turismo” a secas, sin que aplique ninguna limitación en términos ambientales.
En octubre de 2013, de hecho, el entonces titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo McDonald, anunció este aval para la infraestructura turística y los nuevos desarrollos inmobiliarios en el Nevado de Toluca, durante un recorrido de prensa por la zona. En esos 22 asentamientos humanos, explicó el entonces titular de la Conanp, “puede haber gente que reciba turistas, habilitando habitaciones para que pernocten (…) No se van a construir nuevos centros de población, (porque) eso está prohibido por la ley, pero en los centros de población que ya están se pueden aprovechar los predios para los fines que fueron autorizados. Y puede haber todo lo que en un centro de población se admite: ¿Un comercio? Sí. ¿Una casa-habitación? Sí. ¿O que alguien habilite un hotel? Sí.” Debate público A raíz de la nota publicada ayer por Animal Político, en la que se informó que el nuevo programa de manejo del Nevado de Toluca autorizó la tala en 17 mil 785 hectáreas de esta reserva, lectores enviaron dudas y objeciones a la nota publicada. Uno de estos lectores fue Osmar Martínez, quien advirtió que “aunque suene contradictorio, el aprovechamiento comercial de las zonas forestales permite incluso ‘mejorar’ la calidad de la foresta. En cualquier explotación comercial, se tiene un plan de manejo hecho por ingenieros forestales; éste se guía por ciclos de corta de una cantidad de metros cúbicos de madera anual, de este modo, mientras se talan unas zonas, otras se están reforestando para regresar a ellas cuando los árboles tengan un diámetro determinado: es un manejo cíclico”. Con estos procedimientos, explicó, “hay fuentes de trabajo, se cuidan las zonas en recuperación de la tala clandestina y los incendios, se sanea si es necesario y el aprovechamiento del bosque se puede realizar casi de forma ilimitada”. Efectivamente, las autoridades plantearon en el nuevo Programa de Manejo del Nevado de Toluca que las actividades de tala deberán realizarse de forma “sustentable”, cortando sólo un volumen de madera equivalente al crecimiento anual de la masa forestal. Como se señaló en la nota publicada ayer, el objetivo de estas modificaciones en el manejo del Nevado de Toluca es restaurar los bosques a su estado original, es decir, a su estado previo a las afectaciones causadas por la actividad humana, tal como señala el mismo Programa de Manejo publicado el 21 de octubre. Sin embargo, el Programa de Manejo también señala que el volumen de madera talada deberá ser igual al volumen de masa forestal recuperada cada año. Dicho de otro modo: por cada metro cúbico que el bosque se recupere, un metro cúbico de madera será talado. Esa fórmula no deja ver cómo se recuperarán las grandes extensiones de bosque perdidas a lo largo de décadas, a causa de la tala clandestina, la agricultura y la ganadería. Por otra parte, Ana Margarita Romo Ortega escribió: “Respecto al artículo sobre el Nevado de Toluca en Animal Político: es mentira. Se autorizaron plantaciones forestales comerciales para reconvertir parcelas agrícolas a su vocación forestal y así recuperar la cobertura boscosa, sólo aquellas plantaciones autorizadas pueden ser aprovechadas después de varios años que ya prestaron servicios ambientales. NO está autorizada la tala. Mejor revisen con sus propios ojos el programa de manejo, está en el DOF del 21 de octubre de este año.” Al respecto, cabe aclarar que en las 17 mil hectáreas de bosque en las que se autorizó el “aprovechamiento forestal maderable” no existe actividad agrícola, y por lo tanto no hay parcelas qué reconvertir. Este perímetro corresponde a las zonas donde el bosque logró preservarse, a pesar de la tala clandestina, y la extensión de la frontera agrícola. Sin embargo, es cierto lo que afirma Ana Margarita, acerca de que en aquellas zonas en donde el bosque ya se perdió, debido a la agricultura y la ganadería, las autoridades anunciaron que promoverán entre los agricultores la reconversión de sus parcelas a suelo forestal, aunque ningún agricultor o ganadero estará obligado a abandonar sus actividades productivas. Por último, Iñaqui Robles comentó que la autorización de la tala en el Nevado de Toluca “no debe verse como un ecocidio, mientras se lleven a cabo las normas mexicanas y la Comisión Nacional Forestal (debe) centrarse en el plan de manejo forestal sostenible y sus programas de operación anual, (así) todo marchará bien”. Debe recordarse, sin embargo, que todos estos cambios en el manejo del Nevado de Toluca fueron realizados por el gobierno federal, tras reconocer que las normas previas de protección nunca fueron aplicadas por las autoridades responsables. El nuevo Programa de Manejo, sin embargo, no explica cómo se garantizará que estas nuevas disposiciones de protección ahora sí serán acatadas.
Una investigación hecha por Animal Político revela que el presunto narcotraficante detenido en España, contaba con una red de 15 negocios y 27 socios lo que presuntamente le permitía lavar las ganancias de sus actividades delictivas. Juan Manuel Muñoz Lúevano, “El Mono Muñoz”, lleva detenido 6 meses en España. Hasta su arresto, por narcotráfico y lavado de dinero, era un reconocido empresario en Coahuila, dueño de 14 empresas, vinculado con políticos locales y el publicista favorito de Humberto Moreira en su gobierno. Incluso, cuando ya era investigado por la PGR en México por delincuencia organizada y robo de combustible, obtuvo 6 contratos por 8.9 millones de pesos de la delegación estatal del IMSS por la venta de gasolina. “El Mono Muñoz”, como era conocido en Coahuila, llegó a poseer bares, discotecas, restaurantes, agencias de publicidad, negocios agropecuarios y hasta una cadena de 29 gasolineras. En España, las autoridades que lo investigan aseguran que el presunto líder financiero Zeta mantenía una estrecha relación con políticos y funcionarios de la justicia mexicana, según informes policiacos obtenidos por el periódico El País. Una vida social activa En las ciudades de Torreón y Saltillo, Coahuila, donde Muñoz fundó 14 empresas a través de sociedades anónimas, era vox populi desde hace años que el empresario fungía como operador financiero de los Zetas; aun así mantenía una vida social muy activa. Lo mismo acudía a eventos deportivos de futbol que a cumpleaños de personajes reconocidos de la región.
Su agencia de publicidad “La Luz Publicidad Total”, inaugurada por Humberto Moreira cuando éste era alcalde de Saltillo (2003-2005), fue una de las más beneficiadas por el político priista una vez que éste ganó la gubernatura de Coahuila.
Durante su administración, Moreira lo contrató para rotular señalamientos viales y vehículos oficiales de las Secretarías de Finanzas y Obras Públicas, además de elaborar los espectaculares donde el gobernador daba a conocer los resultados de su administración. Las alcaldías de Saltillo y Ramos Arizpe también lo contrataron. En el caso de Saltillo para rotular las patrullas de la policía municipal.
En 2010, durante la campaña de Rubén Moreira, hermano de Humberto, el candidato y su equipo lo contrataron para colocar los espectaculares publicitarios del aspirante a la gubernatura, quien finalmente ganó la contienda.
Dos años después, en 2012, en medio de una ola de asesinatos y ataques armados a bares y estaciones de gasolina de Coahuila -la mayoría de su propiedad-, Muñoz dejo de tener vida pública en el estado y se alejó de los reflectores sociales.
En contraste al bajo perfil que pretendía manejar, su nombre comenzó a ser más visible entre los lectores de noticias policiacas a nivel local, esto porque células del narco vinculadas al Cártel de Sinaloa, que le disputaban la plaza a los Zetas, colgaban mantas en las calles de Torreón donde lo acusaban de lavar dinero para el narco y vender combustible robado.
La conexión España La prensa española que ha tenido acceso al expediente de Muñoz ha informado que, desde 2013, la policía de ese país intervino llamadas telefónicas donde su nombre comenzó a ser mencionado por otros actores mexicanos investigados en Europa. Una de esas conversaciones se dio entre el exgobernador Humberto Moreira -quien en ese momento radicaba en España- y un hombre no identificado por la autoridad; en la llamada el político priista reconocía el presunto vínculo entre Muñoz y Gerardo Garza Melo, quien se desempañara como secretario de Gestión Urbana en la administración de su hermano Rubén y como subsecretario de Desarrollo Social en su gobierno. El 27 de mayo de 2014, la Policía española grabó otra conversación, estaba vez teniendo como protagonistas a Muñoz y Alejandro Froto García, subsecretario de Finanzas con Humberto Moreira, donde el exfuncionario le pide un préstamo por 100 mil pesos. El 18 de marzo de 2016 finalmente, Muñoz fue detenido por la Policía española. Su captura se ordenó como parte de una investigación iniciada contra Humberto Moreira, quien apenas dos meses antes, el 15 de enero, había sido detenido en el Aeropuerto de Barajas, Madrid, por los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Moreira obtuvo la libertad a los pocos días de su detención, luego que demostrara que el dinero de una cuenta bancaria investigada en España era legal; en el caso de Muñoz, el empresario continúa preso por los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho, organización criminal y asesinato, esto último porque según en otra conversación interceptada ordenó la muerte de una persona en México. Además, se le encontró información contable en una computadora portátil que presuntamente correspondía a las finanzas de los Zetas en México y Europa. Tras su detención, el gobierno de los Estados Unidos solicitó a España su extradición, bajo el argumento que en Texas enfrentaba cargos criminales por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y vínculos con el empresario coahuilense Rolando González Treviño, detenido en octubre de 2014 en Las Vegas, Nevada. Durante el juicio que se le siguió González Treviño, condenado en Norteamérica a 5 años de libertad condicional, reconoció que por órdenes de Moreira robó recursos públicos que posteriormente fueron depositados en cuentas bancarias de ese país; Muñoz fue otro de los señalados por González de haber robado recursos de la administración estatal, por órdenes del exgobernador. Las autoridades policiacas de Estados Unidos y España, que han trabajado conjuntamente en las investigaciones, sostienen que la pieza fundamental de Muñoz para lavar las ilícitas ganancias eran sus empresas constituidas legalmente en México. La red de negocios Documentos del Registro Público de la Propiedad de Coahuila, en poder de Animal Político, revelan que Juan Manuel Muñoz posee 15 empresas, 14 de ellas en Coahuila y una más en Querétaro, constituidas entre los años de 1986 y 2014. Muñoz cuenta con una red de 27 socios directos entre los que se encuentran hijos, esposa y hermanos; entre los años 2005 y 2012 fundó 11 de esas compañías y en casi todas aparece como socio mayoritario o administrador único. De total de sociedades, 7 tienen como giro la venta, almacenamiento y distribución de combustibles, 3 de ellas han sido concesionadas por PEMEX; 2 de esas compañías han recibido 6 contratos por 8.6 millones de pesos de la delegación del IMSS de Coahuila. Los contratos con el IMSS se entregaron por adjudicación directa, entre los años 2015 y 2016, cuando Muñoz ya era investigado por la PGR por su nexo con los Zetas y por su participación en la compra-venta de combustible robado a Pemex. En el caso de la Estación de Servicios Fuyivara, cuyas oficinas centrales se encuentran en Saltillo, recibió contratos por 5.1 millones de pesos, aun cuando el principal accionista de Muñoz, Ricardo Fuyivara, tenía poco más de 2 años preso por sus nexos con los Zetas.
En la actualidad, se trata del único negocio que ha sido asegurado por la PGR, dependencia que el pasado 17 de agosto realizó un operativo en la sede central de la estación de combustible.
Los socios La constitución de este negocio es un ejemplo de cómo Muñoz operaba a través de familiares y personas vinculadas a los Zetas. La sociedad originalmente fue creada en 1999 por Blanca Margarita Ayup, esposa de Muñoz, así como por los hermanos Israel y Ricardo Fuyivara, el segundo detenido por la Marina en la Ciudad de México (CDMX) en 2012. La captura de Fuyivara se dio en el marco de un operativo militar, en el que otras 4 personas fueron detenidas por sus vínculos con los Zetas en dos hechos diferentes. Fuyivara fue detenido con poco más de 880 mil dólares en efectivo, cuando se encontraba en un céntrico hotel de la CDMX, y lo que declaró en esa ocasión es que el dinero se lo había pagado Muñoz por la supuesta venta de sus acciones de la Estación Fuyivara. Otro de los socios de Muñoz en los negocios es su hijo Luis Javier Muñoz Ayup, con quien fundó 2 empresas gasolineras; Muñoz Ayup es dueño de una tercera sociedad gasolinera en la que se encuentra asociado con Gerardo Garza Melo, exsecretario de Gestión Urbana con Rubén Moreira -el de la llamada interceptada en España. Juan Cuitlahuac Martínez Hernández, apodado “El Bebe”, investigado por la PGR por delincuencia organizada, era otro de los socios de Muñoz. Con este personaje creó la compañía “El Compadre Juan”, negocio dedicado -entre otras cosas- a la comercialización nacional e internacional de productos y bienes naturales y agrícolas.
Lo que sospechan las autoridades españolas y norteamericanas que investigan a Muñoz, es que para blanquear las ilícitas ganancias contaba con una amplia red de socios y empresas en México que le permitía reinsertar los recursos; red que a más de 7 meses de su captura no ha sido investigada en su totalidad por las autoridades mexicanas, quienes solamente han asegurado unas de sus 15 compañías, mientras que la mayoría de sus socios siguen sin ser llamados para rendir cuentas de los negocios que lo llevaron a convertirse en un exitoso empresario en Coahuila y en el publicista favorito de Humberto Moreira. ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS EMPRESAS DE JUAN MANUEL MUÑOZ LÚEVANO. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/mono-munoz-narcotraficante-empresas/
Los estudiantes y empleados de la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes, ubicado en Naucalpan, Estado de México, están rodeados de un ambiente de inseguridad. El miércoles 12 de octubre fue secuestrada una alumna saliendo del plantel. Días antes otra había sido privada de su libertad mientras manejaba cerca de la zona. Otros estudiantes han sido asaltados en el puente peatonal que conecta con el plantel, cerca de las instalaciones o durante el trayecto. Ante esa situación, la comunidad estudiantil ha exigido el servicio de transporte escolar con diversas rutas. Aunque las autoridades accedieron después de dos reuniones y “mucha presión”, no hay horarios para la tarde y algunos estudiantes coincidieron en que la violencia sobrepasa las medidas de vigilancia implementadas por su escuela.
“Empezó a circular un mensaje donde decían que habían secuestrado a una estudiante afuera de las instalaciones de la escuela y se entró en pánico”, narró una joven de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Lomas Verdes. Semanas antes, otra alumna que manejaba su automóvil por la zona también fue privada de su libertad. Días después, cuatro sujetos asaltaron una tienda departamental a pocos metros de la entrada del plantel.
“No es la primera vez que se genera un ambiente de inseguridad por el que se tengan que hacer mesas redondas. Hace cuatro o cinco años, cuando la entrada a la universidad era en la calle de al lado, había robos, secuestro exprés y extorsiones. Es una situación que se está repitiendo a pesar de que tienen experiencias previas”, destacó Moisés, un estudiante que conversó con SinEmbargo. “No tienen las capacidades de reacción. La Directora de Operaciones prometió resolver el problema, pero mientras tanto, pidieron seguir yendo y pagando las colegiaturas para que las becas no se afecten”.
Moisés sabe sobre el caso de una persona a quien asaltaron hace un mes en el puente peatonal que cruza hacia la universidad. En la primera semana de septiembre a otro de sus compañeros, quien viajaba por la noche en su coche en la esquina del campus, lo amenazaron con una pistola y le quitaron sus pertenencias. Rodrigo, otro alumno del campus, ha estudiado durante casi cuatro años en la universidad, tiempo en que lo han asaltado cinco veces. En dos ocasiones, contó vía Facebook, en el transporte que toma para trasladarse hacia Avenida Periférico y tres veces durante el trayecto hacia su casa. A una alumna de Diseño la asaltaron junto con su amiga en Lomas Verdes hace dos semanas…
El mismo miércoles 12 de octubre en que la estudiante de noveno semestre fue secuestrada a unos pasos de la UVM, el gobierno mexiquense lanzó horas antes un programa de seguridad en el cual desplegó más de tres mil elementos del Ejército, la Marina y Policía Federal en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Chalco, Tecámac y Chimalhuacán, los ocho municipios con mayor incidencia de delitos. De enero a septiembre, en el Estado de México se han registrado 47 mil 260 robos; 2 mil 025 homicidios y 188 secuestros. Naucalpan tiene el reporte de más de 2 mil mujeres desaparecidas en 18 meses y los recientes feminicidios de Karen Esquivel y Adriana Hernández. Este lunes, la UVM hizo “un llamado urgente” al Comisionado de Seguridad, Renato Sales; al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; y al Presidente Municipal de Naucalpan, Edgar Olvera Higuera, para que incrementen las medidas de seguridad en la entidad, una de las que concentra los mayores delitos a nivel nacional.
“En los últimos meses, los miembros de esta comunidad universitaria han sido víctimas de diferentes tipos de delitos; somos testigos de una preocupación seria sobre la seguridad en sus viviendas, vías de comunicación y otros espacios de negocio y convivencia”, publicó la escuela en un desplegado en la prensa.
El 27 de octubre, publicó en Twitter el panista Olvera, hubo una reunión con autoridades de la UVM “para explicar acciones de seguridad en conjunto y salvaguardar el bienestar de su comunidad”. En entrevista con Radio Fórmula, declaró que recibió “uno de los 50 municipios con mayor índice de criminalidad y de incidencia delictiva”, por lo que han tomado medidas en materia de infraestructura y servicios públicos.
“Se firmó el Mando Único y se hizo la base de operaciones mixtas con el Ejército porque 2 mil 600 elementos de seguridad pública no pueden cuidar más de un millón de almas en el municipio de Naucalpan”, afirmó el Alcalde.
Edmundo Padilla, de la asociación civil Moviendo Naucalpan, afirmó que el ambiente de inseguridad se debe a “la falta de capacidad” del actual comisario, quien realiza “actos de corrupción” a través de las cuotas y no tiene un plan integral. El gobierno municipal culpa al estatal y federal a pesar de que la ley sostiene que la seguridad también es su responsabilidad, añadió. SinEmbargo solicitó una entrevista con el Rector de la UVM o con la Rectora del campus Lomas Verdes, pero el área de comunicación dijo que se encontraban “supervisando” un proceso de acreditación ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). De acuerdo con Moisés, todos los directivos les han solicitado ser cuidadosos al hablar con la prensa para “no dañar” la imagen de la UVM. Ha visto medios de comunicación llegar al plantel con cámaras, pero “por órdenes de la Rectora” impiden su entrada.
“Es irónico que salga este desplegado exigiendo la seguridad. Ya vieron que están sumamente rebasados. Trataron de hacer lo mejor que pudieron. Llamaron policías y dieron un curso sobre qué hacer ante un asalto”, dijo.
El encargado de comunicación de la institución académica envió a este sitio la postura de la institución, la cual también ha compartido a alumnos que han comentado su preocupación en la página de Facebook del plantel campus Lomas Verdes. Aunque la UVM ha adoptado “medidas preventivas” y ha sostenido reuniones con autoridades locales para pedir mayor seguridad, el comunicado resalta que la responsabilidad del campus en materia de seguridad “se limita a sus instalaciones y el perímetro alrededor de ellas”, ya que la seguridad de todos los ciudadanos es obligación “de las autoridades”.
“ME LLEGARON A TOCAR BALAZOS” El viernes 14 de octubre, dos días después del secuestro de una de sus alumnas, UVM campus Lomas Verdes organizó una reunión, a la cual no acudió la Rectora Graciela Romero Cambrón. De acuerdo con Moisés y otra estudiante, no se obtuvieron soluciones durante el encuentro. “Fue la Directora de operaciones, el Administrador del campus y el Director de seguridad privada. Ante la mala organización, los padres de familia de otras escuelas lograron entrar y fueron a reclamar al policía del Estado de México que asistió. Traía su discurso ya hecho y repetitivo. Pero cuando le preguntaron sobre solucionar el problema, no dio ninguna respuesta”, afirmó Moisés.
“No se llegó a nada porque muchos papás daban testimonio de lo que pasaba, pero la escuela se limitaba a decir que no podían hacer nada y que [el Gobernador] Eruviel no les hacía caso”, añadió otra alumna en entrevista.
Ese viernes, la UVM Lomas Verdes informó a la comunidad universitaria que contrató a dos elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan para vigilar la periferia del campus durante todo el día de lunes a sábado; y una patrulla de vigilancia privada realiza rondines. Además, expuso, cuentan con el apoyo de elementos de seguridad del municipio, incluyendo recorridos del Comisionado de la Secretaría de Seguridad municipal. Ahora todos los alumnos están obligados a ingresar al Campus con su credencial. No obstante, los estudiantes manifestaron su desacuerdo con las medidas y una alumna exigió que se aplique en todos los campus de la UVM. “La última clase debería terminar a las 8 o 9 de la noche a más tardar. Salir a las 10 es exponer a su comunidad. A mí me llegaron a tocar balazos afuera y asaltos a las 10, y no estaba tan terrible la situación. Piensen que no sólo es salir y ya. Es el trayecto a sus casas también”, escribió una usuario de Facebook. “Cómo es posible que teniendo el potencial de adquisición no alumbren donde está el estacionamiento viejo. La mayoría de sus estudiantes deambulan ahí y sería excelente ayuda que mantuvieran alumbrado toda esa calle desde la Av. Lomas Verdes”, expuso otra.
La madre de una alumna pidió brindar transporte de bajo costo “al menos dentro de las colonias de la zona. La policía de Naucalpan es más corrupta que los mismos maleantes”, dijo.
El 18 de octubre se llevó a cabo una segunda reunión en el auditorio del campus. Aunque esa vez se contó con la asistencia de la Rectora, ambos estudiantes contaron que se limitó a decir que “no era su culpa” lo que sucedía afuera del plantel y que tenía que acordar con los dueños porque ella no administraba el dinero. A raíz de ese encuentro, se contrataron diez elementos más de seguridad privada y tres patrullas. No obstante, Moisés cuestionó que los retenes son “muy aleatorios”, que los elementos del Ejército y de la Comisión Estatal de Seguridad solo “están media hora y se van”, y los policías municipales solo están parados platicando. EXIGEN TRANSPORTE ESCOLAR Una estudiante del plantel fue quien propuso poner transporte escolar por diversas rutas. El administrador aceptó “después de bastante presión”, sin embargo el servicio no se ofrecerá por la noche y no será gratuito. “Se propuso que salieran camiones de la universidad por diversas rutas para no ir solos y porque hay grupos que tienen clases hasta las 10 de la noche, hora en que ya no pasa el transporte público. Se dio respuesta hasta la semana pasada, pero solo lo pondrán para los que entran a las siete de la mañana y para los que salen máximo a las cuatro de la tarde. Están buscando una forma fácil de deslindarse del problema”, declaró una estudiante del campus. A partir del primero de noviembre comenzará el servicio en diferentes rutas y se ofrecerá 50 por ciento de descuento.
Aunque la mayoría aplaudió el anuncio, una usuario destacó: “Falta el horario de la tarde”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2016/3109921
La PGR asegura que cateó el rancho San Francisco, en Chiapas, después de que el padre Alejando Solalinde aseguró que allí estaba escondido el prófugo Gobernador con licencia, Javier Duarte; sin embargo no fue localizado, informó la autoridad en un comunicado.
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon el rancho San Francisco, en Chiapas, en busca del Gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa; sin embargo “no lo localizaron”, informó la dependencia en un comunicado oficial. Después de que el padre Alejando Solalinde aseguró que el prófugo Gobernador está escondido “en el rancho de su suegro”, ubicado cerca de la comunidad de Villa Flores, en el estado de Chiapas, la PGR, -afirma- realizó la revisión en el citado predio. “La Procuraduría General de la República informa que, en atención a las versiones divulgadas a través de las redes sociales, en las primeras horas del día de hoy, personal de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información consistente en que en ese lugar se encontraba oculto el gobernador con licencia Javier “N” y, en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en su contra” señala el boletín de prensa emitido hoy. Los policías no tuvieron complicaciones para ingresar puesto que trabajadores permitieron el acceso, señala la autoridad. También asevera que después de una “búsqueda minuciosa, no localizaron a Javier “N”, por lo que se retiraron a las 04:00 horas de esta misma fecha”. Ayer el Padre Solalinde publicó en su cuenta de Twitter una imagen de la geolocalización del rancho llamado San Francisco, y la acompaño con el siguiente texto: ¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”. Posteriormente, en conversación con Efe, Solalinde confirmó la denuncia que hizo a través de la red Twitter, donde escribió el mensaje “¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”, acompañado de una foto de la geolocalización en un mapa de una zona que corresponde a un rancho llamado San Francisco. El sacerdote aseguró que esta información la recibió de una persona que, al igual que en muchos otros casos, le confió los datos “por estar defendiendo derechos”. “Si es una fuente muy segura me cercioro y [en el caso de Duarte] puedo decir que sí; es una información que me dieron a mí”, añadió.
Afirmó que aunque él publicó la información, “al Gobierno le toca no andar ocultando más a esta persona”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110219
En los últimos dos años, la administración federal ha basado su política económica en la austeridad. Sin embargo, en este lapso las acciones muestran un comportamiento muy diferente al discurso, plantearon analistas económicas. Tanto la Presidencia de la República como varias secretarías de Estado insisten en conservar privilegios que no tienen nada qué ver con la realidad que viven millones de mexicanos, destacaron. También expusieron que, a pesar de que tienen trabajos bien pagado, con todas las prestaciones que la Ley otorga y además otros “apoyos” como automóviles, chóferes, seguros de gastos médicos, seguridad personal, despensa, celulares y hasta el pago de la tintorería, la alta burocracia es incapaz de solidarizarse en un momento en que el país está sumido en una crisis económica.
Luego de dos años de recortes presupuestales, de cancelación de obras públicas relevantes, de una deuda histórica, de un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento y con 53 millones de pobres, las alarmas de la economía mexicana están encendidas. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el discurso de “austeridad” y de “apretarse el cinturón”, que ha repetido el Gobierno federal en los últimos años, no ha tocado a la alta burocracia ni a la oficina y la casa donde vive y despacha el Presidente Enrique Peña Nieto. En tiempos de desafíos, con una deuda que esta administración ha disparado a niveles históricos, si hay un círculo que parece estar intacto ese es el de los altos funcionarios y quienes trabajan de forma más cercana con el Ejecutivo federal, ya que a pesar de las dificultades económicas del país casa año se han asignado un presupuesto mayor, destacan. Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Bravo Olivares, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidieron en que el actual Gobierno federal no sólo incurre en ilegalidad cuando endeuda de manera exorbitante al país, sino también en una falta de ética por los niveles de desigualdad social que se observan en México. El 28 de octubre pasado, la SHCP reconoció que en el tercer trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno federal se situó en 35.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.6 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.0 por ciento del PIB. La deuda de México alcanzó 35 por ciento del PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis de grandes dimensiones que no sólo afectó al país sino que contagió al resto del mundo.
De acuerdo con el Informe Trimestral del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Presidencia de la República gastó 11 millones de pesos más de lo que el Congreso de la Unión le aprobó para el ejercicio fiscal 2016. Además, la Secretaría de Turismo, actualmente comandada por Enrique de la Madrid Cordero, registró un gasto 50.7 por ciento mayor, seguido de la Secretaría de Función Público (SFP), ahora liderada por Arely Gómez González, con 50.5 por ciento más. En general, en todos los Ramos Administrativos, que son también todas las secretarías federales, el gasto tuvo una variación a la alza de 12.3 por ciento. Además, de acuerdo con el Informe Trimestral de la SHCP, el gasto de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, pasó de 837 mil 769 millones 370 mil 829 pesos a 872 mil 721 millones 372 mil 711 pesos, en rubros señalados como “Otros bienes inmuebles”, que no incluyen terrenos, viviendas y edificios no habitacionales. Ese gasto corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte [donde la cifra pasó de 66 mil 450 millones 748 mil 621 pesos a 69 mil 512 millones 757 mil 560 pesos], así como Equipo de Defensa y Seguridad [que aumentó de 18 mil 540 millones 348 mil 500 pesos a 23 mil 726 millones 054 mil 934 pesos–. Mientras tanto, el gasto total de las Empresas Productivas del Estado –las que más aportan a los ingresos fiscales de la hacienda pública– se redujo. El de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una variación real de -11.8 por ciento y el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de -0.2 por ciento. Las cifras de gasto, además, también revelan que estas empresas, pese a su delicada situación financiera, han gastado en rubros que no necesariamente tienen que ver con productividad. Por ejemplo, hay contratos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) para un “Evento fiesta de seguridad” de la CFE en el Manzanillo Holdings, por el que se pagaron 31 mil 400 pesos hace cuatro meses. El resto de las dependencias, también hacen gala de dispendio, si se revisan a detalles algunos de los contratos contenidos en el POT. En agosto pasado, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 47 mil 401 pesos para la presentación de la remodelación del Puerto de Veracruz en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana de la Avenida Paseo de la Reforma. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también pagó en mayo pasado 45 mil pesos por alimentos en la oficina, o en marzo, cuando erogó 39 mil 059 pesos por servicios de tintorería. La propia SHCP, dependencia que se encarga de administrar los recursos públicos, tanto ingresos como egresos, no se queda atrás: pagó 294 mil 151 pesos para la Celebración de la Reunión de Análisis de “la estrategia” –no se sabe cuál–, de acuerdo con lo que reporta el contrato ubicado en el POT. Los gastos de la burocracia no terminan ahí. Durante todo 2015, la Presidencia de la República y las 18 secretarías gastaron 11 millones de pesos diarios en publicidad, un total de 4 mil 055 millones 699 mil 689 pesos, de acuerdo con un corte realizado por SinEmbargo con base en solicitudes de transparencia. El último reporte de la Secretaría de la Función Pública, la Partida 33605 de Información en Medios Masivos, al 10 de agosto pasado, planteó que el gasto en el rubro fue de 724 millones 869 mil 521 pesos. Por otro lado está la seguridad social de la clase política. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda no propuso un aumento en el sueldo base de Enrique Peña Nieto, pero sí para dos de las prestaciones que el Estado le brinda al Presidente: su ayuda para despensa y el seguro de gastos médicos mayores. En conjunto, estos rubros le sumarán a sus percepciones brutas cerca de 13 mil 843 pesos, debido a que recibirá mil 200 pesos extras para Ayuda para despensa y 10 mil 315 pesos por Seguro de gastos médicos mayores. Así, la remuneración total del Primer Mandatario para 2017 será de 3 millones 002 mil 971 pesos. Es decir, que para el siguiente año el Primer Mandatario tendrá en ambos rubros 6 mil 780 pesos y 27 mil 935 pesos, respectivamente. La acción se repitió tanto para sus colaboradores como para otros órganos del Gobierno federal, como los vales de fin de año de los Secretarios de Estado, o también la gratificación de fin de año de Lorenzo Córdova Vianello, Comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras, la discusión sobre el salario mínimo de los trabajadores mexicanos –que está entre los más bajos en América Latina– toma fuerza por el anuncio del aumento que año con año anuncia la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Hace un año, con todo y la unificación de las dos zonas en que el país estaba divido, esos organismos decretaron un aumento de 2.94 pesos, para quedar en 73.04 pesos diarios. Ese salario se toma como referente para fijar prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional o el ahorro voluntario. ¿CUÁL CINTURÓN? Desde la perspectiva de Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, no se ve que los gobernantes estén recortando sus gastos y sus partidas personales. Sólo están cuidando a la burocracia, acto que agudizará una crisis política que ya se vive.
“Ya que no se van a apretar el cinturón deben acatarse al dinero al que se les dio. Ya es un aspecto moral, ético. Si el país está pasando en lo que yo considero una de las etapas más difíciles, realmente la crisis que vivimos es similar a las de los años 80, donde la crisis fue económica, política y social”, comentó Villarreal.
Todo se conjunta, expuso, en “la crisis económica –de la cual no hemos salido–, la crisis social que está vigente y ahora debemos añadir la crisis política”. Para Alfredo Bravo Olivares, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay algo aún más grave que la falsedad del discurso y son los ingresos extraordinarios que el reporte bimestral reporta de las secretarías, que se manejan con un presupuesto asignado.
“Es grave porque hay dos opciones: o se está enviando a gasto corriente los recursos que estaban destinados a otras áreas o te estás endeudando. Y esa deuda está sirviendo para financiar el gasto corriente”, consideró Bravo Olivares.
El problema, dice, es que están gastando más de lo que se presupuesto y lógicamente hay un desequilibrio que a la larga se convierte en la reducción o eliminación de otros programas o en deuda. Ambas cosas impactan a los contribuyentes. La respuesta a estos comportamientos sería un impedimento para que las secretarías y Presidencia pudieran rebasar su tope presupuestal; el encargado sería el Congreso de la Unión, pero no cuenta con mecanismos legales para poder llevar a cabo medidas de control sobre la base de la cuenta pública. El tiempo pasa y lo único que se logra hacer son observaciones. “Lo importante es que se pudiera actuar con el órgano de fiscalización que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que el Congreso pudiera intervenir. El dinero que ahorita están gastando de más impactará a otros programas en el futuro. El sector salud ha tenido una reducción en su gasto durante los últimos dos años y eso se traduce en clínicas que no sacan radiografías, sin equipo, no se pueden hacer análisis… ahí no hay para hacer gastos, pero en Presidencia de la República sí”, agregó. Para el economista, este “gasto discrecional” tiene también alcances legales, ya que se tiene que ver de dónde viene el dinero excedente o si se está incrementando la deuda, lo que resultaría ilegal. “Se supone que por eso tienen una asignación programática que tienen que respetar. Ya no es sólo que no sea ético, están cayendo en la ilegalidad y el uso que le están dando al presupuesto es por completo cuestionable, pero a fin de cuentas, se carece de una figura que investigue esos actos, los periodos fiscales siempre se terminan revisando casi dos años después y ya no sirve de nada. No hay un mecanismo de congruencia entre los mecanismos de evaluación y de control de la asignación de los recursos públicos”.
EL PRESUPUESTO AUSTERO DE 2017 El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 mostró mínimas variaciones en el gasto destinado a cada una de las secretarías, pero son cinco las dependencias que salieron peor libradas. Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tendrá una reducción en su presupuesto de 26.13 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 26.72 por ciento; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 20.71 por ciento; Pemex, de 18.05 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un recorte de 14.03 por ciento. A estas cinco dependencias, en conjunto, se les restaría un total de 384 mil 821 millones 013 mil 227 pesos, en caso de que este documento se apruebe así en los siguientes 15 días. Para Villareal Páez, el presupuesto para el año que viene contempla una serie de reducciones, no nada más en Presidencia sino también en rubros más sensibles y que tienen un mayor impacto social, como educación, salud o infraestructura en ciertas poblaciones, “normalmente, en los presupuestos anteriores se habían dejado intactos o con una partida presupuestal casi similar o un poco incrementada. Sin embargo, hoy día en términos generales el presupuesto contempla una serie de reducciones que van a tener definitivamente un impacto importante”, dijo.
“Yo no veo que se aprieten el cinturón, no sé de qué manera lo estén haciendo. Cualquier persona, a nivel de su presupuesto personal y familiar, nos reducimos gastos y nos apretamos el cinturón a la fuerza, pero el Gobierno federal no, no se ve de dónde. Independientemente de las reducciones, nos damos cuenta que constantemente hay aspectos de corrupción, fraudes, elevación del costo de las obras y entonces vemos que una cosa es el discurso y otra la realidad. No respetaron el presupuesto que se les otorgó”, sostuvo.
En entrevista con SinEmbargo, Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que lo que se ha visto reflejado en el ejercicio del presupuesto, tanto en el de 2015, en el que se hicieron los recortes y en el actual con los ajustes, existe, por un lado, una contracción importante en la inversión pública que es aquella que puede incentivar el crecimiento económico, y por otro lado, que existe una reasignación del gasto que quiere favorecer los servicios generales o los gastos de operación, como el dinero destinado a publicidad. “El problema que tiene la política fiscal en México va más allá de la reducción en los gastos de operación, ya que también existe un reducido espacio fiscal debido a la presión que existe para la asignación a pagos que se podrían considerar ineludibles como lo es la obra pública, las participaciones a los estados, las pensiones […] El recorte del Gobierno federal no es suficiente y el resto de las instituciones también deberían tener modificaciones a su gasto”, dijo Villa Juárez. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110132
Octavio Martínez, secretario electoral del sol azteca, dijo que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre estaría en la cárcel con la nueva legislación.
Si no piden una disculpa pública, los senadores que comentaron ser “usuarios de trata”, Fernando Mayans y Luis Sánchez, podrían perder sus derechos como militantes del PRD, dijo en entrevista con Aristegui Noticias Octavio Martínez, secretario electoral del sol azteca. “El partido iniciaría ante el órgano jurisdiccional interno un procedimiento de sanción para ambos, en donde estamos solicitando la suspensión de sus derechos partidarios, lo que evitaría que pudieran ocupar cargos por nuestro instituto político en el futuro”, dijo. Martínez comentó que la ley que se discutía en el Senado al momento de que Mayans y Sánchez hicieron sus comentarios plantea atender con efectividad a las víctimas y perseguir a los perpetradores del crimen, como en el caso del ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. “Cuauhtémoc Gutiérrez estaría en prisión y no hubiese habido impunidad, por no existir precisión en la legislación hoy está gozando de impunidad y muy probablemente cometiendo esos ilícitos”, aseguró. Expresó que el caso la red de prostitución en las instalaciones del PRI capitalino, operada por Gutiérrez de la Torre, contribuyó a la redacción de la nueva legislación. “Fue un elemento que puso atención a las deficiencias de la Ley General de Trata y que estaban obligados a modificar”. Al ser cuestionado sobre si, además de exigirles una disculpa pública, en el PRD se investigará sobre si son o no “usuarios de trata” los senadores Mayans y Sánchez, el secretario electoral dijo: “no lo descartamos, ellos van a tener su garantía de audiencia en el marco del desahogo del recurso que vamos a iniciar ante el órgano interno y será uno de los temas que habrá de perseguir”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: MAURIZIO MONTES DE OCA. LINK: http://aristeguinoticias.com/3110/mexico/si-no-se-retractan-senadores-usuarios-de-trata-podrian-perder-derechos-en-el-prd/
"¿Quieren saber dónde está @Javier_Duarte? Aquí las coordenadas", tuiteó el religioso, quien señaló un municipio chiapaneco.
El sacerdote mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, aseguró que Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, estaría escondido en el rancho San Antonio, en el municipio de Viilaflores, Chiapas. En entrevista telefónica con reporteros veracruzanos, el religioso indicó que tiene fuentes fidedignas sobre su estancia en dicho rancho que, agregó, estaría custodiado por elementos del Ejército Mexicano. “Y si el gobierno federal no lo quiere decir, hay complicidad”, aseguró Solalinde Guerra. Solalinde dijo que si no ha dado parte a las autoridades federales es porque “ellos lo saben. Lo que hace falta es que haya voluntad política para que actúe”. Además, solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que actúe de manera inmediata con la captura del gobernador veracruzano con licencia, hoy prófugo de la justicia. “Que se rompa la impunidad; me duelen tantas cosas que han pasado con estos dos últimos gobernadores, me duele mucho, porque tanto como Fidel Herrera Beltrán, como su pupilo, Javier Duarte, han dañado a Veracruz y no solamente en cuestión de justicia, han estado vendiendo el estado poco a poco”, acusó.
En Twitter incluso publicó un mapa del lugar donde estaría Duarte:
CIUDAD DE MÉXICO: Los delitos de homicidio, robo a casa-habitación, robo a negocio, secuestro y violación cometidos durante los primeros nueve meses del año han aumentado y tienen a la Ciudad de México en focos rojos. De acuerdo con la medición de septiembre de la organización social Semáforo Delictivo –herramienta de rendición de cuentas y participación ciudadana–, el homicidio en la ciudad que gobierna Miguel Ángel Mancera se incrementó 7% de enero a septiembre pasados, comparado con el mismo periodo del año pasado, y 17% respecto a su propia media histórica. Basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la agrupación informó que tan sólo en septiembre se registraron 94 homicidios, cifra que representa un nuevo récord histórico. No obstante, la tendencia al alza inició desde abril del 2015. Los datos arrojaron también que el delito de homicidio se concentra en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, que congregan 51% del total; seguidas por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Además, en lo que va de 2016 se han cometido 686 homicidios. De éstos, 81 se identifican como ejecuciones de crimen organizado, según datos de la empresa consultora Lantia Consultores. De acuerdo con esta medición, 12% de todos los asesinatos del año son causados por este factor. Robo a casa y negocio De acuerdo con el Semáforo Delictivo, el robo a casa-habitación aumentó 14%. Además, 54% de los hechos ocurrieron en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc. La tendencia en este delito también es ascendente, además de que en septiembre marcó un nuevo récord con 574 casos denunciados, cifra que no se alcanzaba desde el 2012. En cuanto al robo a negocio, tuvo un alza de 6% en los primeros nueve meses del año y 61% de los casos se concentraron en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán. Peor aún, en comparación con los casos a nivel nacional, la Ciudad de México se coloca en el tercer lugar con más robos a negocios con una tasa casi tres veces mayor a la nacional por cada 100 mil habitantes. Tan sólo en septiembre se denunciaron mil 406 casos, cifra que marcó un nuevo record histórico. En cuanto al resto de los delitos analizado por el Semáforo Delictivo, éstos mostraron reducciones en el año. No obstante, el delito de violación ha tenido focos durante los últimos cinco meses. No ocultar las cifras, piden Santiago Roel, director y fundador del Semáforo Delictivo, sugirió al gobierno de la Ciudad de México realizar reuniones públicas mensuales para evaluar los resultados con la presencia de organizaciones civiles y medios de comunicación, como lo hace en otras entidades. Y agregó: “el viejo paradigma de querer minimizar u ocultar el problema, o de tratar de manejarlo con estrategias mediáticas no funciona. Lo nuevo, lo verdaderamente efectivo, es compartir el problema, la información y las soluciones”.
De acuerdo con el directivo, existen delitos que no sólo de combaten con acciones policiacas, sino con prevención social; por ejemplo, la violencia familiar, las lesiones dolosas y la violación. Para ello, añadió, se necesita la participación de dependencias como el DIF, institutos de la Mujer, la Juventud, el Deporte y, así como las secretarías de Desarrollo Económico y Social. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/460798/cdmx-en-focos-rojos-5-delitos-segun-semaforo-delictivo
XALAPA, Ver: Con la férrea exigencia de que les liberen recursos para la nómina y la operatividad edilicia, alcaldes del PAN y del PRD acampan por tercer día en el Palacio de Gobierno, donde hasta el 12 de octubre Javier Duarte de Ochoa llevó las riendas del Estado. Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río e hijo del gobernador electo, reprochó que son más de 2 mil millones de pesos atorados a ediles del PAN y PRD. En rueda de prensa, acusó que el tesorero de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín es un “cínico” y un “burócrata enfermo”, pues aceptó que ese dinero se los depositó la Federación pero ellos se lo gastaron en otras cosas. Yunes Márquez acusó que el gobernador interino, Flavino Rios, ha tenido una actitud “cobarde” de no querer dar la cara. “Los ayuntamientos están colapsados, no hay dinero, y muchos alcaldes han tenido que despedir a gente de su confianza, son recursos de la Federación que los funcionarios estatales se robaron”, expresó Yunes Márquez. Ediles, regidores, síndicos y diputados locales electos y salientes han montado guardias en el Palacio de Gobierno. Al pernoctar en el inmueble, algunos políticos han optado por llevarse sus colchonetas y cobertores de los DIF Municipales para dormir en los pasillos del Palacio. “Les informo que Flavino Ríos no llegó, había quedado de venir a las 12 del día pero simple y sencillamente no llegó, nos dejó plantados a todos los alcaldes que estamos aquí, argumentando que no tiene solución que él no agarró ese dinero, cosa que es absolutamente falsa, claro que él sabe dónde quedó ese dinero, pero simple y sencillamente dijo que no venía, estamos aquí con todos los alcaldes, ya son casi 50 alcaldes, han estado llegando no sólo del PAN y del PRD, como decía hay alcaldes del PRI, del PT, del Cardenista, del AVE, de todos, están la verdad muy indignados porque ni siquiera se atreven a venir al Palacio de Gobierno”, insistió Yunes Márquez. En Veracruz, a 30 días de que concluya el sexenio, el estado atraviesa por una severa crisis financiera. El propio gobernador interino, Flavino Rios, admitió que necesita una “ayudadita” del gobierno federal con una ministración extraordinaria de 11 mil millones de pesos para poder solventar los pendientes más apremiantes. “El día de hoy nos informaron por ejemplo que municipios pequeños están ya cerrando las puertas, ya como Apazapan ya cerró ya no hay gobierno en Apazapan, ¿por qué?, porque no hay dinero. Es una locura lo que está pasando, es una irresponsabilidad, aquí estamos, no nos vamos a mover, hasta que no nos den una respuesta”. Actualmente, el que expriista, Javier Duarte dejo una deuda pública bancaria de 52 mil millones de pesos, más un pasivo revolvente con proveedores y contratistas por 13 mil millones de pesos. Yunes Márquez aseguró que mientras Javier Duarte se encuentra prófugo de la justicia, Veracruz ya “reventó” por el daño patrimonial inadmisible que se cometió por diversos funcionarios públicos. “Fíjense en Plaza Lerdo hay gente de Antorchistas, hay gente de otras organizaciones, están maestros, esto ya reventó porque no puede ser, la corrupción llegó a este grado y están dejando que Veracruz explote, eso no lo vamos a permitir”.
