Alcaldes en Veracruz reclaman que el gobierno estatal debe a municipios 3 mil 300 millones de pesos, que corresponden a seis fondos federales.
El gobierno de Javier Duarte debe 3 mil 300 millones de pesos a los municipios del estado de Veracruz que corresponden a 6 fondos federales, utilizados para el pago de empleados y policías, abastecer de gasolina a patrullas, remodelar calles, recolectar basura y pagar el alumbrado público, entre otros servicios. Se trata de recursos etiquetados que la Secretaría de Hacienda destinó para los municipios y que se han depositado conforme a lo establecido en el calendario oficial la Secretaría de Finanzas de Veracruz para que esta, a su vez, los traspasara en un plazo máximo de 5 días hábiles a los ayuntamientos.
Los alcaldes denunciaron que ese dinero les ha llegado incompleto, con retraso y en otros casos el Gobierno de Veracruz no se les ha entregado. “En algunos municipios hay retrasos de hasta 3 meses y prácticamente ya no pueden pagar salarios ni servicios. Hay servicios básicos para los que simplemente no hay recursos como alumbrado público, recolección y traslado de basura, pago de gasolina a patrullas. Estamos al borde de una crisis social”, dijo en entrevista con Animal Político el alcalde perredista del municipio de Xico, Lorenzo Pozos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por los alcaldes hay 20 municipios de Veracruz gobernados por el PRD a los que se les deben 475 millones de pesos; a 45 municipios del PAN se les adeudan mil 500 millones de pesos, y a los gobernados por el PRI también hay un déficit de mil 400 millones aproximadamente. El problema – dicen – es generalizado. El alcalde de Boca del Río Miguel Angel Yunes Márquez, dijo que municipios grandes como el suyo pueden subsistir algunas semanas con recursos propios, sin embargo, agregó, hay otros municipios chicos que están en una situación crítica. “El municipio de Pajapan por ejemplo ya está detenido. El ayuntamiento no tiene un peso ni para pagarle a los trabajadores de la presidencia municipal. El gobierno está paralizado”, dijo Yunes Márquez. Los retrasos en los pagos, de acuerdo con los alcaldes, comenzaron desde hace 3 años aproximadamente y la situación se ha ido agravando. Por esta situación hay denuncias formales presentadas ante la PGR. El secretario de Finanzas literalmente les dijo a los alcaldes el pasado fin de semana, que no había dinero porque lo tomaron para pagar otras deudas; lo que para algunos alcaldes, como Yunes Márquez, es un clarísimo desvío de recursos. Ayer en una entrevista en radio Flavino Ríos, el gobernador sustituto de Javier Duarte, sostuvo que los recursos que eran de los municipios se usaron para el pago de salarios a policías y maestros. Animal Político publicó que este fue el mismo argumento (el pago de nómina) con el cual Veracruz desvió el 100 por ciento de los dos mil millones de pesos de recursos federales que Veracruz recibió en 2014 para obras, de acuerdo con una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR. Los fondos saqueados De acuerdo con la información proporcionada por los presidentes municipales, los recursos que no han sido entregados corresponden a los llamados Ramo 33 y Ramo 28 los cuales fueron autorizados para entidades y municipios de todo el país y publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 18 de diciembre de 2015. Dentro del Ramo 33 hay dos fondos que son fuente vital de recursos para los alcaldes: El Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fisem). El alcalde de Boca del Río explicó que las partidas erogadas de estos fondos se utilizan para funciones estructurales de los municipios, entre ellos el pago de nómina de los trabajadores y de los policías, el pago insumos como es la gasolina de vehículos, ambulancias, vehículos de protección civil o patrullas, entre otros. Respecto al Ramo 28, el alcalde de Xico explicó que se trata de compensaciones de recursos que reciben los municipios de parte de la federación y que se utilizan como complemento para el pago de servicios. “Con estos recursos se pagan cosas tan elementales como el tema de la basura, desde su recolección hasta el traslado, De igual forma el alumbrado público por ejemplo, o algunos servicios específicos que el municipio también da como apoyo con medicamentos, traslados a hospitales de personas. Son servicios básicos que muchos municipios ya no pueden cumplir”, dijo Lorenzo Pozos. Por otro lado, 73 municipios de Veracruz habían conseguido para este año recursos extra por 722 millones de pesos de dos fondos especiales denominados Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN2016) y Fortalecimiento Financiero para Inversión – A (FORTAFIN 2016 – A). El dinero de este fondo se depositaría mensualmente a los municipios. Sin embargo, hay ayuntamientos que no los han recibido desde hace tres meses y otro, como el de Boca del Río, solo les ha depositado una parte. “Estos recursos son adicionales para obras. En el caso de Boca del Río por ejemplo los necesitamos para obras sociales, para urbanización en colonias irregulares, para la construcción de un teatro y remodelación de parques. Todo esto lo tenemos detenido” dijo. El sexto fondo del cual se adeudan recursos es el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg 2016). Se trata de 275 millones de pesos que se depositarían en dos partes a 20 municipios que tienen altos índices de violencia. Este portal publicó que desde julio había municipios que ya llevaban tres meses de retraso sin recibir los recursos relacionados con este fondo, lo que además pone en riesgo que lo puedan recibir para 2017 porque Hacienda exige comprobar el gasto y cumplimiento de metas del dinero que se entrega antes de renovar el apoyo para el próximo ejercicio fiscal. Promesas incumplidas El presidente municipal de Xico explicó que desde 2014 comenzaron los problemas con la administración del gobernador Javier Duarte – actualmente prófugo por desvío de recursos y crimen organizado – pues no se depositaban a tiempo los recursos federales a los municipios pese a que la federación si hacía los depósitos. “La federación ya cumplió, dio los pagos pero los ocuparon para hacer otros pagos. Eso se llama desvío de recursos y no se le puede llamar de otra forma”, expresó el alcalde. El presidente estatal del PRD en Veracruz, Rogelio Franco, dijo a Animal Político que a principios de octubre pasado se reunieron con el secretario de Finanzas del estado Antonio Gómez Pelegrín el cual firmó una minuta en la que se comprometía a que a partir de la segunda semana de ese mes se comenzaría con el pago por partes de los adeudos. El titular del PRD en Veracruz recordó que el pasado 13 de octubre presentaron una denuncia penal en la PGR por el presunto desvío de los recursos. Este lunes el gobernador interino del estado Flavino Ríos había acordado con los alcaldes del PAN y PRD, que tienen tomado el Palacio de Gobierno, una reunión que se aplazó de hora en dos ocasiones y finalmente no se realizó. Por la tarde el gobernador sostuvo una reunión con otro grupo de 45 alcaldes, todos ellos del PRI, a los que prometió que a partir del 3 de noviembre les comenzaría a pagar parte de los recursos que se les adeudan. Que lo paguen otros De acuerdo con lo informado por el PRD el gobernador interino de Veracruz envió un punto de acuerdo al Congreso del estado para que se reforme el código fiscal local con el objetivo de que los recursos que se adeudan a los municipios sean recuperados para el próximo año, es decir, durante la administración del gobernador electo Miguel Ángel Yunes. “A ese punto llega la desesperación de ellos y su intento de librarse de la responsabilidad y es algo que nos preocupa. Hacemos un llamado para que no se apruebe nada de esto porque el PRI tiene mayoría aun en el Congreso y se trataría de un abuso”, dijo el alcalde de Xico.
¿Qué poderosas razones tienen los senadores panistas y perredistas para ratificar a Raúl Cervantes como el persecutor de los criminales en México si por su tenaz defensa de los intereses priistas y de Enrique Peña Nieto lo rechazaron, hace un año, como ministro de la Corte? Una sola: La complicidad entre consumados y potenciales delincuentes. Este aberrante aval no es sólo la abdicación del Legislativo ante el Ejecutivo ni el desprecio del Senado a su función constitucional de deliberar sobre la idoneidad de un abogado como Cervantes para virtualmente ser fiscal por nueve años, sino algo peor: Es un pacto de impunidad transexenal para los que se van y para los quieren llegar o contra un indeseable. Como parte de este mismo pacto de impunidad –que claramente es para joder a México– Arely Gómez dejó a Cervantes la Procuraduría General de la República (PGR) para encabezar la Secretaría de la Función Pública (SFP), dos pilares del flamante Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que Peña y sus compinches de PAN y PRD ya liquidaron sin siquiera haber iniciado su operación. Muchos no lo saben y otros se hacen tontos, pero en la tarea fundamental de investigar y perseguir delitos federales que Cervantes tiene ya a su cargo gravita su relación familiar con dos personeros de Peña: Sus primos Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia, y Alfredo Castillo Cervantes, un comodín para las tareas sucias. Pero en esta colusión no están solos PRI, PAN y PRD, así como los paraestatales Partido Verde y Nueva Alianza –los partidos del infausto Pacto por México–, sino también los intereses de la élite empresarial, financiera y mediática, como Televisa y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), precisamente a los que Arely y Andrade han servido. Las complicidades se extienden también a organizaciones civiles patrocinadas desde la élite económica como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que preside el magnate Claudio X. González, hijo del ideólogo y operador del sector empresarial del mismo nombre, y expresidente de la Fundación Televisa, que a su vez encomia interesadamente los cambios. González Guajardo, que defiende un combate selectivo de la corrupción, avaló los nombramientos de Gómez y de Cervantes, a quien pidió diálogo con la sociedad civil y la academia sobre la Fiscalía Anticorrupción, que está adscrita a la PGR y que es formalmente clave en el SNA. “En la construcción de la Fiscalía nos jugamos en buena medida el Sistema Nacional Anticorrupción y el combate a la corrupción y a la impunidad en el futuro”, declaró González a la revista Expansión, justo cuando está en curso el procedimiento en el Senado para definir al fiscal que, se prevé, será también al gusto de los mismos que nombraron y avalaron al procurador. El primer fiscal anticorrupción durará en el cargo sólo hasta noviembre de 2018, o hasta que la PGR se convierta en Fiscalía General de la República, y los subsecuentes fiscales anticorrupción serán nombrados por el titular de esta nueva instancia, muy seguramente Cervantes, acusado de golpeador por su exesposa Angélica Fuentes. ¿Alguien puede rebatir que en este pacto de impunidad se inscribe, también, el reparto que hizo el Senado de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que además de manera inconstitucional aumentó los periodos de éstos para que califiquen no sólo las elecciones de 2018, sino las 2024? Con este reparto de magistrados los partidos del Pacto por México sientan las bases para que las elecciones federales de 2018 –y aun las de 2024– sean declaradas nulas si así conviene a sus intereses, porque es la instancia que tiene la última palabra en materia electoral, un modelo corrompido por el dinero sucio. Pero, sobre todo, con Cervantes se garantiza la impunidad plena a Peña y a los funcionarios de su gobierno. Las dos prioridades del jefe máximo del priismo son concluir el sexenio y cuidarse las espaldas. Lo segundo ya lo logró. No sólo eso: El pacto de impunidad, con Cervantes Andrade como epicentro, implica que gobernadores bajo sospecha de corrupción como el perredista Graco Ramírez, el panista Rafael Moreno Valle, el priista Eruviel Avila o cualquier sátrapa gobernador, alcalde, legislador o dirigente sea intocable habiéndose confabulado su partido con Raúl Cervantes para hacerlo procurador y luego fiscal. Y más aún: El aval de la élite a Cervantes y Arely Gómez significa, sobre todo, impunidad para los delincuentes de cuello blanco, los beneficiarios de los contratos de miles de millones de dólares en Pemex, CFE, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como las concesiones multimillonarias también en telecomunicaciones, energía, agua… ¿Por qué, ante el aval de sus senadores, los presidentes del PAN, Ricardo Anaya, ha guardado silencio, y del PRD, Alejandra Barrales? Por la misma razón que lo han hecho Margarita Zavala y Felipe Calderón, su marido y coordinador de su precampaña: Porque son parte sustantiva de las complicidades, de la corrupción…
Con los casos de Arely Gómez y Raúl Cervantes cobra vigencia la voz popular: “A los beatos se les beatifica, a los santos se les santifica y a las ratas se les ratifica”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/460799/pena-jode-a-mexico-pan-prd-le-aplauden
CIUDAD DE MÉXICO: La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) consideró que el proyecto de resolución en materia de derecho de réplica elaborada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán, reconoce que la libertad de expresión no es absoluta y no implica autocensura o mordaza. “Toda libertad debe estar acompañada de obligaciones y de límites que son los derechos de terceros, uno de ellos es la custodia del honor y dignidad de las personas”, señala en un comunicado. La AMEDI dice que de aprobarse el proyecto que invalida diversos artículos y fracciones de la ley reglamentaria, toda persona podrá ejercer su derecho de réplica cuando los medios de comunicación emitan información que le cause agravio, sea inexacta, falsa o exacta, pero agraviante. “Los medios de comunicación tienen la obligación de aportar información fidedigna y documentada, en tanto que las personas tienen derecho a responder o rectificar información no sólo falsa o inexacta, sino incluso agraviante”, asegura.
La propuesta del ministro Pérez Dayán, dice, fundamenta que el ejercicio del derecho de réplica no sólo puede solicitarse ante información falsa o inexacta sino también agraviante, aunque sea exacta. Por ello, en el proyecto propone declarar inválidas las expresiones “información falsa o inexacta” del artículo 2 de la ley y la “inexacta o falsa” del artículo 3 referido. “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”, precisó la AMEDI a través de un comunicado. De acuerdo con la asociación “al cancelar las causales de inexactitud y falsedad como requisitos para solicitar el derecho de réplica, el proyecto contribuye a la discusión pública, a la formación de opinión pública, fortalece la contienda política, permite analizar la postura de los distintos actores del espacio público, transparenta las posiciones y coloca un faro de reflexión sobre el trabajo de las autoridades, los políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos”. Asimismo, asegura que los medios de comunicación que han propalado la versión de que la SCJN prepara un golpe a la libertad de expresión olvidan dos elementos: en caso de que los medios de comunicación nieguen el derecho de réplica, el diferendo se resolverá radicándolo en los tribunales de la federación y con los jueces de distrito, quienes en última instancia decidirán la procedencia o no del caso, porque las personas no pueden imponer el derecho de réplica a los medios de comunicación. Un segundo elemento es que, independientemente de la solicitud de derecho de réplica y su procedencia, los medios de comunicación podrán seguir informando, hablando u opinando del tema que desató la polémica con datos e investigación adicionales, antes, durante y después de la resolución del juez.
Además, menciona que el debate no concluye con una rectificación del medio ni implica autocensura o una mordaza presente o futura para informar sobre los temas. Por ello, “la declaración de invalidez que propone el ministro Pérez Dayán enriquece la discusión pública y, por lo tanto, fortalece la libertad de expresión, haciéndola cohabitar o interdependiente del derecho de réplica en salvaguarda del honor y la reputación de la persona”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/460891/proyecto-scjn-derecho-replica-reconoce-la-libertad-expresion-absoluta-amedi
MORELIA, Mich: Ignacio Mendoza Jiménez, jefe del despacho de abogados que defiende al exvocero de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, reveló que éste será trasladado hoy del Cefereso número 11 de Hermosillo, Sonora, al penal federal número 4 de Nayarit, “El Rincón”.
Mendoza aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) le notificó que Mireles estaba “autorizado” para ser trasladado al penal de “Mil Cumbres” de Morelia, pero el gobierno de Michoacán opuso resistencia y pidió unos días, por lo que el cirujano será trasladado hoy de Hermosillo a Nayarit y de manera momentánea. “Fuimos notificados el lunes por la Secretaría de Gobernación que hoy trasladarían al doctor Mireles de Hermosillo al penal de “El Rincón”, en Nayarit, explicó el defensor del líder de las autodefensas. El defensor explicó que la decisión del gobierno responde a una petición de la defensa del preso que pedía que éste fuera trasladado al penal de “Mil Cumbres”, en Michoacán, “sin embargo este penal no estaba en condiciones todavía, según información del gobierno de Michoacán” y ahora hay que preguntar al gobierno de Michoacán ¿Cuántos días ocupará?”, dijo. Mendoza también informó que quienes defienden a José Manuel Mireles prevén que pueda regresar en poco tiempo a Michoacán: “Estamos en espera de que en unas semanas pueda estar en condiciones el penal de ‘Mil Cumbres’. Es un hecho, porque Gobernación está en inmejorable situación”, afirmó. Durante los últimos meses, en distintas ocasiones se informó que el gobierno de Michoacán ya había avalado que Mireles purgara su condena en un penal de Michoacán, sin embargo el traslado no se ha concretado. Mendoza Jiménez, comentó que por cuestiones de procedimiento y seguridad, no se les informó la hora en que el preso sería trasladado. El exsubprocurador de Morelia dijo que si la decisión del gobierno se concreta y Mireles vuelve a Michoacán, “hay posibilidad de plantear otras cosas”. “Se tiene que hablar ya de la liberación de Mireles y de las demás autodefensas”, consideró el abogado. Mireles Valverde fue arrestado el 27 de junio de 2014, acusado de portación ilegal de armas exclusivas del Ejército y de delincuencia organizada. Un juez desestimó los cargos por delincuencia organizada que pesaban contra el doctor Mireles, no obstante se negó a liberarlo bajo fianza por la portación de armas. Ignacio Mendoza explico también que sólo siete de los 70 autodefensas a los que el Juez Sexto de Distrito Horacio Ortiz González fijo fianza de 120 mil pesos ya fueron liberados pues la mayoría son de escasos recursos económicos y los que recobraron su libertad, el viernes pasado, tuvieron que pedir prestado a altos intereses y vender hasta lo que no tenían.
La tala será a través de un manejo forestal sustentable en 17 mil 785 hectáreas que también podrán explotar el turismo de bajo impacto con la construcción de hoteles, fraccionamientos y campos de golf.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que no permitirá que haya tala sin control en el Nevado de Toluca y que el gobierno federal sólo aprobó que haya un “manejo forestal sustentable” en 17 mil 785 hectáreas de esta reserva natural. Es decir, de acuerdo a la dependencia, ahora se permitirá la tala en el 32.59% del Área Natural Protegida, pero con permiso de la secretaría. En esa misma zona también se podrán construir hoteles, fraccionamientos y campos de golf, una vez que la misma autoridad eliminó el impedimento legal para desarrollar infraestructura inmobiliaria, comercial y turística en esta reserva natural. “El Programa de Manejo sí comprende el aprovechamiento forestal sustentable en la superficie señalada, pero con restricciones claramente establecidas por la legislación ambiental”, de acuerdo a la Semarnat. Eliminan restricción Desde octubre de 2013, el gobierno federal anunció que se impulsaría la actividad turística en el Nevado, sin embargo, también se adelantó que estas actividades serían restringidas a turismo de bajo impacto, y expresamente se planteó que “no se permitirá en ningún caso la edificación o construcción de fraccionamientos, de casas campestres, cabañas o bungalos residenciales, ni la edificación o construcción de hoteles, posadas o fincas de descanso, ni campos de golf” en esta reserva natural.
Esa restricción al desarrollo de infraestructura turística fue anunciada en noviembre de 2013, y estaba incluida en el “Borrador del Programa de Manejo” del Nevado de Toluca, hecho público en ese momento por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Dicho documento fue formalizado tres años después, el pasado 21 de octubre de 2016, pero en la versión que finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, fueron eliminadas las restricciones que prohibían el establecimiento de infraestructura turística y desarrollos inmobiliarios. En su versión final y oficial, el Programa de Manejo ya no hace ningún tipo de referencia a conceptos como “campos de golf” o “fraccionamientos” o “bungalos residenciales”, y al respecto de las actividades turísticas permitidas, sólo establece dos categorías: la primera de estas categorías aplica en todo el territorio del Nevado y es el “turismo de bajo impacto ambiental”, es decir, aquellas actividades recreativas “que no impliquen modificaciones de las características o condiciones naturales originales”. Sin embargo, dentro de esta reserva natural existen al menos 22 centros poblacionales, agrupados en lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas denominó “Subzona de asentamientos humanos”, y que abarca en total 93 hectáreas del Nevado de Toluca.
En estos asentamientos humanos, la categoría autorizada es la de “turismo” a secas, sin que aplique ninguna limitación en términos ambientales.
En octubre de 2013, de hecho, el entonces titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo McDonald, anunció este aval para la infraestructura turística y los nuevos desarrollos inmobiliarios en el Nevado de Toluca, durante un recorrido de prensa por la zona. En esos 22 asentamientos humanos, explicó el entonces titular de la Conanp, “puede haber gente que reciba turistas, habilitando habitaciones para que pernocten (…) No se van a construir nuevos centros de población, (porque) eso está prohibido por la ley, pero en los centros de población que ya están se pueden aprovechar los predios para los fines que fueron autorizados. Y puede haber todo lo que en un centro de población se admite: ¿Un comercio? Sí. ¿Una casa-habitación? Sí. ¿O que alguien habilite un hotel? Sí.” Debate público A raíz de la nota publicada ayer por Animal Político, en la que se informó que el nuevo programa de manejo del Nevado de Toluca autorizó la tala en 17 mil 785 hectáreas de esta reserva, lectores enviaron dudas y objeciones a la nota publicada. Uno de estos lectores fue Osmar Martínez, quien advirtió que “aunque suene contradictorio, el aprovechamiento comercial de las zonas forestales permite incluso ‘mejorar’ la calidad de la foresta. En cualquier explotación comercial, se tiene un plan de manejo hecho por ingenieros forestales; éste se guía por ciclos de corta de una cantidad de metros cúbicos de madera anual, de este modo, mientras se talan unas zonas, otras se están reforestando para regresar a ellas cuando los árboles tengan un diámetro determinado: es un manejo cíclico”. Con estos procedimientos, explicó, “hay fuentes de trabajo, se cuidan las zonas en recuperación de la tala clandestina y los incendios, se sanea si es necesario y el aprovechamiento del bosque se puede realizar casi de forma ilimitada”. Efectivamente, las autoridades plantearon en el nuevo Programa de Manejo del Nevado de Toluca que las actividades de tala deberán realizarse de forma “sustentable”, cortando sólo un volumen de madera equivalente al crecimiento anual de la masa forestal. Como se señaló en la nota publicada ayer, el objetivo de estas modificaciones en el manejo del Nevado de Toluca es restaurar los bosques a su estado original, es decir, a su estado previo a las afectaciones causadas por la actividad humana, tal como señala el mismo Programa de Manejo publicado el 21 de octubre. Sin embargo, el Programa de Manejo también señala que el volumen de madera talada deberá ser igual al volumen de masa forestal recuperada cada año. Dicho de otro modo: por cada metro cúbico que el bosque se recupere, un metro cúbico de madera será talado. Esa fórmula no deja ver cómo se recuperarán las grandes extensiones de bosque perdidas a lo largo de décadas, a causa de la tala clandestina, la agricultura y la ganadería. Por otra parte, Ana Margarita Romo Ortega escribió: “Respecto al artículo sobre el Nevado de Toluca en Animal Político: es mentira. Se autorizaron plantaciones forestales comerciales para reconvertir parcelas agrícolas a su vocación forestal y así recuperar la cobertura boscosa, sólo aquellas plantaciones autorizadas pueden ser aprovechadas después de varios años que ya prestaron servicios ambientales. NO está autorizada la tala. Mejor revisen con sus propios ojos el programa de manejo, está en el DOF del 21 de octubre de este año.” Al respecto, cabe aclarar que en las 17 mil hectáreas de bosque en las que se autorizó el “aprovechamiento forestal maderable” no existe actividad agrícola, y por lo tanto no hay parcelas qué reconvertir. Este perímetro corresponde a las zonas donde el bosque logró preservarse, a pesar de la tala clandestina, y la extensión de la frontera agrícola. Sin embargo, es cierto lo que afirma Ana Margarita, acerca de que en aquellas zonas en donde el bosque ya se perdió, debido a la agricultura y la ganadería, las autoridades anunciaron que promoverán entre los agricultores la reconversión de sus parcelas a suelo forestal, aunque ningún agricultor o ganadero estará obligado a abandonar sus actividades productivas. Por último, Iñaqui Robles comentó que la autorización de la tala en el Nevado de Toluca “no debe verse como un ecocidio, mientras se lleven a cabo las normas mexicanas y la Comisión Nacional Forestal (debe) centrarse en el plan de manejo forestal sostenible y sus programas de operación anual, (así) todo marchará bien”. Debe recordarse, sin embargo, que todos estos cambios en el manejo del Nevado de Toluca fueron realizados por el gobierno federal, tras reconocer que las normas previas de protección nunca fueron aplicadas por las autoridades responsables. El nuevo Programa de Manejo, sin embargo, no explica cómo se garantizará que estas nuevas disposiciones de protección ahora sí serán acatadas.
Una investigación hecha por Animal Político revela que el presunto narcotraficante detenido en España, contaba con una red de 15 negocios y 27 socios lo que presuntamente le permitía lavar las ganancias de sus actividades delictivas. Juan Manuel Muñoz Lúevano, “El Mono Muñoz”, lleva detenido 6 meses en España. Hasta su arresto, por narcotráfico y lavado de dinero, era un reconocido empresario en Coahuila, dueño de 14 empresas, vinculado con políticos locales y el publicista favorito de Humberto Moreira en su gobierno. Incluso, cuando ya era investigado por la PGR en México por delincuencia organizada y robo de combustible, obtuvo 6 contratos por 8.9 millones de pesos de la delegación estatal del IMSS por la venta de gasolina. “El Mono Muñoz”, como era conocido en Coahuila, llegó a poseer bares, discotecas, restaurantes, agencias de publicidad, negocios agropecuarios y hasta una cadena de 29 gasolineras. En España, las autoridades que lo investigan aseguran que el presunto líder financiero Zeta mantenía una estrecha relación con políticos y funcionarios de la justicia mexicana, según informes policiacos obtenidos por el periódico El País. Una vida social activa En las ciudades de Torreón y Saltillo, Coahuila, donde Muñoz fundó 14 empresas a través de sociedades anónimas, era vox populi desde hace años que el empresario fungía como operador financiero de los Zetas; aun así mantenía una vida social muy activa. Lo mismo acudía a eventos deportivos de futbol que a cumpleaños de personajes reconocidos de la región.
Su agencia de publicidad “La Luz Publicidad Total”, inaugurada por Humberto Moreira cuando éste era alcalde de Saltillo (2003-2005), fue una de las más beneficiadas por el político priista una vez que éste ganó la gubernatura de Coahuila.
Durante su administración, Moreira lo contrató para rotular señalamientos viales y vehículos oficiales de las Secretarías de Finanzas y Obras Públicas, además de elaborar los espectaculares donde el gobernador daba a conocer los resultados de su administración. Las alcaldías de Saltillo y Ramos Arizpe también lo contrataron. En el caso de Saltillo para rotular las patrullas de la policía municipal.
En 2010, durante la campaña de Rubén Moreira, hermano de Humberto, el candidato y su equipo lo contrataron para colocar los espectaculares publicitarios del aspirante a la gubernatura, quien finalmente ganó la contienda.
Dos años después, en 2012, en medio de una ola de asesinatos y ataques armados a bares y estaciones de gasolina de Coahuila -la mayoría de su propiedad-, Muñoz dejo de tener vida pública en el estado y se alejó de los reflectores sociales.
En contraste al bajo perfil que pretendía manejar, su nombre comenzó a ser más visible entre los lectores de noticias policiacas a nivel local, esto porque células del narco vinculadas al Cártel de Sinaloa, que le disputaban la plaza a los Zetas, colgaban mantas en las calles de Torreón donde lo acusaban de lavar dinero para el narco y vender combustible robado.
La conexión España La prensa española que ha tenido acceso al expediente de Muñoz ha informado que, desde 2013, la policía de ese país intervino llamadas telefónicas donde su nombre comenzó a ser mencionado por otros actores mexicanos investigados en Europa. Una de esas conversaciones se dio entre el exgobernador Humberto Moreira -quien en ese momento radicaba en España- y un hombre no identificado por la autoridad; en la llamada el político priista reconocía el presunto vínculo entre Muñoz y Gerardo Garza Melo, quien se desempañara como secretario de Gestión Urbana en la administración de su hermano Rubén y como subsecretario de Desarrollo Social en su gobierno. El 27 de mayo de 2014, la Policía española grabó otra conversación, estaba vez teniendo como protagonistas a Muñoz y Alejandro Froto García, subsecretario de Finanzas con Humberto Moreira, donde el exfuncionario le pide un préstamo por 100 mil pesos. El 18 de marzo de 2016 finalmente, Muñoz fue detenido por la Policía española. Su captura se ordenó como parte de una investigación iniciada contra Humberto Moreira, quien apenas dos meses antes, el 15 de enero, había sido detenido en el Aeropuerto de Barajas, Madrid, por los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Moreira obtuvo la libertad a los pocos días de su detención, luego que demostrara que el dinero de una cuenta bancaria investigada en España era legal; en el caso de Muñoz, el empresario continúa preso por los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho, organización criminal y asesinato, esto último porque según en otra conversación interceptada ordenó la muerte de una persona en México. Además, se le encontró información contable en una computadora portátil que presuntamente correspondía a las finanzas de los Zetas en México y Europa. Tras su detención, el gobierno de los Estados Unidos solicitó a España su extradición, bajo el argumento que en Texas enfrentaba cargos criminales por narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y vínculos con el empresario coahuilense Rolando González Treviño, detenido en octubre de 2014 en Las Vegas, Nevada. Durante el juicio que se le siguió González Treviño, condenado en Norteamérica a 5 años de libertad condicional, reconoció que por órdenes de Moreira robó recursos públicos que posteriormente fueron depositados en cuentas bancarias de ese país; Muñoz fue otro de los señalados por González de haber robado recursos de la administración estatal, por órdenes del exgobernador. Las autoridades policiacas de Estados Unidos y España, que han trabajado conjuntamente en las investigaciones, sostienen que la pieza fundamental de Muñoz para lavar las ilícitas ganancias eran sus empresas constituidas legalmente en México. La red de negocios Documentos del Registro Público de la Propiedad de Coahuila, en poder de Animal Político, revelan que Juan Manuel Muñoz posee 15 empresas, 14 de ellas en Coahuila y una más en Querétaro, constituidas entre los años de 1986 y 2014. Muñoz cuenta con una red de 27 socios directos entre los que se encuentran hijos, esposa y hermanos; entre los años 2005 y 2012 fundó 11 de esas compañías y en casi todas aparece como socio mayoritario o administrador único. De total de sociedades, 7 tienen como giro la venta, almacenamiento y distribución de combustibles, 3 de ellas han sido concesionadas por PEMEX; 2 de esas compañías han recibido 6 contratos por 8.6 millones de pesos de la delegación del IMSS de Coahuila. Los contratos con el IMSS se entregaron por adjudicación directa, entre los años 2015 y 2016, cuando Muñoz ya era investigado por la PGR por su nexo con los Zetas y por su participación en la compra-venta de combustible robado a Pemex. En el caso de la Estación de Servicios Fuyivara, cuyas oficinas centrales se encuentran en Saltillo, recibió contratos por 5.1 millones de pesos, aun cuando el principal accionista de Muñoz, Ricardo Fuyivara, tenía poco más de 2 años preso por sus nexos con los Zetas.
En la actualidad, se trata del único negocio que ha sido asegurado por la PGR, dependencia que el pasado 17 de agosto realizó un operativo en la sede central de la estación de combustible.
Los socios La constitución de este negocio es un ejemplo de cómo Muñoz operaba a través de familiares y personas vinculadas a los Zetas. La sociedad originalmente fue creada en 1999 por Blanca Margarita Ayup, esposa de Muñoz, así como por los hermanos Israel y Ricardo Fuyivara, el segundo detenido por la Marina en la Ciudad de México (CDMX) en 2012. La captura de Fuyivara se dio en el marco de un operativo militar, en el que otras 4 personas fueron detenidas por sus vínculos con los Zetas en dos hechos diferentes. Fuyivara fue detenido con poco más de 880 mil dólares en efectivo, cuando se encontraba en un céntrico hotel de la CDMX, y lo que declaró en esa ocasión es que el dinero se lo había pagado Muñoz por la supuesta venta de sus acciones de la Estación Fuyivara. Otro de los socios de Muñoz en los negocios es su hijo Luis Javier Muñoz Ayup, con quien fundó 2 empresas gasolineras; Muñoz Ayup es dueño de una tercera sociedad gasolinera en la que se encuentra asociado con Gerardo Garza Melo, exsecretario de Gestión Urbana con Rubén Moreira -el de la llamada interceptada en España. Juan Cuitlahuac Martínez Hernández, apodado “El Bebe”, investigado por la PGR por delincuencia organizada, era otro de los socios de Muñoz. Con este personaje creó la compañía “El Compadre Juan”, negocio dedicado -entre otras cosas- a la comercialización nacional e internacional de productos y bienes naturales y agrícolas.
Lo que sospechan las autoridades españolas y norteamericanas que investigan a Muñoz, es que para blanquear las ilícitas ganancias contaba con una amplia red de socios y empresas en México que le permitía reinsertar los recursos; red que a más de 7 meses de su captura no ha sido investigada en su totalidad por las autoridades mexicanas, quienes solamente han asegurado unas de sus 15 compañías, mientras que la mayoría de sus socios siguen sin ser llamados para rendir cuentas de los negocios que lo llevaron a convertirse en un exitoso empresario en Coahuila y en el publicista favorito de Humberto Moreira. ACTAS CONSTITUTIVAS DE LAS EMPRESAS DE JUAN MANUEL MUÑOZ LÚEVANO. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/mono-munoz-narcotraficante-empresas/
Los estudiantes y empleados de la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes, ubicado en Naucalpan, Estado de México, están rodeados de un ambiente de inseguridad. El miércoles 12 de octubre fue secuestrada una alumna saliendo del plantel. Días antes otra había sido privada de su libertad mientras manejaba cerca de la zona. Otros estudiantes han sido asaltados en el puente peatonal que conecta con el plantel, cerca de las instalaciones o durante el trayecto. Ante esa situación, la comunidad estudiantil ha exigido el servicio de transporte escolar con diversas rutas. Aunque las autoridades accedieron después de dos reuniones y “mucha presión”, no hay horarios para la tarde y algunos estudiantes coincidieron en que la violencia sobrepasa las medidas de vigilancia implementadas por su escuela.
“Empezó a circular un mensaje donde decían que habían secuestrado a una estudiante afuera de las instalaciones de la escuela y se entró en pánico”, narró una joven de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Lomas Verdes. Semanas antes, otra alumna que manejaba su automóvil por la zona también fue privada de su libertad. Días después, cuatro sujetos asaltaron una tienda departamental a pocos metros de la entrada del plantel.
“No es la primera vez que se genera un ambiente de inseguridad por el que se tengan que hacer mesas redondas. Hace cuatro o cinco años, cuando la entrada a la universidad era en la calle de al lado, había robos, secuestro exprés y extorsiones. Es una situación que se está repitiendo a pesar de que tienen experiencias previas”, destacó Moisés, un estudiante que conversó con SinEmbargo. “No tienen las capacidades de reacción. La Directora de Operaciones prometió resolver el problema, pero mientras tanto, pidieron seguir yendo y pagando las colegiaturas para que las becas no se afecten”.
Moisés sabe sobre el caso de una persona a quien asaltaron hace un mes en el puente peatonal que cruza hacia la universidad. En la primera semana de septiembre a otro de sus compañeros, quien viajaba por la noche en su coche en la esquina del campus, lo amenazaron con una pistola y le quitaron sus pertenencias. Rodrigo, otro alumno del campus, ha estudiado durante casi cuatro años en la universidad, tiempo en que lo han asaltado cinco veces. En dos ocasiones, contó vía Facebook, en el transporte que toma para trasladarse hacia Avenida Periférico y tres veces durante el trayecto hacia su casa. A una alumna de Diseño la asaltaron junto con su amiga en Lomas Verdes hace dos semanas…
El mismo miércoles 12 de octubre en que la estudiante de noveno semestre fue secuestrada a unos pasos de la UVM, el gobierno mexiquense lanzó horas antes un programa de seguridad en el cual desplegó más de tres mil elementos del Ejército, la Marina y Policía Federal en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Chalco, Tecámac y Chimalhuacán, los ocho municipios con mayor incidencia de delitos. De enero a septiembre, en el Estado de México se han registrado 47 mil 260 robos; 2 mil 025 homicidios y 188 secuestros. Naucalpan tiene el reporte de más de 2 mil mujeres desaparecidas en 18 meses y los recientes feminicidios de Karen Esquivel y Adriana Hernández. Este lunes, la UVM hizo “un llamado urgente” al Comisionado de Seguridad, Renato Sales; al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; y al Presidente Municipal de Naucalpan, Edgar Olvera Higuera, para que incrementen las medidas de seguridad en la entidad, una de las que concentra los mayores delitos a nivel nacional.
“En los últimos meses, los miembros de esta comunidad universitaria han sido víctimas de diferentes tipos de delitos; somos testigos de una preocupación seria sobre la seguridad en sus viviendas, vías de comunicación y otros espacios de negocio y convivencia”, publicó la escuela en un desplegado en la prensa.
El 27 de octubre, publicó en Twitter el panista Olvera, hubo una reunión con autoridades de la UVM “para explicar acciones de seguridad en conjunto y salvaguardar el bienestar de su comunidad”. En entrevista con Radio Fórmula, declaró que recibió “uno de los 50 municipios con mayor índice de criminalidad y de incidencia delictiva”, por lo que han tomado medidas en materia de infraestructura y servicios públicos.
“Se firmó el Mando Único y se hizo la base de operaciones mixtas con el Ejército porque 2 mil 600 elementos de seguridad pública no pueden cuidar más de un millón de almas en el municipio de Naucalpan”, afirmó el Alcalde.
Edmundo Padilla, de la asociación civil Moviendo Naucalpan, afirmó que el ambiente de inseguridad se debe a “la falta de capacidad” del actual comisario, quien realiza “actos de corrupción” a través de las cuotas y no tiene un plan integral. El gobierno municipal culpa al estatal y federal a pesar de que la ley sostiene que la seguridad también es su responsabilidad, añadió. SinEmbargo solicitó una entrevista con el Rector de la UVM o con la Rectora del campus Lomas Verdes, pero el área de comunicación dijo que se encontraban “supervisando” un proceso de acreditación ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). De acuerdo con Moisés, todos los directivos les han solicitado ser cuidadosos al hablar con la prensa para “no dañar” la imagen de la UVM. Ha visto medios de comunicación llegar al plantel con cámaras, pero “por órdenes de la Rectora” impiden su entrada.
“Es irónico que salga este desplegado exigiendo la seguridad. Ya vieron que están sumamente rebasados. Trataron de hacer lo mejor que pudieron. Llamaron policías y dieron un curso sobre qué hacer ante un asalto”, dijo.
El encargado de comunicación de la institución académica envió a este sitio la postura de la institución, la cual también ha compartido a alumnos que han comentado su preocupación en la página de Facebook del plantel campus Lomas Verdes. Aunque la UVM ha adoptado “medidas preventivas” y ha sostenido reuniones con autoridades locales para pedir mayor seguridad, el comunicado resalta que la responsabilidad del campus en materia de seguridad “se limita a sus instalaciones y el perímetro alrededor de ellas”, ya que la seguridad de todos los ciudadanos es obligación “de las autoridades”.
“ME LLEGARON A TOCAR BALAZOS” El viernes 14 de octubre, dos días después del secuestro de una de sus alumnas, UVM campus Lomas Verdes organizó una reunión, a la cual no acudió la Rectora Graciela Romero Cambrón. De acuerdo con Moisés y otra estudiante, no se obtuvieron soluciones durante el encuentro. “Fue la Directora de operaciones, el Administrador del campus y el Director de seguridad privada. Ante la mala organización, los padres de familia de otras escuelas lograron entrar y fueron a reclamar al policía del Estado de México que asistió. Traía su discurso ya hecho y repetitivo. Pero cuando le preguntaron sobre solucionar el problema, no dio ninguna respuesta”, afirmó Moisés.
“No se llegó a nada porque muchos papás daban testimonio de lo que pasaba, pero la escuela se limitaba a decir que no podían hacer nada y que [el Gobernador] Eruviel no les hacía caso”, añadió otra alumna en entrevista.
Ese viernes, la UVM Lomas Verdes informó a la comunidad universitaria que contrató a dos elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan para vigilar la periferia del campus durante todo el día de lunes a sábado; y una patrulla de vigilancia privada realiza rondines. Además, expuso, cuentan con el apoyo de elementos de seguridad del municipio, incluyendo recorridos del Comisionado de la Secretaría de Seguridad municipal. Ahora todos los alumnos están obligados a ingresar al Campus con su credencial. No obstante, los estudiantes manifestaron su desacuerdo con las medidas y una alumna exigió que se aplique en todos los campus de la UVM. “La última clase debería terminar a las 8 o 9 de la noche a más tardar. Salir a las 10 es exponer a su comunidad. A mí me llegaron a tocar balazos afuera y asaltos a las 10, y no estaba tan terrible la situación. Piensen que no sólo es salir y ya. Es el trayecto a sus casas también”, escribió una usuario de Facebook. “Cómo es posible que teniendo el potencial de adquisición no alumbren donde está el estacionamiento viejo. La mayoría de sus estudiantes deambulan ahí y sería excelente ayuda que mantuvieran alumbrado toda esa calle desde la Av. Lomas Verdes”, expuso otra.
La madre de una alumna pidió brindar transporte de bajo costo “al menos dentro de las colonias de la zona. La policía de Naucalpan es más corrupta que los mismos maleantes”, dijo.
El 18 de octubre se llevó a cabo una segunda reunión en el auditorio del campus. Aunque esa vez se contó con la asistencia de la Rectora, ambos estudiantes contaron que se limitó a decir que “no era su culpa” lo que sucedía afuera del plantel y que tenía que acordar con los dueños porque ella no administraba el dinero. A raíz de ese encuentro, se contrataron diez elementos más de seguridad privada y tres patrullas. No obstante, Moisés cuestionó que los retenes son “muy aleatorios”, que los elementos del Ejército y de la Comisión Estatal de Seguridad solo “están media hora y se van”, y los policías municipales solo están parados platicando. EXIGEN TRANSPORTE ESCOLAR Una estudiante del plantel fue quien propuso poner transporte escolar por diversas rutas. El administrador aceptó “después de bastante presión”, sin embargo el servicio no se ofrecerá por la noche y no será gratuito. “Se propuso que salieran camiones de la universidad por diversas rutas para no ir solos y porque hay grupos que tienen clases hasta las 10 de la noche, hora en que ya no pasa el transporte público. Se dio respuesta hasta la semana pasada, pero solo lo pondrán para los que entran a las siete de la mañana y para los que salen máximo a las cuatro de la tarde. Están buscando una forma fácil de deslindarse del problema”, declaró una estudiante del campus. A partir del primero de noviembre comenzará el servicio en diferentes rutas y se ofrecerá 50 por ciento de descuento.
Aunque la mayoría aplaudió el anuncio, una usuario destacó: “Falta el horario de la tarde”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2016/3109921
La PGR asegura que cateó el rancho San Francisco, en Chiapas, después de que el padre Alejando Solalinde aseguró que allí estaba escondido el prófugo Gobernador con licencia, Javier Duarte; sin embargo no fue localizado, informó la autoridad en un comunicado.
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon el rancho San Francisco, en Chiapas, en busca del Gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa; sin embargo “no lo localizaron”, informó la dependencia en un comunicado oficial. Después de que el padre Alejando Solalinde aseguró que el prófugo Gobernador está escondido “en el rancho de su suegro”, ubicado cerca de la comunidad de Villa Flores, en el estado de Chiapas, la PGR, -afirma- realizó la revisión en el citado predio. “La Procuraduría General de la República informa que, en atención a las versiones divulgadas a través de las redes sociales, en las primeras horas del día de hoy, personal de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información consistente en que en ese lugar se encontraba oculto el gobernador con licencia Javier “N” y, en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en su contra” señala el boletín de prensa emitido hoy. Los policías no tuvieron complicaciones para ingresar puesto que trabajadores permitieron el acceso, señala la autoridad. También asevera que después de una “búsqueda minuciosa, no localizaron a Javier “N”, por lo que se retiraron a las 04:00 horas de esta misma fecha”. Ayer el Padre Solalinde publicó en su cuenta de Twitter una imagen de la geolocalización del rancho llamado San Francisco, y la acompaño con el siguiente texto: ¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”. Posteriormente, en conversación con Efe, Solalinde confirmó la denuncia que hizo a través de la red Twitter, donde escribió el mensaje “¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas”, acompañado de una foto de la geolocalización en un mapa de una zona que corresponde a un rancho llamado San Francisco. El sacerdote aseguró que esta información la recibió de una persona que, al igual que en muchos otros casos, le confió los datos “por estar defendiendo derechos”. “Si es una fuente muy segura me cercioro y [en el caso de Duarte] puedo decir que sí; es una información que me dieron a mí”, añadió.
Afirmó que aunque él publicó la información, “al Gobierno le toca no andar ocultando más a esta persona”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110219
En los últimos dos años, la administración federal ha basado su política económica en la austeridad. Sin embargo, en este lapso las acciones muestran un comportamiento muy diferente al discurso, plantearon analistas económicas. Tanto la Presidencia de la República como varias secretarías de Estado insisten en conservar privilegios que no tienen nada qué ver con la realidad que viven millones de mexicanos, destacaron. También expusieron que, a pesar de que tienen trabajos bien pagado, con todas las prestaciones que la Ley otorga y además otros “apoyos” como automóviles, chóferes, seguros de gastos médicos, seguridad personal, despensa, celulares y hasta el pago de la tintorería, la alta burocracia es incapaz de solidarizarse en un momento en que el país está sumido en una crisis económica.
Luego de dos años de recortes presupuestales, de cancelación de obras públicas relevantes, de una deuda histórica, de un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento y con 53 millones de pobres, las alarmas de la economía mexicana están encendidas. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el discurso de “austeridad” y de “apretarse el cinturón”, que ha repetido el Gobierno federal en los últimos años, no ha tocado a la alta burocracia ni a la oficina y la casa donde vive y despacha el Presidente Enrique Peña Nieto. En tiempos de desafíos, con una deuda que esta administración ha disparado a niveles históricos, si hay un círculo que parece estar intacto ese es el de los altos funcionarios y quienes trabajan de forma más cercana con el Ejecutivo federal, ya que a pesar de las dificultades económicas del país casa año se han asignado un presupuesto mayor, destacan. Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Bravo Olivares, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidieron en que el actual Gobierno federal no sólo incurre en ilegalidad cuando endeuda de manera exorbitante al país, sino también en una falta de ética por los niveles de desigualdad social que se observan en México. El 28 de octubre pasado, la SHCP reconoció que en el tercer trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno federal se situó en 35.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.6 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.0 por ciento del PIB. La deuda de México alcanzó 35 por ciento del PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis de grandes dimensiones que no sólo afectó al país sino que contagió al resto del mundo.
De acuerdo con el Informe Trimestral del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Presidencia de la República gastó 11 millones de pesos más de lo que el Congreso de la Unión le aprobó para el ejercicio fiscal 2016. Además, la Secretaría de Turismo, actualmente comandada por Enrique de la Madrid Cordero, registró un gasto 50.7 por ciento mayor, seguido de la Secretaría de Función Público (SFP), ahora liderada por Arely Gómez González, con 50.5 por ciento más. En general, en todos los Ramos Administrativos, que son también todas las secretarías federales, el gasto tuvo una variación a la alza de 12.3 por ciento. Además, de acuerdo con el Informe Trimestral de la SHCP, el gasto de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, pasó de 837 mil 769 millones 370 mil 829 pesos a 872 mil 721 millones 372 mil 711 pesos, en rubros señalados como “Otros bienes inmuebles”, que no incluyen terrenos, viviendas y edificios no habitacionales. Ese gasto corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte [donde la cifra pasó de 66 mil 450 millones 748 mil 621 pesos a 69 mil 512 millones 757 mil 560 pesos], así como Equipo de Defensa y Seguridad [que aumentó de 18 mil 540 millones 348 mil 500 pesos a 23 mil 726 millones 054 mil 934 pesos–. Mientras tanto, el gasto total de las Empresas Productivas del Estado –las que más aportan a los ingresos fiscales de la hacienda pública– se redujo. El de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una variación real de -11.8 por ciento y el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de -0.2 por ciento. Las cifras de gasto, además, también revelan que estas empresas, pese a su delicada situación financiera, han gastado en rubros que no necesariamente tienen que ver con productividad. Por ejemplo, hay contratos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) para un “Evento fiesta de seguridad” de la CFE en el Manzanillo Holdings, por el que se pagaron 31 mil 400 pesos hace cuatro meses. El resto de las dependencias, también hacen gala de dispendio, si se revisan a detalles algunos de los contratos contenidos en el POT. En agosto pasado, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 47 mil 401 pesos para la presentación de la remodelación del Puerto de Veracruz en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana de la Avenida Paseo de la Reforma. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también pagó en mayo pasado 45 mil pesos por alimentos en la oficina, o en marzo, cuando erogó 39 mil 059 pesos por servicios de tintorería. La propia SHCP, dependencia que se encarga de administrar los recursos públicos, tanto ingresos como egresos, no se queda atrás: pagó 294 mil 151 pesos para la Celebración de la Reunión de Análisis de “la estrategia” –no se sabe cuál–, de acuerdo con lo que reporta el contrato ubicado en el POT. Los gastos de la burocracia no terminan ahí. Durante todo 2015, la Presidencia de la República y las 18 secretarías gastaron 11 millones de pesos diarios en publicidad, un total de 4 mil 055 millones 699 mil 689 pesos, de acuerdo con un corte realizado por SinEmbargo con base en solicitudes de transparencia. El último reporte de la Secretaría de la Función Pública, la Partida 33605 de Información en Medios Masivos, al 10 de agosto pasado, planteó que el gasto en el rubro fue de 724 millones 869 mil 521 pesos. Por otro lado está la seguridad social de la clase política. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda no propuso un aumento en el sueldo base de Enrique Peña Nieto, pero sí para dos de las prestaciones que el Estado le brinda al Presidente: su ayuda para despensa y el seguro de gastos médicos mayores. En conjunto, estos rubros le sumarán a sus percepciones brutas cerca de 13 mil 843 pesos, debido a que recibirá mil 200 pesos extras para Ayuda para despensa y 10 mil 315 pesos por Seguro de gastos médicos mayores. Así, la remuneración total del Primer Mandatario para 2017 será de 3 millones 002 mil 971 pesos. Es decir, que para el siguiente año el Primer Mandatario tendrá en ambos rubros 6 mil 780 pesos y 27 mil 935 pesos, respectivamente. La acción se repitió tanto para sus colaboradores como para otros órganos del Gobierno federal, como los vales de fin de año de los Secretarios de Estado, o también la gratificación de fin de año de Lorenzo Córdova Vianello, Comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras, la discusión sobre el salario mínimo de los trabajadores mexicanos –que está entre los más bajos en América Latina– toma fuerza por el anuncio del aumento que año con año anuncia la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Hace un año, con todo y la unificación de las dos zonas en que el país estaba divido, esos organismos decretaron un aumento de 2.94 pesos, para quedar en 73.04 pesos diarios. Ese salario se toma como referente para fijar prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional o el ahorro voluntario. ¿CUÁL CINTURÓN? Desde la perspectiva de Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, no se ve que los gobernantes estén recortando sus gastos y sus partidas personales. Sólo están cuidando a la burocracia, acto que agudizará una crisis política que ya se vive.
“Ya que no se van a apretar el cinturón deben acatarse al dinero al que se les dio. Ya es un aspecto moral, ético. Si el país está pasando en lo que yo considero una de las etapas más difíciles, realmente la crisis que vivimos es similar a las de los años 80, donde la crisis fue económica, política y social”, comentó Villarreal.
Todo se conjunta, expuso, en “la crisis económica –de la cual no hemos salido–, la crisis social que está vigente y ahora debemos añadir la crisis política”. Para Alfredo Bravo Olivares, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay algo aún más grave que la falsedad del discurso y son los ingresos extraordinarios que el reporte bimestral reporta de las secretarías, que se manejan con un presupuesto asignado.
“Es grave porque hay dos opciones: o se está enviando a gasto corriente los recursos que estaban destinados a otras áreas o te estás endeudando. Y esa deuda está sirviendo para financiar el gasto corriente”, consideró Bravo Olivares.
El problema, dice, es que están gastando más de lo que se presupuesto y lógicamente hay un desequilibrio que a la larga se convierte en la reducción o eliminación de otros programas o en deuda. Ambas cosas impactan a los contribuyentes. La respuesta a estos comportamientos sería un impedimento para que las secretarías y Presidencia pudieran rebasar su tope presupuestal; el encargado sería el Congreso de la Unión, pero no cuenta con mecanismos legales para poder llevar a cabo medidas de control sobre la base de la cuenta pública. El tiempo pasa y lo único que se logra hacer son observaciones. “Lo importante es que se pudiera actuar con el órgano de fiscalización que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que el Congreso pudiera intervenir. El dinero que ahorita están gastando de más impactará a otros programas en el futuro. El sector salud ha tenido una reducción en su gasto durante los últimos dos años y eso se traduce en clínicas que no sacan radiografías, sin equipo, no se pueden hacer análisis… ahí no hay para hacer gastos, pero en Presidencia de la República sí”, agregó. Para el economista, este “gasto discrecional” tiene también alcances legales, ya que se tiene que ver de dónde viene el dinero excedente o si se está incrementando la deuda, lo que resultaría ilegal. “Se supone que por eso tienen una asignación programática que tienen que respetar. Ya no es sólo que no sea ético, están cayendo en la ilegalidad y el uso que le están dando al presupuesto es por completo cuestionable, pero a fin de cuentas, se carece de una figura que investigue esos actos, los periodos fiscales siempre se terminan revisando casi dos años después y ya no sirve de nada. No hay un mecanismo de congruencia entre los mecanismos de evaluación y de control de la asignación de los recursos públicos”.
EL PRESUPUESTO AUSTERO DE 2017 El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 mostró mínimas variaciones en el gasto destinado a cada una de las secretarías, pero son cinco las dependencias que salieron peor libradas. Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tendrá una reducción en su presupuesto de 26.13 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 26.72 por ciento; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 20.71 por ciento; Pemex, de 18.05 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un recorte de 14.03 por ciento. A estas cinco dependencias, en conjunto, se les restaría un total de 384 mil 821 millones 013 mil 227 pesos, en caso de que este documento se apruebe así en los siguientes 15 días. Para Villareal Páez, el presupuesto para el año que viene contempla una serie de reducciones, no nada más en Presidencia sino también en rubros más sensibles y que tienen un mayor impacto social, como educación, salud o infraestructura en ciertas poblaciones, “normalmente, en los presupuestos anteriores se habían dejado intactos o con una partida presupuestal casi similar o un poco incrementada. Sin embargo, hoy día en términos generales el presupuesto contempla una serie de reducciones que van a tener definitivamente un impacto importante”, dijo.
“Yo no veo que se aprieten el cinturón, no sé de qué manera lo estén haciendo. Cualquier persona, a nivel de su presupuesto personal y familiar, nos reducimos gastos y nos apretamos el cinturón a la fuerza, pero el Gobierno federal no, no se ve de dónde. Independientemente de las reducciones, nos damos cuenta que constantemente hay aspectos de corrupción, fraudes, elevación del costo de las obras y entonces vemos que una cosa es el discurso y otra la realidad. No respetaron el presupuesto que se les otorgó”, sostuvo.
En entrevista con SinEmbargo, Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que lo que se ha visto reflejado en el ejercicio del presupuesto, tanto en el de 2015, en el que se hicieron los recortes y en el actual con los ajustes, existe, por un lado, una contracción importante en la inversión pública que es aquella que puede incentivar el crecimiento económico, y por otro lado, que existe una reasignación del gasto que quiere favorecer los servicios generales o los gastos de operación, como el dinero destinado a publicidad. “El problema que tiene la política fiscal en México va más allá de la reducción en los gastos de operación, ya que también existe un reducido espacio fiscal debido a la presión que existe para la asignación a pagos que se podrían considerar ineludibles como lo es la obra pública, las participaciones a los estados, las pensiones […] El recorte del Gobierno federal no es suficiente y el resto de las instituciones también deberían tener modificaciones a su gasto”, dijo Villa Juárez. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110132
