El gobierno federal pretende despojar a los comuneros de San Blas Atempa, Oaxaca, de sus tierras para la instalación de una subestación que servirá para abastecer de energía al parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin antes llevar a cabo el proceso de consulta indígenas, denunciaron comuneros y el presidente del Frente Unido de comunidades Oaxaqueñas (Fuco), Antonino Morales.
Se pretende que el abastecimiento de energía provenga de una subestación ubicada en terrenos comunales de San Blas Atempa, agregaron, además de que el gobierno ha hecho uso de la fuerza pública, la represión y las amenazas para que las autoridades federales logren ingresar en la zona.
Antonino Morales señaló que el presidente de la comuna, Inocencio Patiño, falsificó las firmas de los comuneros y vendió terrenos sin la anuencia de la asamblea comunal.
“Los comuneros exigen al presidente de la comisaría cuentas claras y rendir la información precisa, no podemos aceptar dar nuestros terrenos para una subestación sin antes consultar al pueblo, eso lo contempla las leyes mexicanas y las normas internacionales”, expresó Morales.
“Sabemos que el comisariado ha recibido mucha cantidad de dinero y por ello falsificó un acta de asamblea con firmas falsas de aproximadamente 400 comuneros, no nos da la cara, por eso exigimos una explicación, no podemos seguir con mentiras cuando se trata de un proyecto que avala el gobierno federal”, añadió.
“No vamos a permitir que la obra siga su trayecto porque es ilegal, los documentos son falsos y no hubo consulta previa”, aseguraron los comuneros, quienes responsabilizaron a la Sedena, al gobierno de Gabino Cué y al presidente Enrique Peña Nieta de los hechos.
Especificaron que el parque eólico de la Sedena, nombrado “Granja Sedena”, lleva más de dos años de construcción bajo el cargo de la empresa Tradeco, mientras que los aerogeneradores que se montaron son responsabilidad de la empresa danesa Vestas.
A mediados de finales de septiembre, propietarios de bienes comunales en San Blas Atempa llevaron a cabo una manifestación en los terrenos en los que el personal de las empresas intentaron la construcción de la subestación eléctrica, y exigieron con machetes y palos en mano “ser tomados en cuenta”.
Luego de evitar que la empresa Gamesa iniciara las obras de construcción, los propietarios bloquearon por alrededor de 30 minutos la carretera federal Panamericana, con el propósito de demandar una mesa de diálogo con el gobierno estatal y la empresa eólica.
“Nosotros lo único que pedimos es una mesa de diálogo, que se firme una minuta de compromisos, esta obra es de gran impacto, afectará algunos caminos y tierras, necesitan escucharnos y nosotros a ellos”, explicaron.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/denuncian-despojo-tierras-subestacion-parque-eolico-oaxaca/
México forzó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) a posponer la evaluación nacional sobre las políticas aplicadas para garantizar los derechos de las mujeres, a pesar de que los niveles de violencia de género incrementaran en todos los estados del país.
El Comité, integrado por 22 expertas y un experto de países como Brasil, Cuba y Perú, tendría que evaluar al gobierno de Enrique Peña Nieto durante su 65 periodo de sesiones en Ginebra del 24 de octubre al 18 de noviembre. Por su parte, el gobierno mexicano debió entregar su informe nacional el pasado 1 de julio y, al incumplir con ese plazo, corrió un lapso automático de 60 días hábiles, que también expiró.
Gracias a lo anterior, el examen se llevará a cabo en el 2017, cuando el Comité, responsable de velar por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sostenga tres periodos de sesiones en febrero y marzo, julio y octubre y noviembre, así como reuniones preparatorias del Grupo de Trabajo en marzo.
De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), cada día mueren al menos 7 mujeres por asesinato en México, la mayoría de las veces a manos de sus parejas o familias, aunque también por personas no identificadas debido a la falta de investigaciones e impunidad en los casos. Tan sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se reportaron mil 530 feminicidios entre 1993 y el 2014.
Por su parte, el colectivo México Suma indicó que en el estado de México, de 2006 al 2013 se registraron 2 mil 837 asesinatos de mujeres.
De acuerdo con el OCNF, el Estado de México ocupa el primer lugar en agresiones a mujeres, seguido de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas.
En el caso de Puebla, es el noveno estado con mayor número de feminicidios en México y el primer lugar en casos de mujeres desaparecidas.
El pasado 19 de octubre, México se unió al paro internacional contra los feminicidios y la violencia de género, y para exigir el acceso a la justicia para las víctimas y familiares junto con otros países como Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay, pues de acuerdo con la Declaración de Ginebra sobre la violencia armada y el desarrollo, América Latina es la región con mayor número de feminicidios y casos de agresión contra las mujeres.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/mexico-forza-posponer-evaluacion-sobre-derechos-de-la-mujer/
Las únicas armas para enfrentar a los delincuentes son palos, incluso hay reportes que indican acoso sexual a mujeres residentes de la zona.
Cansados de los robos en sus viviendas y la falta de respuesta rápida de las corporaciones policiacas, un grupo de vecinos de la colonia Fovissste decidieron crear un grupo de vigilancia al que denominaron “Fuerza Fovissste”, con el fin de atrapar a los ladrones.
El vocero del grupo de vecinos, Marcos Ramos, dijo que ante el hartazgo de la pasividad de la policía municipal que no atiende el llamado, un grupo de habitantes del sector, decidieron hacer sus propios rondines por el sector, con el fin de prevenir robos en las viviendas que se encuentran solas durante el día, cuando sus moradores se encuentran trabajando.
Las únicas armas para hacer frente a los “amantes de los ajeno”, es con palos, porque incluso se tienen reportes de que han hecho tocamientos a mujeres residentes de este sector.
“Colocamos cartelones por toda la colonia para prevenir a los ladrones; si los llegamos a encontrar les aplicaremos nuestra propia ley y después los entregaremos a las autoridades”, aseguró el vocero de los vecinos.
Aseguran que en los últimos 25 años, en la colonia no se habían registrado robos en las viviendas, sino que es en los últimos meses se ha incrementado, sobre todo porque hay una deficiencia de alumbrado público así como la falta de policías, a pesar de que hay una caseta de vigilancia, pero está cerrada, y se utiliza solo como bodega para guardar despensas.
FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN/JOSÚE RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-11-2016/3110689
El petróleo, el principal activo de la economía mexicana, ha sido entregado a, principalmente, extranjeros. Desde su campaña a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y su grupo ya se habían comprometido a entregar el control de la industria petrolera nacional a los Estados Unidos de América (EUA).
Y no es que Felipe Calderón Hinojosa no lo hubiera querido hacer también, es que de alguna manera el mismo grupo de Peña Nieto se lo impidió cuando aún eran oposición.
Pero ese grupo del PRI no se lo impidió por amor a la patria o porque quisieran preservar al patrimonio de todos los mexicanos, sino porque querían reservarse para ellos la realización de esta privatización en el siguiente sexenio, en el suyo; querían ser ellos personalmente quienes se quedaran con las ganancias económicas que generaría vender nuestro petróleo a compañías extranjeras.
Esta privatización es en esencia un debilitamiento de la soberanía nacional, pues el control de la producción de hidrocarburos es la base de la soberanía energética de cualquier país y uno de los tres pilares de la soberanía en sí. Me refiero a la soberanía militar, alimentaria y energética. Quien depende de otro país en uno o más de estos aspectos no puede llamarse país soberano, pues las decisiones para su supervivencia ya no son exclusivamente suyas. México carece de soberanía alimentaria y energética, y muy pronto también de soberanía militar.
Cuando este debilitamiento de la soberanía nacional es premeditado y ventajosamente ejecutado por un grupo de ciudadanos mexicanos, como ha sido en este caso, estamos además ante un caso de traición a la patria. Hay quienes, mediocremente, creen que esta entrega del petróleo mexicano tenía que darse por las buenas o por las malas; porque, según ellos, los EUA obtienen lo que quieren en el mundo ya sea por la vía de la negociación, de la presión, del boicot o hasta por medio de la guerra, y que dada nuestra inferioridad militar respecto de ellos, sostienen, no nos quedaba más que rendirnos.
Falso, de ninguna manera es válido ese cobarde argumento. Un planteamiento tan derrotista como ese sólo puede caber en mentes demasiado pequeñas, carentes de dignidad y sentido del honor. Si así fuera, ante una presión creciente de EUA –como de cualquier otro país- el gobierno mexicano aún podía haber echado mano de la diplomacia, de la negociación internacional, de la defensa en foros internacionales, de la alianza geopolítica con otros países, en fin, aún quedaban mil recursos por agotar.
Pero no se hizo uso de esos recursos porque, más que por presión de los EUA sobre nosotros, la privatización del petróleo nacional se realizó por la ambición y corrupción sin escrúpulos de este grupo de delincuentes que actualmente usurpan el gobierno de México.
Considero que la responsabilidad de esta traición tal vez no deba recaer directamente sobre todo el aparato político-burocrático del PRI, sino más precisamente sobre una parte de su cúpula; en concreto, en la parte que Saúl Álvarez Mozqueda [2] identificó como el grupo obregonista. El grupo obregonista lo conforman los herederos políticos de las fuerzas del Gral. Álvaro Obregón, que en las décadas recientes ha estado representado por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, herederos consecutivos uno de otro.
Por eso no es extraño encontrar en el gabinete de Peña Nieto a muchos ex-funcionarios y políticos provenientes del sexenio de Salinas de Gortari. Por eso es tan fácil encontrar elementos comunes en los gobiernos de Díaz Ordaz, Salinas de Gortari y Peña Nieto; por ejemplo, la disidencia controlada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), activa sólo en los sexenios de Salinas y de Peña; o el uso de las mismas técnicas de desapariciones forzadas y la recurrencia sin reparo a crímenes de Estado entre estos tres sexenios, como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 (Díaz Ordaz), el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 (Salinas de Gortari), la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 (Peña Nieto), por citar sólo algunos ejemplos.
Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Caso, Emilio Lozoya Austin, Pedro Joaquín Coldwell, así como todos los diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM y PANAL y sus contrapartes en los congresos locales que premeditaron y aprobaron esta Reforma Energética ya tienen asegurado su lugar en la historia de México: traidores a la patria.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO SALDAÑA ZORRILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2016/3110155
La administración del gobernador Javier Duarte pagó a 21 empresas fantasma más de 431 millones de pesos por distintos bienes y servicios que no se entregaron en 2015, concluyó el Congreso de Veracruz, que ordenó a la auditoria estatal interponer una nueva denuncia penal en contra de los servidores públicos que resulten responsables.
El dictamen aprobado de la Cuenta Pública 2015, del cual Animal Político tiene copia, advierte que este caso no es aislado pues “se encuentra vinculado” con el de más de 30 empresas fantasma revelado por este portal informativo, y que ya dio paso a una primera denuncia penal interpuesta por los auditores locales en agosto.
En su análisis, los legisladores consideraron que los hechos descubiertos por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz evidencian hechos que ameritan una investigación ministerial inmediata, sin esperar a los procesos de sanción administrativa que correspondan.
“Dicha consideración resulta del examen de los actos que motivan el probable daño patrimonial al haberse detectado 21 contratos celebrados con igual número de empresas, las cuales durante el proceso de fiscalización no fueron localizadas en el domicilio señalado en contratos, ni mucho menos el Representante Legal”, indica el dictamen de la Comisión de Vigilancia en la página 48.
El monto de los contratos que recibieron esas compañías es de 431 millones 431 mil 445 pesos. Todos los recursos provenían de la Secretaría de Desarrollo Social y los conceptos de los mismos eran despensas para población posiblemente damnificada, cobijas, materiales, entre otros.
El dictamen destaca que, dentro del procedimiento de comprobación de los recursos asignados a estas partidas, el gobierno estatal no aportó documentos básicos como, por ejemplo, la solicitud de los apoyos que justifique la adquisición de estos productos, ni evidencia de la selección de los supuestos beneficiarios.
“En los casos donde hay listas de beneficiarios no existe evidencia de que los apoyos se hayan entregado” dice el dictamen. Lo anterior pese a que los recursos si fueron etiquetados y pagados a las empresas.
Animal Político publicó el pasado 11 de octubre, que entre los contratos que están bajo investigación por la posible asignación de los mismos a empresas fantasma se encontraba de 200 mil cobertores y 55 despensas por un monto de 36 millones de pesos.
Estos productos se repartirían en al menos seis municipios con problemas de marginación en Veracruz. Los auditores acudieron a los mismos para verificar la entrega de los insumos, de acuerdo con documentos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, pero las personas negaron que hubieran recibido algo.
Corrupción sistemática
El dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso estableció que el desvío de recursos a través de empresas fantasma, descubierto por los auditores en 2015, no es un hecho aislado.
“Estas situaciones se encuentran vinculadas con hechos de similar naturaleza detectados y denunciados en su momento por el órgano de Fiscalización Superior y que son motivo de la integración de la Carpeta de Investigación numero C.I./FESP/261/2016-VII abierta en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos”, indica el dictamen.
Dicha denuncia fue presentada por el ORFIS a partir de una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) denotada por un reportaje publicado por Animal Político, en el que se evidencia un modus operandi con el cual se lograron desaparecer millones de pesos a través de contratos adjudicados a empresas fantasma con accionistas que eran personas de bajos recursos.
El ORFIS revisó el caso y estableció que esta red de empresas recibió en total 131 contratos entre 2012 y 2014 y que el probable desfalco ascendía a casi 950 millones de pesos. Los contratos fueron asignados por las secretarías de Educación, de Desarrollo Social, de Protección Civil y del DIF-Estatal.
En suma, tanto la red de empresas ya denunciada por el ORFIS así como la confirmada en 2015 por la Comisión de Vigilancia habrían desviado casi mil 400 millones de pesos solo de recursos estatales. La investigación sobre recursos federales corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR).
EMPRESAS FANTASMAS DE VERACRUZ
Nomina magisterial de Veracruz bajo la lupa
La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz solicitó al ORFIS que ordene al órgano de Control Interno del gobierno estatal una revisión a fondo de la nómina de maestros y empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz, luego de que la administración de Javier Duarte reportó haberles pagado más de 8 mil millones de pesos.
Los diputados dieron un plazo de 30 días al ORFIS para que se haga este requerimiento y se entregue una nómina depurada de los trabajadores de base.
El objetivo de todo este procedimiento, detalla el dictamen, es que se pueda realizar una verificación real respecto a los pagos reportados por el gobierno estatal y la base de personas que actualmente laboran en el sistema educativo del estado.
Los legisladores hicieron énfasis en que en el proceso de fiscalización el ORFIS detectó que hay falta de documentos justificativos y comprobatorios de los pagos realizados.
El tema del pago de nómina cobra relevancia ya que, bajo este concepto, la administración de Javier Duarte ha justificado el posible destino de recursos federales desviados de otras partidas.
Por ejemplo, la administración estatal debe más de tres mil 300 millones de fondos federales que estaban destinados a los 212 municipios veracruzanos. El gobernador interino Flavino Ríos dijo que el dinero se usó para pagar nómina de policías de maestros. Otro caso: dos mil 200 millones de pesos que eran para obras en 2014 fueron sacados en su totalidad de la cuenta. La justificación que se dio a la ASF es que se usaron los recursos para el pago de maestros.
Además de estos requerimientos, el dictamen aprobado ayer por el Congreso solicita a los auditores múltiples procesos de verificación administrativa e imposición de las sanciones que en su caso correspondan, por irregularidades y posible desvío de recursos en 26 dependencias y fideicomisos estatales.
El posible daño patrimonial registrado solo en 2015, de acuerdo con el dictamen de los diputados, asciende a más de 16 mil millones de pesos.
Cascada de denuncias
Las dos denuncias por el caso de las empresas fantasma en Veracruz presentadas por el ORFIS no son las únicas averiguaciones por las que deberán responder funcionarios y exfuncionarios de la administración de Javier Duarte.
Ayer, el contralor general del estado, Ricardo García, adelantó que esta semana comenzará a presentar un paquete de ocho denuncias ante la Fiscalía del Estado por lo que calificó como “un manejo desordenado” de los recursos públicos.
Las denuncias serán contra funcionarios que estuvieron al frente de la Secretaría de Finanzas en los últimos años, así como contra los extesoreros de dicha instancia. El contralor no proporcionó nombres en específico.
E SAT también presentará una denuncia penal ante la PGR. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables por haber validado facturas que amparan operaciones inexistentes con empresas fachada, lo que constituye un delito federal de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/duarte-empresas-fantasma-veracruz/
Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto recibió este mediodía en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de Veracruz, Miguel Angel Yunes, quien asumirá el cargo el próximo mes.
El encuentro se realizó como parte de las reuniones privadas que ha sostenido el mandatario para abordar la problemática específica de cada entidad y ofrecer la colaboración de la Federación.
Sólo que que en este caso se da con el panista, en un periodo en el que hay una orden de aprehensión contra su antecesor, Javier Duarte.
Se espera que esta tarde el presidente sostenga también reuniones con los gobernadores electos de Oaxaca, Alejandro Murat y de Sinaloa, Quirino Ordaz.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/02/recibe-pena-nieto-a-yunes-en-los-pinos
París. México ocupa el quinto lugar en un listado de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe publicado por la Unesco.
América Latina, con 51 periodistas asesinados en 2014-2015, es la segunda región más peligrosa del mundo para los periodistas, detrás de los países árabes, indica el informe.
En total 115 periodistas murieron en todo el mundo, especialmente en los países árabes (78), sobre todo en los conflictos de Siria, Irak, Yemen y Libia.
"Los medios y la libertad de expresión están en estado de sitio", advierte la Unesco en un informe publicado con motivo de la Jornada internacional del fin de la impunidad en los crímenes contra los periodistas.
Francia, tras el ataque contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo (8 periodistas muertos) se coloca en tercera posición detrás de Siria (13 reporteros muertos) e Irak (10).
Le siguen Brasil, México y Sudán del Sur, con siete reporteros muertos en el ejercicio de su profesión. India, Libia y Filipinas presentan cada uno un balance de seis periodistas muertos.
Desde 2006, año en que la Unesco comenzó a publicar este informe cada dos años, la institución registró la muerte de 827 periodistas, es decir uno cada cinco días. Sólo 2012 fue más mortífera que 2015, con 124 periodistas muertos.
La televisión es por primera vez el medio más afectado, con 35 muertos en 2014 y también en 2015. En 2015, particularmente en Siria, 21 periodistas que trabajaban para sitios en internet perecieron en 2015.
La Unesco advierte igualmente que, si bien la muerte de un corresponsal extranjero causa mucho revuelo, un 95% de los periodistas mueren en su propio país.
El organismo contabiliza en su balance todos los periodistas muertos, presumiendo que fueron víctimas de su profesión, quedando a cargo de las autoridades nacionales la tarea de demostrar que no fallecieron a causa de ésta, precisó un vocero.
La cifra de 67 periodistas muertos en 2015, establecida por Reporteros Sin Fronteras (RSF), sólo incluye a los profesionales muertos en el ejercicio del periodismo, precisó la oenegé. Los ataques contra los periodistas siguen globalmente impunes en un 92% de casos y menos de un caso de periodista muerto sobre diez da lugar a juicio ante un tribunal nacional, destaca igualmente la Unesco. "Consecuencia: los criminales pueden deducir que, pase lo que pase, escaparán a la justicia", deplora igualmente la agencia de la ONU para la educación y la cultura.
Destaca sin embargo que los países en los que se registran muertes de periodistas han sido más proclives a responder a encuestas que hace dos años. De 62 países interrogados, 40 respondieron a cuestionarios de la Unesco, contra 16 respuestas para 59 países concernidos en el informe anterior.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/02/mexico-quinto-pais-mas-peligroso-para-periodistas-unesco
Hubo parcialidad o falta de solidez en varias de sus resoluciones: estudiosos. Cuidaron intereses del régimen, protegieron a algunos partidos y fueron tibios con televisoras, dicen.
Los magistrados salientes del tribunal electoral suelen responder que sus sentencias hablan por ellos. Este jueves, tras haber resuelto más de 59 mil 500 asuntos, cierran un periodo en el que, según estudiosos de sus resoluciones, hubo parcialidad o falta de solidez en varias de ellas, una tendencia a cuidar los intereses del régimen y a extender un ‘‘manto protector’’ hacia algunos partidos políticos, lo mismo que tibieza con las televisoras y un afán de legislar.
Aunque advierten avances en los temas ‘‘taquilleros’’ relacionados con la equidad de género, candidaturas independientes y derechos políticos de los indígenas, también encuentran aspectos débiles o bandazos cuando los seis magistrados de la sala superior abordaron dichos expedientes.
En la recta final de su encargo, el magistrado Manuel González Oropeza asegura que fueron imparciales y si bien respeta las críticas las califica de ‘‘generales. No atienden la especificidad de los casos. No ven la complejidad de ellos’’.
Agrega: ‘‘Tengo la fortuna de ser profesor universitario con cerca de 30 años y en mis clases han transitado alumnos distinguidos, desde ministros de la Corte hasta candidatos a gubernaturas. Hay algunos que han contendido por un puesto de gobernador y yo he votado en contra por las circunstancias. Y algunos otros que sí he votado a favor, no porque hayan sido mis alumnos, sino porque sencillamente la razón les da’’.
La mirada desde la academia es distinta. Hugo Concha Cantú, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la Universidad Nacional Autónoma de México) y coordinador del libro La (in)justicia electoral a examen –que analiza algunas sentencias relevantes del tribunal electoral–, plantea que en los años recientes ‘‘los magistrados comenzaron a jugar sus cartas de tipo personal. Sus sentencias dejan mucho que desear y vemos a un órgano simulando utilizar el derecho, aplicando la norma electoral de manera imparcial, cuando en realidad un estudio a muchas de las resoluciones muestra que los argumentos jurídicos se utilizan como sea para llegar a decisiones predeterminadas y de tipo político’’.
Entre los aspectos que más ensombrecen su gestión de una década, coinciden los investigadores entrevistados, se encuentra su actuación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A éste el tribunal le perdonó en 2009 una multa de 194 millones de pesos, y si bien lo sancionó en repetidas ocasiones en 2015-2016, después le aplicó rebajas y se negó a retirarle el registro dejando una lección: ‘‘La trampa no pesa’’, según Concha, quien añade que un criterio similar se siguió con Televisa y Televisión Azteca.
Otro aspecto que genera consenso en la crítica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que se asumiera como superior jerárquico del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales locales o de las salas regionales, provocando un activismo judicial del que los mismos magistrados se quejan, pero que ellos habrían propiciado con sus afanes de enmendar la plana a los otros órganos.
Los magistrados mostraron además un creciente apetito por legislar que incomoda hasta a los partidos políticos que hacen un balance elogioso. ‘‘En términos generales hay buen desempeño. Hay sentencias memorables por su imparcialidad y equilibrio, pero hay otras donde francamente nos dejaron el sentimiento de que ya no se trataba de interpretar la ley, sino de hacer la ley’’, refiere el representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Arturo Espinosa, experto en las sentencias del tribunal, pone de ejemplo el caso de David Monreal, quien mantuvo el registro como candidato a gobernador en Zacatecas, aun cuando tuvo omisiones en la entrega de sus informes de gastos de campaña, traduciéndose en un golpe al sistema de fiscalización.
Además, modificaron criterios y disposiciones legales para que el Partido del Trabajo (PT) mantuviese el registro, ‘‘manipulando la ley como si fuese de plástico’’, resume Concha.
Tampoco han tenido criterios uniformes para declarar la nulidad de algunas elecciones, como las de Colima y del distrito uno de Aguascalientes, mientras en otras, como la de presidente municipal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hubo un sinnúmero de irregularidades graves sin que pasara nada, añade Espinosa.
Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, consideró que hubo ‘‘bandazos en establecer cómo se conformará la secuencia de las listas de representación proporcional para respetar la paridad de género en el reparto de candidaturas’’. Si bien buscó ser un tribunal garantista con los independientes, consideró que haber concedido registro a varios aspirantes a la Asamblea Constituyente ‘‘nos puede gustar políticamente, pero la sentencia es defectuosa.
‘‘Sigue siendo un tribunal que gasta mucho dinero y en una lógica suntuaria. Tampoco veo avances en sus resoluciones, porque no mantuvieron criterios claros. Diría que fue un tribunal gris con tendencias de los magistrados a beneficiar con su voto a los partidos que los propusieron.’’
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BELTRÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/01/politica/003n1pol
El juez Ibarra Navarrete emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos.
La revista Proceso acusó a Televisa de aplicar una “chicanada” en el proceso por el que ambas empresas se enfrentan, a raíz de que el semanario publicó en mayo pasado la nota “EU: Investigan las cuentas oscuras del consorcio”.
En su edición de esta semana, Proceso consignó: “El viernes 21 -cinco meses después de que Proceso obtuvo una suspensión definitiva en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil para evitar que se le aplicara la Ley del Derecho de Réplica por la publicación de un reportaje que incomodó a Televisa-, el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete la modificó y emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos para que la suspensión siga operando a su favor. De no hacerlo, quedaría abierta la puerta para que el consorcio de Emilio Azcárraga Jean inicie un juicio por derecho de réplica contra el semanario”.
La “artimaña jurídica”, detalló el semanario, busca llevar a juicio al semanario Proceso
Fue el pasado viernes 21, cuando el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete modificó la suspensión definitiva que la revista había logrado para que no se le aplicara la Ley del Derecho de Réplica, en tanto no se resuelva un amparo promovido por la publicación en contra de la norma vigente desde diciembre de 2015.
En diciembre del año pasado, Proceso interpuso una demanda de amparo en contra de dicha ley que entraba entonces en vigor.
En ella se argumenta que la ley va más allá de garantizar la réplica porque coloca a los periodistas en la obligación de probar la “falsedad de inexactitud” de cuanta información y opinión difundan. De lo contrario, serán objeto de juicios y sanciones. De esa obligación estarán exentos aquellos medios de información y periodistas que se limiten a reproducir información oficial.
El semanario informó que, a petición de Televisa, el juez Ibarra Navarrete emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos para que la suspensión siga operando a su favor.
“De otra manera, se abrirá la puerta para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean inicie un juicio por derecho de réplica en contra del semanario por la publicación de un texto sobre una alegada investigación en Estados Unidos contra la compañía mediática ante un supuesto ocultamiento de información sobre sus operaciones en efectivo con la clase política mexicana”, precisó.
El texto que reclama la televisora fue escrito por el periodista Jenaro Villamil; en él se expone: “Por enésima vez el consorcio de Emilio Azcárraga Jean es investigado por ocultar información, pero esta vez lo hacen la Securities and Exchange Commission –la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos– y el Departamento de Justicia estadunidense a partir de un documento anónimo que recibieron la semana pasada. La información también llegó a The Wall Street Journal, que soltó la bomba informativa el jueves 5. Televisa respondió de inmediato y se dijo víctima de “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”. Sin embargo, los datos sobre los escamoteos financieros de Televisa están documentados”.
La información fue dada a conocer previamente por el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, que reveló la existencia de una carta con remitente anónimo donde se acusa al vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso De Angoitia, y al director de administración y finanzas, Salvi Foch, como los presuntos orquestadores de un presunto fraude por 1,000 millones de dólares.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva a Proceso, en espera de la resolución de un amparo promovido por la revista contra la referida ley.
El 2 de mayo, el Colegiado había resuelto dar la suspensión bajo el principio del “derecho fundamental a la información” y determinó eximir al semanario de una caución, con el propósito de la que la medida cautelar tuviera efectos inmediatos.
Pero finalmente el juez Ibarra Navarrete emplazó a la revista a presentar una fianza.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0111/mexico/proceso-acusa-a-televisa-de-una-chicanada/
COLIMA, Col: Los hermanos Francisco Javier y Alejandro Osorio Medina interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del exgobernador interino y actual secretario general de Gobierno de Colima, Arnoldo Ochoa González, a quien acusaron de recurrir al tráfico de influencias para despojarlos de un rancho.
En el escrito de queja, suscrito por Francisco Javier Osorio por su propio derecho y en representación de su hermano, se narra que en 2002 ambos agricultores compraron el rancho denominado “Las Ánimas” o “Los Coyotes”, de 284 hectáreas, en la localidad Los Ortices, del municipio de Colima y recibieron la posesión legal y material por parte de “su legítimo dueño”, Salvador Solís Orozco.
Sin embargo, semanas después se presentaron en el inmueble un hermano del entonces diputado federal Arnoldo Ochoa y un abogado, quienes argumentaron que el verdadero dueño era el legislador, quien supuestamente había comprado la propiedad a Solís.
Clasificada bajo el expediente 92157/2016, la queja ante el organismo humanitario refiere que “a través de los años, utilizando documentos y pruebas falsas y valiéndose de las influencias que ha tenido en el gobierno por los puestos que ha ocupado”, Arnoldo Ochoa pretende sacar a los dos hermanos del rancho que “con tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo hicimos productivo”.
Francisco Javier Osorio señaló que han recurrido a todas las instancias legales posibles pero han topado con “el favoritismo, indiferencia y parcialidad” a favor del funcionario, por lo que consideró que éste y demás autoridades están violando los derechos humanos de él y de su hermano.
En entrevista, Francisco Javier Osorio señaló que en los últimos años Ochoa González ha utilizado a elementos y patrullas de la Policía Estatal y de la Procuraduría General de Justicia para intentar intimidarlos y presionarlos para que le entreguen el rancho.
De acuerdo con el quejoso, los recibos con los que el funcionario trató de acreditar el pago del rancho a Salvador Solís contienen firmas que fueron declaradas falsas a través de un examen grafoscópico, pero esas evidencias, dijo, no fueron tomadas en cuenta en el proceso judicial porque los recibos originales fueron sustraídos del expediente y sustituidos por copias.
Vidal Montaño Medina, hermano de los afectados, comentó a su vez que el peritaje en el que se concluyó que las firmas no provenían del puño y letra de Salvador Solís fue presentado como prueba superviniente, pero fue rechazado debido a “una serie de trucos que han utilizado en los juicios, además de que los jueces siempre han ayudado al funcionario por el tráfico de influencias”.
Con esta situación, añadió Vidal Montaño, “se están pisoteando los derechos de dos campesinos que han trabajado el rancho que tenía 15 o 20 años de abandono, que lo acondicionaron para la siembra de aproximadamente 90 hectáreas de caña de azúcar, con sistema de riego, bordos de almacenamiento de agua, canales de 3 kilómetros y medio y la introducción de la electricidad, pero ahora que está todo arreglado ese señor quiere quedarse con él”.
Osorio Medina indicó que después de que el asunto fue concluido en los juzgados locales, con apelaciones en segunda instancia y un juicio de amparo que resultaron a favor de Ochoa González, el caso no fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los hermanos Osorio Medina quedaron en la indefensión, por lo que decidieron recurrir a la CNDH y valoran también pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Francisco Javier Osorio recordó que a principios de este año él y su hermano interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del secretario general de Gobierno, pero ésta no ha avanzado.
Así también, presentaron una demanda de juicio político contra el mismo funcionario, pero de igual manera el asunto no ha prosperado en la Comisión de Responsabilidades del Congreso del estado.
En enero pasado, la única vez que se han referido al asunto, Gustavo González Chacón y Cuauhtémoc Gómez Cabezud, abogados del secretario general de Gobierno, afirmaron en rueda de prensa que Arnoldo Ochoa es propietario del rancho “Las Ánimas” o “El Coyote” desde hace 30 años.
Sin embargo, argumentaron que ante la tardanza de Salvador Solís Orozco para la escrituración, en 2002 entabló el juicio 603/02, mediante el cual le fue otorgada la escritura pocos años después.
Refirieron que después de varios procedimientos judiciales a los que recurrieron las partes, el 26 de febrero de 2015 se condenó a los hermanos Osorio a entregar el rancho con sus frutos, accesorios, instalaciones y todo aquello que se haya mejorado en la propiedad, además del pago de daños y perjuicios a través de una renta hasta que sea entregado.
En esa ocasión, Cuauhtémoc Gómez señaló:
“Es indudable que nuestro representado acudió a los tribunales, que le han dado la razón jurídica y han trascurrido 13 años, por lo que se puede advertir que nuestro apoderado jamás ha hecho uso de influencias o aprovechado de sus funciones de servicio público para obtener ventajas en algún asunto en particular”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460911/interponen-queja-ante-la-cndh-contra-funcionario-colima-trafico-influencias
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, por la deficiencia en la seguridad y en la atención a las adicciones en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esa entidad, que derivó en la muerte de 13 internos.
A través de un comunicado, la Comisión dio a conocer que atrajo el caso el 18 de enero de 2016, tras la publicación de diversas notas periodísticas los días 20, 21, 22 y 27 de noviembre de 2015, que dieron cuenta de una posible epidemia de hepatitis en el penal, por lo que inició un expediente en el que se constató que la autoridad penitenciaria omitió sus obligaciones de brindar una vigilancia adecuada, lo que permitió el ingreso y consumo de sustancias ilícitas, poniendo en riesgo la estabilidad del centro y la salud de la población.
“La CNDH destacó que independientemente de que en octubre y noviembre de 2015 empezaron a realizarse revisiones en módulos para la detección de sustancias ilícitas, no se logró decomisarlas, además de que, entre noviembre de 2015 y enero de 2016 se documentaron casos de ictericia por hepatitis tóxica, que derivó en la muerte de 13 personas”.
Igualmente, se detalló que la deficiencia en la seguridad y control por parte del personal de seguridad y custodia, se originó ante la falta de detención de sustancias nocivas desde su ingreso al Cereso y su posterior distribución, por no contar con equipo detector de sustancias ilícitas, entre otras causas.
“Ello se corroboró por la misma autoridad, la cual señaló que al implementarse revisiones exhaustivas se detectó a visitantes ingresando dichas sustancias, así como a un interno que vendía heroína e instrumentos punzocortantes ‘hechizos’ como jeringas”, señala.
También advirtió que el ingreso de heroína y su distribución evidenció el inadecuado e insuficiente tratamiento de la población con adicciones, facilitando su uso y abuso en condiciones de insalubridad, “lo que provocó cuadros de hepatitis tóxica y vulneró el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad, observándose además que el número de personas incluidas en el programa de desintoxicación voluntaria que opera en el lugar es reducido”.
La CNDH evidenció que las autoridades penitenciarias incumplieron con garantizar y proteger la seguridad e integridad personal de los internos, al no detectar oportunamente factores de riesgo y carecer de los elementos para instrumentar medidas de control e inhibir el consumo de sustancias ilícitas, además de la falta de clasificación y separación adecuada.
“La autoridad penitenciaria descuidó el fortalecer las acciones propias en torno a la seguridad del Cereso, considerando que los internos están bajo la custodia del Estado, lo que permitió la introducción y consumo de sustancias ilícitas, así como la fabricación de jeringas ‘hechizas’”, menciona.
Entre los puntos de la recomendación de la CNDH están el realizar gestiones que permitan fortalecer una política de atención integral a personas privadas de la libertad con problemas de adicciones, así como replantear en el Cereso las estrategias del programa de atención a personas adictas que ahí opera, también reforzar las áreas de seguridad y custodia, dotando de equipo tecnológico de escaneo corporal y clasificar la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, la normatividad específica y estándares nacionales e internacionales de la materia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460894/cndh-emite-recomendacion-al-gobernador-colima-falta-seguridad-en-penal
CIUDAD DE MÉXICO: El sindicato minero dio a conocer que concluyó la revisión de salarios en cuatro secciones, “con un incremento global de ingresos hasta por 12%”. Los aumentos directos al salario fueron de 5.5% y 6%, y un porcentaje similar en prestaciones, precisó.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) entre las prestaciones destacan la ayuda de 7 mil pesos por trabajador, 30 becas, 30 plantas, ayuda para el día del minero, que se celebra el 11 de julio, y un aumento significativo al bono anual por asistencia perfecta.
Una de las secciones que revisó los tabuladores salariales es la 274, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la empresa Dinámica Industrial del Balsas de Fertinal, SA de CV. En este caso el aumento al salario fue de 5.5% y 6% en prestaciones, lo que hace un global de 10.5%.
La sección 275 de Tlalnepantla, Estado de México, consiguió con la empresa de auto partes Dana de México Corporation, S de RL de CV, un aumento global de 10%, es decir, 5.5% directo al salario, más 0.5% en una sola exhibición y 4% en prestaciones.
La sección 16, de Nueva Rosita, Coahuila, dedicada a la extracción de carbón con Materiales Industrializados, SA de CV, logró un incremento global de 7% (5% directo al salario, 1% en una sola exhibición y 1% en prestaciones).
Y la sección 67 de Fundidora de Cananea, SA de CV, en Sonora, dedicada a la fundición de acero, se adjudicó un aumento global de 10%, constituido de 5.5% directo al salario, 1.5% en una exhibición y 3% en prestaciones.
En otro asunto, los trabajadores sindicalizados hicieron un llamado al gobierno para que permita el regreso de su líder, Napoleón Gómez Urrutia, quien desde el sexenio pasado se autoexilió en Vancouver, Canadá, después de que le giraron órdenes de aprehensión por fraude a un fideicomiso de los mineros.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460992/acuerdan-aumento-salarial-12-mineros-acuerdan-becas-plantas
Aunque los equipos del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y del mandatario interino, Flavino Ríos, sostuvieron un primer encuentro, al final se anunció que no habrá otros acercamientos hasta que se entreguen los recursos retenidos a ayuntamientos, jubilados, maestros y a la Universidad Veracruzana.
Ante el desfalco en la tesorería estatal de Veracruz, el gobernador elector, Miguel Ángel Yunes Linares, instruyó a su equipo de transición no tomar la estafeta hasta que la administración actual finiquite los pasivos comprometidos con diferentes sectores.
A 30 días de la conclusión del gobierno iniciado por Javier Duarte de Ochoa, este martes iniciarían dichos trabajos para lo que se designaron equipos que estarían auditando cada una de las áreas del aparato gubernamental.
En ese sentido, el encargado de la transición de los gobiernos, Manuel Muñoz Gánem, indicó, que, “la instrucción es clara, para iniciar deberían estar liquidados los adeudos que se tiene con los ayuntamientos, con la Universidad Veracruzana, con el magisterio, esa es la indicación; en tanto que si no se ha cumplido con esto, no podemos dar inicio a los trabajos hasta que esto esté cumplido”.
En la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) donde estuvieron presentes los servidores públicos encargados de ambas partes, el titular de esta dependencia, Antonio Gómez Pelegrín, reiteró, que las condiciones económicas de la entidad son complejas.
Y, reconoció, que no existen las condiciones para cumplir lo que demanda el panista Yunes Linares.
Enfatizó que éste es un proceso inédito. No obstante, aseguró que existe la disposición del gobernador Flavino Ríos Alvarado porque se lleve a cabo en el mejor de los términos.
“Estos requisitos previos (finiquito de los pasivos), en este momento no pueden cumplirse; no hemos tenido todavía la posibilidad de hacerlo. Pensamos que son dos cuestiones diferentes: uno es el cumplimiento de los diversos compromisos institucionales que en su momento tendrá que hacer el gobierno del estado que está en funciones; y otro es el proceso de entrega-recepción que establece la ley. Lo digo con toda sinceridad, en este momento no están satisfechos esos planteamientos, la decisión de continuar o no con este proceso no está en nuestras manos”, enfatizó Pelegrín.
Por lo anterior, el inicio de este trabajo no se llevó a cabo y no hay fecha definida para estas acciones de revisión del estado que guarda la administración pública.
El gobierno del estado continúa a la espera de que la Federación realice el depósito prometido para dar cumplimiento a los compromisos hacia el cierre del sexenio, recursos que se estiman por el orden de los 11 mil millones de pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0111/mexico/frenan-proceso-de-transicion-en-veracruz-hasta-que-se-salde-deuda-a-municipios/
"El pago se podría realizar una vez que se determine el procedimiento puntual y se emitan los acuerdos correspondientes”, adelantó.
La Secretaría de Hacienda advirtió que cuenta con las “facultades legales para pagar las participaciones federales directamente a los municipios de Veracruz”, que actualmente reclaman diversos adeudos por parte del gobierno estatal, tras la salida del gobernador con licencia -y prófugo de la justicia-, Javier Duarte de Ochoa.
En un comunicado, indicó que “deberá solicitar opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y establecer una coordinación con esa entidad para su entrega. El pago se podría realizar una vez que se determine el procedimiento puntual y se emitan los acuerdos correspondientes”.
Hacienda expuso que “la Federación, a través de los estados, hace entrega a los municipios de las participaciones a las que tienen derecho. La Ley de Coordinación Fiscal establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene, también, la facultad de realizar directamente el pago a los municipios, siempre y cuando medie una solicitud expresa para ello y tras una opinión favorable de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales”.
“En días recientes, esta dependencia recibió de algunos municipios del estado de Veracruz solicitudes de pago directo de sus participaciones. Éstas han sido hechas del conocimiento de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales”, puntualizó.
“Es importante establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales para la entrega de dichos recursos, considerando que es, de acuerdo a la ley, el estado el encargado de calcular las cantidades que cada mes deben ser transferidas”, agregó.
Por último, la SHCP expresó su “plena disposición de analizar la implementación de este mecanismo con la administración que está por iniciar su encargo el próximo primero de diciembre”, en referencia al gobierno de Miguel Ángel Yunes.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0111/mexico/ante-crisis-hacienda-intervendria-en-pago-de-adeudos-a-municipios-de-veracruz/
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Indígenas zoques de Santa María Chimalapa advirtieron hoy que no aguardarán más la intervención del gobierno federal o de los de Chiapas y Oaxaca para resolver el problema agrario que enfrentan, por lo que asumirán decisiones en defensa del territorio que, aseguraron, les pertenece.
En un extenso documento firmado por los líderes e integrantes del cabildo de bienes comunales de Santa María Chimalapa, Oaxaca, los inconformes indicaron que por acuerdo de asamblea general de comuneros decidieron no esperar más a que las autoridades resuelvan el conflicto agrario que viven desde 1967.
“Ustedes, como funcionarios y personas preparadas deben conocer de nuestra historia agraria y de las grandes riquezas naturales que existen en nuestro territorio comunal, lleno de inmensas montañas, la mayoría cubiertas todavía de diferentes tipos de selvas y bosques, donde viven diferentes plantas, árboles y animales y de donde nacen y corren manantiales, arroyos y ríos de agua pura, y también en donde se produce el oxígeno que respiramos”, dice la carta.
Luego señalan que todas esas montañas, con inmensos bosques y selvas, aún existen gracias a la ancestral lucha que han venido dando los chimas por defender ese territorio, que es la herencia que les dejaron sus antepasados y que será la herencia para sus hijos, hijas y nietos.
“Los chimas somos indígenas zoques y por eso nuestro sentimiento por la defensa de nuestro territorio comunal y el amor por la Madre Tierra nos viene desde nuestros más antiguos antepasados, los olmecas, y así lo hemos aprendido de generación en generación, de padres y madres a hijos e hijas durante miles de años, sobreviviendo como chimas a la conquista y pagando con oro a la corona española por nuestras propias tierras”, exponen los comuneros.
En el documento, que lleva la firma de los líderes comunales Armando López González, Edgar Mendoza Hernández, Raciel Francisco Carrazco y Guillermo López Zárate, presidente del comisariado, secretario, tesorero y miembro del consejo de Vigilancia, respectivamente, también explican que sobrevivieron a las haciendas extranjeras invasoras hasta lograr los decretos de reconocimiento y titulación de bienes comunales de Los Chimalapas en 1967.
“Pero ustedes deben saber también que mientras estaban en trámite nuestros decretos agrarios, desde el año 1950 el vecino gobierno del estado de Chiapas, con el apoyo del gobierno federal y con el silencio cómplice del gobierno de Oaxaca, se metió a invadir 160 mil hectáreas de nuestro territorio comunal chimalapa, ubicadas además dentro del estado de Oaxaca, utilizando para esta invasión a empresas madereras, a las que, cansados de denunciarlas ante los gobiernos, tuvimos que correr con la justicia en nuestras manos en 1977.
“Luego llegaron latifundistas ganaderos, como el cacique Ernesto Castellanos Domínguez, a quien detuvimos, tomando otra vez la justicia en nuestras manos en 1986, siendo hermano del general Absalón Castellanos Domínguez, gobernador chiapaneco”, se resalta en la misiva.
De igual forma recordaron cuando echaron de sus tierras a los “narcoganaderos” de San Isidro la Gringa, encabezados por el entonces gobernador chiapaneco y luego secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, “a quienes con largas gestiones, presiones y apoyo de la sociedad civil forzamos a desalojar y a que el gobierno federal nos devolviera en papel las 40 mil 945 hectáreas de selvas invadidas, en septiembre de 1994”.
Por todo lo expuesto, “advertimos que nuestro pueblo chima decidirá pronto qué acciones tomará en el futuro, para directamente y por justicia, salvar nuestro ancestral territorio y no permitir más daño a nuestra Madre Tierra.
“Públicamente los hacemos a ustedes responsables directos de lo que por esta decisión comunal pueda llegar a ocurrir, pues eso será debido a la burla, incapacidad o mala fe con la que por 66 años han venido actuando ustedes los funcionarios, supuestamente responsables de ejercer la justicia, en contra de nuestros derechos como pueblo indígena y en contra de los derechos de la madre naturaleza”, concluyen.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461001/indigenas-zoques-alistan-defensa-agraria-en-los-chimalapas-esperaran-ya-la-intervencion-del-gobierno
CIUDAD DE MÉXICO: El Partido Joven (PJ) invitó al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a participar en la contienda electoral para la alcaldía de Saltillo o por una diputación local.
Sobre la idea de usar el rostro de Moreira en su logotipo, acción que fue muy criticada en las redes sociales, el dirigente de esa fuerza política, Julio Aldape, comentó que no es ilegal y se ajusta a los parámetros del artículo 39 de la Ley General de Partidos Políticos.
Ayer, el Tribunal Electoral de Coahuila se negó a la modificación de los artículos dos y tres solicitada en el expediente 93/2016 por el PJ para el cambio de lema y emblema de su partido (por ”Partido de la Gente”) y el logotipo, que en su propuesta era un mapa de Coahuila con una flecha blanca hacia el centro, como el que utilizó Moreira durante su gubernatura, según información difundida por el diario Vanguardia.
‘’No es algo que él (Humberto Moreira) nos pida, es porque es nuestro amigo. Si él nos dijera que no, haríamos el trámite legal para que su rostro aparezca en nuestro logotipo’’, destacó Aldape.
A unas horas de que inició el proceso electoral 2016-2017, el PJ lanzó directamente la invitación al exlíder nacional del PRI a participar en la contienda por su partido para una diputación local o la alcaldía de un año en 2018, dado que ‘’El profe’’, como lo llaman, no puede contender nuevamente a la gubernatura por disposición constitucional.
“Será decisión política de Humberto si participa con nosotros o no’’, dijo Aldape.
Por separado, Édgar Puente, consejero del PJ, recordó que a su regreso de España Humberto Moreira dejó en claro que desea seguir participando en la política coahuilense.
‘’A donde vaya él, vamos nosotros’’, dijo, y aseguró que el exgobernador está colocado en las encuestas de aceptación con un 8.7% de calificación. ‘’Nada tememos, nada debemos, y que la rasquen, como dijo nuestro líder’’, concluyó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461000/partido-joven-invita-a-humberto-moreira-a-contender-la-alcaldia-saltillo
CIUDAD DE MÉXICO: A prácticamente un mes de haber tomado posesión, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció que su antecesor, César Duarte Jáquez dejó la entidad con un déficit financiero de siete mil 200 millones de pesos.
Por ello, dijo que pidió dos mil millones de pesos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para rescatar la economía de la entidad y le propuso una oferta de ahorro para 2017.
Incluso, informó que ya solicitó un primer préstamo de mil 800 millones para pagar la nómina de maestros y otros trabajadores de la entidad en los meses recientes de este año.
Luego de participar en un acto del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el gobernador Corral Jurado explicó que su antecesor Duarte Jáquez dejó al estado en una “hecatombe” que lo obligó a pedir ayuda al gobierno federal.
Según las cuentas del mandatario estatal, César Duarte aumentó la deuda de la entidad en más de 50 mil millones de pesos. Ello se suma a los seis mil millones de bursatilización que presuntamente ocupó para pagar adeudos.
Agregó que con los 65 millones que el exgobernador priista usó para convertirse en accionista del Banco Progreso, mismos que hasta ahora no ha podido comprobar, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene “todos los elementos” para dictar una orden de aprehensión en su contra.
Javier Corral agregó que la Fiscalía de Chihuahua fincará las debidas responsabilidades contra Duarte Jáquez.
El pasado 4 de octubre, el exsenador panista tomó protesta como gobernador de Chihuahua. Entonces, se comprometió a eliminar “los actos de corrupción del gobierno estatal y cambiar un sistema que ha privilegiado a la minoría y ha olvidado a los más débiles”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461002/corral-pide-2-mil-mdp-al-gobierno-federal-enfrentar-deficit-7-mil-mdp-dejo-cesar-duarte
Ciudad de México. La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, afirmó que México cuenta con seis pilares macroeconómicos que han fortalecido a la economía en los últimos cuatro años y que le permitirán seguir detonando las reformas estructurales.
En el Instituto Baker, de la Universidad Rice, en Houston, Texas, comentó que el país cuenta con finanzas gubernamentales balanceadas, producto de una mayor contribución de los ingresos tributarios que pasaron de representar 8.4 por ciento de los ingresos totales en 2012, a 13 por ciento en este año.
Una menor dependencia de los ingresos petroleros, dijo, es otro pilar de la economía nacional. Al cierre de 2012 los ingresos provenientes del crudo ascendían a 39.4 por ciento y en 2015 la cifra fue de 19.8 por ciento.
Rubio Márquez explicó que en el último año la inflación se ha mantenido baja y estable, dentro del rango del Banco de México . Aunado a que hay una mayor participación del mercado en Estados Unidos, hoy las importaciones provenientes de México crecieron 11.4 por ciento desde 2013.
La subsecretaria de Hacienda señaló que la economía mexicana cuenta con amplia responsabilidad fiscal, que le permitirá cumplir con la expectativa de consolidación fiscal y alcanzar el objetivo de un superávit primario de 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017.
Además, añadió, el país cuenta con una deuda baja y estable, sumada a un bajo riesgo cambiario, ya que 75 por ciento de la deuda neta del gobierno está denominada en pesos y con larga madurez.
Durante la gira, en Houston, Texas, Vanessa Rubio Márquez se reunió con representantes de origen mexicano que ejercen liderazgo en las áreas aeroespacial, energética, cultural y comunitaria.
Destacó que México es la decimoquinta economía del mundo, el decimoprimero país en población (de entre 193 países) y el decimocuarto en territorio. Un país abierto al mundo que tiene acceso a 43 mercados vía 11 tratados de libre comercio y es el tercer más grande exportador de productos manufacturados de alta tecnología.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/01/mexico-con-seis-pilares-macroeconomicos-shcp
