Ahorradores estafados de Ficrea van contra Hacienda y la CNBV; las culpan de negligencia

Un grupo de ahorradores de Ficrea llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las implicaciones son de grandes magnitudes, ya que la denuncia se realizó con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en caso de que la resolución fuera a favor de los defraudados, quedaría clara la responsabilidad directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está última pasaría a convertirse en el acreedor único de Ficrea. Los denunciantes recordaron que el próximo 7 de noviembre se cumplen dos años de omisión del Estado en el caso.

El caso Ficrea podría llegar a su etapa final, ya que luego de dos años de haberse destapado el fraude que hacía esta Sociedad Financiera Popular (Sofipo), un grupo de ahorradores llevará el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, las implicaciones son de grandes magnitudes, ya que la denuncia se realizó con base en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en caso de que la resolución fuera a favor de los ahorradores, quedaría clara la responsabilidad directa en el fraude de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Está última pasaría a convertirse en el acreedor único de Ficrea.

En conferencia de prensa, el abogado de los ahorradores, Fauzi Hamdan Amad, explicó que en este caso que el próximo 7 de noviembre cumple dos años, la omisión del Estado ha sido y sigue siendo evidente.

“El comportamiento de la CNBV fue negligente e indolente, al grado de que desde dos años antes ya se sabía sobre las irregularidades de Ficrea y no se hizo nada, sólo se emitieron recomendaciones”, dijo.

Sobre la demanda, consideró que sentaría un precedente que ayudaría a fortalecer el Estado de derecho y el combate a la corrupción e impunidad.

Cerca de mil 500 ahorradores sustentan la demanda. Lo que se exige es el retorno de todas las inversiones, los intereses y un pago por daño moral. En total, se estaría hablando de un pago de 7 mil millones de pesos, ya que además, se busca la acción colectiva, lo que beneficiaría al total de ahorradores, que son 6 mil.

“Para la SCJN es un paradigma y un reto para hacer justicia plena por la actuación indolente de la CNBV, que no cumplió con sus responsabilidades”, agregó Hamdan Amad.

En 2015, tres meses después de que el fraude se hiciera público, la SHCP contestó a ahorradores que no había motivos para los reclamos y regresó el caso a la CNBV. En mayo de ese año se presentó un amparo y la semana pasada se negó. A fines de este mes llegaría a la SCJN para que emita sentencia.

Para el abogado y los ahorradores, el caso es legal y constitucionalmente goza de certeza jurídica, por lo que en caso de resultar negativo para ellos, consideraron se enviaría el mensaje de que la corrupción continuará en el sector financiero mexicano.

“Aún cuando hay un cúmulo de actos de corrupción, el gobierno no hace nada por evitar los colapsos financieros. Hay un expediente de la CNBV de 2011 en la que ya se reconocen las irregularidades de Ficrea. Hay otro de 2013. Si la SCJN no se pronuncia significa que no quiere culpar al gobierno por lo que dejó de hacer”, dijo al respecto Ignacio Mercado, uno de los ahorradores afectados.

En caso de que esto último procediera, el equipo ya tiene todo listo para llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya está enterada del tema, “no hay pierde. El Estado mexicano tiene que responder”, puntualizó Hamdan.

Sobre el proceso que se lleva en Estados Unidos contra el dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, el licenciado Fernando González Santillana, recordó que fue la Procuraduría General de la República (PGR), la que se comprometió a detener a Olvera y a juzgarlo aquí en México.

En Estados Unidos se inició la demanda y fue localizado y notificado en un condominio de Miami, lugar donde tiene múltiples propiedades que ascienden a 63 millones de dólares.

Pero acá, agregó Santillana, no pueden ubicarlo.

“Si nos resuelven positivo, Hacienda pasa a ser el único acreedor. En ese momento sí fiscalizarán los bienes de Amezcua y lo van a detener”, dijo Hamdan.

FUENTE: SIN EMBARGO.

AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.

LINK: http://www.sinembargo.mx/03-11-2016/3111132

Trasladan a Mireles a penal en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO: A solicitud de su familia, José Manuel Mireles Valverde fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, hacia el Cefereso No. 4, en el estado de Nayarit.


La Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) informó que el traslado que se llevó a cabo este martes alrededor de las 10 de la mañana.

Según la CNS, esta acción tuvo lugar después de que Mireles Valverde y sus familiares pidieran al Juez el envío de Mireles Valverde hacia un penal más cercano a su domicilio, quien accedió para así dar la continuación debida a las causas penales correspondientes.


El 27 de junio de 2014, Manuel Mireles fue detenido en el municipio de Lázaro Cárdenas, y le fueron aseguradas armas de uso exclusivo del ejército. Horas después, fue transportado a bordo de un helicóptero de la Policía Federal hasta la ciudad de Morelia, para que compareciera ante las autoridades.

Junto con él, fueron presentados otros 69 detenidos. Mireles, quien era pieza clave del movimiento autodefensa, días antes de su detención irrumpió en el poblado La Mira con cerca de 600 milicianos que portaban fusiles de alto poder para atender las demandas de protección que recibió de los habitantes.

Los autodefensas, que se alzaron en armas en febrero de 2013 debido a “la inacción” de las autoridades ante las extorsiones, secuestros y asesinatos del cártel de Los Caballeros Templarios.

Ellos firmaron un acuerdo con el gobierno en el que se comprometían a parar el movimiento y a registrar sus armas a más tardar en mayo pasado. De acuerdo con las autoridades federales Mireles no las entregó.


En junio pasado, a dos años de su detención, legisladores del Congreso local, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la comunidad indígena de Cherán y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Serrato Lozano, sin éxito, pidieron a las autoridades la liberación del ex líder de autodefensas de Tepalcatepec.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461047/trasladan-a-mireles-a-penal-en-nayarit

Peña Nieto y cómo joder un sexenio

CIUDAD DE MEXICO: El acto del martes 25 de octubre titulado Impulsando a México quedará para la historia como el discurso de Jodiendo a México, gracias al principal orador de este encuentro: Enrique Peña Nieto.


Las reverberancias de las afirmaciones del presidente mexicano prosiguen en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos y en los comentarios de la opinión pública por tres razones fundamentales:

El presidente mexicano hilvanó en su improvisada intervención –y quizá, por ello, más genuina– una serie de frases que corrieron el velo de quien transforma el cuidado rostro de un político sereno en el de un hombre de resentimientos e irascible ante su propio legado.


La más citada de sus afirmaciones ha sido la siguiente: “Mi único propósito es que a México le vaya bien. Estoy seguro de que los anteriores presidentes no han tenido otra misión que esa. Nadie despierta… Un presidente no despierta pensando en cómo joder a México. Siempre pensando en cómo hacer las cosas bien para México”.

Peña Nieto quiso ser “empático” con su auditorio y con quienes lo escucharan o leyeran. El resultado fue exactamente el inverso. Lo hizo en un tono irascible, utilizó un verbo de clara connotación sexual para defenderse frente a las críticas públicas y, quizá, frente a las privadas, y se quitó el telepromter para subirse al lenguaje del cabroñol.

En comunicación política y en psicoanálisis una negación encubre una afirmación y más cuando se trata de asuntos de percepción pública. Por más que niegue Peña Nieto que no gobierna para las encuestas, su obsesión al citarlas indica su preocupación y molestia por los bajos índices de aprobación. Por más que niegue sentirse solitario en su cruzada por un sexenio que fenece mucho antes de tiempo, las expresiones de Peña Nieto indican lo contrario: la soledad del que se siente “incomprendido”.

La percepción negativa de estas frases se reforzó por dos decisiones tomadas por el propio Peña Nieto el mismo martes 25 y avaladas sin discusión alguna por el Senado en los dos días posteriores: remover a la procuradora general Arely Gómez y nombrar en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, un constitucionalista que se ha caracterizado por defender intereses corporativos y partidistas, y no por tener el prestigio de ser un abogado autónomo a poderes fácticos o partidistas.

Peña Nieto “jodió” en sus propios términos la delicada y frágil operación de simulación y de presunto interés en consultar a la sociedad civil o a los organismos que la representan nombrando a Arely Gómez como nueva titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, por tanto, cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, y a Raúl Cervantes como procurador y posible fiscal general por nueve años.

En otras palabras, Peña Nieto demostró que en sus decisiones no impera el criterio de “cómo hacer las cosas bien”, sino cómo salvarse de un relevo sexenal que no garantice impunidad, protección y salvaguarda a sus intereses.

En el mismo evento, Peña Nieto demostró su memoria selectiva. Dijo que no recordaba aquella declaración pública al programa Tercer Grado, de Televisa, presumiendo que “la nueva generación” de políticos priistas estaba representada por Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, justo los tres mandatarios que perdieron la elección en sus estados, están envueltos en acusaciones de corrupción y encubrimiento que llegan hasta la cúpula del poder priista y presidencial.
“No recuerdo la alusión, pero seguramente en algún momento la hice”, afirmó Peña ante los empresarios y periodistas convocados por Grupo Interacciones.

Peña Nieto perdió otra oportunidad de oro para asumir una declaración fallida, deslindarse de los exgobernadores priistas y sencillamente decir: “En ese momento eran la nueva generación, pero degeneraron en corrupción”.

En lugar de eso, el político de Atlacomulco se volvió a enredar con sus propias excusas. “Yo lo único que sí he sido crítico (sic) es de aprovecharse o tomar oportunidad política en un señalamiento poco fundado”. ¿Alguien entendió esta advertencia?

Seguramente quería referirse a las críticas del PAN, del PRD y de Morena a los exgobernadores corruptos del PRI y volver a repetir que en todos los partidos existen cleptócratas. No lo dijo así. Mucho menos admitió que las acusaciones contra Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge se ventilaron antes de que perdieran las elecciones estatales de este año y que el gobierno federal no hizo nada para frenar el desfalco, el carácter sanguinario y represor de sus administraciones (sobre todo, en el caso de Veracruz), y la exhibición de cinismo que es una condición natural de quienes se sienten cómplices “del jefe”.

Para rematar su alusión a los gobernadores acusados, Peña Nieto retornó a la retórica de abogado de barandilla: “Las autoridades competentes serán las responsables de definir si en ellos y en otros más señalados hay o no responsabilidades. Es una tarea de las áreas de procuración de justicia”. ¿Acaso el titular del Ejecutivo federal no es también “autoridad competente” para frenar la escalada de corrupción que se observa en los distintos niveles de la administración pública?

Peña Nieto también abordó el tema de la visita de Donald Trump a Los Pinos, aquel fatídico 31 de agosto.
El primer mandatario volvió a transformar la negación en una afirmación sin tiempo verbal definido: “No volvería a suceder. O, por lo menos, no en los mismos términos”. Admitió que traer al enemigo número uno de los migrantes mexicanos y de los intereses nacionales en Estados Unidos fue “una decisión apresurada”.

“El hubiera no existe y asumo la responsabilidad de la decisión y su costo. Creo que tomé una decisión muy acelerada. Fue muy polémica: quizá hoy sería distinta (¿Por qué “hoy” y no hace dos meses?, no lo explicó). He dado muchas veces la explicación de por qué busqué un encuentro con ambos candidatos y no era más que cuidar a los mexicanos y los intereses de México”, justificó Peña Nieto.

Los errores en el caso de Trump no fueron sólo de forma sino de fondo. Y eso no lo admitió Peña Nieto. No fue una decisión “apresurada”. Fue una decisión absurda en franca violación a décadas de política exterior de no intervención en asuntos electorales de otros países. No fue polémica. El 80 o 90% de las opiniones, incluso de analistas que han defendido su gestión, fueron claramente negativas. La polémica hubiera significado una confrontación de puntos de vista.

Peña Nieto no ha dado explicación alguna de por qué era tan urgente y necesario recibir a Donald Trump en esa fecha y sin tener la confirmación de Hillary Clinton ni haber informado a la embajada de Estados Unidos. Ha dado excusas que es distinto. No cuidó los intereses de México ni de los mexicanos. Cuidó la escenografía y el montaje que tenía preparado Donald Trump. Trabajó para los intereses, la agenda y las condiciones impuestas por el candidato republicano.

Lo peor es que en esa decisión tan “apresurada” el propio Peña Nieto jodió su sexenio. Si la prensa internacional no había sido lo suficientemente atenta a su mala gestión, el encuentro con Trump lo catapultó como una burla mundial.


Y eso, efectivamente, debe doler mucho al ego de cualquiera. El problema es que ya no hay discurso que borre esta decisión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/460979/pena-nieto-joder-sexenio

Arely Gómez en la PGR: veinte meses de inacción

Luego de 20 meses como titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González dejó innumerables problemas sin resolver, que de inmediato le estallaron a su sucesor, Raúl Cervantes Andrade: Tlatla­ya, Atoyzinapa, Ecuandureo, Nochixtlán, los desaparecidos… Pese a su inacción, el presidente Enrique Peña Nieto la colocó en la Secretaría de la Función Pública.

CIUDAD DE MÉXICO: Durante los 20 meses que Arely Gómez González estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), apenas tocó los grandes temas que desde hace tiempo marcan la agenda nacional: Tlatlaya, Ayotzinapa, Ecuandureo y Nochixtlán.

Poco hizo la funcionaria ante los airados reclamos sobre la violación a los derechos humanos; tampoco atendió las recomendaciones del ombudsman nacional sobre los desaparecidos ni actuó para detener a los exgobernadores acusados de ilícitos y de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Tal fue su negligencia que el miércoles 26, una vez que dejó la PGR para irse a la Secretaría de la Función Pública, su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, tuvo que enfrentar una cascada de quejas por la cauda de problemas que le heredó Gómez González.

Cuando ella tomó protesta como procuradora, en marzo de 2015, enfrentó las acusaciones por el “conflicto de intereses” que representaba su nombramiento al ser hermana de Leopoldo Gómez, ejecutivo de Televisa.

Sin embargo, Gómez reiteró que su único objetivo era servir a los mexicanos y garantizar, mediante el cumplimiento de las atribuciones de los servidores públicos de la procuraduría, el derecho de acceso a la justicia como pieza fundamental de los derechos humanos.

Insistió en que se dedicaría a atender las visitas, propuestas de conciliación, recomendaciones, procedimientos de investigación por violaciones a los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las atribuciones que correspondan a los organismos nacionales e internacionales y establecer un diálogo directo con organizaciones de la sociedad civil que promueven el respeto a esos derechos.

En su lista de buenos propósitos incluyó el combate a la impunidad y habló de abatir los delitos del orden federal, capacitar al personal ministerial, policial y pericial para hacer más eficaces y eficientes las técnicas de investigación, así como para fortalecer el desarrollo de las investigaciones ministeriales y el diseño de protocolos de investigación, en particular los relativos a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Con respecto al nuevo sistema de justicia penal, reiteró, su objetivo sería agilizar el proceso de capacitación del personal de la institución para la operación del proceso penal de corte acusatorio.

Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones. Y el presidente Enrique Peña Nieto le toleró todo durante 20 meses.

Los pendientes

En una reunión con los representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, Gómez comentó que iniciaría una nueva línea de investigación, aun con el riesgo de que se derrumbara la “verdad histórica” esgrimida por su antecesor Jesús Murillo Karam.

Ese mismo día, uno de sus subalternos, Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, la corrigió. Dijo que la “verdad histórica” se mantenía. La relación entre ambos se tensó. Meses después Zerón fue removido y la semana pasada ella dejó la PGR sin haber aclarado qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa.

Con respecto a Ecuandureo, Michoacán, donde, según la CNDH, elementos de la Policía Federal (PF) cometieron graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a cadáveres y la falsedad en los informes sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol (recomendación 4VG /2016), Gómez no fincó responsabilidades a los agentes involucrados.

Lo mismo sucedió con el caso Tlatlaya, cuando la CNDH detalló cómo sucedieron los hechos la madrugada del 30 de junio de 2014 –recomendación 51/2014 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas–, y se repitió en el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde el 19 de junio pasado elementos de la PF desa­lojaron a profesores y padres de familia que protestaban contra las reformas educativas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La agresión dejó al menos 11 muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad. Hasta ahora ninguno de los responsables ha sido sancionado.

Durante la gestión de Gómez González en la PGR, la atención a las víctimas de desaparecidos fue prácticamente nula. Ante familiares de Integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, ella misma admitió la insuficiencia de recursos económicos y capacidades de la dependencia para emprender acciones de búsqueda y de investigación de los casos.

El 13 de mayo último, en una reunión se comprometió a trabajar para que en el proyecto de presupuesto de 2017 se asignaran más recursos a la Fiscalía Especializa de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dijo a sus interlocutores que la fiscalía sólo tenía 29 agentes del Ministerio Público y 58 elementos de campo; comentó que se le asignaron más de mil expedientes, y admitió que había más de 28 mil personas desaparecidas.

Con respecto a las recomendaciones del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, tampoco cumplió; dejó pendiente el caso de la indígena hñähñú Teresa González Cornelio, quien estuvo tres años en prisión por un delito que no cometió. El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró que la PGR debe reparar el daño integralmente.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que asesora a González Cornelio– y Amnistía Internacional expusieron que esa resolución es de carácter inapelable.

El caso de la indígena hñähñú es el segundo que acompaña el Centro Prodh, en el cual el tribunal ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR. El primero se presentó en mayo pasado, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del tribunal que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial.

Salida poco decorosa

La salida de Gómez se dio en medio de los procesos legales contra el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés y del veracruzano Javier Duarte, quien pidió licencia a su cargo y hoy es prófugo de la justicia. Ambos están acusados de actos de corrupción, entre ellos el desvío de fondos públicos.

En situación similar se encuentran los exmandatarios Roberto Borge, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Humberto Moreira, de Coahuila, y Rodrigo Medina, de Nuevo León. Todos ellos del PRI.

El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, Fernando Elías Calles, indicó en agosto pasado que el proceso de expulsión del PRI contra Duarte Jáquez; Duarte de Ochoa, Borge y Medina podría materializarse debido a las anomalías cometidas durante sus administraciones.

El único caso al que la PGR decidió entrarle durante la gestión de Gómez González es el proceso que se le sigue a Javier Duarte, sobre quien pesan también 60 denuncias por daños al erario. Hasta ahora sólo han comparecido excolaboradores del gobernador con licencia, sus suegros, su esposa y algunos amigos, pues él se encuentra prófugo.

Entrevistada al término de la reunión del Gabinete de Seguridad efectuada el miércoles 26 en Acapulco, Guerrero, la funcionaria federal destacó que las instancias correspondientes se han coordinado para ubicar a Duarte, quien enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, declaró que el lunes 17 Duarte huyó en un helicóptero del gobierno estatal el sábado 15. Al día siguiente, Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, aseguró que desconocía dónde estaba el exmandatario.

Un abogado fiscalista acudió de manera voluntaria a la PGR y reveló que actuó como prestanombres de Duarte, quien lo instruyó a él y a Moisés Mansur Cysneiros para constituir más de 10 empresas de papel o LLC en Estados Unidos a fin de adquirir condominios en Miami y Nueva York e invertir en el ramo inmobiliario.


Otra de las pifias de Gómez González es la de la presunta relación de la actriz Kate del Castillo con el capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quien fue recapturado el 8 de enero de este año. En 10 meses, Gómez no logró que Del Castillo viniera a México a declarar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461054/arely-gomez-en-la-pgr-veinte-meses-inaccion

Valida TEPJF triunfo de Gali Fayad como gobernador de Puebla

La Sala Superior determinó que no fue acreditada la distracción de recursos públicos de la entidad para influir en el proceso.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de gobernador en Puebla, en la que resultó electo el candidato panista Antonio Gali Fayad.

La Sala Superior del tribunal determinó que no fue acreditada la distracción de recursos públicos de la entidad para influir en el proceso electoral mediante programas de asistencia social, de acuerdo con una tarjeta informativa.

Asimismo, determinó que fue infundada la acusación del PRI acerca de la actuación irregular de la autoridad administrativa electoral y que son inatendibles las demandas interpuestas por Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda Orozco, al considerar que la declaración de validez de la elección decretada por el tribunal local responsable debe prevalecer porque fue emitida en apego a facultades previstas en la legislación.

“Las notas periodísticas aportadas por los inconformes no fueron aptas para acreditar, primero los hechos o conductas individuales que, según la postura de los inconformes, implicaron la utilización de programas sociales con fines proselitistas por parte del Gobierno del estado de Puebla”, señala la sentencia elaborada por la ponencia de Magistrado Constancio Carrasco.

La tarjeta informativa del TEPJF:

ELECCIÓN PUEBLA
SUP-JRC-387/2016 Y ACUMULADOS
MORENA VS TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y la declaratoria de gobernador electo a favor de José Antonio Gali Fayad, candidato postulado por la coalición “Sigamos Adelante” a la gubernatura del Estado de Puebla, durante el proceso electoral 2015-2016, quien rendirá protesta como mandatario estatal el 1 de febrero de 2017.

Por unanimidad, la Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla el 9 de octubre pasado, en la cual determinó, entre otras cosas: que no fue acreditada la distracción de recursos públicos para incidir en el proceso electoral, mediante la presunta utilización de programas sociales; fue infundado lo aducido por el PRI acerca de la actuación irregular de la autoridad administrativa electoral, al ejercer la función de oficial electoral y al instruir procedimientos sancionadores; y que son inatendibles las demandas interpuestas por Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda Orozco, al considerar que la declaración de validez de la elección decretada por el tribunal responsable debe prevalecer porque fue emitida en apego a facultades previstas en la legislación electoral, “sin que las impugnantes logren evidenciar con los argumentos planteados que esa resolución la emitió apartado de la legalidad”.

“En ese sentido, tal y como lo resolvió la juzgadora responsable, las notas periodísticas aportadas por los inconformes no fueron aptas para acreditar, primero los hechos o conductas individuales que, según la postura de los inconformes, implicaron la utilización de programas sociales con fines proselitistas por parte del Gobierno del estado de Puebla, ni la aducida vulneración del artículo 134 constitucional, párrafo séptimo”, señala la sentencia elaborada por la ponencia de Magistrado Constancio Carrasco.

Morena, PRI, Roxana Luna y Ana Teresa Aranda presentaron diversos recursos solicitando la anulación de la elección por vulneraciones graves, dolosas y determinantes como son el exceso en el gasto de campaña del monto total autorizado y la utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas; la inobservancia a los principios constitucionales que rigen una elección democrática, casillas donde se registraron irregularidades graves, entre otros.

Magistrada María del Carmen Alanis. – Voto a favor y anunció voto concurrente porque sí se acreditó violencia política de género contra las dos candidatas, no es de tal magnitud para llevar a la nulidad de la elección, pero sí quiero emitir voto concurrente porque hay precedentes que esta Sala declaró fundados.
En el caso de Ana Teresa Aranda señala como agravio que la autoridad obstruyó de diversas formas su participación en el proceso electoral, lo cual la llevó a contender en condiciones de desigualdad constituyendo violencia política de género; por los obstáculos que tuvo que enfrentar primero en su partido, después para el registro de su candidatura, su baja en el padrón de militantes del PAN, los requisitos para candidaturas independientes, la omisión de resolver en tiempo y forma las solicitudes ante Ople local, la supuesta ineligibilidad con la que se le negó el registro, e inequidad de participación por monto de financiamiento y porque no se le repusieron promocionales ya que comenzó su campaña días después al resto de los candidatos; que ya analizados de manera conjunta sí hay violencia de género.

No se ha logrado diseñar un modelo que permita restituir en plenitud la violación de estos derechos como la réplica o la reposición de tiempos en radio y televisión. Avanzamos muchísimos, afortunadamente no hubo más casos, pero es un tema del diseño del modelo de comunicación política.

El impacto diferenciado de violencia de género, Ana Teresa se encuentra en una contienda donde tuvo que combatir instituciones o decisiones de instituciones que se rigieron con inercias excluyentes y prejuicios con respecto a las mujeres en el poder. Primer mujer candidata independiente en una entidad federativa como Puebla.

Las actoras y el actor no acreditan la existencia de irregularidades de tal magnitud que afecten la validez de la elección, pues las valoraciones son insuficientes, pero sí quiero dejar un voto concurrente para dejar constancia de los obstáculos que enfrentaron las mujeres candidatas a la gubernatura en el estado de Puebla.

Magistrado Pedro Esteban Penagos. – estoy de acuerdo con proyecto porque si bien está acreditada la existencia de actos que afectaron a Ana Teresa Aranda, éstos fueron subsanados por esta Sala Superior durante el proceso, como el caso de apoyos ciudadanos. Se observa que fueron subsanados en tiempos permitidos por cadena impugnativa, por lo cual no hay razón para estimar la existencia de la violencia política de género contra la candidata que hubiera impedido su participación ni que ello diera base para anular la elección. Respecto a Roxana Luna, ella afirma que procede declarar nulidad porque PAN y candidato rebasaron tope de gastos de campaña y yo considero que no les asiste la razón.

El INE, al revisar informe de gastos de campaña de coalición Sigamos Adelante reportó ingresos por 28 millones 112 mil pesos, lo que implica que además demostró que sus gastos fueron 22 millones y un remanente por reintegrar al Instituto, por lo que INE no tuvo por acreditado rebase de gastos de campaña. No existe razón para estimar que existió rebase de tope de gastos de campaña. Los actores aducen que se debe decretar nulidad por la indebida intervención del gobierno a través de programas sociales por servicios de agua potable, fotomultas, tinacos y mochilas escolares y, tal como se asienta en el proyecto, no le asiste la razón a los promoventes porque no quedó acreditado de manera efectiva, material y práctica la intervención del gobierno del Estado en favor del PAN o de su candidato porque las notas periodísticas ofrecidas sólo generan indicios sobre la existencia de denuncias sin que se tenga la certeza de la veracidad de los hechos denunciados.

Magistrado Salvador Nava. – Coincido con proyecto. Infundados e inoperantes. Felicitar el tiempo en que su ponencia lo presentó, tuvieron contados días y su ponencia lo presentó a tiempo.


Magistrado Constancio Carrasco. – La experiencia nos ha enseñado que en todos los juicios donde se cuestionan elecciones siempre tenemos mucho qué construir en beneficio de la protección de derechos para abonar al fortalecimiento de los derechos humanos. Esta oportunidad que tenemos, a través de las resoluciones en estos juicios de revisión constitucional nos permitieron ser homogéneos en nuestros posicionamientos en un tema, que no habíamos tenido en anteriores elecciones. Vía agravios se nos plantea la vulneración al derecho político de igualdad de hombre y mujer que consagra la Constitución dentro de un proceso electoral, porque la propaganda que desplegó la autoridad electoral local no respetó, no cumplió su función para que la propaganda fuera respetuosa del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el proceso electoral. Se rompió el principio de igualdad de género porque la propaganda de la autoridad electoral estuvo determinada dolosamente para beneficiar a uno de los contendientes, que hubo una actitud deliberada de la autoridad electoral para beneficiar a un contendiente. Es un asunto interesante porque participaron tres mujeres como candidatas a gobernadora y dos hombres como candidatos a gobernador. Tuvimos más mujeres que hombres, registradas en el proceso. En esta lógica, el Instituto Electoral del estado de Puebla difundió identidad gráfica institucional dirigidos a la ciudadanía para invitarla a votar en la elección del 5 de junio pasado, pero toda la campaña institucional tuvo como elemento esencial: el 5 de junio es el día, elige a tu próximo gobernador. Así es como se desplegó campaña institucional para alentar el voto de la ciudadanía. A nosotros nos tocó resolver vía jurisdiccional lo que hoy se nos replica a través de la exigencia de nulidad de todo el proceso electoral. Entonces resolvimos que la propaganda institucional se apartaba del derecho a la igualdad que ampara al hombre y a la mujer. Con base en el artículo 41 constitucional y los instrumentos internacionales determinamos que la campaña fue excluyente, excluyó a las mujeres del marco de propaganda del Instituto Electoral, el lenguaje no fue incluyente, considerando que participaron tres mujeres y dos hombres; por eso trazamos tesis donde se exigió que toda la propaganda política de todas las autoridades electorales, para alentar el voto en todos los niveles de gobierno, tenía que hacerse con una perspectiva paritaria que reconociera una contienda entre mujeres y hombres. En consecuencia, determinamos que hubo un desequilibrio de género, al invitar a votar sólo por gobernador, así decididos desterrar estereotipos de autoridades electorales que estaban obligadas a respetar principio de paridad de género, sino a garantizarlo y promoverlo. Estos asuntos fueron resueltos, si bien no con toda oportunidad porque se hicieron durante el proceso, al ordenarse la inclusión de un lenguaje paritario viene a generar criterios rectores de este tribunal que serán la guía bajo la cual tendrán que orientarse todas las Oples del país para los promocionales que tienen como autoridades en la difusión del voto. Desde esa perspectiva se cumple con ese deber.⁠⁠⁠⁠

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0211/mexico/valida-tepjf-triunfo-de-gali-fayad-como-gobernador-de-puebla/

Disparan a adulto y niño disfrazado en Iztacalco; fue ataque directo contra su padre: Procuraduría

Sobre la versión de que los agresores iban disfrazados de payasos, la Procuraduría capitalina admitió que, por el momento, no existe ninguna evidencia de que hayan ido disfrazados.

Un atentado con arma de fuego contra un comerciante que llegaba a su casa después de acompañar a su hijo a pedir “calaverita”, provocó una ola de especulaciones en redes sociales sobre hombres atacando a menores de edad durante las tradicionales fiestas de Día de Muertos.

Como resultado de lo ocurrido en la delegación Iztacalco, el adulto falleció mientras que el menor de edad recibió un impacto de bala en el cuello, pero ya se recupera de esa lesión, reportó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

La dependencia aclaró que no se trató de un ataque al azar contra el menor, sino de un atentado directo contra su padre, descartando que el móvil tenga relación con las fiestas de Día de Muertos.

Sobre la versión de que los agresores iban disfrazados de payasos, la Procuraduría capitalina admitió que, por el momento, no existe ninguna evidencia de que hayan ido disfrazados.

Una tarjeta informativa de la Procuraduría señala que el ataque con arma de fuego se registró por la tarde en calle Sur 131 y Oriente 100, colonia Ramos Millán en el perímetro de la delegación Iztacalco. Hasta ese lugar llegaba la víctima acompañado de su hijo de 11 años de edad, luego de que el menor recorriera diversas calles para “pedir calaverita” entre sus vecinos.

Presuntamente, dos hombres lo acechaban en las inmediaciones de su domicilio y le dispararon cuando lo tuvieron a la vista, hiriendo al niño que sí iba disfrazado. Los autores materiales huyeron a bordo de una motocicleta.

A pesar del apoyo de paramédicos, el adulto falleció en el lugar, mientras que el menor fue trasladado a un hospital, donde se recupera de un impacto de bala en el cuello. El adulto fue identificado por su familia como un hombre dedicado a la venta de bisutería en el centro de la ciudad.

En redes, versiones no comprobadas

Por ahora, la versión de los hechos considera que el incidente de violencia es resultado de una agresión directa contra el ahora occiso, descartando la posibilidad de que fuese un ataque al azar en contra de niños que estaban pidiendo su “calaverita” y sin que existan evidencias de que los agresores fuesen disfrazados de payasos, como se ha señalado en redes sociales.

“De las primeras entrevistas realizadas por la Policía de Investigación, se pudo constatar que los agresores se dieron a la fuga en una motocicleta. Cabe aclarar que hasta el momento no existe alguna evidencia que indique que los probables infractores hayan estado disfrazados”, sostuvo la Procuraduría capitalina.

La investigación continúa, por lo que peritos e investigadores de la dependencia continúan recabando entrevistas de testigos y ya revisan las cámaras de videovigilancia que existen en la zona para tratar de esclarecer este hecho de violencia.

Lo ocurrido en este caso se cruzó en redes sociales con especulaciones que han circulado con intensidad en días previos sobre la aparición de “payasos terroríficos” que agreden a la gente, armados con cuchillos, mazos, picos, sierras y todo tipo de armas. La oleada de rumores comenzó en Canadá y Estados Unidos, por lo que finalmente llegó a México.


Salvo hechos aislados, como un asalto a una tienda de conveniencia cometido en Hermosillo, Sonora, por dos jóvenes que portaban máscaras de payasos, la mayoría de los incidentes han resultado completamente falsos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0211/mexico/disparan-a-adulto-y-nino-disfrazado-en-iztacalco-fue-ataque-directo-contra-su-padre-procuraduria/

Javier Duarte: le brotan cómplices por todos lados

Excolaboradores, operadores y prestanombres de Javier Duarte temen que la justicia los atrape por su presunta implicación en el quebranto del erario veracruzano. Cada día se conocen más irregularidades, crece el número de ilícitos y los nombres de los señalados se multiplican: los abogados Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, los hermanos Moisés y José Zury Mansur Cysneiros y Gabriel Deantes Ramos, entre otros. Algunos de ellos ya solicitaron amparo.

CIUDAD DE MÉXICO: En el entramado del saqueo a Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no sólo participaron funcionarios por él designados. También formaron parte, de manera destacada, viejos amigos del gobernador con licencia y abogados fiscalistas que operaban desde la Ciudad de México para movilizar los recursos del erario.

El más conocido hasta ahora es el abogado Alfonso Ortega López, quien como colaborador de la Procuraduría General de la República (PGR) ha explicado cómo operó la red de sociedades para adquirir inmuebles y otros bienes para el ahora prófugo gobernador con licencia tanto en México como en el extranjero.


De mayor importancia en la operación con los recursos públicos y quien es referido a Proceso por distintos excolaboradores cercanos a Duarte es José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado fiscalista que tenía su despacho en Polanco, en la misma zona donde también se le atribuyen propiedades al mandatario prófugo.

“Llegaba a dar órdenes sobre cómo se debían mover los recursos”, dice un allegado a Duarte que trabajó en su gobierno. “Era conocido en distintas secretarías, sobre todo en la de Finanzas. Tomaba incluso decisiones por arriba de los funcionarios, que por conveniencia o complicidad se hacían a un lado”. Refieren también que el abogado fiscalista se hizo presente en Veracruz desde el comienzo de la gestión duartista.

Abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Janeiro Rodríguez es quien movía los recursos. “Daba órdenes y se metía a las oficinas de los funcionarios, poniendo siempre por delante el nombre del gobernador”, dice el testigo sobre la presencia del experto fiscalista también en la oficina de Duarte.

“Los fondos públicos se transferían hacia lo que sólo los más allegados de Duarte conocían como ‘la licuadora’”, dicen los exfuncionarios consultados por este semanario. Aseguran que ahora podría estar en el extranjero.

Año y medio después de defender su tesis Aspectos legales de la clonación humana, Janeiro Rodríguez fue socio fundador en 2003 del despacho Contreras y Janeiro Abogados S.C. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, en donde pertenece a la comisión de asuntos fiscales, se presentaba además como asesor fiscal en México de la Xunta de Galicia, España, y de la “Cámara de la Industria de Comercio” en el estado de Tabasco, donde nació y heredó fortuna familiar.

La firma Contreras y Janeiro Abogados surgió de la sociedad de José Contreras Mantecón y el entonces pasante José Juan Janeiro Rodríguez en el despacho del exrector de la ELD, Mario Alberto Becerra Pocoroba, cercano al expresidente Felipe Calderón.

Consultados por Proceso, Contreras Mantecón y Becerra Pocoroba aseguran que la relación entre ambos acabó mal.

El operador

Dedicado desde hace años a la enseñanza de derecho fiscal en la ELD y diputado del PAN entre 2009 y 2012, en la segunda mitad del gobierno de Calderón, Becerra Pocoroba fue profesor de Janeiro Rodríguez y luego lo incorporó a su despacho como pasante.

“Lo despedí por abuso de confianza, pero nunca me imaginé que iba a terminar como lavador de dinero”, dice Becerra Pocoroba. Tampoco exento del escándalo por presuntos actos de corrupción, el exdiputado asegura que Janeiro Rodríguez se dedicó a crear empresas fantasma tras salir de su bufete.

En declaraciones a este medio, el abogado José Conteras Mantecón confirma que Janeiro Rodríguez fue su pasante en el despacho de Becerra Pocoroba, pero fue después de que estalló el escándalo que supo de las acciones de su exsocio.

Explica que Janeiro se separó del despacho a raíz de las primeras publicaciones en su contra, en abril pasado. “Nos dejó totalmente desprestigiados, enfrentando actos de autoridad, como cateos y cuentas congeladas”.

Asegura que, como resultado de sus propias investigaciones, “hemos sabido que era más socio de Moisés Mansur –señalado como uno de los principales prestanombres de Duarte– que de nosotros”. Desde 2010 tenían dos despachos de abogados. “Todo lo que hizo era exactamente lo que le recomendamos a nuestros clientes no hacer”, dice.

Con el escándalo en la prensa, Contreras se deslindó públicamente de su exsocio. Incluso colapsó la página del despacho al tiempo que publicó durante varios días una inserción pagada en varios medios nacionales para poner distancia de Janeiro Rodríguez. El comunicado lo firmó ya no como Contreras y Janeiro Abogados, sino como Contreras Mantecón Abogados, S.C.

Asegura que Janeiro renunció en julio pasado al despacho “anteriormente denominado Contreras y Janeiro, S.C.”,

“Los hechos que se imputan públicamente a la citada persona son totalmente ajenos a las actividades y servicios profesionales que este despacho presta a sus clientes… Esta firma de abogados, sus socios, asociados y empleados no representan en modo alguno los intereses de José Juan Janeiro Rodríguez, como tampoco los de cualquier persona física o moral vinculada con el gobierno del estado de Veracruz”, señala el deslinde.

Los prestanombres

Ante las investigaciones contra Duarte y su entorno, Janeiro Rodríguez tramitó el miércoles 5 un amparo contra los requerimientos de “información y documentación” que le ha hecho el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Janeiro es una de las 34 personas y empresas investigadas por el SAT por la supuesta creación de compañías fantasma para hacerse de recursos públicos a través de contratos del gobierno de Veracruz.

Su solicitud de amparo fue admitida a trámite el lunes 10 y se espera que se resuelva en la segunda semana de noviembre, a dos semanas de que concluya formalmente el gobierno de Duarte de Ochoa.

La PGR lo investiga por defraudación fiscal, lo mismo que a Duarte y a un viejo amigo del gobernador con licencia, también de apellido brasileño, el empresario Moisés Mansur Cysneiros, señalado como uno de los principales prestanombres del gobernador con licencia prófugo.

En una de sus declaraciones a la PGR, dadas a conocer por el periódico Reforma el martes 25, el abogado fiscalista Alfonso Ortega López aseguró que acudía afuera de las oficinas del despacho Contreras y Janeiro Abogados, en Polanco, para cobrar por su participación en la creación de las empresas que sirvieron para adquirir inmuebles a favor de Duarte no sólo en Estados Unidos, sino también en México. Dos de éstas en Ixtapa-Zihuatanejo por un valor de 3 millones y medio de dólares.

Aseguró que se crearon 19 sociedades en Miami para adquirir 30 propiedades hipotecadas por al menos 3 millones 200 mil dólares, además del pago de joyas para Karime Macías Tubilla, la esposa de Duarte.

También refirió tiempos compartidos en el Hotel St. Regis, de Nueva York, un bien inmueble en Woodlands, Texas; uno más en Arizona, un departamento en Madrid, un edificio en la calle Masaryk, en Polanco; tres departamentos en el Club de Golf Bosques de Santa Fe; un terreno en avenida Chapultepec y Salamanca, y un inmueble en la delegación Coyoacán, éstos últimos en la Ciudad de México.

Mencionó asimismo propiedades en Veracruz: una casa en Tlacotalpan, un rancho en Córdoba, y la Torre Pelícano, en Boca del Río. Además, bienes en el Estado de México: el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo; una plaza comercial en Metepec, y unas bodegas en Ocoyoacac, así como inmuebles en Cancún, Quintana Roo.

El diario cita declaraciones del fiscalista, quien asegura que cobró 300 mil pesos en efectivo por participar en esas operaciones como prestanombres. Precisó que el pago se le hizo “en un sobre cerrado, afuera de las oficinas de Contreras y Janeiro”, en la calle Lord Byron 28. Mencionó que una persona de nombre Gustavo Pérez le daba un sobre cada vez que le pagaban.

La noche del viernes 21 fuerzas federales, incluidos efectivos del Ejército y de la Marina, cumplieron cinco órdenes de cateo en la Ciudad de México en inmuebles relacionados con Duarte en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El jueves 27 hicieron lo mismo en el rancho Las Mesas, presuntamente adquirido con recursos de las secretarías de Educación y de Salud de Veracruz.

Otra acusación contra Duarte y ocho de sus allegados o colaboradores es por lavado de 253 millones de pesos en una compra venta de terrenos ejidales en Campeche, en donde se construyó un club de golf.

En esa operación, de la que esta revista dio cuenta hace cuatro años (Proceso 1878) participaron otros operadores de Duarte que ahora están bajo investigación. Entre ellos aparece el abogado fiscalista, ahora colaborador de la PGR, Alfonso Ortega López. También están Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña.

El más destacado en esa acusación es Moisés Mansur Cysneiros, un rico empresario de Córdoba que en el reparto de culpas implicó como socio de Duarte al empresario millonario Jaime Porres Fernández–Cavada, quien es también originario de Córdoba, al igual que Duarte.

Mansur Cysneiros es señalado como uno de los prestanombres de Duarte en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo. La propiedad tiene casi mil metros cuadrados, caballos de rejoneo y hasta alberca para los equinos. Según Ortega López, Mansur participó en la creación de las sociedades para adquirir los 19 inmuebles en Miami. En una de esas firmas, Comexa, participó su hermano José Zury.

Lluvia de amparos

Javier Duarte, Moisés Mansur y Alfonso Ortega López son viejos conocidos. El puente fue Mansur, quien era compañero de Duarte en la Universidad Iberoamericana y amigo de Ortega, entonces estudiante de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Según los exfuncionarios de Duarte consultados por Proceso, como universitarios, Duarte y Mansur compartieron un pequeño departamento en la colonia Contadero, en la delegación Cuajimalpa, cerca de la Universidad Iberoamericana.

Tres años menor que Duarte, quien tiene 43 años, Mansur hizo en 2006 un testamento en el que dejó como heredero a su amigo, titular de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Fidel Herrera.

La revelación hecha por el periódico Reforma en agosto pasado forma parte de las operaciones que se aceleraron cuando Duarte sucedió a Herrera como gobernador.

El ahora colaborador de la PGR Ortega López vio por última vez a Duarte en mayo pasado, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México. Le dijo que tenía miedo por las publicaciones periodísticas sobre las numerosas propiedades y porque su nombre aparecía en las sociedades.

Duarte, molesto, “me jaló del brazo y me dijo que yo estaba metido en esto, que yo estaba involucrado; y dijo ‘tú sabes de dónde viene el dinero’”, publicó el mismo diario el martes 25, al reseñar parte de las declaraciones del abogado fiscalista a la PGR.

El periódico asegura que el fiscalista, quien tenía un despacho en Cancún, sacó entonces a su familia del país y él estuvo en distintos lugares hasta que decidió presentarse ante la PGR y declarar sobre la trama de Duarte y sus allegados.

Desde que en abril pasado el ahora gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares presentó una denuncia penal contra Duarte por desvío de más de 3 mil millones de pesos, colaboradores cercanos del gobernador con licencia comenzaron a tramitar amparos para evitar su detención por parte de la PGR o de la propia Fiscalía General del Estado (FGE).

El jueves 27, la FGE dio a conocer que giró dos órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito. Una de las órdenes es contra el exsecretario de Seguridad Pública de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció en agosto pasado luego de que el portal Aristegui Noticias informó que es propietario de cinco residencias en Woodlands, Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares.

La otra orden de aprehensión fue contra Gabriel Deantes Ramos, hasta hace poco secretario del Trabajo y Previsión Social estatal, dueño de propiedades residenciales y comerciales en Xalapa. Deantes se encuentra amparado. Fue subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas.

Entre los solicitantes de la protección judicial, que por ahora gozan de suspensión de cualquier orden de aprehensión, figuran los exsecretarios de Finanzas y Planeación Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González. Manzur Díaz es ahora delegado federal del Banco Nacional de Obras (Banobras), mientras que Ruiz González es secretario de Infraestructura y Obras Públicas.

Junto con Yunes Linares, Ruiz formó parte de los cercanos de la exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ahora encarcelada tras haber sido acusada por la PGR, en febrero de 2013, de lavado de dinero.

El jueves 20, Ruiz compareció ante la PGR. Luego de su declaración ministerial aseguró que sólo había ido para “aclarar algunos temas de cuentas viejas” de cuando era secretario de Finanzas.

Uno más que solicitó amparo fue José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública estatal. En enero de 2012, en plena campaña presidencial, dos empleados del gobierno de Veracruz fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo.


El dinero salió de una partida de la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de Ruiz, cuyo subdirector de Operaciones Financieras, encargado de autorizar las operaciones líquidas, era Díaz Valenzuela, según filtraciones de la PGR. El gobierno de Duarte aseguró que ese dinero era para gastos del carnaval de Veracruz, la Candelaria de Tlacotalpan y la Cumbre Tajín de ese año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461055/javier-duarte-le-brotan-complices-todos-lados

A puerta cerrada, EPN entrega reconocimiento del ITAM a Calderón

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el patriarca del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Alberto Bailleres, el presidente Enrique Peña Nieto entregó anoche un reconocimiento a Felipe Calderón, su antecesor en el cargo, por sus supuestas contribuciones al desarrollo político, económico y social del país.

El reconocimiento de Peña a Calderón se produce a un año de que Bailleres, uno de los principales multimillonarios del país, recibió la medalla “Belisario Domínguez”, impulsada por las bancadas del PRI y PAN en el Senado, y cuando la esposa del panista, Margarita Zavala, busca ser la candidata presidencial.


La información fue publicada hoy como primicia por el diario capitalino Reforma, pero la Presidencia de la República y Peña Nieto nada dieron a conocer al respecto. Calderón, a su vez, agradeció el reconocimiento al ITAM, recibido en el marco del 70 aniversario de su fundación.

Agradezco mucho al @ITAM_mx por el reconocimiento otorgado esta noche, pero en especial por sus enormes enseñanzas. Felicidades!#ITAM70anos

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 2 de noviembre de 2016

El diario publicó una fotografía en la que aparece Bailleres flanqueado por Peña Nieto y Aurelio Nuño, secretario de Educación, y cerca de ellos Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital del país.


Calderón estudió una maestría en economía en el ITAM, y el premio que Peña le entregó se llama Carrera al Universo, la máxima distinción que esa institución brinda a un exalumno por su aporte al desarrollo del país.

Miguel A. Mancera saluda a Don Miguel Mancera

El Presidente @EPN da reconocimiento a @FelipeCalderon  #ITAM70Años pic.twitter.com/zAazXaB1uI

— Fernando Lelo Larrea (@ferlelo) 2 de noviembre de 2016

Según la información del diario Reforma, que recogió testimonios de asistentes –porque la ceremonia se realizó de manera privada–, cuando Peña entregó a Calderón el reconocimiento en propia mano, “el auditorio respondió con una ovación. Ambos lucieron sonrientes, así como los integrantes del presidium”.

Justo cuando ya está en curso el proceso para la sucesión presidencial de 2018 y una de cuyas contendientes pretende ser Margarita Zavala, esposa de Calderón, se celebra este hecho en el ITAM, institución que es semillero de la alta burocracia federal en las más recientes tres décadas.

Esta es la primera vez que un presidente de la República entrega a su antecesor de otro partido un reconocimiento del ITAM, galardón que también fue entregado al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, primer secretario de Hacienda de Calderón.

Bailleres, dueño del Grupo Ball y uno de los hombres más ricos de México, recibió el año pasado la medalla Belisario Domínguez en un proceso deslucido de principio a fin: Por primera vez desde que el Senado creó la presea, hace seis décadas, se rompió la unanimidad; sólo un voto –el de un perredista– evitó el rechazo, y la ceremonia de la entrega fue desairada por la mitad de los legisladores.

Pero sucedió algo peor: En el Senado se maquinó un fraude para alterar la votación y aumentar el número de senadores que se pronunciaron por honrar al tercer hombre más rico de México, dueño de múltiples negocios y beneficiario de la privatización del petróleo aprobada justamente por sus premiadores.

Los 65 votos computados en la sesión del 4 de noviembre –una raquítica mayoría de la mitad más uno– se convirtieron en 72. Siete sufragios de senadores aparecieron, repentinamente, en la versión estenográfica y en la votación oficial.

Eso también pasó con los votos en contra de otorgar el reconocimiento al magnate: De 12 pasaron a 13.

Se trata de una adulteración de la voluntad del Senado que presidía en ese momento el panista Roberto Gil Zuarth, egresado del ITAM, y cuya Junta de Coordinación Política estaba encabezada por el priista Emilio Gamboa Patrón, máximos jerarcas de ese órgano del Poder Legislativo federal y de quienes pudo venir la orden para cometerla.

La turbia operación de la triada PRI-PAN-PVEM para entregarle la medalla a Bailleres, que se otorga a los mexicanos que se han “distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad”, tuvo un desenlace sin lustre.

La ceremonia solemne del jueves 12 de noviembre fue desairada por casi la mitad de los senadores –la sesión se instaló con sólo 68 de los 128–, a tal punto que 21 de 38 panistas que votaron por él se ausentaron y también 11 de los 22 perredistas, cuyos escaños fueron ocupados por ujieres.

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, aseguró que la entrega de la Belisario Domínguez a Bailleres fue una orden de Peña Nieto.

“Tengo perfectamente claro que de Los Pinos se le hace al grupo parlamentarios del PRI una orientación política para galardonar a un empresario emblemático de ese sector y con ello mandar un mensaje de reconocimiento del poder hacia los empresarios”.

Para el perredista, el respaldo de la bancada del PAN a Bailleres –quien incrementó su fortuna en los sexenios de Vicente Fox y Calderón– es lógico, porque “este partido tiene un perfil político cercano al sector empresarial y este reconocimiento es también un asunto de concepción de país”.

Barbosa le dijo al reportero Arturo Rodríguez que en la ceremonia de premiación, los discursos de Bailleres y de su promotor, el senador Roberto Albores Gleason, fueron a favor del sector privado.

“Son discursos de empresarios para los empresarios. El reconocimiento del poder público, en este caso del Senado, es para los empresarios de México”.


Bailleres se hizo acompañar de los dos máximos jerarcas de la cúpula del sector privado: Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y el entonces dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461074/a-puerta-cerrada-pena-entrega-reconocimiento-del-itam-a-calderon

Meade descarta rescate financiero en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO: Los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chiahuaha, cuyos gobernadores priistas salientes dejaron un boquete financiero en las arcas públicas, no serán rescatados por el gobierno federal, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.


En declaraciones en el programa de Televisa Despierta con Carlos Loret de Mola, el funcionario afirmó que la relación de la dependencia a su cargo con los estados está acotada por instrumentos financieros, por lo que los gobernadores entrantes, todos de oposición al PRI, deberán hacer frente a la situación financiera de su estado, conforme a la ley.

La SHCP, explicó, sólo cuenta con dos instrumentos para apoyar a los estados: la entrega de participaciones provenientes de la recaudación, que pueden ser usadas libremente, y las aportaciones de recursos con fines específicos.

También, dijo, puede haber proyectos de inversión en infraestructura, pero la situación financiera de cada estado es responsabilidad de los gobiernos locales, insistió.

En el caso de Veracruz, donde el Congreso del estado reconoce un daño patrimonial por 14 mil 220 millones de pesos, Meade afirmó que el nuevo gobierno tendrá que hacer frente a la situación del estado.

Dijo que habrá una reunión con el equipo del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, en la que revisarán los instrumentos con los que se puede acompañar al estado, pero rechazó definitivamente un rescate financiero para el estado.

Entre las opciones que tienen los gobernadores para enfrentar la situación, Meade señaló que cada gobierno estatal puede pedir créditos de corto plazo, acudir a la Bolsa, a la banca de desarrollo o solicitar un anticipo de participacionesy para ello pueden recibir apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También, abundó, pueden recortar gasto para enfrentar los problemas.

Meade reconoció que la ley prevé la posibilidad de que Hacienda le dé recursos a los municipios, pero tienen que pedirlos y ser apoyados por cuerpos colegiados, aunque debe entregarlo a los gobiernos estatales.

Además, dijo, se vigila que el gasto se ejerza de manera adecuada. “Hemos fortalecido y dado facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que revise cómo se ejercen esos recursos en los estados” y lo pueden hacer, subrayó, en tiempo real.

Actualmente, abundó, los estados deben más o menos el equivalente a 2.5 puntos del PIB, sin embargo reconoció que la SHCP no tiene forma de conocer toda la deuda de las entidades federativas, porque no conocen el monto de la deuda de nómina ni con proveedores.

Meade hizo hincapié en señalar que ante el ambiente externo, de mucha volatilidad, es necesario fortalecer la economía mexicana.

Aseveró que la SHCP está al pendiente de los acontecimientos, y que la Comisión de Cambios está lista para intervenir, pero –dijo— “tenemos que distinguir cuándo tendría sentido, porque si hay una preocupación global en torno de los resultados del 8 de noviembre, la intervención sería como echar gotas al mar”.

A mediano plazo, apuntó, existen herramientas como las reservas internacionales, la línea de crédito flexible y los fundamentos macroeconómicos.

Si gana Donald Trump, habrá volatilidad

Meade reconoció que de ganar Donald Trump la elección presidencial en Estados Unidos, la volatilidad se incrementará y la incertidumbre se reflejará en las variables. No obstante, confió, la relación con Estados Unidos es vasta, profunda e intensa.

Además, sostuvo que en realidad los secretarios de Finanzas y Economía de todo el mundo deben estar preocupados con la elección, porque “se corre el riesgo de cambie la relación de Estados Unidos con todo el mundo”, y ese riesgo sólo se puede enfrentar con finanzas públicas sanas y con un sistema financiero adecuado.

Consideró que la volatilidad que se genere debe enfrentarse con los mejores instrumentos y con una economía fortalecida, para lo que no se debe esperar al 8 de noviembre porque los mercados funcionan todos los días todo el día.


“México tiene elementos para enfrentar un triunfo de Donald Trump y el escenario central es que la economía nacional crecerá entre 2 y 2.6%, por lo que cerraremos el año dentro del rango planeado”, estimó Meade.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461072/meade-descarta-rescate-financiero-en-veracruz-quintana-roo-chihuahua

Productora vinculada con Cuarón denuncia por robo a personal de Ricardo Monreal

Zuleyma Huidobro, Directora Jurídica y de Gobierno de la delegación, reconoce robo de dos celulares y una cartera.

Un operativo de la delegación Cuauhtémoc para verificar los permisos de una filmación que se lleva a cabo en la colonia Tabacalera, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, concluyó en una confrontación y en una denuncia por robo y lesiones en contra del personal de vía pública que labora en la demarcación gobernada por Ricardo Monreal.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado alrededor de las 9:30 de la mañana entre las calles Ignacio Mariscal y Edison, cuando personal de Vía Pública retiraba conos y otros enseres instalados por una casa productora vinculada al cineasta Alfonso Cuarón para apartar lugares en varias cuadras de la colonia Tabacalera, argumentando que contaban con permisos de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México.

La Directora Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, confirmó que existe una denuncia penal contra personal de esa demarcación por el robo de dos teléfonos celulares, una cartera y joyería, por lo que ahora corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aclarar los hechos mediante la revisión de los videos proporcionados por las cámaras del llamado C-4, organismo que monitorea la seguridad en la metrópoli a través de videocámaras.

Huidobro González dijo que el presunto robo ocurrió luego de una riña entre el personal de Vía Pública —dirigido por su titular, Herman Domínguez— con personal de la productora vinculada a Cuarón, sin que la delegación conozca el número de empleados que participaron ni las identidades de los mismos, ya que carecen de un protocolo interno para manejar este tipo de operativos.

Posterior al enfrentamiento, los integrantes de la casa productora señalaron que los servidores públicos se habían apoderado de dos teléfonos celulares, una cartera con dinero y tarjetas bancarias, así como de una cadena de metal precioso, por lo que exigieron a la delegación Cuauhtémoc proceder en contra de los servidores públicos involucrados.

Por separado, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que personal de esa dependencia reportó una gresca entre las partes, sin que hubiera personas lesionadas. Además, aclaró que el robo fue resultado de la pelea y no producto de un asalto.

“La SSP-CDMX acudió al lugar desde el momento en que se observó la llegada de un amplio grupo de personas al lugar de la filmación, las cuales se identificaron como representantes de vía pública de la delegación y luego de un intercambio de palabras, se produjo una gresca, sin que se reportaran lesionados”, señala una tarjeta informativa.

La versión de la Delegación Cuauhtémoc

En entrevista con Aristegui Noticias, Zuleyma Huidobro reconoció que sí hubo personas lastimadas, destacando que el propio Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, al tener conocimiento de los hechos, le dio la instrucción de apoyar a los afectados en la presentación de una denuncia formal por los delitos de robo y lesiones, por considerar que no se debe tolerar ningún abuso en la actuación de los empleados públicos a su cargo.

Admitió que también existen antecedentes de actuaciones irregulares por parte del personal adscrito a Vía Pública, por lo que de comprobarse las acusaciones de robo y lesiones, se procederá en contra de los servidores públicos que estén involucrados, además de que ya se ordenó una investigación más a fondo de todo el incidente.

“El sábado por la mañana se recibieron quejas vecinales por el apartado de las calles, por lo que personal de Vía Pública se presentó a atender el reclamo debido a que la producción se excedió en los lugares en los que tenía permiso. El personal de la filmación se opuso, se hicieron de palabras y ahí comenzó el altercado, durante la riña se habría dado el robo de los objetos. Por eso acompañamos a los involucrados y a los lesionados para que presentaran las denuncias correspondientes en el Ministerio Público”, sentenció.

La funcionaria aclaró que la delegación esperara los resultados de la investigación para poder actuar en contra de cualquier funcionario que haya actuado de forma irregular. En este marco, explicó que el video en el que se observa a Monreal Ávila retirando conos de tránsito en calles de la misma colonia Tabacalera, fue en un momento distinto al de la riña.

Aseguró que la grabación se realizó alrededor de las ocho de la mañana en una calle distinta a la que se dio a la confrontación, ya que la zona apartada por la productora para hacer locaciones “era muy amplia y abarcaba alrededor de 20 calles” tan solo en la delegación Cuauhtémoc.

En el video, Ricardo Monreal afirma que la casa productora no cuenta con permisos delegacionales y solicita a la empresa que realiza las filmaciones regularizar su situación. En un primer momento, ordena que los conos sean subidos a un automóvil con logos de la delegación y cuando un empleado de la empresa productora amenaza con presentar denuncias legales, ordena devolver los enseres, pero continúa retirando dichos objetos de la carpeta asfáltica.


La videograbación dura poco más de 16 minutos. En las imágenes, una persona que se identifica como Julio Linares, señala que sí tienen permisos y que forman parte de un equipo de filmación ligado al cineasta Alfonso Cuarón.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0211/mexico/productora-vinculada-con-cuaron-denuncia-por-robo-a-personal-de-ricardo-monreal/