MONTERREY, NL: Juan Carlos Treviño Hernández, de 26 años de edad, se encontraba a unos pasos de llegar a su domicilio cuando fue privado de su libertad por un grupo del crimen organizado. Durante más de cuatro años estuvo reportado como “desaparecido”. Para finales del año pasado se localizaron en el rancho Las Abejas más de 31 mil restos óseos calcinados y entre los que mantenían algo de ADN se logró identificar a 42 personas, uno era Juan Carlos. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León ha logrado ubicar al menos cinco extensos y apartados terrenos que fueron utilizados como “campo de exterminio”, donde los grupos del crimen organizado incineraron cientos de cuerpos. El rancho Las Abejas se ubica en el Municipio de Salinas Victoria, a unos 30 kilómetros al norponiente de la zona metropolitana de Monterrey y a pesar de la gran cantidad de restos que ahí se descubrieron no es el “campo de exterminio” más grande del estado. El mayor, donde aún continúan trabajando peritos forenses para localizar a más víctimas, está en el municipio rural de García, el poblado que administró Jaime Rodríguez Calderón antes de ser gobernador. Otros dos terrenos que fueron utilizados para incinerar cuerpos se localizaron en la comunidad de Santa Ana del municipio metropolitano de Benito Juárez. Uno más en Sabinas, poblado ubicado a menos de 100 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, a donde los Zetas trasladaron a algunas de sus víctimas privadas de su libertad en Nuevo Laredo para “cocinarlas” en un narcorancho. En todos los predios fueron encontradas evidencia de que se quemaron decenas de cuerpos en “piras”, incluso mayores a las que según la autoridad federal se hicieron en Ayotzinapa. También se hallaron barriles o “tambos” de 200 litros a los que se les perforaban pequeños hoyos en la parte media, para que hicieran el “efecto soplete” cuando se estaba incinerando los cadáveres. En una gran extensión del rancho Las Abejas los peritos estuvieron trabajando durante cuatro meses para recuperar los 31 mil huesos semicalcinados, informó a Apro un oficial del grupo especializado en buscar personas desaparecidas, de quien se omiten sus datos para su protección. Para arribar al sitio hay que salir de la zona metropolitana y recorrer unos 25 kilómetros en una angosta carretera con destino a Salinas Victoria. Posteriormente, hay que entrar y recorrer unos cuatro kilómetros por una polvorosa y estrecha “brecha” cuyo único paisaje que se observa es la escasa yerba y la fauna del desierto el Noreste. El pasado sábado 29 de octubre familias con personas desaparecidas organizadas en FUNDENL realizaron una misa en homenaje a las víctimas en la entrada del rancho Las Abejas, predio que se encuentra asegurado por la Procuraduría estatal. Las familias recibieron un mensaje de solidaridad del Obispo Raúl Vera que fue leído durante la homilía: “!Hay de nosotros! El día que nos volvamos indolentes ante el sufrimiento de ustedes y de sus familias, porque ese día dejaremos de ser seres humanos. “Pido a Dios que nunca se apague la luz que personas como ustedes están encendiendo, porque es la luz de la esperanza que surge de la fortaleza de su amor”. Los familiares de Juan Carlos Treviño contaron que fue “levantado” afuera de su domicilio el 23 de abril del 2011, junto con seis jóvenes más. Camionetas que transportaban hombres armados cerraron la calle donde se ubicaba su casa, la Privada Xicoténcatl. El joven se desempeñaba como responsable de instalar la plomería en las construcciones, oficio que aprendió de su familia. La tarde del 23 de abril regresaba de su trabajo cuando los pistoleros arribaron a la céntrica colonia 10 de Marzo, un predio que perteneció a Ferrocarriles Nacionales y que a principios de los años 80 fue invadido por los actuales colonos. Días antes, miembros del grupo delincuencial los Zetas habían “levantado” a otros 10 jóvenes en esa misma colonia. Desde esa época ya nada se supo de esos 17 hombres que pasaron a formar parte de las estadísticas que arrojan unos 3 mil desaparecidos en Nuevo León, la mayoría durante el período en que la industriosa ciudad de Monterrey sufrió lo más agudo de la “narcoguerra” entre el Cártel del Golfo y los Zetas, la cual comenzó “oficialmente” en marzo del 2010. Se conoció el paradero de Juan Carlos hasta que los criminales confesaron sobre el “campo de exterminio” de “Las Abejas”, ahí aparecieron sus restos y los de tres jóvenes más que fueron levantados en la Colonia 10 de Marzo. En ese predio y en los otro cuatro usados por los Zetas para desaparecer a sus víctimas, los criminales introducían en los barriles los cadáveres cubiertos de aceites lubricantes, luego les vertían gasolina y mantenían el fuego durante varias horas. La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León negó la petición de Apro para que informara sobre las cifras de restos óseos descubiertos en los cinco “campos de exterminio Zetas”, pero fuentes extraoficiales han filtrado que podrían alcanzar los 250 mil. El problema al que ahora se enfrentan las familias que buscan a sus hermanos, padres e hijos es que la gran mayoría de esos restos quedaron incinerados al grado que resulta imposible sacar muestras de ADN para compararlos con sus perfiles genéticos, lo que incrementa su incertidumbre y agudiza su tragedia. La última persona que fue identificada entre los restos descubiertos en Las Abejas es Alejandro Guadalupe Zamora, un policía municipal de Apodaca quien fue “levantado” junto con otros dos compañeros por agentes de Tránsito del municipio de Juárez, durante los últimos días de abril del 2011. Debido a la participación de policías corruptos al servicio de la delincuencia organizada, ese delito ahora entra en la categoría de “desaparición forzada”, lo que implica al gobierno en esos crímenes. Cuando estaban detenidos en las celdas municipales de Juárez, sus captores les permitieron a los detenidos que llamaran al titular de la corporación de Apodaca para que fuera a “negociar su liberación”. Milton Alvarado Rojas, jefe policiaco, se dirigió a Juárez en dos patrullas junto con siete policías que lo escoltaban. Los agentes de Tránsito le habían indicado que lo esperarían en un apartado terreno. La información de la Procuraduría sobre ese hecho describe que cuando arribaron ya lo esperaban un nutrido grupo de pistoleros Zetas que los emboscaron y acribillaron a bordo de las patrullas. Acto seguido rociaron con gasolina ambos vehículos. Las estructuras calcinadas de las patrullas fueron trasladadas a un taller donde los comprimieron en un sólido bloque, para finalmente venderlo como chatarra a una siderúrgica. En diciembre de 2012, la Agencia Estatal de Investigaciones capturó a los agentes de Tránsito que confesaron que el capo Édgar Adrián Zavala Bravo, jefe de la plaza de Juárez para los Zetas, había perpetrado -con otros cómplices- al menos 50 ejecuciones, entre otras la del jefe policiaco Milton Alvarado y sus escoltas.
Los once cuerpos de los policías fueron llevados al predio de Las Abejas para desaparecerlos en “piras” o en los barriles. Los restos de 10 fueron identificados entre los 31 mil huesos, por lo cual es presumible que el policía que continúa desaparecido también esté entre ellos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO. LINK: http://www.proceso.com.mx/461045/emergen-las-identidades-cadaveres-calcinados-en-campos-exterminio-del-narco
CIUDAD DE MÉXICO: La denuncia sobre la presunta ejecución extrajudicial de al menos ocho personas a manos de militares en Nuevo Laredo en este semanario animó a la madre de otra víctima para hacer a un lado el miedo y presentar una queja ante el presidente Enrique Peña Nieto.
Proceso dio a conocer en su edición 2086 imágenes de video y fotográficas que forman parte de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “en contra del personal militar perteneciente al XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano, por la probable ejecución arbitraria y/o extrajudicial”. Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre y la madre de uno de los fallecidos, representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) presentó la queja el 12 de octubre.
Contra lo que muestran las evidencias fotográficas y videográficas, los informes del destacamento militar y del Grupo de Coordinación Tamaulipas sostienen que se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de “un grupo delincuencial” y soldados en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, durante el cual fallecieron 11 personas, entre ellas una mujer que pasaba por el lugar con su familia. Como ocurrió en el caso de las ejecuciones de Tlatlaya, hasta ahora había prevalecido esa versión oficial, pero la primera queja le dio un giro al caso, que la CNDH radicó en la Segunda Visitaduría General con el folio 92413/2016. En entrevista, la madre de otro de los ocho civiles que viajaban en la camioneta blanca –quien pidió no publicar su nombre– admitió que el miedo la paralizó aunque estaba indignada: “No quería denunciar, tenía temor a los militares porque ellos siempre amenazan. Lo sé porque ha habido muchos casos de conocidas a las que los militares les dicen que se queden calladas, porque las tienen bien ubicadas. Por eso hay tantas muertes que quedan impunes. “Cuando miré en la revista (Proceso) me decidí. Dije: ‘Si ya hubo otra señora que denunció, yo también lo voy a hacer’. Espero que no me pase nada, porque les molesta a los militares que uno hable. Sí tengo miedo, pero si siempre voy a vivir callada nunca vamos a hacer nada.” El viernes 28, asesorada por el presidente de la CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, la mujer envió un escrito dirigido a Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y al titular de la CNDH. En su misiva, exige una investigación “profunda, imparcial y pronta”, suspender los patrullajes del personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada mientras se llevan a cabo las investigaciones; proteger la integridad de las familias denunciantes, sobrevivientes y testigos de los hechos, y sancionar a los responsables de la presunta “ejecución arbitraria y/o extrajudicial”. De acuerdo con la queja, la tarde del mismo 3 de septiembre alguien le dijo a la señora que su hijo había muerto bajo el fuego militar; pasada la medianoche ella localizó el cuerpo en una funeraria y después fue a la Agencia del Ministerio Público a exigir que se lo entregaran. En el documento, donde puntualiza que no vivía con su vástago, la señora indica que entre el sábado 3 y el domingo 4 fue subido a las redes sociales el video que pone en duda la versión oficial. Añade que “no había justificación para que los militares privaran de la vida (a su hijo) de manera arbitraria y menos disparándole en la cabeza a manera de tiro de gracia”. En la entrevista, explica que al ver el cuerpo advirtió que un disparo le entró por la sien derecha y salió por la parte superior de la cabeza. Según la versión oficial, él fue abatido adentro de la camioneta. Al enterarse de que en las redes sociales circulaba un video sobre los hechos, lo buscó, situación que le provocó más dolor: “Vi que es muy obvio: dos personas se bajaron de la troca y corrieron; uno de camisa blanca aparece merito atrás de la camioneta blanca, casi abajo. ¿Cómo quieren que uno reaccione? Es bien obvio que los militares los mataron”. Señala que en los últimos meses han ocurrido muchas muertes a manos de personal castrense, pero opina que “si eran personas inocentes o no, si andan trabajando mal, no lo sé, pero los militares no tienen el derecho de hacer justicia por su propia mano, por eso existe un Ministerio Público, pero lo que hacen los militares es matarlos”. En consecuencia, decidió exigir justicia en un intento de parar la violencia militar en Nuevo Laredo, de la que “por miedo” no se habla. Y sostiene: “Si ganamos el caso, sé que nunca me van a regresar a mi hijo, pero los que hicieron eso que paguen, porque no tenían que matarlos”. El silencio de las autoridades El pasado lunes 24 la reportera consultó brevemente al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien consideró “graves” los señalamientos y confirmó que el caso está en investigación. Explicó que a la comisión llegó una primera queja en la que se “planteaba la entrega de un cadáver: después quedó sin materia, se desistió de esa circunstancia”. Después se presentó otra con “señalamientos que se hacen a autoridades del Ejército”. Ésta “es una queja que se acaba de radicar; hemos solicitado la información y previsto el trabajo en campo al respecto, es decir el desplazamiento de personal de la comisión a realizar una investigación”. El martes 25, un equipo de la CNDH se presentó ante el presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, a fin de que lo apoyara en la ratificación de la queja presentada por la madre de una de las víctimas y para recorrer el lugar de los hechos. En entrevista, Ramos Vázquez explica que juntos revisaron la camioneta en la que viajaban los ocho civiles y encontraron en ella “más de 50 impactos por todos lados”, mientras que a lo largo de un kilómetro marcaron otros 48 “en fachadas de negocios, paredes, rejas, bardas, ventanas y en la puerta de un hotel”. Considera que esos disparos “hablan de la intensidad del fuego y la intención de causar daño” por parte de los militares aquel 3 de septiembre. Como la investigación podría durar al menos un año, por la complejidad del caso, Ramos Vázquez destaca que la CNDH ordenó medidas cautelares para él y sus representadas, pues “no estamos trabajando en un ambiente tranquilo sino en uno hostil”. Sin embargo, aún no hay un acuerdo: “La CNDH dio aviso a las autoridades militares y estatales para que no se nos moleste, para que tomen medidas de precaución y medidas de seguridad para nosotros. Aún no han respondido, estamos esperando”. Ramos Vázquez, quien ha documentado 26 casos de presuntas ejecuciones arbitrarias de las Fuerzas Armadas desplegadas en Nuevo Laredo entre marzo de 2009 y agosto pasado, también espera contestación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ante los mensajes amenazantes que ha recibido en las redes sociales después de hacer pública la denuncia. En una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con copia para Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, Ramos Vázquez da cuenta de expresiones difamatorias en las redes sociales y de la presencia de personas desconocidas frente a su domicilio, como lo informó la agencia Apro el martes 25. Ramos Vázquez expresa que ya ha pasado por momentos similares al presentar denuncias ante la CNDH y la PGR contra marinos y soldados que cometieron abusos contra la población civil de Tamaulipas:
“Ya sé lo que viene: distorsión de la información y campañas de desprestigio e intimidación. Por eso, cuando hablé con la gente del mecanismo de protección de Gobernación (el martes 25), le pedí que le digan a la Secretaría de la Defensa Nacional que deje esa campaña de linchamiento en las redes sociales. Me respondieron que están evaluando las amenazas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/461183/otra-victima-del-ejercito-en-nuevo-laredo-pierde-miedo
CIUDAD DE MÉXICO: El gobernador entrante de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analiza la posibilidad de adelantar recursos al estado correspondientes a este mes.
En entrevista con Radio Fórmula Yunes Linares negó que la SHCP se hubiera comprometido a entregar 11 mil millones de pesos a la entidad pero refirió que los recursos federales que por ley se tienen que entregar al estado el 11 de noviembre “podrían entregarse tres o cuatro días antes”. En cuanto a los dos mil millones de pesos que reclama un grupo de alcaldes, el panista dijo que el dinero ya fue entregado por la Secretaría de Hacienda, por lo que se analiza la posibilidad de recibir recursos extra para cubrir ese compromiso. Se trata, dijo, de dinero que “estaba presupuestado para los municipios (…) que fueron desviados” y que no se pueden volver a pagar aunque consideró la posibilidad de que se pueda cubrir el adeudo en algunos ayuntamiento con el adelanto de participaciones federales. “No pueden ser los mismos recursos porque ya fueron pagados por Hacienda”, por lo que “estamos buscando alguna alternativa para que los ayuntamientos tengan algún recurso adicional”, añadió. Yunes consideró que “la Secretaría de Hacienda estaría incurriendo en un hecho ilícito si pagara dos veces la misma participación”, por lo que se buscan alternativas para cubrir los adeudos del gobierno estatal. En ese sentido afirmó que el hecho de que el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, haya declarado que se han utilizado recursos municipales en áreas como educación y seguridad “es el reconocimiento de un delito”, pues es dinero que está etiquetado. “Nunca en la historia de México se había visto que un gobierno estatal utilizara recursos municipales, son recursos sagrados. Pasan por la Tesorería del estado solamente para registro y para dispersión a los municipios”, subrayó. El gobernador electo dijo que se debe profundizar en el hecho de que Flavino Ríos fue secretario de Educación y de Gobierno con Javier Duarte, mientras Gómez Pelegrín fungió como secretario de Finanzas y “ellos saben a dónde fueron los recursos; tienen que ofrecer una solución”. Finalmente, comentó que las reuniones con Hacienda para analizar las posibilidades legales para cubrir los adeudos de estado comenzarán hoy.
De acuerdo con la dependencia, los descuentos van desde los 19 hasta 165 mil pesos.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) descontó salarios a mil 602 maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero que faltaron a clases por participar en protestas contra la “Reforma Educativa” entre mayo y agosto del presente año. Los montos individuales van desde los 19 hasta 165 mil pesos por dicho periodo. Aunque los maestros de Chiapas mantuvieron un paro de labores de mayo a septiembre, la SEP sólo descontó el salario a 95 profesores entre el 16 de mayo y el 15 de agosto, según los reportes oficiales del Sistema de Administración de Nómina Educativa (SANE). Esto significa el 0.30% de los 30 mil 715 maestros de esa entidad. Animal Político solicitó, vía transparencia gubernamental, el desglose de los descuentos que anunció el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el pasado 31 de mayo. A decir del funcionario se aplicarían 54 mil descuentos a maestros, lo cual significaba un monto de 26.5 millones de pesos. La respuesta a la solicitud incluyó la base de datos de los descuentos, pero sólo están mil 602 trabajadores que faltaron a laborar y el monto total es de 7 millones 202 mil pesos, es decir, una tercera parte de lo que dijo el funcionario. Desde la aprobación de la Reforma Educativa, los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han encabezado protestas y paro de labores, sobre todo en las cuatro entidades donde tienen mayor fuerza (Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas).
En respuesta, el secretario de Educación ha amenazado con despidos, que no han sido concretados, y descuentos, que han resultado menores al número que anunció. Gasto3T 2016 (1)descuentos SEP
Salarios abismales De los 39 mil 882 maestros de Michoacán, sólo 928 de ellos (2.32%) tuvieron algún tipo de descuento económico por faltar uno o más días a laborar, lo que la ubica como la entidad con el mayor número de sanciones y el monto más alto: 5 millones 324 mil pesos, es decir, 73% del total de descuentos.
También, es el estado que tiene a trabajadores de la educación con los salarios más altos y los que han recibido los descuentos más altos, según el reporte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) entregado vía transparencia. Por poner un ejemplo, a un maestro de la secundaria técnica industrial no. 5, en el municipio de Apatzingán, le pagaron 832 mil 773 pesos por 212 horas de trabajo en tres meses. Esto significó un salario de 277 mil 591 mensuales. El monto descontado a este docente fue de 149 mil 709 pesos en el trimestre. En contraste, un maestro de la secundaria general Mariano Matamoros, en el municipio de Zacapu, sólo tuvo una percepción de 880 pesos durante el trimestre (293 pesos mensuales) y el descuento aplicado fue de 19.64 pesos. Aunque en la solicitud de información se pidió con las fechas en que los maestros faltaron, la SEP respondió que esos datos “no existen en los registros del Sistema de Administración de Nómina Educativa (SANE) considerando que no forman parte de los requisitos para el pago de la nómina”. Otro salario alto es el de un maestro de la secundaria técnica industrial 30, ubicada en el municipio de Uruapan, quien tiene un salario trimestral de 794 mil 339 por 225 horas de trabajo, según el reporte de nómina. Esto equivale a 264 mil pesos mensuales; es decir, 3 mil 530 pesos por hora. El descuento por faltar a laboral ascendió a 165 mil pesos, lo que equivaldría a 46 horas, el mayor registrado en la entidad. Tres maestros de Morelia también tienen salarios envidiables. Uno, de la secundaria técnica industrial 82 tiene una percepción trimestral por 725 mil pesos y su descuento fue de 50 mil 927 pesos; el otro trabaja en la secundaria técnica 99 y su salario es de 664 mil pesos. El descuento fue de 46 mil 262 pesos; en Zamora, un maestro de la secundaria técnica 79 ganó 646 mil pesos y su descuento fue de 46 mil 296 pesos. En Michoacán, otros 33 maestros ganaron entre 200 y 500 mil pesos al trimestre y los montos descontados fueron de 14 mil pesos hasta 94 mil pesos.
De los 76 mil 722 maestros de Guerrero, sólo 447 tuvieron descuentos, que ascendieron a un millón 612 mil pesos en el trimestre de mayo a agosto.
Un supervisor de educación física de la zona 2 de Acapulco, tuvo un salario de 373 mil 79 pesos y el descuento fue por 54 mil 301 pesos por faltar a su centro de trabajo. Mientras que un maestro de la primaria general Lázaro Cárdenas, en el municipio de Chilpancingo, quien recibe un salario mensual de 365 mil pesos le descontaron 53 mil pesos.
En Oaxaca, otro bastión de la CNTE, sólo 132 maestros tuvieron descuentos salariales. El mayor fue contra un maestro del preescolar Erasmo Castellanos, en Oaxaca. Por los 314 mil 554 pesos que ganó en un trimestre, la SEP le descontó 5 mil 343 pesos por haber faltado a laborar.
En tanto, un maestro de la secundaria técnica no. 20, en el municipio de Santiago Jamiltepec, que tuvo un salario de 3 mil 241 pesos trimestrales y le descontaron 102 pesos. Chiapas es la entidad con el menor número de descuentos y el mayor tiempo en paro de labores. Ahí los maestros mantuvieron las escuelas cerradas durante 124 días. Desde el 15 de mayo y hasta el 15 de septiembre.
Entre mayo y agosto, sólo 95 maestros tuvieron descuentos, que sumaron 171 mil 460 pesos.
¿Cómo proceden los descuentos? En la estructura escolar, los supervisores, divididos por zonas en cada entidad en el país, son los responsables de recibir los reportes que hacen los directores de cada escuela sobre asistencias de los profesores y trabajadores a su cargo. Sin embargo, además de maestros, la CNTE aglutina también a supervisores y directores en los estados donde tiene mayor fuerza: Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. E incluso, puestos de los puestos de la Secretaría de Educación Pública de cada entidad son negociados por los líderes de la disidencia magisterial. Por lo tanto, los encargados de reportar las faltas de los maestros que están en las marchas, pertenecen a la CNTE. Dichos reportes son entregados a las secretarías de educación de los estados y éstas a su vez, lo entregan a la SEP y se registra en el Sistema de Administración de Nómina Educativa. Animal Político también preguntó cuál es el destino del monto que descuentan a los maestros, pero la SEP respondió que, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) sólo se puede destinar a “sueldos, incremento salarial, prestaciones, aguinaldo, prima vacacional así como los incentivos económicos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente”.
Al tercer trimestre de 2016, el gobierno federal gastó de más 174 mil 507 millones de pesos, monto muy superior al recorte prometido por la administración de Enrique Peña Nieto.
El recorte al gasto público es una promesa del gobierno federal que inició en septiembre de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto dijo —por primera vez— que le tocaba al gobierno “apretarse el cinturón”. Desde entonces el compromiso se repite en el discurso pero en la práctica el gasto público ha ido en aumento. De enero a septiembre de 2016, el gobierno federal ya gastó 174 mil 507 millones de pesos más en comparación con el presupuesto que asignó la Cámara de Diputados, según los reportes de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Esa cifra es incluso superior al monto que se prometió como recorte al gasto para este año: 164 mil 077 millones de pesos.
Por un lado hay compromiso de “ajustar el gasto público”, pero por otro se modifica el presupuesto inicial para gastar más.
Presidencia la que más ha gastado La Presidencia de la República es la instancia que, en términos proporcionales, aumentó más su gasto en el periodo enero-septiembre: 63%. Esa tendencia de gastar más de lo asignado inició en el trimestre anterior, cuando Presidencia acumuló un incremento de 45% y justificó que los cambios presupuestales respondían a gastos por “actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal”. Pero Presidencia no es la única instancia que se está pasando en el gasto. Hasta septiembre, la Secretaría de Turismo había aumentado su gasto en 50.7% (2 mil millones de pesos); Relaciones Exteriores 35% (2 mil 131 millones); Secretaría de Hacienda 49% (11 mil 049 millones) y la Secretaría de Gobernación 29.3% (13 mil 262 millones). Las que sí recortaron: Educación, Salud y Desarrollo Social Pero mientras algunas secretarías gastan más de lo presupuestado, hay otras entidades de gobierno que sí han tenido que recortar para cumplir con el ajuste y entre éstas, se incluye a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Educación Pública (SEP) y Salud. Sedesol recortó 5 mil 596 millones de pesos que correspondían a los programas Prospera-Inclusión Social, Pensión para Adultos Mayores y el programa Fomento a la Educación Social. En la Secretaría de Educación Pública el recorte en comparación con lo que asignó la Cámara de Diputados es de 6 mil 328 millones de pesos. Esta instancia reportó a Hacienda que los ajustes se hicieron en los programas de la Reforma Educativa; Escuelas de Tiempo Completo; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; el Nacional de Becas; y en el de Expansión de la Educación Media Superior y Superior. Por su parte, la Secretaría de Salud dejó de gastar hasta el tercer trimestre del año 7 mil 164 millones de pesos que correspondían al Seguro Popular, al programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, Atención a la Salud y el programa Seguro México Siglo XXI.
CIUDAD DE MÉXICO: El cadáver de un hombre con un narcomensaje fue colgado la noche del miércoles 2 de noviembre, Día de Muertos, en un puente peatonal ubicado en el bulevar Benítez, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad, en Tijuana. Fue alrededor de las 22:30 horas cuando la central de emergencias recibió la denuncia que indicaba que el cuerpo de una persona pendía de un puente, el mismo en el que en septiembre pasado fueron expuestos restos humanos y un mensaje. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, del Ejército y agentes de la división de Gendarmería de la Policía Federal.
CIUDAD DE MÉXICO: Una fosa clandestina con más de 50 restos óseos humanos fue localizada en la periferia de Tijuana, en un predio de la colonia Colina de la Presa. Los cuerpos serían de víctimas de la delincuencia organizada y el hallazgo está relacionado con Santiago Meza López, conocido como “El Pozolero”, quien desaparecía cuerpos para grupos del crimen. Meza López, quien trabajó para el Cártel de Tijuana y el de Sinaloa, fue detenido en enero de 2009 y confesó ser el responsable de la desaparición de al menos 300 cuerpos, los cuales han ido apareciendo en fosas en Tijuana y municipios aledaños. El hallazgo de esta fosa se efectuó tras una denuncia anónima, implementándose un operativo por parte de la Gendarmería, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia de Baja California.
CIUDAD DE MÉXICO: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no hubo violación del Partido Acción Nacional a la normatividad electoral en la difusión de spots en los que aparece el dirigente nacional, Ricardo Anaya. No obstante, los magistrados de la Sala Superior ordenaron al Instituto Nacional (INE) realizar un escrutinio escrupuloso para prevenir, investigar y, en su caso, corregir fraudes a la ley o a la Constitución, o posibles abusos al uso de sus prerrogativas. Y es que los spots han sido considerados por algunos como promoción de Anaya rumbo al 2018. La impugnación fue promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que alegó la promoción personalizada, actos anticipados de campaña y sobreexposición mediática del líder nacional del PAN. El proyecto, realizado por el magistrado Salvador Nava Gomar,fue aprobado en estos términos: “En el análisis específico del caso se consideran infundados los agravios sobre presunto uso indebido de prerrogativa porque no se advierten elementos suficientes que permitan determinar de manera unívoca que la direccionalidad del discurso y la coherencia narrativa y la centralidad del sujeto, Ricardo Anaya, impliquen una violación a la normativa electoral. No estamos juzgando todos los spots en los que sale el presidente del PAN Ricardo Anaya, sino en concreto 2 spots con 41 mil impactos”. El magistrado Flavio Galván Rivera afirmó que lo procedente era confirmar en sus términos la sentencia de Sala Regional Especializada, que originalmente había declarado la inexistencia de las infracciones atribuidas al PAN y a Ricardo Anaya. “Creo que no es necesario recordarle o decirle al INE cuáles son sus facultades y que tiene que ejercer esas facultades”. En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que rechazó la suspensión de los spots. A través de un comunicado, el CEN del partido afirmó que esta sentencia confirma que Acción Nacional y su presidente se han conducido con apego a la Ley y enfatizaron que el partido ha utilizado los tiempos oficiales en radio y televisión para presentar su ideología, principios, valores y programas, y no para promoción personalizada.
Asimismo, exhortó a los demás partidos a aprobar una reforma al modelo de comunicación política, a fin de que la ciudadanía pueda contar con mayor información acerca de las propuestas y plataformas de las diferentes opciones políticas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/461177/spots-anaya-violan-la-ley-electoral-tepjf
Un operativo encabezado por Ricardo Monreal derivó en golpes y robos en contra del equipo de grabación del cineasta Alfonso Cuarón, según denunciaron los agredidos. La SSP de la CdMx dijo en un inicio que no se trató de un robo sino de una gresca, sin embargo, la productora acusó que fueron agredidos por personal de la Delegación Cuauhtémoc.
El delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, se disculpó mediante una tarjeta informativa, por los “excesos cometidos” con el equipo de filmación de Alfonso Cuarón en las inmediaciones de la colonia Tabacalera el pasado martes. El funcionario capitalino manifestó su respeto por el cineasta y también aseguró que “el empleado o funcionario público que haya cometido actos que hubieran rebasado la ley tendrá que responder por ello”. El día de hoy, luego de que se corriera el rumor de que los integrantes del set fueron amagados y despojados de sus pertenencias, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en respuesta a un tuit de un medio de comunicación, informó que sólo se trato de un altercado con personal de la delegación. ACUSAN ROBO Y VIOLENCIA A su vez, Espectáculos Fílmicos El Coyúl del reconocido cineasta mexicano negó que se tratara de una gresca, como afirmó la Secretaría de Seguridad Pública y acusó que “fueron agredidos por trabajadores de la Delegación Cuauhtémoc”. El staff denunció que dos mujeres fueron golpeadas y que cinco miembros del equipo tuvieron que ser ingresados al hospital. Además de teléfonos celulares, carteras y joyería que fueron robados. La empresa informó además que se levantó la denuncia numero CI-FCH/CUH-2/UI-2/S/D/4365/11-2016 en la Fiscalía Desconcertada en Cuauhtémoc – Coordinación Territorial de Seguridad. “Esperamos que las autoridades delegacionales cumplan con lo prometido y ayuden a resarcir los daños ocasionados y a recuperar los objetos robados, así como a fincar las responsabilidades a los autores de este ataque y darles el debido proceso”, dijo el equipo en un comunicado. Calificó “como alarmante el que trabajadores sindicalizados de la Delegación Cuauhtémoc se den a la tarea de atacar y agredir a ciudadanos que están cumpliendo con su trabajo de manera totalmente legal”.
El director mexicano está haciendo su primera película en su país en 15 años. No se ha anunciado el título, pero la empresa cinematográfica Participant Media dijo que se trata “de un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de 1970”.
EL OPERATIVO El día de ayer, en un video de Periscope publicado por el delegado de la Cuauhtémoc se muestra la primera parte del altercado con el equipo de filmación de Alfonso Cuarón con el mismo funcionario y elementos de su administración. Monreal Ávila llega a las calles de Ignacio Mariscal y Ramón Alcázar, en la colonia Tabacalera y comienza a preguntarse por unos conos de tránsito que aparecen en las calles aledañas al Monumento a la Revolución: “yo no sé de quién sea esto, quién las pone, no sabemos”, dice. Posteriormente, ordena a alguien del personal, que nombra como “Germán”, que quite los conos y el acordonado. Luego se dirige al equipo de Cuarón y les pregunta quién les autorizó apartar los espacios. Una mujer contesta que existe un permiso por parte de las autoridades de la Ciudad de México. “Yo soy el delegado, no hay ningún permiso”, les contesta Monreal. “Quiten todo, no se puede apartar lugares y si no revisen hoy mismo, no pueden tener todo eso, no pueden tenerlo” y les exige que hablar con el responsable de la filmación. El delegado les señala que no pueden tener 20 calles alrededor separadas ni “meterse como si fuera tierra de nadie”. Una de las mujeres le explica al delegado que están proporcionando boletos para que los automóviles de los vecinos del lugar puedan entrar a las calles, sin embargo Monreal Ávila sigue exigiendo el permiso de uso de suelo proporcionado por la demarcación. Cuando llega el encargado de la filmación, que se identifica como Julio Linares, argumenta que la Comisión Federal de Cinematografía les dio autorización para dichos cierres. Por su parte, el titular de la delegación asegura que necesitan un permiso proporcionado por la Cuauhtémoc y no por otras instancias.
El set reclama a Monreal que su equipo delegacional les regrese los conos que les quitaron y que los traten con respeto. También le advierte que utilizarán recursos legales en su defensa. PGJ INVESTIGA En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia capitalina informó que inició la carpeta de investigación correspondiente y que las diversas lesiones que presenta el personal de seguridad Olkan, contratado por la empresa de filmación, serán clasificadas por peritos en la materia.
Luego de que los agraviados se entrevistaran con el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc Dos, el representante social dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI), para que recaben las evidencias correspondientes y se lleve a cabo una revisión de las cámaras de video vigilancia de la Ciudad de México.
Entre enero y septiembre de este año se han cometido 2 mil 212 robos en las diferentes carreteras del país; el 90 % de los casos se cometen con violencia.
El martes pasado un autobús que transitaba en la carretera México-Toluca fue asaltado por 4 sujetos. Uno de los pasajeros, armado, asesinó a los asaltantes. Las autoridades encontraron los cuerpos de los presuntos ladrones tendidos en el asfalto. El caso ha cobrado notoriedad por las consecuencias: una víctima que supuestamente hizo justicia por su propia mano. Pero el hecho es que de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre del presente año se han cometido 2 mil 212 robos en las diferentes carreteras del país. Dicha cantidad de atracos es la más alta en los 4 años del sexenio. Además consolida una tendencia al alza que inició en 2014 y que representa un repunte del 33.4 % en la incidencia de este ilícito en el país en los últimos 2 años En promedio, en lo que va del año se han cometido un promedio de 8 asaltos diarios en las carreteras. Un promedio de un robo cada 3 horas. Los datos oficiales también revelan que 9 de cada 10 asaltos en las carreteras se cometen con violencia. En total, de los 2 mil 212 casos reportados por las procuradurías, solamente 248 han ocurrido sin que las víctimas padezcan algún tipo de violencia física. Cabe señalar que los números oficiales no reflejan el total de personas que han perdido la vida a causa de estos atracos. Los camiones o vehículos de carga son el principal objetivo de los asaltantes que operan en las carreteras del país. En los primeros nueve meses del año se registraron mil 95 casos de este tipo, que equivalen a casi la mitad de todos los atracos acumulados. A estos se suman 124 autobuses de pasajeros que han sido víctimas de los delincuentes en este 2016, lo que equivale a por lo menos 2 autobuses asaltados diariamente. Los datos del secretariado Ejecutivo también arrojan que se han iniciado 260 averiguaciones previas por robos a carreteras en agravio de automovilistas particulares. En otros 87 casos no se tiene dato de que tipo de vehículo fue el robado. Septiembre fue el primer mes del año en que se registraron más de 300 robos en carreteras. De hecho, los 301 casos reportados es la cifra mensual de robos en carreteras más alta de lo que va del sexenio, y la más elevada desde agosto de 3012 cuando también se registraron 301 atracos.
El dato cobra aún más relevancia debido a que es el sexto mes consecutivo en que el número de asaltos en carreteras se incrementa. La tendencia inició desde que en abril se reportaron 225 casos. En total, en este semestre la incidencia de este delito ha crecido más de 30 %.
Estados con más casos y estados en cero Los datos oficiales no registran los asaltos por el nombre de la carretera en la que se cometen, sino por la entidad en donde se encuentra la agencia del Ministerio Público que toma conocimiento de los hechos. Tlaxcala es el estado con el mayor número de averiguaciones previas abiertas por asaltos en carreteras con 646 casos. Esto significa que, en promedio, uno de cada cuatro casos registrados en el país ocurren en este estado. Cabe señalar que Tlaxcala, aunque es un estado de los más pequeños en extensión territorial y en número de habitantes, es atravesado por varias carreteras entre ellas la México – Puebla y las que conectan el centro del país con Veracruz. Puebla, que también es atravesado por las mismas carreteras que Tlaxcala, ocupa el segundo sitio nacional con 477 averiguaciones previas por asaltos carreteros. En tercer sitio se encuentra el estado de Guerrero con 391 casos registrados. Aquí también hay varias carreteras que conectan el centro del país con la zona del pacífico además de la carretera México Acapulco. Chiapas es la cuarta entidad con más casos registrados de este delito con 250 y le sigue Oaxaca con 242. Por otra parte, hay 13 entidades federativas del país que no registran una averiguación previa o carpeta de investigación por robos en carreteras. Entre estas se encuentra el Estado de México, aun cuando se trata de su territorio que es atravesado por varias carreteras y que, por ejemplo, las propias autoridades reconocen que hay bandas especializadas en asaltos en carreteras como la México-Toluca. Otro caso es el de Morelos en donde se encuentra la autopista y carretera México-Cuernavaca, pero según el registro oficial no se tiene dato de ningún asalto carretera. En el país hay carreteras federales cuya vigilancia corresponde a la Policía Federal, sin embargo, la investigación de los delitos que ahí se cometen corresponde a las fiscalías de los estados que son las que deben registrar los casos. Asociaciones civiles como el Observatorio Nacional Ciudadano y México Unido contra la Delincuencia han advertido que no existe una supervisión respecto a la forma en como registran y reportan los estados los delitos que se cometen, por lo que los datos oficiales no son del todo confiables. Esto aunado a que la cifra negra de delitos que no se denuncian reportada pro INEGI supera el 90 %. Asaltos letales Algunos asaltos cometidos en carreteras han cobrado relevancia por la gravedad de sus resultados o las circunstancias en que ocurrieron. Uno de ellos fue el ocurrido en la carretera México-Toluca el pasado 31 de octubre. Pero no se trata del único en esa carretera con consecuencias fatales ocurrido en el presente año. En mayo pasado un intento de robo a un autobús de la línea Flecha Roja derivó en otra balacera con un saldo letal de un presunto asaltante fallecido y otra persona mas herida. Otro caso que derivó en personas fallecidas fue el ocurrido la noche del pasado 27 de julio en la carretera México-Puebla, luego de que un grupo de asaltantes se metió a un camión para despojar de sus pertenencias a todos los ocupantes.
Todo apunta a que un grupo de personas intentó oponerse por lo que los delincuentes les dispararon. El saldo fue de dos pasajeros muertos y uno más que resultó herido. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: ARTURO ANGEL. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/asalto-carreteras-mexico/
CIUDAD DE MÉXICO: Las propiedades que adquirió el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegan hasta España, donde a través de sociedades inmobiliarias propiedad de presuntos prestanombres del priista, entre ellos su hermano Daniel Duarte de Ochoa.
De acuerdo con una investigación del noticiero “Despierta” con Carlos Loret de Mola, Daniel Duarte está al frente de dos sociedades inmobiliarias constituidas en la Ciudad de Bilbao. Una de las empresas es Consultoría Casco Viejo, propietaria del hotel Iturrienea Ostatua, ubicado en el primer piso del número 14 de la calle peatonal Santa Naría Kalea, en pleno centro de la ciudad, zona rodeada de bares y restaurantes. En un inmueble de 233 metros cuadrados divididos en tres apartamentos, cuyo costo va de los 75 a 95 euros por noche, entre mil 500 y dos mil pesos. El hermano del gobernador prófugo es administrador y socio único de esta empresa y según la oficina registradora de España, la compraventa ante notario se concretó el 23 de abril del 2014. La segunda empresa es “Bilbao, Alquiler Apartamentos y Servicios SL” de la que Daniel Duarte es administrador y socio al 50%. Esta inmobiliaria es propietaria de un departamento de 258 metros cuadrados, ubicado en el primer piso del edificio ubicado en el número 9 de la calle Hernani, a menos de cuatro minutos a pie del hotel Iturrinae Ostatua. Según la oficina del registro de España, el apartamento tiene tres dormitorios, comedor, cocina y dos baños y fue escriturado el 2 de mayo de 2011. Además de estas propiedades, Daniel Duarte es dueño de otro departamento fuera de las sociedades inmobiliarias. Se trata del tercer piso de 104 metros del edifico uno ubicado en la calle Lamana y que se encuentra en un perímetro no mayor a 200 metros de las otras dos propiedades. De acuerdo con el registro español el titular del apartamento es Daniel Duarte. El documento detalla que es mexicano que está casado con Óscar Millet Aguilar-Galindo bajo el régimen catalán de separación de bienes y que la fecha de la compraventa fue el 30 de mayo del 2012. Los negocios inmobiliarios de Duarte llegan hasta la Madrid, en específico hasta uno de sus mejores barrios: Salamanca. En el número 8 de la calle Antonio Acuña, donde hace cinco años había un cine, hoy se levanta un edificio de 24 departamentos. El cuarto piso letra “D” de ese inmueble está a nombre de José Manuel Ruiz Falcón, quien fue nombrado por Javier Duarte como director del Centro Histórico del puerto y otro de los presuntos prestanombres del exgobernador.
El documento de registro de la propiedad número 23 de Madrid especifica que el departamento se compone de sala, comedor, cocina, un cuarto con baño incorporado, otro cuarto y un baño. Tiene una bodega de tres metros en el sótano uno, una terraza de 14 metros y cajón de estacionamiento. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/461173/a-traves-de-prestanombres-javier-duarte-adquirio-inmuebles-tambien-en-espana
CIUDAD DE MÉXICO: Los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos fueron hallados la mañana de este jueves en los escalones de una tumba del panteón de la colonia Bachigualato, en Culiacán, Sinaloa. Las víctimas, que no han sido identificadas, fueron halladas alrededor de las ocho de la mañana por un empleado de limpieza del cementerio. Los dos jóvenes tenían entre 30 y 35 años de edad, uno de ellos vestía playera roja y pantalón de mezclilla azul marino. El otro lleva puesto pantalón de mezclilla azul y playera azul marino. Al lugar arribaron elementos de la Policía quienes aseguraron el área. También se apersonaron peritos de la Procuraduría General de Justicia estatal para realizar labores de campo. En el lugar fueron encontrados cinco casquillos para 9mm.
ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex: Cuatro presuntos delincuentes muertos y dos lesionados, entre ellos un policía estatal y un paramédico del ayuntamiento, es el saldo extraoficial del enfrentamiento entre un grupo armado y fuerzas de seguridad que atendieron un llamado por intento de extorsión.
Los elementos policiacos acudieron esta mañana al rancho San Diego, ubicado en la comunidad de San Diego de los Padres, con el objetivo de atender la denuncia de un ciudadano por un presunto intento de extorsión. Los uniformados fueron recibidos a balazos por los presuntos criminales, por lo que respondieron a la agresión y la refriega se extendió durante casi una hora, cuando los uniformados finalmente lograron someter a los agresores. Hasta ahora se contabilizan cuatro decesos: dos cuerpos de los supuestos delincuentes quedaron al exterior del rancho, sobre una ladera del ejido de San Diego, y dos más al interior del inmueble. Tras los hechos, la policía desplegó un operativo en la zona en busca de otros integrantes de la banda que se habrían fugado, y el área fue cercada para tomar las evidencias y realizar las pruebas periciales correspondientes.
Para el priista César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, la mejor noticia que ha recibido este año fue la del nombramiento de su “amigo íntimo” y también priista Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República, afirma el abogado y activista Jaime García Chávez, quien también es el autor de la denuncia contra el presunto enriquecimiento ilícito del ex mandatario local. Las dudas sobre la imparcialidad del nuevo Procurador para juzgar el caso de César Duarte son muchas, aun así García Chávez dice que en la entidad no se van a conformar con que el PRI lo expulse de sus filas, porque eso es lavarse la cara de la corrupción. En Chihuahua “lo que queremos es justicia real”, afirma.
El nombramiento del ex Senador priista Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República es preocupante para la investigación iniciada por corrupción al ex Gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez, consideró Jaime García Chávez. El motivo, explicó el abogado que interpuso la denuncia de hechos por probable enriquecimiento ilícito contra el ex mandatario priista, es su relación de amistad con el hoy titular del Ministerio Público Federal. “Creo que uno de los días más felices que ha tenido [Duarte Jáquez] Duarte este año es cuando nombran a su amigo [como Procurador General de la República]”, dijo García Chávez en entrevista vía telefónica a la ciudad de Chihuahua.
“Es un nombramiento impertinente, en general, para el combate a la corrupción; si Arely Gómez no tenía esas características, mucho menos las tiene este funcionario que, por otro lado, tiene gran cercanía con otro alto funcionario de la Presidencia de la República, y esto nos habla de que está a merced de lo que diga el poder”, agregó.
Raúl Cervantes Andrade, de acuerdo con su perfil en la página del Senado de la República, es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1997, partido en el que ha fungido como consejero político y coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional. Senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre pasado como Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez González, quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), acéfala desde la salida de Virgilio Andrade Martínez. Cervantes Aguirre es además primo del actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y del Comisionado Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.
En 2015, su solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez. “Es un puesto de 15 años sumamente importante en el orden jurídico”, dijo en noviembre pasado Samuel Kenny, entonces coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.
“Y nuestra preocupación, con base en la elección pasada, cuando fue electo [el ex Procurador General de la República] Eduardo Medina Mora, es que ni siquiera van a estar evaluados según estos criterios. Entonces no hubo debate, no hubo tiempos, no hubo participación de la sociedad civil, ni de los académicos y hasta podemos decir que fue una simulación de transparencia y de consulta”, agregó Kenny.
El nombramiento de Cervantes Andrade en la SCJN no se concretó pero, el pasado 26 de octubre, fue nombrado por el Presidente Enrique Peña Nieto como nuevo Procurador General de la República y ratificado por el Senado en los días siguientes. UNA INVESTIGACIÓN EN RIESGO De inmediato, García Chávez advirtió que estaba en peligro la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, iniciada a partir de la denuncia de hechos que él presentó el 23 de septiembre de 2014 por la participación del ex Gobernador en un Fideicomiso que lo hizo accionista del Banco Unión Progreso. “Esa preocupación nace, con hechos objetivos, por la cercanía de Cervantes Andrade con el ex Gobernador, lo que en estricto rigor lo debería llevar a declinar del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”, escribió García Chávez en su página electrónica el 27 de octubre. En entrevista, el abogado agregó que la investigación a Duarte cuenta con pruebas suficientes para ser consignada al Poder Judicial, por lo que en la próxima semana organizarán una protesta en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República exigiendo esta medida. “Arely Gómez se condujo con gran falsedad, porque hace un año nos prometió en entrevista que tuvimos [el hoy Gobernador] Javier Corral y yo con ella, que se iba a acelerar, que se iban a dictar las diligencias para seguir la ruta del dinero, y fue un vil engaño: ella estuvo ahí nada mas haciendo que hacia y nunca hizo nada, lo que por otro lado, la mal recomienda que el encargo que Peña Nieto le ha hecho, porque no ha presentado resultados tangibles”, dijo García Chávez.
“Entonces, Arely Gómez ha defraudado a los chihuahuenses. Y ahora llega Raúl Cervantes, en primer lugar con el descaro de, siendo Senador, estar aspirando a ser Ministro de la Suprema Corte y luego Constituyente de la Ciudad de México, y aquí tiene la agravante de que ha sido abogado del PRI y, está documentado, tenemos testimonios de que es amigo íntimo de César Duarte; entonces, eso nos hace dudar muchísimo de su imparcialidad para conocer la causa de su amigo”, agregó.
García Chávez –quien busca se aclare la aportación de 65 millones de pesos que César Duarte hizo a un Fideicomiso y lo convirtió en accionista del Banco–, explicó que ex Gobernador declaró a PGR que invirtió el dinero después de que le hizo un donativo de 40 millones al hoy diputado federal Carlos Hermosillo (también señalado en la denuncia) y éste se los regresó. “Entonces, Duarte toma sus 40 millones de pesos y luego (declara que) tiene otros 25 millones de ahorros, utilidades y demás, y de pronto tiene 65 millones de pesos en las manos y dice ‘¿qué hago? Creo un fideicomiso para ser accionista del banco’ que iba a crearse desde los tiempos que estaba en campaña”, dice García Chávez. “Pero si revisamos las declaraciones patrimoniales que como servidores públicos están obligados a hacer, porque Hermosillo estaba en la Junta Central de Aguas, resulta que nunca declararon una operación de 40 millones de pesos (…) Si te regalo 40 millones de pesos, lo debo registrar notarialmente, pero esa es la defensa infantil que hace César Duarte”, agregó. Sobre el ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, señalado en la denuncia de hechos por tráfico de influencias y uso excesivo de atribuciones, “está más que acreditado con los depósitos hasta por 80 mil millones de pesos y el reconocimiento de que era accionista del propio banco donde estaban depositando el dinero público”. Por tanto, insiste el abogado, hay elementos para consignar el caso y se hará la protesta ante la delegación de la PGR en Ciudad Juárez.
“Aquí no nos vamos a conformar con que los expulsen del PRI, que es lavarse la cara de la corrupción”, dijo García Chávez en relación a la demanda interna en el tricolor contra Duarte Jáquez y otros tres ex mandatarios.
“Lo que queremos es justicia real, que se le vincule a un procedimiento”, agregó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/03-11-2016/3110879
