"No tiene ningún sentido ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos...".
Un nuevo tratado de libre comercio se discute en el Senado: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Estados Unidos lo impulsó, y fue negociado en secreto con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam. A pesar de que Claudia Ruiz-Massieu e Idelfonso Guajardo aseguran que el TPP va a beneficiar a México, los datos y el contenido del tratado nos dicen otra cosa. La realidad es que pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad en internet. En el fondo, se trata de un acuerdo que se disfraza como un tema “comercial” pero privilegia los intereses de compañías multinacionales, dándoles poder por encima de los gobiernos mismos.
México ya firmó el tratado el pasado 4 de febrero en Nueva Zelanda, y ahora está pendiente de ratificar en el Senado. Sin embargo, los legisladores no puedan cambiar una coma del texto negociado: la respuesta será “sí” o “no”, sin condiciones. Con las elecciones de Estados Unidos en el horizonte, la ratificación del tratado se complica. Los próximos meses son cruciales para definir el destino del TPP, y con éste, nuestras libertades.
¿Por qué el TPP es tan peligroso? Para empezar, la ganancia económica si ratificamos el acuerdo, es mínima. El propio Banco Mundial pronosticó que con la implementación del tratado, el crecimiento para países que forman parte del TLCAN, como México, sería de apenas un 0.6%. De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP fortalece a las empresas multinacionales por encima de nuestros intereses como país. El problema empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados. Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto), las compañías extranjeras pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7).
Cualquier disputa de este estilo se resolvería en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.
En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos. Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos. Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el zika. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca y tienen que esperar ocho años para curarse: es literal, un tema de vida o muerte. Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.
En específico, el TPP obliga a México a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.
Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Esto implica que los autores y creadores de música, libros o películas puedan tener la exclusividad sobre sus creaciones no solo mientras vivan, sino que ese beneficio se extienda a sus herederos, hijos y nietos. A la larga, solo las élites podrán pagar por contenido cultural que debería estar al alcance de todos. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.
Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Youtube y Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “viole” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. Si no lo hacen, son también responsables de la “violación”. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Por ejemplo, en México, Enrique Peña Nieto ha usado la DMCA para eliminar sus metidas de pata al decir que “León es un Estado”. Casos como este podrían replicarse con el TPP.
Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas. El momento político Para que el acuerdo entre en vigor, hay dos opciones. Primero, que los doce miembros completen el proceso de ratificación al interior de sus países. Entonces el TPP entraría en vigor dos meses después de que todos los hayan hecho. Sin embargo, la oposición al tratado alrededor del mundo ha sido fuerte, por lo que esta primera ruta no es tan viable. Si algún país se queda fuera, la segunda opción es que el TPP entre en vigor si al menos seis países lo ratifican, siempre y cuando representen el 85% del PIB total entre los doce miembros. Como Estados Unidos y Japón representan el 80%, el tratado básicamente depende de ellos. Es una movida política. Por eso el proceso electoral en Estados Unidos es tan importante. Y aquí, el TPP ha salido muy raspado. El senador Bernie Sanders –ex candidato a la presidencia por el Partido Demócrata– calificó al tratado como “desastroso” diciendo que afectaría a la clase media, e implicaría cientos de pérdidas de trabajos. El propio Donald Trump dijo que China, Japón y México estaban “matando” el comercio de Estados Unidos gracias a los malos deals que negociadores “estúpidos” habían hecho. Ya al final hasta Hillary Clinton, quien había promovido el acuerdo cuando fue Secretaria de Estado, se unió al coro diciendo que había que “aniquilar el TPP”. En cambio en nuestro país, el Secretario de Economía tiene prisa por aprobar el TPP. El Instituto de Estrategia Económica de Washington ha estimado que se podrían perder hasta 30,000 empleos, pero parece no importar. A la par, las presiones políticas al Senado aumentan mientras el Consejo Coordinador Empresarial exige acelerar la ratificación del tratado. Pero que quede claro: el TPP no debe aprobarse. No tiene ningún sentido ratificar un tratado con un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos. Sin la consulta ni participación de ciudadanos o sociedad civil, el proceso además es antidemocrático. Solo gobiernos y lobistas participaron en el proceso de negociación que culminó en el texto final.
GUANAJUATO, Gto: El gobierno del estado urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a hacerse cargo del Mando Único en la zona limítrofe entre esta entidad, Jalisco y Michoacán, triángulo en el que se ubica el municipio de Pénjamo, donde se han registrado al menos 100 homicidios dolosos de enero a octubre. Las autoridades estatales han reconocido la existencia de una fuerte pugna entre grupos del crimen organizado en la zona. Decapitados, bolsas con restos y cuerpos tirados en caminos vecinales han quedado en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en un recuento de dicha instancia y medios de comunicación que hasta este viernes 4 llegó a las 102 personas asesinadas sólo en este municipio. Según las estadísticas, en septiembre pasado se contabilizaron 18 homicidios dolosos, la cifra más alta de enero a octubre. Aunque, según explicó el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, el registro de los homicidios dolosos en Pénjamo no corresponde al número de asesinatos, puesto que varios de los cuerpos encontrados son de víctimas originarias o ejecutadas en Michoacán depositados en territorio penjamense. De todos modos, el Secretario de Seguridad admitió un alza en la incidencia de este delito en Pénjamo y otros municipios del sur del estado: Salvatierra, Cortazar, Salamanca y Acámbaro. Por ello, los titulares de las corporaciones que participan en los operativos conjuntos en esta región se reunieron esta semana para rediseñar la estrategia que, hasta la fecha, no ha logrado frenar los homicidios dolosos y ejecuciones extrajudiciales en estas localidades, lo mismo que en León e Irapuato, municipios del corredor industrial. Cabeza de Vaca dijo ayer en una visita a Pénjamo que se está reforzando la estrategia. “No la vamos a cambiar, pero sí a reorientar y reforzar operaciones, rediseñar la presencia y los operativos de las corporaciones”, aclaró. Pero el funcionario dijo también que el gobierno estatal está en espera de que la Sedena admita encabezar el Mando Único en la zona, como lo propuso desde hace meses el gobernador Miguel Márquez. “Primero nos dijeron que lo tendría la Policía Federal. Ahora nos dicen que la Sedena. La propuesta del gobernador sigue firme: aplicar (el Mando Único) en este triángulo entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato” en los límites que convergen en Pénjamo, mencionó.
CIUDAD DE MÉXICO: La directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, dio a conocer que en días recientes distintas personas se comunicaron con ella para informarle que colaboradores del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, iniciarán una campaña de desprestigio en su contra. En una columna titulada: “Periodismo de investigación vs campañas negras”, Navarro destaca que esos ataques desde el gobierno estatal tienen que ver con información difundida por Zeta sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad.
A continuación, el texto publicado por el semanario este viernes 4: En los días recientes, distintas personas por distintos medios, se han comunicado con quien esto escribe y con personas allegadas, para decir lo mismo: colaboradores de Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador del Estado, iniciarán una campaña de desprestigio contra tu persona. De manera sistemática ese fue el mensaje; en alguna ocasión incluyeron como objetivo de la campaña también a la periodista Dora Elena Cortés Juárez. En mi caso fueron contundentes: Referirán públicamente infamias con tu vida privada como protagonista. Días después, la información se hizo pública. En los periódicos El Mexicano y El Informador, en el portal noticioso AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes sociales, la versión era la misma: hay personas relacionadas con el gobierno, intentando desprestigiar a la directora de ZETA. Hace unos meses, la Unesco nos convocó a un foro sobre seguridad para comunicadores. Ellos quisieron sumarse a la red de protección y defensa de los periodistas en el mundo. Cuando hablamos de las difamaciones, refirieron que tal acción era un atentado a la libertad de expresión en la modalidad de ataque a la moral y la credibilidad de una persona para acabar con un medio. Algo así sucede en Baja California en estos momentos y desde hace tres años. Justo cuando el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid dio inicio. Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido. Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años. No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos. Si quieren encontrarme aquí estoy, en el semanario ZETA, en Américas 4633 Fraccionamiento El Paraíso, en La Mesa, Tijuana, en los teléfonos 664 6816913 al 17 y en correo electrónico adela@zetatijuana.com, para cualquier información, aclaración o si buscan derecho de réplica –aun cuando tenemos como principio buscarlos para entrevista y normalmente nos la niegan–, el espacio aquí está para una carta, una aclaración. Pero si el tema es atacar la vida privada de un periodista para acabar con la moral y la credibilidad de un medio, se equivocan. El periódico que codirijo con César René Blanco Villalón desde su fundación ha respetado la vida privada de los funcionarios públicos. Y no por falta de información, sino por principio y compromiso periodístico. El interés público es sobre el desarrollo del gobierno y quienes en él se mueven, siempre y cuando no crucen la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada, mezclando la primera con la segunda generalmente en el ejercicio y aprovechamiento del presupuesto. A raíz de publicaciones sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o de las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del gobierno de Francisco Vega con la Universidad, supimos que desde la coordinación de Comunicación y las secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico, iniciarían una campaña de desprestigio. Esa información se hizo pública la semana que termina. El miércoles 2 de noviembre, Gerardo Fragoso, un columnista del periódico El Mexicano, publicó: “En los próximos días, una de las periodistas más reconocidas de Baja California podría enfrentar una dura campaña de desprestigio… (Consiste) en publicar diversas infamias sobre la vida personal de Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA… Quien platicó con nosotros nos dijo que la razón por la cual tiene a Navarro entre ceja y ceja, era por exhibir los pecados de Carlos Humberto Bonfante Olache y Antonio Valladolid Rodríguez”. El columnista señala que los personeros de quienes amenazan con una campaña contra mi persona, han ofrecido dinero a cambio de publicar tales dichos. El jueves 3 de noviembre en la columna principal del periódico El Informador que dirige Luis Fernando Vázquez Bayod, publicaron con el título “campaña de desprestigio” lo siguiente: “No se ha dicho de dónde, no se ha dicho de parte de quien, pero al parecer ha iniciado una campaña de desprestigio contra la codirectora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello. Los ataques no van exclusivamente contra su reconocida trayectoria profesional, pues han comenzado a echar tierra, de forma sucia y vulgar, a su vida personal. En esta casa editorial hemos recibido supuestos pitazos informativos vía correo electrónico en los que se mencionan todo tipo de calumnias contra la persona de la periodista…”. Finaliza el texto: “Una campaña infundada contra una figura como Adela Navarro es un ataque a la libertad de prensa y, por lo mismo, un ataque contra otros medios de comunicación”. Unas horas antes, en el portal AFN de la periodista Dora Elena Cortez, la misma publicó: “Apenas ayer comenté con Roberto Karlo López Páez, director de Comunicación Social del gobierno del estado, que tenía información muy precisa en el sentido de que el ‘dilecto’ ‘director de imagen’ del gobernador Kiko Vega, el exreportero Jorge Alberto Cornejo Manzo, estaba instrumentando sendas “campañas sucias o negras” en contra de la compañera Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta y contra una servidora, porque estaba sumamente molesto por el hecho de que hubiésemos criticado sus argucias para acallar a la prensa, sobre todo en el tema del adeudo del gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Baja California”. Otros periodistas han sido solidarios con ZETA. Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, quien trabaja de subordinado de Roberto Karlo López, pero contratado por el gobernador Francisco Vega, se ha apersonado en algunas redacciones, y comunicado a otras, para ordenar no se aborde un tema –éste en específico–, se saque de circulación una nota, con la amenazada que de no hacerlo se les cortaría o rebajaría el convenio publicitario a los medios. Al cierre de edición, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que encabeza Melba Olvera, emitió un comunicado, “Urge CEDHBC a garantizar el respeto al libre periodismo”, donde informa que “reiteró un llamado enfático a las autoridades de gobierno, en especial al Ejecutivo del estado, para que instrumenten acciones orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio libre del periodismo”. Además, iniciaron el expediente 120640/4VG para investigar “posibles vulneraciones a los derechos humanos derivados de estos hechos”. Insisto: en ZETA desde su fundación el 11 de abril de 1980, hemos participado en la vida de Baja California con periodismo de investigación, análisis y opinión. Hemos mantenido una línea editorial crítica, contestataria, anti oficialismo. Hemos sido amenazados por narcotraficantes. Generalmente del mismo cártel que asesinó a nuestros compañeros Francisco Javier Ortiz Franco y Luis Lauro Valero, y desde el cual intentaron quitarle la vida al director fundador, J. Jesús Blancornelas, el cártel de los hermanos Arellano Félix. También hemos sido presionados por políticos, funcionarios y gobiernos, pero no hemos cedido a ese hostigamiento. ZETA se mantiene firme en su compromiso con el periodismo, la información veraz, y sostiene todas y cada una de las letras aquí publicadas desde 1980. Nuestro trabajo es en aras de la transparencia, la justicia social, el buen gobierno, la democracia, la seguridad y el bienestar. No hemos comprometido nuestra línea editorial y no lo haremos, el derecho a informar y ser informado supera en mucho la pequeñez de cualquier funcionario que corruptamente manipulando el dinero público pretenda orquestar alguna campaña de desprestigio.
A quienes se han solidarizado con nosotros, gracias. A nuestros compañeros periodistas que no han hecho eco de la campaña de desprestigio, nuestra solidaridad y confianza. A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/461378/denuncia-semanario-zeta-campana-desprestigio-gobierno-bc
CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, aseguró que en México se está haciendo todo lo posible para reducir la incertidumbre de la economía “frente a las dudas o a la voracidad que nos viene de fuera”, en particular frente a la elección presidencial en Estados Unidos. Lo que el país debe hacer frente a la contingencia de esos comicios o cualquier otra que se enfrente por delante, es construir mecanismos que le permitan ser resistente frente a las sorpresas, destacó en entrevista con radio Fórmula. “Todo eso hemos venido haciendo en estas semanas y en estos meses. Hemos venido prefondeando nuestros vencimientos, los que tenemos temprano el año que entra. El anuncio del programa de negocios de Pemex es parte de ese esfuerzo de blindaje, y el paquete económico que nos regresa al superávit primario también lo es”, puntualizó. Son medidas que contribuyen a generar certidumbre y a prepararse frente a una sorpresa, como en este caso el resultado de la elección en Estados Unidos, y cualquier otra que pueda venir, agregó.
De acuerdo con el funcionario federal, en estos momentos los mercados están tranquilos y funcionando bien. Algunos días, dijo, el tipo de cambio se ha movido entre 40 y 50 centavos, en un sentido o en otro, “y eso ha venido dando la oportunidad de modelar, cómo estarían reaccionando los bancos, los corporativos, las diferentes variables en la economía”. Añadió: “Todo nuestro actuar en los últimos días y en las últimas semanas ha estado orientado a mandar a los mejores elementos para que frente a la incertidumbre que nos viene por delante, estemos lo mejor preparados posibles”. En el caso de un posible triunfo del candidato republicano, Donald Trump, “lo que tenemos que ver y estamos preparados para hacerlo, es entender cómo se mueven las variables, cuáles serán los movimientos permanentes, cuáles serán movimientos temporales, estamos atentos y tenemos instrumentos para ir reaccionando en función de lo que vayamos viendo”, subrayó. Sea cual sea el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos, dijo, no habrá una reacción precipitada. La Federación cumplió en tiempo y forma en Veracruz Sobre las participaciones a municipios de Veracruz, Meade aseguró que la Federación no puede hacer dos veces el pago, y aseguró que continúan las conversaciones con el gobierno de esa entidad. Reiteró que la Federación cumplió en tiempo y forma, entregó los recursos que deben de llegar a los municipios, por lo que en el manejo que haga el gobierno del estado está por venir. “Ese es un compromiso que tiene pendiente el gobierno del estado con los municipios, que tendrá que ver cómo acomoda, que tendrá que ver cómo ajusta”.
El exsecretario de Desarrollo Social indicó que están en la disposición de participar, de dialogar, de poner a la mano del gobierno veracruzano instrumentos de banca de desarrollo, revisar cuáles son sus flujos y cuáles los fondos que podrían estar disponibles, pero todo eso bajo la premisa de que la Federación no puede pagar dos veces un recurso que ya entregó y con el que ya cumplió. FUENTE: PROCESO. AUTOR: TERESA DEL MAZO. LINK: http://www.proceso.com.mx/461365/mexico-trabaja-enfrentar-cualquier-resultado-en-eu-meade
“Funcionarios públicos y políticos tienen un mayor atrevimiento para denigrar y descontextualizar el trabajo de las mujeres periodistas. Les es más fácil agredir a una mujer periodista que a un hombre de la misma profesión. Se les violenta por el hecho de ser mujeres y las agresiones en su contra tienen un componente de género que las impacta de manera diferenciada. Amenazan a su familia, se meten con su vida personal, estado civil, con sus hijos, y entre otras cosas. con su aspecto físico”, afirma a Desinformémonos Jade Ramírez Villanueva, periodista de Jalisco y Oficial de Libertad de Expresión de Periodistas de a Pie . En días recientes, el Informe “Tiempo de romper el ciclo de violencia contra periodistas” de la Directora General de la UNESCO sobre la Seguridad de Periodistas y el Peligro de la Impunidad, afirmó que existe un ligero aumento en el asesinato de mujeres periodistas. De 2014 a 2015 la instancia internacional documentó 195 asesinatos de hombres periodistas y 18 de asesinatos de mujeres periodistas. Si bien el principal flanco de agresiones registrado continúa siendo contra los periodistas varones, la UNESCO lo atribuye a que son más el número de hombres que se dedican a esta profesión y quienes mayoritariamente realizan coberturas en zonas de alto riesgo. Sin embargo, el mismo informe asegura que “entre 2006 y 2013 un promedio de cuatro periodistas mujeres eran asesinadas por año pero tanto en 2014 como en 2015 fueron asesinadas nueve periodistas por cada año”, es decir, el número de asesinatos de mujeres periodistas se duplicó. En el caso de México, la periodista Jade Ramírez afirma que incrementa el número de agresiones pero también las formas y los matices violentos con los que se ataca el trabajo periodístico. “En años anteriores había estados que eran foco rojo o zonas conocidas como de alto riesgo como Veracruz, Tamaulipas o Ciudad Juárez, pero particularmente desde 2013 en poblaciones, comunidades y municipios donde aparentemente no hay un alto índice de ataques contra la prensa o los medios de comunicación se presentan situaciones violentas contra las periodistas. Ahora hablamos de zonas de riesgo, de agresiones por temática y de un aumento en las agresiones a las mujeres periodistas”. De acuerdo con el informe de la UNESCO en los últimos 10 años registró 827 asesinatos. De 2014 a 2015 documentó 51 asesinatos de periodistas en América Latina, lo que la coloca en la “segunda región más peligrosa del mundo para los periodistas, detrás de los países árabes”. Además de los asesinatos, otras agresiones documentadas fueron secuestro, detención arbitraria, tortura, intimidación, hostigamiento, destrucción del material, entre otros. Conclusiones del informe publicado esta semana por la UNESCO aseguran que existe un “aumento pronunciado en 2015 de periodistas de medios digitales asesinados” y que “el mayor número de periodistas asesinados fueron periodistas locales”. Jalisco, refiere Jade Ramírez, “siempre se mantiene por debajo de la media de ataques, anualmente documentamos dos o tres situaciones de riesgo, sin embargo cuando se documentan son realmente de alto riesgo, no sólo amenazas o señalamientos públicos contra el trabajo de periodistas sino van subiendo de tono. Recientemente un grupo de periodistas acudieron a Lagos de Moreno, cerca de León, Guanajuato para realizar una cobertura sobre el despojo y defensa del territorio de una comunidad wixarika por parte de ganaderos en la frontera entre Jalisco y Nayarit, estuvo por más tres horas incomunicado. Estás coberturas siempre tienen un componente de alto riesgo e impacto que pone en riesgo la vida e integridad de las y los periodistas”. En el caso de las periodistas “en 2015 quienes cubrieron las campañas electorales también tuvieron que sobre vivir el acoso, la persecución, la censura y sobre todo la inhibición de los carteles que operan en Jalisco. Ante las agresiones contra las periodistas siguen haciendo falta fórmulas y métricas más especificas para entender la violencia contra nosotras, no es una situación menor la que estamos viviendo. En este gran contexto de violencia de género que se vive en el país, incluso dentro del propio gremio, no podemos poner en el mismo cajón las agresiones diferenciadas que vivimos las mujeres que hacemos periodismo”. En días recientes, la periodista Rosa María Rodríguez Quintanilla, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) abandonó el estado de Tamaulipas luego de “una campaña de desprestigio en su contra y de amenazas de muerte que recibió por parte de un presunto grupo de la delincuencia organizada”. Según información difundida por la RIPVG y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el 29 de octubre la periodista junto con su esposo e hijo fueron atacados y amenazados en redes sociales por lo que tuvieron que desplazarse de manera forzada. Días antes, “el 3 de octubre la periodista fue golpeada por un escolta del procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, cuando intentó acercarse a realizar una entrevista con el funcionario”, afirman en un comunicado. Al cuestionarla sobre el papel de las autoridades, la periodista Jade Ramírez advierte que su acción es “la más innecesaria respuesta y la menos preocupada y garantista del acceso a la justicia en el tema preventivo, de protección y de reacción en el caso de las agresiones contra periodistas. Las actuaciones de la autoridad son bastante opacas tanto a nivel local como federal con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Podemos decir que el mecanismo, es uno de los fracasos más significativos de este sexenio en el rubro de atención a víctimas, defensoras de derechos humanos, y periodistas”.
En los últimos cinco años ha incrementado el número de agresiones y ataques contra periodistas. “La Ciudad de México, es una amenaza para fotorreporteros que ahora tienen que superar situaciones adversas de cobertura en las marchas, plantones o mítines, que se realizan ante el descontento social. En Oaxaca, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, hay una preocupación grave ante el acoso del crimen organizado, grupos políticos y autoridades, no todo se hace público con la idea de contener, pero las agresiones existen. Veracruz y Guerrero, siguen siendo estados de mayor preocupación”, concluye la periodista. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ATZIRI ÁVILA. LINK: https://desinformemonos.org/alerta-ante-agresiones-mujeres-periodistas/
En México, uno de los cinco países con mayor desigualdad en América Latina y el Caribe, quienes padecen más la desigualdad económica son las mujeres, quienes deben invertir mayor tiempo en trabajos no remunerados, y los indígenas, que tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, indicó el informe “La matriz de la desigualdad en América Latina” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La tasa de pobreza entre los indígenas en México es del 50 por ciento, el cual supera en 13 puntos a la población no indígena del país que alcanza el 37 por ciento, destaca el informe. “La tasa de pobreza entre los indígenas era igual o superior al 50 por ciento en Guatemala, México y Paraguay, cercana al 40 por ciento en Bolivia, Brasil y Ecuador, y de un 26 por ciento en Perú”, dice el documento de la CEPAL. Por otra parte, el informe señala que en México, Panamá, Venezuela, Colombia y Perú, la diferencia entre las regiones con mayor y menor tasa de pobreza es mayor a los 40 puntos porcentuales. “Una de las dimensiones más expresivas de los altos niveles de desigualdad en América Latina y el Caribe es la brecha en los niveles de desarrollo de diferentes localidades dentro de cada país”, destaca el informe. El estado que mayor índice de pobreza presentó, de acuerdo al estudio de la CEPAL, fue Chiapas, con el 70 por ciento de su población vulnerable. Sin embargo, los 32 estados de México cuentan con un índice de pobreza que incrementa en las zonas con mayor población indígena. Además, la desigualdad económica también está presente por cuestiones de género, ya que las mujeres mexicanas de entre 25 y 45 años de edad dedican 42 horas a labores en el hogar y cuidado de familiares, las cuales son actividades no remuneradas. Por el contrario, en las actividades remuneradas, los hombres son quienes alcanzan las 45 horas y las mujeres sólo 20. “La reducida participación masculina en esas actividades y la ausencia de sistemas asequibles de cuidado tienen como contrapartida menores posibilidades para que las mujeres puedan participar en el trabajo remunerado, en particular en la etapa adulta”, dice el estudio de la CEPAL. A finales de julio, la organización Oxfam posicionó a México dentro de los 25 países en el mundo con mayor desigualdad, pues un 54.4 por ciento de los mexicanos vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con su informe.
Vicente Benítez está involucrado en el caso de empresas fantasma, y fue acusado de ser uno de los prestanombres de Duarte y enriquecerse ilícitamente.
El extesorero y exsubsecretario de Desarrollo Social de Veracruz, Vicente Benítez González, interpuso una demanda de amparo en contra de una posible orden de presentación o detención girada en su contra por la PGR, solo 48 horas antes de rendir protesta como diputado local por el partido Nueva Alianza. La demanda de amparo, fue presentada este jueves 3 de noviembre y quedó radicada en el Juzgado Quinto de Distrito de Veracruz bajo el expediente 1103/2016. El juez la admitió a trámite pero no ha concedido – hasta ahora – alguna suspensión en favor de Benítez. El exfuncionario del gobierno de Duarte, ya había tramitado en octubre una primera demanda de amparo también por los mismos hechos, en la que el juez negó conceder una suspensión definitiva. Vicente Benítez González se encuentra actualmente bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de recursos públicos, entre otros delitos. Animal Político publicó en mayo que Benítez fue subsecretario de Desarrollo Social y estaba a cargo de los programas de combate a la pobreza a través de los cuales se entregaron múltiples contratos a empresas fantasma. Algunos contratos eran para repartir productos en supuestas tiendas comunitarias que este exfuncionario anunció, pero que en los hechos nunca existieron. Vicente Benítez se había desempeñado previamente como tesorero de Veracruz pero renunció al cargo luego del escándalo por el hallazgo de una maleta con 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca en enero de 2012. El dinero lo llevaban funcionarios de Finanzas del estado. En julio pasado se reveló otro reportaje en donde se evidenciaba que Benítez tenía una red de propiedades a su nombre y el de su esposa en Costa Rica. El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yúnes, lo denuncio por fungir como presunto prestanombres de Javier Duarte (actualmente prófugo) en Estados Unidos y enriquecerse ilícitamente. En las elecciones estatales pasadas Vicente Benítez consiguió salir electo como diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla. Desde ahí no ha tenido apariciones públicas. Incluso, en octubre no se presentó en el organismo electoral local a recoger su constancia de mayoría. Pero fuentes legislativas en Veracruz confirmaron a Animal Político que Benítez si está registrado para la toma de protesta como diputado local de la nueva legislatura, hecho programado para este sábado 5 de noviembre en el Congreso Estatal.
Pese a contar con Issste, 35 mil empleados tienen cobertura particular: informe
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene vigente un contrato multianual para la prestación del seguro de gastos médicos para sus trabajadores –desde consejero hasta oficial de servicios y mantenimiento– por un monto máximo de mil 888 millones 141 mil 125 pesos, cifra que representa casi 3 por ciento del presupuesto previsto para 2017, que es de 66 mil 863 millones 900 mil pesos. La prestación es recibida por los más de 35 mil empleados de base y de confianza del CJF –así como esposa e hijos–, quienes cuentan, por ley, con atención médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).dLa prestación laboral para consejeros, magistrados y jueces federales, así como personal administrativo del consejo fue suscrita en 2015 con una institución de seguros, después de muchos años de que, tanto el CJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron convenio con otra fiduciaria. En el contrato, cuya copia fue obtenida por La Jornada mediante una solicitud de información, se detalla que la cantidad asegurada depende del puesto laboral, de manera que los trabajadores de mayores ingresos, desde los seis consejeros –el presidente de la Suprema Corte y del CJF recibe su sueldo y prestaciones en el máximo tribunal– hasta los asesores, quienes pueden disponer de hasta 333 días de salario por siniestro, es decir, 729 mil pesos. El primer nivel de funcionarios incluye las primeras 20 categorías del escalafón, entre otros a magistrados de circuito, jueces federales, directores generales, visitadores judiciales, secretarios técnicos y de tribunales, así como juzgados y defensores públicos, entre otros. El segundo nivel incluye sólo cuatro niveles: subdirector de área, actuario judicial, secretarios particulares de magistrados y jueces de distrito y delegados administrativos, quienes están protegidos por la suma de 324 mil 297 pesos por cada siniestro, es decir, 148 salarios mínimos. El tercer nivel abarca del lugar 24 al 33 del escalafón, que incluye coordinadores de ayuda y sanidad, jefes de departamento, técnico de enlace, analista especializado, oficial administrativo, educadora, enfermera, niñera, secretaria, choferes, cocineras hasta oficial de servicios, quienes cuentan con una póliza equivalente a 111 salarios mínimos, es decir, 243 mil 223 pesos por suceso. De acuerdo con trabajadores consultados, el contrato del CJF es el mismo que suscribió la Suprema Corte, tanto en montos como en prestaciones para los más de 3 mil trabajadores del máximo tribunal. En caso de que los empleados pretendan incrementar la cantidad asegurada deben potenciar su poliza con un tope máximo de mil días de salario mínimo vigente, equivalente a más de 2 millones 160 mil pesos.
Trabajadores entrevistados comentaron que los únicos que pueden aspirar a esa protección son los primeros 20 del escalafón. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JESÚS ARANDA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/04/politica/011n1pol
Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional en sus artículos 107 y 123, eliminando así las juntas de conciliación y arbitraje, y promoviendo la secrecía y libertad sindical. Los legisladores se allanaron a la minuta enviada por el Senado de la República que dictaminó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, quien dio por llamar a su propuesta, reforma en materia de justicia laboral. Así se establece la obligación de acudir a centros de conciliación, antes de proceder a los tribunales laborales definiendo las características de tales centros. Los cambios promovidos en el ámbito constitucional definen criterios para designar a los integrantes de los tribunales laborales, y la vez consignan los principios que regirán los procedimientos y requisitos de los procesos laborales. El alcance del voto personal es libre y secreto para los trabajadores.
Miles de habitantes mayas de la Selva Lacandona, en Chiapas, junto con organizaciones sociales, autoridades comunitarias y pueblos indígenas, se pronunciaron contra las políticas del gobierno mexicano de militarización, especialmente contra la formación de la Gendarmería Ambiental, en el marco de la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) el 14 de abril de 2016, señaló la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala–México, (MODH). Por su parte, la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática denunció los proyectos hidroeléctricos y la expansión de las plantaciones de palma africana, las cuales devastan miles de hectáreas de selva en los municipios de Benemérito de Las Américas y Marqués de Comillas. Señaló que la verdadera intención de la preparación de las gendarmerías es “entregarle en manos privadas la biodiversidad, plantas medicinales, aguas y otros recursos naturales de la zona”, así como “realizar actos de despojo, invasión con fines de exterminio de los verdaderos guardianes de la selva y recursos naturales; los pueblos originarios”. La ARIC puso como ejemplo la construcción de una presa hidroeléctrica que devastó cientos de hectáreas de selva, en boca del cerro del municipio de Palenque, Chiapas. Además, en los municipios de Benemérito y Marqués Comía, se destruyeron 20 mil hectáreas de selva para la siembra de palma africana. El gobernador del estado, Manuel Velasco, autorizó a varios empresarios la destrucción de otras 10 mil hectáreas de Selva para el mismo fin, agregó. Por otra parte, el pasado 25 de octubre miles de personas de los pueblos mayas que habitan la zona Lacandona se aglutinaron en Nueva Palestina y Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, para pronunciarse en defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Las comunidades indígenas, autoridades y organizaciones defensoras del territorio y los derechos de los pueblos revelaron que el interés en la región es gracias a que, a pesar de que representa sólo el 0.16 por ciento del territorio nacional, alberga el 20 por ciento de la diversidad biológica mexicana, hidrocarburos, recursos minerales y el 30 por ciento de los recursos hidrológicos del país.
Por último, las comunidades se quejaron de que su petición para establecer un diálogo con las autoridades e instituciones gubernamentales no ha sido atendida, y que la única respuesta ha sido enviar a la Gendarmería para reprimir la organización de los pueblos. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/rechazan-presencia-gendarmeria-ambiental-la-selva-lacandona/
Ciudad de México: Personal del Hospital General de Tehuantepec y de la sección 35 en Oaxaca bloquearon el “Puente de Fierro” sobre la carretera transístmica. El bloque se da ante la falta de respuesta a sus demandas que contemplan el pago de efectivo en uniformes, abastecimiento de medicamentos, equipo médico e infraestructura para las unidades médicas ubicadas en todo el estado, insumos y actualización de pagos a terceros institucionales y no institucionales. El pasado 28 de octubre trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca realizaron un paro de labores y realizaron el bloqueo de los tres principales acceso a la Ciudad de Oaxaca. En las diferentes regiones del estado al menos 10 mil trabajadores realizaron la misma demanda. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/personal-medico-bloquea-carrerera-transistmica-oaxaca/
Ciudad de México. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, convocó a actuar con integridad política en las elecciones del próximo año. “No queremos en nuestras filias a tibios, a titubeantes o asustadizos”, señaló. En la toma de protesta del nuevo dirigente de la red Jóvenes por México, Pablo Angulo, recordó lo dicho por Luis Donaldo Colosio, de que el PRI “es el partido de la legalidad, ningún voto al margen de la ley, ni lo queremos ni lo necesitamos”, sostuvo. Pidió que los jóvenes estén al frente de la defensa del partido, “de cara a las circunstancias que prevalecen en nuestro país, y que exigen una comunicación firme y directa entre el PRI y la ciudadanía. Mantengamos juntos una estrategia de legitimación y de participación política; hagamos presencia y ganemos el debate. Nadie es mejor que nosotros”, afirmó. Mencionó que no pueden dejar que los avances de este gobierno “se diluyan, ni que nuestros adversarios los cuestionen de mala fe o por ignorancia”. En el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional tricolor, Pablo Angulo, por su parte, expresó su compromiso de defender el proyecto de nación del presidente Enrique Peña Nieto. Pero también admitió que los avergüenzan quienes utilizaron algún puesto público para traicionar la confianza de la gente. “Ya no queremos más corruptos en el PRI; ya no vamos a tolerar más la corrupción de nuestro partido. Por eso aplaudimos la creación de la comisión anticorrupción”, sostuvo. A propósito, en entrevista posterior, Ochoa Reza anunció que revisa perfiles para nombrar a los tres priístas que la integrarán, y que se encargarán de revisar las trayectorias de quienes busquen ser candidatos del partido en las elecciones de 2017. “De manera tal que le ofrezcamos a la ciudadanía los hombres y mujeres con el perfil más honesto, y por lo tanto que podamos prevenir actos de futura corrupción o impunidad”, dijo. El líder nacional del PRI recordó que la comisión también dará seguimiento a los resolutivos de las instituciones del Estado mexicano, como la Auditoría Superior de la Federación, “para poder alertar oportunamente cuando algún gobierno municipal o estatal falle en cuanto al uso de recursos públicos y podamos actuar de manera oportuna y no tardía”. Indicó que la comisión nacional de justicia partidaria continuará el análisis de los casos contra los ex gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge; de Chihuahua, César Duarte; y de Michoacán, Fausto Vallejo, “siguiendo una práctica que ya mostró en los hechos con la expulsión de Javier Duarte (gobernador con licencia de Veracruz) del partido”. Por cierto, anotó que el PAN no ha actuado en consecuencia contra Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, también señalado por actos de corrupción.
Ochoa Reza, en otro tema, defendió el proceso para nombrar a los nuevos magistrados electorales. “El proceso de análisis de los perfiles de las mujeres y de los hombres que hoy integran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo de manera amplia y confiamos plenamente en su nueva integración. Deseamos que sea un periodo de éxito en favor de la consolidación democrática de nuestro país”, apuntó. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ALMA E. MUÑOZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/04/pri-convoca-a-militancia-actuar-con-integridad-en-comicios
Ciudad de México. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas, Indalfer Infante, Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón rindieron protesta por segunda ocasión ante el Pleno del Senado, esta vez para el periodo ampliado a siete y ocho años, respectivamente, que el Congreso les concedió luego de un proceso legislativo fast track en ambas cámaras del Congreso. Ninguno de los cuatro magistrados quiso declarar en torno a las críticas y cuestionamientos que han formulado académicos, juristas y diversos sectores de la sociedad, por la forma en que fueron electos, con base a cuotas partidistas y el acuerdo de elevar los años que durarán en el cargo. A la ceremonia de toma de protesta acudieron los siete integrantes de la sala superior del TEPJF, pero todos fueron sacados por una puerta especial que da directamente del Pleno al estacionamiento para evadir a la prensa. Dos de ellos, los magistrados Vargas e Infante, fueron alcanzados pero sólo señalaron que existe un acuerdo de que no harán ninguna declaración ni postura alguna sino hasta que después de esta tarde que tomen posesión del cargo y se nombre a quien habrá de presidir el tribunal. -¿No tendrían que dar la cara a los cuestionamientos que le formulan diversos sectores de la sociedad? El magistrado Indalfer Infante contestó que lo harán en su momento, ya que será un tribunal abierto a la sociedad. Previo a ello, y dada la celeridad que se se dio al proceso legislativo para cuadrar esta segunda protesta ante el Pleno, la Mesa Directiva del Senado debió aprobar y someter a votación un acuerdo por el que se da cumplimiento al segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se hizo así, a fin de que se pudiera poner en práctica la rendición de la protesta de los cuatro magistrados a los que se amplió el periodo. El acuerdo fue aprobado por el Pleno y se publicará en la Gaceta Parlamentaria de hoy y se turnará de inmediato en el Diario Oficial de la Federación. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Plenos con muy pocos senadores, ya que los perredistas estaban reunidos con el gobernador de Quintana Roo y varios de los senadores del PAN que votaron en contra de prolongar la gestión de los magistrados no se presentaron.
Uno de ellos, el senador Ernesto Ruffo, comentó que a su juicio se actuó mal, con demasiadas prisas, e incluso, dijo, se puso en aprietos a su coordinador Fernando Herrera, a quien parte de los legisladores del blanquiazul le reclamaron la decisión. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/04/rinden-otra-vez-protesta-magistrados-del-tepjf
Ciudad de México. El Pleno del Senado aprobó en lo general con 77 votos a favor y nueve en contra las reformas a la Ley General de Víctimas. En tribuna se destacó que con estas modificaciones habrá un comisionado ejecutivo nombrado por única vez por el presidente Enrique Peña Nieto para un periodo de tres años y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contará con una junta de gobierno, integrada por los secretarios de Gobernación, Hacienda, Educación y Salud; cuatro integrantes de organizaciones civiles y el comisionado ejecutivo. El PRD votó dividido, ya que algunos senadores de ese partido consideraron que es un retroceso que el Ejecutivo federal proponga al comisionado de ese organismo y que se cuente con una junta de gobierno integrada por cuatro secretarios de Estado. Otros perredistas consideran que las modificaciones son un avance. Asimismo, las presidentas de las comisiones de Gobernación, la priísta Cristina Díaz; de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Justicia, Fernando Yunes, y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, resaltaron que además contará con una asamblea consultiva y se termina con la estructura burocrática “que impidió otorgar la ayuda requerida por las víctimas durante estos tres años que estuvo en funcionamiento”. La senadora Díaz subrayó que esta ley debió modificarse para dotarla de herramientas que permitan apoyar a las víctimas y atender no sólo a las víctimas de derechos humanos sino también a las del delito y sobre todo el fuero común. A su vez, De la Peña refirió que los cambios a la ley “contienen diversas reformas, fruto de la demanda colectiva de la lucha de miles de víctimas que recorrieron a lo largo y ancho del país e incluso en Estados Unidos, para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia”. Apuntó que hay tres cuestiones importantes en el dictamen, uno de ellos es el que las víctimas recibirán ayuda en las comisiones de víctimas de los estados o del fondo de la Comisión Ejecutiva, para poder hacer frente a la alimentación, hospedaje, traslados, atención médica urgente, que es un clamor de las víctimas y que hoy por cuestiones burocráticas no les es proporcionada. Otro avance, dijo, es que “podrán contratar expertos independientes o peritos internacionales si en México no los hay y se atenderá a víctimas del delito y de derechos humanos. El panista Fernando Yunes insistió que se modifica el diseño operativo del CEAV porque hoy no permite un adecuado funcionamiento, se flexibiliza el mecanismo de acceso a los fondos para la atención urgente y se subsana cubrir los gastos que efectúen las víctimas. Graciela Ortiz, a su vez, insistió en que uno de los avances es que se establece la obligación a las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda a víctimas y si no lo tienen, el fondo federal proporcionará ayuda subsidiaria que deberán reponer los estados, y si no lo hacen se les descontará de sus participaciones federales.
En los últimos 20 años, 36 de los 256 asesinatos de personas transgénero registrados en el país ocurrieron en la capital. La comunidad trans decidió no celebrar su día internacional el próximo 13 de noviembre, como protesta.
El 30 de septiembre pasado, un balazo terminó con la vida de Paola, una mujer transgénero que se dedicaba al trabajo sexual. Su presunto homicida es un hombre que solicitó sus servicios por 200 pesos y, de acuerdo con testigos, era una cantidad menor a lo que normalmente tendría que pagar, pero la escasez de trabajo hizo que Paola aceptara subir al auto color gris en el que perdió la vida. En un video que circula en internet, que fue grabado y narrado por una de sus compañeras, se ve el cuerpo agonizante de Paola, se escuchan gritos de auxilio y se ven las luces de una patrulla que se acerca. El presunto responsable fue detenido con el arma homicida; pese a ello, dos días después del incidente, un juez dejó en libertad a quien había sido reconocido como agresor. Las agresiones a personas transgénero son un crimen que ocurre con frecuencia: entre 1995 y 2016, la asociación civil Letra S documentó mil 310 asesinatos de odio hacia la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI); del total de los casos, 265 asesinatos —equivalentes a 20.2% de los casos— corresponden a personas transgénero. En la Ciudad de México se ha intentado disminuir la homofobia y la transfobia a través de campañas de sensibilización, pero en el mismo periodo, 36 de los asesinatos de personas transgénero ocurrieron en la capital, que a nivel nacional ocupa el primer lugar en agresiones de este tipo. Pero el problema podría ser más grande, ya que las cifras de Letra S están basadas en casos documentados en medios de comunicación, debido a que no existe una estadística en las instituciones de procuración de justicia de la capital que contabilice por separado a las personas trans asesinadas. Para evidenciar el problema, la comunidad trans decidió no celebrar su día internacional el próximo 13 de noviembre, como protesta porque en un mes ocurrieron dos asesinatos hacia esta población. Violencia desmedida En 14 de octubre pasado, una mujer transgénero fue hallada sin vida en un hotel de la colonia Obrera, en la delegación Cuauhtémoc. Según las primeras investigaciones de las autoridades, la mujer pudo haber sido estrangulada. Se trataba de Alessa Flores, una trabajadora sexual, activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTI. De acuerdo con Letra S, los asesinatos de personas transgénero se caracterizan, principalmente, por el alto grado de violencia con que se cometen, ya que dicho sector de la población es más vulnerable a determinados ataques violentos. Por ejemplo, el uso de armas blancas, golpes y asfixia ocupan los primeros tres lugares en los métodos que se utilizan en las agresiones, le siguen los ataques con armas de fuego y las muertes provocadas por golpes con objetos contundentes. El análisis de dicha asociación civil revela que en 95% de los casos hubo dos o más tipos de ataques, pero sólo uno de ellos fue la causa principal de muerte. El grupo de edad más vulnerable es el de personas transgénero de entre 18 y 39 años de edad, además, dedicarse al trabajo sexual las pone en mayor riesgo. “De lo que tenemos documentado, aproximadamente en 50% de los casos no hay información sobre la persona fallecida, pero en el resto hemos visto que el grupo más vulnerable es el de las trabajadoras sexuales. Y encontramos que el acoso no sólo viene de los clientes, sino también de la ciudadanía y de la policía que les cobra por permitir que trabajen”, dice Rocío Suárez, del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), quien sostiene que las personas que realizan trabajo sexual son el sector de esta población que más violencia y abusos experimentan. La representante del CAIT explica que por cada hecho mediático de violencia hacia la comunidad transexual podría haber dos casos más que no se conocen, y estos podrían estar sucediendo en ámbitos familiares, de pareja y laborales. Víctimas invisibles Datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) revelan que la población transgénero está dentro de los 15 grupos sociales más discriminados en la Ciudad de México. Para activistas en el tema, los casos recientes de violencia hacia personas transgénero en la capital generan incertidumbre entre este sector de la población. “Hay miedo y desconfianza con la disposición y alcance que pueda tener la justicia. Por ejemplo, en el caso de Paola creemos que fallaron los protocolos para la población LGBTTTI y los protocolos de resguardo de evidencia y por eso todos vimos que el agresor salió libre”, dice Rocío Suárez. La representante del CAIT advierte que aunque ya se trabaja con las autoridades capitalinas, el avance que hay en la ciudad respecto al problema de la discriminación hacia esta población es sólo a nivel de políticas públicas y legislación, sin embargo, hace falta trabajar un cambio cultural profundo dentro de la sociedad. “Hablar el tema desde las escuelas, con los niños, los padres de familia, que la sociedad se involucre, porque la violencia está naciendo desde el hogar”, dice. En cifras:
265 asesinatos dentro de la población transgénero se registraron en el país en 20 años.
36 de esos asesinatos ocurrieron de manera violenta en la Ciudad de México.
2 personas transgénero fueron asesinadas en menos de un mes en la ciudad.
El exgobernador asegura que nunca contrató los servicios de la empresa de publicidad. La página de Facebook de la empresa publicitaria borró las fotografías que evidenciaban los trabajos realizados para Moreira.
En relación con la información publicada por Animal Político el día 1 de noviembre titulada Empresa de publicidad de presunto líder Zeta detenido en España, la favorita de Humberto Moreira, me veo obligado a manifestar: Mientras fui gobernador de Coahuila jamás di instrucciones de contratar los servicios de la empresa que ustedes citan, La Luz Publicidad Total. Durante mi mandato los contratos se realizaron con empresas de publicidad de prestigio acreditado. En mi época como presidente municipal de Saltillo (2003-2005) me solicitaban que acudiera a inaugurar de manera permanente negocios que se establecían en mi ciudad, entre comerciales, micro y pequeñas empresas y como gobernador además de las anteriores inauguré grandes empresas. En el espectacular que aparece en el artículo estoy junto al alcalde de Ramos Arizpe, desconozco absolutamente si este mandatario solicitó los servicios de la citada empresa de publicidad. En todo caso a mí nunca se me pidió permiso, ni di mi consentimiento. Jamás firmé con el señor Muñoz Luevano contrato alguno para señalamientos viales o vehículos oficiales del servicio de finanzas y obras públicas, ni para elaborar espectaculares. Es pues rotundamente falso que Muñoz Luevano fuera mi “publicista favorito”, como dice su publicación sin base ni prueba alguna. Atentamente Humberto Moreira 3 de noviembre de 2016 Respuesta del autor del reportaje:
Animal Político cuenta con un documento oficial que muestra que la administración de Humberto Moreira si contrató, en 2009, a la empresa Publicidad I Más S.A de C.V, que operaba con el nombre de La luz Publicidad Total, propiedad de Juan Manuel Muñoz.
El contrato que asciende a 534 mil 94 pesos fue realizado por la Secretaría de Turismo y por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (órgano autónomo que encabezó Javier Villarreal, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y por transportar dinero que presuntamente fue robado al erario público), para la “señalización turística en la ciudad de Parras”. Además, se entrevistó al alcalde Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre (quien aparece con Moreira y que repite actualmente en el cargo) quien aseguró que el espectacular del reportaje fue instalado por el gobierno de Humberto Moreira. “Nosotros teníamos un presupuesto muy limitado para publicidad. Nunca contratamos espectaculares en ese tiempo…ese espectacular lo puso el propio gobierno del estado”, dijo.
La carta de Humberto Moreira llegó apenas unas horas después de que la empresa publicitaria La Luz Publicidad Total, eliminara de su perfil de Facebook las fotografías que evidenciaban los trabajos que esta compañía realizó durante la administración de Humberto Moreira.
De acuerdo con el medio, empleados de dicha dependencia confirmaron el hallazgo de micrófonos en varios de los despachos, incluido el del titular de la STC, Gerardo Ruiz Esparza, y el de otros altos funcionarios.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) localizó equipos de grabación en varias de sus oficinas de su sede central, por lo que inició una investigación por presunto espionaje. Esto de acuerdo a una publicación del diario Reforma. De acuerdo con el medio, empleados de dicha dependencia confirmaron el hallazgo de micrófonos en varios de los despachos, incluido el del titular de la STC, Gerardo Ruiz Esparza, y el de otros altos funcionarios de la misma. Reforma detalló que las indagatorias incluyen la inspección de “plafones, muros de tablarroca, contactos eléctricos, apagadores, teléfonos fijos, muebles, alfombras y lámparas”, así como la revisión de equipos de computo y “el auscultamiento de vidrios en los que se podrían colocar transmisores remotos para escuchar a distancia”. Asimismo investigaran si el personal que trabaja en la sede, ubicadas en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, está involucrado en los hechos.
El reportaje señala que la investigación tiene lugar después de que se dieron a conocer diversas grabaciones que involucran a funcionario federales y directivos de la empresa OHL, en las cuales se denunciaron posibles “beneficios y negociaciones en la construcción del Viaducto Elevado Bicentenario”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/04-11-2016/3111462
