Para actividades específicas como educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, corresponderán 118 millones 229,531 pesos.
Para el próximo año, los partidos políticos nacionales contarán con un monto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades permanentes por 3,940 millones 984,374 pesos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen estas cifras para el ejercicio 2017. Para actividades específicas como educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, corresponderán 118 millones 229,531 pesos. De ambas cantidades, detalla el documento, se distribuirá 30% en forma igualitaria entre los institutos políticos nacionales y el restante 70%, según el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas serán ministrados en forma mensual, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, excepto la mensualidad de enero, que será entregada a más tardar dentro de los primeros 15 días naturales de dicho mes. El financiamiento público para los rubros de franquicias postales es de 78 millones 819,687 pesos; y para franquicias telegráficas asciende a 693,495. La cantidad a otorgar a cada partido político nacional se detallan en el presente acuerdo.
CIUDAD DE MÉXICO: Pese a su manifiesta reticencia a las malas noticias, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que soportar el duro diagnóstico que la presidenta del organismo Causa Ciudadana, María Elena Morera, hizo sobre la inseguridad que reina en el país en el foro Sumemos Causas. Apoyada en sus propias cifras, Morera desbarató la versión oficial de un supuesto descenso de la violencia al demostrar un marcado repunte de los homicidios y niveles de violencia en numerosas entidades del país. Incluso resaltó los insuficientes avances en materia de justicia penal pese a la entrada en vigor del nuevo sistema que, por ahora, dijo, no ha logrado revertir que 40% de la población en los penales siga sin sentencia. Por todo ello cuestionó a las autoridades federales qué dónde estaba la autoridad y la coordinación prometidas al inicio de la administración. Sin ocultar su incomodidad, el presidente Peña Nieto pidió a sus interlocutores reconocer los avances en la profesionalización y equipamiento de las fuerzas federales. Dijo que han establecido estrategias para enfrentar la coyuntura en los 50 municipios más violentos del país, donde se concentra 42% de los delitos que se reportan en el país. Asimismo subrayó que la Federación mantiene su determinación de colaborar y coordinarse con los estados. Sin embargo, aclaró que “esto de ninguna manera supone sustituir o reemplazar los esfuerzos de las autoridades locales”.
Peña Nieto ofreció luego que en lo que resta de su administración su gobierno, en coordinación con la sociedad, trazará una política de estado transexenal para enfrentar los desafíos de la inseguridad y del crimen organizado en el país a pesar de la estrechez financiera. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/461691/pena-nieto-plantea-politica-transexenal-en-seguridad
MORELIA, Mich: Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) tomaron las oficinas de dicha dependencia en demanda de la renuncia del titular del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Benjamín Hernández Luna. Con mantas, los inconformes acusan al funcionario de presunto acoso sexual en agravio de una empleada. El pasado 26 de octubre se manifestaron por las mismas causas. De acuerdo con los inconformes, desde julio pasado existe una denuncia sobre el caso. Sin embargo, dijeron que autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) no han procedido.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) capturaron este fin de semana a cuatro sujetos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, al ser señalados como probables responsables del delito de feminicidio, en agravio de la joven Yanci Araceli Díaz Velásquez, originaria de El Salvador. La PGJE informó que, en atención a una orden otorgada por el Juez de Control Regional Número 2 de Tapachula, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes procedió a buscar y detener a Jesús “N”, Antonio “N”, Eber “N”, originarios de El Salvador y Roberto “N” de México, quienes pertenecen presuntamente a la banda delictiva denominada Mara Salvatrucha. El pasado 28 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de Yanci Araceli Díaz Velásquez, de 20 años, originaria de El Salvador, sumergido en las aguas del río Texcuyuapan, a la altura de la colonia Pintoresco en Tapachula. La necropsia concluyó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico secundario derivado de herida cortante en el cuello de la víctima por arma blanca (navaja). Ante estos hechos, el agente del Ministerio Público investigador dio inicio a las investigaciones correspondientes y ordenó la localización y detención de los presuntos delincuentes. Como parte del Protocolo de Actuación en la Investigación el Delito de Feminicidio, se llevó a cabo el desahogo de las diligencias, entre las que destacan fe ministerial, rastreo hemático, criminalística de campo, fotografías, búsqueda y recabado de huellas dactilares, identificación de cadáver y declaración de testigos. De acuerdo a las investigaciones, se pudo conocer que luego que la joven fuera privada de la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia 16 de Septiembre, los inculpados trasladaron el cuerpo a bordo de un vehículo en su modalidad de taxi hacia el río Texcuyuapan.
Mujeres electas como presidentas municipales tanto por el sistema de partidos políticos como por sistemas normativos internos se unieron para evitar sean despojadas del cargo y generar alianzas que les permitan combatir la violencia política en su contra durante su gestión. Como resultado del proceso electoral 2016, de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos, 38 mujeres ocuparán dicho cargo público. En tanto de los 417 municipios que se rigen por elecciones comunitarias, a la fecha han sido electas 10 mujeres como presidentas municipales, sin embargo, aún no se se concluyen los procesos de sus procesos de elección. “Las mujeres enfrentamos diversos obstáculos desde el momento en el que decidimos participar de manera activa en la vida política de nuestra comunidad, somos cuestionadas desde nuestras casas y en la comunidad. Muchas somos usadas como relleno para cumplir con la paridad que desde 2013 se estableció en la Constitución, y cuando ya estamos ahí nos quieren quitar el Cargo”, dijo a Desinformémonos Selfareli Cruz Medina, presidenta municipal electa de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. “Eso me pasó a mi”, continúa Cruz Medina. “Gané las elecciones y las impugnaron. Mi caso se llevó a juicio que implicó un desgaste en muchos aspectos. Me pusieron piedritas en el camino pero al final tanto en Oaxaca como a nivel federal fui ratificada, sólo así quedaron en paz algunos hombres de mi pueblo. A partir del primero de enero tomaré posesión como presidenta municipal de Jamiltepec”. “A pesar de que yo sería la tercer mujer presidenta municipal, me enfrenté a los cuestionamientos de los hombres. Otras mujeres del estado fueron colocadas a última hora sin recursos y con tiempos muy cortos para la realización de las campañas, estuvieron en condiciones de inequidad en la contienda, por eso veo muy importante que estemos aquí en el encuentro tanto mujeres electas como presidentas municipales en funciones. Quienes ya han sido autoridad nos han transmitido sus experiencias y respaldo. Nos dicen que nosotras si podemos gobernar, nos dan ánimos y de esta manera tejemos también una alianza con las mujeres que encabezarán otros municipios. En mi caso la regidora de hacienda, la de educación, y otras mujeres integrarán mi cabildo porque sólo así estoy segura que lograremos gobernar de manera cabal”, afirma Cruz Medina. Elisa Zapeda Lagunas, presidenta municipal electa por sistemas normativos en el Municipio de Eloxochitán de Flores Magón, Oaxaca en la región de la Cañada, afirma que “es necesario que los hombres aperturen sus mentes, estamos en un punto donde no nos están haciendo el favor de colocarnos sino que nosotras estamos ejerciendo nuestro derecho a la participación política. Somos mujeres muy puntuales en nuestro quehacer político y los hombres y la sociedad en general necesitan sumarse y apoyar. Tenemos muchas ideas en mente para beneficio de nuestra sociedad, nos acompaña la fuerza y las ganas de trabajar para nuestro pueblo. También es importante que más mujeres se unan y respalden este esfuerzo, esto tiene que ser un movimiento desde lo municipal a lo nacional”, declaró Zepeda Lagunas. Las presidentas electas se reunieron hoy lunes 7 de noviembre en el Encuentro de Mujeres Presidentas Municipales de Oaxaca “con el objetivo de evitar cualquier tipo de violencia política y exigir juntas, el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres oaxaqueñas”. “Nos reunimos -continúa Elisa Zepeda- para conocernos y saber que no vamos solas, es un esfuerzo muy grande trasladarnos desde nuestras comunidades pero nos parece importante que nos veamos físicamente, que sepamos que somos varias, fortalecer nuestro quehacer político y que reconozcamos y exijamos reconocer nuestras capacidades y habilidades, la importancia de incidir en la toma de decisiones y rumbo de nuestros municipios. Aún existen municipios que históricamente han sido gobernados por hombres y en donde no hay ni siquiera la apertura de imaginar que una mujer pueda llegar a la asamblea y ser electa, pero seguiremos trabajando en ello, porque vemos que nuestra lucha va dando frutos”. Las mujeres sortean a una serie de dificultades, vacíos legales y trampas que derivan muchas veces en la judicialización de sus casos ante la violación de sus derechos políticos, en ese sentido las mujeres presidentas electas para el próximo periodo en Oaxaca exigieron a través de un pronunciamiento que las autoridades “garanticen que más mujeres ocupen cargos de representación, sancionen los actos de violencia política contra las mujeres, se desarrollen estrategias para que las mujeres puedan acceder al cargo para el fueron electas y desempeñen sus funciones sin estar expuestas permanentemente”. Este Encuentro “resulta por demás oportuno y necesario ya que además de la articulación de las presidentas municipales en el estado, la experiencia puede replicarse a nivel nacional en pro de exigir, promover y ejercer a plenitud el derecho de las mujeres a ejercer cargos de poder públicos”, advierten en su pronunciamiento las mujeres oaxaqueñas.
“A mi me entusiasma mucho ver que poco a poco los hombres están confiando en nosotras, en que va a haber cambios porque nosotras además de la cancha y las carreteras priorizaremos en lo que sabemos hará bien a nuestros hijos: las escuelas, los centros de salud. Va a haber nuevas propuestas para que sea una administración bien cuidada. Sabemos que hay hombres que dieron su voto consciente y que están creyendo en nosotras pero también sabemos que existen varones que se resisten por lo que seguiremos trabajando en ello, pero sobre todo en que las mujeres sigan conociendo sus derechos y se promueva una articulación para el acompañamiento y empoderamiento de mujeres”, concluyó Elisa Zepeda. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ATZIRI ÁVILA. LINK: https://desinformemonos.org/al-menos-48-mujeres-gobernaran-municipios-oaxaca/
“Desde un año antes de nuestra graduación, estudiantes de actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM conformamos un Comité organizador para nuestra fiesta de graduación. A través de un flyer contactamos a Luis Fernando Sánchez Martínez y su empresa Punto y Coma Eventos, quien meses después nos defraudaría con casi un millón de pesos. Ciento dieciséis estudiantes nos quedamos sin fiesta de graduación”, dijeron a Desinformémonos Erika Rodríguez, integrante de dicho Comité.
El primer contacto de los estudiantes con Luis Fernando Sánchez Martínez fue vía telefónica en septiembre de 2015. Después de ese intercambio se reunieron en persona para conocer lo que la empresa podría ofrecerles a los estudiantes de actuaría. El 17 de octubre de 2015 firmaron el contrato para aproximadamente 1000 personas, sin sospechar que uno de sus sueños sería truncado.
“Estábamos muy emocionados, muchos ya habían comprado sus trajes o vestidos, familiares que viven en otros estados habían comprado previamente boletos para viajar el día de la graduación, algunos habían comprado hasta 54 boletos de 800 pesos cada uno”, afirma Eduardo Ochoa, también integrante del Comité organizador de la fiesta de graduación de los estudiantes de actuaría generación 2013-2016. “Todo parecía normal”, continúa Eduardo, “la fiesta de graduación sería el 21 de julio de este año, los servicios incluían una prefiesta, la cena en el colegio Vizcaínas con duración de 10 horas, una botella de licor por mesa, música e incluso la misa dentro del lugar”.
Después de la firma del contrato los estudiantes realizaron los pagos a Luis Fernando Sánchez Martínez a través de depósitos bancarios y otros en efectivo.
“Realizamos pagos de aproximadamente 950 mil pesos. En febrero de este año Luis Fernando nos pidió que en vez de depositarle a él le depositáramos a su papá, el señor Rubén Sánchez Olvera, ya que quería evitar que le cobrarán comisiones por las cantidades de dinero que estaba recibiendo. Nosotros sin ninguna sospecha atendimos la petición”, afirma Hugo Aguilera, también estudiante defraudado. “En ningún momento sospechamos de él pues además de la firma del contrato, el 20 de mayo de este año Luis Fernando Sánchez Martínez nos llevó a la fiesta de graduación de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Estuvimos en el Colegio de las Vizcaínas viendo e imaginando cómo sería nuestra fiesta. También tuvimos la prefiesta del 24 al 26 de junio en Cuernavaca. Fuimos recogidos en el auditorio de Ciudad Universitaria el viernes 24 y la prefiesta se realizó sin ningún problema”, sostiene Erika Rodríguez.
El 10 de julio, once días antes de la fiesta de graduación, Luis Fernando Sánchez Martínez comenzó a evadir la comunicación con los universitarios. “No nos contestaba para nada y cuando por fin lo hizo, dijo que estaba muy ocupado con otras graduaciones, eso nos pareció lógico, pero después nuevamente nos evadió. Acudimos al Colegio de las Vizcaínas en donde nos dijeron que no había ninguna reservación para esa fecha, ni en ninguna otra para la Facultad de Ciencias”, recuerdan los estudiantes del Comité organizador. Después de ello, los estudiantes decidieron emprender acción legal contra Sánchez Marínez y su empresa.
Sandino Rivero Espinosa, abogado de los estudiantes del Comité organizador, e integrante del Despacho Rivero y Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos refiere que han presentado por la vía legal una denuncia ante el agente del Ministerio Público en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, sin embago, el Fiscal de la Delegación “no ha hecho su trabajo y ha sido omiso”.
“Hemos presentado documentos y testimonios, pero incluso sin desahogar todos los medios de prueba, en algún momento el Ministerio Público lo que hizo fue decir que no existía el delito de fraude y que en todo caso acudiéramos a la vía civil, por lo que hemos acudido a una autoridad superior al Fiscal de Benito Juárez, quien está revisando la determinación que tomó dicho Fiscal. Si la Procuraduría de la Ciudad de México asume también que no es fraude, las víctimas y sus abogados tenemos el derecho de acudir a un juez de control para pedir que esta decisión se revierta. Eso lo sabremos en los próximos días dependiendo de lo que diga la Procuraduría de la Ciudad de México, quien hasta la fecha no ha llevado acabo una investigación efectiva e imparcial y ha tomado todo esto como una mera formalidad, lo cual rompe completamente con sus obligaciones”, afirma Rivero Espinosa.
La defensa de los estudiantes universitarios presentó también una denuncia contra Luis Fernando Sánchez Martínez por incumplimiento de contrato, quien hasta la fecha no ha sido localizado. Los estudiantes del Comité organizador y sus representantes manifiestan su preocupación por el actuar de las autoridades universitarias tanto del Rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers, como del Director General del Patronato Universitario, Pablo Tamayo Castroparedes quienes hasta hoy no se han manifestado ni actuado al respecto. Contrario a ello, la empresa Punto y Coma sigue apareciendo en la lista oficial de los proveedores de servicios que la Universidad recomienda.
“El llamado es también al patronato universitario a que no sea omiso, no por ganarse unos pesos esté aceptando y siendo cómplice de esta situación y digo no por ganarse unos pesos porque en los requisitos para explotar la marca y el escudo de la UNAM se solicita que se dé una fianza por parte de las empresas, es decir la universidad sigue recibiendo dinero por parte de esta persona y su empresa”, concluye Sandino Rivero.
“Cuando informamos de todo esto a nuestros compañeros, muchos dudaron incluso de nosotros, pensaron que habíamos sido nosotros quienes les habíamos robado pero no es así, tenemos todas las fichas de depósito y otros documentos que prueban que el dinero fue depositado a Sánchez Martínez. Podríamos quedarnos sin hacer nada pero no será así, queremos el dinero de todos los estudiantes de regreso y haremos todo lo legalmente necesario para que así sea. Lo hacemos también porque sabemos que este señor se ha dedicado a defraudar en otras facultades de la UNAM y en universidades privadas. Queremos alertarlos y que si han sido víctimas se unan a esta exigencia para que no se vuelva a repetir”, finalizan los estudiantes defraudados. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ATZIRI ÁVILA. LINK: https://desinformemonos.org/defraudan-estudiantes-la-unam/
CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reiteró que el Consorcio Rivada fue descalificado de la licitación de la Red Compartida por no entregar la garantía de seriedad de mil millones de pesos “en los términos y condiciones establecidos en las bases de concurso”, publicadas el 29 de enero de este año.
En respuesta a la inconformidad de Consorcio Rivada, descalificado el pasado viernes 4 de noviembre y que emitió un duro comunicado de prensa calificando la licitación como “una coronación” a favor del Consorcio Altán, la SCT recordó en un comunicado que Rivada pidió una prórroga de cinco días hábiles para entregar la garantía de seriedad, contraviniendo lo establecido en los numerales 4.9.1, 4.15.2 y 14.15.2.6 de las bases de concurso. La subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, destacó en varias entrevistas publicadas este lunes que Rivada “está en su derecho” de inconformarse por la vía judicial contra la descalificación del concurso, pero reiteró que no habrá marcha atrás en la decisión adoptada. De acuerdo con las bases del concurso, el proceso de licitación y adjudicación de la Red Compartida será adjudicado a más tardar el 31 de marzo de 2018, cuando el ganador del concurso deberá iniciar operaciones comerciales con una cobertura no menor al 30% de la población de todo el país. El proyecto de la Red Compartida deberá ser diseñada y desplegada con base en tecnología móvil de última generación 4G y cumplir con una cobertura poblacional de por lo menos el 85% del territorio.
CIUDAD DE MÉXICO: Alrededor de 300 naucalpenses volvieron a salir a las calles, ahora en protesta por el asesinato de la menor Evelin, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 31 de octubre en la colonia La Luna del municipio de Naucalpan, conurbado con la Ciudad de México.
El cuerpo de la niña de 13 años de edad, quien fue degollada por su victimario, fue encontrado tirado en la calle, envuelto en una bolsa de plástico. Los vecinos realizaron una marcha por las transitadas avenidas de Lomas Verdes, en la que exigieron a las autoridades municipales y estatales justicia por el crimen de la menor. Este hecho se suma a la ola de los asaltos y homicidios que se han registrado en la zona.
CHILPANCINGO, Gro: El gobernador Héctor Astudillo Flores en complicidad con diputados de la LXI legislatura local, decidieron exentar del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión a los médicos y arrendatarios de casas habitación en la entidad, sin justificación alguna. Ello a pesar de que el artículo 28 de la Constitución federal indica que “quedan prohibidas las exenciones de impuestos” para evitar favorecer intereses de un sector determinado de personas pues de lo contrario se establece “un verdadero privilegio”. En la Ley 110 de Ingresos del gobierno estatal, avalada el año pasado por el Congreso local, se facultó al gobernador Astudillo emitir un acuerdo para establecer reglas de “exención del pago del impuesto por el ejercicio de la profesión médica en 2016”. Este mismo acuerdo que privilegia a los médicos, se ratifica en el proyecto de Ley de Ingresos para 2017 que envió Astudillo el mes pasado al Congreso local, indica el documento oficial consultado por Apro. No obstante, se desconoce el contenido del acuerdo y las reglas para exentar del pago de impuestos al sector médico en la entidad. Ahora el gobernador Astudillo contempla beneficiar a los arrendatarios de bienes inmuebles con la exención de impuestos, según el proyecto de Ley de Ingresos del gobierno estatal para 2017. El artículo 19 del proyecto de Ley, dice textual: “Se concede la exención al Impuesto Cedular por Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles como un apoyo económico que el gobierno del estado brindará en el año 2017 a aquellos contribuyentes sujetos del impuesto que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y federales y que por ende contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas y con ellos al desarrollo del estado, ya que la actividad que se grava, el arrendamiento, sostiene o apoya económicamente a un importante número de familias en el estado por consiguiente no se considera necesario la emisión de un acuerdo del Ejecutivo”. Este hecho, no solo contraviene disposiciones constitucionales sino que exhibe la opacidad del gobierno de Astudillo que administra una de las entidades que se ha caracterizado por la escasa recaudación de impuestos a nivel nacional. Actualmente, los diputados de la LXI legislatura local, donde el PRI es mayoría, analizan el paquete fiscal que envió Astudillo y se espera que sea aprobado como tal a pesar de que contempla por segundo año consecutivo exentar del pago de impuestos a la profesión médica, así como a los arrendatarios de casas habitación y un pacto de impunidad para beneficiar a sus antecesores acusados de desviar recursos públicos. El pacto de impunidad de Astudillo El 20 de octubre, Apro dio a conocer la intención de Astudillo para solventar, con las participaciones federales del próximo año, un millonario desvío de recursos de sus antecesores. El pacto de impunidad beneficia a los exgobernadores Ángel Aguirre y Rogelio Ortega Martínez, acusados de desviar más de 6 mil millones de pesos correspondiente a la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), desde 2013 y que ahora reclama la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 enviado por Astudillo al Congreso local, además de privilegiar el gasto corriente burocrático y contemplar un donativo de 47 millones de pesos para la fundación Teletón, también plantea solventar el millonario desvío de recursos públicos atribuido a sus antecesores, mediante recortes a las participaciones federales El documento oficial advierte que, para enfrentar el problema de los créditos fiscales que exige la Federación, Astudillo está “concertando una estrategia” con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de la SHCP con el propósito de “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales) al nivel del saldo deudor”.
Con esta acción, el gobernador Astudillo exhibe públicamente su intención de proteger a Aguirre y Ortega, en lugar de fincar responsabilidad administrativa o penal contra los responsables de este millonario desvío de recursos públicos que ahora pretende ser solventado con los recursos de las participaciones federales destinadas para el próximo año. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/461647/gobierno-astudillo-exenta-a-medicos-a-arrendatarios-del-pago-impuestos
La semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo acuerdo para extender, por otros 6 meses, el plazo para transparentar información relacionada con sueldos, presupuestos, contratos y deudas.
Secretarías de estado, partidos políticos, gobiernos estatales, municipales, sindicatos y más de 800 sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno no cumplieron, de nuevo, con el plazo legal para ordenar y transparentar la información pública que indica la ley. El pasado 2 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que les otorga una nueva prórroga de seis meses para transparentar datos como salarios, presupuestos, deuda o contratos tanto en sus sitios web como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). El primer plazo venció el 5 de mayo pasado, cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese entonces, ante el retraso en el ordenamiento de los datos, se otorgó un nuevo plazo de seis meses que venció este 5 de noviembre y con el que tampoco se cumplió. Por el retraso de los sujetos obligados, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia aprobó que el nuevo plazo sea el 4 de mayo de 2017. Es decir, dos años después de que se promulgó la nueva legislación en materia de transparencia y se notificó sobre la obligación de tener la información lista. El Título Quinto de la Ley General de Transparencia indica que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno deben publicar (y actualizar) en su sitio web y en la PNT información como reglamentos, directorios, contratos, total de plazas y salarios, prestaciones, bonos entregados, viáticos, declaraciones patrimoniales o datos curriculares. Así como datos sobre deuda pública, listado de licitaciones y adjudicaciones directas, los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, entre otros. La ley establece que esta información debe estar disponible en formatos accesibles, congruentes y comprensibles y, sobre todo, debe cumplir con los criterios de homologación que establece la ley; por lo que todos los entes de gobierno tienen que publicar bajo los mismos criterios. La información deberá actualizarse cada tres meses pero conservando versiones históricas que también estén disponibles, ser gratuita y con el “máximo desglose posible”. La legislación también indica que los datos deben entregarse en formatos abiertos para consulta y procesamiento digital.
En mayo 2016 que venció el primer plazo, sólo diez sujetos obligados habían cumplido con transparentar información en su sitio web, tal como indica la ley, en tanto más de 800 sujetos obligados entre las que se encuentran autoridades de los 3 órdenes de gobierno, partidos políticos y los sindicatos, volvieron a incumplir con el plazo marcado por la propia ley. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/transparencia-partidos-sindicatos-plazo/
Dinero asignado a Servicios de Salud de Veracruz fue utilizado para burocracia y para “la demanda de más seguridad”, reconoció el diputado federal Tarek Abdalá, extesorero de Javier Duarte.
Antonio Tarek Abdalá Saad, uno de los extesoreros del gobierno de Javier Duarte y actual diputado federal por el PRI, reconoció que más de 300 millones de pesos de un subsidio federal de salud se canalizaron para otras “prioridades” de la administración estatal, pero sostuvo que solo cumplía con una política de gasto establecida así por el gobierno veracruzano. El expediente de la investigación que derivó en una inhabilitación, por 10 años, para ejercer cargos públicos impuesta por la Contraloría de Veracruz a Tarek Abdalá, al que Animal Político tuvo acceso, establece que la actuación del hoy diputado fue considerada de “gravedad”, por lo que se le impuso la máxima sanción administrativa. El documento de resolución, de 45 páginas, también establece que Tarek Abdalá fue “omiso” en el desempeño de las obligaciones que conllevaba su cargo, entre las que figuraban custodiar la integridad de los recursos públicos lo que incluyen los objetivos para lo que fueron etiquetados. La investigación se dio como resultado de la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Contraloría estatal, derivado de la desaparición de 315 millones 627 mil 148 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entregado a la administración de Duarte en 2013. La sanción recayó en Tarek Abdalá Saad porque se desempeñaba como Tesorero de la Secretaría de Finanzas en ese periodo. Estos 315 millones desviados del FASSA son solo una denuncia de múltiples que ha interpuesto la Auditoría por el desvío de más de 60 mil millones de pesos. “Era la política estatal” Tarek Abdalá compareció por escrito, el pasado 11 de febrero, en una audiencia a la que lo citó la Contraloría General de Veracruz como parte del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en su contra. Esto con el fin de que explicara porque no transfirió a los Servicios de Salud de Veracruz la totalidad de las partidas federales destinadas a ellos. En su escrito, el diputado niega “lisa y llanamente” haber incurrido en una falta de control de los recursos del referido subsidio federal, pero reconoce luego que estos se habrían utilizado con otras finalidades, ya que supuestamente se había reducido la cantidad de dinero que tenían disponible sin etiquetar. “Mi actuar atendió a la observancia de las diversas políticas públicas establecidas por el Gobierno del Estado en materia de gasto, derivado de la reducción del flujo de recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado”, refiere en su escrito. La prioridad era la operación del gobierno del estado sobretodo en el tema de “pagos de salarios a maestros, policías y en general a todos los empleados del Gobierno del Estado”, respondió. A ello se suman pagos que se hicieron para cumplir con las prestaciones sociales a los empleados públicos estatales activos y jubilados. Incluso, el extesorero de Duarte justificó el supuesto uso del dinero para atender los problemas de seguridad en el estado como la sociedad lo exigía. “La prioridad de canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública. Todo ello necesidades prioritarias de la Administración Pública, logrando así satisfacer las actividades sustantivas y mantener el equilibrio dinámico de la gobernabilidad y la viabilidad a las finanzas públicas estatales”, justificó Tarek. Omisiones graves El dictamen de la Dirección General de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría concluye que los argumentos expuestos por el extesorero del gobierno de Veracruz no desacreditan las responsabilidades que se le imputan, y por el contrario confirman que no cumplió con su deber de custodiar la integridad de los recursos del erario público. Aunado a ello, los contralores destacaron que Tarek Abdalá no entregó pruebas documentales más allá de sus dichos, que pudieran desvirtuar las irregularidades que se cometieron con el manejo de más de 300 millones de pesos. “La responsabilidad administrativa omisiva consiste en la inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la obligación de efectuar y además podía hacer (…) lo esencia en esta responsabilidad es el incumplimiento de un deber”, concluye en ese tema el dictamen de resolución. La Contraloría considera que los hechos investigados son de “gravedad” derivado del monto de la afectación que sufrieron los recursos federales que se debieron destinar a los Servicios de Salud de Veracruz, motivo por el cual se le impuso la sanción administrativa más alta que permite la ley, y que es una “inhabilitación temporal de diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones” en el servicio público estatal. El expediente aclara que la investigación no profundizó en la verificación del destino de los recursos federales, más allá de los dichos hechos por el servidor público sancionado, sin embargo se resalta que el caso amerita la interposición de las denuncias penales correspondientes para que se realicen las indagatorias que correspondan. La notificación de esta resolución se le comunicó al exfuncionario de Duarte desde el pasado 27 de septiembre, a través del oficio CG/DGIyESP/2062/2016, de acuerdo con los documentos que forman parte del expediente de la investigación. Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz hasta el 1 de diciembre de 2014, luego de que renunciara al cargo para postularse como candidato a diputado federal por el PRI. A la postre ganó la elección. Actualmente Abdalá cuenta con el fuero federal lo que impide que pudiera ser detenido por una acusación penal, a menos de que hubiera un juicio de procedencia previo en el Congreso. Tarek forma parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, entre otras. ¿Y los demás? Este proceso de sanción en contra de Tarek Abdalá fue resultado de la investigación que realizó la Contraloría de Veracruz, luego de las irregularidades que reportó la ASF en la auditoría 799 practicada con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2013. Pero el monto de daño patrimonial reportado en dicha auditoría (315 millones de pesos) representa una fracción de los más de 60 mil millones de pesos de partidas federales que la Auditoría ya ha reportado e incluso denunciado penalmente, cometidos entre 2010 y 2014 durante la administración del hoy gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Por lo menos seis funcionarios distintos se han desempeñado como secretarios de finanzas durante el actual gobierno estatal de Veracruz. El último de ellos es Antonio López Pelegrín, quien reconoció públicamente, el pasado 30 de octubre, que los recursos de subsidios federales (incluidos los destinados a municipios) se usaron para el pago de salarios y otras “prioridades” del gobierno estatal y no para los fines originalmente etiquetados. Se trata exactamente de los mismos hechos por los cuales fue inhabilitado y denunciado penalmente Antonio Tarek Abdalá Saad.
Uno de los funcionarios que también se desempeñó como tesorero de Veracruz fue Vicente Benítez González, quien es investigado por el posible desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. El sábado pasado, y tras tramitar una demanda de amparo contra una posible detención, Benítez rindió protesta como diputado local. Contraloría de Veracruz by http://www.animalpolitico.com on Scribd
CIUDAD DE MÉXICO: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que para 2017 no habrá alza de impuestos, aunque previó un recorte presupuestal de mil 500 millones de pesos a las delegaciones. Durante la inauguración de la Feria de la Transparencia en el Zócalo capitalino, dijo que pese al recorte previsto por el gobierno federal, su administración no aumentará impuestos –como predial, agua o nómina— ni generará otros. El funcionario explicó que se reunió con su equipo de finanzas y se tomó esa determinación. Únicamente, aclaró, se actualizarán los pagos según la inflación anual, según lo marca la ley. No obstante, Mancera Espinosa advirtió que con el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal, el presupuesto para las 16 delegaciones podría tener afectaciones directas hasta por mil 500 millones de pesos. Por ello, llamó a los jefes delegacionales a sumarse a la “lucha” para defender el presupuesto de la ciudad.
CIUDAD DE MÉXICO: La Ley de derecho de réplica también beneficiará a los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al iniciar la discusión de tres acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Ley reglamentaria del Artículo Sexto de la Constitución en materia del derecho de réplica, el máximo tribunal resolvió por siete votos a cuatro que la clase política también puede invocar ese ordenamiento ante los propios medios o en tribunales. La ley fue promulgada por el Ejecutivo federal en noviembre del año pasado y establece los términos, procedimiento y sanciones bajo los que quedarán sometidos los periodistas por violación a la norma reglamentaria. Vigente desde el 4 de diciembre siguiente, la Ley señala que si los medios se niegan a dar un derecho de réplica, quienes se sientan afectados pueden recurrir a los tribunales. La SCJN avaló la legitimidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para presentar sus respectivas acciones de inconstitucionalidad, que siguieron a la presentada inicialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH impugnó la regulación por considerar que ni garantiza la libertad de expresión ni el mismo derecho de réplica. Los ministros aún no se pronuncian respecto a la principal crítica a la Ley, referida a la publicación en la prensa de “información falsa o inexacta”. En el artículo Tercero de esa ley no sólo se reconoce a los partidos políticos, precandidatos y candidatos a elección popular. Incluso, señala que los procedimientos serán más abreviados, pues en tiempos electorales todos los días contarán como hábiles para el desahogo de los casos, tanto en los propios medios periodísticos como en las instancias judiciales. La ley fue una iniciativa del PAN. Fue aprobada en diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados cuando se discutía la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. La envió al Senado el entonces presidente de la Cámara, el ahora presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien ahora está en medio de la polémica por la difusión de sus millonarios gastos personales. La ley fue aprobada en el Senado hasta dos años después, el 13 de octubre de 2015, pero sin ningún cambio, a pesar de la oposición de senadores del PRD, el entonces senador del PAN y ahora gobernador de Chihuahua, Javier Corral; y los senadores del PT Manuel Bartlett y David Monreal; además de la senadora independiente Martha Tagle, quienes la consideraron como un riesgo a la libertad de expresión. La ley define al derecho de réplica como el que tienen todas las personas a que se publiquen o difundan aclaraciones en relación con “datos o informaciones transmitidas o publicadas” de hechos que les aludan que sean “inexactos o falsos” y cuya divulgación les cause “un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”. El proyecto de resolución, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, va más allá de la ley, pues dice que sin importar si una información es falsa o inexacta, basta que una persona se sienta agraviada para ejercer su derecho de réplica. En su propuesta para incluir a los partidos políticos como beneficiarios de la ley, Pérez Dayán tuvo el apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña, y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar. En sentido opuesto, por considerar que la ley no debía aplicarse a los partidos por no ser de índole electoral, votaron los ministros Margarita Luna Ramos, quien cambió su voto de última hora, Eduardo Medina Mora, Jorge Mario Pardo y Javier Laynez Poitisek.
Pérez Dayán propone además que la Ley no aplique a la crítica periodística y declarar también inconstitucional la salvaguarda que se le daba a la información oficial. Según la Ley, los medios que publiquen información oficial no pueden ser sometidos al derecho de réplica. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/461675/ley-replica-ampara-a-partidos-suprema-corte
SALTILLO, Coah: José Vázquez, responsable de recibir en Dallas los narcóticos que Los Zetas enviaban a Estados Unidos, decidió colaborar con la Agencia Antinarcóticos de EU (DEA por sus siglas en inglés) y les entregó los números de los celulares BlackBerry de Miguel Ángel Treviño Morales Z-40, de su hermano Óscar Omar y otros capos. La Agencia se los hizo llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que los ubicaran y detuvieran. Sin embargo, desde esa dependencia filtraron la información confidencial al Z-40, advirtiéndole que “alguien de su organización lo estaba traicionando”. En venganza, los hermanos Treviño ordenaron la masacre contra familias de Allende, Piedras Negras, Monclova y otros municipios del norte de Coahuila. José Vázquez rindió testimonio en dos ocasiones ante la Corte de Texas sobre lo ocurrido en el estado de Coahuila. La primera, el 16 de abril del 2013, en el juicio contra José Treviño Morales, hermano mayor del Z-40 y Z-42, y contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa. Además, en un segundo juicio contra Francisco Colorado celebrado el 30 de septiembre del 2015, en el cual describió la manera como se coordinaba al trasiego de drogas a Dallas, para lo cual se usaba el sistema de mensajes encriptados Pin a Pin del los teléfonos móviles BlackBerry. “Nos dijeron que era más difícil para el gobierno y la policía tratar de interceptar las conversaciones por mensaje o nuestras llamadas telefónicas si usábamos ese sistema”, dijo Vázquez a los fiscales que lo interrogaron. José Vázquez, que en esa época contaba con 35 años de edad, es originario de Dallas, donde terminó la preparatoria abierta. Confesó que se inició en la venta de droga desde los 14 años de edad. En junio del 2002 fue arrestado por la Policía de Dallas y estuvo preso durante cuatro años. Al salir, un amigo le presentó a Héctor Moreno, originario de Allende, quien en esa época ya traficaba drogas para Los Zetas. Desde principios del 2005, Los Zetas habían arribado al norte de Coahuila como avanzada del Cártel del Golfo (CDG) para tomar la plaza de Piedras Negras. Galindo Mellado Cruz, Comandante Mellado o Z-10, encabezó a unos 100 sicarios que amenazaron a todos los narcotraficantes de esa frontera para que se unieran a ellos, o de lo contrario los mataban. Antes de que arribaran, Héctor Moreno traficaba narcóticos por su cuenta junto con el ciudadano estadounidense Alfonso “Poncho” Cuellar y José Luis Garza Gaytán. Otro de los narcotraficantes independientes era Efrén Tavira, quien operaba con un grupo de “narco juniors”. Todos ellos decidieron sumarse a Los Zetas. Los capos Z-40 y Z-42 decidieron utilizar la experiencia de esos narcotraficantes y los pusieron al frente de sus operaciones de contrabando de cocaína a los Estados Unidos. Para proteger sus ilegales actividades compraron a mandos del Ejército, Policía Federal, delegados de la PGR y funcionarios estatales, sobre todo de la Fiscalía. Para el año 2009, Los Zetas comenzaron a operar al margen del CDG. Traficaban unas 40 toneladas de cocaína por año. En esas operaciones obtenían alrededor de 860 millones de dólares, de los cuales 350 millones eran sus ganancias anuales. Durante los más de tres años que operaron como cártel independiente obtuvieron ganancias superiores a los mil millones de dólares. El eficiente trasiego operaba de la siguiente manera: Los Zetas compraban la coca en Centroamérica debido a que “no confiaban en los colombianos”. La trasladaban por carretera hasta San Fernando y de ahí se distribuía a Monterrey, ciudades de la frontera de Tamaulipas y al norte del Coahuila. En Allende, Héctor Moreno era responsable de empaquetar 500 kilos, de tal manera que no pudieran ser olfateada por los perros antidrogas de la Aduana de Estados Unidos. Esa cantidad se enviaba a través de tráileres de 18 ruedas. Paquetes más pequeños, de treinta kilos, eran entregados a Efrén Tavira. Él se encargaba de meterlos en camionetas y autos a los que se les había modificado el tanque de gasolina. El “taller” donde se alteraban estaba en el interior del Cereso de Piedras Negras y un grupo de reos eran los responsables de realizarlo. Tras cruzar la droga, se escondía en casas de seguridad ubicadas en Eagle Pass y desde ahí se mandaba por la carretera 35 hasta Dallas. Vázquez mantenía en esa ciudad cuatro casas de seguridad para esconderla antes de venderla a las pandillas que la distribuían por todo Estados Unidos. El dinero de la venta se regresaba a Piedras escondido en los tanques de gasolina. En bolsas selladas se mandaban más de 4 millones de dólares por semana. Además de recibir la droga, José Vázquez enviaba cargamentos de armas para la organización criminal. Poncho Cuellar era más que el jefe de todas las operaciones de trasiego. Gracias a su eficacia se hizo “compadre” de Omar Treviño Morales. También administraba el dinero para comprar los caballos Cuarto de Milla que adquirían los líderes Zetas en Estados Unidos. Además, contó en el juicio de Austin que compró 10 teléfono móviles marca BlackBerry con los cuales se coordinaban las operaciones de Los Zetas a través del sistema de mensajes encripatados de los usuarios de esa marca. “Todo lo que se hizo fue través de mensajería. Compré diez BlackBerry, uno para Miguel, uno para Omar, y otros para más personas”. Para los primeros meses del año 2010, José Vázquez comenzó a ser vigilado por la policía de Dallas. Para evitar que los capturaran se mudó con su padre a Allende y a Ciudad Acuña. A finales de ese año, la DEA lo ubicó en México. Le “solicitaron” que cooperara o de lo contrario lo detendrían junto con su padre. Le pidieron los números telefónicos de Z-40, Z42 y de Heriberto Lazcano. Vázquez les entregó los 10 números de los BlackBerry que había comprado Poncho Cuellar. La información confidencial entregada a la DEA posteriormemnte terminó en manos de Miguel Ángel Treviño Morales. Le llegó por conducto de la PGR. “Y como resultado de escoger cooperar con las fuerzas de la Ley, más de 200 personas fueron asesinadas”, le cuestionó a José Vázquez el Fiscal que interrogaba. “Sí señor”, respondió. Después de que funcionarios de la PGR le advirtieron al Z-40 que “alguien de su organización lo estaba traicionando”, el capo decidió ir tras Héctor Moreno y Poncho Cuellar debido a que creyó que ellos eran los traidores. Héctor Moreno ya había sido informado por Vázquez que estaba colaborando con la DEA. Moreno también decidió colaborar y le advierte a Poncho Cuellar. En los últimos días de febrero del 2011, los dos capos buscados por Z-40 decidieron escapar con su familia más cercana a los Estados Unidos, para entregarse a las autoridades. Los primeros días de marzo, Z-40 y Z-42 ordenaron a sus halcones que ubicaran en Allende, Piedras Negras, Monclova, en la región Carbonífera y en diversos municipios de Cinco Manantiales a todos los amigos, familiares de Cuellar y Moreno, así como a todos los miembros de la organización Zeta que trabajaron bajo su servicio. El 18 de marzo del 2011, alrededor de las 5:30 horas entraron a Allende, provenientes de Piedras Negras, 42 camionetas atestadas de hombres armados escoltadas por 4 patrullas de la Policía municipal. Los pistoleros a bordo no se cubrían el rostro. Una decena de policías municipales condujeron a diversos grupos de sicarios a las casas que ya habían sido localizadas por los halcones. En una de las residencias de la familia Garza Gaytán fueron recibidos a tiros y cayeron tres hombres armados. Al final, el hombre que les disparó y varios de sus familiares fueron asesinados ahí mismo por los sicarios. Ese día, los pistoleros se llevaron a más de 80 personas. Los siguientes tres días regresaron por otros e incluyendo a los empleados domésticos de las familias Moreno y Garza Gaytán. En Monclova, la noche del 18 de marzo se realizó un operativo “quirúrgico” para levantar a unos 7 contadores y otros tantos miembros de Los Zetas que estaban bajo las órdenes de Poncho Cuellar. Lo mismo ocurrió en municipios de la región carbonífera, así como en Nava, Zaragoza, Morelos y otros poblados de Cinco Manantiales, donde fueron secuestradas decenas de personas. En Piedras Negras, sicarios ubicaron y levantaron a 41 amigos y familiares de Cuellar, quienes fueron trasladados a un apartado terreno de la zona de Pico del Águila donde ya los esperaban los hermanos Treviño Morales. Entre los detenidos se encontraba Efrén Tavira. Se salvó de que lo mataran ya que sus amigos le dijeron a Z-40 que desde que Poncho huyó trabajaba para ellos. Antes de abandonar el campo, Efrén Tavira alcanzó a ver cuando Z-40, Z-42 y otros pistoleros acribillaron a los 40 amigos de Poncho. Además, destruyeron en Piedras Negras con maquinaria pesada 27 casas y departamentos propiedad del capo. “Ellos destruyeron todo, rompieron todo en pocas piezas; mis casas y los apartamentos. Robaron mis caballos. Todo lo que yo tenía me lo quitaron. Y mataron a muchas personas cercanas a mí”, contó Cuéllar a los fiscales.
Los cientos de cuerpos fueron incinerados usando aceites lubricantes para vehículos, gasolina, llantas y tablas. Unos en el rancho de la familia Garza Gaytán ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Allende-Villa Unión. Además en otro rancho llamado Tres Hermanos localizado en Zaragoza. Otros más en una “narco cocina” del municipio de Guerrero y algunos en el interior del Cereso de Piedras Negras. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO. LINK: http://www.proceso.com.mx/461613/filtraciones-la-pgr-al-z-40-desataron-masacres-en-coahuila
En una carta, Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, pidió que le respondan si incurrió en alguna omisión en su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Y sí obtuvo una respuesta.
Después de que se dieran a conocer los gastos que realiza Ricardo Anaya, dirigente nacional panista, y luego de ser calificado como mentiroso por el líder del PRI, Enrique Ochoa, el presidente del PAN pidió que revisen su declaración 3de3. “No tengo absolutamente nada que ocultar y por eso he estado siempre dispuesto a dar la cara y aclarar cualquier imputación en mi contra”, asegura Anaya en una carta dirigida al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y a Transparencia Mexicana, en la que pide “que me respondan si incurrí en alguna omisión, o bien confirmen que presenté mi declaración “3 de 3” cumpliendo con todos los criterios requeridos”. En la carta, Ricardo Anaya reiteró que desde el año pasado presentó su declaración patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma de la asociación, pero que, a raíz de los comentarios del presidente nacional del PRI deseó que el IMCO y Transparencia Mexicana le dieran una respuesta. Este domingo 6 de noviembre, Transparencia Mexicana y el IMCO respondieron a la pregunta de Anaya, respecto a si tenía que declarar los ingresos de las personas morales en las que tiene una participación accionaria: “¿Estaba yo obligado a declarar los ingresos de esas personas morales en la SECCIÓN TERCERA de la declaración, o en algún otro apartado de la misma? ¿Incurrí en alguna omisión al no detallar el monto de los ingresos de las dos personas morales referidas?”, pregúntó. El IMCO y Transparencia Mexicana respondieron a través de una carta a Anaya que esos montos no tenían que incluirse como ingresos en su declaración. “Los ingresos que hubieran percibido las personas morales Cintla S de RL de CV y Juniserra S de RL de CV en 2014, no forman parte de los ingresos de la persona física Ricardo Anaya C. y por lo tanto, efectivamente, no tenían que incluirse, como ingresos, en la declaración patrimonial”, fue la respuesta de las instituciones a través de una carta. Sin embargo también aclaran que las declaraciones 3de3 son voluntarias y no se rigen por derecho público por lo que “ninguna de las organizaciones convocantes tienen facultades o atribuciones para auditar la veracidad de la información presentada por el declarante. La responsabilidad sobre la veracidad corresponde al declarante”. “Como queda evidenciado en la respuesta de Transparencia Mexicana y del IMCO, está absolutamente claro que: Sí declaré con toda oportunidad mi participación accionaria en las empresas Cintla S de RL de CV y Juniserra S de RL de CV.”, indicó Anaya en un comunicado. “También queda absolutamente claro que no incurrir en omisión alguna al no detallar los ingresos de esas empresas pues el formato respectivo no lo permite ni lo requiere”, agregó. El 3 de noviembre pasado, Ricardo Anaya, explicó que hace viajes de fin de semana a Atlanta, en Estados Unidos, para visitar a su familia, y detalló cuál es su gasto por la renta de una propiedad y la colegiatura de sus hijos en aquel país. Dijo que lo que gana como dirigente del panismo y las empresas que tiene junto a su esposa sí dan para pagar esos gastos en territorio estadounidense. Además negó que sus viajes sean de lujo, o de primera clase, o que tenga propiedades en aquel país. “Tengo tres gastos fuertes”, dijo Anaya: el pago de la renta de una casa en Estados Unidos y los pagos de la colegiatura de sus hijos. Sumando renta y colegiatura, el monto es de 7,525 dólares al mes, lo que equivale a 142 mil 975 pesos.
La carta que Ricardo Anaya le envió al IMCO y a Transparencia Mexicana
